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Los recortes de ayer al final de la página
  
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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).




Valor_economico_del_español,_una_empresa_multinacional.2103.217p.pdf

Las_cuentas_del_espanol.2009.95p.pdf

Economia_del_espanol.2008.75p.pdf

Valor Economico del Espanol. Una empresa multinacional.2013.217s.pdf

(nota: para las versiones en formato ePub http://www.fundacion.telefonica.com/es)


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Manifiestos:
POR LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA
POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE GALICIA

Índice General

Recortes de Prensa   19 febrero 2017
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

La "normalización lingüística",
una anormalidad democrática
El caso gallego

Recortes de prensa de ayer

     




AGLI Recortes de Prensa    Domingo 19  Febrero 2017
Rajoy absuelve a Cristina y condena a Felipe VI
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 19 Febrero 2017

El viernes, en su programa Cowboys de medianoche, emitido por error a la hora de En casa de Herrero (¿O era al revés? Me gusta tanto Luis cuando se mete conmigo, que a veces se me confunden los podcast), mi entrañable amigo y admirado profesional criticó con todo derecho el editorial de LD y mi propia opinión sobre la sentencia que ha condenado a los españoles a devolverle más de un cuarto de millón de euros a la infanta Cristina, que para seguir en Lausana tuvo que pagar 600.000 de fianza, una pequeña parte de los ocho millones en que dice que vendió el palacete de Pedralbes, edificado en granito delictivo, sin ingresos legales de ella ni del que, según la sentencia, es marido pero no socio, que justifiquen la compra.

Los argumentos de Luis Herrero, aunque en mi opinión errados, son sólidos y vale la pena discutirlos con la franqueza y libertad que, porque podemos permitírnoslo, usamos en esta casa. La justicia no debe ser ejemplarizante sino justa, dijo Luis y dijo bien, pero luego, contra lo que yo dije torpemente (y utilizó él hábilmente), añadió: "no puede ser un escarmiento". Escarmiento suena mal, hasta rima con ensañamiento, pero, sinceramente, pocos tienen tanta experiencia como yo en materia de escarmiento judicial. Lo he padecido en todas las instancias y sentencias, siempre pertrechadas con eso que los peritos llaman sólidos fundamentos jurídicos, de los que pavimentan las sólidas sentencias de la sólida e independiente Justicia española, cuya corrupción política es, como diría Gallardón de madrugada, moooyyy sólida.

En mi caso, qué casualidad, la corrupción judicial fue teledirigida por ese mismo Gallardón, ministro de Justicia, que urdió con Rajoy y con nuestro cowboy fiscal Torres Dulce el salvamento judicial de Cristina y la condena paralela a modo de compensación -ejemplarizante- de su socio y marido. La justicia utilizada políticamente como escarmiento por mi opinión sobre la vileza policial y judicial del 11M me llevó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que, pese a los trucos de Gallardón y su Gobierno, condenó al Reino de España por vulnerar mis derechos fundamentales. No argumento pro domo mea ni contra domo Ludovici, o sea, para fastidiar a mi amigo Luis. Subrayo que distingo tanto como cualquiera, o más, entre el escarmiento como ejemplo del uso de la Ley contra la impunidad y como abuso de la Ley para asegurarla.

Afortunadamente no soy jurista. "Para enterrar a los muertos como debemos -decía León Felipe- cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero". Una Justicia tan politizada y, por ende, corrompida como la española viene usando tanta sabiduría jurídica para perpetrar infamias que no sé cómo aún se esgrimen argumentos "técnicos" en juicios políticos de cabo a rabo. Pero vayamos a los fundamentos de lo justo, que es más que lo legal y mucho más que lo judicial. Yo creo que la Justicia debe ser justa y ajustada a la Ley, pero como hay infinidad de leyes para hacerla más o menos justa, entiendo que la condena no es sólo una sanción física al condenado sino que tiene una función de advertencia –no diré escarmiento- para la ciudadanía en general. La Justicia es pública para que todos sepan que se hace, que hay Justicia.

Tampoco creo que la función última de la pena sea la rehabilitación del condenado y la famosa reinserción social me parece una majadería que atenta contra el sentido común, la libertad, la responsabilidad individual y la idea misma de Justicia. Tras cumplir la pena, ya decidirá el condenado si se reinserta o se reinsarta en la actividad criminal, que es lo que hace casi siempre. Esa inmensa cantidad de reincidentes en todos los delitos comunes debería llevarnos a desterrar de una vez el mantra progre de la reinserción o su pío antecedente "odia el delito y compadece al delincuente", dizque de Concepción Arenal. Toda víctima odia, salvo que sea santa, Madina o el Padre Ángel, al delincuente que comete un delito contra ella. Y la función del juez, Ley en mano, es ayudar a la víctima a remediar su padecimiento, avisando a la sociedad que se castigará a cuantos perpetren daños similares. Los Urdanga son la prueba de que la reinserción es un timo judicial.

