Asociación G. para la Libertad de Idioma
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de los que hablamos el idioma español.
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Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Los recortes de ayer al final de la página
  
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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Índice General

Recortes de Prensa   17 octubre 2018
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Artículos y Conferencias
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

La "normalización lingüística",
una anormalidad democrática
 

 

AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 17 Octubre 2018

Voraces y mentirosos
OKDIARIO 17 Octubre 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos han presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que son tan voraces como mentirosos. Adheridos de manera demagógica al mantra de que “pagarán los ricos”, socialistas y comunistas bolivarianos tratan de embaucar a los españoles con una realidad que, lejos de existir de un modo idílico, cada vez será peor para la prosperidad de todos nosotros. Lo cierto es que la clase media, los autónomos y los inversores —tres agentes esenciales en el Estado de bienestar y esenciales también en la creación de empleo— harán frente a 3.296 de los 5.678 millones de euros que Sánchez e Iglesias pretenden recaudar vía impuestos. Entre ellos, 14 millones de conductores españoles apoquinarán los 670 millones de euros del impuestazo al diésel.

Dicen desde el Ejecutivo que estas medidas situarán nuestro país en la “vanguardia fiscal”, pero lo único cierto es que la economía comienza a dar señales de preocupante agotamiento. Más allá de las advertencias de desaceleración global que plantean instituciones tan importantes como el FMI o la OCDE y que nos deberían hacer extremar las precauciones, España tiene un escenario interno demasiado incierto a causa de la inestabilidad política —los independentistas apoyarán los Presupuestos a cambio de más prebendas— y de unas Cuentas Públicas que no generan ninguna confianza, ya que dispararán el gasto y harán caso omiso a la contención del déficit que exige Europa. Así, la tan temida prima de riesgo —protagonista casi diaria de la última crisis económica— ha alcanzado esta semana su máximo desde la moción de censura. Algo que debería hacer reflexionar al Ejecutivo.

Otro hecho significativo ha sido la marcha atrás de Cepsa en su anunciada salida a Bolsa debido a la falta de interés de los grandes inversores institucionales en el mercado español. Así las cosas, el beneplácito de la Comisión Europea a los Presupuestos de PSOE y Podemos no es, ni mucho menos, un espaldarazo, sino más bien, ahondar en las dudas que ensombrecen nuestra economía. Con una rebaja sustancial del crecimiento hasta el 2,6% en 2018 y un preocupante 2,3% en 2019 —recordemos que España ha creado empleo en los último tres años creciendo a más del 3%— resulta evidente que si Bruselas apoya las Cuentas Públicas es por respaldo de Alemania. Como cuenta OKDIARIO, Merkel dio el beneplácito a cambio de que España acogiera a los inmigrantes. Mientras tanto, la confianza en nuestro país vuelve a pender el hilo. La incertidumbre, no lo olvidemos, es el peor estado para la economía de cualquier país.

Operación Rojo Blanqueado
Emilio Campmany Libertad Digital 17 Octubre 2018

Si ocupar el poder es el objetivo, y siempre lo es para los socialistas, la única forma de conservarlo a corto plazo y detentarlo a medio es pactar con los marxistas-leninistas, aunque suponga violar la única regla básica que se impuso Felipe González, la de no apoyarse jamás en los comunistas. Los remilgos del sevillano no eran morales, sino pragmáticos. Acordar nada con los bolcheviques ahuyenta al electorado moderado, ese inmenso caladero de votos que es necesario conquistar para ganar las elecciones. Hoy, el problema es que no hay bastantes votantes socialistas para vencer en las urnas. De manera que es imposible gobernar sin contar con aquéllos. En consecuencia, para evitar que los electores de centro se asusten, es necesario conseguir que los estalinistas sean contemplados por el potencial votante socialista como meros rojillos algo ruborizados de más. Ocasión de oro para hacerlo es el acuerdo de los presupuestos, que son presentados como un dechado de sensatez socialdemócrata. En El País, Vidal-Folch habla abiertamente de "El giro de Podemos a la socialdemocracia" y Gil Calvo de "Sensatez", para referirse a la del prudente padre de familia en el que al parecer se ha convertido Pablo Iglesias.

La trastienda ideológica de estos Presupuestos pactados por el Gobierno y Podemos está muy lejos de ser socialdemócrata. Ni siquiera es socialista a secas. La miseria que traerán, si llegan a aprobarse, no será un efecto no deseado, al menos por los comunistas. El objetivo que esconden es la proletarización de la clase media, por emplear terminología marxista. El alegado propósito de conservar el Estado del Bienestar es falso porque, para empezar, lo que pretenden es su ampliación. Y, en sí, éste podría ser un fin encomiable si hubiera recursos con los que hacerlo. Pero la realidad es que no disponemos de ellos. Los ricos que no pagan seguirán sin hacerlo. Los que lo hacen, que son muy pocos, ya pagan mucho y poco más se les puede sacar. Lo que harán, a través de las muchas bombas de relojería que los Presupuestos incluyen, es sangrar a la clase media. Y, en el mejor de los casos, cuando menos, amedrentarán a toda iniciativa privada que no se funde en ayudas y subsidios.

Con ser las consecuencias económicas terribles, no son más que los Presupuestos para que Podemos pueda imponer su programa antidemocrático a una sociedad empobrecida. Porque en eso los comunistas no son mejores que ningún fascista doctrinario. En una genuina democracia, los comunistas nunca han tenido nada que hacer. Para ganar unas elecciones, necesitan una grave crisis económica; y una vez alcanzado el poder, lo ocupan para siempre.

A lo mejor a los columnistas de El País les pone el rollo soviético, pero al menos deberían tener la decencia de admitirlo y no dedicarse, como hacen, a blanquear, socialdemocratizando, lo que es puro comunismo de la peor especie. Que tenga un rostro del siglo XXI no lo hace mejor que el del XX. Al contrario, es más feo que nunca.

La Fiscalía no cede ante los golpistas
Los fiscales encargados del sumario por el asalto al Estado prevén mantener las directrices de las querellas impulsadas por Maza y del auto de procesamiento dictado por Llarena
EDITORIAL ABC 17 Octubre 2018

La Fiscalía del Tribunal Supremo prepara un escrito de acusación que pondrá al separatismo catalán ante las verdaderas dimensiones penales de su golpe contra el orden constitucional. Solo unos necios podían imaginar que les saldrían gratis su ataque a la unidad de España, la desobediencia al Tribunal Constitucional, la malversación del dinero público y la incitación a la violencia en las calles. Según la información a la que ha tenido acceso ABC, los fiscales encargados del sumario por el asalto al Estado prevén mantener las directrices de las querellas impulsadas por el fallecido José Manuel Maza y del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena, y acusarán por rebelión a los dirigentes del proceso separatista que están en prisión provisional. Y lo harán, además, imputando a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Turull, Rull, Forn, Romeva y Bassa el delito de rebelión agravado por malversación, lo que supone penas que superan los 15 años de prisión. El resto de acusados recibirá peticiones de condena por rebelión básica -Carme Forcadell y «los Jordi»-, malversación o desobediencia, según el borrador del escrito que ultima la Fiscalía.

