AGLI Recortes de Prensa   Lunes 13 Agosto 2018

La indignidad de un «president»
 La Razon 13 Agosto 2018

Desde que llegara a la Presidencia de la Generalitat por el «dedazo» de Carles Puigdemont, Joaquim Torra no ha tenido palabra u obra alguna que no fuera para alimentar el fuego del enfrentamiento con el Estado. Como le fue encomendado por el prófugo de la Justicia, su única razón de ser para ocupar la magistratura gubernativa de la que disfruta era que el grado de virulencia con España no se rebajara y que el discurso del odio se institucionalizara hasta prender en esa parte de la sociedad que secunda al movimiento nacional separatista. Nada le ha apartado de ese objetivo como tampoco lo hizo cuando Puigdemont era el inquilino del Palau.

La demencia alcanzó tal punto que ni siquiera el atentado yihadista de Las Ramblas y Cambrils del pasado verano los hizo recapacitar. Debemos recordar ahora lo ocurrido aquel 26 de agosto del pasado año, diez días después de la barbarie, con el procés desatado, y cómo el Rey y el entonces presidente Mariano Rajoy fueron abucheados por algunos independentistas con esteladas estratégicamente colocadas en los espacios públicos en una escenografía planificada por el separatismo.

Cuando se cumple un año de la matanza, Torra, Puigdemont y sus CDR intentarán esta semana recrudecer aún más si cabe aquel manoseo infame de un tiempo de tragedia en tantas familias rotas. Si entonces con el atentado tan reciente fueron capaces de llevar las cosas hasta donde lo hicieron para afear la presencia de las más altas autoridades del Estado, todo hace pensar que lo que está por suceder en estos días no se verá tamizado ni matizado por el sentido de la efeméride ni por la presencia de las víctimas. Torra, con la connivencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho todo lo posible por boicotear la presencia del Rey en los actos conmemorativos de esta semana.

Sin Mariano Rajoy en La Moncloa, y con un separatismo cada vez más deshilachado, la beligerancia contra Don Felipe y la Monarquía se ha convertido en un activo esencial para conservar el pulso de la movilización supremacista. Que Don Felipe enarbolara la bandera de la libertad y la Constitución en aquel memorable discurso del 3 de octubre, que tanto daño hizo al independentismo, es algo que Torra esgrime como elemento de rencor en su dinámica de acoso y coacción a la Corona. Pero el hecho de que el presidente catalán haya decidido excluir a Don Felipe de los actos organizados por la Generalitat en el futuro no quiere decir que el jefe del Estado no pueda ir donde quiera, como acertadamente recordó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Faltaría más.

El Rey estará en el homenaje a las víctimas de Las Ramblas y Cambrils del próximo viernes en Barcelona en lo que pretende ser un recuerdo con protagonismo para las víctimas y sin parlamentos institucionales programados. Como era de esperar, Puigdemont y Torra parecen ultimar una suerte de encerrona al Rey, que pasaría, entre otras cosas, por la entrega de algún tipo de documento reivindicativo en la línea con la escena de la apertura de los Juegos Mediterráneos cuando el president le abordó para darle una informe sobre el 1-O después de manifestarse contra su presencia junto a la ANC y Òmnium.

Hay que estar preparado para que Torra y el separatismo conviertan la jornada de luto de final de semana en cualquier disparate pues el dolor ajeno, ni siquiera el tan injusto y vil como el causado por los terroristas, nunca los frenó. El Rey estará donde debe. Como siempre. Y el Gobierno sólo puede estar junto a él, como representante de la solidaridad y cercanía de los españoles con las familias de los golpeados por el fanatismo y el odio. Serán otros los que resulten retratados de nuevo en el espejo de la indignidad.

EN DEFENSA DEL ESPAÑOL
500.000 firmas para evitar que hablar español esté perseguido en parte de España
ESdiario 13 Agosto 2018

Una asociación pretende acabar con un caso único en el mundo: la penalización de su principal idioma en parte del país. Van en serio y quieren que el Congreso tenga que pronunciarse.

Los expertos, y al menos dos de los cuatro partidos teóricamente constitucionalistas, lo tienen claro: las lenguas cooficiales en Cataluña o el País Vasco se han convertido en una herramienta de construcción nacionalista, y no es un valioso patrimonio apolítico. Su imposición en la escuela, por ejemplo, está detrás del auge soberanista, al haberla utilizado como canalizador de una identidad construida sobre la sensación de agravio de España.

Pero hay alguien que quiere cambiarlo. La asociación 'Hablamos español' instalará mesas informativas e iniciará una histórica recogida de firmas por toda España para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la Libertad de Elección de Lengua, al entender que en la actualidad "se vulneran sistemáticamente los derechos lingüísticos de los hispanohablantes" en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Hacen falta 500.000 rúbricas para lograr que ese debate llegue a las Cámaras y, probablemente, prospere.

