Retirada inmediata de la reforma de ley de Seguridad
Editorial ABC 28 Noviembre 2021
La masiva manifestación (histórica en sus cifras) que ayer recorrió
las calles de Madrid pidiendo la paralización de la reforma de la
Ley de Seguridad Ciudadana deja dos mensajes nítidos. El primero,
que la abrumadora mayoría de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad se sienten desprotegidos por Grande-Marlaska, lo que
invita a meditar sobre la permanencia en el puesto de un ministro
rotundamente cuestionado. El segundo es aún más diáfano y debería
llevar al Gobierno y a sus socios a retirar de inmediato una reforma
que deja vendidos a los agentes en su misión como custodios de la
seguridad de todos y que saben que con las nuevas y limitadas
herramientas legales que les procura el sanchismo es imposible que
puedan realizar su vital labor con eficacia.
Policías, guardias civiles, agentes autonómicos y municipales
(hablamos de más de 200.000 profesionales) han hablado alto y claro
y le han dicho al Gobierno que basta ya, que cese en este
hostigamiento a unos servidores públicos que solo piden que se les
deje trabajar y no se les deje en clara inferioridad frente al
delincuente.
Adanismo a la carta
Jesús Banegas. vozpopuli.es 28 Noviembre 2021
La izquierda española del siglo XXI ha salido del armario, para
declarase totalitaria y por tanto enemiga de la democracia
plenamente liberal que consagró felizmente y por primera en nuestra
historia la actual constitución.
Atacar e intentar dislocar el orden político instaurado a partir de
la Transición, el pacto social y político más trascendente y
civilizador de los últimos doscientos años, es una barbaridad; pero
hacerlo además para cuadrar una mayoría de gobierno con enemigos
declarados de la nación, resulta una insensatez colosal.
¿Por qué será que en EEUU no hayan reprobado ni una sola vez su
Constitución desde hace más de dos siglos, ni en el Reino Unido su
consuetudinaria democracia aún mas vieja? Si como aquí pretenden
nuestros progresistas, cada generación hiciese “borrón y cuenta
nueva” de su sistema político, EEUU y el Reino Unido habrían dejado
de ser lo que son: los países mas ininterrumpidamente y
democráticamente civilizados de la tierra.
Un país como el nuestro, que ha vivido cuatro guerras civiles en dos
siglos, enfrentamientos izquierda/derecha permanentes y
paralizantes, y tendencias disgregadoras y secesionistas que han
dado lugar a fenómenos terroristas muy duraderos o golpes de estado
oportunistas cada dos por tres, no tiene derecho a poner en tela de
juicio el único consenso político apoyado abrumadoramente por la
población que hemos conseguido alcanzar como nación.
Si hace mas de cinco siglos España descubrió y civilizó América,
ahora cuando muy señalados países iberoamericanos andan destruyendo
–generación a generación– con triste éxito sus sistemas
democráticos, nuestra izquierda regresa allí para sumarse a sus
fracasos políticos y deshacer aquí todo lo bueno andado –un ejemplo
mundial- para regresar al tercer mundo, como en nuestros mas tristes
viejos tiempos.
Se podía esperar esta conducta de Podemos, pero no tanto de los
comunistas –que lideraron la reconciliación– y menos aún del PSOE,
que se declaran ahora adanistas reivindicando la disparatada tesis
de los revolucionarios franceses -Rousseau y Voltaire- que sostenían
que “no hay otras leyes que las que se dan los vivos”.
Inventos de cada generación
Frente a este constructivismo progresista, los escolásticos
españoles tardíos, descubrieron el término naturalis para designar
aquellos fenómenos que no son producto de la creación deliberada por
la voluntad, ni se reinventan por cada generación: Lenguaje,
Familia, Derecho, Mercado, División del trabajo, Moneda, Ciudad,
Democracia, Estado y con ellos los fundamentos de las teorías
evolutivas, que adoptadas en forma pionera por Darwin han inundado
desde entonces todas las ciencias.
Nuestra izquierda, en su afán adanista, además de querer demoler
nuestro ordenamiento político, no cesa de cuestionar: el liberalismo
económico (sustituido por el socialismo venezolano), el hetero
patriarcado (sustituido por el matriarcado), el sexo biológico (para
elegirlo a la carta), la dieta mediterránea (sustituida por el
veganismo), el cristianismo (sustituido por el Islam), el idioma
español (sustituido en cada pueblo por la lengua vernácula
correspondiente), el cumplimiento de la ley (al menos en Cataluña) y
de paso sustituir la calefacción y el agua caliente por apagones
ecológicos.
Cuando nuestro actual sistema político estaba convirtiéndose, como
en todos los países civilizados, en una tradición –“la democracia
extendida en el tiempo”, según Scruton– la actual izquierda quiere
demolerla, como tantas otras: los toros, la caza, el diccionario de
la lengua, las procesiones en cuanto puedan, etc para sustituirlas
por otras instituciones progresistas propias del “hombre nuevo”,
como el que intentaron forjar en la antigua URSS. Al fin y al cabo,
muy distinguidos miembros del Gobierno proclaman al comunismo
soviético, el cubano y el populismo venezolano, junto con el
Manifiesto comunista, sus referencias políticas.
Todo comenzó con la reprogramación totalitaria de la historia que el
adanista Zapatero trajo a la política cuando comenzó a gobernar. Una
iniciativa sin par en el mundo civilizado que pretende ganar
batallas perdidas reescribiendo –como un guión de cine- la historia
y olvidando por el camino los luctuosos hechos terroristas,
incluyendo los acontecidos durante su mandato.
Con la llegada al gobierno de Sánchez, la demolición de nuestro
orden civilizador se ha extendido a la moral; es decir, a las reglas
de oro de la convivencia social que se han venido forjando
evolutivamente por consenso tácito de las sociedades a largo de la
historia de la humanidad. La mentira y el incumplimiento de las
promesas –propias de sociedades incivilizadas– son las principales
divisas del actual gobierno, mientras que la confianza –“la virtud
social que mejor explica el éxito de las naciones más prósperas”,
según Fukuyama– se desmorona.
Los valores morales, en tanto que hábitos éticos heredados, son
despreciables para nuestros progresistas de nuevo cuño, enemigos
declarados de ellos y de cuantas instituciones que no hayan sido
concebidas por ellos.
En ausencia –todavía siguen de luto por la muerte de los comunismos–
de una alternativa paradigmática al Estado de derecho democrático
liberal, todo su afán es horadarlo tratando de desmontarlo con sus
tácticas adanistas que remiten a un regreso a la tribu que
abandonara el ser humano hace miles de años: cultivando una ridícula
vuelta a la España vacía, desmantelando los museos nacionales para
devolver sus fondos a sus lugares de origen, reinventando el
diccionario de la lengua y si se les deja sueltos, suspendiendo la
vigencia del derecho civil de origen romano.
Por el camino, abusando de totalitarios decretos-ley, tratan de
soslayar los requisitos esenciales de las verdaderas leyes:
referirse a hechos venideros y no tener jamás carácter retroactivo,
ser conocidas y ciertas, e iguales para todos incluidos los
gobernantes.
Para Hayek, “no existe otro factor que haya contribuido más a la
prosperidad de Occidente que la prevalencia de la certeza de la
ley”, justamente lo que quieren cargarse nuestros progresistas.
El adanismo institucional tiene su contrapartida económica, que aún
no programada con la misma finalidad –sería una desfachatez su mero
enunciado- camina en la misma dirección: un regreso al pasado para
peor. Zapatero y Sánchez, en su afán redentorista programado para
regresar a la tribu, obtienen resultados económicos
incomparablemente desastrosos. Son los únicos dos gobernantes que
siempre han consumado derrotas de crecimiento económico durante sus
mandatos. La economía española siempre creció –año tras año, sin
fallar uno solo– con ellos menos que la europea, cosechando así una
creciente divergencia, que en 2020 nos regresó al año 1964. De este
modo, el socialismo adanista del siglo XXI ya ha consumado –de
momento- el regreso al nivel de vida -relativo con la UE- de la
anterior generación.
Manifestación policial contra Sanchez
No a la España insegura: Decenas de miles de policías protestan
contra el Gobierno
Redacción. https://rebelionenlagranja.com/ 28 Noviembre 2021
Contra la reforma que «favorece al delincuente» y «cuestiona el
principio de autoridad de los agentes»
Más de cien mil personas han recorrido este sábado el centro de
Madrid en una manifestación que ha reunido por vez primera a agentes
policiales de todos los cuerpos del país en protesta por la reforma
de la Ley de Seguridad Ciudadana al grito de «Gobierno dimisión» y
arropados por PP, Vox y Ciudadanos.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado sin embargo la
cifra de asistentes a unas 20.000, mientras que los convocantes han
elevado la cifra a 150.000.
Sea como fuere, los asistentes han hecho hincapié en la «unidad» que
refleja la imagen de la manifestación al asegurar que es la primera
vez que todos los colectivos representativos de las Fuerzas de
Seguridad del Estado marchan juntos por un interés común, que no es
otro que su rechazo a la nueva ley de Seguridad Ciudadana, la mal
llamada ley mordaza.
Bajo el lema «No a la inseguridad en España», la manifestación ha
arrancando en la Puerta del Sol a las 11:30 horas y conforme ha ido
avanzando la cabecera y la lluvia ha dado una tregua, más y más
personas se han sumado a la marcha hasta hacerla multitudinaria.
Delante, un camión haciendo sonar el claxon mientras viandantes y
transeúntes manifestaban su apoyo a los asistentes a la marcha, muy
colorida por las banderas españolas que han inundado el recorrido,
aunque también con espacio para las enseñas de las asociaciones,
sindicatos y organizaciones y representantes de policías europeas
que se han sumado a la marcha, auspiciada por Jusapol.
De esta asociación, nacida en 2018, surgieron Jupol y Jucil, las dos
organizaciones actualmente con más representación en los consejos de
la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.
La manifestación ha discurrido en todo momento en un ambiente
pacífico y tranquilo, sin incidente alguno pero con constantes
reproches y consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, en
particular, hacia el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska.
De hecho, ha sido frente a su ministerio, en el paseo de la
Castellana, donde al cabo de dos horas ha finalizado la marcha al
grito de «Marlaska dimisión», «No a la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana» y «Esta es nuestra Policía».
Allí se ha leído un manifiesto en el que todas las policías
denuncian que la reforma «se ha planteado completamente a espaldas
de las fuerzas y cuerpos de seguridad», lo que consideran «un
profundo error» porque «ellos son los expertos, no el Gobierno».
En su opinión, esta ley «favorece al delincuente», «cuestiona el
principio de autoridad de los agentes» y «transmite un mensaje de
impunidad, justo cuando más agresiones están sufriendo» los agentes.
Para ellos, esta reforma «no busca el consenso» entre el legislador
y las fuerzas de seguridad «para hacer de España un país más seguro,
sino la contraprestación política y la aritmética de apoyos
parlamentarios».
Como ya habían anunciado previamente, una nutrida representación de
PP, Vox y Ciudadanos han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de
los agentes con desigual presencia en la marcha, aunque con el mismo
enfoque crítico hacía el Ejecutivo de Sánchez.
Por parte del PP, había dudas sobre si asistiría su líder, Pablo
Casado, que se encontraba esta mañana en una conferencia en León,
pero ha llegado al final de la marcha, donde ha pedido a Pedro
Sánchez que «escuche a la calle».
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha estado al comienzo
pero no se ha quedado durante la marcha alegando responsabilidades
institucionales. Sí han hecho todo el recorrido el secretario de
Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y el alcalde madrileño y
portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.
También han acompañado a los manifestantes desde Sol hasta Interior
el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la cúpula de
su partido, con el secretario general del partido, Javier Ortega
Smith, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y
la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio.
