La Coruña, España

AGLI Recortes de Prensa   Viernes 25 Mayo 2018

El pasado sigue atormentando el presente del Partido Popular. La severa sentencia de la Audiencia Nacional correspondiente a la primera época del caso Gürtel, que abarca la etapa entre 1999 y 2005, acredita que el PP dispuso de una caja B -tal como reveló EL MUNDO- y que se benefició del entramado empresarial de Francisco Correa. No se cometieron actos aislados o al margen de la cúpula del PP, tal como alegó su defensa durante el juicio, sino que esta formación se lucró de comisiones ilegales a empresas a las que luego beneficiaba con adjudicaciones públicas. Y, con el dinero recaudado, infló sus campañas electorales y articuló una contabilidad paralela. Se trata de un procedimiento inaceptable, reprobable y extraordinariamente grave que daña la credibilidad de Mariano Rajoy y ahonda en la erosión de una organización política incapaz de zafarse de la pesada losa de la corrupción.

La condena a los populares a título lucrativo es la primera que recibe un partido político en bloque en nuestra democracia, lo que eleva la exigencia de responsabilidades políticas. Es cierto que el magistrado Ángel Hurtado, en su voto discrepante, defiende la absolución del PP. Sin embargo, estamos ante una sentencia que golpea al corazón de un partido que, a tenor de la sentencia, casi desde su refundación amparó un albañal de irregularidades alrededor de sus finanzas. La red encabezada por Francisco Correa -condenado a 51 años de prisión- se estableció en el PP a principios de los 90 e intensificó su actividad a partir de 1996, coincidiendo con la llegada de Aznar al Gobierno. Sus sociedades de organización de eventos percibieron 8,4 millones de euros entre 2000 y 2008 en contratos públicos a precios muy superiores a los de mercado y logró 2,85 millones por intermediar ante la Administración en favor de empresas ajenas. En este entramado, según la sentencia, la pieza clave era Luis Bárcenas. El ex tesorero de los populares, condenado a 33 años y una multa de más de 44 millones, evadió seis millones en impuestos y se embolsó más de un millón de euros en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa.

El relato de los hechos probados resulta demoledor. La Audiencia Nacional sostiene que la red Gürtel tejió "una estructura de colaboración estable con el PP" orientada a la prestación de servicios y, en paralelo, creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local". Parte del dinero con el que se benefició Génova fue a parar a gastos electorales y como donaciones finalistas a la caja B, que será juzgada en una causa aparte. Por tanto, el tribunal confiere total credibilidad a los apuntes de Bárcenas. De hecho, la Sala fecha en 1989 el origen de una estructura financiera y contable paralela a la oficial en Génova, lo que contradice de plano lo que Mariano Rajoy expuso ante el tribunal. "Su testimonio no es verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido", indica el fallo.

La dureza de las penas impuestas, que se sitúan en la horquilla máxima que corresponde a los delitos enjuiciados, revela el lodazal de corrupción que erosiona los cimientos de Génova. En todo caso, contrasta con la levedad de las condenas resultantes de escándalos de financiación ilegal que han salpicado a otras formaciones, como el caso Filesa en el PSOE o el del 3% en Convergència. Ambos se saldaron con penas mucho menores.

La dirección del PP anunció que recurrirá la sentencia. Está en su derecho. Políticamente, Rajoy no puede seguir echando balones fuera sobre unos hechos que constituyen un oprobio para el primer partido de España. Al margen de los pasos de la oposición, haya o no moción de censura, la regeneración exige que el PP haga acto de contrición de sus actos y asuma sus responsabilidades.

La reputación del PP queda muy tocada

OKDIARIO 25 Mayo 2018

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel deja muy tocada la reputación del Partido Popular. Si bien la condena contra la propia formación no es especialmente dura desde el punto de vista técnico y cuantitativo — 245.000 euros por beneficiarse de esta trama corrupta en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón — sí lo es desde el punto de vista cualitativo. Aunque los letrados de la formación de Génova 13 puedan recurrir "han anunciado que lo harán", ya que la sentencia aún no es firme, les resultará muy difícil levantar la certeza delictiva que pesa ahora mismo sobre el partido. La parte nunca puede ser tomada por el todo, y en dicha formación la mayoría de los políticos son intachables, pero los populares, más si cabe ostentando el poder Ejecutivo en España, tendrán muy complicado que su imagen se desligue del fallo de este jueves.

Desgraciadamente para el país, durante los próximos días, en Europa no se hablará de la extraordinaria evolución económica de nuestra nación — gracias al trabajo de Rajoy y sus ministros — sino de este fallo, con el consiguiente menoscabo para nuestra reputación y fortaleza. Recordemos, además, que estamos a sólo un año de las elecciones locales, regionales y europeas de 2019. Esto complica mucho su futuro, incluida una posible reelección del propio Mariano Rajoy. Con una proyección de voto a la baja en las encuestas, esta sentencia también puede poner en riesgo los acuerdos con Ciudadanos. Un socio que ahora mismo es indispensable y que garantiza un Gobierno sin injerencias radicales. El problema del Partido Popular son también las sentencias a personas que tuvieron mucho peso dentro del propio partido. Sentencias que, por otra parte, han sido desproporcionadas.

Por mucho que quien delinca tenga que ser tratado de manera inapelable por la Justicia —como cualquier ciudadano —, no es menos cierto que los 51 años al empresario Francisco Correa, los 33 al extesorero Luis Bárcenas o los 15 a la mujer de este último, Rosalía Iglesias, resultan exagerados si los comparamos, por ejemplo, con la sentencia de un caso tan grave como el de La Manada. Así las cosas, habría que fijarse en la figura de José Ricardo de Prada. Juez decisivo en el caso, de marcada tendencia izquierdista y cercano a las tesis de ETA, llegó a participar en un foro del Ayuntamiento de Tolosa donde Iñigo Iruin, abogado de la banda terrorista, afirmó que los tribunales españoles no persiguen la tortura a los presos. Sin embargo, y más allá de la inherente politización que suele acompañar a estos casos, lo que resulta claro es que el Partido Popular no actuó bien. Esas irregularidades, ahora sí condenadas, le harán pagar un alto precio en reputación y, muy probablemente, también en votos.

El PP no es Gürtel, pero Gürtel era el PP

Manuel Marín ABC 25 Mayo 2018
 

Cuando al inicio de la vista oral por el caso Gürtel Francisco Correa sostuvo ante el Tribunal que todo el andamiaje de su negocio se vino abajo en cuanto Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del PP, el líder de la trama corrupta sostenía, sibilinamente y por pasiva, que fue durante toda la etapa anterior en la que pudo campar a sus anchas con sus actividades espurias. La sucesiva herencia de tesoreros en el PP envueltos en actividades opacas había marcado un modus operandi en Génova que fue perfeccionándose desde que se conoció el caso Naseiro, que reafirmó posteriormente Álvaro Lapuerta y que Luis Bárcenas condujo hasta la perfección de la ilegalidad escondida en paraísos fiscales. Desde esta perspectiva, la sentencia conocida ayer da por confirmada la existencia de una «caja B» en el PP al menos desde 1989, en la etapa en que el presidente del partido era José María Aznar.

No es la primera sentencia que apunta a la financiación ilegal de un partido. La primigenia e innovadora sentencia del caso Filesa dejó por demostrado como el PSOE manejó todo un sistema de comisiones ilegales para financiarse ilícitamente y, de paso, para que algunos de sus gestores, empleados y fiduciarios se lucraran desviando cantidades millonarias a paraísos fiscales. Después, CiU continuó con el ejemplo de modo amplificado, y en el PP anidó idéntico sentido de la impunidad. Eran los tiempos en que Francisco Correa o Álvaro Pérez, ahora absuelto, circulaban por los pasillos de Génova con la impunidad que concedía la pulsión de poder, y con la normalidad con que desde el despacho de Luis Bárcenas se gestionaban preadjudicaciones a dedo, influencias espurias, favores opacos y un trasiego de comisiones con las que financiar gastos del partido, de un lado, y enriquecimientos propios por otro, con fortunas amasadas a base de conductas prevaricadoras y tráfico de influencias.
 

Lujos desmesurados

Ninguno de los cinco jueces instructores que llegó a tener el caso Gürtel alcanzó a imputar a dirigentes de primera línea del PP. Ninguna prueba apuntó más que a los integrantes de una trama que idearon un auténtico sistema de defraudación prevaliéndose del PP para crear una red de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación arbitraria de la contratación pública a nivel estatal, autonómico y local.

Eran tiempos en los que Correa, El Bigotes, Bárcenas y algunos alcaldes de zonas adineradas de Madrid como Pozuelo, Boadilla o Majadahonda, exhibían con ostentación un lujo desmesurado como síntoma de su aparente inmunidad. Tejían y destejían a capricho con empresarios que, a cambio de una cantidad opaca para financiar al partido, terminaban llenando los bolsillos de estos gestores del fraude. Eran los tiempos en que no necesitaban cita previa para despachar en las plantas nobles de Génova porque se trataba de protegidos de un Bárcenas todopoderoso, y de testaferros de una práctica común que afectaba a todos los partidos, y de la cual no había motivo para permanecer al margen. Sí. Eran los tiempos de viajes de lujo sobredimensionado, de comisiones impúdicas y fáciles, de regalos caídos del cielo de una corrupción masiva, y de todo terrenos de alta cilindrada y jaguares a la puerta de casa de la noche a la mañana, o de yates en el puerto de moda. Era una jet de cartón piedra fabricada al albur de la soberbia de los nuevos ricos que aprovecharon los desconchones de la legalidad, la falta de escrúpulos y la impunidad que concede la aparente protección de todo un partido, para enriquecerse a costa de contaminar a Génova.

Nadie en Génova lo supo o lo quiso frenar. La presencia de algunos de los más relevantes condenados en la sentencia de ayer en la boda de la hija de José María Aznar en El Escorial fue indiciaria. Había una camaradería, un plus de confianza o un vínculo de amistad con algunos de ellos, como partícipes reales de un negocio que favorecía al partido, que dejaba poco lugar a la duda. Nadie nunca ha imputado a Aznar. Tampoco a Rajoy, a quien Correa reprochó abiertamente ser el culpable de su ruina y del final de sus desmanes. Actuaron sin órdenes concretas de la dirección, o al menos eso no se ha acreditado aún de ningún modo, y pervirtieron la financiación legal para anotar en una contabilidad paralela sus desmanes, su dinero fácil y su chantaje contaminante para toda la marca PP.

Sin embargo, la realidad jurídica de que el PP como institución, como partido, ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de delitos que no conocía, es decir, civil y no penalmente, resulta ya poco relevante a los ojos del ciudadano medio que no leerá la sentencia. Tan irrelevante como el voto particular de uno de los magistrados, que considera que el PP debió quedar absuelto como víctima, y no causante, de un grupo de desalmados que usaron las siglas para llenarse los bolsillos sin miramientos. Eso es materia jurídica gris que tendrá que aclarar el Tribunal Supremo en su momento para mantener la condena o exonerar al PP como partido. Sin embargo, desde una perspectiva política, el PP de hoy queda tóxicamente marcado por los desmanes consentidos en un PP de otro tiempo, al que Rajoy también prolongó artificialmente la vida mientras mantuvo a Bárcenas como factótum de cada euro que gestionaba Génova. Sacudirse la mancha de una culpa colectiva en la que inocentes pagan también por culpables va a ser muy difícil. Y a ello no ayudará en absoluto que antiguos pesos pesados del PP como Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Ignacio González, Francisco Granados, Jaume Matas — tengan sobre sus espaldas un pronóstico penal demoledor. El PP no era Gürtel, pero Gürtel si fue el PP. Y con eso deberá convivir ya de modo inexorable.

Mariano, sé fuerte
Emilio Campmany Libertad Digital 25 Mayo 2018

Hay tres cuestiones que pueden destacarse con ocasión de la sentencia de la Gürtel. La primera es la relativa al enfoque informativo previsible, que en muchos medios estará dirigido a exculpar a Rajoy. Valga el ejemplo de la crónica de El País, que empieza por calificar el asunto como "la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española", lo que es ya, de momento, una grosera exageración. No es necesario acudir al escándalo de los ERE, cuantitativa y cualitativamente más grave, sino que basta repasar lo que fue el felipismo para apreciar la falta de ponderación del cronista. Luego, la misma crónica se refiere a la trama en los siguientes términos: "La red corrupta que anidó en el PP nacional durante el aznarismo". Esto tampoco es cierto, porque la época examinada va de 2000 a 2008, y durante la segunda mitad de ese período el presidente del partido era Rajoy. Aparte, el llamado a declarar como testigo no fue Aznar, sino el gallego. Y lo fue por ser presidente del partido durante parte del lapso escrutado, no por ser uno de los dirigentes del aznarismo.

La segunda cuestión es la de la caja B del partido. Este asunto ha quedado para otro juicio, pero la sentencia da por hecho que el dinero que Bárcenas mantenía oculto al fisco no era suyo, sino del PP. Si efectivamente es así, no estamos ante lo que la propia sentencia presenta, esto es, un entramado corrupto de algunos dirigentes del PP conchabados con Correa, sino ante una trama orquestada desde y para el partido. La misma sentencia, aunque hay un voto particular en contra, condena al PP por haberse beneficiado a título lucrativo y no es fácil digerir que Bárcenas y unos pocos alcaldes, por su cuenta y riesgo, delinquieran para beneficiar cuantiosamente al partido renunciando a lucrarse exclusivamente ellos. En tales condiciones, la responsabilidad política no puede estar limitada a Bárcenas. Si Ana Mato tuvo que dimitir por beneficiarse por el mismo título que el PP, los dirigentes del partido de entonces deberían igualmente dimitir.

Por último, llama la atención el trato que la sentencia da a las esposas de políticos y empresarios corruptos, al extender a algunas de ellas la responsabilidad penal. Esta condena contrasta ácidamente con la exculpación de la que se benefició la infanta Cristina en el caso Nóos. Es más, la colaboración de las esposas de Bárcenas y Correa, con independencia de que se produjera, no fue necesaria ni esencial. En cambio, es obvio que los delitos cometidos por Urdangarín fueron sólo posibles por estar casado con doña Cristina. Habrá sutilezas legales con las que explicar la diferente calificación, pero a bote pronto parece injusto.

Mientras, nada menos que el secretario de Estado de Hacienda está imputado por delitos económicos muy graves y a nadie parece preocuparle que Montoro mantenga a este sujeto al frente de la institución que requisa de forma inclemente el dinero que los españoles ganan con su esfuerzo. Un dinero que precisamente, en más ocasiones de lo soportable, acaba distrayéndose en corrupciones del estilo de la Gúrtel.

A veces, el pasado no acaba nunca de pasar

Rajoy, perseguido por los casos de corrupción que seguirán golpeándole en los próximos años. Solo un líder nuevo puede sacar al PP de su estado de descomposición

Fernando Garea elconfidencial 25 Mayo 2018

Juan Tallón describe en su reciente novela 'Salvaje oeste' a un imaginario presidente del Gobierno tan poco discutido por los suyos como que se cuenta de él esta anécdota: "Una sola frase del presidente o del que en ese momento hable por el presidente parece que lo cure todo. Tengamos presente aquel cardenal que participaba en un fenomenal banquete de carne cuando, de pronto, uno de los comensales, horrorizado, recordó que era vigilia. Entonces el cardenal, impartiendo la bendición a los manjares, dijo: 'Yo declaro todo esto pescado'. Y los invitados aplaudieron y comieron".

Algo parecido le ha ocurrido a Mariano Rajoy en estos años. Ha hecho creer a todos que la carne era pescado, que la corrupción estaba superada y que él, además, estaba al margen de todo. Primero dijo que era una cacería contra el PP, luego vino lo de "ese señor por el que usted me pregunta" y el "todo es falso salvo alguna cosa", y acabó declarando en un juicio, aunque fuera como testigo y con formato cargado de privilegios.