¿Un 155 lingüístico?
"El próximo 8 de septiembre representantes de las delegaciones de 'Hablamos español' saldrán a la calle. Se instalarán mesas en las capitales de provincia o en los lugares más emblemáticos. Por ejemplo, en Asturias, dado que coincide con la celebración del día de la Virgen de Covadonga, las delegaciones de Oviedo, Gijón, y Avilés coincidirán en Cangas de Onís", ha informado la asociación en un comunicado.

No persiguen el uso de otras lenguas de España, sino que no se 'prohíba' el español como ahora se hace

La iniciativa popular impulsada por esta asociación, que recibió el visto bueno del Congreso y del Senado en 2017 para iniciar una recogida de firmas, contiene un total de 8 artículos en los que trata de garantizar la igualdad entre las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con esta condición.

Se centra especialmente en la enseñanza, ámbito en el que les reconoce a los padres el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos hasta su mayoría de edad. Asimismo, la ley propone una exención -en la asignatura del idioma- de tres años, a partir de sexto de Primaria, en la calificación a los alumnos trasladados a una comunidad autónoma con una lengua que no se habla en su lugar de residencia.

Prórroga por mudanza
Esta exención, que también se aplica en la ley en Bachillerato aunque se haya contado ya con una exención, no exime a los alumnos de ir a clase, en su caso de catalán, euskera o gallego, para que vayan asimilando el idioma de su nueva comunidad de residencia. En el caso de no asistir a las clases, los alumnos perderían esta ventaja y deberían examinarse.

En las pruebas de acceso a la universidad, el alumno tendrá derecho a escoger en qué idioma recibe las preguntas de cada examen y a contestarlas en la lengua que desee -siempre que sea una de las lenguas oficiales de la autonomía en la que se examina-.

En la propuesta de 'Hablamos español', se asume que para que un grupo de alumnos pueda recibir clase en el idioma deseado debe haber una demanda mínima que nunca puede ser inferior a los 25 alumnos. Es decir, si en un municipio hay 25 alumnos que solicitan estudiar en castellano, la administración pública debe asegurarles que así sea.

En cualquier caso, si no se alcanza la demanda mínima, el alumno podrá emplear material pedagógico en aquella lengua oficial que prefiera, así como dirigirse al profesor en ella y examinarse también en dicho idioma.

Otro regalo al separatismo: 'desaparece' el informe de adoctrinamiento en las aulas
En cuanto al uso de la lengua en el espacio público, 'Hablamos español' sugiere que las señalizaciones, informaciones, impresos, formularios y folletos dependientes de los poderes públicos se encuentren siempre, por separado o en formato bilingüe, en todas las lenguas oficiales de la comunidad.

En la Administración, también
Los ciudadanos tendrán además el derecho a dirigirse en la lengua que deseen a los empleados públicos y a ser interpelados en esa misma lengua. De esta manera, en el caso de una consulta online, por ejemplo, si es el ciudadano el que inicia la conversación, la administración le contestará al menos en el idioma de la consulta; por el contrario, si envía un correo un miembro de la administración, deberá hacerlo en las dos lenguas cooficiales para garantizar la comprensión y libertad de respuesta del ciudadano que recibe la comunicación.

Por otro lado, se establece la obligación de que todos los informes o certificaciones enviados a destinatarios de otra comunidad autónoma estén redactados al menos en castellano. Asimismo, los empleados públicos que sepan hablar castellano no tendrán la obligación de hablar la otra lengua cooficial -salvo en casos en los que "lo requiera la naturaleza del puesto de trabajo"- y será la administración la que distribuya sus recursos para poder atender en cualquier idioma oficial.

Las polémicas subvenciones
Como norma general, no se podrá condicionar el uso de determinada lengua a la percepción de subvenciones. Sí podrá recibir una determinada lengua subvenciones en el ámbito artístico y cultural, siempre que las obras de arte en la otra lengua oficial autonómica reciban al menos un tercio de la asignación que se le da a la primera.

Por último, los topónimos serán oficiales en las distintas lenguas existentes en la comunidad. 'Hablamos español' dispone de 56 delegaciones en la actualidad, repartidas por todo el territorio nacional, en las que se pondrán mesas a disposición de la ciudadanía el próximo 8 de septiembre para apoyar esta ley.

Contra el negocio lingüístico
La entidad impulsora de la campaña, presidida por Gloria Lago, que no niega valor a ninguna lengua pero defiende al español ahora excluido en algunas autonomías, explica con rotundidad a qué se debe esa imposición identitaria en Cataluña y a quién beneficia.

"Beneficia al lobby formado por personas y empresas que consiguen subvenciones y ventajas por la promoción de las lenguas cooficiales, además de puestos de trabajo bien remunerados, viajes con gastos pagados con motivo de actos y reuniones, y acceso a círculos de influencia que les permiten crecer empresarialmente y que les dan prestigio par ascender profesionalmente. En ese lobby hay, principalmente, editores, escritores, filólogos, y empresas de audiovisual.