Las togas de estos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se van a manchar con «el polvo del camino», inquietante frase con la que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pretendió que la Fiscalía secundara la negociación política del Gobierno de Zapatero con ETA. Sus acusaciones por rebelión son las que merecen quienes han atentado contra lo más valioso de un Estado de Derecho, que es su integridad territorial y la vigencia de la Constitución. En otros países, este delito se castiga con la cadena perpetua, porque es una traición a la convivencia y una provocación al enfrentamiento civil. Para el Gobierno, la acusación de la Fiscalía sería una mala noticia. El Ejecutivo ha presionado indecentemente, sin éxito, a la Sala Segunda y al Ministerio Fiscal para excarcelar a los dirigentes en prisión provisional como gesto que salve los votos del nacionalismo catalán. No sólo siguen en prisión, sino también acusados por delitos de máxima gravedad.

Los separatistas arreciarán sus descalificaciones contra la Justicia y sus amenazas a Pedro Sánchez, a quien Cataluña vuelve a arrastrarlo a la cruda realidad de su impotencia política y de sus errores de planteamiento. Sin embargo, ni los separatistas ni sus tontos útiles hallarán ninguna conspiración entre poderes del Estado. Los hechos son tan evidentes y los delitos, tan claros, que lo inadmisible sería que no hubiera responsabilidades penales. Al final, la diferencia entre un demócrata y un separatista es que el demócrata respeta la ley y el separatista, no. Lo normal es que sea el separatista quien se siente en el banquillo de los acusados.

Hablemos claro de la política española
Roberto L. Blanco Valdés La voz 17 Octubre 2018

Hacía mucho tiempo que la política española no estaba hundida en un clima tan atroz. Un clima que, para decirlo claro y pronto, es asfixiante. Y un clima que no presagia nada bueno ni para quien está en el Gobierno ni para quienes se le oponen. Únicamente los que viven instalados en el cuanto peor mejor podrían salir al final beneficiados de este galopante deterioro de la convivencia civil que refuerza la peor tendencia que puede producirse en democracia: aquella por virtud de la cual los adversarios van percibiéndose poco a poco entre sí como irreconciliables enemigos. Un horror y una desgracia.

¿De dónde procede ese deterioro de la política que contamina ya a la sociedad? Sin duda, en gran parte, de «la demagogia, la grosería, la falta de respeto a las instituciones, los disparates lógicos, las chorradas infantiles y la quiebra de los valores que protegían el orden social y la cultura cívica» a las que, en este mismo espacio, se refería Xosé Luís Barreiro con toda la razón hace unos días.

Creo, sin embargo, que la gravísima situación en la que hoy nos encontramos es inexplicable sin tener en cuenta, además, un hecho que hay que constatar con toda claridad: la creciente quiebra de la legitimidad del Gobierno de España, derivada de las consecuencias de la censura que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez.

Una censura que -legal, sin duda, por cumplir las exigencias constitucionales previstas para su presentación y votación- no hubiera provocado el gran problema de legitimidad del Gobierno en que hoy estamos si Sánchez hubiera cumplido lo que en su día prometió: la pronta convocatoria de elecciones. Para decirlo sin rodeos: incluso los millones de españoles que no estuvieron de acuerdo con la censura habrían admitido, de mejor o peor gana, la legitimidad de Sánchez para utilizar la censura como una forma de forzar el adelanto electoral.

Ha sido su giro de 180 grados en relación con tal promesa -de las elecciones ya a la voluntad de agotar la legislatura- el que ha colocado a Sánchez en una situación de creciente deslegitimación, al obligarlo a buscar constantemente el apoyo de dos partidos golpistas para mantenerse en el poder. Porque una cosa es que Sánchez tuviese los votos de ERC y el PDECat para echar a Rajoy del Gobierno y otra muy distinta que haya optado por intentar gobernar durante cerca de dos años con el indispensable sostén parlamentario de dos partidos cuyos principales dirigentes están huidos o en prisión provisional por la presunta comisión de gravísimos delitos.

Un presidente puede optar por un trato tan obsceno -inconcebible en cualquier otro partido democrático europeo-, pero ha de saber que el precio que pagará por ello será el de su creciente deslegitimación política. Pues hay cosas que no pueden hacerse en democracia: gobernar un país con quienes quieren destruirlo es sin duda una de ellas.

La izquierda y el fascismo
Fran Carrillo okdiario 17 Octubre 2018

La atracción que siente la izquierda por el fascismo es innegable. Lo nombra como quien nombra a un amor despechado o a ese amigo desleal que un día te traicionó sin dar explicaciones. Es tal el placer que provoca en boca siniestra su sombra, que ya no puede vivir sin él. La izquierda y el fascismo son los eternos amantes que nunca reconocerán el perfecto maridaje que hacen como matrimonio de conveniencia. Una es costilla de la otra, la otra no se entienda sin el origen conceptual de la una. Ya en el pasado mostraron recíprocamente su amor. Era agosto de 1939 cuando Alemania y la Unión Soviética, los dos estados totalitarios del momento, sellaron un pacto que iba más allá de un acuerdo de no agresión bélica. El Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en Moscú, confirmaba la simpatía mutua que nazismo y comunismo se despertaban, en ese Jano dictatorial de la barbarie en el que convirtieron Europa durante décadas.

Tras la hecatombe mundial, con los ojos justicieros de Nuremberg consumados, el aparato de propaganda soviética tomó los mandos para adoctrinar a Occidente, durante décadas, configurando una historia adulterada sobre su funcionamiento, origen y esencia, para la cual se sirvieron de los mismos intelectuales que hoy siguen pontificando en su relativismo moral y superioridad conceptual nunca demostrada. Parecía que en 1989 se acababa con una era de obligación debida a Leviatán para abrazar una nueva época, que garantizaría el periodo de mayor prosperidad de toda la historia de la humanidad. Nunca antes como en estos 30 años se habían reducido las desigualdades, provocando que millones de personas en todo el mundo salgan de la pobreza. Ahora que las democracias liberales necesitan ejercitar la reflexión para reinventar la fórmula que tanto bienestar ha traído, la izquierda emerge de nuevo como dique de contención hacia el progreso.