¿Se juzgaba a la Corona? ¡Naturalmente que sí!
Yendo de lo particular amistoso a lo general apestoso: este viernes, todos los medios de obediencia pepera o sociata (y, sobre herrada, errada vocación cortesana) se molestaban muchísimo ante la posible reacción de la opinión pública contra la sentencia. ¡Aún no se había producido ninguna y ya la condenaban! ¿Pero es que en el Caso Urdangarín -decían indignados- se juzgaba a la Corona? Pues naturalmente que sí, forzosamente sí. Cuando una familia tiene el privilegio de usufructuar la Jefatura del Estado está obligada a dar ejemplo de conducta y los ciudadanos deben pedírselo. Por eso es tan lesiva para la Corona una sentencia que la inmensa mayoría de los españoles considera un trato de favor a un miembro de la Familia Real. No se juzgaba guillotinar a Cristina ni a 'Campechano' pero sí comprobar lo que dijo Juan Carlos I al estallar el caso: que "la Justicia debe ser igual para todos"; y sobre todo, lo que Felipe VI en su coronación colocó como piedra angular para justificación y duración de su reinado: la ejemplaridad.

¿De verdad cree alguien, como repiten el PP, el PSOE y sus medios adictos, que con esta sentencia queda claro que ha triunfado el Estado de Derecho? El derecho a abusar del Derecho, ejemplificado en Rajoy, Gallardón, Horrach, Roca y la campechanía andante, contante y sonante, sí, sin duda. Pero por más que se empeñen, como en el 11M, en repetir que se ha hecho justicia, lo que, con todo respeto al Tribunal, parece la sentencia del caso Nóos es una solemne chapuza, por no decir, más popularmente, una charraná.

Felipe VI, en el gran discurso contra la corrupción de su padre, que, oculto tras su inexplicada abdicación entre sombras corináceas, ni siquiera asistió a la coronación de su hijo y a las encendidas ovaciones a la Reina Sofía -en mi opinión equivocadas, pero que eran una forma de abuchear a Campechano-, dijo que la Corona, en una monarquía constitucional, debe ser siempre un referente moral. Tenía y tiene razón. Como símbolo de la Nación española, el Rey y su familia deben servirla con el respeto que los españoles de todos los siglos, sabios y lerdos, ricos y pobres, "grandes e pequenos", merecen. Lo importante de la Corona de España es España, no la Corona. Y cuando la Justicia privilegia actitudes en la Familia Real que ofenden el sentir de la nación, se ataca a la nación y se degrada la función ejemplar de la Corona. Y eso es lo que ha pasado: Rajoy puede presumir de haber absuelto a Cristina pero al precio de condenar a Felipe VI. La afrenta a la igualdad de los españoles ante la Ley que para muchos supone esta sentencia no la llevará sobre su cabeza Cristina, sino su hermano el Rey. Antes de enfangarse en la cortesanía juancarlista, Rajoy debería haber pensado en la Corona. Urdanga no irá o irá a la cárcel -de forma rauda y "justiciera"- pero pronto desaparecerá con su señora. El Rey se quedará.

La doctrina de los estigmas y la Fiscalía de las llagas
Como bien decía el editorial de LD -el primero de los publicados en la órbita constitucional-, cuando Rajoy, en la terrible entrevista de A3TV, aseguró que "creía en la inocencia de la infanta" y se jactó de que "le iba a ir bien" (no creía que le podía ir bien, sino que así iba a ser), la sentencia futura quedó fatalmente politizada. Y se convirtió en un juicio a la Corona, porque este presidente, que va a dejar a todas las instituciones del Estado como unos zorros, asumió por sí y para Cristina la doctrina Bacigalupo, por la que a su jefe político y benefactor Felipe González había que evitarle la "estigmatización" de ser llevado ante la Justicia como cualquier presunto delincuente. En su caso, ni más ni menos que por los asesinatos del GAL.