El líder de Vox ha señalado que está «en la calle junto a los más
leales y más esforzados servidores de España» y ha subrayado que su
grupo se manifestaba «en contra de una ley aprobada por el Gobierno
junto a todos los enemigos de España y el orden constitucional».
En representación de Ciudadanos, han asistido al inicio de la
manifestación su líder, Inés Arrimadas, que ha pedido al Gobierno
que proteja a los policías y no a los delincuentes, y el portavoz
nacional del grupo, Edmundo Bal, que en su caso sí ha realizado todo
el recorrido hasta el ministerio.
PGE: Sanchez niega dinero a La Palma
Oramas lee la cartilla a Sanchez: hay dinero para traducciones
Netflix pero no para La Palma
Redacción. https://rebelionenlagranja.com/ 28 Noviembre 2021
Ninguno de los siete viajes que hasta la fecha ha realizado Pedro
Sánchez a La Palma ha servido más que para realizarse fotos y salir
en la TV. Pura propaganda, a tenor de lo que dijo la diputada de
Coalición Canaria, Ana Oramas, en el Congreso de los Diputados con
motivo de la negativa del gobierno a aprobar un plan estratégico
para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el desastre del
Cumbre Vieja.
Se trataba de incluir un plan plurianual en los Presupuestos
Generales del Estado, que finalmente ha sido boicoteado por la
coalición de gobierno.
«Algún día se sabrá quién paró el acuerdo al que habíamos llegado
para la reconstrucción de La Palma en el momento más crítico de su
historia reciente porque estaban las partidas y había ministros que
estaban de acuerdo y así me lo trasladaron», dijo Oramas.
El enfado de Oramas se produjo tras rechazarse la enmienda para
consignar un plan plurianual de 700 millones de euros para la
reconstrucción de La Palma.
«Los palmeros han pasado del shock inicial a la incredulidad y
tienen motivos para ellos porque tienen el compromiso del Gobierno
de Canarias, el compromiso de responsables políticos europeos, pero
no hay nada concreto y ni siquiera los compromisos de las primeras
semanas tras la erupción se han materializado aún.
Hay desconfianza en el pueblo palmero y con razón, en estos momentos
hay muchísimos afectados con problemas de ansiedad porque tienen que
decidir qué hacer con su vida; muchas personas no tienen fuerzas
para volver a empezar y otras se quieren ir de la Isla y otras
muchas quieren quedarse y salir adelante, y por todos ellos
presentamos los nacionalistas esta enmienda, que nunca ha pretendido
ser partidista, sino ser una enmienda por y para La Palma, por y
para que los miles de desalojados, los que han perdido su hogar, su
cultivo o su negocio, tengan una oportunidad».
Para Oramas, la Isla Bonita va a tardar en recuperarse:
«La Palma no va a superar la crisis volcánica ni en un año, ni en
dos ni en tres, por eso planteamos estas cantidades plurianuales de
700 millones de euros para los próximos años, para que estuvieran en
el paraguas de un proyecto de ley, independientemente de si hay
elecciones, cambios o no de Gobierno, para que las ayudas no
dependan de un Consejo de Ministros ni de si hay recursos o no, para
garantizar que la reconstrucción de La Palma sea un plan serio y no
un montón de palabras y de compromisos».
Se mostró muy crítica con la facilidad que hay para soltar dinero en
función de determinados intereses y como Sánchez rechaza hacerlo
para las cuestiones más perentorias:
«Mientras se le niega el plan de reconstrucción a La Palma están
apoyando hoy que haya que darle dinero a Netflix, HBO y Movistar
para que traduzcan sus series al catalán, vasco o gallego, se les
está dando recursos de todos para que se traduzcan al vasco los
dibujos animados que se ven en Navarra, mientras rechazan que haya
un plan de salud mental para La Palma.
Pero es que también están dando recursos a empresas insolventes,
incluida una compañía aérea chavista, mientras se los niegan a las
pequeñas y medianas empresas palmeras que están decidiendo en estos
momentos si pueden seguir adelante o no, como se lo están negando a
los estudiantes palmeros que cursan sus estudios fuera de la Isla y
que ya están planteándose volver a casa porque no tienen recursos
para seguir adelante. No se entiende que haya dinero para cualquier
carretera, para el AVE y ni un solo euro en los PGE para 2022 para
un kilómetro de los sepultados por la lava en La Palma.»
España vaciada contra el PP
La España rural merece tanta atención como escapar de la
manipulación de EV
Jorge Vilches. larazon 28 Noviembre 2021
Vuelve la España de los caciques, aquellos conseguidores de la época
de la Restauración que gracias a sus contactos en Madrid conseguían
beneficios locales. A cambio, el cacique conseguía que los lugareños
votaran al candidato gubernamental de turno. Esto es la “España
vaciada”, pensada para encauzar el voto conservador rural en
perjuicio del PP. Veamos el mecanismo.
Ocurrió en las autonómicas de 2018 en Andalucía, y en las de 2019 en
Madrid. El voto rural y conservador se fue a Vox. El motivo era que
se sentían abandonados por los grandes partidos en la defensa de sus
tradiciones, su paisaje y modo de vida. Asuntos como la caza, los
toros o la religiosidad entendidos como delicados para la
sensibilidad progresista o centrista del PSOE y el PP, encontraron
un acomodo en el discurso de Vox.
Los de Abascal siguieron entonces el modelo populista de Bannon y Le
Pen: hablar a la “auténtica España”, la rural, huérfana de atención,
en detrimento de las contaminadas y multiculturales urbes. El
ruralismo de Vox tuvo un éxito fácil frente al progresismo que
desprecia el campo, que lo llena de ecologistas que no distinguen un
buey de un toro, que creen que cazar es asesinar, y, encima, son
veganos de la tienda del gourmet. Hoy eso no es posible porque en
pocos años de rodaje Vox ha quedado al nivel del resto de partidos.
No obstante, el mecanismo fue un hallazgo: alentar el localismo
victimista como un modo de encauzar el voto conservador rural. Se
trata de priorizar la necesidad local -un colegio, una carretera, o
una institución pública-, y arrinconar el eje ideológico. Es el
retorno del conseguidor, del cacique, como el diputado de Teruel
Existe, que vive en Valencia y dormita en Madrid para conseguir
millones a cambio de su voto.
Nos encontramos ante otra manera de que el PSOE utilice el
regionalismo como hace con los nacionalismos. Los socialistas se han
convertido en aliados naturales del PNV, ERC, Partido Regionalista
Cántabro, Nueva Canaria y demás. Esto permite un doble negocio:
apoyo mutuo en el Congreso de los Diputados y en sus autonomías y
municipios. Esta alianza excluye al PP, que queda como un partido
urbanita, ajeno al sentir local. En realidad, cuanto más suenen los
problemas del PP de Madrid más se va a reforzar la imagen de que a
los populares solo les interesa esta comunidad. De ahí la
importancia de que el Partido Popular de otras regiones cobre
relevancia y ocupe portadas. Es necesario levantar la vista y tener
más perspectiva.
España Vaciada (EV) se registró como partido en el Ministerio del
Interior en septiembre de este año. Cuenta con una red periodística
detrás de la cual está Manuel Campo Vidal, ocupada de dar relevancia
victimista a lo local, en detrimento de lo nacional, como si les
fuera ajeno. Esta red se ha dedicado a buscar agrupaciones
reivindicativas y políticos rebotados de otros partidos. La lista de
esta confederación de vaciados contiene nombres de efecto
publicitario, como “Milana Bonita” (Extremadura), o “León Ruge”.
Las encuestas dan a EV entre 8 y 15 escaños; es decir, tendrían una
fuerza similar a la del PNV y ERC. Las personas que la integran
proceden mayoritariamente de formaciones de izquierdas, como el PSOE
y Podemos, y tenderán a pactar con los socialistas antes que con el
PP en condiciones de igualdad.
La importancia del congreso del PP en León debe abrir una vía para
contrarrestar esta maniobra. No se puede dar la batalla por ganada
porque las encuestas vaticinan una victoria en las urnas. El
ruralismo es una forma de hacer país y democracia con el enganche de
los dirigentes políticos con la “España que madruga”. En este país
no solo hay persianas que se suben, sino personas que trabajan de
sol a sol en el campo arriesgando todo lo que tienen. Merecen tanta
atención como escapar de la manipulación de EV.
La gota china contra Vox
Nota del Editor 28 Noviembre 2021
En cuanto pueden enseñan la patita y tratan de morder a Vox.
Siempre siguen tratando de minar a quienes defienden España por
encima de sus intereses personales o político profesionales que
consisten en que parezca que
están a favor de España pero quieren que todo empeore mas.
En la sección bilingüe, el artículo de FJLosantos tiene más
información.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La España Vaciada no tiene lengua
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 28 Noviembre 2021
En las muchas siglas y referencias provinciales, comarcales o
locales que conforman ese Frankenstein Chico que es la llamada
España Vaciada, creado para reforzar el Frankenstein Grande de
Sánchez, los comunistas de género, la ETA y los golpistas catalanes,
falta algo: no tiene lengua. Se dirá que Teruel Existe, Soria ya,
Cuenca ahora, Jaén sí, Milana Bonita y demás proyectos de escaño
comparten una lengua común que es el español. Pues no. No hay
reivindicaciones lingüísticas entre tantísimo partido, partida o
partide. Se ve que la defensa de lenguas de cultura marginadas, como
la fabla o el bable, tiene ya abogados en los grandes partidos de
izquierdas o desertores de derechas, como Foro Asturias. Pero la
mayor desposesión de los millones de ciudadanos que migraron a otras
partes de España, que es la de su lengua para escolarizarse o
cualquier uso público, no es ni siquiera nombrada como lazo común.
¿Y por qué? Porque esa reivindicación los uniría a Vox e impediría
la alianza básica del PSOE con los separatistas.
Campo Vidal y el "lobby" cantonal
Según un excelente informe de Voz Pópuli, Manuel Campo Vidal es el
organizador de este tinglado a través de su "Next Generation
Bussiness School", en inglés, que es la lengua franca de la España
Vaciada. En ella ha creado una cátedra de despoblación y, sobre
todo, una red de periodistas rurales que replican todas las
informaciones que hablan sobre este asunto, dándole una dimensión
mayor que la que tiene, pero que funciona bien.
Cuando Manuel Campo Vidal, se llamaba Manuel J. Campo publicó
"Simplemente María y su repercusión en las clases trabajadoras"
(Editorial Avance) versión cientificista del "Cómo leer al Pato
Donald", del chileno Ariel Dorfman, comunista a quien conocí en
Canarias, camino de Alemania Oriental y negándose a firmar la carta
para la liberación de Heberto Padilla. Campo nunca se preocupó por
el vaciamiento lingüístico de los 400.000 aragoneses afincados en
Cataluña. Al revés, siempre defendió la inmersión, es decir, la
privación de derechos civiles de sus paisanos. En "Andalán", la
revista de Eloy Fernández Clemente y Labordeta, cuando yo saqué "Lo
que queda de España", le hicieron una entrevista en que aparecía
como modelo de joven progresista perfectamente integrado en
Cataluña. Y decía que, de vez en cuando, volvía a su pueblo
(Camporrells, reclamado por los Països Catalans) para, creo recordar
exactamente, "practicar el aragonesismo".
Se me quedó grabado el grotesco aragonesismo, burda parodia del
catalanismo que la Izquierda practicaba a tiempo completo, llamando
lerrouxistas o directamente franquistas a los que reivindicábamos el
derecho a estudiar en español. Cataluña fue el laboratorio de
anulación de derechos civiles de los españoles, y los cobayas han
sido los hijos de inmigrantes que debían vaciarse de su fardo
lingüístico para llenarse de catalán, la única lengua legítima. No
se encontrará una palabra de Campo criticando ese vaciado cultural.