Y ahora un tribunal le dice que el partido que gobierna España y que recauda y gestiona los impuestos de los españoles tenía una caja B y se benefició de dinero procedente de comisiones ilegales. Sobre todo, ese tribunal dice que la versión de los dirigentes del PP que declararon, incluido el presidente del Gobierno, "no aparece como suficientemente verosímil".

A eso hay que sumar que en breve se iniciará otro juicio por los llamados papeles de Bárcenas, en los que, entre otras cosas, aparecen anotaciones de dirigentes del PP que presuntamente cobraron en sobres y en negro. Entre ellos, hay un tal "M. Rajoy". Hay un Bárcenas, el que recibió el aliento del presidente del Gobierno cuando ya se sabía que tenía una cuenta en Suiza, que podría aportar datos comprometedores tras ver condenada a su mujer.

Todo eso pasó en tiempos de José María Aznar, crítico ahora con la situación difícil del PP, pero que sigue sin reparar en que igual a él le corresponde alguna responsabilidad por lo que ahora arruina al PP.

Rajoy afirma que "el PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados" de corrupción

En esos tiempos, Rajoy estaba allí, como ha estado siempre en la historia del PP. También ha estado más recientemente cuando no se ha afrontado esa corrupción y se ha intentado eludir la responsabilidad. Desde los discos duros destruidos a la expulsión de la causa como acusación por parte del juez Pablo Ruz (reivindicado ahora) porque, en realidad, según el magistrado, estaba obstaculizando la investigación.

También fue él quien nombró su portavoz parlamentario y mano derecha a Eduardo Zaplana, ahora encarcelado. Fue él quien elogió a Jaume Matas, hoy varias veces condenado; el que promocionó al acusado Ignacio González; el que confió a Francisco Granados el contrapeso frente a Esperanza Aguirre; el que defendió a Francisco Camps, a Cristina Cifuentes, a José Manuel Soria y a tantos otros.

Rajoy hizo creer que la responsabilidad política quedaba zanjada por la victoria electoral, pero no. Ese pasado le perseguirá y se le hará presente, porque no es cierto que esos juicios sean procesos a una etapa pasada, porque aún no ha pasado.

Ahora intenta hacer creer que esta condena no afecta al actual Gobierno. Y habrá quien le querrá creer.

La casualidad ha querido que la implacable y demoledora sentencia se conozca el día después de que Rajoy ha recibido oxígeno en la votación de Presupuestos para continuar dos años más. Seguirá en La Moncloa solo por estar, porque no tiene opción de aplicar proyecto alguno. No tiene garantizada estabilidad, pero sí tiene asegurado que vivirá semanas de sobresalto porque hay más procesos por corrupción, con sus arrepentidos, sus declaraciones, sus juicios y sus sentencias, hasta completar dos años de penitencia hasta las urnas. Se supone que para entonces habrá otro candidato del PP, ajeno a esto, si es que hay algún aspirante que no haya creído que la carne en realidad era pescado, como hizo creer su líder. Esa es su única opción para salvar al partido.

Tiene garantizado que nadie dirá nada en el PP, porque todos han cerrado los ojos y han comido carne como si fuera pescado y sin rechistar.

Tiene la ventaja de que esa votación de Presupuestos hace difícil una mayoría alternativa para completar una moción de censura, y tiene a su favor que partidos como Ciudadanos prefieren ver al PP desangrándose durante más tiempo para darle el golpe de gracia en unas elecciones.

Y la desgraciada ventaja de que tiene entre manos la gestión de la grave crisis institucional de Cataluña, que requiere estabilidad, sosiego y, sobre todo, credibilidad y legitimidad. El PSOE, de hecho, se escuda en esto para explicar que Pedro Sánchez no haya presentado hasta ahora la moción de censura que valoró presentar en febrero. Aunque le presión de su entorno es muy fuerte y, probablemente, no pueda resistirse, porque empieza a ser inevitable.

En todo caso, como escribe Luis Landero en 'El balcón en invierno': "A veces, el pasado no acaba nunca de pasar".

Hacia lo desconocido.

Vicente A. C. M.  Periodista Digital 25 Mayo 2018

EL PP SE ENFRENTA A SU PEOR PESADILLA Y A SU DESAPARICIÓN. ESPAÑA EN PELIGRO DE ESCISIÓN.

En unas pocas horas hemos pasado de la euforia del PP y de Mariano Rajoy de ver aprobados los PGE (Presupuestos Generales del Estado) del 2018 y la perspectiva de terminar la legislatura sin mayores sobresaltos, al pánico de la publicación de la sentencia judicial de la parte central correspondiente al llamado caso "Gürtel" de corrupción y financiación ilegal del partido. Una sentencia que condena al PP al pago de una multa superior a los 200.000 euros como beneficiario a título lucrativo de la trama de corrupción creada en su entorno y confirma la existencia de la "caja B", negando credibilidad a las declaraciones de Mariano Rajoy. Las reacciones no se han hecho esperar y de nuevo sobrevuela con fuerza la presentación de una nueva moción de censura, en este caso por parte del PSOE y con Pedro Sánchez como candidato, que cuenta con el apoyo incondicional de PODEMOS y que prosperaría aún en el caso de que CIUDADANOS no decida apoyarla o abstenerse.

Lo paradójico es que no ha sido ninguna sorpresa, salvo quizás la dureza de la sentencia con determinados procesados como el cabecilla de la trama, Francisco Correa con una condena superior a los 50 años, o la de su socio Pablo Crespo con más de 30 años, o la de Luís Bárcenas con la misma condena y la de su esposa con más de 15 años de prisión. Resulta sorprendente la absolución en esta causa de Álvaro Pérez (el "bigotes") cuya implicación en la trama parecía mucho más evidente. Y es que, a pesar de no haber sido una sorpresa, lo cierto es que ha venido en el peor momento para un PP que se las prometía muy felices tras su éxito con el apoyo "in extremis" del PNV a los PGE, aludiendo a la responsabilidad de mantener la estabilidad de Gobierno en estos tiempos tan convulsos, siendo público y notorio que su apoyo es mercenario y a cambio de pingües inversiones y la subida de las pensiones.

El caso es que los tiempos judiciales nunca son oportunos y las sentencias vienen siempre en mal momento. En este caso el dilema se centra en aquellos que deben tomar posición política respecto a lo que la Justicia ha dejado en evidencia, el reconocimiento de la financiación ilegal del PP con la creación de una doble contabilidad. Y no es que esto sea novedoso, pues ya le sucedió al PSOE con el famoso caso FILESA y no tuvo mayores consecuencias ya que disponía de mayoría parlamentaria y Felipe González agotó la legislatura sin problemas, pero con la machacona petición de José María Aznar del "váyase Sr. González". Aunque, es verdad que en las siguientes elecciones generales fue el PP la fuerza más votada por una raquítica diferencia de unos 300.000 votos que Felipe González asumió desistiendo de formar Gobierno en coalición y decidiendo pasar a la oposición, permitiendo la creación del Gobierno por Aznar con el apoyo de los nacionalistas, sobre todo catalanes con Jordi Pujol.

Pero la situación es hoy bastante diferente. El PP gobierna en minoría con 123 escaños y los 40 de CIUDADANOS, contando con el apoyo puntual de Coalición Canaria y del PNV. No obstante, está lejos de la mayoría de 176 escaños. Es por eso por lo que la moción de censura podría prosperar si el PSOE decide presentarla y proponer como candidato a Pedro Sánchez, que actualmente no es diputado electo. La moción cuenta con el apoyo explícito del resto de partidos, confluencias de PODEMOS, IU, y los partidos nacionalistas catalanes encabezados por ERC. En este caso es indiferente si CIUDADANOS decide oponerse o abstenerse, aunque la primera opción no le conviene por razones puramente partidistas pesando en un adelanto electoral a un año vista.

Lo malo de esta situación es que coincide de pleno con el desafío soberanista catalán con un Presidente de la Generalidad radical y xenófobo, dispuesto a cumplir fielmente las órdenes de su mentor y líder Carles Puigdemont y llevar a la autonomía de nuevo a la desobediencia y a la rebelión para forzar la proclamación de la República independiente. España no se puede permitir ahora una inestabilidad política y de Gobierno donde el PSOE no podría mantener el control en un Parlamento con una fuerte oposición, ya que dudo de que CIUDADANOS apoye el plan de gobierno revanchista de Pedro Sánchez crispando a la sociedad española cuando derogue las leyes que prometió anular como la mal llamada "ley mordaza" o la de la desobediencia en la limitación del déficit.

El triunfo de la moción de censura sería llevar a España a una etapa de provisionalidad y de inestabilidad que solo podría resolverse con la convocatoria de unas elecciones generales. Y aquí estamos en si el Gobierno del PP permitirá que se registre en el Congreso la moción de censura o decide actuar y decretar el fin de la legislatura, disolver las Cámaras y convocar elecciones generales para septiembre. Todo depende de si el PSOE está dispuesto a dejarse arrastrar por PODEMOS y los partidos golpistas catalanes que solo buscan la debilidad del Gobierno de España y de su Parlamento para avanzar en su objetivo independentista. Creo sinceramente que el PSOE tiene mucho más que perder que ganar, aunque la tentación de tomar el poder colme la ambición y la ansiedad de Pedro Sánchez, que desde ese momento deberá asumir las riendas de la defensa de la Unidad de España frente al desafió secesionista.

La pesadilla del PP se ha hecho realidad y le ha despertado de su plácido sueño de acabar la legislatura y que Mariano Rajoy no pase a la historia como el Primer Presidente del Gobierno que no fue capaz de culminar dos legislaturas y se le conozca como "Marianico el breve". Y es verdad que toda la culpa de haber llegado a esta dramática situación es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, de sus asesores y de su inacción ante el cáncer de corrupción que tenían en el partido y sus estructuras. Y lo que ha contribuido a la pérdida de credibilidad ha sido el empecinamiento en "negar la mayor", en mantener la nada creíble excusa del desconocimiento por parte de la Ejecutiva de los trapicheos y de la existencia de una doble contabilidad. El borrado destructivo del ordenador personal de Luis Bárcenas fue la prueba de la torpeza que puede provocar el pánico a ser descubiertos en flagrante delito. Y aún la pesadilla puede continuar si el principal perjudicado, Luis Bárcenas, se considera traicionado y decide colaborar al no tener ya nada que perder y ver a su esposa en prisión. O eso o asombrarse de una repentina fuga del matrimonio "a lo Puigdemont" hacia un refugio seguro para evitar la prisión.

El sistema político español necesita una regeneración en profundidad y recobrar, si es posible, la credibilidad perdida. Hay quienes ponen nuestra transición hacia la democracia como ejemplo del triunfo de la sensatez y del reencuentro y perdón entre las dos Españas. Una falacia que no tardó en evidenciarse con la actitud revanchista de un PSOE encumbrado por sucesivas mayorías absolutas y que inició el camino de la corrupción descontrolada con manifestaciones del tipo de "el dinero público no es de nadie" y la cultura de la nueva " sociedad jet set y del pelotazo". Una etapa que tuvo su relevo con los Gobiernos del PP de Aznar y los casos de corrupción que ahora afloran como el de la Gürtel. Una corrupción extendida a la periferia nacionalista en Cataluña con una CiU donde se producía el expolio de lo público por clanes familiares convertidos en auténticas mafias como la de los Pujol y la institucionalización de las mordidas del 3 y hasta el 10%. Una política de "dejar hacer", de no injerencia en la política de adoctrinamiento en el nacionalismo excluyente y en permitir el enriquecimiento personal y dopaje del secesionismo, que ha sido el germen del triunfo del movimiento separatista y lo que ha llevado al golpe de Estado.

Es por eso por lo que ahora estamos asistiendo a lo que podría considerarse el estallido de la burbuja política donde los partidos tradicionales PSOE y PP, y los nacionalistas separatistas carecen de credibilidad y no es compensada por la aparición en escena de nuevos actores como CIUDADANOS o PODEMOS inmersos en sus propias contradicciones. Sobre todo este último con un liderazgo con tics totalitarios dictatoriales incompatibles con la aspiración democrática del pueblo español que intenta avanzar y pasar página y no seguir dando vueltas al rencor, a la revancha y a la recuperación de actitudes sectarias intransigentes, que intentan eliminar las libertades que hemos conseguido con tanto esfuerzo y dolor, sobre todo el provocado por el terrorismo de la ETA.

Lo que se decida hoy por PSOE y CIUDADANOS tendrá una decisiva influencia en el futuro de España y de los españoles. No es bueno dejarse arrastrar por los acontecimientos sino mantener la calma y el sosiego necesarios para medir bien los pasos a dar y no hipotecar ese futuro por la precipitación de nuestros actos. Espero de todos los partidos que coinciden en lo esencial de defender a España que sepan estar a la altura de lo que se espera de ellos y buscar una salida razonable que no favorezca los interese de los que quieren destruir nuestra convivencia.

No tengo ninguna esperanza en que el PSOE se comporte de forma sensata porque Pedro Sánchez lleva meses apenas conteniendo su extrema ansiedad y espíritu de revancha que acumula desde su defenestración como Secretario General del PSOE y su posterior renuncia a su Acta de Diputado. Si termina por presentar la moción de censura, España se dirigurá hacia lo desconocido. Todo lo hecho como la aprobacion de los nuevos PGE quedará anulado, incluidas las subidas de pensiones y los pactos con PNV, CC, etc. Un nuevo escenario en una situavión de tensa espera que no sabemos a dónde nos llevará, pero seguro que a nada bueno y que será aprovechado por los enemigos de España para conseguir sus fines.

¡Que pasen un buen día!

Una sentencia 'uefa'

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 25 Mayo 2018
 

Dice la sentencia del caso Gürtel que los testimonios de Rajoy, Arenas y García Escudero sobre la caja B del partido son "poco creíbles". Sin embargo, tan poca credibilidad no resulta en delito de falso testimonio. Me recuerda el caso Pepiño, cuya sentencia decía que abusó de su poder para abaratar su Villa Tinaja, pero "no lo suficiente" para condenarlo. Son como los arbitrajes UEFA, en los que un empujón en el área "no es suficiente" para pitar penalti según los comentaristas, que matizan: "si lo pita, tampoco pasaría nada", y rematan: "en Europa, eso no se pita", y se ríen, ante la ira o complacencia del forofo. Las condenas sobre corrupción política, sujetas a forofismo, se rigen por un criterio tan lábil como el arbitral uefo. Por eso se critica al juez «por compensar» una tarjeta roja con otra o huir del área con gesto de "no lo suficiente". "¡O sí o no!", clama el aficionado. "No lo suficiente", insiste el árbitro corriendo hacia atrás, y el juego sigue. También la duda, porque en un empujón más leve, poco después, sí se pita penalti.

He tenido la misma sensación de arbitraje uefo ante la brutal condena a Bárcenas y esposa, y la levísima admonición a sus jefes por mentir ante el juez, teniendo, precisamente por serlo, mayor obligación de decir la verdad. Peor aún: cuando uno cree ver -lo uefo es siempre interpretable- condenas a los empleados más graves que por un asesinato y pellizquitos de monja a los jefes cunde la sensación de que nos han robado el partido, digo la sentencia.

Curiosamente, la salvación de Rajoy con esa vehemente duda, por no decir amable certeza sobre su falsedad testimonial, que es inseparable del lucro de sus sobresueldos pagados con el dinero B del partido, es su condena. Si un delantero se tira mucho en el área, cuando lo derriban de verdad, no se pita nada. Son tan tremendas las condenas al tesorero que el caponcito al que lo nombró resulta para la opinión pública casi un escarnio. Si se condena a Ana Mato por lucrarse con el atroz delito barcenil, es imposible suponer que sus íntimos amigos Rajoy y Arenas, que se lucraban mensualmente, no compartieran la misma ceguera y no compartan la misma pena. O mayor, porque eran los jefes. Y como en todo buen arbitraje uefo, ahora la responsabilidad se la endilgan al juez de línea, el colegiado Rivera.