Las democracias, a lo largo del tiempo, mueren por una errónea aplicación del tratamiento curativo. Al virus del populismo se le está tratando hoy con la receta de la demagogia, encabezada por la ideología que más ha invertido en propaganda para esconder su escaso apego a la libertad. No extraña que, en los nuevos hiperliderazgos de izquierdas y en esa asunción de competencias sobre su responsabilidad ante el mundo, el ego haya sustituido al demos. Ya no hay discusiones éticas sobre temas determinantes en la conformación de las sociedades modernas: se habla desde el grito y se propone tras la cortina del rechazo. El personalismo de la izquierda conjuga con el de los populismos de derechas y nos venden nueva mercancía ideológica como mantras de consumo irrefutable. El SMI impuesto ahora por ese matrimonio histórico de conveniencia y convivencia llamado socialismo y comunismo destroza cualquier esperanza de construir una España solidaria y de progreso.

De sentido común para cualquier estudiante de economía de primero de carrera, el social-comunismo que invade la Europa post Lehman Brothers aún no entiende que el Estado no crea el empleo, sino que lo incentiva o facilita. Que atacar a las pymes y autónomos supone cargarte al 90% de aquellos que generan empleo en un país. Que a menos que se acepten euros del Monopoly, la máquina de fabricar billetes no es competencia estatal. Para los adalides del pensamiento liberticida, el bienestar reside en igualar la miseria, no en que los individuos decidan, desde su independencia económica, lo que más les conviene. Hacen del Estado una trituradora de conciencias y oportunidades. Y siguen sin preguntarse por qué ningún país del mundo donde se aplican políticas social-comunistas tiene unos índices de riqueza suficientes para considerarse desarrollado. Porque en esos países, sólo prosperan las élites políticas y empresariales del Estado. Así que, no se dejen engañar. El social comunismo de siempre es, de nuevo, el problema del ahora. Aunque los medios avisten el fascismo, y la izquierda, como enamorada despechada, reniegue del niño desmadrado que un agosto del 39 le dejó en mal lugar.

El lamento del cobarde
Álvaro Martínez ABC 17 Octubre 2018

«Si aún le queda algo de dignidad debería volver a Cataluña y encerrarse en la cárcel». Acostumbrado a esas entrevistas de alfombra que frecuentemente le hace TV3 (la tele del régimen) y a que le toquen las palmas los flamencos belgas, Puigdemont se quedó estupefacto cuando hace unos días un periodista de allí le puso ante el espejo en el que se suelen mirar los cobardes. Se cumple estos días un año del comienzo del encarcelamiento de la banda del lazo, que seguramente sigue en prisión preventiva por su evidente riesgo de fuga si tenemos en cuenta que cinco integrantes del grupo criminal salieron corriendo y se pusieron fuera de la ley al grito de «tonto el último». No es el magistrado Pablo Llarena quien se emperra en que sigan en la cárcel a la espera de juicio, son el propio Puigdemont y el resto de los forajidos los que con su infame huida impiden a cualquier mente sensata plantearse tan siquiera la libertad provisional de Junqueras, los Jordis y los otros procesados por rebelarse contra el Estado, un delito de extrema gravedad, que no les persigue la justicia por, ya que hablamos de cobardes, robar tres gallinas.

Pero a Puigdemont la dignidad le importa tan poco como que el resto de los protagonistas del golpe lleven un año privados de la libertad que él goza en Bélgica, que no se pierde un partido del Gerona Fútbol Club en la peña «Aquí un valiente» que ha montado en Bruselas con el empresario Matamala. Cómo disfrutan los dos con los goles de Stuani, pichichi de la Liga... Su cobardía, no obstante, comenzó mucho antes de aquel 30 de octubre, empezó al no informar a sus consejeros («El lunes, todos a trabajar», les había dicho el viernes anterior) de su plan de fuga, planeado meses antes y que incluyó episodios tan vergonzosos como meterse en el maletero del coche. Porque un cobarde no se improvisa, un cobarde nace.

El huido conmemoraba ayer el encarcelamiento de los Jordis con otro impresentable mensaje en las redes sociales, lleno de esa palabrería enfática que es alpiste de fanáticos, paparruchas muy parecidas a las que emitió en marzo cuando cumplieron cien días en la cárcel. Ni entonces les dijo la verdad a los suyos pues concluyó aquel aliento con un «nos veremos pronto en casa». Ayer ya no se molestó ni en mentirles y quizá al terminar el tuit de rigor sobre la «imparable represión» y el resto de las pamplinas preguntó al servicio, allí en Waterloo, «¿con quién jugamos esta jornada, con la Real Sociedad?». Sabido es que no hay nada más efímero que el lamento de un cobarde.

La corrupción cerca a Susana Díaz
 larazon  17 Octubre 2018

La inhabitual recusación de una juez, María Núñez Bolaños, que investigaba una de las piezas de la macrocausa de los ERE, ha dado un giro espectacular a uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente. En efecto, su sustituta, Pilar Ordóñez Martínez, ha hallado indicios de que no fue sólo la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la que desviaba fondos públicos a través de la agencia IDEA, sino que se trataba de una práctica extendida a todos los departamentos del Gobierno autónomo andaluz.

Las primeras averiguaciones permiten calcular el desfalco en unos 4.300 millones de euros, mediante transferencias irregulares llevadas a cabo entre los años 2000 y 2011, lo que, de probarse, supondría la existencia de un «fondo de reptiles» descomunal, utilizado por el PSOE de Andalucía, –como en el caso de los ERE y de los fondos europeos de empleo– para engrasar su acendrada política clientelar.

El escándalo presenta, además, un doble reproche, puesto que, por una parte, hablamos de desvío de fondos y, por otra, de una política perversa que incentivaba con dinero público la destrucción del tejido productivo en la comunidad andaluza, no sobrada, precisamente, de puestos de trabajo. No es, por lo tanto, sólo una caso más de corrupción de los que afectan a la Junta de Andalucía –algunos tan pintorescos como el de los prostíbulos–, sino el paradigma de una forma patrimonial de entender la administración pública que explica, sin duda, por qué los socialistas han mantenido el poder en la región durante 36 años, pero, también, por qué Andalucía presenta los peores indicadores económicos y sociales de España.

Que, ayer, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya metida de lleno en la campaña electoral, prometiera, textualmente, «la agilización de los trámites administrativos y la reducción de las trabas burocráticas para el sector agroalimentario andaluz», cuando han sido los gobiernos socialistas, incluido, por supuesto, el suyo, quienes han creado a lo largo de cuatro décadas de poder una de las marañas burocráticas más inextricables de España, demuestra hasta qué punto el discurso político está fuera de la realidad.

