La Coruña, España

AGLI Recortes de Prensa   Martes 27  Julio  2021

Afirmar que el PP es la derecha, no tiene base racional alguna. El PP ha demostrado que los principios éticos que se suponen a la derecha, por oposición al comunismo y separatismo no los tiene y lo que ha demostrado y demuestra cada día es que tiene que desaparecer. No hay que ir hasta Ceuta, en Galicia tenemos muchos peores.

Fiebre del empleo público en las CCAA: 403.000 puestos desde el último ajuste
Los gobiernos autonómicos acaparan el 82% de todos los empleos creados por las administraciones tras los recortes que provocó la anterior crisis
Juan T. Delgado. Vozpopuli 27 Julio 2021

La oferta de plazas para la Administración Central del Estado que aprobará este martes el Gobierno, pese a marcar un récord, es apenas un guiño en comparación con los cientos de miles de empleos que han creado los Ejecutivos autonómicos desde que dieron por finalizado el último 'tijeretazo'. Las crisis y los ajustes duran poco para el empleo público en las comunidades autónomas: la estadística oficial demuestra que los entes regionales han protagonizado una auténtica 'fiebre empleadora' en los últimos años.

La incorporación de otras 30.000 personas que ratificará hoy el Consejo de Ministros servirá para engordar, un poco más, la plantilla de trabajadores a sueldo del Estado. No obstante, los sindicatos se han apresurado a recordar que la nueva oferta sólo servirá para reponer bajas y afrontar el proceso de envejecimiento.

Los gobiernos autonómicos, por el contrario, llevan casi ocho años ampliando de forma intensa sus plantillas. Según la última Encuesta de Población Activa, el sector público llevó a cabo un ajuste de personal tras la anterior crisis del ladrillo. En el tercer trimestre de 2011, las administraciones alcanzaron un máximo de contratación, con 3,3 millones de personas. La doble recesión obligó a meter la tijera: dos años más tarde, había 397.200 empleados públicos menos (2,90 millones).

Desde entonces, el empleo ha crecido con ímpetu. Al cierre del primer trimestre de este año, se habían recuperado 488.000 puestos de trabajo en las administraciones. Y la mayor parte de las nuevas nóminas corren a cargo de las comunidades autónomas. En concreto, 403.700. O lo que es igual: el 82,7% del total.

El Gobierno lanza una oferta de empleo público
El crecimiento de las plantillas de las CCAA ha sido meteórico. Nada que ver con la evolución que ha experimentado el empleo en las administraciones central o local; y, por supuesto, en el sector privado.

Los datos hablan por sí solos. Según la EPA, las autonomías daban trabajo a 1.851.900 personas en el pico de la anterior crisis. Posteriormente, ejecutaron un recorte de 266.400 puestos, para marcar un punto valle de 1.585.500 contratados a finales de 2013. A partir de ese momento, los Ejecutivos autonómicos abrieron una carrera desatada por la contratación, hasta alcanzar el récord de casi dos millones de empleados vigente en la actualidad.

Por el contrario, la administración central -sin incluir la plantilla de la Seguridad Social- ha recuperado menos de la mitad de los empleos destruidos tras la anterior crisis. La doble recesión acabó con una reducción de 99.700 puestos, de los cuales se han recuperado 44.100.
Empleo público vs privado

El comportamiento es similar, pero mucho más pronunciado aún, en el sector privado. La información del Instituto Nacional de Estadística apunta a un máximo de 17,7 millones de ocupados en el tercer trimestre de 2007. Que se alcanzara ese techo en tal fecha demuestra que las autonomías siguieron contratando a buen ritmo durante la crisis. Las empresas privadas emprendieron -a la fuerza- los recortes antes y de forma mucho más agresiva.

En el primer trimestre de 2014 se habían fulminado 3,7 millones de empleos. Desde entonces, sólo se han recuperado 1,77 millones. Es decir, los empresarios tendrían que crear otros dos millones de puestos para recuperar los niveles previos a la crisis del ladrillo. Una asignatura harto complicada para el sector privado, pero no para el público, que ya lo ha conseguido gracias a las autonomías.