La indignidad del poder

ANDRÉS BETANCOR El Mundo 25 Mayo 2018
 

En las 1.586 páginas de la sentencia del caso Gürtel se juzga no una época. Se juzga una manera de concebir el ejercicio del poder. Los nombres son intercambiables. Se llamarán Correa, Bárcenas, Crespo, Ortega, López Viejo, etc. Es irrelevante. Son piezas en un mecano; en un sistema; en un esquema... que tiene el poder en el centro. Lord Acton acuñó la frase: "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". El único antídoto es el control. Y el más importante de todos, la certeza del castigo. El miedo. El miedo de que te pillarán y, si te pillan, el castigo será importante.

En España ha fallado el castigo por dos razones. Por un lado, porque se ha cultivado, tal vez, por nuestra historia, una idolatría, rayana en la idiocia, respecto del poder y los poderosos que explicaría no sólo la adoración, sino el empeño en alcanzarlo, tanto como la crueldad con los que lo han perdido. Y, por otro, porque la maquinaria del control ha funcionado mal y, sobre todo, muy lentamente.

Las condenas en el caso Gürtel, en sus distintas derivadas, están comenzando a llegar después de más de 10 años de instrucción; y aún falta la vertiente valenciana. El resultado es una enorme paradoja. Penas muy importantes (51 años a Correa, 37 años a Crespo, 38 años a Ortega, 31 a López Viejo...), pero tras instrucciones complejas y lentas; extraordinariamente lentas. Parece que aquellas penas pretenden compensar la espera. Habría sido preferible, en términos del buen orden social, procesos más rápidos, incluso, a riesgo de menores castigos.

El Partido Popular ha sido condenado y, además, por partida doble. En el plano estrictamente jurídico, recibe la mínima penalidad posible: la responsabilidad civil por un beneficio obtenido ilícitamente por su procedencia delictiva. No es la responsabilidad a título de autor del delito, sino como beneficiario. Un castigo civil, mínimo, pero castigo.

Le queda el consuelo de que podría haber sido peor. Si se hubiese podido aplicar la modificación del Código Penal del año 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se hubiera podido apreciar esa responsabilidad. En el fondo, es lo menos importante. Es la primera vez que un partido político, por una causa de ámbito nacional y, además, en el Gobierno, es condenado, al menos, civilmente por un beneficio derivado de la corrupción.

Más importante que la responsabilidad jurídica es la política. No me refiero a las consecuencias asociadas a que el partido en el Gobierno es objeto de un castigo. Me refiero a que es la pieza central de un "sistema de corrupción institucional" que parasitó las instituciones: "entidades públicas parasitadas". Son términos que encontramos en los hechos probados de la sentencia.

En las páginas 155 y 156 se resume a la perfección la responsabilidad de la que hablo: "Entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió... una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., ....". "Pero por otra, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública (...) lo que le permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él (...) gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública (...) todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad..."

Ese "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" tenía el Partido Popular como pieza esencial. Que directamente los beneficios obtenidos, según la prueba alcanzada, fuesen mínimos; que ese papel esencial en el sistema de corrupción institucional no sea traducible, en el Código Penal anterior al año 2010 en una responsabilidad penal, con todas sus consecuencias; que todas estas circunstancias, relevantes en el terreno político, no lo sean, a los efectos, como hemos visto, de la imposición del castigo, no resta un ápice a su relevancia social.

El Tribunal nos habla de un sistema de corrupción institucional en el que cargos del Partido Popular, en administraciones gobernadas por el Partido Popular, adjudicaba ilícitamente contratos para obtener una renta, esencialmente personal.

Se suele decir que hay una diferencia entre la corrupción de la derecha y la de la izquierda. La derecha se corrompe, esencialmente, para obtener una renta personal; para la satisfacción de la codicia personal. Y, en menor medida, como aquí se demuestra, es el partido el beneficiario. Millones van a las manos de los cargos e intermediarios; al PP sólo unos cientos de miles de euros.

A la izquierda se le atribuye un especial empeño en crear una red clientelar; repartir para comprar voluntades. Es el caso de los ERE que se está ventilando en Sevilla estos días. Sobra decir que este modelo es más eficaz políticamente que el otro. Basta ver el éxito que le ha permitido al Partido Socialista conservar, como si de un cortijo se tratase, la Junta de Andalucía. Hasta en eso, a la derecha le falta visión, no sólo política, sino histórica. Incluso para robar hay que tener sentido histórico.

En la página 173 de la sentencia se explica el mecanismo utilizado. Lo que explica que la corrupción es, ciertamente, un sistema institucionalizado e institucional de robo a los ciudadanos. Los perjudicados somos todos y cada uno de nosotros. Y nos han robado a través de la contratación pública. "Las mercantiles que contratan lo hacen siempre con administraciones dirigidas por cargos públicos, pertenecientes al Partido Popular que, gracias a las facultades que por derecho les confieren sus cargos, consiguen imponer un control de hecho sobre las adjudicaciones, de manera que éstas se lleven a cabo vulnerando la normativa administrativa (...) obteniendo así un lucro personal ilícito tanto para la empresa contratante como para el funcionario o cargo que desde dentro de la Administración participa en esa irregularidad".

A tal fin, se utilizaron varios procedimientos que daban "apariencia de legalidad": "acudiendo generalmente a la fórmula excepcional del contrato menor o del procedimiento de negociado sin publicidad, que permitía una adjudicación directa y posibilitaba la elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento ordinario de concurso o subasta". Para hacerlos posible se acudía, incluso, al fraccionamiento irregular de los contratos para reducir su cuantía.

La beneficiaria, la empresa que resultaba adjudicataria del contrato, tenía que pagar una comisión. Es un eufemismo. En realidad, la adjudicataria era el cauce para que los ciudadanos la pagásemos. El mecanismo: inflar los precios que las administraciones efectivamente costeaban. La diferencia entre el precio real y el pagado arrojaba unas cantidades que la trama corrupta se apropiaba. Sólo una parte ridícula iba al partido; la inmensa mayoría iba a satisfacer la codicia de los hoy condenados.

Es posible que la Historia tan torturada de España haya creado el imaginario colectivo de que el poder es tan poderoso como rico; y como tal mina de oro se puede explotar. Como dijo una ministra socialista, "estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie".

Ese nadie se ha hartado. Y ese nadie exige no sólo que se ponga fin a las vías que hacen posible la corrupción, sino que se acabe con la impunidad. El dinero público tiene dueño y el dueño, los ciudadanos, reclaman castigo y, sobre todo, respeto. La corrupción es, también, un atentado a la dignidad. Es lo que nos ofende; nos indigna.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.

Racistas sin cruz gamada
Cristina Losada Libertad Digital 25 Mayo 2018
 

No han elegido a Torra \'a pesar de\' su exhibición de supremacismo, sino por eso

Después de los artículos publicados en la prensa francesa sobre el nacionalismo catalán, a contracorriente de la oleada de simpatía mediática de la que se benefició el golpe de octubre, un comentario en el Frankfurter Allgemeine Zeitung acaba de marcar el nadir del separatismo catalán en la prensa extranjera. Escrito por Paul Ingendaay, que fue corresponsal cultural del diario en la Península Ibérica durante tres lustros, y publicado en el suplemento cultural, ya disponible online, permite constatar las consecuencias que tiene la elección de Quim Torra para la imagen que ha querido dar de sí mismo el separatismo catalán ""la revolución de las sonrisas"" en el escaparate internacional.

El artículo "Raus mit den Bestien!" (¡Fuera las bestias!) empieza hablando precisamente de aquella imagen amable y sentimental ""uno de los mayores éxitos de marketing del separatismo catalán"" para exponer luego las cartas que, ya de manera insoslayable, están sobre la mesa. Quim Torra "propaga racismo, xenofobia e ideas völkisch de la peor especie", dice. "Odia España y el idioma español. Lo ha dicho y escrito con frecuencia", como muestran sus tuits y artículos, de los que ofrece un selecto surtido. "Incluso los separatistas de línea dura hubieran querido meterse debajo de sus escaños cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hace un par de días, empezó a citar un artículo de Torra inconcebible". Era el de "las bestias".

"Por los textos de Torra corre algo más que un soplo de eugenesia y discriminación en función de los caracteres raciales", escribe Ingendaay, citando lo del "bache en el ADN" y un comentario sobre la dentadura de Carme Chacón. No deja de decir que Torra presentó disculpas por si había ofendido a alguien, pero añade: "Si esas frases no tenían el propósito de ofender a nadie, entonces sólo se pueden interpretar en su auténtico y mucho más sombrío sentido: como intencionadas afirmaciones de hecho". La pieza concluye con estas palabras: "Pues este predicador catalán del odio ha venido a dividir, no a reconciliar. Una elección espantosa".

Espantosa, sin duda. Pero es la elección que ha hecho, de forma deliberada, el separatismo. Puede que haya elegido a Torra a pesar del riesgo de reventar, con su aparición, el bucólico y sonriente escaparate que había dispuesto con esfuerzo costoso y tenaz. Un escaparate destinado, sobre todo, a la opinión internacional. Pero no ha elegido a Torra a pesar de su exhibición de supremacismo, sino por eso. Por eso y porque ha contado con algo con lo que hay que contar. En el movimiento separatista, las acusaciones de racismo o supremacismo resbalan. No hacen mella en el blindaje. Un blindaje que lleva dos capas, pues el separatismo catalán no se reconoce en ese retrato y está muy acostumbrado a hacer la inversión: los racistas y supremacistas son los otros. Los españoles.

Es un clásico. Un clásico relativamente reciente, que deriva del descrédito absoluto del racismo después del horror nazi. Ya no hay racistas que se declaren o se reconozcan racistas. No se encontrarán racistas que vindiquen una teoría de las razas distintas y desiguales, definidas en términos biológicos. El discurso racista ha abandonado el vocabulario explícito de raza y sangre y, con él, ha dejado atrás las metáforas biológicas y zoológicas (aunque Torra incurriera en ellas), como explica Pierre-André Taguieff. Ningún partido, ningún grupo, ningún movimiento podría presentarse hoy en la esfera pública con las hechuras del racismo que se condensan en el modelo nazi. Y no lo hacen. El racismo se ha reformulado. Se ha desplazado de la raza a la etnicidad o la cultura y de la desigualdad a la diferencia.

Entre los separatistas catalanes los habrá que se escandalicen por el hecho de que un destacado periodista y autor alemán escriba que Torra propaga el racismo, la xenofobia y las ideas völkisch (populistas o nacionalistas y típicamente racistas, según la definición del diccionario Oxford). Les escandalizará que se escriba tal cosa, no lo que ha escrito Torra ni lo que han escrito otros muchos: desde los ideólogos primeros del catalanismo "esos sí, racistas a la antigua" hasta el último influencer del separatismo. Y algunos se escandalizarán de verdad: no se reconocen como racistas o xenófobos. Porque lo que ven cuando se dice racismo es un uniforme nazi. Y, claro, si el escandalizado es de izquierdas, rechazará aún más indignado ese uniforme: ¿cómo voy a ser racista si soy el más antirracista y antinazi de todos"

Y sin embargo, el racismo existe. Se encuentra bajo los ropajes de las identidades colectivas y las diferencias, que evitan la condena general y también la propia toma de conciencia de lo que se es. Con esos materiales se ha construido el discurso contra los inmigrantes en la Europa actual. Un Jörg Haider, por ejemplo, lo hacía apelando al derecho a la identidad cultural de los pueblos. Algo que también defiende, mutatis mutandis, el antirracista de izquierdas. El racismo ha tirado lejos la cruz gamada y se ha puesto en la solapa los pins de los derechos a la identidad y a la diferencia. Ha pasado de hablar de razas a hablar de culturas. Ha dejado de referirse a desigualdades entre grupos biológicos y se refiere a diferencias históricas que justifican la exclusión. Ha sepultado el relato del conflicto de razas por el dominio de la tierra y ha asumido el relato de la pérdida de la diversidad del mundo. Los racistas no son lo que fueron. Pero racistas son.

Garzón y el entierro del PP

Jesús Cacho. vozpopuli  25 Mayo 2018
 

Se explica el gesto serio que el miércoles noche lucía Mariano tras la aprobación de los PGE para 2018, la mirada huidiza, los hombros hundidos por algún insoportable peso, en un momento en que debería haber mostrado satisfacción por los cuatro costados, gozo por todos los poros, que no era para menos, le acababan de asegurar la legislatura, llegar hasta el final, eso que tanto le importa, durar, y sin embargo ahí estaba el careto del personaje, nunca muy favorecido por la madre naturaleza, cierto, el gesto contrito, el aire de hombre poco o nada contento, preocupado, más bien concernido por la inminencia de algún pedrisco cuyos efectos no iba a ser capaz de detener. Doce horas después, primera hora de la mañana de ayer jueves, 24 de mayo, tuvimos la respuesta. Seguramente él ya sabía el miércoles lo que se le venía encima, y hasta es muy posible que lo supiera todo, que fuera plenamente consciente del fango que la sentencia del “caso Gürtel” arrastraba para él, para su Gobierno y para el Partido Popular.

Sentencia durísima, que no deja de causar cierto estupor por cuanto grava con más años de cárcel el robo de fondos públicos que el asesinato de seres humanos. El PP es un cadáver que hiede a kilómetros de distancia. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Huele tanto que sirve incluso para blanquear otros cadáveres, el de Baltasar Garzón sin ir más lejos, desvergonzado Garzón que ayer sacaba pecho, querido Emilio, como factótum del caso, estrella por un día en La Cuatro y La Sexta, ave de rapiña agazapada en espera de su día de gloria, el momento bastardo de reivindicar con todo el morro que fue inhabilitado como juez por el Tribunal Supremo por haberse convertido en campeón de la lucha contra la corrupción, “Era mi obligación y sabia a lo que me arriesgaba”, dice sin pestañear, “sabía que podían venir consecuencias y las buscaron de una u otra manera”, es decir, venían a por mí, fueron a por él, querido Emilio, he ahí un mártir reivindicándose sobre la mierda del PP, un benefactor de la patria “como creo que he hecho toda mi vida”, por mucho que el TS, “de forma equivocada” (sic) dijera lo contrario. Garzón o Pablo Iglesias, ayer con el hacha, ayer con la guadaña echado al monte, también destilando lava ardiente desde la inmarcesible altura moral de su elegante chalete de La Navata.

Aquí he escrito hace ya tiempo que el PP tendría necesidad ineludible de cambiar de sede y desde luego de siglas si pretendiera un remozado de imagen, cambio de mensaje incluido, pero hoy eso ya no es posible, ya no sería suficiente. Eso es agua pasada. El PP tiene que desaparecer como una antigualla de la historia. Partido clave en el desarrollo de la Transición, ha terminado por convertirse en una marca irrecuperable, tragada por el socavón de la corrupción. Porque no son las siglas, no, es la estructura humana de su dirigencia al completo, siempre dispuesta a tragar con todo sin rebelarse, la que tiene que disolverse. El PP es un cadáver y la sentencia de Gürtel que ayer conocimos ha venido a enterrarlo, a darle sepultura con el olor y el color de una bomba napalm. “Son cosas de hace muchos años” dijo ayer Mariano en una radio, antes de atreverse a reivindicar que “el PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados”. Bien dicho: 10, 15 o 150 casos aislados. Al escarnio por la mediocridad.
 