Por supuesto, el panorama judicial, con la vista oral por los ERE entrando en su fase final con las periciales, explica, al menos tácticamente, el adelanto de las elecciones autonómicas decidido por la presidenta de la Junta, aunque existan otras razones de carácter político, incluso internas, que justifiquen la decisión. Sin embargo, se trata de una pobre respuesta ética ante unas situaciones que, cuando menos, exigirían la asunción plena de responsabilidades y la dimisión de quienes han desempeñado altos cargos en el PSOE andaluz durante las últimas décadas y no están, por las razones que sean, sentados en el banquillo de los acusados.

Pero la exigencia ética no parece ser la misma cuando la reclaman los socialistas a sus adversarios políticos de la derecha popular que cuando la corrupción rezuma entre sus filas. Es una doble vara de medir que afecta a toda la izquierda española y que hace decir a una candidata a la Junta de Podemos, como Teresa Rodríguez, que prefiere un PSOE debilitado, al que arrancar concesiones presupuestarias con el mismo aroma clientelar, antes que abordar el feo fondo del asunto. Cabe esperar una reacción de la ciudadanía el próximo 2 de diciembre, cuando está convocada a las urnas, y cabría, aunque es más dudoso, que Ciudadanos y Podemos aplicaran el mismo rasero a todos los casos de corrupción. Forzosamente, las elecciones en Andalucía se verán salpicadas por las distintas actuaciones de los jueces, aunque el calendario judicial, especialmente en lo que se refiere al proceso de los ERE, favorezca a la candidata socialista. Pero es de esperar que los electores lo tengan en cuenta.

Susana Díaz es responsable por acción u omisión del escándalo de la Faffe
EDITORIAL esdiario 17 Octubre 2018

El escándalo de la Faffe, la fundación pública creada para gestionar un fondo para la formación y empleo de Andalucía, que en realidad se desvió para enchufar a personal afín al PSOE y, lo más bochornoso, para pagar fiestas en prostíbulos; exige una respuesta de la presidenta andaluza Susana Díaz. Y no por la simple decencia que se le exige al máximo responsable político en una región azotada por la corrupción como ninguna en España y como pocas en Europa. También le toca una responsabilidad administrativa clara, por acción u omisión, en este formidable bochorno.

Como revela ESdiario, un informe de la Guardia Civil de cerca de medio centenar de páginas prueba que la Junta de Andalucía conocía perfectamente las investigaciones en torno a esta fundación opaca. Y sin embargo, no hizo nada hasta que hace unos días su rival y presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, denunció este escándalo en una comparecencia ante los medios de comunicación prensa celebrada frente a uno de los puticlubes donde altos cargos de Faffe derrocharon miles de euros de dinero público.

Hasta dos requerimientos de información por parte de la Benemérita, relativos a los movimientos de dinero de la Faffe, obtuvieron la callada por respuesta de parte del Gobierno de Díaz. El primero de ellos está fechado en el mes de mayo de 2016, lo que da idea del tiempo que el Ejecutivo andaluz ha estado tapando este escándalo.

Pero además el demoledor atestado también echa abajo el desmarque la estrategia huidiza de la presidenta andaluza con respecto a la actividad de la Faffe. Según ha afirmado ella misma, este organismo instrumental de la Junta se creó cuando estudiaba COU; y lo cierto es que, en el apogeo de algunos de los excesos, en el año 2009, ya ejercía de secretaria de Organización del todopoderoso PSOE andaluz de Chaves y Griñán.

Ristra de problemas judiciales
Lo más penoso es que este escándalo no es más que el último eslabón de una cadena de problemas judiciales del PSOE en Andalucía, a pocas semanas de las elecciones, condensados en unas cifras devastadoras: más de 30 causas abiertas, 600 imputados y dudas sobre al menos 3.000 millones de euros.

No existe ningún otro caso de corrupción en toda España. Y por mucho que trate de esquivarla, Susana Díaz ha de cargar con esa herencia. Le pertenece, porque es la excrecencia de un sistema pervertido en el que ha crecido como política y como gestora y que ha hecho posible el sostenimiento del socialismo en el poder de la región durante más de 35 años.

Este nuevo caciquismo se ha basado en una red clientelar potentísima y un código de conducta fundamentado en el nepotismo más descarado, extendido en una densa maraña que conecta organismos públicos, diputaciones y ayuntamientos y una legión de comisarios políticos y conseguidores. Y solo al PSOE ha sacado una ganancia mensurable de ello todo este tiempo, porque Andalucía no ha sido capaz de salir del fango que la condena a ser uno de los territorios europeos con más paro, con rentas más bajas o con mayor fracaso escolar.

Las soflamas de Díaz
Que Susana Díaz hable de regeneración con semejante panorama, de la que ella ha sido parte activa, resulta sonrojante. El mismo adelanto electoral, justificado por el interés en anticiparse a la sentencia de los ERES y en evitar una coincidencia perjudicial con unas Generales, es la mejor prueba del uso absolutamente sectario que hace Díaz del poder público en Andalucía.

O empieza a asumir sus responsabilidades en este desastre, empezando por la vergüenza de la Faffe; o mejor que guarde silencio. Escuchar sus soflamas, y las de su gente, sobre ética y limpieza, es un insulto a los andaluces y al común de los ciudadanos.

«Cuñadismo» en el cortijo andaluz

ABC 17 Octubre 2018

LA información que hoy revela ABC, basada en informes de la Guardia Civil, sobre la red de enchufismo en la Junta de Andalucía resulta mucho más que escandalosa. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) no solo sirvió para «financiar» las fiestas de antiguos altos cargos en prostíbulos. También repartía tarjetas de crédito opacas a diestro y siniestro, adjudicó hasta 8.844 contratos irregulares a familiares y simpatizantes socialistas, y empiezan a emerger adjudicaciones irregulares por un total de cincuenta millones de euros. Sirvan dos ejemplos vergonzantes de para qué servía la Faffe realmente: un exalcalde enchufado se pasaba el día durmiendo y leyendo el periódico en el trabajo, y otro antiguo edil del mismo partido llegó a cobrar más de medio millón como «director de Asuntos Exteriores» de la Faffe, que era un organismo inexistente. El fraude masivo de los falsos ERE ha sido el escándalo de corrupción institucional más grave de la democracia, calculado por jueces y fiscales en más de ochocientos millones de euros. Pues bien, el de la Faffe es la continuación de un escándalo igual de abusivo, con un añadido: el de la inmoralidad que supone gastarse el dinero ajeno en prostitución.