La semilla de la discordia
Fulgencio Coll Bucher. https://rebelionenlagranja.com 27 Julio 2021

La aventura personalista de Pedro Sánchez ha traído una serie de problemas para España aún no bien calibrados, pero no se nos escapa que ponen en peligro al Estado. En una época de cambio mundial profundo, nuestro país lo afronta desde una incompetencia y desprestigio internacional crecientes. Sus vulnerabilidades son aprovechadas de la peor manera por vecinos de “toda la vida”, a la vez que su adanismo político nos conduce al ridículo y al ostracismo.

Desde la moción de censura del 31 de mayo de 2018 por la que se entronizó a Sánchez de Presidente del Gobierno, la España constitucional sufre una crisis sin precedentes. Es posible que una reflexión sobre los principales acontecimientos ayude a valorar el deterioro de las instituciones del Estado.

Tras la moción de censura, el “personaje” acató públicamente el mandato constitucional y prometió cumplirlo y hacerlo cumplir. La primera duda que aparece es que si para conseguir los votos de los independentistas y de Unidas Podemos, tuvo que renunciar a priori a cumplir el requisito de lealtad con la Constitución.

Tras las elecciones generales del 10 noviembre de 2019, Sánchez logra mantener la mayoría que posibilitó la censura, quedando a merced de los independentistas y teniendo que diseñar un remedo de Gobierno en dos partes, una socialista y otra de Unidas Podemos, dejando este de ser un órgano colegiado. Suponer que las consecuencias penales de la sentencia del 15 de octubre de 2019 estuvieron presentes en el acuerdo de investidura con el compromiso del indulto, cae dentro de la lógica más elemental.

La falta de calidad del Gobierno es palmaria, producto de cuotas de partidos y de “género”, cuyo programa nunca se publicó, deja al descubierto a diario la carencia de gobernanza del Estado. La parte de Unidas Podemos dentro de su anarquía estructural, ejerce un chantaje permanente a la otra parte de lo que debería considerarse un Gobierno. La falta de proyecto gubernamental ha sido ocupada por una sólida campaña de desinformación y de mentiras.

La pandemia puso, y sigue poniendo, de manifiesto la inadecuación del Estado de las Autonomías para enfrentar situaciones de emergencia, ya que no está concebido para gestionar una situación de emergencia en todo el territorio nacional y su gestión bordea lo cómico si no estuviese presente una gran tragedia. Tras comprobar su fracaso en la gestión de la pandemia, el Gobierno opta por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, para evitar un claro desgaste político. Además, se busca no alterar la “concordia” con Cataluña y de esta manera se “independiza la gestión” y lo que haga falta, tomando el camino de la traición.

La forma de gobernar es despótica: se equivoca el Constitucional, se indulta por interés partidista, “la concordia”, se desfigura la Historia por ley, “la discordia”, se ponen en práctica acuerdos sobre asuntos importantes, como el “acercamiento” a prisiones cercanas, o en el País Vasco, sin anuncio previo. Si no se renueva el Poder Judicial, se cambia la norma y aquí no pasa nada. Hay que cambiar la Constitución para que se ajuste al deseo del presidente de un gobierno autonómico. El coste económico de asesores, ministerios, viajes frustrados, concesiones económicas a los sediciosos, mala gestión de la pandemia, falta de seguridad jurídica y un largo etc., han llevado la deuda a récords históricos, es decir pobreza y han hipotecado el futuro de generaciones.

En esas circunstancias España se debate entre una artificiosidad de su pasado, la imposición de realidades nacionales fake y los efectos de publicitar cínicas teorías sociales que afectan a la identidad de las personas. Gasta sus energías entre la “concordia”, con gran respeto y comprensión con los separatistas o los que cumplen penas por terrorismo, y la “discordia”, contra el fundamento de la reconciliación nacional base de nuestra Constitución y base de nuestra convivencia.