Sentencia de punto y aparte

Lejos del cariz tópico que suele rodear este tipo de asertos, sí que parece que esta sentencia es un punto y aparte. Quizá incluso un punto final a toda una época. “Esto no es una trama del PP; es una trama contra el PP, que es otra cosa” dijo Mariano hace tiempo y tenía razón, pero una trama contra el PP tejida, o por lo menos consentida, por la indigencia, la culpa in vigilando, la incapacidad de un político siempre rebasado por las circunstancias para desempeñar con la altura de miras que el cargo reclama las funciones de presidente del Gobierno. Se va a enterar Mariano de lo que vale el peine de un Bárcenas indignado con la condena a 14 años de su mujer. “Sé fuerte, Luis”. Después de la desgracia Zapatero, los españoles eligieron la desgracia Rajoy. Elegimos. Y en esa esquina de la historia estamos, destemplados, ateridos, incapaces de adivinar las consecuencias, de avizorar lo que se nos viene encima, apostando con la fe de quien se juega la última carta a que la moneda de Ciudadanos salga cara y no cruz, porque en caso contrario no se adivina más solución que la de salir corriendo.

Desolador panorama de país. Esta misma semana, martes 22, detención de Eduardo Zaplana por la Guardia Civil como presunto reo de un delito de blanqueo de capitales; imputación paralela del secretario de Estado de Hacienda, número dos de Cristóbal Montoro, por posible prevaricación y malversación siendo alcalde de Jaén, y horas después, al caer la tarde, Íñigo Méndez de Nada, tribuna del Congreso, debate sobre los Presupuestos, anunciando, seña de identidad de país dispuesto a dejarse ir por el sumidero de la irrelevancia, que para lograr beca matricula en la Universidad los estudiantes solo tendrán que exhibir un 5 pelado en su currículum. Ayer mismo, y junto a lo de Gürtel, macrorredada de la UDEF en Barcelona en busca de documentación sobre el supuesto desvío hacia el prusés de fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo. Los jueces parecen los vigilantes de la playa empeñados en evitar el naufragio, dispuestos, con la ayuda de la Guardia Civil, a rescatarnos de la mexicanización definitiva, a impedir que este país se eche definitivamente a perder.

Una sentencia que lo cambia todo, vino a decir ayer Albert Rivera, aludiendo a la posibilidad de que Ciudadanos opte por retirar su apoyo al Gobierno precipitando la convocatoria electoral. “No habrá paz para los cobardes y los corruptos”. Sentencia, en fin, que contamina todas las cosas que haya podido aportar el PP en estos 40 años de Transición, que sin duda han sido muchas, y que hunde en la miseria a esa militancia de centro derecha que, de buena fe y sin esperar medro a cambio, durante décadas prestó su ayuda al partido y regaló su precioso tiempo en tareas destinadas al beneficio colectivo. ¿Todos corruptos" Indudablemente no. La ausencia de una respuesta adecuada, una explicación coherente, por parte de Moncloa a lo que significa esta sentencia es quizá el peor insulto que Mariano podía dedicar a esos miles de militantes honrados, además de ser un golpe muy duro para la autoridad moral de nuestras instituciones. “Esta sentencia trastoca la estabilidad de la legislatura”, dijo ayer Rivera. “España necesita un Gobierno limpio y fuerte para protegerse del separatismo en este momento tan crucial”. Habrá que estar atentos.

Gürtel: moción de censura o adelanto electoral

Pablo Sebastián republica 25 Mayo 2018

Los líderes de la Oposición al Gobierno de Mariano Rajoy nunca hacen lo que deberían en una Democracia y en defensa de los intereses generales de país. Pero ahora tienen que pasar a la acción tras la impresionante sentencia de Gürtel hecha pública por la Audiencia Nacional donde se condena al PP y a los máximos dirigentes de la trama de corrupción, entre los que figura Luis Bárcenas, el tesorero del PP nombrado por Rajoy (‘Luis se fuerte’ dijo Rajoy en un SMS tras conocerse que tenía 50 millones de euros en Suiza).

Y todo ello con responsabilidad civil para el PP, reconocimiento de la doble contabilidad del partido y de las comisiones por concesiones públicas de gobernantes del PP para el pago de campañas electorales. Lo que echa por tierra el discurso de los ‘casos aislados’ de Maillo y Rajoy, y deja claro que Rajoy lo sabía todo: lo de Valencia, Madrid y Baleares y la sede central del PP.

Y ante este bochornoso espectáculo nacional solo caben dos salidas: que Rajoy se lance a tumba abierta (y nunca mejor dicho lo de la tumba) a unas elecciones anticipadas inmediatas; o que Pedro Sánchez presente ya y con urgencia, como es su obligación, una moción de censura contra Rajoy en el Congreso de los Diputados al margen de lo que decidan Pablo Iglesias y Albert Rivera.

No puede ser que el PSOE haya presentado una moción de censura en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes por un máster irregular y dos botes de crema y que ahora no haga lo mismo contra Rajoy a la vista de la grave sentencia de Gürtel.

Y que se cuide Rivera de ponerse de perfil en esa encrucijada porque el miércoles, y de la mano del PNV soberanista le aprobó los Presupuestos de 2018 a Rajoy, a sabiendas que tras esa mano de cal aparecería el turno de la arena de la sentencia de Gürtel cuyo contenido Rivera imaginaba y no se había hecho público antes porque lo impidió el Gobierno para evitar que interfiriera en la votación de los Presupuestos.

Que se ande con cuidado Rivera porque miente y hace trampas con mucha facilidad mientras se envuelve en la bandera nacional. Porque Albert ya se tragó el voto delegado de Comin y Puigdemont y se puso muchas medallas en él linchamiento de Cifuentes pero ante Rajoy se suele humillar con mucha facilidad.

Y algo parecido se le puede decir al dueño del chalé de Galapagar Pablo Iglesias que ya salvó a Rajoy el 4 de marzo de 2016 obligando a Podemos a votar en contra de la investidura de Sánchez. Y que si vuelve a plantear la cantinela de la vicepresidencia todopoderosa como la otra vez habrá que nombrarle mayordomo del gran chalé de la Moncloa donde habita Rajoy.

De manera que ya veremos que hace el cuarteto político español. Rajoy no tiene más salida (a pesar que los Presupuestos de 2018 le permiten en teoría permanecer en Moncloa hasta 2020) que adelantar ya las elecciones antes de que Sánchez presente la moción de censura.

Porque si Rajoy no convoca elecciones y además prospera la censura y lo echarán de Moncloa y Sánchez pondrá a trabajar a la Fiscalía contra la corrupción del PP y Rajoy podrá volver a ser citado ante los tribunales, una situación que le causa estupor. Máxime si Bárcenas (a quien la Audiencia Nacional ha condenado a 33 años de cárcel, y a otros 15 años a su esposa Rosalía) cumple su amenaza y cuenta todo lo que sabe sobre el PP.

Y la misma urgencia debe tener Sánchez para presentar en el Congreso la moción de censura antes de que Rajoy disuelva las Cortes y convoque unas elecciones inmediatas que podría ganar el centro derecha PP-Cs al menos en escaños. Y además porque está ocasión puede ser la segunda y última oportunidad de Sánchez de llegar a presidente del Gobierno, al menos de aquí al final de la legislatura aunque tenga que gobernar con Presupuestos del PP, con los que él podría primar el gasto social.

Estamos en una encrucijada crucial y el tiempo apremia y obliga a Sánchez y a Rajoy a tomar una decisión. Cabe una tercera y casi imposible opción: que Rajoy dimita y le ofrezca a C´s, PNV y los canarios la presidencia de Feijóo. Pero parece demasiado tarde para articular semejante operación. Además Rajoy no se irá quiere morir con las botas puestas y ahora podría tener esa oportunidad.

O dimisión de Rajoy o moción de censura

Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 25 Mayo 2018
 

O Mariano Rajoy presenta su dimisión o PSOE, Podemos y Ciudadanos deben poner en marcha inmediatamente una moción de censura que desaloje de la Moncloa a su actual inquilino. Una moción de censura que tenga como condición sine qua non la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. La contundente sentencia del caso Gürtel inhabilita al presidente del Gobierno para seguir al frente del país.

El fallo de la Audiencia Nacional, que “pone en cuestión la credibilidad” de Rajoy, –vamos, que lo viene a tildar de mentiroso, para que nos entendamos–, acredita una trama generalizada de la corrupción en el seno del Partido Popular. También, la existencia de una 'caja B' en las cuentas de la organización –“una estructura financiera y contable paralela a la oficial”– con la que dopaba sus campañas electorales y de donde salía, además, el dinero destinado “a miembros relevantes del partido”, los famosos sobresueldos denunciados por Luis Bárcenas, extesorero popular, que ha sido condenado a más de 33 años de cárcel.
 

Prácticas corruptas desde 1989

La resolución señala que las prácticas corruptas de los populares existen “al menos desde 1989”, con lo que quedaría bajo sospecha no sólo el mandato de Rajoy sino también el de su antecesor en la presidencia del Partido Popular, José María Aznar, y hasta el del antecesor de éste, Manuel Fraga. Y no solamente pone en evidencia el juego sucio amparado por la cúpula del partido, sino asimismo el de sus principales centros de poder autonómico de las últimas décadas: Madrid y Valencia. La condena deja al desnudo las practicas mafiosas de los populares durante casi 30 años de la vida política española.

Como diluvia sobre mojado, el fallo se ha hecho público, además, horas antes de que la jueza de Valencia, Isabel Rodríguez, enviara a prisión sin fianza a otro nombre propio de la reciente historia del PP, Eduardo Zaplana. El exministro y expresidente valenciano está acusado de blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que Zaplana ocultó en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay comisiones ilegales por valor de 10 millones de euros, que en los últimos años habría ido repatriando a España desde Luxemburgo. Ante todo esto, el máster y las dos cremas de Cristina Cifuentes parecen una gamberrada de parvulario.

El calvario judicial que le queda al PP

Los días horribilis del Partido Popular no parecen tener fin y el horizonte penal que le queda por delante no invita a la tranquilidad: a este calvario le quedan otras siete cruces relacionadas con Gürtel, además de Lezo, Púnica, Acuamed, Mercasa, Nóos, Brugal y Pokemon, hasta un total de 15 causas.

Es por esto que, tras la demoledora sentencia de este jueves, ni Mariano Rajoy ni el PP pueden seguir un día más de espaldas a la ciudadanía; no pueden seguir siendo el partido del ‘aquí nunca pasa nada’, el partido del ‘yo no he sido’; no pueden creer, ni hacer creer a los españoles, que nada de todo esto tiene que ver con ellos. Tienen que dar la cara y someterse al juicio de las urnas y para ello Mariano Rajoy debe dimitir ya. Y si no lo hiciera, que es lo que nos tememos, la oposición tiene la obligación política de unirse por la dignidad del Parlamento y por la de la Presidencia del Gobierno.

Llegados a este punto, lo lógico sería que las tres principales fuerzas de la oposición se pusieran de acuerdo para nombrar a un independiente que llamara a las urnas lo antes posible. De no ser así, Sánchez podría estar planeando una moción de censura que obligara a Rivera a tumbar a Rajoy: bien forzándole, como sucedió en Madrid, a elegir a otro presidente entre el PP; bien apoyando directamente la moción de los socialistas. Ciudadanos no podría ser menos exigente en el Congreso de los Diputados que en la Asamblea de Madrid.

Esa izquierda, que de casta le viene al galgo

Gonzalo Duñaiturria okdiario 25 Mayo 2018

Progresistas de salón, de solo teoría y falso ejemplo. Prédica hipócrita una vez más aparece, si es que alguna vez desapareció. Nos hemos topado esta semana, como Don Quijote con los molinos, con dos nuevos ejemplos de esa impostora actitud. Iglesias y Montero, los del escrache, las coacciones y el acoso, que al ver la luz adquieren en condiciones más que favorables un chalet de lujo. Y el ominoso Willy Toledo, histrión más que actor, acompañado por Javier Bardem y Alberto San Juan, dando lecciones de libertad de expresión. Que interesante pareja los primeros, Iglesias y Montero, en la España de sus desahucios y de sus empleos esclavos, mensajes adulterados que les han servido para travestirse en nuevos conversos del capitalismo, para pasar de los 60 metros de piso en Vallecas a un chalet de lujo. Ejemplos de esa progre picaresca, de simulada lucha contra el sistema hasta servirse y lucrarse de él. Pareja de "listos" entre necios, aprovechándose de esa desilusionada sociedad que busca venganza seccionando el mercado libre, el verdadero progreso, el desarrollo del individuo en el que no creen. Pareja de fanfarrones atizando a la ciega recua.

Y acompaña a esta progresía de salón el indecente Willy Toledo. "Presunto" autor de un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. Cobarde, porque sus indecorosas y ridículas sandeces se dirigieron contra la Iglesia Católica, no contra el orbe musulmán radical, conocido por su libertad y tolerancia. Contra estos no, por si acaso. Ridículo ejemplo de comunista, según propia definición. Mentecato fabulador residente en Cuba, país crisol de respeto, libertad y tolerancia. Y en su lúgubre pesebre donde apoyado por curas y teólogos, pásmese Papa Francisco, se jactó de incumplir un mandato judicial, escoltado por lo más granado del progresismo. Bardem, a quien el Supremo impuso dos sanciones por 151.000 euros por infracciones tributarias. Histrión que quiso ser papá en el Sinai Medical Center, clínica, no pública, que no se encuentra en La Habana ni en ningún estado socialista, sino en uno de los rincones más capitalistas del mundo, Beverly Hills.

Bardem, un clásico de los paladines de la ultraizquierda, en vital campaña contra "los ricos", que vulnera la ley para evitar que la norma le afecte en sus finanzas y acude a centros exclusivos de grandes capitalistas. ¿Y quién es Alberto San Juán? Conocido por meterse en algarabías políticas más que por sus interpretaciones. Vocero y bocazas anticapitalista que desconoce, porque no lo vive, que el hambre, la pobreza y la tiranía no pertenecen al capitalismo, sino que son sinónimos del socialismo, ese sistema que jamás condenan ni él ni el llamado mundo de la cultura. La cara no oculta de los predicadores progres. Lo han tenido todo en casa de papá y mamá. Combinan fiereza revolucionaria y deseo de transformación social producto del revanchismo más que de la justicia. Se han fabricado una ideología a la medida de sus egoísmos y de sus apetencias, proclamándose abanderados de la apertura y el progreso.

El abrazo de una falsa revolución sin haber conocido nunca las dificultades de los que tienen como prioridad encontrar un trabajo, pagar una vivienda o dar de comer a sus hijos. Progresía insultante cuyas actitudes reflejan un activismo en defensa de las tesis más radicales de la izquierda embozando su comportamiento privado consistente en reproducir conductas que en sus monsergas no se cansan de denunciar. No se preocupan de que los pobres vivan mejor, sino de que haya más pobres excepto ellos, cuando alcanzan su objetivo de convertirse en casta. Se les valora demasiado. Ni Pablo, ni Irene ni los botarates de Toledo, Bardem y San Juan dan intelectualmente para mucho más. Ya lo dijo Marguerite Yourcenar, novelista francesa: "Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble".

ETA y el perdón

Manuel Toscano. vozpopuli  25 Mayo 2018
 

El pasado 3 de mayo ETA anunció su disolución tras décadas de actividad terrorista. El eco del acontecimiento quedó seguramente amortiguado por el hecho de que la banda terrorista ha ido anunciando su final a plazos. En 2010 declaró un ‘alto el fuego’, seguido al año siguiente por el cese definitivo de la ‘lucha armada’, y en marzo de 2017 anunció su desarme unilateral y sin condiciones. El comunicado final en el que ETA anuncia el desmantelamiento de su estructura organizativa y da por concluida toda actividad se daba hace tiempo por descontado.