El sistema implantado en la financiación y gestión de la Faffe reincide en un modelo definido desde hace décadas por el clientelismo y la distorsión de los genuinos intereses de los andaluces. No en vano, Andalucía es la única autonomía en democracia gobernada ya durante 37 años por un solo partido, el PSOE, y su red de clientelismo sigue funcionando a la perfección. Políticamente, Andalucía sigue siendo un inmenso cortijo del PSOE en el que la utilización de dinero público, contablemente maquillado como coartada para la ejecución de acciones sociales bienintencionadas, siempre fue, y sigue siéndolo con Susana Díaz, una práctica discrecional basada en el favoritismo y el nepotismo más burdos. La palabra «regeneración» en boca de Susana Díaz, y también de su hasta ahora socio de legislatura, Juan Marín, de Ciudadanos, suena a sarcasmo.

Los sondeos previos a las elecciones autonómicas que acaba de convocar Díaz vuelven a premiar al PSOE, sin poner en duda su triunfo en las urnas. La única alternativa posible a casi cuarenta años de abusos socialistas en la Junta sería una suma de escaños de PP y Ciudadanos, pero es complicado que las cuentas puedan cuadrar. Ciudadanos se ha sentido muy cómodo como subalterno de Díaz y todo apunta a que nada cambiará en este paraíso de la corrupción. Conviene preguntarse una vez más por el trabajo de la Intervención General del Estado en Andalucía. La supervisión y el sometimiento a la legalidad son criterios previos a cualquier enjuague, salvo en Andalucía, donde ya nada parece resultar escandaloso.

Ejes principales del caso de las transferencias de financiación en Andalucía
Pedro de Tena (Sevilla) Libertad Digital 17 Octubre 2018

Es uno de los muchos casos empantanados en la justicia andaluza como por ejemplo los casos Jeremie, UGT, FAFFE, el caso ERE y sus más de 200 piezas separadas, el caso Avales I y II y otros importantes, además de otros menores.

Como el caso de los Avales, igualmente vinculado a la Agencia IDEA, este caso de las transferencias de financiación había caído en el pantano judicial y sus lentitudes exasperantes. Fue el juez Álvaro Martín, juez de refuerzo en el juzgado de la juez Alaya, que investigó las seis primeras piezas en que se destripó el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, el que abrió esta nueva macrocausa.

Se trataba de investigar las transferencias de financiación de la Junta a favor de IFA/IDEA pero procedentes de otros programas distintos al 31L y de éste mismo, por el que se concedieron las ayudas de los ERE. Esto es, se investigaba si en realidad se había configurado un gigantesco fondo de reptiles para huir del Derecho Administrativo y la legalidad.

En mayo de 2016, atendía lo que era una petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó la deducción de testimonio respecto de las transferencias de financiación que "haya podido recibir" IFA/IDEA. Así, el juez Álvaro Martín hizo referencia a las transferencias de financiación "que haya podido recibir" IFA/IDEA por parte de la Consejería de Empleo o de Innovación "procedente de programa distinto al 31L" y "con destino distinto al legalmente previsto" en la convicción de que usarlas era un procedimiento manifiestamente irregular, como en el caso de los ERE.

Esta pieza fue separada de la relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en los ERE y que se juzgan ahora en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía, en este marco, solicitó al magistrado que practicara diligencias previas "para la averiguación de otros posibles ilícitos penales derivados del uso de las transferencias de financiación, considerado inadecuado por los peritos judiciales de la Intervención General del Estado.

Ya entonces, según la Fiscalía Anticorrupción, de los informes de estos peritos se desprendía que la agencia IDEA había recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L mediante el mecanismo de las transferencias de financiación tanto de la Consejería de Innovación como de otras.

Tras la marcha del juez Martín, el caso pasó a la juez titular, María Núñez Bolaños y comenzó el empantanamiento, a pesar de las protestas de la Fiscalía y la acusación particular del PP. Pero la juez fue apartada del caso por el incidente de recusación presentado por el PP y, en junio de este año, fue sustituida en el caso por la juez Pilar Ordóñez que, siete días después de asumirlo, ya había agilizado las diligencias pedidas por la Fiscalía.

La novedad de ayer es su petición de que las transferencias de financiación utilizadas como método de pago por la agencia IDEA, antes IFA, derivado de las ayudas públicas de todas las consejerías del Gobierno andaluz al ente público IFA (hoy IDEA), sean investigadas, por lo que ha pedido datos de todos los fondos enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011.

El caso es realmente espectacular puesto que en el caso ERE sólo se investigaban los pagos por ayudas sociolaborales procedentes en su mayoría de la consejería de Empleo, pero ahora se investigarán todos los pagos de la Agencia Idea en todas las Consejeríasde la Junta. Y esto, como es sabido, ocurre en plena precampaña electoral. Cinco veces los ere, 4.300.

Pero todo dependerá de lo que decida el tribunal que juzga el caso ERE, porque el meollo del asunto es si las transferencias de financiación han sido utilizadas fraudulentamente o no.

La recusación de Bolaños impulsó la instrucción
El PP fue forzado a pagar una fianza de 30.000 euros por la juez Núñez Bolaños en otro caso, el caso Avales. Recurrió y la Audiencia redujo considerablemente la fianza hasta unos límites normales. Ya entonces el PP comenzó a deslizar sospechas sobre la juez Bolaños y su imparcialidad. La Fiscalía y la misma Audiencia comprobaban su falta de diligencia en dos casos, el de los avales de la agencia IDEA y en el de las transferencias de financiación, además de otros.

EL PP descubrió dos cosas: una, que su cuñada María Guija trabajaba en el departamento de control de pagos de la agencia IDEA, investigada por la juez, y dos, que el que colocó a su cuñada en la agencia, Francisco Oyonarte, entonces secretario general, se había visto libre de todas las imputaciones en la instrucción de la juez Bolaños.

Entonces la recusó. En junio, fue apartada del caso de las transferencias y sustituida por Pilar Ordóñez, del juzgado de instrucción número 10 que ha dado alas a una instrucción que no quería realizar la juez Bolaños porque decía temer que se convirtiese en un supercaso que afectara precisamente a los políticos socialistas, y lo escribió casi textualmente así.

Qué son las transferencias de financiación
Son un instrumento de ajuste de las cuentas de los entes públicos, pero no pueden sustituir los pagos de la subvenciones y ayudas, como ocurrió en el caso ERE y en todos los demás que ahora parece que van a investigarse.

Todos los interventores de la Junta han reconocido que la fórmula usada para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas entre 2001 y 2010 "dejó fuera de control" casi 800 millones de euros en el caso ERE y la consejería de Empleo. Cosa que "se manifestó" de manera "clara y palmaria a partir de 2005", cuando se elaboró el llamado informe adicional que hablaba del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las subvenciones investigadas.