El objetivo es lograr medio millón de firmas
Beneficia a partidos nacionalistas y sus plataformas, asociaciones, y fundaciones, que utilizan las lenguas cooficiales como un elemento de diferencia, para crear una identidad, una nación.

También a otros partidos que no llevan el nacionalismo en sus siglas, pero que necesitan fomentar la identititis, la diferencia, porque muchas personas de sus partidos se benefician del entramado de los cargos y del negocio que generan".

Mossos D'Esquadra
La Escuela de Mossos criba a los españolistas: “¿Cuál es tu grado de compromiso con la Constitución?”
Raquel Tejero okdiario 13 Agosto 2018

El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, o más conocido como escuela de policía de Cataluña, ha sido denunciada públicamente en varias ocasiones por su parcialidad a la hora de elegir quién podrá entrar en el cuerpo y quién no.

Ahora, se ha conocido que la escuela discrimina a los agentes a través de cuestionarios en los que se pide a los agentes que indiquen, en una escala de 0 a 10, cuál es su grado de compromiso con la Constitución.

No es la única pregunta que se interesa por cuestiones políticas. En otro apartado se pregunta directamente por la tendencia ideológica: los mossos deben marcar en una línea separada por dos puntos (izquierda y derecha) dónde se ubican políticamente.

Plataforma de Afectados
Los hechos han sido recogidos por la Plataforma de Afectados por el ISPC (la Escuela de Policía de la Generalitat de Cataluña).

El pasado noviembre, la plataforma ya interpuso una denuncia por prevaricación contra el juez que archivó una veintena de querellas por irregularidades en el proceso de selección de nuevos agentes. Archivo que, aseguran, se debió a razones políticas.

Ahora, han recurrido al crowfunding para costear los gastos de sus procesos. La organización señala que lleva siete años “querellándose contra los responsables del cuerpo de Mossos d’Esquadra y de la Generalitat de Cataluña por la presunta corrupción en el acceso a los cuerpos policiales de Cataluña”.

Empresarios pagarán el sueldo y la defensa a un mosso constitucionalista expedientado por sus mandos
Ángel Moya okdiario 13 Agosto 2018

El grupo de empresarios que lidera el español residente en Suiza José Manuel Opazo se ha ofrecido a costear la nómina de un mosso constitucionalista suspendido de empleo y sueldo durante meses. También se harán cargo de la defensa jurídica que necesite el suboficial de mossos a lo largo del proceso, ya que estos empresarios consideran que los mossos que intentan cumplir la ley están siendo perseguidos por sus mandos por razones políticas.

El sargento entregó la placa y la pistola y ha tenido que abandonar Cataluña para recuperarse anímicamente de lo que la ‘Junta de policías autonómicos por la pasarela’ llama claramente “acoso a los mossos constitucionalistas”.

El expediente se remonta a la actuación del mosso durante la semana de los atentados de Barcelona el pasado año. Entonces el sargento empleó un vehículo del cuerpo para dar seguridad a una sinagoga mientras uno de los terroristas seguía huído y lo hizo siguiendo órdenes de superiores, algo que no tuvo repercusión alguna hasta el referéndum del 1-O. Fue entonces cuando el mosso mostró su rechazo a la actuación de sus superiores durante la jornada del referéndum ilegal y las siguientes de octubre. Se quejó de que los mandos le cambiaran de destino ese día impidiendo que pudiera desempeñar su trabajo en la calle apoyando a Policía y Guardia Civil. Tiempo después el mosso fue objeto del expediente por el que le sancionan sin empleo y sueldo, pero por el uso irregular de un vehículo del cuerpo en la sinagoga durante los atentados de agosto. El sargento niega cualquier actuación irregular mientras se ocupaba de la seguridad de la sinagoga y denuncia que el expediente es una venganza por sus quejas durante las jornadas de tensión de octubre.

El grupo de empresarios cree que el mosso expedientado es un ejemplo de coraje cívico y no descarta seguir adelante con otras iniciativas parecidas ante el desamparo que creen que sufren los mossos constitucionalistas en Cataluña.

Se trata del mismo grupo de empresarios que, como adelantó OKDIARIO, se hará cargo de la defensa de los ciudadanos denunciados por quitar lazos amarillos de los espacios públicos de las ciudades catalanas. José Manuel Opazo también es el principal promotor y convocante de la marcha del próximo 9 de septiembre en Barcelona bajo el lema “Ni separatistas ni secesionistas en las instituciones”. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de varias asociaciones y la ayuda de dos centenares de voluntarios.

José Manuel Opazo es la persona a la que en 2008 el ahora presidente catalán Quim Torrá llamó “bestia con forma humana” en un polémico artículo de opinión. Torra le dedicó esos insultos al empresario porque Opazo protestó ante una compañía aérea Suiza que se dirigía al pasaje sólo en catalán y no en castellano. La compañía terminó por sustituir el catalán por el castellano en sus vuelos a pesar de la petición de Opazo de que mantuvieran ambos idiomas.

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