Por mucho que se haya demorado el final, el cese de la actividad de la organización terrorista es una excelente noticia. Con el nuevo escenario político en el País Vasco se abre también la pugna por cómo contar el final de ETA y su historial de violencia, en lo que ahora se llama “la batalla por el relato”. Y surge de nuevo la cuestión del perdón en una sociedad amargamente dividida por el terrorismo. Si echamos la vista atrás, el perdón ha estado sobrevolando la política vasca muchos años, antes incluso de que cesarán los atentados. Es la propia ETA la que ha vuelto a poner el tema en la discusión pública con la publicación de una carta, el 18 de abril, donde reconocía su responsabilidad por el daño causado; lo hacía, según decía, con el objetivo de ayudar a “superar las consecuencias del conflicto” y contribuir a la difícil tarea de la reconciliación entre los ciudadanos vascos. En la prensa de esos días se entendió que ETA había pedido perdón.

Dada la controversia que suscita, sería bueno preguntarnos en qué consiste el acto de perdonar, o qué condiciones han de darse para que hablemos estrictamente de “perdón”. La cuestión se presta a confusión porque en el lenguaje corriente usamos “perdonar” de forma laxa y hablamos por ejemplo de “perdonar una deuda” cuando se exime o dispensa al deudor de una carga u obligación. Pero en estos casos falta algo esencial, pues el deudor no tiene que haber cometido falta alguna. El sentido propiamente moral del perdón, en cambio, exige como condición imprescindible que aquel al que se perdona haya obrado mal; no tendría sentido perdonar a quien no ha cometido mal alguno.

Por otra parte, el perdón es una forma de reconciliación que se da entre el perpetrador del mal y la víctima que lo ha padecido, pero la reconciliación puede adoptar múltiples formas que nada tienen que ver con el perdón. Puede darse entre enemigos que buscan un arreglo conveniente para acabar con las hostilidades. En muchas sociedades es habitual ofrecer regalos o compensaciones para apaciguar a otros, a fin de que depongan el resentimiento o el deseo de venganza. No menos común es pasar por alto las ofensas y agravios sufridos, considerando que es mejor “pasar página” y olvidarlos. Pero nada de esto es perdonar. Nuestra idea del perdón responde a unas condiciones específicas y moralmente exigentes, que son herencia de la tradición cristiana. Por ello, como ha explicado David Konstan, no se encuentran entre los griegos y romanos de la Antigüedad; así la clemencia de Julio César con sus enemigos vencidos era otra cosa: simplemente les libraba del castigo por magnanimidad o cálculo.

Algunas de esas condiciones son las que tendría que cumplir un agente para ser perdonado. Sólo cabe perdonar a quien ha obrado mal contra uno, como hemos dicho; ello supone que actuó ilícitamente con la intención de dañarnos, siendo por tanto responsable del daño causado. Ahora bien, ¿debería el perpetrador admitir su responsabilidad y reconocer el mal cometido como condición para el perdón" Buena parte de la discusión se centra en cuál ha de ser la actitud del perpetrador para merecer el perdón. Como con cualquier acto, hay buenas y malas razones para perdonar y no parece justificado perdonar a quien ni siquiera admite el mal cometido o su responsabilidad en los hechos. ¿Tendría que lamentarlo? Esta condición parece demasiado débil, puesto que uno puede lamentar simplemente que las cosas hayan ocurrido de esa manera, o desear que las circunstancias hubieran sido distintas, sin admitir responsabilidad alguna por lo sucedido. Por eso en el catolicismo el perdón requiere penitencia, esto es, el dolor de haber pecado y el propósito de no pecar más. En términos seculares podemos hablar de remordimiento y arrepentimiento, sentimientos centrados en el propio agente por cuanto implican el pesar por el mal realizado así como la voluntad de reformarse y cambiar moralmente. Quien pide perdón debe dar prueba de la sinceridad de su arrepentimiento y de su propósito de enmienda con los gestos adecuados, ya sea disculpándose, ofreciendo reparación o aceptando el castigo.
 

Supongamos que se cumplen esas condiciones por parte del perpetrador, ¿estaríamos obligados a perdonar en ese caso? Fijémonos en tres cosas. Nadie puede perdonar por otro, pues es una potestad que corresponde exclusivamente a quien ha sufrido el mal. Además, el perdón se concede de forma graciosa, sin que se pueda reclamar o exigir. Perdonar es lo que los filósofos morales llaman un acto supererogatorio, que tiene mérito moral pero está más allá del deber. Por último, como señala Griswold, perdonar supone una transformación también del que perdona, porque deja atrás la amargura del resentimiento y los deseos de venganza, dispuesto a considerar al perdonado bajo una nueva luz. Como se ve, perdonar es una forma de reconciliación excepcionalmente exigente, puesto que supone la transformación moral de las dos partes.

Si aceptamos esta reconstrucción del concepto, tengo dudas de que se pueda trasladar fácilmente a la vida pública. Dada la naturaleza altamente personal de sus condiciones morales, con sentimientos y actitudes como los señalados, el perdón no parece aplicable a colectivos y organizaciones. Por otra parte, se trata de estados psicológicos de difícil verificación. Pensemos por ejemplo en lo que ha sucedido con la circunstancia atenuante del arrepentimiento en el Código Penal, donde el factor psicológico tradicional ha sido sustituido por un comportamiento objetivable como la colaboración con la justicia. Por sus elevadas pretensiones, el uso político del perdón se presta al abuso y a la manipulación, cuando no enmascara simplemente otra clase de arreglos menos nobles.

Por lo demás, la lectura del comunicado de ETA del 18 de abril deja poco lugar a dudas, pues queda bien lejos de las exigencias mínimas del perdón. Los terroristas reconocen el daño causado, pero no la naturaleza ilícita de sus acciones, por ello siguen hablando de “trayectoria armada”. Más aún, ese daño causado por la banda se diluye en un “se ha padecido mucho en nuestro pueblo” (sic). “Un sufrimiento desmedido” que, según dicen, no empezó con ETA y ha continuado después. La responsabilidad de los terroristas queda contextualizada así en el famoso conflicto con el Estado, donde ambas partes estarían en perfecta simetría. ETA se limita a lamentar el sufrimiento provocado por el conflicto y hasta lo hace de forma inconsistente: “desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo”. O una cosa o la otra. Pero seguramente lo peor es la petición selectiva de perdón a “las víctimas que no tenían participación directa en el conflicto”, como si las otras estuvieran justificadas. Lo hicieron además ‘obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada’, una excusa bien elocuente.

Decía Arendt que perdonar es la más atrevida de las acciones humanas porque aspira a lo que parece imposible: deshacer lo que ha sido hecho e inaugurar un nuevo comienzo. Es también una de las más nobles cuando se dan las condiciones apropiadas. Aquí no concurren, pero en todo caso eso es algo que concierne exclusivamente a las víctimas. Como ciudadanos, lo apropiado es celebrar la derrota final de ETA, sin hacer más caso de sus torpes excusas y de su prosa terrible.

Cacería separatista contra la secretaria judicial que tuvo que escapar por una azotea

Un exconsejero de la Generalidad difunde la imagen y los datos de la testigo protegido de la causa que instruye Llarena.

Pablo Planas Libertad Digital 25 Mayo 2018

La secretaria judicial que participó en el registro de la sede de la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre tuvo que escapar del edificio por una azotea y acceder a la calle confundida entre el público que abandonaba una función en el teatro colindante.

Y es más que probable que tenga que escapar de Cataluña, toda vez que su imagen y sus datos corren como la pólvora entre los separatistas. Su imagen y datos no circulan sólo en grupos cerrados. El señalamiento ha llegado a Twitter. Uno de los primeros en marcar a esta mujer ha sido el exconsejero de la Generalidad durante el tripartito Josep Huguet (ERC), quien en su cuenta reproduce un afiche con la foto de la funcionaria, su nombre y juzgado al que está asignada. También se afirma que es "seguidora de Unidad Nacional Española, asociación partidaria de usar el ejército contra los catalanes". Y remata la nota: "Quiere mantener el anonimato".

Las defensas de Oriol Junqueras y los Jordis habían solicitado la comparecencia de esta persona en calidad de testigo, a lo que accedió el magistrado del Supremo Pablo Llarena a condición de que se le dispensase trato de testigo protegido. Los letrados se han opuesto. El juez consideraba que la mujer no debía correr el riesgo de ser identificada, como finalmente ha ocurrido.

El exconsejero Huguet también se hace eco de una "información" del diario Público en la que se acusa a la funcionaria judicial de ser "seguidora de Ciudadanos y de páginas ultras españolas".

EL 2 DE JUNIO

Vox y Hablamos Español tomarán Valencia por la libertad de elección de lengua

La Gaceta  25 Mayo 2018

"Siempre nos opondremos a quienes pretenden dividir, en este caso, por medio de la discriminación de la lengua de todos los españoles", afirman desde el partido liderado por Santiago Abascal.

El próximo 2 de junio a partir de las 18:00 horas tendrá lugar en Valencia una manifestación por la Libertad de Elección de Lengua, convocada por la Plataforma "Hablamos Español" bajo el lema: "No a la Imposición Lingüística. Por tus hijos, por tu país. ¡Movilízate!".

Vox, que viene apoyando a esta plataforma y sus -afirma- "más que justas reivindicaciones- desde el principio, también participará en la marcha que partirá de las Torres de Quart para finalizar en el Parterre.

Desde el partido liderado por Santiago Abascal recuerdan que "ese apoyo es expresamente reconocido por sus representantes, así como por todos los ciudadanos que acuden a nuestras sedes y a nuestras mesas informativas en las que pueden firmar la ILP para que se pueda hablar y aprender en español en toda España".

Desde el Área de Educación del Consejo Político y con la colaboración de los Comités Provinciales afectados por la imposición de las lenguas cooficiales en perjuicio del español, junto con las Vicesecretarías de VOX y su Secretaría General, se creó un grupo de trabajo para coordinar el asunto del adoctrinamiento en los colegios y del conflicto de las lenguas vehiculares cooficiales en la Educación.

"Entre nuestras tareas está la de preparar y diseñar las manifestaciones que convoca Hablamos Español, para que sean todo un éxito y se haga notoriamente visible que los valencianos, los catalanes, y todo los españoles defendemos nuestra lengua común, que es además un instrumento de unión entre todos nosotros, y con los pueblos de Hispanoamérica, que lo hablan y lo defienden orgullosamente", han manifestado.

El equipo "Por la libertad de lengua" de Vox cree que "se trata de una oportunidad que no debemos dejar pasar y también que nuestro compromiso con todos los españoles nos obliga a involucrarnos de manera relevante en el éxito de la manifestación. Por ello, en nombre de todos los que desde Vox estamos colaborando en esta iniciativa, os pedimos que nos acompañéis ese día por las calles de Valencia, para hacer patente nuevamente a toda la ciudadanía que Vox se compromete no sólo con palabras, sino también con hechos".

"El pueblo valenciano, y todos los que asistan a esta convocatoria, tienen que saber que Vox defiende la libertad de educación, defiende a las familias y defiende los derechos de todos los españoles dentro de nuestra patria; y que siempre nos opondremos a quienes pretenden dividir, en este caso, por medio de la discriminación de la lengua de todos los españoles", añaden.

La venganza secesionista: «Me llenaron el coche de pintura por quitarles las cruces amarillas»

Gabriel Romero explica a ABC el acoso habitual que sufren los ciudadanos catalanes que no apoyan a los independentistas

Gregoria Caro. ABC  25 Mayo 2018
 

El acoso a quienes no se declaran independentistas comienza a ser el día a día para muchos ciudadanos catalanes. Gabriel Romero (52 años) forma parte de «Els Segadors del Maresme», una de las brigadas de limpieza que quitan la propaganda secesionista de los espacios públicos. Este vecino de Vilasar de Dalt, un municipio de Barcelona, estuvo el lunes en Canet de Mar quitando cruces independentistas que llenaban la playa ante los turistas incrédulos. De allí, salieron amenazados y agredidos, pero a Romero aún le faltaba un castigo más: su coche apareció lleno de pintura amarilla.

Ahora, plantando cara a los radicales secesionistas que quisieron frenarle, explica en ABC el acoso habitual que sufren los que no están a favor de la independencia.

¿Por qué fueron a la playa de Canet de Mar"

Nos avisaron de que habían puesto cruces amarillas y esteladas en la playa y fuímos a limpiarlo porque es un espacio de todos. De hecho, algunas personas más radicales querían ir a quitarlas, pero nos adelantamos para evitar cualquier tipo de confrontación violenta. Nosotros sólo hacemos acciones de limpieza, lejos del vandalismo, pero cuando llegamos nos insultaron, increparon y golpearon como se ve en los vídeos que han sacado los medios.

¿Cuándo se encontró el coche así?

Después de retirar las cruces volví a casa sobre las 11.30 horas de la noche y aparqué el coche cerca, pasó apenas una hora y cuando salí a cogerlo para ir a trabajar lo encontré lleno de pintura amarilla...

¿Denunciaron?

Me dijeron que podía denunciar, pero claro... ¿A quién denuncio? No puedo culpar a alguien si no estoy seguro. Por suerte la pintura era reciente y frotando mucho con unos cepillos pudimos quitar gran parte.

¿Cómo se siente?

Me siento como todos mis compañeros: perseguido. Tengo amigos que han sido amenazados, de quienes han publicado sus datos personales, sus trabajos y hasta sus coches en la redes sociales... Es como si los que no queremos la independencia estuviéramos en busca y captura. Están a la caza. Nos llaman «fachas» y «ultras», pero somos personas normales que no pensamos igual y no queremos espacios públicos sucios. Es algo totalitario y dictatorial.

¿Qué hacen los ayuntamientos de la zona?

Los ayuntamientos no están evitando que se hagan acciones como pintadas o que se llenen las calles de propaganda en apoyo a los presos políticos. Incluso ahora el Ayuntamiento de Arenys de Munt ha decidido multar a los que quiten los lazos amarillos... En vez de apagar el fuego, lo están provocando. Está prohibido ensuciar los espacios públicos y los ayuntamientos son responsables de lo que está pasando, pero no actúan. Así que las brigadas de limpieza vamos a seguir limpiando.

¿Cómo es vuestra forma de actuar?

Siempre de la misma manera: vamos a limpiar, avisamos a la policía de lo que hacemos y lo grabamos todo para evitar que nos acusen de violentos o mientan. No pintamos, ni ponemos nada en ningún sitio. Sólo limpiamos lo que ponen los independentistas en los parques, farolas, árboles... Queremos hacerles entender que esos espacios son de todos. Ellos pueden hacerlo en su casa o llevar un lazo amarillo puesto, pero no ensuciar las calles o montar cementerios en las playas. No da buena imagen a los turistas.

Además, no les va a llevar a nada. Son libres de hacer manifestaciones o concentraciones delante de los ayuntamientos... Pero pintadas como «Rajoy muere» o «Segadors del Maresme, cavaremos vuestra tumba» no sólo ensucian, sino que son actos vandálicos y mensajes de odio.

¿La situación puede empeorar?

Cada vez hay mas incitación al odio. La gente se plantea que esto es una batalla entre Cataluña y España, pero es lo contrario: es una guerra de catalanes contra catalanes. La población se ha divido entre los que no queremos la independencia y los que sí.

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Para el PP esto no es vivir, es agonizar

Mariano Rajoy está hoy peor que Zapatero en el año 2011, y mucho peor que Felipe González en los estertores de su mandato

Ignacio Varela elconfidencial 25 Mayo 2018
 

Todos sabíamos que la sentencia del caso Gurtel era inminente, y presentíamos que sería terrible para el PP. Pero solo cuando las catástrofes suceden en la realidad se comprueba el alcance de su poder destructivo. La sentencia que emitió ayer la Audiencia Nacional equivale a un siniestro total para el tambaleante partido del Gobierno; y muy singularmente, para su líder, definitivamente carbonizado.