Según la Fiscalía y los peritos judiciales, eso es así, pero según las defensas no lo es. El País ha aceptado la tesis de las defensas y dice que se usan en todos los departamentos de todo el Estado sin limitaciones.

La misma Junta admite oficialmente que estas transferencias destinadas a la agencia IDEA tenían que tener como fin la financiación regular de la actividad de la propia agencia, pero no el pago derivado de las ayudas concedidas por otras Consejerías.

La campaña electoral de las elecciones
El caso de las transferencias de financiación puede influir de manera importante en las elecciones andaluzas de diciembre de este año. Además de que sigue el caso ERE en el juicio contra los ex altos cargos, ahora, las fechas impuestas por la juez para remisión de documentos, entre 30 y 45 días, coinciden casi exactamente con la campaña electoral y las elecciones.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía apenas colaboraba con la Justicia y tardaba años en mandar, si es que lo hacía, la documentación que se le requería desde los Juzgados, Por ejemplo, aún se está esperando la información sobre las 13 cajas fuertes de la Fundación Faffe. El caso ERE está lleno de obstáculos protagonizados por la Junta. Y así sucesivamente. Pero ahora, la nueva juez ha fijado unas fechas para entrega de la documentación que caen dentro de la campaña electoral. Su incumplimiento será un arma electoral segura.

Además, hay otras ramificaciones. El PSOE ve abierto un nuevo y proceloso flanco que desgasta a una deteriorada Susana Díaz. Podemos tendrá que distanciarse del PSOE a marchas forzadas tras haberse ofrecido ayer mismo a investir a Susana Díaz. Ciudadanos se verá obligado a explicar cómo el empantanamiento de los casos por la desidia de la Junta a la hora de entregar documentación nunca fue criticado por Juan Marín cuando apoyaba el gobierno de Susana Diaz. El PP es el único que se beneficia electoralmente de esta última hora judicial.

ERElucía
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS Libertad Digital 17 Octubre 2018

La juez Pilar Ordóñez, que sustituye temporalmente a la recusada por el PP Núñez Bolaños, ordenó ayer la apertura de una causa sobre lo que denominó "un fondo de reptiles descomunal" en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. La feroz campaña contra la juez Alaya -que nunca tuvo el apoyo del femirrojismo de guardia, pese a ser personalmente insultada por Alfonso Guerra y otros machotes sociatas, o precisamente por eso- se vino, pues, abajo de forma estrepitosa. Bastó que una juez dispuesta a mirar y no apartar la vista se asomara a lo tapado para destaparlo. Y lo destapado son estratos mineralizados de arbitrariedad en el manejo del dinero público. De una magnitud sólo igualada por la banda de Jordi Pujol, patriota catalán.

En 2008, Francisco Rosell publicó Treinta años de nada. Anatomía del régimen andaluz, a la que añadió el año siguiente, como estrambote, El bueno de Manolo, biografía no autorizada de Manuel Chaves, último y más lerdo pero no menos aprovechado miembro del Clan de la Tortilla, que, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, hizo de España desde 1982 un latifundio político particular y de Andalucía su cortijo electoral. Diez años después, o sea, cuarenta, a aquella anatomía alguien con pleno derecho a hacerlo se acerca para hacerle la autopsia. Si a los dos libros de Rosell se añade La tela de araña andaluza. Hilos de un régimen (2011) de Pedro de Tena, ya tiene la juez guion para no perderse en el infinito vientre de San Telmo y pagadurías reptilianas adjuntas.

Son cuarenta años, insisto, de régimen socialista, no de victorias electorales. Más de lo que duró la dictadura de Franco, pero a Andalucía le ha ido bastante peor con el PSOE. En una época de grandes oportunidades, véase Madrid, Andalucía sigue a la cola del desarrollo español, pese a su gran potencial. Siempre se menosprecia la capacidad de las instituciones para enriquecer o arruinar un país, pero hay tres pruebas inapelables: Argentina, Venezuela y la que aquí he llamado Andaluzuela y desde hoy, y siempre que a la juez Ordóñez no la alayizen a palos, bien podríamos rebautizar ERElucía.

Por cierto, a Paulita Chaves, la hija del "bueno de Manolo", la han condenado a devolver los diez millones de euros con que su padre regó a la empresa que la contrató de asesora. Begoña Gómez no ha inventado nada.

Casado, no te rajes
Pablo Molina Libertad Digital 17 Octubre 2018

Pablo Casado representa la esperanza de que el Partido Popular vuelva a la senda racional que Rajoy abandonó formalmente en aquel mitin celebrado en Elche en 2008, cuando señaló la puerta a los liberales y otras gentes de buen vivir. Rajoy se convirtió en presidente del PP con esa premisa tan descriptiva; una década después, Casado le ha sucedido defendiendo todo lo contrario. No debería rectificar.

Pero eso es lo que parece que va a hacer, pues ha empezado a justificar futuras subidas de impuestos como consecuencia de la desastrosa política económica de Iglesias, que es quien maneja el cotarro en España. Casado advierte de que si los Presupuestos de Iglesias salen adelante le será muy difícil poner en marcha su anunciado plan de reformas, basadas fundamentalmente en la reducción del gasto público y de la presión fiscal.

Casado incluso ha puesto como ejemplo a Rajoy, que en 2011 machacó a impuestos a todos los españoles para tratar de evitar la quiebra gestada por Zapatero porque, siguiendo los planes de Montoro, prefirió destruir a la clase media antes que plantear un ambicioso plan de recortes del gasto político, especialmente del autonómico. Pues bien, Casado, que con la elección para puestos clave de su equipo ha sucumbido voluntariamente al influjo montoril, parece dispuesto a hacer lo mismo si llega al poder tras las próximas elecciones generales (en caso de que el doctor las convoque alguna vez).

Hombre, Pablo, para hacer lo mismo que Rajoy ya teníamos a Soraya, que además se conoce el funcionamiento de la Administración mucho mejor que tú. No es momento de dar pasos atrás y descafeinar un programa de Gobierno sólido y regenerador como el que nos has anunciado. Al contrario, la constatación de que la izquierda es ruinosa y su política, suicida debería ser un acicate para insistir aún más en las virtudes de las recetas liberal-conservadoras, basadas fundamentalmente en el respeto a la propiedad privada, un Estado austero, seguridad jurídica y libertad económica.

Si la revolución liberal que llevas anunciando desde el verano va a quedar para mejor ocasión simplemente porque los socialistas son una catástrofe con coleta, mejor no te presentes a las elecciones y que siga el doctor Sánchez cuatro años más, que a su churri le hace mucha ilusión.