De aquellos invisibles estigmas felipistas hemos pasado a las visibles llagas de 'Sor Patrocinio Horrach'. Y no puede haber sentencia justa cuando la instrucción del caso ha sido una escandalosa sucesión de obstrucciones a la Justicia encabezadas por la Fiscalía. El Pacto del Cortafuegos, que no fue una conspiración (palabra usada tras el 11M para negar las conspiraciones evidentes) sino una concertación delictiva, fletada por el Capitán Garfio Rajoy, con Gallardón en la proa, Torres Dulce en la popa, Rubalcaba de polizón, Spottorno en la bodega y Juan Carlos en la santabárbara, nunca se ha ocultado. Al revés: se aireó para que todo el mundo, sobre todo judicial y mediático, supiera por dónde iban los tiros: a la cabeza del juez Castro. ¿Cómo pueden decir los medios que la Zarzuela ha guardado siempre un "exquisito respeto a la Justicia", si el mismísimo portavoz de 'Campechano' respaldó públicamente a Horrach y atacó zafiamente al juez Castro cuando éste decidió imputar a la Infanta? Y tras él, la jauría política y mediática.

¿Cómo podemos olvidar que el Ministerio de Hacienda y Vanity Horrach acometieron la tarea legalmente imposible y éticamente execrable de salvar a la Infanta como fuese? Según la sentencia, Cristina ha sido condenada por dos delitos fiscales pero en las hemerotecas consta que Montoro, además de observar el vuelo y desaparición de once fincas de la Infanta en un ordenador, porque el DNI de Cristina se confundió con otro (es el número 4, fácil de confundir), tuvo la desvergüenza de admitir como buenas facturas que la Agencia Tributaria reconocía que eran falsas. Los falsificadores se equivocaron de año fiscal, pero a Montoro no le importó. Y eso que en otro país se consideraría una epopeya de prevaricación, aquí tuvo el eco de la abogada del Estado ante el Tribunal: "lo de que Hacienda somos todos, es sólo un eslogan". Tenía que restregárnoslo por las narices.

Pero esa sentencia que Luis Herrero dice que le han dicho los que más saben de eso que está fundamentadísima, asegura que "ha quedado acreditado" lo que está desacreditado. Y los medios elevan esa temeraria afirmación a "hechos acreditados judicialmente". Otra vez, como pasó con el 11M gracias al PSOE y al PP gallardonizado de Rajoy, se pretende imponer "la verdad judicial" sobre la evidencia de que está falseada de raíz. Lo único acreditado es que Hacienda obstruyó sistemáticamente la acción de la Justicia, coló como exculpatorias declaraciones falsas, se burló del juez Castro con el DNI de Cristina y se choteó de todos al servicio de la estrategia trapisondista de Horrach. Lo "acreditado" está desacreditadísimo.

Horrach y sus delitos de género
Por desgracia para la Justicia y desdoro para la Corona, la estrategia del vanidoso fiscal de Palma ha sido, sencillamente, ridícula. Afirmar que la Infanta era inocente porque está o estaba enamorada y el amor "nublaba su entendimiento" ofende a la sensibilidad de todas las mujeres, hombres y viceversa, porque identifica a la mujer española con el florero y la idiotez. Yo creo que, por maltrato intelectual, ha incurrido en un delito de género. Del género machista y del género imbécil, dirá alguno, pero de género.

Sin embargo, Cristina, que, como ha recordado el juez Castro, se negó pertinazmente a contestar a sus preguntas, escudándose en el "no sé", "no recuerdo" y "no me consta" durante largas horas y llegó a decir que no sabía lo que era una cuenta corriente, tiene una esmeradísima educación, pagada por los españoles, habla varios idiomas, hizo Ciencias Políticas y un máster en relaciones internacionales, tuvo despacho en La Caixa treinta años ¡y no sabe qué es una cuenta corriente! Supo gastar millonadas y vivir a todo tren. Mejor que sus hermanos. Pero la infeliz no se daba cuenta.

La versión oficial de la fundamentadísima sentencia y el triunfo del Estado de Derecho tiene un obstáculo. Aun estando tan enamorada y siendo tonta del bote, Cristina se niega a renunciar a los derechos sucesorios a la Corona de España (tal vez, triunfante el Pacto del Cortafuegos, lo haga ya absuelta). Y otro más: aunque retonta, según Horrach, se realquiló su propio piso, contrataba en negro, personalmente, al servicio, firmó con su marido -y socio al 50%- las cuentas de todos los ejercicios de todas sus sociedades, entre ellas Nóos y Aizoon, siendo la segunda, según el propio fiscal, mero instrumento para gastar lo que captaba la primera; también es copropietaria del palacete dizque vendido de Pedralbes, de dos casas de alquiler en Mallorca, de una nave en Tarrasa y de fondos que, por el monto del atraco a empresas privadas (al Villarreal de Fernando Roig, 800.000 euros), podrían ascender a decenas de millones de euros. Imposible saberlo porque Hacienda se negó a averiguarlo. ¡Y la condenan por delito fiscal!