Su impostado academicismo, como el de su Academia de Televisión, vio
en el club de los aspirantes a Revilla un nicho de negocio. Y lo
explota con indudable éxito. Pero lo que sigue practicando es un
activismo superficialmente ruralista y profundamente antiespañol.
El revillismo, ruralismo para progres
En realidad, el revillismo es la negación del agravio que hoy siente
el español de fondo, aislado en su provincia, en su pueblo sin banda
ancha o sin posibilidad de prosperar, aunque en la tele se presente
con chascarrillos pueblerinos y humor entre baturro y flamenco, para
disfrute del espectador de ciudad, contento de no ser ya un revilla
o al que le hace gracia el abuelo. Al exhibir de forma humorística
su atraso, su zafiedad y sus palabrotas, lo que acepta es la
justicia de su marginación, lo irremediable de su atraso. Y cuando
se presenta como indignado, recibe una comprensión de limosna, la
caridad de una propina generosa, pero sin precio justo ni
oportunidad real.
Quejarse de que en el interior de España vive menos gente que en la
costa es absurdo. Lamentar que la gente prefiera vivir en las
capitales con buenos servicios en vez de disfrutar del simpático
villorrio sin médico es un insulto a la inteligencia y una ofensa a
la libertad civil de los españoles, que deberían poder establecerse
donde les pareciera sin dar explicaciones. Por desgracia, eso ya no
es así. De esa España Vaciada, que ha contribuido lealmente y en la
medida de sus posibilidades a la prosperidad nacional, ya no se
puede ir a cualquier parte de España, a vivir y a abrir un negocio,
sin pasar toda clase de fielatos, lingüísticos y administrativos.
Los progres que defienden los derechos de los africanos a instalarse
en nuestro país, incluso ilegalmente, olvidan a los españoles que
querían vivir en regiones bilingües conservando su lengua para
escolarizar a sus hijos. La discriminación del español es el arma de
destrucción de España, y los que más la sufren son los de la España
Vaciada. ¿Por qué no defienden los derechos de sus paisanos estos
adalides de la repoblación del campo abandonado, tan preocupados por
los trenes? Todos los partidos de la E.V. pide mejores
comunicaciones. ¿Y no anima a dejar el pueblo por la ciudad?
El culto al campo, cosa de la Corte
No se puede presumir de vivir mejor y quejarse de no poder vivir.
Sin embargo, se trata de una queja viejísima. En 1539, Antonio de
Guevara publicó en Valladolid su Menosprecio de corte y alabanza de
aldea, donde un cortesano lamenta haber pasado su vida pretendiendo
cargos en vano. Si no hubiera sido en vano, tal vez no lo lamentaría
tanto ni vería tan sensato volverse a los límites de la aldea. Fray
Luis de León lo expresó mejor en su Oda a la vida Retirada,
melancólica negación de su propia vida, luminosa como pocas y
desafortunada como tantas. Recordemos algunas estrofas:
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
……
No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.
……
¡Oh monte, oh fuente, oh río,!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
….
Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
…..
A mí una pobrecilla
mesa de amable paz bien abastada
me basta, y la vajilla,
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.
Y mientras miserable-
mente se están los otros abrazando
con sed insacïable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando. (…)
Por supuesto, los horacianos versos fueron escritos en la mala época
de Fray Luis, uno de nuestros intelectuales más ambiciosos, que
acabó en la cárcel por las intrigas de otras órdenes frailunas. Al
más importante de todos, Juan de Mariana, lo encarceló el valido de
Felipe III por criticar la inflación en su admirable, certerísimo
tratado Sobre la moneda de vellón. Pero ni uno ni otro se retiraron
al hortus amoenus. Uno volvió a sus clases y otro, ya anciano, a
escribir lo que las fuerzas y la orden le permitieron. Ninguno quiso
ser pastor ni dedicarse a tocar el laúd. Era sólo literatura.
Revilla y Guitarte, ni Cincinato ni Washington
Retirarse a la esfera privada huyendo del tráfago de la vida pública
es una tradición de honradez y austeridad cívica, nada que ver con
los revillas y guitartes, que son cortesanos advenedizos,
cazasueldos y trincapempleos. El ejemplo romano es Cincinato, al que
la República encargó acabar con el desorden público, mediante leyes
que lo convertieron en dictador dos años. Lo hizo muy bien, y al
cumplirse exactamente el tiempo que le habían dado para remediar los
males de la república, se volvió a su campo y a su arado. Ese modelo
de civilidad hizo que varias ciudades se llamasen Cincinatti y dio
nombre a los Cincinatos, conspiradores liberales. George Washington,
al terminar su segundo mandato, se volvió en carreta a su granja,
despedido por miles de compatriotas que agitaban pañuelos a lo largo
del camino. Mary Higgins Clark lo cuenta en su emocionante Viaje en
Invierno. Y el ejemplo del primer presidente fue seguido hasta que
Roosevelt rompió la tradición no escrita de limitar el poder a dos
mandatos. Tras esa prueba de ambición desmedida, se volvió al
cincinatismo, pero por ley, no por virtud.
Los guitartes de la España Vaciada no tienen granjas sino
granjerías. No buscan mejorar desde su serrería el sector maderero,
ni desde sus bares el sector turístico. Son políticos de aluvión,
rebotados de partido, que han encontrado en el agravio y el rencor
una ideología que produce sueldos. Pero el efecto en el sistema
representativo español es demoledor. Ya no representan a la nación,
sino a la región, a la provincia, a lo local, que tiene su propio
ámbito de representación. Son alcaldes con ínfulas de ministros.
Imitan al patán cántabro o al caradura valenciano de Cutanda, pero
usan la misma técnica de los que quieren trocear España. Yo creeré
en la honradez de los vaciados que apoyen Hablamos español. Si no,
es que son lacayos de Sánchez, de los comunistas de Caracas, de la
ETA y del separatismo catalán. Con el agravante de valerse de los
desvalidos, los muy rufianes.
150.000 personas protestan en Madrid contra la Ley de Seguridad de
Sánchez
Segundo Sanz. okdiario 28 Noviembre 2021
Policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y
locales, bomberos, seguridad privada, policías portuarias,
vigilancia aduanera, entre otros, y sociedad civil han protagonizado
este sábado una monumental protesta contra la nueva ley de Seguridad
Ciudadana que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez de la
mano de sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras.
Los manifestantes han recorrido el eje que separa la Puerta del Sol
de Madrid y la Plaza de Colón, en las inmediaciones del Ministerio
del Interior, para denunciar que la reforma de la ley de Seguridad
Ciudadana que pretenden los socialcomunistas y sus aliados de la
mayoría Frankenstein no sólo desprotege a los agentes sino también
al resto de ciudadanos. De ahí el lema de la marcha: «No a esta
reforma, no a la inseguridad ciudadana, afecta a todos». «No es por
nosotros, es por nuestro país», han remarcado los agentes. La
organización ha cifrado en 150.000 los asistentes, mientras que la
Delegación del Gobierno ha rebajado el número a 20.000.
Durante la movilización, donde los congregados han portado banderas
de España, enseñas regionales y de las propias organizaciones
sindicales, se han escuchado pitos, sirenas y gritos de «¡Sánchez,
dimisión!» y «¡Marlaska, dimisión!», entre otros. Al inicio de la
misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, han realizado declaraciones a la prensa denunciando
esta «criminalización» de los agentes. Y a su conclusión, ha hecho
lo propio el jefe de la oposición, Pablo Casado, acompañado del
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Al final del recorrido se ha dado lectura a un manifiesto por parte
del periodista Albert Castillón con el que los agentes han remarcado
que ellos sólo «quien servir a la sociedad, no que se sirvan de
ellos para hacer política», en un claro mensaje al Ejecutivo de
Sánchez y sus socios. De esta manera, han pedido que dicha reforma
no salga adelante para que «los violentos no tomen el control de las
calles».
Además, han insistido en que «está en peligro el respeto a los
derechos de todos» y han anunciado una «campaña ciudadana» para
advertir a los españoles del «profundo error» que supone «aceptar
sin más» esta reforma.
Más de 40 organizaciones
La marcha se ha celebrado a iniciativa de la plataforma convocante
Jusapol y «en unión al resto de sindicatos y asociaciones
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España»,
según ha destacado. De este modo, más de 40 organizaciones
policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía
Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la
Guardia Civil han dado apoyo expreso a esta manifestación.
También ha sido respaldada por organizaciones policiales
representativas del País Vasco y de Navarra, como el SIPE de la
Ertzaintza, cuyos miembros han cargado contra el Ejecutivo vasco, o
la Agrupación de Policía Foral. El pasado miércoles, las
agrupaciones ErNE, EUSPEL y SVPE-PLES protestaron por dicha reforma
ante las delegaciones del Gobierno en el País Vasco. Por parte de
los Mossos d’Esquadra, se ha sumado a la convocatoria la asociación
‘Policías Autonómicos por la Pasarela’, que representa a los agentes
que reclaman el paso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, según recoge Ep.
Además, los convocantes han puesto de relieve que cuentan con el
apoyo de una docena de organizaciones representativas de los
policías locales y bomberos, así como otros sindicatos como CSIF,
que la semana pasada anunció que «miles de policías locales de toda
España» acudirían a la marcha de este sábado. Toda estas entidades
conforman la plataforma ‘No a la España insegura’ que responsabiliza
de las consecuencias de la nueva ley a Pedro Sánchez y al ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Indefensión
La reciente presentación de enmiendas de los partidos del Gobierno
(PSOE-Podemos) a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una
proposición de ley impulsada por el PNV contra lo que califican como
«ley mordaza» del Gobierno del PP, ha terminado de indignar a los
agentes en tanto se confirma la indefensión a la que van a ser
sometidos, con perjuicio también para los ciudadanos.
Por ejemplo, se relaja la regulación en la difusión de imágenes
grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional y
se «elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al
ya perjudicado principio de autoridad».
Otro punto polémico es la posibilidad de celebrar manifestaciones no
comunicadas, ya que ello merma gravemente su capacidad de preparar
dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos
violentos que se convoquen de manera simultánea, por ejemplo, en una
misma ciudad. Y lo mismo ocurre, critican, con la «inoperatividad»
que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un
plazo de dos horas.
Miles de personas secundan la marcha contra la reforma de la Ley de
Seguridad: ‘Está en peligro el respeto a los derechos de todos’
Una norma que desprotege a los agentes ante los delincuentes
LGI. https://gaceta.es 28 Noviembre 2021
Miles de personas han secundado este sábado la manifestación en
Madrid convocada por la plataforma Jusapol, contando con la
presencia de organizaciones de Policía Nacional, Guardia Civil,
policías autonómicas y locales.
«Lo que está en peligro es el respeto a los derechos de todos», han
sostenido los convocantes en la lectura de un manifiesto. La
manifestación ha arrancado en la Puerta del Sol a las 11.30 horas.
Las críticas se han centrado durante la marcha en la gestión del
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo
recurrentemente su dimisión. «Nos parece un profundo error afrontar
una reforma de este calado despreciando la opinión de los
profesionales de la seguridad pública», han apuntado en su
manifiesto, insistiendo en la crítica por la falta de diálogo pese a
que «la delincuencia y la seguridad ciudadana han cambiado
profundamente».
Los policías han subrayado que sus «únicos adversarios son los
delincuentes» y que el Gobierno «quiere que campen por las calles».
Así, han denunciado que la reforma plateada por el Gobierno de PSOE
y Podemos, con apoyo de sus socios PNV, ERC o Bildu, les desprotege
al rebajar el principio de autoridad, «limita» el uso de material
antidisturbios o facilita la difusión de las imágenes de los agentes
durante sus intervenciones de orden público. Todo esto, justo cuando
hay más agresiones contra los policías.