La sentencia contiene una condena jurídica y una lapidación moral. 1.687 páginas que son otras tantas pedradas al deteriorado prestigio del equipo dirigente de ese partido. Más allá de las múltiples responsabilidades personales, hay en ella dos párrafos singularmente demoledores.

El primero es aquel en el que describe lo que llama "el levantamiento del velo": "Nos encontramos "dice" con una estructura organizada que extiende sus ramificaciones hasta introducirse en la Administración controlada por el Partido Popular, donde, aprovechándose del rango y control de militantes con distintos grados de responsabilidad, utilizan los resortes legales a su alcance para una finalidad defraudatoria ilícita de la que todos (incluido el propio PP) obtienen lucro o beneficio". Es decir: queda constatado judicialmente que una "organización criminal" (la expresión no es mía, sino de la sentencia) patrocinada por la dirección del PP ha estafado al Estado durante lustros.

La sentencia se compone de 1.687 páginas que son otras tantas pedradas al deteriorado prestigio del equipo dirigente del Partido Popular

El segundo es, si cabe, más corrosivo: "Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc. niegan la existencia de una caja B en el partido. El Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios, argumentación que comparte el tribunal". Lo que equivale a decir que el presidente del Gobierno, declarando como testigo bajo juramento, mintió ante un tribunal de justicia.

Un partido declarado estructuralmente corrupto y un presidente señalado como perjuro. Ningún Gobierno de Europa occidental sobreviviría a algo semejante. Sin embargo, este lo intentará porque, en el terreno de la moral pública, sigue desoladoramente vigente el lema franquista de que España es diferente.

Este infausto mes de mayo empezó con la estruendosa caída de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sin que el PP tuviera que arrodillarse ante el partido a cuyos miembros, en la grotesca convención en Sevilla, había tildado de "inexpertos lenguaraces" y otras lindezas para terminar suplicando su voto para Garrido y para el Presupuesto.

Rajoy afirma que "el PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados" de corrupción

Después vino el oprobio de ver cómo se elegía presidente de la Generalitat a un comisario político de Puigdemont, culminando el fracaso de la estrategia del Gobierno respecto a Cataluña y metiéndonos en un berenjenal jurídico y político al que no se ve salida digna.

Esta misma semana se ha detenido a Eduardo Zaplana, al que se ha querido confinar higiénicamente en el periodo de Aznar, soslayando el hecho de que durante cuatro años formó, con Rajoy y Acebes, el triunvirato gobernante de aquel PP de la oposición incendiaria.

Y me temo que estamos en vísperas de que un tribunal alemán revuelque a la Justicia española tras la chapucera detención de Puigdemont en la gasolinera peor elegida de Alemania.

Por no hablar de la lluvia ácida de las encuestas que sigue cayendo, incesante. Creer que todo eso "y lo que viene" se compensa con la pírrica aprobación del Presupuesto son ganas de engañarse. Si la votación presupuestaria se celebrara hoy, el Gobierno ya no podría contar con los votos de Ciudadanos ni del PNV. Rajoy está tardando demasiado en admitir que en política no siempre la economía te saca de pobre.

Ayer, muchos proclamaron, con excesiva premura, que con la votación del miércoles Rajoy había ganado dos años más de vida para él mismo y su Gobierno. Hoy se ve más claro que esto no es vida, es agonía. Cuán lenta y dolorosa resulte depende en gran medida del propio Rajoy.

El PSOE reproducirá la experiencia madrileña lanzando a su intrépido jefe a una moción de censura, quizá con el anzuelo de que sería para convocar elecciones inmediatamente. Pero que no cuenten con Ciudadanos para ese viaje: Rivera no tiene la menor intención de sentar a Pedro Sánchez en La Moncloa. Su plan macroniano de acceso al poder pasa por abrasar a Mariano, no por encumbrar a Pedro.

Esa moción solo saldrá adelante resucitando a la 'mayoría Frankenstein': PSOE más Podemos más todos los nacionalistas e independentistas. Se amontonan las preguntas: ¿se propone Sánchez llegar al Gobierno con los votos de Torra, Puigdemont y Junqueras? ¿Qué pasaría con el frente constitucional? ¿Ha calibrado el efecto desestabilizador de esa maniobra sobre el conflicto de Cataluña? ¿Qué compromisos "explícitos o tácitos" debería asumir sobre el 155? Pese a todo, le creo muy capaz de intentar el disparate. Por cierto, ¿eso no se consulta a las bases?

El PSOE reproducirá la experiencia madrileña lanzando a Sánchez a una moción de censura, con el anzuelo de que sería para convocar elecciones

Ciertamente, Ciudadanos está en un brete. No puede repetir la jugada murciana y madrileña (exigir que reemplacen a Rajoy por otro de su partido): en estas circunstancias, es imposible que salga adelante la investidura de ningún candidato del PP. Obligar a Rajoy a dimitir equivale a provocar elecciones. Pero Ciudadanos tiene que hacer honor a su declaración de que hay un antes y un después de esta sentencia.

Sospecho que los movimientos de Rivera durante las últimas semanas, su estudiado distanciamiento del Gobierno, han consistido en preparar el clima para este momento. Ahora, lo más probable es que haga saber que el Gobierno ya no puede contar con su apoyo para nada salvo para Cataluña "y aun eso, con reparos". Lo que dejará al Gobierno completamente desvalido, con dos años por delante y 137 diputados por todo soporte. Es una forma de conducir a Rajoy al borde del precipicio, pero que parezca que es él quien salta, no Rivera quien lo empuja.

Rajoy está hoy peor que Zapatero en 2011, y mucho peor que Felipe González en los estertores de su mandato. El anterior presidente anunció con varios meses de antelación su propósito de no presentarse a las siguientes elecciones. Hacer ahora algo parecido abriría, es cierto, la competición sucesoria; pero aliviaría la presión emocional y el tremendo abatimiento que se respira en la base social del Partido Popular. Y quizás en esos meses como pato cojo veríamos por fin a Rajoy parecerse a un estadista. Pero presiento que hará lo de siempre: nada.

En las encuestas hay datos pavorosos sobre la desconfianza hacia este Gobierno y su presidente. Lo que no muestran los números es el tono de quienes responden: les aseguro que se eleva por días. Hoy, en los entornos sociales empieza a ser un problema decir que eres del PP. Pero si además defiendes a Rajoy, los primeros que se te echarán encima serán los del PP. Un signo inequívocamente terminal.

A quien mejor le ha venido esto es a Iglesias. Ahora podrá dedicarse con más calma a preparar el pucherazo a lo Maduro de su referéndum inmobiliario. El lunes, milagro.

Rajoy, fiel a sus principios

Arturo García gaceta.es 25 Mayo 2018
 

Los votantes del Partido Popular no deberían extrañarse del pacto del Gobierno con el PNV, un partido que horas antes acordaba con Bildu conceder la nacionalidad vasca en el nuevo Estatuto.

Por todos es sabido el amor que Mariano Rajoy profesa por el fútbol. Merengue de corazón, el presidente del Gobierno ha hecho suya una máxima de uno de los grandes ídolos de la hinchada colchonera: Luis Aragonés. El "sabio de Hortaleza" popularizó la frase "ganar, ganar y volver a ganar". 10 años después, el popular ha llevado estas palabras un paso más allá y las ha adaptado al lenguaje político: ceder, ceder y volver a ceder.

Desde que venció en las elecciones de 2011, Rajoy ha centrado sus esfuerzos en contentar a sus rivales políticos y, más que el presidente de todos, se podría decir que ha sido el de los otros. Todas las medidas tomadas desde el Gobierno han ido en dirección contraria a su programa electoral y nada queda en el número 13 de la Calle Génova de aquel partido que decía defender la vida, la familia o a las víctimas del terrorismo.

Los votantes del Partido Popular no deberían extrañarse del pacto con el PNV, un partido que horas antes había acordado con Bildu conceder la nacionalidad vasca en el nuevo Estatuto para sacar adelante los Presupuestos. Como el persa Darío III en la batalla de Gaugamela, el presidente hace tiempo que se despreocupó de su peligroso legado y su único objetivo es llegar al final de la legislatura con vida política. El problema para España es que al otro lado no está una suerte de Alejandro Magno moderno, sino una generación de políticos incapaz de acometer los desafíos que deberá enfrentar el país en la próxima década.

El intento de golpe de Estado en Cataluña parecía haber hecho reaccionar al Gobierno, pero nada más lejos de la realidad. La aplicación del artículo 155 ha sido tibia, las terminales mediáticas con TV3 a la cabeza continúan vomitando su odio contra los españoles y al frente de la Generalitat se encuentra un líder supremacista dispuesto a llevar los delirios de Carles Puigdemont hasta las últimas consecuencias.

El efecto contagio ha llegado al País Vasco, donde las últimas generaciones de nacionalistas se conformaban con un jugoso trozo del pastel presupuestario para calmar sus ansias de independencia. Hasta ahora. El PNV poco a poco ha levantado la voz sobre la necesidad de un autogobierno para la región e Íñigo Urkullu, empujado por la precipitación electoral y los abertzales de Bildu, ha aprobado el Preámbulo de un nuevo Estatuto en el que se recoge el mal llamado derecho a decidir, se aboga por una relación bilateral y confederal con el Estado y se aprueba dar a los ciudadanos la nacionalidad vasca.

La ponencia también recoge que el "pueblo vasco es una nación" y que "Euskal Herria es un pueblo con identidad propia" que está "asentado geográficamente sobre siete territorios políticamente articulados en dos Estados, el español y el francés".

Una propuesta que en todos los países de nuestro entorno habría generado una rápida respuesta del Gobierno de turno. Salvo en España, claro. Antes que plantarse frente a los nacionalistas, Rajoy ha optado por utilizar a sus diputados para garantizar la estabilidad de su Ejecutivo.

La leyenda dice que el procónsul Quinto Servilio Cepión despachó a los hispanos asesinos de Viriato con el célebre "Roma no paga a traidores". Aunque no hay constancia de que esta frase fuera cierta -las fuentes clásicas no hacen mención alguna-, sirve para ilustrar el futuro electoral que le espera a Rajoy y a su Partido Popular.

Roma no paga a traidores y los españoles, tampoco.

La guerra de las cruces

RAÚL DEL POZO El Mundo 25 Mayo 2018

He ahí el ejemplo de una tragedia convertida en una miserable farsa. En las playas de Cataluña han plantado miles de cruces amarillas para evocar, o quizás compararse, con el heroico desembarco de Normandía, en el que las playas fueron un cementerio para miles de soldados que lucharon contra Hitler. Esa guerra de cruces postizas puede terminar en tragedia; de momento, es sólo un sainete. Se han juntado la turismofobia y el supremacismo para transformar las luminosas playas en una gusanera, con el resultado de broncas y zorreras, pintadas y pinchazos.

"Los indepes quieren guerra", ha dicho una de las mujeres que fue testigo de las riñas. Los lazos amarillos y las esteladas en primera línea de playa espantarán a los turistas y enfurecerán a los catalanes no separatistas. Parece que el rito del amarillo comenzó en las escarapelas durante la Guerra de Sucesión y ahora quiere simbolizar la autodeterminación y el apoyo a los presos de la última rebelión. Los enfrentamientos entre las dos Cataluñas empezaron cuando los de la brigada de la limpieza, un grupo de muchachos que se hacen llamar Els Segadors del Maresme, retiraban la basura propagandística, el plástico contaminante. Y estallaron los escraches recíprocos.

Lo de siempre. Esta aversión entre españoles y españoles que no quieren serlo viene de cuando los castellanos acusaron a los catalanes de deslealtad, citando un proverbio que usa Cervantes: "Aunque la traición aplace [guste], el traidor se aborrece". Nunca hemos dejado de odiarnos, ni en la monarquía absoluta ni en la parlamentaria, ni en la república ni en la dictadura. Negrín calificó a los nacionalistas de estúpidos y pueblerinos y los acusó de traidores porque, aprovechándose de las matanzas, intentaron conquistar Aragón e invadir Baleares. Indalecio Prieto los tachó de cobardes en la Batalla del Ebro y Azaña acabó prefiriendo a Franco. Ellos acusan al Estado español de bombardearles, de arrasar sus libertades y su lengua, de ahogar en sangre su utopía republicana. Así que esto no tiene solución alguna, aunque pierdan en la última rebelión, como han perdido siempre.

Dos millones de catalanes quieren no irse -de un Estado que les roba y siempre los humilla-, sino quedarse, condenando al éxodo a la mitad de la población. Ellos hablan de la España demofóbica; nosotros, de la Cataluña racista. Lo que nosotros vemos como deslealtad ellos lo ven como valentía. Reconstruir el afecto parece una tarea imposible. Pero hay que buscar una salida antes de que las guerras de las cruces acabe en limpieza étnica.
 

Llanto por Cataluña

Las cruces amarillas plantadas en esas playas rubrican la defunción del orden constitucional en un pedazo de España

Isabel San Sebastián ABC 25 Mayo 2018

Cada día que pasa da lugar a una nueva provocación a la democracia en la que se escudan; a un renovado desprecio al marco legal del que se aprovechan; a un salivazo escupido al honor de los españoles; a una bofetada en la cara de quienes son y se sienten hijos de una Cataluña huérfana, abandonada a su suerte por el resto de la Nación.

No me resulta complejo comprender su frustración. Debe de ser muy parecida a la que se adueñó de nosotros, vascos constitucionalistas, al ver cómo el gobierno de España, presidido a la sazón por José Luis Rodríguez Zapatero (hoy convertido en lacayo mayor de Nicolás Maduro), traicionaba nuestra lucha pactando con los asesinos una «paz» vergonzante y vergonzosa. Aquel miserable enjuague fue engrasado, apadrinado, avalado y jaleado por los mismos peneuvistas que ayer votaron en el Congreso los presupuestos de Mariano Rajoy, a cambio de un trato privilegiado para los ciudadanos de Euskadi y quién sabe qué otras promesas acordadas bajo la mesa. Esos «socios leales», a decir del PP, cuyo portavoz luce últimamente un lazo amarillo en la solapa, en solidaridad con los golpistas catalanes presos. ¿Por qué no habría de exhibirlo, si al fin y al cabo son cuñas de la misma madera independentista, podrida de supremacismo" No es que le salga gratis insultarnos con ese adorno; es que el lazo tiene premio.

Lo que está sucediendo en Cataluña desde hace ya varios años, y en particular desde el 1 de octubre de 2017, se estudiará algún día en las aulas como paradigma de la cobardía que puede llegar a mostrar un Estado soberano incapaz de hacerse respetar. ¿Cuánto más abusarán de nuestra paciencia los responsables de restablecer la plena vigencia del marco legal común en el que se ciscan diariamente el presidente Torra y sus secuaces? ¿Hasta cuándo se esconderán detrás de las togas a fin de eludir su obligación de actuar políticamente? ¿A quién deben dirigirse los catalanes privados de derechos elementales como el de emplear la lengua española, si el Gobierno llamado a defenderlos les da la espalda?

Pienso en el juez del Supremo, Pablo Llarena, humillado por tres «colegas» alemanes de una oscura instancia regional, aparentemente desconocedores de lo que significa una euroorden, y me hierve la sangre imaginando su sensación de impotencia. ¿A qué espera el Ejecutivo para ampararle ante las correspondientes instancias europeas? ¿Cómo es posible que el separatismo haya tejido, con nuestro dinero, una formidable red clientelar en Europa que abarca desde periodistas hasta magistrados, pasando por políticos y poderosos grupos de comunicación, sin que el Ejecutivo español haya sido capaz de cortar en seco esa ofensiva o bien contrarrestarla con otra de mayor calado? No solo es incomprensible, sino intolerable hasta la náusea.