Pensar en Historia es hacerlo desde la profundidad y amplitud de la experiencia humana para conocer lo que realmente sucedió. La Historia hace que el mundo, o un lugar y un pueblo, sea lo que es, o lo que son. Por el contrario, cambiar la historia para adaptarla a una ideología o a una política revanchista, es simplemente una imposición totalitaria.

Un país que se dedica a estas extravagancias y perversiones huyendo de la realidad, laborando lo inútil y obviando lo necesario, tiene una grave enfermedad y las consecuencias de este aciago gobierno serán trágicas. Cuanto antes se vaya, mejor saldremos de esta pesadilla.

El presidente Sánchez empuja a España hacia un estado totalitario
Miguel Massanet. SX 27 Julio 2021

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”, Albert Camús.

La nueva ley de Seguridad Nacional, con la que se pretende sustituir la del estado de alarma que tantas facilidades ya proporcionó al actual ejecutivo para mangonear la política nacional con la excusa de la pandemia del Covid 19, con el argumento de que hace falta una ley específica, ad hoc, que le facilite aún más al señor presidente del Gobierno el que se pueda saltar los controles previstos para que, sus decisiones, pudieran ser censuradas, revisadas, controladas y, en su caso, rechazadas por los distintos filtros establecidos por nuestra legislación, parece que ya se ha convertido en una amenaza cierta.

Recordemos las numerosas leyes que se nos han colado mediante la utilización, manifiestamente abusiva, del método del decreto-ley para cuestiones o temas que en nada han estado condicionados o justificados por la necesidad de atacar la pandemia o con todos los otros aspectos que pudieran estar relacionados con la misma. Nace, este proyecto de ley, desde el primer momento en el que se nos ha hablado de ella, con todos los condicionamientos favorables a que se la considere como una cacicada de aquellas a las que nos tienen acostumbrados estos señores de las izquierdas.

Si el PSOE ya se levantó furioso en contra de una ley, a la que se calificó de abusiva, en contra de los derechos ciudadanos y con pretensiones intervencionistas y que fue bautizada, por sus detractores, como “ley mordaza”, cuando lo único que se pretendía era evitar el deterioro del orden público, tan seriamente dañado por las actuaciones de los grupos separatistas catalanes y de los sectores comunistas radicales, empeñados en crear una situación de inseguridad ciudadana que les permitiera sacar beneficios políticos; no sabemos lo que hubieran hecho, dicho o las acciones legales que hubieran emprendido si, en lugar de ser ellos quienes presentaran semejante chapuza jurídica, hubieran sido los de VOX o del mismo PP los que hubieran pretendido aprobarla.

Se parte de la premisa de que, el señor Presidente del Gobierno, queda facultado para tomar decisiones en los casos en los que él estime que puedan constituir una situación grave para el país o concurran unas circunstancias excepcionales que, a su criterio, requieran actuaciones rápidas, contundentes e indiscutibles, de modo que quede en sus manos, sin control alguno, el poder hacer, deshacer, intervenir bienes y servicios, movilizar a personas mayores para los trabajos o cometidos que libremente les puedan asignar sin que, aparentemente, existan límites o excusas de las que se puedan valer aquellos ancianos o enfermos que no estén en condiciones de cumplir con el mandato que se les ha asignado.

Toda la ley está llena de lagunas, imprecisiones, vaguedades e inconcreciones respeto a los procedimientos, los plazos, los términos, las circunstancias y los casos determinados que puedan justificar actuaciones tan protegidas constitucionalmente como los derechos a la propiedad, a la libertades individuales y, por encima de todo, el hecho absurdo de que se le atribuyan a una sola persona, el señor Presidente, unas facultades omnímodas para cuando se den unas circunstancias que, en la mayoría de casos, requerirían unos informes previos de aquellas partes que fueran especialmente expertas en el tema, que pudieran evitar que las decisiones del presidente se hicieran sin el debido respeto a los peligros, circunstancias, efectos secundarios y repercusiones económicas, sociales y políticas que, como ya ha sucedido con el Estado de Alarma, una vez tomadas y realizadas pudieran repercutir de forma grave en lo que serían los intereses del pueblo español, de su economía de su proyección en el resto de la comunidad europea.