Conforme avanzaba la manifestación, en muchos puntos entre aplausos
de los ciudadanos y gritos de «viva España» y «viva la Policía», los
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han lanzado
consignas pidiendo la dimisión de Grande-Marlaska. El presidente de
Jusapol, Miguel Ángel Gómez, reclamó en declaraciones a los medios
que el ministro diera la cara por ellos, al entender que la reforma
planteada rebaja el principio de autoridad.
Ana Losada o el 155 como solución
Josep Maria Cortés. cronicaglobal 28 Noviembre 2021
Cataluña es un país bilingüe. “Hay que ver que bien nos entendemos
hablando dos lenguas diferentes”, escribió Antonio Machado en uno de
sus artículos publicados en La Vanguardia y recogidos ahora por
Josep Playà en el libro Antonio Machado a Barcelona (1938-1939). La
humildad del gran poeta y hombre bueno, “en el buen sentido de la
palabra, bueno”, que vivió nueve meses en nuestra ciudad --en la
Casa Castañer de Sant Gervasi-- antes de emprender el camino del
exilio, contrasta con el mal fario de nuestros días. El Supremo
dicta su sentencia y se arma la marimorena: el conseller González
Cambray llama por escrito a la desobediencia, ¡hala!, el Gobierno
acata con el gesto y discrepa con la boca pequeña, y Pablo Casado
pide un 155, a golpe seco. Un panorama desolador.
Por su parte, Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una
Escuela Bilingüe --Historiadora y máster en Relaciones
Internacionales-- impulsora del movimiento contra la inmersión
lingüística, celebra la inadmisión del Supremo del recurso de
casación de la Generalitat. La decisión que ha hecho firme la
resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) que fijaba el 25% de castellano obligatorio en las aulas. El
combate de Losada es justo y su empeño es saludable, pero la
combinación entre ambas cosas se traba en el 155, “la única solución
posible” derivada del fallo judicial. El ideal de Losada se sale del
marco.
Después de perder la guerra del procés, el soberanismo vuelve a la
lengua entendida como trinchera. ¡Están sordos!: “Hay en mis venas
gotas de sangre jacobina/pero mi verso brota de manantial sereno”.
La autenticidad debe presidir la convivencia. La escuela catalana
incumple la ley basada en un sistema educativo en el que el
castellano es lengua vehicular junto con el catalán. Losada remarca:
“La propia Generalitat cuando rebatió nuestros recursos en el TSJC
reconocía que el sistema es de conjunción”. La ley lo dice, pero la
escuela incumple. Por eso la derecha española blande reglamentos,
escondida detrás de los jueces. Casado suspendió en Teoría del
Estado y aprobó en Teoría del Azar, un azar como el que ha
posibilitado el fallo del Supremo sobre el tema de la lengua el
mismo día en que Pedro Sánchez cerraba con ERC los Presupuestos.
El recorrido en los tribunales es ambiguo. El Constitucional dijo en
la polémica sentencia del Estatut que había dos lenguas
curriculares, pero no dio porcentajes; el TSJC situó el porcentaje
del castellano en el 25% y ahora el Supremo, al inadmitir un recurso
de la Generalitat, se quita de en medio. Lo que significa: aplíquese
la Ley. ¿Qué Ley? Pues miren, la Ley Wert fue el origen de la actual
pelea, mientras que la vigente, la Ley Celaá, abrió el abanico
relativista a base de consideraciones, como esta: “La lengua propia
de Cataluña es el catalán”. Y el resto de los niños, los
castellanoparlantes de nacimiento, a practicar el román paladino en
el spanglish de Tik Tok. O sea, hagan cada uno de su capa un sayo;
es decir, abran paso al apretón nacionalista en la escuela pública.
Son muy normativos, pero la gramática parda de nuestros lingüistas
levanta las olas que bate el temporal.
Òmnium Cultural asegura mil veces que el catalán pierde en el patio
del colegio lo que gana en las aulas. Apunten lletraferits ante el
altar de Colliure: “Desdeño las romanzas de los tenores huecos/ y el
coro de los grillos que cantan a la luna”. La realidad habla por sí
sola. El nacionalismo aplica un modelo en el que el castellano se
deja para las clases de matemáticas. Cervantes solo baila sobre la
falsa posición del número.
Cataluña
El castellano como campo de batalla político
Los independentistas lo utilizan para aunar fuerzas, mientras
Sánchez se pone de perfil y Casado reclama un «155 educativo»
Toni Bolaño. larazon 28 Noviembre 2021
La inmersión lingüística en Cataluña nació en la década de los 80
para garantizar que los jóvenes llegaran a su edad adulta con el
conocimiento pleno de ambas lenguas. Hoy, este objetivo se mantiene
porque las escuelas adaptan las enseñanzas del catalán y del
castellano a sus entornos, amparado en la última ley educativa que
eliminó el castellano como lengua vehicular. De hecho, los claustros
de los centros, que tienen autonomía para adaptar la enseñanza, se
amoldan a la realidad de sus zonas geográficas aunque ciertamente
está descompensada en una discriminación positiva al catalán.
Sin embargo, la realidad bilingüe de la escuela catalana es
utilizada como ariete contra el adversario político. El
independentismo lo azuza asegurando que el catalán ha perdido
presencia –la última encuesta oficial dice que solo lo utiliza el
21,4% de los alumnos frente al 67,8% de 2006– y a través de
asociaciones como Plataforma per la Llengüa se utilizan topos para
ver quién habla, o quién no, catalán en los patios de los colegios y
se ha incrementado la presión a comercios, bares y restaurantes para
obligar a utilizar la lengua catalana con sus clientes.
«Si no hablas catalán, márchate», escribieron en la entrada de una
pizzería hace escasas semanas o se pone en cuestión que la
Generalitat haya contratado a 600 enfermeras y enfermeros porque no
hablan la lengua de Pompeu Fabra. Hace unos años, una asociación de
intelectuales firmó, entre ellos la actual presidenta del Parlament,
Laura Borràs, el manifiesto Koiné que abogaba que el catalán fuera
la única lengua en Cataluña.
En el sector contrario, diversas entidades iniciaron una cruzada
contra el bilingüismo que tras varios fracasos –apenas un centenar
de familias pedían la enseñanza en castellano en cada curso– cogió
fuerza con la demanda que presentó el ministro Méndez de Vigo en
2015. Tras esta demanda, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña dictaminó que el castellano debería doblar su presencia en
las escuelas para situarse en un 25%. Actualmente, los porcentajes
varían desde el 12% de primaria hasta el 26% en bachillerato y un
19% en ESO.
¿Qué significa alcanzar un mínimo del 25%? Significa que en
educación primaria con 25 horas lectivas 6,25 deberán ser en
castellano y en secundaria con 30 horas lectivas se tendrá que usar
el castellano en 7,5 horas. Es decir, además de la asignatura de
castellano se deberá usar esta lengua en al menos una asignatura
troncal –obligatoria–. En la mayoría de centros escolares, esta
segunda materia suele ser matemáticas e incluso en algunas zonas se
estipula una tercera por ser el catalán dominante. Lo hacen los
centros en uso de su autonomía para configurar los planes de
estudio, aunque también en algunos centros los sectores más
radicales reducen al castellano únicamente en la asignatura donde se
imparte como lengua.
Sin embargo, la sentencia ha sido utilizada por las fuerzas
independentistas para aunar fuerzas tras la ruptura en la
negociación de los presupuestos. «El catalán no se toca», argumentó
el presidente Aragonés, sin que en ningún momento mentara el fracaso
del inglés que a parte de la clase de este idioma apenas tiene
presencia en el currículum escolar. La sentencia salió en el momento
en el que ERC sacaba pecho por su pacto lingüístico en la Ley del
Audiovisual que garantizaba que una de cada cinco películas se
realizará en gallego, euskera o catalán, lo que avivó las críticas
contra los republicanos que se aprestaron en levantar la bandera a
favor del catalán para evitar la erosión de Junts y la CUP. Los
primeros molestos por la ruptura independentista y los segundos por
haber sido expulsados de la mayoría.
El conseller Josep González Cambray envió una carta a los directores
de los centros en los que aseguró «no tenéis que hacer ningún cambio
en vuestros proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia», una
forma de pasar la pelota sobre la ejecución de la sentencia a los
directores de los centros. «Si la sentencia no se ejecuta, los
directores, como responsables del proyecto educativo de sus
respectivos centros, tendrán que rendir cuentas antes la Justicia. Y
podrán ser multados e incluso inhabilitados para ejercer sus
funciones ya que son funcionarios y no pueden desobedecer un fallo
judicial», apuntan desde la organización Asamblea por una Escuela
Bilingüe.
El líder del PSC, Salvador Illa, se preguntó cual era el problema
para ampliar el castellano a una materia troncal, cuando en la
mayoría de centros ya se realiza esta actividad y se autoexcluyó del
cónclave convocado por Aragonés con todas las fuerzas políticas y
entidades independentistas porque se excluyó a PP, Ciudadanos y VOX.
Para el PSC, la inclusión de una segunda materia troncal no supone
«ningún riesgo» para el modelo de inversión.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por ponerse de perfil aunque
Aragonés le exige que apoye en público el proyecto de inmersión
lingüística. De momento, la ministra de Justicia se ha refugiado en
un «iremos viendo» porque ahora tras el auto del Supremo es el TSJC
el que tiene que pedir que la sentencia se ejecute. El líder del PP,
Pablo Casado, se ha ofrecido para impulsar un «155 educativo», algo
difícil de encajar en el actual ordenamiento jurídico. Cuando el
TSJC emita una orden de ejecución, la Generalitat tendrá un plazo de
diez días para responder y deberá designar un responsable. El
Gobierno no parece que solicite su cumplimiento pero si lo hará la
Asamblea de la Escuela Bilingüe. Esta solicitud deberá ser admitida
por el TSJC lo que abre una nueva batalla judicial.
El Estado de derecho y la cuestión lingüística en Cataluña
Elisa de la Nuez. cronicaglobal 28 Noviembre 2021
Quizás pocas cuestiones ponen tan de relieve la débil vigencia del
Estado de derecho en Cataluña como la cuestión lingüística. Como ya
han explicado mejor que yo autores como Joaquim Coll, el éxito de la
denominada “inmersión lingüística” identificada con el uso vehicular
exclusivo del catalán en las escuelas es no ya un dogma de fe, sino,
sobre todo, una enorme mentira (como muchos dogmas de fe, por
cierto). Ni los datos avalan el supuesto éxito del modelo ni es
cierto que no exista demanda social para otro mucho más equilibrado
y con una presencia mucho mayor del castellano en la enseñanza; otra
cosa es que desde la Administración autonómica se disuada a los
padres de pretender tal cosa. Resulta difícil ejercer los derechos
que se reconocen a los ciudadanos si las Administraciones están
empeñadas en evitarlo. No olvidemos que gozan de un estatuto
jurídico tremendamente privilegiado precisamente porque se supone
que defienden los intereses generales frente a los particulares,
siempre con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho según el art.
103 de la Constitución. De ahí que cuando el sistema se pervierte, y
por motivos ideológicos, partidistas o de cualquier otro tipo la
maquinaria administrativa se pone en marcha en contra de los
intereses generales (que vienen definidos en el ordenamiento
jurídico) y en contra de determinados derechos de los ciudadanos
tengamos un problema muy grave.