De las entidades públicas atracadas no hablamos porque la sentencia apenas habla. Condena a tres años a Matas por dar dinero a la 'Absuelta', pero a cambio de tanto rigor, perdona a Gallardón y su Coghen los 120.000 euros robados del Ayuntamiento de Madrid para el filósofo Urdanga, al que considera, en peligrosa interpretación, muy bien contratado por la trama valenciana porque lo fue como deportista y no como yernísimo. ¿Saben las juezas que tres millones y medio de euros no los cobra ni el Valencia CF? Bah, no importa. La sentencia está sólida, solidísimamente fundamentada.

El triunfo del amor
Lo que sí hay que reconocerle a la 'Absuelta' es que, estando tan enamorada, no ha sido tan rencorosa como para disolver el matrimonio y bienes gananciales. Al publicarse los correos de su Urdanga pudo constatar sus amoríos con la que le llamaba "ojos azules", la recalificación de su título como "Duque de Em-palmado" y el macrosueldo que le gestionó la entrañable Corina y que él desdeñó por escaso. No como el de Telefónica que, por gestión paterna, le permitió vivir varios años en los USA sin naufragar en la avara povertá. Es un consuelo ver cómo la institución matrimonial sobrevive a lo que, según la sentencia, en la línea amorosa de la fiscalía, habría sido un monumental engaño de Urdanga a su señora, haciéndole creer que nadaban en dinero por su mérito, empalmado con la eficacia y elongado hasta la fortuna, ayudada por la audacia. Y pese a todo, no se ha separado del delincuente que ha hundido su nombre, arrastrado a su familia y enfangado a la Corona. ¿En tan poco nos tiene a los españoles esta Infanta que prefiere conservar a su pareja, por la cuenta que le tiene, antes que evitar el sofocón a la nación y la degradación a la Monarquía?

Evidentemente, sí. Y razones, políticas y judiciales, no le faltan.

Y las cosas le fueron bien a la infanta
EDITORIAL Libertad Digital 19 Febrero 2017

Tal y como adelantó Mariano Rajoy en 2014, "las cosas le irán bien a la infanta". Dicho y hecho. Tres años después de ese profético vaticinio, la Audiencia Provincial de Palma absuelve a la infanta Cristina del bochornoso caso Nóos al considerar que no fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Tan solo deberá pagar 265.000 euros como responsable a título lucrativo del chiringuito que montó Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para enriquecerse, aún más, a costa del bolsillo de los contribuyentes, con la debida connivencia de políticos y organismos públicos.

El resultado de la sentencia no por más esperado era menos previsible. Se ha cumplido al dedillo el guión que, en su día, fijaron Rajoy y el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en aquella reunión que tuvo lugar en Zarzuela con el Rey Juan Carlos en 2014 para diseñar la operación "cortafuegos" que ha cristalizado en la sentencia que hemos conocido este viernes. La lamentable manipulación y los obscenos tejemanejes que ha protagonizado el poder político durante estos últimos años para que la balanza de la Justicia se incline a favor de la infanta, aún a costa de pervertir el sagrado principio de igualdad ante la ley, resulta lamentable e impropio de un Estado de Derecho que sea merecedor de tal calificativo.

Desde el minuto uno, se presionó e intrigó para retorcer la normativa e ignorar la jurisprudencia. Penoso fue el papel que jugó el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que, ejerciendo de facto como abogado defensor de Cristina, se empeñó, entre posado y posado en Vanity Fair, en que no fuera imputada, pese a las clamorosas evidencias existentes y en contra de la opinión del juez instructor, José Castro. E igual de surrealista e incomprensible fue la exculpación de fraude fiscal que pergeñó la Hacienda de Cristóbal Montoro para evitar que la infanta se sentara en el banquillo de los acusados, lo cual resulta sangrante si se tiene en cuenta el estricto –e incluso abusivo– celo que ejerce la Agencia Tributaria contra todo aquel que sea lejanamente susceptible de haber cometido cualquier tipo de irregularidad o trampa para evadir el pago de impuestos, ya no digamos un delito. Solo la obcecación del juez Castro fue lo que llevó a la infanta a pasar por el mal trago del banquillo, en contra de la voluntad de la Fiscalía, de Hacienda y del Gobierno.