Independientemente de lo que pudieran opinar, sobre tal intento totalitario, los tribunales de Justicia o el resto de partidos políticos e instituciones públicas con posibilidades de recurrir el proyecto de ley; es evidente que estamos entrando, a pasos agigantados, hacia un control total de los resortes del poder. Como si quienes están promoviendo estos cambios tan bruscos y tan faltos de una reflexión profunda a cerca de sus consecuencias futuras, se estuvieran dando cuenta de que, si no avanzan rápido, si no fuerzan la marcha y toman el poder cuanto antes lo que puede suceder es que, el pueblo, empiece a darse cuenta de que todo aquello que les prometieron, aquellas mejoras que todavía se han cumplido sobre el aumento de nivel vida e igualdad, en las que tanto insistieron los demagogos ni han llegado ni mucho menos existe la posibilidad de que lleguen porque hay cosas que son imposibles si no se basan en proyectos perfectamente valorados y menos cuando quienes gobiernan no están capacitados ni están preparados para la labor que se les ha asignado y, de lo único que son capaces, es de emplear la demagogia para ir alargando los plazos, una martingala que, evidentemente, tiene unos términos o metas más allá de los cuales, aquellos a los que se les engañó, empiezan a pedir responsabilidades y acaban por levantarse en contra de quienes les tomaron el pelo vendiéndoles unas esperanzas que nunca estuvieron en condiciones de darles.

Y una observación más respeto a lo que, de aprobarse la ley de la que nos ocupamos, sería como la confirmación de que la Constitución ha sido puenteada, que los derechos del pueblo español no se han tenido en cuenta y de que, de lo que se trata en realidad, es de poner en marcha un proyecto de las izquierdas consistente en desmantelar toda la democracia, las ventajas que se han conseguido gracias a ella, para dar entrada, con la supresión de la monarquía y la redacción de una nueva Constitución, en la que los socialistas ya vienen adelantando que lo que quieren es impulsar una “cogobernanza federal” que, como se puede entender fácilmente, lo que propone es cambiar la actual Carta Magna para construir otra a gusto de socialistas y comunistas que, a la vez, suponga darles lo que piden a los separatistas vascos, catalanes y los que puedan surgir en el resto de autonomías del Estado español.

Y ante estas perspectivas no tenemos más remedio que preguntarnos lo que piensan al respeto determinadas personas de las que nos resulta extraño que se hayan encerrando en el mutismo cuando lo que se nos viene encima hasta el más tonto del lugar, ya se está dando cuenta.

Empecemos por la persona de SM el Rey. Es evidente que sus facultades están muy limitadas, que sus posibilidades de intervenir son nulas, pero tampoco se puede evitar que, como un español más, pueda emitir un juicio sobre el estado de España. No olvidemos que es el jefe supremo del Ejército español y el defensor e la nación española. Pero, en la casa real hay quien se dice que manda más que el propio soberano. Ya se le advirtió en su tiempo que los matrimonios morganáticos no eran lo más convenientes para una monarquía. Leticia ha intervenido demasiado en la vida del monarca, ha sido la que ha conseguido dividir a la familia real, una parte de la cual ha perdido esta prerrogativa; sus amistades no son precisamente de derechas y parece que tiene algunos resabios del socialismo.

En fin, que parece que Felipe VI empieza a tener cierto parecido en su conducta con la de su bisabuelo, Alfonso XIII, que se fue de España antes de que se supieran los resultados definitivos de las elecciones de abril de 1931. Un error que, posteriormente, los españoles pagaron muy caro.