Y es que, no lo olvidemos, los ciudadanos de a pie en un Estado
democrático de derecho no deberían nunca convertirse en héroes que
luchan judicialmente por sus derechos contra una Administración
empeñada en no reconocérselos con un enorme coste en tiempo, en
dinero y hasta psicológico. Si una Administración nos falla, se
supone que hay otras instituciones de control y contrapeso
(empezando por las autonómicas y terminando por las estatales) para
protegernos antes de llegar a los tribunales de justicia, cuando
todas y cada una de ellas nos fallan. Desgraciadamente, en el caso
catalán, dado el férreo control político que se ejerce por la
Generalitat sobre todos y cada una de las instituciones de
contrapeso (pensemos en el Síndic de Greuges) y el desistimiento de
las instituciones del Estado (pensemos en la inútil Alta Inspección
del Estado) lo único que queda es la vía judicial.
Y cuando esta vía judicial, que es lenta y costosa, finalmente da
frutos resulta que las autoridades autonómicas consideran que las
sentencias firmes que no les gustan pueden no cumplirse sin que les
pase nada. Y a lo peor tienen razón. Y eso que el cumplimiento de
las sentencias está recogido en el art. 118 de la Constitución de
forma tajante: “Es obligado cumplir las sentencias y demás
resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la
ejecución de lo resuelto”. Pero, claro está, hay que hacerlas
cumplir para que no se conviertan en papel mojado, para lo que se
requiere, a falta de cumplimiento voluntario, una ejecución forzosa
que hay que instar del propio tribunal sentenciador. Lo interesante
aquí es que el Govern dispone y usa a sus servicios jurídicos para
interponer recursos judiciales con base en motivos técnicos, pero,
cuando con base en motivos igualmente técnicos, estos recursos se
desestiman, pasan al terreno de la ideología, la demagogia o,
abiertamente, al del iliberalismo puro y duro para proclamar que, en
Cataluña, las sentencias que les molestan no se cumplen. Y es que
quizás la mayor diferencia del Gobierno independentista con respecto
a otros Gobiernos de corte iliberal y de extrema derecha también
renuentes a la separación de poderes y, en definitiva, al Estado
democrático de derecho es el desparpajo con que, cuando pierden en
los tribunales, se proclaman legibus solutus, es decir, por encima
de la Ley y el Derecho cuya interpretación última corresponde a los
tribunales de justicia. Como habrán adivinado, de ahí viene el
término “absoluto” o “absolutista” que se aplicaba a las monarquías
del Antiguo Régimen.
Recordemos que la sentencia firme que hay que cumplir obliga a la
Generalitat de Cataluña a adoptar las medidas que sean necesarias
al efecto de garantizar que, en las enseñanzas incluidas en el
sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera
efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular
normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se
determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso.
En un Estado de derecho normal, no hay más que hablar. Sin embargo,
lo que ha ocurrido es que los responsables autonómicos han salido en
tromba a proclamar que no piensan cumplirla, sin que por el lado del
Gobierno central (que es parte en el proceso) se haya demostrado
mucho entusiasmo tampoco por pedir la ejecución forzosa, algo que
pueden hacer, a falta de cumplimiento voluntario, tanto las partes
en el proceso como los terceros afectados (en este caso, los
ciudadanos con hijos escolarizados en Cataluña y las asociaciones
que les representen).
Y en eso estamos. Es importante entender que cuando un particular,
pero sobre todo una Administración con mucho poder, incumple
sentencias firmes se abre la veda para privarnos de nuestro derecho
como ciudadanos a una tutela judicial efectiva, en los términos
previstos en el art. 24.1 de la Constitución española. Efectiva, lo
que quiere decir que no puede quedar en manos de los poderosos el
cumplimiento de las sentencias, porque eso las convertiría en papel
mojado. Por eso es esencial entender que no podemos permitirnos
renunciar exigir el cumplimiento de las sentencias firmes a quienes
más poder tienen, porque emprendemos un camino sin retorno.
El catalán, arma arrojadiza
Cristina Farrés. cronicaglobal 28 Noviembre 2021
La ratificación del Tribunal Supremo de que el castellano también
debe estar presente en las aulas de Cataluña ha dado gasolina otra
vez a las tesis más irredentas del independentismo catalán. De
aquellos que consideran que España es un “enemigo” y que, como tal,
no se le debe dar ni agua. Los que usan la lengua como arma política
arrojadiza en lugar de dejarla al margen del politiqueo y
reivindicarla y preservarla como elemento básico de cultura.
Lo más curioso es que el receptor de sus críticas es ERC, el partido
que ha dado los primeros pasos para romper con la imagen de la
unidad granítica del secesionismo incluso en el Parlament, pero que
se sumerge en sus complejos más profundos en debates de este perfil.
Sus dirigentes explican que están hasta las narices de que los
nueves guardianes de las esencias independentistas pongan en duda su
defensa del estado propio catalán, cuando han sido los únicos que lo
han reivindicado desde el inicio de los tiempos. Aun así, tropiezan
siempre con la misma piedra, la de entrar de lleno en el debate. Y
lo hacen enarbolando la bandera estrellada más grande que encuentran
en casa para demostrar algo que, en su caso, sí llevan en el ADN
fundacional.
Cabe recordar que el primer partido en poner en duda la efectividad
de la inmersión tal y como la conocemos fue, precisamente, ERC. El
exconsejero Josep Bargalló puso sobre la mesa en la pasada
legislatura una iniciativa para conseguir que el alumnado de
Cataluña tuviera las máximas competencias en ambas lenguas al final
de su formación obligatoria, lo que de verdad nos tendría que
preocupar. Eso pasaba por reforzar el catalán en comunidades con
mayoría de alumnos con el castellano como lengua materna y
viceversa. Es decir, flexibilizar el modelo actual, algo
revolucionario en la educación. Abría la puerta a muchas otras
mejoras en las aulas basadas en adaptar las directrices de la
Administración a los requisitos de una comunidad educativa en
concreto.
Todo ello, en una escuela en la que faltan recursos. Especialmente,
educativos. Se usa como arma política el idioma del profesorado o el
que usan los alumnos en el patio. Eso es lo importante. No la falta
de docentes, especialmente para los pequeños con necesidades
especiales; no si se deben bajar las ratios de las aulas; no si se
deben buscar los recursos necesarios para que los ordenadores
lleguen a todos los alumnos. Lo importante es hacer un aspaviento
sobre la fiscalización de la lengua.
Y la respuesta que se da a la comunidad educativa no es que se
blindarán las elecciones que tomen para asegurar que los alumnos de
cada centro reciben la formación más adecuada a sus necesidades para
evitar que las oportunidades que brinda la formación como ascensor
social gripen.
El sucesor de Bargalló en el cargo, Josep González Cambray, ha
propuesto la desobediencia al Tribunal Supremo como única
alternativa. Cuestión que ha sido criticada incluso por la también
exconsejera Irene Rigau, una de las encausadas por la organización
de la consulta del 9N, por si alguien duda de su pureza
independentista. La responsable de Educación con Artur Mas, y
ejecutora de algunos de los grandes recortes que aún no se han
revertido, ha dado un baño de realidad al señalar el error mayúsculo
que supondría pasar la patata caliente a la comunidad educativa. O,
lo que es lo mismo, desatar la inseguridad jurídica en los colegios
e institutos.
Cataluña ha llegado al momento en que debe hacer frente a una nueva
ley educativa. Bargalló ya se olía la tostada y dio los primeros
pasos en este sentido. Le cortaron las alas, tanto desde JxCat como
desde ERC. El Tribunal Supremo deja pocas alternativas al Govern,
cuyo desafío será superar todos sus complejos para buscar la máxima
unidad posible para esta norma capital. Y eso pasa, de forma
inevitable, por sumar el PSC, no solo los comunes, a la iniciativa.
El reto es mayúsculo e implica aparcar el politiqueo del debate
lingüístico para devolver el valor cultural que tiene el catalán, su
única vía para persistir en el tiempo. Solo queda saber si las
diferentes familias tanto de ERC como de JxCat serán suficiente
valientes para buscar alianzas y construir consensos más allá de las
trincheras ideológicas. Los presupuestos han dado el primer paso en
este sentido. Pero nada indica que nadie esté dispuesto a ir más
allá. Y eso tiene un perdedor claro: la escuela catalana.
Las familias que luchan por izar la bandera del bilingüismo en
Cataluña
Los afectados denuncian que a pesar de las sentencias, el 25% mínimo
de castellano no siempre se cumple
Más allá de la realidad dentro de las aulas, lamentan que la
comunicación con los centros excluye el castellano
Anna Cabeza. Barcelona. ABC 28 Noviembre 2021
Era una ansiada victoria desde hace años. El portazo del pasado
miércoles del Tribunal Supremo (TS) a la inmersión lingüística en
Cataluña al no admitir el recurso de la Generalitat ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la obligatoriedad del
25% de castellano en las aulas ha sido un regalo del cielo para las
familias que, durante años y tras una lucha incesante, han batallado
por la igualdad educativa. Hasta ahora son un centenar de familias
las que han conseguido que sus hijos y compañeros de clase -2.300
alumnos en total-, disfruten de una asignatura más en castellano,
según apuntan desde la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB).
Algunas de estas familias cuentan a ABC su experiencia, llena de
dificultades, y que no ha servido para que el castellano, cooficial
en Cataluña, cobre pese de manera generalizada en el sistema escolar
catalán.
Quique Roldán, Llagostera (Barcelona)
«Todo empezó cuando me decían desde el colegio que mi hijo debía
hacer más catalán porque era castellanohablante». Eso empujó a
Quique Roldán a contactar con la AEB. El caso acabó en el TSJC y en
menos de dos meses salieron las medidas cautelares. Ahora a su hijo,
que ya está en 3º de Primaria en un centro público de Llagostera
(Gerona), le imparten, en teoría, la asignatura de Medio junto a
horas de matemáticas, lengua, lectura y exposición en castellano,
pero sabe que no lo cumplen a rajatabla.
«Algunos padres me empezaron a hacer el vacío, otros se echaron para
atrás por miedo y otros me lo agradecieron. No es fácil pero yo ya
no quiero tener más miedo para reclamar algo para mi hijo que es
legal. Él juega con todos los niños sin problemas pero no ha vuelto
a ir a ningún cumpleaños, no sé si será por culpa del Covid, aunque
creo que sí ha habido fiestas», cuenta con pena Quique.
A pesar de todo, él no ha dejado de perseguir la igualdad
lingüística: ahora ha pedido que la canción navideña que ensayan en
clase sea en castellano, ya que el año pasado era catalana. «Me
dijeron que ‘sin problema’. Lo veremos», cuenta. Por todo ello, la
respuesta del Supremo fue para él «una victoria por los derechos de
todos los niños, también para los catalanohablantes que si no no
tendrán un buen nivel de castellano. Porque con dos horas de clases
a la semana no se aprende un idioma».
D. López, Barcelona
D. López lleva batallando desde el pasado junio junto a las familias
de otros 25 niños para que el 25% de castellano se implante en las
aulas de un colegio público del distrito de Horta-Guinardó
(Barcelona), al que acude su hijo de 11 años. A la escuela, cuenta,
acuden muchos hijos de inmigrantes y el castellano es el idioma más
hablado tanto en el patio como a las puertas del centro. «Quizás por
eso desde arriba hay este empeño ilógico e imposición a la fuerza»
del catalán, comenta.
De momento, la consejería de Educación ha hecho oídos sordos a sus
demandas, que persigue junto a la entidad Hablamos Español, y se ha
limitado a aceptar el envío de comunicados escolares en castellano.
La clase que ella conoce de primera mano, la de 6º de Primaria,
tiene 4,45 horas de lengua catalana, 3,30 de Inglés y apenas 2,30 de
Castellano, prácticamente el mismo tiempo al que destinan a la
asignatura de Plástica. El resto de asignaturas troncales se
imparten en catalán. «Lo tratan como una lengua extranjera», lamenta
ella, mientras recuerda que «la educación de calidad de nuestros
hijos pasa por tener también un buen castellano». Con este panorama
recibió con especial alegría el posicionamiento del Supremo pero a
la vez «con escepticismo, porque vemos que las sentencias no se
cumplen». «¿Hay que mendigar para tener una miseria del 25% de
clases en castellano?», se pregunta con indignación.