Mal, Borrell, muy mal
Una vez más, asistimos a la insoportable doble moral ideológica
Luis Ventoso ABC 17 Octubre 2018

En un país de Hispanoamérica, los servicios de seguridad de un dictador fascista detienen a un concejal opositor. No hay abogado para el preso, ni explicación alguna para su familia. El régimen lo encierra en la cheka más conocida del país. Allí lo interrogan, lo torturan y finalmente lo arrojan al vacío por una ventana. El régimen alega que fue un suicido. Pero la versión oficial es ridícula, toda vez que la víctima estaba enclaustrada a cal y canto en una zona sin ventanas.

El dictador fascista hispanoamericano no solo tira a los opositores por las ventanas. También los asesina en las calles: centenares de muertos y desaparecidos cada año, sobre los que la prensa internacional pasa de puntillas, o los ignora por completo. El dictador fascista hispanoamericano ha conseguido erradicar la democracia en su país, acogotando al Parlamento y suplantándolo por una pantomima bufa, diseñada a su medida y consagrada al culto al líder. La disidencia se paga con la cárcel o el cementerio. Además el dictador ultra ha resultado una peste para la economía. Con su torpeza tosca, grotesca, ha logrado el hito de una inflación de diez millones por ciento. Con sus recetas rancias ha conseguido un imposible: desabastecimiento, cortes de luz y miseria galopante en uno de los países con más reservas de petróleo del mundo. Ha destrozado a su nación por completo y cuatro millones de sus compatriotas han huido al exilio, escapando de la violencia y la falta de recursos.

Pues bien, con todo el terrible historial que pesa sobre el dictador fascista, y solo unos días después de que haya arrojado a un opositor por la ventana sin inmutarse, el ministro de Exteriores de España, el muy docto Josep Borrell, se presenta en Bruselas y pide a sus socios de la UE que abran «una facilitación del diálogo» con la bestia parda ultra que está masacrando a su pueblo. ¿Sería esto posible? Por supuesto que no. Como es lógico, al Gobierno de Sánchez jamás se le pasaría por la cabeza cometer la abominación de pedir «diálogo» con Pinochet, o con Jorge Videla, o con Alfredo Stroessner. ¿Por qué? Pues porque eran dictadores de derechas, que por lo tanto sí deben responder por sus crímenes. Por el contrario, Nicolás Maduro es un dictador de izquierdas, comunista, para más señas. Así que nuestro Gobierno súper progresista, aplicando su habitual doble moral, demanda diálogo ante unas salvajadas que lo habrían horripilado –con toda la razón– si fuesen cometidas por un dictador de ultraderecha.

Lastimoso Borrell, abogando por tender puentes de diálogo con un sátrapa que machaca a diario los derechos humanos y que solo ha traído pobreza, miedo y muerte a su país. Se nos apolilla el mito del ministro ponderado, aunque en realidad ya se había hecho astillas días atrás, cuando el supuesto paladín de la lucha contra el nacionalismo declaró que Cataluña es una nación y abogó por la libertad de los golpistas. El club Catamañanas del Correcto Credo se va quedando sin butacas para tanto socio.

Al rector de la Universidad Camilo José Cela
SANTIAGO MORA VELARDE El Mundo 17 Octubre 2018

Excmo. Señor Rector: su Universidad ha quedado señalada recientemente en varios medios de comunicación por diversas denuncias relativas a varias irregularidades, profusamente acreditadas, tanto de procedimiento como de plagio en el contenido de la tesis doctoral del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobado cum laude en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Sorprende extraordinariamente que, ante la relevancia de las denuncias y del personaje denunciado, no se haya procedido por parte de la Escuela de Doctorado de la UCJC a abrir una profunda investigación sobre las circunstancias concurrentes al caso, en aras de comprobar el estricto cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y garantizar que el doctorado concedido a Pedro Sánchez por la UCJC cumplió con todos los requisitos legales.

Sorprende aún más la inacción de la UCJC cuando esta misma semana se ha publicado que la Universidad de Barcelona (UB) ha decidido retirar, por plagio, el doctorado a un ex dirigente de CDC. Tras una denuncia de plagio, la UB abrió una investigación en la que, tras aportarse un informe de la Escuela de Doctorado de la Universidad que concluyó que hubo plagio, se tomó la decisión de retirar el doctorado al plagiario de la tesis. Así se consigue y conserva el prestigio de una universidad.

Su universidad, por el contrario, hizo constar en un comunicado del 12 de septiembre de 2018, el mismo día de la interpelación a Sánchez en el Congreso y, por tanto, sin mucho tiempo para investigar la cuestión que "la tesis doctoral de Pedro Sánchez cumple con la normativa vigente". Debo contradecirles al afirmar que la realidad de los hechos y la normativa vigente aplicable a la tesis doctoral de Pedro Sánchez no se compadecen con el comunicado de la Camilo José Cela.

La UCJC dispuso la selección de un tribunal totalmente inadecuado, sin la necesaria experiencia investigadora ni la debida competencia técnica sobre la tesis doctoral que iba a juzgar, sin la más mínima capacidad de control sobre su contenido para acreditar la originalidad y categoría del texto de la tesis.

En cuanto al posible plagio de la tesis, la empresa propietaria del software antiplagios PlagScan al que el propio Gobierno sometió el control de la tesis, tras revisarla nuevamente, ha concluido que el 21% de la tesis de Sánchez fue plagiada. ¡El 21% del total! Una diferencia abrumadora con las cuatro páginas plagiadas, que en el caso de la UB han sido suficientes para retirar su doctorado al plagiario. Pero, a su vez, la propia UCJC infringió la normativa en vigor al incumplir un requisito legal imprescindible, sin posible explicación para ello: "El archivo de la tesis en formato electrónico abierto", de su texto completo, no de una ficha del mismo, que permitiera cumplir la necesaria transparencia de la tesis doctoral aprobada.

Según la UCJC, Sánchez se matriculó en el curso de doctorado 2009/2010, cuando se regía por lo establecido en el RD 1393/2007. Sin embargo, Sánchez defendió su tesis el 26 de noviembre de 2012, casi dos años después de la entrada en vigor del RD 99/2011, de 28 de enero, que regula la normativa en vigor de los estudios de doctorado. Y en este punto se produce el conflicto que la Universidad Camilo José Cela ha pretendido tergiversar en su comunicado, en amparo del doctor Sánchez.

La UCJC recalcó en su comunicado que "en el caso que nos ocupa, el RD 1393/2007 no obliga a publicar las tesis completas digitalizadas" y añade que "una vez aprobada se puso a disposición del Ministerio de Educación la tesis doctoral en formato digital". Pero la UCJC incurre aquí en una sospechosa contradicción: si bien es cierto que el citado RD no obliga a publicar la tesis completa digitalizada, tampoco obliga a ponerla a disposición del Ministerio en formato digital y eso sí se hizo, aun cuando dicha obligación fue impuesta posteriormente por el RD 99/2011. ¿Por qué se cumplió lo segundo y no lo primero?