Las cruces amarillas sembradas impunemente en varias playas de la comunidad rubrican la defunción del orden constitucional en un pedazo de España. Señalan el lugar en el que descansan los restos de nuestra dignidad nacional, pisoteada por un «nacionalismo» (con zeta) envalentonado hasta el punto de alardear de su odio, exhibir un racismo obsceno y desafiar constantemente al Estado, sin dejar de poner la mano para recibir los cuantiosos recursos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica que pagamos los ofendidos a escote. Más de setenta mil millones de euros que al parecer, según la última propuesta del ministro Cristóbal Montoro, la Generalitat deudora devolverá en cómodos plazos, cuándo y cómo le dé la gana.

Lo dicho: el amarillo golpista no tiene coste; es un auténtico chollo.
 

La fiesta de Santa Cruz
Antonio Robles Libertad Digital 25 Mayo 2018
 

¡Con lo fácil que sería resolver todos los grandes problemas de Estado si PSOE, PP y Cs se pusieran de acuerdo!

El pasado día 21 nos juntamos un grupo de amigos desperdigados por el mundo para celebrar la fiesta de Santa Cruz, que la mayoría no había vivido desde la infancia. Pero no en el vergel de viñedos y olivares donde correteábamos de pequeños, sino en Santa María de Palautordera, un enclave bucólico de la Cataluña profunda, una de tantas tractorias de fachadas esteladas, lazos amarillos y supremacismo sofocante.

A veces sobran razonamientos y datos para explicar lo evidente, basta una anécdota sencilla y cierta complicidad.

"¡Estoy cada vez más harta!", nos comenta con los ojos humedecidos de rabia e impotencia la dueña de un restaurante de Castelldefels de cuyo nombre no quiero ni puedo acordarme. "Alguna vez he tenido que dejar el comedor y refugiarme en la cocina para llorar de rabia".

Clientes que vienen a desayunar cada mañana, amigos de años ante los que te has de morder la lengua. Y tú allí, como si fueras transparente, como si fueras un cero a la izquierda; siempre con "¡la puta España!" en la boca, sin importarles un pimiento lo que pensamos los demás. Y con la matraca del procés y los presos políticos y el facha del juez Llarena. ¡Dicen cada barbaridad! A veces te dan ganas de contestarles, alguna vez lo he intentado. Nada, no te creas, sólo decirles si están tan seguros" pero enseguida te miran mal" y son clientes de toda la vida.

Respira enfurecida.

¡Como si Cataluña fuera suya! Y saben que no soy independentista, pero les da lo mismo, parece que disfrutan. A veces no aguanto más y he tenido que ir a la cocina a llorar de rabia, de rabia, porque cada vez que se cagan en España me duele, porque España no es una cosa, ¡España soy yo!, es mi hija, es mi familia, son mis amigos! ¡Y me están insultando!

Se le nublan los ojos, está indignada. Se hace un silencio, la emoción le embarga, podemos tocar la impotencia. ¡En un instante nos ha dicho tantas cosas!

Para los que en el resto de España no vean la violencia, el acoso, la exclusión del separatismo, y no comprendan el silencio de tantos, han de reparar en situaciones diarias como ésta. Callar para sobrevivir. No olvidemos que el catalanismo domina desde 1980 gobiernos, presupuestos, contratos públicos, instituciones, medios de comunicación y cada una de las organizaciones sociales. La presión a que están sometidos los no nacionalistas es desoladora. Hasta las fuerzas del orden y sus familias se sienten agobiadas por este clima supremacista. Actúan como si Cataluña fuera suya, como si los ofendidos fueran ellos, como si nosotros fuéramos carceleros.

Al final, anécdotas cotidianas como ésta dan más cuenta de la maldad del procés que todos los razonamientos juntos. Escuchen en este enlace los insultos y el tono rabioso con que se expresan a propósito de la retirada de cruces amarillas de la playa de Canet de Mar y comprenderán lo que les digo.

Por eso mismo, el coraje que están demostrando las Brigadas de Limpieza enfrentándose a este supremacismo ambiental es ejemplar. Su actitud está dando la vuelta a España y obligando al separatismo a mostrar su verdadera naturaleza fascista. La intervención de Els Segadors del Maresme deja al descubierto la estrategia subversiva por acumulación de incidentes con cruces y viacrucis envenenando almas, satanizando al opresor, infectando playas y mentes. Son las bases donde se construye la rebelión en espera de la tierra prometida. Los jueces alemanes deben de tener una idea de la rebelión muy anticuada. Ahora, aquí, el catalanismo la construye, paso a paso, socavando todos los fundamentos de la legalidad y la legitimidad.

Están enfermos de victimismo. Y el Gobierno dejando a los ciudadanos a la intemperie, como si no tuviera leyes ni fuerzas del orden para garantizarles su seguridad y su libertad. Dejación de funciones, prevaricación, cobardía.

¡Con lo fácil que sería resolver todos los grandes problemas de Estado si PSOE, PP y Cs se pusieran de acuerdo!

Bilingües y bífidos

José María Albert de Paco. vozpopuli  25 Mayo 2018
 

Uno de los rasgos consustanciales a todo nacionalismo es el desprecio de los hechos, ya se traduzca en la pueril afirmación de superioridad respecto al vecino, la fabulación de un pasado cuajado de afrentas y humillaciones o la construcción de un territorio mítico, cuasi edénico, susceptible de convertirse, nación mediante, en un horizonte de ambrosías. El nacionalismo catalán, en este sentido, no ha renunciado a un solo precepto doctrinario, como atestiguan la guerra de secesión de 1714, el andaluz como paradigma de hombre destruido o el camino a Ítaca.

La ausencia de objetividad no es un síndrome estático, delimitado por una tríada sagrada de revelaciones; antes bien, se trata de un fenómeno en permanente combustión, que incluso impregna las usanzas de quienes, teóricamente, no sólo no se tienen por nacionalistas sino que se oponen al movimiento. Hasta hace dos semanas, por ejemplo, el ordinal que solía acompañar a cada uno de los presidentes electos de la Generalitat se ceñía al milenarismo pujolista. Así, Montilla fue, según RTVE, El País, El Mundo o ABC, el presidente número 128; Mas, el 129; y Puigdemont, el 130. Hubo de mediar un esclarecedor artículo del periodista de ABC César Cervera para desmontar una fake new que había echado raíces.

En rigor, no obstante, la tara afecta en mayor medida a los entes que llevan adosada la rémora Catalunya (respétese el dígrafo) o su versión abreviada, CAT. La delegación catalana de SOS Racismo, sin ir más lejos, se querelló en 2010 contra el presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, por los folletos propagandísticos que éste repartió durante las municipales de aquel año, y en los que aparecía una foto con la leyenda “No queremos rumanos”. Sin embargo, y como la propia entidad ha dejado entrever en un comunicado divulgado a través de su cuenta de Twitter, no lo hará contra Joaquim Torra: “Utilizar el concepto de racismo para referirse a este tipo de acciones banaliza el racismo y desprecia el padecimiento de sus víctimas reales”. El soniquete granhermanista de la proclama se aprecia en toda su plenitud cuando la leemos en catalán, lengua de parte: “Utilitzar el concepte de racisme per referir-se a aquest tipus d’accions banalitza el racisme i menysté el patiment de les seves víctimes reals”.

Entre los actores políticos sobre los que se cierne esta pintoresca bifurcación entre realidad y deseo, figuran, cómo no, el prefascista PSC, el fascista Ciudadanos y el postfascista PP. La caricatura resulta risible hasta que nos asomamos a las entradas en castellano y catalán de la Wikipedia correspondientes a Sociedad Civil Catalana. En castellano: “SCC es una asociación española de ámbito territorial catalán […] contraria al independentismo catalán, con presencia de formaciones políticas de izquierda y derecha tradicionalmente enfrentadas, y favorable a mejorar las relaciones con el resto de España". En catalán: “SCC es una plataforma unionista española que se define como ‘un grupo de catalanes que [….] consideran positivo mantener un vínculo sólido con España’. Se la considera próxima a la extrema derecha”.

De donde deduzco que SCC ha renunciado a presentar batalla en su entrada correspondiente al catalán. Y que el catalán, hoy en día, es el vehículo preferente de las mentiras. No cabe descartar que entre ambas formulaciones haya un vínculo causal.

Ignorancia totalitaria

OKDIARIO 25 Mayo 2018

Podemos es sinónimo de ignorancia. Al comparar a Hitler y Franco con una fiesta tradicional tan querida en Navarra como es "la Javierada", esa ignorancia es también totalitaria. Si el neurólogo austriaco Sigmund Freud viviera, tendría un maná de estudio con los populistas. La obsesión de sus integrantes con dictadores y tiranos y su capacidad para relacionarlos con cualquier contexto denota una fascinación subconsciente de lo más inquietante. Esta celebración data del siglo XIX y consiste en una peregrinación en honor a uno de los patronos del Reino, San Francisco Javier. Su popularidad llega a tal punto que ha trascendido a la mera festividad religiosa para convertirse en un punto de encuentro, convivencia y cultura que concita a decenas de miles de personas. Sin embargo, allí donde hay respeto y fraternidad, Podemos encuentra una oportunidad para apoyar que se relacione con el genocida alemán y el dictador español.

La postura del Partido Socialista de Navarra tampoco ha sido mucho mejor a este respecto, ya que se ha abstenido a la hora de condenar que se estigmatice "la Javierada". El cuadro que contiene ese abyecto mensaje fue expuesto en una polémica muestra en el Ayuntamiento de Pamplona. Tal fue el escándalo que llegó incluso al Parlamento de Navarra donde suscitó el lógico rechazo por parte de las fuerzas constitucionalistas "PP y UPN". Sin embargo, el grupo socialista que dirige María Chivite se abstuvo de apoyar ese rechazo al igual que Geroa Bai y EH Bildu. Sólo han sido superados en estolidez por la ignorancia totalitaria de Podemos, que ve franquismo y nazismo por todas partes hasta el punto de hacer el ridículo sin posibilidad de pausa. Chivite debería reflexionar sobre su postura a este respecto, ya que alinearse con populistas y proetarras no parece la mejor decisión posible para los socialistas de Navarra. Especialmente cuando Pedro Sánchez pretende llegar a La Moncloa.

Si el PSOE quiere ser una alternativa real al Gobierno de Mariano Rajoy debe abandonar los tics independentistas en comunidades como Cataluña, Valencia o Baleares así como el populismo neopodemita que adopta en ciertas ocasiones y que se convierte en una rémora para la proyección de su imagen en resto de las comunidades autónomas. La formación que más años ha gobernado España desde la Transición hasta nuestros días debe ser indiscutiblemente socialdemócrata, españolista y constitucional. Cualquier otra opción es un equívoco. Así se ha demostrado en Cataluña, donde su connivencia con los independentistas provocó el segundo peor resultado de su historia en los últimos comicios. El ejemplo de Navarra es claro: el PSOE puede situarse junto a los que creen en nuestro país o con los que acuden a las marchas en favor de los presos de ETA. La elección debería estar clara.

Empresas ficticias, informes falsos: así se desvió al 'procés' el dinero del Tercer Mundo

La UDEF descubre una red de instituciones, empresas y fundaciones vinculadas al PDeCAT que se apropió de fondos públicos mediante un amplio abanico de "groseras" irregularidades

José María Olmo. Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 25 Mayo 2018

Informes inventados, constitución de empresas instrumentales, partidas asignadas sin control, presiones a los técnicos para que el dinero siguiera circulando" La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la llamada operación Estela, contra un presunto fraude masivo en las subvenciones para cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona, han acreditado que dirigentes de la esfera del PDeCAT desplegaron durante años una larga lista de irregularidades para apropiarse de fondos públicos para disfrute privado y financiar campañas del 'procés' secesionista.

El foco se sitúa sobre 28 ayudas otorgadas por el organismo provincial que debían haber servido para sufragar proyectos de ayuda al desarrollo en Costa Rica, Brasil, Panamá, Honduras, Colombia, Marruecos y Bosnia, entre otros países. Desde programas de cohesión social hasta la construcción de pequeñas infraestructuras, pasando por planes educativos y generación de alianzas económicas. Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, la mayoría de esos programas nunca llegó a ejecutarse. En otros casos, se invirtió solo un pequeño porcentaje de los fondos recibidos. La diferencia salía del circuito mediante pagos a mercantiles. Las alarmas nunca saltaban porque los beneficiarios de las ayudas disfrutaban de la colaboración activa de los funcionarios y dirigentes políticos que tenían que tutelarlas. Los tentáculos de la red llegaban hasta despachos de la Generalitat que también fueron registrados por la UDEF este jueves.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, la operativa fue utilizada para desviar fondos de la Diputación de Barcelona a actividades de apoyo al 'procés', como la edición de revistas independentistas, acciones de promoción del referéndum del 1-O en el exterior y compra de materiales de difusión. Por lo pronto, las diligencias, que parten de una operación que ya hubo en 2015 en Cataluña sobre ayudas al desarrollo, habrían permitido demostrar una malversación de dos millones de euros. Con todo, aún quedan muchos expedientes por analizar y se espera que la cifra definitiva sea muy superior. En estos momentos, la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se centra en el periodo 2012-2015, en el que la Diputación de Barcelona estaba controlada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actual PDeCAT, la formación con la que estarían vinculados gran parte de los 30 detenidos en el operativo de este jueves.

Destacan Francesc de Dalmases (diputado de JxCAT y presidente de la ONG Igman Acció Solidària); Víctor Terradellas (fundador de la fundación CATmón, vinculada a la fundación de CDC CatDem, implicada en el caso del 3% de financiación ilegal de los convergentes); Jordi Castells (subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y antiguo director de Relaciones Internacionales de la diputación); Joan Carles García Cañizares (alcalde de Tordera por el CDC y responsable de Hacienda del organismo provincial); Jonathan Jorba (jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat), y Salvador Esteve (el dirigente de CDC que presidió la Diputación de Barcelona durante la época investigada y alcalde de Martorell durante 24 años).

Macrooperación en Cataluña contra una trama de desvío de fondos destinados a cooperación

Por un lado, los investigadores de la UDEF descubrieron que se crearon empresas poco antes de que fueran agraciadas con subvenciones. Es el caso de Voltia Solutions SL, constituida en diciembre de 2013. En junio de 2014 recibió un contrato menor de servicios para la "elaboración de una guía de orientación para los entes locales del Magreb para el diseño de planes de detección de prioridades de inversión en la eficiencia energética" por importe de 21.175 euros. Y en diciembre de 2014, Voltia Solutions SL volvió a recibir otro contrato menor de 17.545 euros para la "elaboración de una guía para los gobiernos locales y otros agentes, de orientación y selección del modelo a aplicar en el tratamiento de captación y depuración de agua en Marruecos". Los investigadores denuncian la concesión de estas ayudas a pesar de que la adjudicataria no tenía ninguna experiencia en ese campo.

Pero había más lagunas en los expedientes bajo sospecha. Según los informes policiales, "se utilizan actas sin formas para justificar reuniones en el extranjero" o "se realizan pagos de subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la diputación". Asimismo, los agentes han encontrado pruebas de que "se presenta y se paga la factura antes de la entrega del trabajo" y "se justifica la participación de algunas personas que viajan con billetes de avión cuyos horarios no les permiten estar en el lugar de la actividad, según el programa que consta en la justificación del proyecto".

En ocasiones, se justifica la participación en actividades en el extranjero con el programa de una actividad de un día, pero se presentan facturas de hoteles y de agencias de viajes de más de 10 días. O sea, que alguien iba a hacer turismo y luego cargaba los gastos como justificaciones del trabajo bien hecho. Asimismo, para justificar trabajos, copiaban los mismos de internet y los presentaban como suyos. "Algunas páginas de documentos presentados como anexos en las memorias son copia literal de artículos realizados por otras entidades y que pueden ser hallados en internet y, en algún caso, han sido facturados por un técnico independiente colaborador no asalariado de Pimec", la patronal de la pequeña y mediana empresa, uno de los puntales de Convergència en el mundo de la empresa y una de las entidades que recibieron fondos de la diputación.