A. R., Palamós (Gerona)
«Lo nuestro es un acto de buena fe». A. R. empezó su particular
lucha cuando su hijo mayor empezó P3 y ganó la denuncia pero su
abogado, alineado con la cuestión independentista, no colaboró a que
su demanda se cumpliera. La AEB le ha ayudado a que, años más tarde,
su hijo pueda recibir un 25% de la enseñanza en castellano. El
pequeño, ya en 3º de Primaria en un centro concertado, ha tenido
clases de educación física y plástica en castellano y ahora lo
escucha en horas «de competencia lingüística y proyectos». «Me dicen
que las dan a discreción y me lo tengo que creer, es un acto de fe»,
explica con resignación.
A pesar de ello, no se conforma y sigue luchando por más derechos
ninguneados. «Una cosa es la educación y luego está el centro. Las
reuniones de padres siempre son en catalán, ni en la reunión privada
me hablan en español. Soy el único padre del colegio que recibe las
notas en español y no lo hago por fastidiar. Esta batalla agota pero
hay que librarla. Yo lo hago por mis hijos y mis nietos», expone a
ABC este padre.
Esperanzado, confía en un giro radical de estas políticas y cree que
«a la larga esto tiene que cambiar porque es injusto. No puede ser
que pidas clases en español y te den un 25%. En este caso tendrían
que darte un 25% en catalán». «Tarde o temprano se tendrá que poder
elegir si quieres la educación en catalán o castellano. Además, hace
falta una ley del idioma oficial del Estado», sentencia.
Óscar Rubio, Cubellas (Barcelona)
Su lucha empezó en 2019 pidiendo los comunicados en castellano al
centro público de su hijo, «ya no solo por nosotros que somos
castellanohablantes sino también por los padres extranjeros». «Me
dijeron que era imposible porque tenían mucho trabajo y porque la
lengua vehicular en el colegio era el catalán», recuerda. La
negativa, y las formas poco amables con la que se lo comunicaron,
alentaron a Óscar a ir más allá. Acabó en manos de la AEB y tras una
petición a la Generalitat consiguió tener las notas en castellano
(«que luego incumplían a diestro y siniestro»), pero no la educación
bilingüe. Luego, ya ante el TSJC, logró sin problemas el 25% de
castellano. Lo peor llegó cuando en una reunión con la profesora se
enteró de que su hijo era el único de la clase al que le hablaban o
pasaban fichas y ejercicios en castellano. «Eso es más grave que no
darle nada en castellano», denuncia.
Por ese motivo, su historia acabó de nuevo ante el TSJC, que citó a
la directora del centro a declarar y que le advirtió con la
inhabilitación del cargo si no cumplía correctamente con las medidas
cautelares. Ahora su hijo de 7 años está en 1º de Primaria y a
priori el 25% se está cumpliendo.
«¿Qué mejor que un niño aprenda dos lenguas correctamente? Porque el
castellano se puede hablar mucho en la calle pero también se aprende
en clase», remarca Óscar, que lamenta que en Cataluña «el derecho a
decidir parece que solo valga para una ideología». «A mi antes me
daba igual esta cuestión, pero han querido imponer tanto el catalán
que apenas lo uso», incide, al tiempo que cree que tras el revés del
Supremo «todo seguirá igual, pero más padres se animarán a pedir el
castellano en el colegio y quizás los procedimientos serán más
rápidos. Yo he perdido mucho tiempo, dinero y fuerzas».
¿ Bilingüismo ? No, gracias
Nota del Editor 28 Noviembre 2021
Es brutal la conculcación de los derechos humanos y constitucionales
de los ciudadanos españoles al obligarles a conseguir su educación o
vida en una lengua regional. Si careciésemos del español, habría que
inventarlo; pero como lo tenemos, los envidiosos quieren que
desaparezca.
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
La 'euskaldunización' de Navarra: la misión imposible de Bildu
Bildu ha logrado que el canal infantil en euskera de ETB se vea en
la Comunidad Foral. Su audiencia en Euskadi es del 0,2%. El 78% de
los navarros desconocen la lengua. La oposición habla de
"adoctrinamiento"
Inés P. Chávarri. elconfidencial 28 Noviembre 2021
Que el canal infantil de la televisión vasca se vea en toda Navarra
es un gesto cargado de simbolismo, pero con escaso impacto. La
condición impuesta por Bildu para apoyar los Presupuestos Generales
del Estado para 2022 puede encerrar muchas lecturas políticas, pero
sus consecuencias son relativas en un tiempo en el que las tablets y
las aplicaciones móviles son los principales canales a través de los
cuales los niños consumen televisión, de hecho, la audiencia media
mensual de ETB 3 en el País Vasco es de un 0,2%. Pero los datos no
quitan para que el acuerdo haya provocado una nueva bronca y cruce
de reproches en una comunidad en la que la política lingüística
levanta ampollas entre las fuerzas políticas. Las divisiones son
patentes en el seno del propio Gobierno de coalición (PSN, Geroa Bai
y Podemos), y las controversias entre este y EH Bildu, por un lado,
y Navarra Suma, por otro, también.
"Colonización", "imposición" o "adoctrinamiento" fueron algunos de
los términos con los que la oposición conservadora tildó el acuerdo
suscrito esta semana con los independentistas de Arnaldo Otegi, que
además de en Euskadi cuenta con una profunda implicación navarra, al
ser la segunda fuerza municipal. Navarra Suma (UPN, PP y Cs) acusa a
la presidenta, la socialista María Chivite, de dejarse arrastrar por
Bildu en materia lingüística, cuya abstención necesitó para ser
investida. Desde el Ejecutivo que lidera el PSN niegan que su
política lingüística haya variado y, de hecho, consideran que el
anterior Gobierno de la nacionalista Uxue Barkos cayó precisamente
por "pasarse" con el euskera. En la comunidad foral, el 14,1% de la
población habla vasco, un 8% tiene algún conocimiento, y un 77,9%
desconoce el idioma, según la última encuesta sociolingüística del
Gobierno navarro.
"Lo que está haciendo es ceder y claudicar ante todas las exigencias
del nacionalismo, de EH Bildu y de Geroa Bai", denuncia en
declaraciones a El Confidencial, la presidenta del PP navarro, Ana
Beltrán. La popular defiende que si en los últimos años "el
porcentaje de voto nacionalista se ha mantenido estable, ha
aumentado sin embargo su influencia gracias a Chivite, a un partido
socialista que ha dejado de ser lo que siempre había sido". Navarra
Suma, la coalición a la que pertenece el PP, ganó las pasadas
elecciones autonómicas con 124.336 votos, un 36,5%, seguida del PSN,
con un 20,6%, Geroa Bai, 17,36%, y EH Bildu, 14,6%. Los
conservadores son también la fuerza municipal más apoyada, con
104.460 votos y 298 concejales, pero en este caso la izquierda
'abertzale' se sitúa en segundo lugar, con 67.515 sufragios y 320
ediles. De hecho, EH Bildu gobierna en más ayuntamientos de Navarra
(34), eso sí, muchos de ellos pequeñas localidades, que en Vizcaya
(29) o Álava (10).
Beltrán defiende que el movimiento de EH Bildu tiene un claro
interés "adoctrinador" y su fin último es la anexión de Navarra al
País Vasco, por eso, sostiene que frente a la "imposición", lo que
hay que garantizar es la "libertad". "Cada padre tiene que poder
elegir la lengua en la que van a estudiar sus hijos", zanja.
Críticas que desde el departamento de Educación del Gobierno navarro
rebaten. El consejero, Carlos Gimeno, explica que más allá de los
planteamientos de EH Bildu —la coalición ha propuesto que todos los
niños tengan contacto con el euskera— o de Navarra Suma, los modelos
de enseñanza —la comunidad oferta cuatro itinerarios en función del
peso de uno u otro idioma— "no se van a revisar ni modificar bajo
ningún concepto". "Los grupos parlamentarios son libres de pedir lo
que deseen pero en ningún caso el Gobierno de Navarra va a obligar
ni a imponer estudiar o aprender una determinada lengua o en una
determinada lengua a ningún alumno ni alumna", añade en conversación
con El Confidencial.
"No hay que ceder ante los nacionalistas", insiste Iñaki Iriarte,
profesor de la UPV y parlamentario de UPN y añade: "Sí hay que
reconocer que hay una minoría de vascoparlantes, entre los que me
incluyo, que tiene que ser respetada y tratada como en cualquier
país democrático es tratada una minoría. Deben usar su lengua,
enseñarla, cultivarla, incluso puede haber cierta discriminación
positiva, pero el criterio que debe regir es el de la
proporcionalidad". Él también considera que los socialistas, bajo la
presión de Geroa Bai y EH Bildu, han virado sus políticas. Y pone
como ejemplo la zonificación, las tres áreas en las que se divide
Navarra en función del volumen de personas que hablan euskera. Para
Iriarte es fundamental que el modelo siga vigente y en función de
este se adecúen los recursos ligados al idioma.
El sistema, recuerda Gimeno, no se va a tocar. Tanto él como la
presidenta Chivite han descartado en varias comparecencias
parlamentarias modificar la ley educativa que regula actualmente los
modelos lingüísticos en la Comunidad foral, pero el ruido y las
suspicacias no cesan. Tampoco las que el Gobierno debe hacer frente
por otros flancos. Geroa Bai, socio del Ejecutivo de coalición, ha
reprochado en más de una ocasión a la parte socialista actuar con
"miedo". Fue la acusación que se pudo oír el pasado octubre en el
Parlamento regional por el hecho de que no se hubiera tenido en
cuenta el euskera como mérito en la OPE de Enfermería. Son roces
habituales entre las dos formaciones, pero desde el PSN son
conscientes de que la política lingüística del anterior Ejecutivo,
liderado por Uxue Barkos, desató un malestar en la calle que no
quieren reeditar. Incluso consideran que determinadas propuestas
pasaron factura en las urnas al partido nacionalista.
El euskera en Navarra
La zonificación a la que hacía referencia Iriarte divide la región
en tres áreas. La franja norte, la que linda con Guipúzcoa y Francia
es la considerada vascófona. El centro, donde se sitúa Pamplona, se
denomina mixta, y en el sur la presencia del euskera es ínfima. En
los últimos años, según los datos del Consejo Escolar de Navarra, la
proporción de alumnos que en las escuelas optan por uno u otro
modelo se ha mantenido estable. El grueso de estudiantes, un 61,3%,
se decanta por el modelo G, es decir, por una enseñanza total en
castellano. El modelo D, con todas las asignaturas en euskera menos
lengua española, suma el 24,7% de las solicitudes. Por el modelo A,
todo en castellano menos euskera, se decantan el 13,8% de los niños,
mientras que por el B, que divide las materias entre los dos
idiomas, solo opta el 0,2%.
En la zona norte, se ofertan los modelos A, B y D, los alumnos del
área mixta pueden escoger cualquiera de las propuestas, y en el sur,
se puede elegir entre el A, D y G. "Pero no todo es blanco y negro",
defiende Inés Olza, lingüista e investigadora del Instituto Cultura
y Sociedad de la Universidad de Navarra. Pone como ejemplo Alsasua,
municipio de la zona norte, de los considerados feudo del
nacionalismo vasco, pero con una importante industria y, por tanto,
lugar al que se han mudado muchos alaveses y riojanos que sólo saben
castellano. Y las cifras avalan sus palabras.