El señor Casado, sigue más preocupado por el hecho de las perspectivas electorales y de enfrentarse a cara de perro con VOX, que con intentar agrupar fuerzas, denunciar situaciones de hecho que no tienen perdón de Dios, como las que están teniendo lugar en Cataluña donde, cada vez más, la temeridad de los políticos separatistas es mayor, las presiones contra sus dirigentes se hacen más fuertes e intimidatorias, mientras aquellos que debieran haber continuado en la cárcel y no participar en actos políticos han sido indultados y se mueven por los ambientes parlamentarios y reductos independentistas con la misma facilidad y libertad que cualquiera que no hubiese sido condenado por una falta tan grave, contra España y sus ciudadanos.

VOX y su presidente, el señor Abascal, con ser el más vilipendiado, el considerado como de “extrema derecha” y con el que el PP hace ascos cuando se trata de asociarse, parece ser el único que habla con sensatez, que tiene las ideas claras respeto a lo que muchos queremos que sea España y el que sabe, con prístina certeza, el destino al que nos llevan las izquierdas y el sanchismo si no hay quien los detenga.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, y ateniéndonos a uno de los puntos a los que se refiere la nueva Ley o proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, cuando se hace alusión a algo que nos parece increíble y que nos da la verdadera dimensión de cuales son las intenciones totalitarias de estos señores que actualmente ostentan el poder en España. Se trata de que, según dispone esta ley, “los documentos” manejados durante el estado de crisis “quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública”.

Es obvio que el Gobierno, que ha estado chalaneando durante toda la crisis con la compra de mascarillas, las devoluciones y todo el merchandising del que los amiguetes del partido han sacado pingües beneficios y, no es difícil pensar, que alguien del entorno gubernamental, también haya tenido su recompensa. Del Ejército ni hablar, ni se le espera ni se le reconoce a no ser como una ONG más.

Es decir que Vd. al que le podrán embargar, privar temporalmente del uso de sus bienes o incluso exigirle que colabore, y no sabemos si además tendrá que participar económicamente, no tendrá derecho a saber cómo se gasta el dinero de sus impuestos ni sabrá si alguien, con cara dura los utiliza para enriquecerse personalmente. ¡Un prodigio de transparencia de la gestión pública!

Y aquí la frase del día, hoy debida a Cayo Julio César: “Nada es más fácil que censurar a los muertos”

Cuba: el escaqueo inaceptable
Cristina Losada. Libertad Digital 27 Julio 2021

En dos entrevistas, una aquí y otra en Estados Unidos, ha expuesto Pedro Sánchez la posición del Gobierno sobre las protestas populares en Cuba y la represión con la que ha respondido, como de costumbre, la dictadura. En realidad, sobre la represión Sánchez no ha dicho nada. Quizá lo haga cuando ya no quede nadie por detener, nadie por juzgar de forma sumaria y nadie por enviar a prisión. Entonces, tal vez, se pronuncie. Por ahora, lo que tenemos por duplicado es la idea de que son muchos los factores por los que se protesta en Cuba, que es como decir: no vayan a pensar que sólo se protesta porque no hay libertad. Y, como segunda y audaz idea, la de que sería bueno que el Gobierno cubano permitiera las manifestaciones e hiciera reformas.

Hay una tercera idea fuerza: la del "camino" que deben encontrar los cubanos, "sin injerencias", para "poder disfrutar de los derechos y libertades". Los cubanos que quieren tener derechos y libertades se encuentran ahora mismo de camino a la cárcel, como tantas veces, pero el Gobierno de España no ha pedido su puesta en libertad inmediata, seguramente porque sería una injerencia descortés en los asuntos internos de una no democracia. De ahí que España no figure entre la veintena de países que acaban de firmar un comunicado pidiendo su puesta en libertad y proclamando que "la comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que todas las personas merecen". No firma España, porque apoyar a los que piden libertades básicas le parecerá al Gobierno de una audacia tremenda y hacerlo al lado de Estados Unidos, una injerencia espantosa. Ni la admiración por Biden que siente –o sentía– nuestro Gobierno puede más que su deseo de evitarle molestias a la dictadura cubana.