¿La clave para su absolución penal? Su desconocimiento sobre lo que firmaba y su confianza ciega en su marido, fruto, según la Fiscalía, de un profundo enamoramiento que cegaba su visión y nublaba su conciencia ante la carrera delincuencial que decidió emprender su marido aprovechándose de la privilegiada posición que ostentaba su familia política. Insostenible, antijurídico y, sobre todo, ridículo. Salvo España, a partir de hoy, no se conoce Estado de Derecho en el que estar enamorado sea un eximente cuando se comete un delito o, todavía menos, que anule la responsabilidad penal derivada de dicho acto. Todo individuo, al menos sobre el papel, es igual ante la ley y responsable de sus actos al margen de sus circunstancias sentimentales. Además, si el desconocimiento de la ley no es eximente de la debida responsabilidad jurídica, carece de todo sentido que el amor ejerza como tal a la hora de firmar papeles y beneficiarse de la actividad delictiva de tu marido.

La Corona será, sin duda, la mayor perjudicada de la operación político-judicial que orquestaron PP y PSOE para contentar al Rey emérito. Los partidos políticos, lejos de defender el buen funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho, se han comportado como cortesanos con el único afán de agradar al anterior Rey. Con este comportamiento han dañado seriamente a la institución monárquica y a un Felipe VI que desempeña sus funciones constitucionales de manera ejemplar e irreprochable.

Resulta dramático y bochornoso que las únicas críticas que oirán hoy los ciudadanos españoles a este enjuague vengan de tipejos como Joan Tardá o los podemitas, cuyo único objetivo es destruir la Nación y las instituciones democráticas. Mientras los partidos que dicen defender el Estado de Derecho –PP, PSOE y, lamentablemente, también Ciudadanos– tratan a los españoles como si fuésemos imbéciles, haciéndonos comulgar con ruedas de molino que ni ellos mismos se creen.

Lo que ha fallado no es la monarquía, sino los partidos políticos, el Gobierno y el Poder Judicial, que son la misma cosa y ese es precisamente el problema. Mientras no se aborden las reformas que nos devuelvan la separación de poderes y la independencia judicial, desaparecidas desde 1985, el Estado de Derecho en España no será más que una ilusión. La operación "cortafuegos" ideada expresamente para salvar la infanta Cristina deja impreso en el imaginario colectivo la triste realidad de que la ley es más igual para unos que para otros y que Hacienda, por mucho que los políticos digan lo contrario, no somos todos.

Los “ejemplarizantes”
Javier Somalo Libertad Digital 19 Febrero 2017

La palabrita es de curso legal según la RAE, pero retorcida y fea como pocas: "ejemplarizante". Usada con fruición en España cuando la Justicia toca al Poder, en estos tiempos viene a significar que el privilegio sigue estando por encima de la Ley, que debería ser general, obligatoria y permanente. La reclamación coyuntural ¿significa también que sólo algunas sentencias deben dar y servir de ejemplo?

Perdónenme los juristas pero, ¿qué debería perseguir una condena? Lo primero, reparar en lo posible un daño, cosa que, en muchas ocasiones, como en los asesinatos, es imposible. Una condena es un castigo y, en los casos más graves, ha de cumplir además una función protectora al apartar de la sociedad a un elemento peligroso. También es un escarmiento para el condenado y para quien quiera seguir sus pasos; la condena debería disuadir siempre al delincuente. Las ejecuciones públicas no tenían otro objeto que enseñar lo que le espera a quien pudiera estar pensando en cometer un crimen similar. Superada la bestialidad –salvo en los países amigos de Podemos y otros patrocinadores del mundo entero– el verdadero ejemplo, la disuasión, sólo cala con nitidez en el delincuente cuando la Justicia no hace excepciones, cuando se aplica la ley, se anula el privilegio y se castiga el crimen. Reparar, castigar, apartar y disuadir, según la gravedad del delito.

Muchos de los problemas que encontramos en la administración de Justicia se agravan también poco después de la condena, cuando se alude a la función resocializadora del Estado hacia el delincuente. Sin reparar en si es posible de veras su reinserción, llegan los beneficios penitenciarios que comportan rebaja de pena –no digamos ya en el caso de los indultos– por el mero hecho de no seguir delinquiendo dentro de la prisión, por tener una conducta… ¿ejemplar?