"Si atendemos al número absoluto de vascohablantes, la mayor parte
residen fuera de la zona vascófona: 29.459 en la zona vascófona
(38,9%), 42.551 en la zona mixta (56,1%) y 3.800 en la zona no
vascófona (el 5%)", apunta el último estudio sociolingüístico del
Gobierno foral, fechado en 2018. El informe destaca que desde 1991
no ha habido una evolución similar en la tres áreas. Si en la zona
norte el porcentaje de gente que domina el euskera se ha mantenido
estable, rondando el 60%, en el centro de Navarra ha crecido de un
5,2 a un 12,4% (favorecido por los flujos de movimiento hacia la
capital, entre otros motivos), y en el sur ha pasado de un 0,6 a un
2.6%.
Olza concede que "todo ejercicio de política de planificación
lingüística genera fricción" en la medida en que hay gente que se
puede sentir discriminada, "en tierra de nadie", al no haber podido
optar de pequeños por estudiar euskera y que ahora sea un requisito
que se exija o se prime para cubrir, por ejemplo, determinados
puestos en la administración. Defensora de la riqueza patrimonial
que supone el hecho de tener dos lenguas —"Es un auténtico tesoro"—
, y partidaria de que los poderes públicos promuevan "una
planificación positiva" para favorecer la implantación del euskera,
remarca que es imprescindible "encontrar un equilibrio". "Hay que
tener en cuenta el contrapunto, tampoco lo que se puede hacer es que
desaparezca la lengua con la que convive", puntualiza, en referencia
al castellano.
Para la especialista además resulta imprescindible alejar el debate
sobre la planificación lingüística de la lucha partidista. "Dominar
lenguas crea vínculos y favorece la cohesión social. Qué pena que
sea una herramienta política para dividir". Y va más allá: "Poder
ver un canal infantil en euskera no es motivo de debate en la calle.
No debería ser un problema. El problema es que se entienda como un
plan de colonización. El debate es agotador".
"La situación normal es la convivencia de lenguas, pasa en todos los
sitios. La cuestión es gestionar esa diversidad lingüística, que se
garanticen los derechos de las personas y que rija la igualdad de
oportunidades", defiende Iñigo Urrutia, profesor de Derecho
Administrativo en la UPV y especialista en derechos lingüísticos y
remarca: "La oficialidad exige ciertos derechos de uso y
obligaciones para los poderes políticos".
Urrutia recuerda que existen diferentes formas de gestionar la
política lingüística desde la perspectiva de los derechos de las
minorías. Por un lado, los sistemas que separan a los estudiantes en
función de la lengua y otra visión con un carácter "más integrador,
en el que todo el alumnado aprende las dos lenguas y tiene el
derecho de usar una u otra. La cohesión social es mayor y no hay una
barrera lingüística". El profesor, partidario de esta segunda
opción, censura además los planteamientos que ligan "el euskera con
el nacionalismo vasco. Y el rechazo a ese nacionalismo se convierte
en un rechazo al euskera. Es un error. El euskera y el castellano
son lenguas propias de Navarra y debería abordarse con más
naturalidad", zanja.
Quiero ser impropio y pobre lingüísticamente hablando
Nota del Editor 28 Noviembre 2021
El español es el idioma de España y consiguientemente, de Navarra.
Eso de la lenguas propias es un disparate. Las lenguas son para
comunicarse y ello implica que tiene que haber entendimiento y
libertad para usarlas, no pueden ser propias de nadie, en otro caso
habría que pagar por utilizarlas (eso ocurre en informática, hay
lenguajes que son de libre uso, pero luego hay que pagar por el
compilador que asegura el entendimiento (la ejecución en la
máquina).
La mayor manifestación de policías de la historia clama contra
Marlaska y su reforma de la Ley de Seguridad
Agentes de todos los cuerpos policiales han recorrido el centro de
Madrid. Los convocantes hablan de 150.000 manifestantes.
J. Arias Borque. Libertad Digital 28 Noviembre 2021
El enfado es unánime y, sobre todo, transversal. En ningún cuerpo
policial del país ven con buenos ojos la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana que están negociando PSOE y Podemos en el
Congreso de los Diputados junto a aliados parlamentarios como ERC y
EH Bildu. Y más aún porque no conciben que una reforma de este tipo
se pueda realizar sin contar con la opinión de los encargados en el
día a día de la seguridad de todos los españoles.
Es por ello que miles de policías han salido este sábado a protestar
por las calles del centro de Madrid. Desde la Puerta del Sol hasta
el Ministerio del Interior, donde no sólo está el despacho del
ministro, Fernando Grande Marlaska, sino también su vivienda
oficial. Todo ello pese al severo frío y la constante amenaza de
lluvia.
Los datos de los organizadores, como es habitual en estos casos, han
sido contundentes. Cifran en más de 150.000 el número de
manifestantes. La realidad es que ha sido muy numeroso el público
asistente y que, además de los decenas de miles de agentes de todos
los cuerpos, también ha acudido mucha sociedad civil, con ganas de
mostrar su rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez.
También se han dejado ver muchos políticos de la oposición de
centro-derecha. Del PP han estado en algún momento José Luis
Martínez Almeida o Isabel Díaz Ayuso. De Vox, Santiago Abascal,
Macarena Olona o Espinosa de los Monteros. También Edmundo Bal o
Miguel Gutiérrez de Ciudadanos.
Han estado presentes sindicatos y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra - de
ellos sólo una pequeña asociación no representativa- Forales de
Navarra, policías locales e, incluso, policías portuarios.
Una manifestación que, como otras organizadas por la plataforma
Jusapol, ha contado con un importante componente festivo. Una cabeza
de trailer decorada al más puro estilo estadounidense; pequeños
camiones con pilas de altavoces en los que sonaban, entre consigna y
consigna, grandes éxitos de la historia musical; botes de humo
azules y verdes; además de grandes petardos que han ido dejando un
inconfundible olor a pólvora en las calles.
No ha faltado, al paso de la marcha por la Plaza de la Lealtad, un
emotivo homenaje a los caídos por España. Se ha dejado un ramo de
flores en el monumento a los caídos, se ha guardado un minuto de
silencio, terminando con los acordes de 'La muerte no es el final',
que ha sonado a través de los altavoces traídos por la organización
del acto.
La consigna, más allá de los gritos pidiendo la dimisión de
Marlaska, ha sido clara: las modificaciones legales que se quieren
introducir sin contar con la opinión de los agentes de los cuerpos
policiales convierten a los policías en las auténticas víctimas de
la reforma legal.
Todos coinciden en que algunos de los puntos filtrados van a
entorpecer gravemente el trabajo de los agentes y que la gran
victoriosa va a ser la "inseguridad ciudadana". Se trata de cambios
como el de no penalizar la distribución de imágenes de los agentes
que son grabadas por terceros, el permiso para celebrar
manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o reducir las
multas relacionadas con incidentes violentos en función de los
ingresos del infractor.
También ven un problema la limitación del material antidisturbios
que se puede emplear en caso de algaradas callejeras, el hecho de
que tengan que devolver en menos de dos horas al punto inicial a una
persona llevada a comisaría porque no lleva identificación, además
de la desaparición del principio de veracidad de los agentes en los
atestados que realizan, lo que creen que va a destruir lo poco que
queda del principio de autoridad de los agentes.
El olvidado intento de agresión en pleno Congreso de los Diputados
que precipitó a España a la Guerra Civil
El «violento» episodio protagonizado el 16 marzo de 1936 por un
diputado socialista que exigió al presidente de la Cámara gritar un
«¡Viva la República!» era el reflejo de la creciente tensión en las
últimas semanas de la Segunda República
Israel Viana. Madrid . ABC 28 Noviembre 2021
El esperpento que se vivió este martes en la primera sesión
parlamentaria de la legislatura fue de traca. La presencia de los
cuatro diputados en situación de prisión por su participación en el
procès exaltó ayer los ánimos en el Congreso y desgarró aún más si
cabe los dos bloques sobre los que pendula la política española en
estos momentos. Sin embargo, aunque muchos medios de comunicación
aseguraron ayer que nunca el hemiciclo había servido como marco para
un enfrentamiento entre partidos el día de la constitución de Las
Cortes, se equivocan.
« Esperpento en el Congreso», por Pedro García Cuartango
https://www.abc.es/espana/abci-esperpento-congreso-201905220150_noticia.html
ABC ha buceado en su hemeroteca para encontrar un incidente más
grave y bochornoso aún, si cabe, que el protagonizado por algunos
diputados en esta sesión de apertura, como los presos entrando en el
Parlamento y la reacción del PP, Ciudadanos y Vox.
El encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el
líder de ERC, Oriol Junqueras, emplazándose a «hablar». O los
independentistas desafiando las normas al jurar la constitución «por
la libertad de los presos y exiliados políticos» y «por imperativo
legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre». Y, sobre
todo, los golpes en las meses y en el suelo de los miembros de Vox
cada vez que estos últimos tomaban la palabra.
El incidente en cuestión tuvo lugar el 16 de marzo de 1936 en la
sesión de apertura tras las elecciones generales de febrero. Se
puede decir que, incluso, reflejó como nunca la división en el
Congreso entre republicanos y conservadores y anticipó el golpe de
Estados de Franco, con el consiguiente inicio de la Guerra Civil
cuatro meses después. Y es que fue tal el nivel de bronca aquel día
a causa de un «¡Viva la República!» que algunos parlamentarios se
negaron a pronunciar, que la expulsión del hemiciclo del portavoz
adjunto de ERC, Gabriel Rufián, el pasado noviembre se quedó en
nada. O la crispación que generaron las elecciones de diciembre de
2015 en la que se certificó la quiebra del bipartidismo.
Retrocedamos, pues, en el tiempo. Aquel episodio « de gran
violencia» fue protagonizado por un diputado socialista y el
presidente del Congreso, Ramón de Carranza. Fue tal la tensión que,
cuarenta años después, el conato de pelea que se produjo entre los
diputados aún era recordado en esta redacción por un compañero del
encargado de cubrir aquel percance en el Parlamento: el escritor y
periodista Wenceslao Fernández Flórez.
No era sino un reflejo del incremento de la tensión social que se
había producido en España a lo largo de la Segunda República. La
opinión del Conde de Romanones, recogida por ABC aquel mismo día de
marzo del 36, lo reflejaba así: «En mi larga vida parlamentaria
jamás vi una sesión preparatoria a la que asistiesen más de 300
diputados. ¡Y con qué ímpetu! Estas sesiones siempre fueron de mero
trámite, pero aquí ya no hay nada que hacer. Creo que debe actuarse
con gran prudencia, pues ese será el único modo de que estas Cortes
duren. Si no, pueden morir en cualquier momento de lo que yo llamo
un “incidente imprevisto”».
El famoso político liberal y exministro de Primo de Rivera parecía
anticipar la asonada del 18 de julio. De hecho, varios generales
–incluido Franco– ya habían acordado sublevarse a principios del
años si, como ocurrió, el Frente Popular ganaba las elecciones. Esas
primeras gestiones fracasaron, pero la semilla estaba plantada
cuando se celebró el pleno que nos ocupa. «Mal comienzo tuvo. Poco
después de abierta la sesión, los diputados de la mayoría
frentepopulista entonaron "La Internacional” puestos en pie y con el
puño en alto», contaba el amigo de Fernández Flórez en 1978, según
el relato que le había hecho este.