Paralelamente, también en el caso de Pimec, se presentaron "informes técnicos realizados, en su mayoría son copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet". En 2014, la patronal que preside Josep González solicitó una subvención de 38.009,60 euros para el proyecto "Promoción del desarrollo socio-económico de la región de Gran Casablanca", en Marruecos. Aunque tuvo múltiples informes denegatorios, el dinero se acabó dando. Lo curioso es que la principal facturación externa en esta subvención pertenece a la empresa marroquí Harvard Consulting y a Patricia Rodríguez Rafel, "vinculada a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, para la que trabajó". También es la esposa de un cargo municipal de Cardedeu, municipio cercano a Barcelona. Curiosamente, el presidente de Pimec, Josep González, trasladó sus empresas a Marruecos en una estudiada operación de deslocalización de su emporio económico.

Pimec recibió también en 2014 otra subvención de 20.000 euros por un "proyecto de alianzas estratégicas internacionales en Marruecos con participación de gobiernos locales". Como justificación, en el dosier de la Diputación de Barcelona figura que, "dado que el proyecto prevé una fuerte implicación del Departamento Internacional de Pimec para el desarrollo de este proyecto, no se recomienda la convocatoria pública mediante concurrencia competitiva y se propone la concesión directa de la subvención a Pimec". No solo se adjudicó a dedo. Según los documentos judiciales, la subvención se habría dedicado en realidad a pagar parte de la nómina de Miriam Sabaté, directora del departamento Internacional de la patronal.

Otro proyecto de Pimec del mismo año, por un importe de 45.000 euros pero radicado en Panamá, también es sospechoso. En este participaron el municipio panameño de Cañazas, el Ayuntamiento catalán de Callús y la empresa Disseny i Sostenibilitat, propiedad de Lluís Basiana. Este empresario ya estuvo imputado en otro sonado caso de corrupción y es el marido de María Olga Sánchez, concejala de Manresa hasta mayo del año pasado.

Los investigadores de la UDEF, explican los autos judiciales, descubrieron que los resultados de la actividad en Marruecos "son poco tangibles y faltan pruebas de verificación que acrediten la realización de las actividades, tales como actas de reunión, o programa formativo, o información sobre las empresas iniciadas en Marruecos". Además, "las actividades recogidas en la memoria final no coinciden con las planificadas inicialmente, lo cual dificulta la comprobación de la efectiva ejecución de lo subvencionado".

Da la casualidad de que una de las empresas participantes en proyectos es Sestrategic i Konsektor SL, una sociedad hipersubvencionada por la Generalitat y controlada por Joaquim Ferrer Serra, que también fue director del departamento Internacional de Pimec hasta 2014 y que trabajó para el grupo parlamentario de CiU, y su esposa, Martina Valls. Esta empresa elaboró en 2012 el 'Plan director de internacionalización de Igualada' (ayuntamiento convergente) con una subvención de 21.659 euros que le concedió la Diputación de Barcelona. Otro proyecto en el que participó esta compañía fue un plan de acción regional en el Magreb por el que se embolsó 21.538 euros en 2013. Ese mismo año, Ferrer, a título personal, obtuvo 19.493 euros en un contrato menor para asesorar a la diputación en un proyecto.

Según el juez, del examen de los expedientes administrativos "se desprende un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo". Detalla que se presenta la factura antes de la entrega del trabajo, no se aportan memorias técnicas ni propuestas económicas y ni siquiera se aporta el trabajo encargado en el plazo establecido. "Debido a su experiencia en el ámbito político, empresarial y en la Administración pública, Ferrer tenía que conocer (basándonos en la más elemental lógica empresarial) que las peticiones de subvención carecían de fundamento y que su concesión solo podía deberse a la intervención última de Jordi Castells, quien dentro de la Diputación de Barcelona imponía su criterio frente a los inconvenientes procedimentales que presentaban los técnicos de la Administración", explica el magistrado.

De ese modo, en los documentos judiciales, se especifica que "existe un entramado personal entre la Diputación de Barcelona y Joaquim Ferrer; de ese entramado forman parte las fundaciones integradas en Fundación Plataforma Educativa. Todo ello relaciona a funcionarios de la Diputación de Barcelona con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvenciona de manera irregular".

Otro de los personajes clave, Joan Carles García Cañizares, con gran ascendencia en el organismo provincial, ya se vio implicado en 2002 en otro caso de corrupción conocido como caso Tordera, y fue detenido en varias ocasiones (en 2007 y dos veces en 2009) por prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Pese a ello, fue nombrado responsable de Hacienda de la diputación.

Según la UDEF, a través del Ayuntamiento de Tordera, García Cañizares participaba en diversas entidades que, a la postre, se beneficiaron de las ayudas que la propia diputación en la que él mantenía cargos directivos otorgaba: una de ellas era la citada Fundación Plataforma Educativa. Y las actuaciones del alto cargo convergente no dejan de ser paradigmáticas: en el año 2014, Joan Carles García otorga una subvención de 47.120 euros a la Fundación Privada Utopía, donde constan como miembros del patronato el Ayuntamiento de Igualada, representado por Marc Castells (que a su vez era presidente del área de Desarrollo Económico Local de la diputación y vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno), la provincia marroquí de Médiouna y la empresa Sestrategic i Konsektor, del mencionado Joaquim Ferrer. Todo quedaba, pues, en "familia". Los técnicos elaboraron informes negativos de la subvención, pero esta se acabó dando.

La trama de las subvenciones de la Diputación de Barcelona habría desviado dos millones de euros

La fundación privada Plataforma Educativa también presentó el "Proyecto Incuba Uruguay" por importe de 35.689,92 euros. En este proyecto participaba el Ayuntamiento de Tordera, representado legalmente por, de nuevo, Joan Carles García. En esta ocasión, hubo varios informes denegatorios, pero el gerente de la diputación, Xavier Boltaina, acabó otorgando la justificación y la orden de pago.

Esta misma entidad ya había presentado en 2012 el proyecto "Incuba Marruecos" por un monto de 67.391 euros. Existe un acta de reunión del 29 de octubre de 2012 de la comisión encargada de valorar las propuestas recibidas. La comisión, paradójicamente, está presidida por García, que a su vez era socio del patronato del proyecto de Plataforma Educativa, que no encontró problemas para recibir el dinero.

Según el juez, del examen de los expedientes administrativos "se desprende un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo"

También la Fundación Privada Empresa y Clima entró en el carrusel de subvenciones, con un proyecto de gestión de residuos en Brasil en 2013 para el que pidió 67.237,20 euros. En este proyecto participaron, entre otros, el Ayuntamiento de Vacarisses y la empresa Hera Tratesa, representada por Jorge Gallego Rubio. Se da la circunstancia de que la esposa de este es Àngels Cuadrada, subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat de Cataluña. La subvención tuvo diferentes informes negativos, pero se acabó concediendo.

En 2014, esta misma fundación solicitó 44.959,5 euros para un proyecto en la Isla de Pascua, en el que también entraban el Ayuntamiento de Sant Cugat y la empresa Nero Vital Tec, representada por Jordi Lluís Huguet Faura. Aunque el proyecto no cumplía los requisitos (no tenía la carta de compromiso original de la municipalidad de la Isla de Pascua), se acabó concediendo el 90% del importe, tras varios informes negativos.

Vinculada a esta última entidad, la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) presentó ese año otro proyecto agroalimentario en Perú por un importe de 62.869,81 euros, que contó con un informe negativo pero que se acabó concediendo. En 2013, había presentado otro proyecto en Colombia por 49.840,35 euros, en el que incluía como socia a la empresa Hera Holding, que también hacía negocios con la Fundación Empresa y Clima. En este caso, no obstante, todos los informes habían sido positivos.

España INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El Gobierno ha desatendido durante el 155 las reclamaciones para garantizar el 25% del castellano

Mariano Gasparet elespanol 25 Mayo 2018
 

Cuando Albert Rivera señala la marginación del castellano en las escuelas catalanas como prueba de que el 155 -tal y como se ha aplicado- no ha servido para garantizar los derechos básicos en esa Comunidad Autónoma, pone el foco no sólo en la vulneración de las leyes y sentencias por parte de la Generalitat, sino también en la connivencia del Gobierno de la nación con el rodillo nacionalista.

Por eso, la responsable del área de Educación en Cs, Marta Martín, ha registrado dos preguntas en el Congreso cuya sola formulación es un reproche a la complicidad y dejadez del gabinete de Íñigo Méndez de Vigo a la hora de garantizar el 25% de horas lectivas mínimas en castellano en los colegios de Cataluña.

“¿Tiene el Gobierno pensado llevar a cabo alguna medida para inspeccionar los proyectos lingüísticos de los centros educativos en busca de aplicar las sentencias judiciales que fijan el 25% de horas lectivas mínimas de lengua castellana como el mínimo exigible? ¿Por qué no ha facilitado el Gobierno, como responsable de enseñanza actual en Cataluña, los proyectos lingüísticos?”.
 

Recurso de amparo en el Parlament

Ambas preguntas tienen como origen la reciente negativa de los servicios territoriales de Educación catalanes a facilitar a la diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra los proyectos educativos de los colegios, donde se concreta el porcentaje de horas lectivas en Castellano. Como toda respuesta, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat envió a la diputada de Cs el enlace de la web oficial donde aparece el mapa escolar, por lo que el portavoz del grupo parlamentario naranja, Carlos Carrizosa ha solicitado un recurso de amparo.

Preguntada por EL ESPAÑOL, la diputada catalana Sonia Sierra ha explicado que su partido cree “que los ciudadanos deben saber el número de centros escolares de Cataluña en los se imparten clases en español y en inglés, así como la proporción que se dan materias en esas lenguas. Sorprende que en un momento en el que el Departament d’Ensenyament depende del ministro de Educación -añadió- no se nos proporcione esa información y por eso hemos solicitado un recurso de amparo en el Parlament de Cataluña y, a la vez, hemos pedido esos datos en el Congreso”.

Más dura ha sido Marta Martín, para quien “que haya opacidad y falta de transparencia por parte del nacionalismo no es ninguna sorpresa, lo mismo nos hemos encontrado en la Comunidad Valenciana y en Baleares donde por cierto la imposición lingüística se está llevando a cabo de la mano del PSOE. Lo que nos sorprende -advirtió- es que el PP sea cómplice de todo y no quiera ni saber: hay que recordar que el conseller de educación en estos momentos es el ministro y es él quien tiene que conocer y dar a conocer los datos que le pedimos".

La cuestión lingüística -la marginación del castellano en la enseñanza y el uso de las lenguas cooficiales con voluntad corporativa y divisoria- se ha convertido en un frente político de nacionalistas y la izquierda en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Asturias -donde el bable resurge por decreto. Cs quiere abrir un debate a nivel nacional sobre esta cuestión.
 

Las mentiras del tripartito

El "decretazo" del catalán de la socialista Armengol provoca la fuga de 28 médicos en 2 meses

Nacho Doral okdiario 25 Mayo 2018
 

El Decreto para imponer el catalán en la Sanidad pública balear ha provocado en sólo dos meses el éxodo confirmado de 28 médicos de los hospitales de las islas. Profesionales de la medicina a los que se unirán en los próximos meses varias decenas más que están buscando un destino en otras partes de España.

El enorme rechazo que ha suscitado esta medida de dictadura lingüística del tripartito PSIB-PSOE, Més y Podemos ha obligado a la Delegación de Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) y al "Govern" a lanzar una campaña en favor cuyas falsedades denuncia la primera entidad civil en recurrirlo.

La asociación que lucha contra la dictadura pancatalanista en Baleares, Mos Movem, acusa al gobierno de Armengol de mentir en la campaña que ha lanzado contra el recurso de la Delegación de Gobierno. En un mensaje en español y firmado por la presidenta Francina Armengol que está haciendo circular en inserciones publicitarias y redes sociales, la socialista asegura en seis puntos que no hay problema con el acceso a la sanidad pública por la imposición del catalán.

En el primero de ellos, afirma: "Todo el mundo podrá presentarse a las oposiciones y acceder a una plaza. Sepan o no sepan catalán". Desde Mos Movem (MM) denuncian la primera de las mentiras del Ejecutivo de las Islas Baleares: "Auxiliares administrativos, Administrativos y Técnicos de la función administrativa que no tengan certificado lingüístico no se pueden siquiera presentar", explica en las redes . "Les piden el título de B1 en catalán y que en dos años deben presentar el B2. Y a los administrativos y técnicos el B2, y en 2 años el C1".

En el punto 2 de su campaña, el gobierno balear asegura: "Las oposiciones darán estabilidad a 5.000 personas". Desde esta plataforma que denuncia el éxodo de médicos por la imposición del catalán, exigen que los socialistas Armengol y la pareja Gómez-Fuster también del PSIB-PSOE (Patricia Gómez es la"consellera" de Salud, antigua enfermera, y colocó a su marido y médico Juli Fuster como director general en 2015) no se ponga medallas.

"Las oposiciones las convoca el Estado español y no el "Govern" balear. No tiene competencias y sin embargo se las arroga. ¿Que darán estabilidad a los que aprueben? ¿Y si pasa como con el examen de catalán que han suspendido 8 de cada 10 personas"?, se preguntan.

"Siguen el supremacismo de Torra"

La campaña del tripartito PSIB-Més-Podem trata de vincular la enorme contestación que el "decretazo" ha tenido entre ciudadanos y profesionales de la Sanidad pública con aspectos políticos. ?Sorprende que el PP continúe en la misma línea de la legislatura Bauzá?, señala el cartel de Armengol. Desde MM son tajantes y responden: "Lo que sorprende es que el PSIB-PSOE siga la línea del supremacista Quim Torra", en referencia al xenófobo nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

En el argumentario de Armengol y la Conselleria de Salud hay más puntos y cifras que también han contestado los sindicatos. "7.400 personas se han inscrito para ocupar alguna de las 5.000 plazas. En el caso de enfermería, cuatro por plaza", dice la campaña. Desde CSIF Sanidad en Baleares apuntan:"No sorprende nada , todo el mundo quiere consolidar su plaza después de diez años sin convocar la administración procesos selectivos", valoración que comparte la plataforma.

El masivo rechazo al Decreto para imponer el catalán en la sanidad balear en detrimento del castellano que se aprobó el pasado 23 de marzo y que ha sido recurrido no impide al tripartito de Armengol afirmar que "está fundamentado jurídicamente y va en la línea de la normativa de nuestra Comunidad". Mos Movem responde y denuncia "que es inconstitucional porque limita el libre movimiento de los profesionales sanitarios por el Estado español".

Finalmente, llama la atención en ese cartel uno de los anuncios del "Govern" que más han indignado a a los médicos, enfermeros y pacientes de las Islas Baleares. Y que plasma en su campaña para "vender" este nuevo paso en la dictadura lingüística del catalán. "En Baleares hemos contratado a 8 médicos por cada uno que se ha ido", asegura el mensaje. Algo que Malu García, de CSIF Sanidad afirma "es falso", y que, asegura "repitió el director general en la última reunión de la Mesa Sectorial celebrada este martes en Palma ".

"Les da igual y siguen mintiendo", explica a este periódico la delegada de CSIF. "En Mallorca siguen sin los ocho médicos de familia que dicen ni los ocho de urgencias; en Menorca aún no han llegado los ocho anestesistas que dicen, ni los ocho ginécologos ni los ocho otorrinos ni los ocho oncólogos, tampoco los ocho técnicos en suelo pélvico, ni ocho médicos de urgencias; en Ibiza también están esperando los ocho neuropediatras ¿seguimos?" , lamenta.

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