No es España la única ausente de esa declaración, ni la única que practica la no injerencia. Los grandes países de la UE han eludido la iniciativa. La Comisión Europea sólo se ha pronunciado en los más suaves términos sobre las protestas, a través de su alto representante para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En una comisión de la Eurocámara, Borrell tuvo además el detalle de culpar a Donald Trump de la situación que se vive en Cuba. Ya es una constante lo de culpar a cualquiera y a cualquier factor, menos al régimen cubano y a su política. Es probable que nunca como ahora haya tenido la dictadura castrista tantos aliados, entre las democracias europeas, para culpar a los Estados Unidos de las miserables condiciones de vida que sufre la mayoría de la población.

Ayudar desde fuera a que una dictadura deje paso a una democracia no es tarea sencilla. Se puede discutir sobre cómo hay que tratar a las dictaduras, y si la opción de la sanción y la condena es la más útil, cuando esa vía puede aumentar el padecimiento de la población. Pero si hay una opción inaceptable es la de mirar para otro lado cuando se reprimen protestas y avalar la propia propaganda dictatorial. Esa opción inaceptable es la que han elegido ahora una democracia como España y un club de democracias, como la UE, ante la dictadura cubana. Todo bajo el supuesto de que no conviene echar leña al fuego, y que hay que influir mediante la diplomacia. El resultado de la influencia de la UE en el régimen cubano está, dramáticamente, a la vista.

Colau, una calamidad sin límites
Pablo Planas. Libertad Digital 27 Julio 2021

El proceso separatista ha tapado la decadencia de Barcelona, una galopante carrera hacia la irrelevancia no ya en Europa sino en España. A finales del siglo pasado, la capital de Cataluña adoptó ínfulas de co-capital del Reino, pero fue un espejismo derivado del canto de sirena olímpico. Los alcaldes socialistas que siguieron a Maragall vegetaron mecidos en la inercia de los Juegos del 92, que fueron un éxito a pesar de Pujol, sus hijos y algunos de sus amigos, tres de ellos indultados por Sánchez: Rull, Turull y Forn.

Pero la ruina de Barcelona no es obra del separatismo, que rechaza tener un discurso sobre Barcelona porque le parece una especie de Sodoma y Gomorra llena de charnegos. No, la culpa es de un siniestro engendro llamado Observatorio Desc (por derechos económicos, sociales y culturales), donde en un momento infausto coincidieron personajes como Jordi Borja, modelo de comunista millonario y exteniente de alcalde de Maragall por la cuota del PSUC, Jaume Asens, Gerardo Pisarello, Ada Colau o Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont y Sito Miñanco condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y procesado en la actualidad por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

La conjunción de semejantes individuos en el espacio y el tiempo degeneró en la elección de Ada Colau como alcaldesa en 2015, tras cuatro años de mandato del nacionalista Xavier Trias, uno de esos productos genuinos de la enfermiza pero supremacista burguesía catalana, un alcalde que fue el hazmerreír de los okupas, manteros y trileros que llevaron en volandas a Colau hasta el Ayuntamiento a las primeras de cambio, con campañas del tipo "Rodrigo Lanza [el pijoflauta chileno que dejó tetrapléjico a un guardia urbano y mató tiempo después a un hombre por llevar unos tirantes con la bandera de España] es una víctima de la mafia policial de Barcelona".

Tras un paso por el Ayuntamiento cuya sustancia consistió en retirar el busto del Rey del salón de plenos, Pisarello y Asens dieron el salto a la política nacional como escuderos de Pablo Iglesias. Ada, no. Ada y sus amigas más zotes se quedaron en Barcelona para seguir al servicio de sus conciudadanos inaugurando plazas por la República, quitándoles las calles a los héroes del 98 por franquistas (sí, como suena y como hicieron con el almirante Cervera, sustituido en el callejero por Pepe Rubianes), expulsando a empresas como la Nissan y promoviendo el modelo circulatorio de Pekín hasta los ochenta, todos en bicicleta, menos ellas, que disponen de una flota de monovolúmenes con los cristales tintados para preservar su intimidad de celebrities de Barcelona tipo Kardashian.