«La Marsellesa»
El diario oficial del Partido Comunista, «Mundo Obrero», se refirió
a esta interpretación de su himno en el Congreso –fuera del orden
del día y entre insultos al presidente Carranza de filiación
monárquica– como una victoria sin precedentes: «Por primera vez en
la historia del parlamentarismo español ha retumbado, con ecos de
gloriosas llamadas a la lucha, el himno revolucionario del
proletariado universal. El himno oficial del país libre que adorna
la victoria de la gran Unión Soviética. El canto de guerra
antifascista…». Según ABC, sin embargo, muchos fueron los corrillos
que se formaron después en el hemiciclo calificando de «insólito»
que cien diputados se hubieran atrevido a cantar, con el puño en
alto y de pie, un himno que no era el oficial de la República. «A
una personalidad de la Izquierda Republicana le oímos decir después
–podía leerse al día siguiente– que si los diputados socialistas y
comunistas persistían en cantar “La Internacional” cada vez que
ocurriera un incidente en la Cámara, los republicanos contestarían
entonando “La Marsellesa”».
Con motivo de la inauguración de la Cámara tras las elecciones de
febrero, Juan Ignacio Luca de Tena le pidió encarecidamente a
Wenceslao Fernández Flórez que, dada la «solemnidad» del acto,
suavizara por esta vez sus mordaces y humorísticos comentarios.
Llevaba un tiempo retirado de la cabecera y no podía regresar
generando la más mínima polémica en un momento crucial como aquel.
Lo que no se esperaban el director de ABC y su redactor es que la
tensión dentro del Parlamento llegara hasta un punto pocas veces
visto.
Cuando Ramón Carranza anunció que levantaba la sesión y se puso en
pie para marcharse, un diputado socialista le gritó: «Diga usted
viva la República». El presidente del Congreso le respondió en voz
alta: «No me da la gana». En ese momento se formó un tumulto
tremendo y el mismo hombre que había exigido la proclama se lanzó
corriendo para intentar agredir al presidente. Carranza tuvo que ser
protegido por el diputado de la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA), Dimas de Madariaga. El mismo que fue ejecutado en
localidad abulense de Piedralaves poco después, en la zona
republicana, nada más comenzar la guerra. Sin la intervención de
este pacificador desdichado que se interpuso en el camino y frenó al
socialista estaríamos hablando de la primera agresión, entre
diputados, del congreso español en el siglo XX.
El mismo Carranza relataba así lo ocurrido en una carta enviada a
ABC al día siguiente: «Si ese señor se hubiese dirigido a mí
recordándome que la práctica era poner fin a la sesión con un “viva
la República”, le habría respondido que ignoraba la costumbre. Pero
si hubiera sido consciente del ritual, no habría utilizado mi
derecho a presidir la sesión [como diputado de mayor edad]. Y si con
la debida cortesía me hubiese expresado su deseo de que diese el
“viva” que le agradaba, le habría respondido de igual manera que no
lo daría a ese régimen, pero sí un “¡viva España!” que nos uniría a
todos los que estamos en el salón. Así que continué de pie y volví a
repetir: “No doy ese viva porque no quiero”. Y me retiré cuando me
pareció conveniente, después de oír buena parte de aquel himno
internacional que desconocía».
Según relataba también este diario, los pocos diputados monárquicos
que permanecieron en el Congreso tras el incidente, elogiaron el
gesto de Carranza, ya que entendía que «este procedió como
correspondía ante una invitación tan inoportuna si tenemos en cuenta
la filiación política del presidente». Una corriente de opinión a la
que se sumó Romanones: «La petición al almirante Carranza podría
haber sido resuelta si le hubiera preguntado a su interlocutor lo
siguiente: “¿Usted gritaría viva la Monarquía?”. Estoy seguro de que
así la Cámara le habría aplaudido».
Ese mismo día, el Partido Socialista denunció en el Congreso que el
futuro presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, había
sufrido atentado en su domicilio. «Nuestro camarada fue tiroteado y
algunos de los proyectiles entraron en la habitación de este»,
detallaba la nota de prensa. Los enfrentamientos se hicieron cada
vez más habituales en el campo y en las ciudades, lo que tuvo
también su reflejo en las discusiones de las Cortes, centradas en el
orden público, hasta que el 12 de julio la situación se hizo
insostenible. El teniente Castillo era asesinado por grupos armados
de la derecha y, al día siguiente, ocurría lo mismo con José Calvo
Sotelo por parte de varios grupos de izquierda. Solo hubo que
esperar cinco días para que estallara la Guerra Civil.
Terminada la violenta sesión del 16 de marzo de 1936, Fernández
Flórez se dirigía a la redacción de ABC impresionado por lo que
acababa de presenciar, pero sin nada apuntado en su cuaderno ni la
intención de escribir su crónica de ambiente. Al verle, el director
le preguntó por su artículo, dando por hecho que este tendría gran
interés por los rumores que le habían llegado. Sin embargo, el
periodista le dijo:
No hay artículo.
Pero, hombre, Wenceslao, ¿cómo va a salir mañana ABC sin tus
«Acotaciones»?
Allí tiene usted que mandar a un redactor de sucesos, no a mí.
El Rioja embota al nacionalismo vasco
Graciano Palomo. okdiario 28 Noviembre 2021
A Esteban (Aitor) se le ha quedado cara de resaca. La bofetada
mientras se tomaba confiadamente los txiquitos riojanos le ha venido
de la sociedad civil de aquella denominación de origen que,
movilizada ante el desvarío, ha obligado al PSOE y sus cuates a
recular como requeté desarmado.
La intención del voraz, insaciable y cavernario nacionalismo vasco
(también incluyo aquí al independentismo etarra) era arramplar con
una denominación de origen que no les pertenece. Sustituir el todo
por la parte, algo que les resulta muy caro. Pensaban que mientras
un botarate siga repartiendo lo que no es suyo podrían hacer de su
capa vino tinto. Y hete aquí que los riojanos han dicho basta. Es lo
que sucede cuando uno se emborracha de poder.
A los socialistas se les han puesto a temblar las cocotxas cuando
han visto que el pueblo de La Rioja (donde gobiernan con los
neocomunistas) no se iba a parar en los majuelos si perpetraban una
nueva concesión al feudalismo vasco. Ha sido el mayor recule que se
recuerda desde que Sánchez llegó al poder en circunstancias todavía
no bien aclaradas; por cierto, hay que recordarlo siempre, gracias a
los cinco votos del PNV, que tres días antes había jurado a Rajoy
que podían confiar en ellos.
Tras el fiasco del tinto hay que contemplar la cara que le ha
quedado al comisario de Urkullu en Madrid. No ha sido una buena
semana para los hijos de Arana. Ya han comprobado que la voluntad de
Sánchez, jaleado por el indigno Elorza, es sellar a perpetuidad de
poder su pacto con Bildu que también amenaza la hegemonía de los
dirigentes más reaccionarios de Europa.
¡Toma vino, Urkullu! A granel, en fraska o en botella.
Tráfico
El PSOE echa de Navarra a 173 guardias civiles pero mete a 145 a
espaldas de sus socios nacionalistas
Luis Miguel Montero. okdiario 28 Noviembre 2021
El Gobierno de Navarra ha pospuesto la salida precipitada de casi
200 miembros de la Guardia Civil de su Agrupación de Tráfico. El
vicepresidente navarro Javier Remírez anunció hace pocos días que la
transferencia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial
prevista para el 1 de diciembre quedaba aplazada sin fecha por
«cuestiones técnicas». Mientras tanto, otros 145 agentes llegaban a
la Comunidad Foral destinados a labores de seguridad ciudadana
durante los próximos dos años.
Parecía que en 2021 el Gobierno socialista de María Chivite, con el
apoyo de los nacionalistas de Geroa-Bai y de Podemos y los votos
favorables de EH Bildu en su investidura, apretaba para que la
Guardia Civil de Tráfico saliese de Navarra en el menor plazo
posible, a finales de este mismo año. La Junta de Transferencias se
autoimpuso el 1 de diciembre como fecha clave tras alcanzar PSOE y
PNV este acuerdo a finales de 2019. Gracias a este pacto el PNV votó
a favor de Sánchez durante la moción de censura para suceder a
Rajoy.
Pero la realidad es bien distinta. No sólo los 173 agentes de la
Agrupación de Tráfico se quedarán todavía unos meses, por lo menos
el primer semestre de 2022, sino que Navarra ha recibido otros 145
necesarios para reforzar la seguridad de esa comunidad autónoma.
A pesar de todo, la Guardia Civil ha tenido que sufrir el desprecio
del Gobierno foral socialista para mantener contentos a sus socios
nacionalistas e independentistas vascos. El último incidente ha sido
no aceptar a Policía Nacional y Guardia Civil de la sala de
coordinación de emergencias del 112 donde se reciben las llamadas
por accidentes y de socorro en toda la comunidad. Esto significa que
los dos cuerpos dependen de la Policía Foral para su coordinación.
Es decir, la Guardia Civil de Navarra y la Policía Nacional no
pueden acceder en tiempo real a una emergencia por una decisión
política que perjudica a los ciudadanos navarros. Ante este
escándalo operativo, el coronel jefe de la Guardia Civil en la IX
región, José Santiago Martín Gómez propuso la creación de una sala
común sólo de cuerpos policiales para que se atendiese la llamada de
socorro de la manera más rápida posible. Ahora mismo Policía Foral,
Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal tienen sus
propias salas de coordinación y sólo conocen la situación de sus
propios agentes. El 112 sólo contacta con la Policía Foral, que
decide sobre la marcha qué cuerpo se hace cargo de la incidencia,
pero sin saber la ubicación de la patrulla de Guardia Civil o de
Policía Nacional más próxima, puesto que la información de sus GPS
no es compartida.
Los 1.600 agentes de la Benemérita en Navarra también han tenido que
asistir atónitos a las declaraciones del ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, que llegó a afirmar que «ningún guardia
civil va a salir de Navarra», quizás desconociendo la propia
legislación de Interior. En concreto, el artículo 50 del Real
Decreto 470/2019 que aprobaba el Reglamento de provisión de destinos
y que permite a los agentes tener preferencia para elegir destino si
deciden no quedarse en Navarra. Esto sucederá de manera mayoritaria,
como han previsto las asociaciones profesionales de la Guardia
Civil, ya que a los agentes se les permitirá integrarse en otras
unidades de tráfico de la Benemérita en toda España.
Pero los problemas para retrasar la salida de los guardias de
Tráfico son más «terrenales», al parecer el Gobierno navarro ha
encontrado la negativa frontal de sus socios independentistas para
ofrecer la famosa pasarela de la Policía Foral a los agentes de la
Benemérita. La idea era que el guardia civil que desease dejar el
Cuerpo y seguir patrullando las carreteras navarras podía hacerlo si
pasaba a la Policía Foral, pero esto no agradó a los nacionalistas
de Geroa-Bai, y mucho menos, a los socios de EH Bildu, que se han
negado a que esto suceda. El problema es que esta posibilidad es un
derecho recogido por la Ley Foral de Policías de Navarra, una
legislación elaborada por la propia comunidad autónoma.
Otros problemas a los que se enfrentan las 173 familias de guardias
civiles pasan por la elección de colegios para sus hijos, la
rescisión de sus alquileres o la cancelación de las hipotecas que
pagan en Navarra desde hace años, contratar mudanzas, estudiar los
convenios colectivos de la Policía Foral y perder su condición de
militares si decidieran quedarse, algo que no es un tema menor.
La improvisación ya ha sido criticada por asociaciones profesionales
de la Guardia Civil como AUGC y JUCIL. La primera, ha reclamado sin
éxito la condena del Gobierno navarro a la persecución que sufren
sus compañeros en algunas localidades como Alsasua desde 2016 y los
segundos iniciaron una campaña para impedir la cesión de estas
competencias e incluso denunciaron que el 9 de marzo de 2021 varios
agentes fueron destinados a la Agrupación de Tráfico de Navarra,
después de saberse que existe un plan para dejar estas competencias.
Así las cosas, parece que la salida de la Guardia Civil de Navarra
se contempla como algo que ocurrirá, si ocurre, a largo plazo.
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