La universidad sabía o tenía que saber que la Disposición Transitoria primera del RD 99/2011 contiene una excepción a la norma general sobre su entrada en vigor: "En todo caso, el régimen relativo al tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral previsto por el presente real decreto será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor". Y aquí empezamos a encontrar que en la tesis de Sánchez no se cumplió toda la normativa vigente.

Transcurrido un año de la entrada en vigor del RD 99/2011, es decir, desde enero de 2012, todos los doctorandos tenían que cumplir el artículo 14 del referido RD 99/2011, regulador de la "Evaluación y Defensa de la tesis doctoral". Y entre ellos Pedro Sánchez, que en dicha fecha todavía no había presentado su tesis doctoral, pues lo hizo en noviembre de 2012.

En concreto, el artículo 14.5 establece que "una vez aprobada la tesis doctoral la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá en formato electrónico un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos".

En cumplimiento de dicho precepto, efectivamente, la UCJC remitió un ejemplar de la tesis en formato electrónico al Ministerio, tal como hizo constar en su comunicado del 12 de septiembre. Es, por tanto, evidente que la UCJC reconocía que dicho artículo era de aplicación a la tesis de Sánchez, ya que dicha obligación no se contenía en el previo RD 1393/2007. Pero, incomprensiblemente, la UCJC incumplió el otro requisito legal al no archivar la tesis en formato electrónico abierto, como exige dicho precepto, y solo custodió un ejemplar en papel, que, para más inri, inicialmente, requería para su exhibición la autorización del autor, quien así incumplía igualmente la ley.

Así pues, tanto la UCJC como Pedro Sánchez incumplieron, de común acuerdo, la obligación legal de publicar en formato electrónico abierto el texto completo de la tesis doctoral desde que fue aprobada, pues ni la universidad la publicó legalmente ni Pedro Sánchez requirió que se publicara conforme a la legislación en vigor, y sólo autorizó su publicación en Internet seis años después, el 14 de septiembre de 2018.

Todo lo anterior hace imprescindible, para salvaguardar el prestigio y la honorabilidad de la UCJC, y el respeto a la ley, que se abra sin dilación un procedimiento interno de investigación de la tesis de Pedro Sánchez por parte de la Escuela de Doctorado de la UCJC, con su protocolo específico para el control de las tesis doctorales de la forma análoga a lo realizado por la UB, de forma que, si se acreditasen tanto el plagio denunciado como las demás irregularidades alegadas, resultara procedente retirar el doctorado a Pedro Sánchez, en defensa de la legalidad y del prestigio de la universidad española.

Santiago Mora Velarde es notario.
******************* Sección "bilingüe" ***********************

Negociar los Presupuestos con golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 17 Octubre 2018

Es repugnante que Pedro Sánchez haya podido enviar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a negociar los Presupuestos del año que viene con el etarra excarcelado Arnaldo Otegui, encuentro que ambos admiten haber mantenido el pasado 8 de septiembre en el caserío Txillarre de Elgóibar. No menos indecente resulta la disposición de Pablo Iglesias a acudir a la cárcel de Lledoners para ver al golpista Oriol Junqueras y negociar con él el apoyo de ERC a dichos Presupuestos. Todo este espectáculo infame es consecuencia del inmoral empeño de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder con los peores resultados electorales de la historia del PSOE y, sobre todo, con el apoyo de formaciones comunistas, golpistas y proetarras, sin cuyo concurso no podría, ciertamente, sacar adelante los ruinosos Presupuestos que ya ha pactado con la extrema izquierda podemita.

Consideración a parte, y todavía más grave, merece la exigencia que los separatistas han planteado al Gobierno para que la Fiscalía General del Estado retire los cargos contra los golpistas encarcelados, como condición sine qua non para su OK a los Presupuestos. Esto es, sencillamente, la provocación de un delito de prevaricación, provocación tipificada como delito en el artículo 18 del Código Penal. Es cierto que el Gobierno no ha admitido ni podría admitir públicamente esa exigencia sin hacerse partícipe él mismo de ese delito, como lo es que la eventual y prevaricadora retirada de cargos por parte del Ministerio Público sería insusuficiente para excarcelar a los golpistas, pues, a diferencia del juicio por la no menos ilegal consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, ahora hay una acusación popular ejercida por el partido Vox y que garantiza, en todo caso, la celebración del juicio. Con todo, el ordenamiento jurídico concede al Gobierno un privilegiado derecho de gracia o indulto que bien podría constituir un pago en diferido, una vez los golpistas hubieran sido condenados.

Libertad Digital fue el primer medio de comunicación –por no decir el único– que denunció la retirada de todos los cargos castigados con pena de cárcel por parte de la Fiscalía contra los golpistas del 9-N, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, quien fue el que los planteó motu proprio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Con todo, por muy injusta que fuera aquella retirada de cargos, y por muy sospechosamente coincidente que fuera con la indecente operación Diálogo impulsada por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria, jamás se planteó públicamente como contraprestación a un apoyo que las formaciones golpistas jamás brindaron al Gobierno de Rajoy, por muy condescendiente y felón que fuera.

Téngase en cuenta, además, que durante la segunda fase del golpe de Estado, liderada por Carles Puigdemont, los secesionistas no se limitaron a reincidir en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que impunemente perpetró Artur Mas con ocasión del 9-N, sino que fueron más lejos al perpetrar la declaración unilateral de independiencia, lo que llevó a que se elevaran las acusaciones por rebelión o sedición. Que Pedro Sánchez, pese a lo anterior, pretenda tener a esas formaciones como compañeros de viaje deja en una vil mascarada decisiones que en otro caso hubieran sido dignas de elogio, como la aparente decisión del Gobierno de llevar finalmente al Constitucional la ilegal reprobación del Rey perpetrada en el Parlamento catalán o la del ministro Borrell de retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes por hacerse eco de las críticas de los golpistas al régimen constitucional español. ¿Con qué legitimidad se puede reprobar a los belgas que hagan de voceros de los golpistas, cuando aquí el presidente pretende tenerlos de sostén de su Gobierno?

Así las cosas, y con total independencia de que el Gobierno se vea finalmente obligado a prorrogar las cuentas del PP o a convocar nuevas elecciones, lo evidente es que los Presupuestos para 2019 no sólo amenazan a España desde un punto de vista económico, sino que la ponen en riesgo como nación entendida como Estado de Derecho.
 


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