En los seis años que lleva al frente de la ciudad, Colau ha conseguido convertir Barcelona en un inmenso cagadero de perros, capital mundial de los narcopisos, paraíso de patinetes y bicicletas por las aceras, infierno del coche privado, meca de los carteristas, Las Vegas del botellón, del sexo al aire libre, del turismo de borrachera, de los okupas y del comercio, pero siempre que sea ilegal. Y a mayor abundamiento, ha puesto todo su empeño en romper lo poco que funcionaba bien con disparatadas restricciones al tráfico, una señalización en el pavimento que es una especie de homenaje a la decoración torturadora de las checas de la ciudad, unas terrazas para los bares en las zonas de aparcamiento que da grima verlas y la creación de unas supermanzanas cuya principal virtud es que han arruinado el comercio.

Barcelona huele mal en sentido literal, apesta a deposiciones humanas y cánidas, a orines de gato, a aguas fétidas a punto de desbordar las alcantarillas, a sudor y a falta de ventilación. Y es una ciudad insegura, peligrosa, violenta, en la que se dan palizas de muerte a los incautos que llevan relojes caros con tal de arrebatárselos, una ciudad en la que ya no se ven policías ni en coche ni mucho menos a pie, una urbe fallida, quebrada, fracasada, una catástrofe sin paliativos dirigida por una mujer cuya última ocurrencia es la de dar luz verde a un centro municipal de "nuevas masculinidades" para frenar las agresiones al colectivo LGTBI. Ni siquiera pasa por la cabeza de esa señora que si hubiera más policía, o algo de policía, tales agresiones tal vez no se producirían. En fin, una calamidad sin límites.

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Pedro cumple, los demás gritan
Cayetano González. Libertad Digital 27 Julio 2021

Si con esta oposición y con 120 diputados Sánchez hace lo que le viene en gana con tal de mantenerse en el poder, mejor no pensar lo que haría si tuviera mayoría absoluta.

Durante el patético y ridículo viaje que hizo a Estados Unidos la pasada semana, y en el que no hubo ningún contacto político con la Casa Blanca, el presidente del Gobierno no quiso dejar pasar la oportunidad, durante una entrevista con la agencia Reuters, de soltar una de sus perlas marketinianas –no se sabe si herencia del defenestrado Iván Redondo–, por ver si colaba: "Me defino a mí mismo como un político que cumple. Me gustan los hechos. Me gusta hacer. Y, desafortunadamente, la oposición sólo grita", dijo, y se quedó tan ancho, el actual inquilino de la Moncloa.

Claro, sus interlocutores de Reuters quizás no estaban en condiciones de repreguntar e interesarse por esos cumplimientos de Sánchez. Por ejemplo, cuando dijo antes de las últimas elecciones generales que le quitaría el sueño, al igual que a muchos españoles, un Gobierno en el que estuvieran Pablo Iglesias y Podemos. O su promesa de que nunca pactaría con los herederos políticos de ETA, y ahí están ahora los de Bildu entre sus interlocutores preferentes en el Congreso de los Diputados, o los pactos en Navarra para mantener a la socialista Chivite al frente del Gobierno foral.

En cuanto a una oposición que sólo sabe gritar, es una simpleza tal que no merece mayor comentario. No es precisamente el grito o la estridencia lo que caracteriza la labor del principal grupo de oposición, el PP, y de su líder, Pablo Casado, que suele tener intervenciones parlamentarias sólidas y contundentes, dejando al lado su nefasta intervención contra Vox y Abascal en la moción de censura contra Sánchez.

En cuanto a Vox, al presidente de Gobierno lo que le molesta es que haya un grupo en el Congreso –conviene recordar que es el tercer partido político de España– que no tiene ningún complejo a la hora de denunciar alto y claro todos los atropellos que este Gobierno social-comunista está llevando a cabo, intentando controlar y mediatizar al resto de instituciones del Estado. ¿Que los de Abascal lo hacen a veces con una cierta estridencia? Pues que mire Sánchez en su bancada y se fije especialmente en las cosas que dice, y cómo las dice, esa lumbrera del parlamentarismo español que es Adriana Lastra.

Si con esta oposición y con 120 diputados Sánchez hace lo que le viene en gana con tal de mantenerse en el poder, mejor no pensar lo que haría si tuviera mayoría absoluta. Pero las malas expectativas electorales es precisamente lo que ha puesto nervioso al presidente del Gobierno. Sabe que, aunque quedan más de dos años para las elecciones generales, el desgaste que está sufriendo, fundamentalmente por sus pactos con los independentistas catalanes, con los nacionalistas vascos del PNV y con los herederos políticos de ETA, es enorme.

Sabe también Sánchez que, en lo que se refiere a su socio catalán de referencia, ERC, las cosas no van a ser en el futuro nada fáciles, y que las exigencias de "amnistía y autodeterminación", reiteradas un día sí y otro también por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no van a esfumarse, entre otros motivos porque Puigdemont, desde Waterloo, aprovechará para presionar y desgastar a su principal competidor electoral, que no es otro que el partido de Oriol Junqueras.

Y en cuanto al PNV, que ha permanecido agazapado en los últimos tiempos, atento a cómo se iba decantando el pulso al Estado planteado por los independentistas catalanes, ya ha empezado a enseñar la patita para que Sánchez sepa y sea consciente de que también está ahí y de que sus seis diputados son imprescindibles para el presidente del Gobierno.

Ese es el escenario que Sánchez tiene enfrente, y con el que seguirá cavando poco a poco su propia tumba y la del PSOE, donde no hay nadie con la capacidad y el coraje suficientes para detener una deriva suicida para los socialistas y, sobre todo, para España.

Que las urnas los pongan mirando a La Meca
OKDIARIO 27 Julio 2021

El barullo de partidos de izquierda que gobierna -por decir algo- en Baleares pretende suprimir la enseñanza de la religión católica en los centros públicos. El Parlament balear está tramitando una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos en la que se insta al Gobierno de la nación a romper los acuerdos con la Santa Sede para eliminar la enseñanza de la religión en los colegios públicos y, al mismo tiempo, el Ejecutivo socialcomunista regional pretende impulsar un plan para ofrecer una asignatura de religión musulmana.

El totalitarismo ideológico de esta gente es así: prohibir la religión católica, la que profesa la inmensa mayoría de los españoles, y apostar por la religión musulmana en las aulas públicas, una demostración palmaria del sectarismo de una izquierda que exhibe una aversión patológica a la Iglesia Católica. Entre el Vaticano y La Meca, La Meca. Más allá del sectarismo que destila la iniciativa, el trasfondo de este surrealista plan de exclusión está en la perversión del concepto de pluralismo y de la interpretación torticera que el socialcomunismo hace del artículo 16 de la Constitución, que declara la libertad religiosa e incluye, por razones obvias, un trato especial con la Iglesia católica. La izquierda no sólo pretende silenciar la realidad social e institucional de la Iglesia en España, sino que en su afán por estigmatizarla es capaz de mostrar mayor sensibilidad y cercanía con la religión musulmana, tratando de colocarla -como pretende ahora el Gobierno socialcomunista balear- por encima de la religión católica.

El Govern ya firmó el año pasado un acuerdo con la Comisión Islámica de España en Baleares para impartir la asignatura de religión islámica en al menos 10 centros educativos, aunque la pandemia retrasó el proyecto. Esta gente tiene un sentido de la libertad y de la democracia que es una amenaza para la convivencia. Quiera Dios que las urnas los pongan mirando a La Meca.

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