Nada causa más indignación que comparar los cientos y hasta miles de años de cárcel que se decretan como pena en algunas sentencias y su cumplimiento efectivo, en demasiados casos ridículo, insultante. Lo seguimos sufriendo con los criminales de ETA pero también y a diario con violadores y otros delincuentes que saben que la reincidencia sale casi gratis en España. Tampoco soportan comparación alguna entre sí los muchos casos de corrupción. Pensemos en Jordi Pujol –sin consecuencia alguna, por el momento–, en Isabel Pantoja o en Chaves y Griñán o en el catálogo de condenas de los casos Gürtel y Púnica. Mucho peor salen las cuentas si comparamos cualquiera de ellos con los delitos contra la integridad física de las personas. La desproporción, el doble rasero y la desigualdad ante la ley están demasiado presentes en nuestra Justicia.

¿Y en qué casos reclaman algunos una justicia "ejemplarizante"? ¿En los que despiertan más alarma social? En España nos dedicamos a hacer campañas, por ejemplo, contra la "violencia de género" pidiendo a las víctimas –que sobreviven– que no duden en denunciar… y que se vayan preparando para recibir de nuevo al maltratador en un par de meses: poco ejemplo, ausencia de reparación del daño y ninguna disuasión para el criminal en activo o en potencia. Dura lex, sed lex, esa sería la mejor campaña.

En el caso Nóos, todo ha sido irregular, desde los tiempos hasta las formas y de principio a fin. Sin embargo, algunos no han cesado de reclamar que la sentencia fuera "ejemplarizante", en vez de justa, porque los reos eran una hermana y un cuñado del Rey de España… una hija y un yerno hace un par de años. Pero todo fue irregular y, por tanto nada será ya ejemplar, desde que se conoció lo que se suponía: que determinados justiciables merecen reuniones nada discretas –se airearon sin demasiada dificultad– entre los Poderes del Estado para estudiar estrategias. Tan irregular fue todo que el presidente del Gobierno llegó a decir durante una entrevista en televisión en el año 2014: "Yo estoy absolutamente convencido de que [a la infanta] las cosas le irán bien". No se le repreguntó entonces por Iñaki Urdangarín. Claro, no tenía nada que ver porque, ya se sabe, el Gobierno respeta siempre la acción de los tribunales.

Al final todo quedará en que la infanta Cristina sigue enamorada de su marido y eso permitirá pensar al que busque consuelo que el castigo ha sido impuesto al matrimonio y que, por tanto, la absolución de la infanta no supone ventaja alguna. Así que nos seguirán diciendo –ya lo han hecho con verdadera afición antes de la condena– que la llama del amor sigue viva y que no cabe mayor condena que ver entre rejas a la razón de tu existencia. Pocos imaginaban una pena de prisión para la infanta pero la absolución y el retintín de la devolución de lo que sobró de la fianza ha sido demasiado. Ejemplarizante. Por cierto, tendremos que esperar a la semana entrante para saber si Iñaki Urdangarín ingresa de inmediato en prisión o la cosa se dilata y hasta se diluye, en caso de que haya recurso, en espera de una sentencia firme en el Tribunal Supremo.

Quizá lo único ejemplar de esta triste historia haya sido la actitud del rey Felipe VI, que apartó a su hermana de la Familia Real haciendo buena esa verdad de que los actos tienen consecuencias. Será él, sin duda, el que salga más perjudicado. Pero hoy los ejemplarizantes están contentos. La farsa ha terminado.

Caso Nóos Cristina y la doctrina de la mujer florero
Jesús Cacho vozpopuli 19 Febrero 2017

"Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos". Discurso de Navidad del rey Juan Carlos I en la noche del 24 de diciembre de 2011. Once días antes, Mariano Rajoy había sido investido nuevo presidente del Gobierno, sin que España se hubiera repuesto aún del escándalo provocado por el yernísimo Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón, acusado de apropiación indebida de fondos públicos y fraude a Hacienda. “Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”. Mismo Rey, idéntico discurso.

El sábado 14 de abril, tres meses y unos días después del discurso navideño, el país se desayunaba con la noticia de que el Jefe del Estado, el del “comportamiento ejemplar” exigible “a todos, sobre todo a las personas con responsabilidades públicas”, había sido intervenido de urgencia en una clínica madrileña, tras haber sufrido un grave accidente en Botsuana cuando cazaba elefantes en compañía de su querida, una sedicente princesa alemana de nombre Corinna y apellido impronunciable. El trompazo había ocurrido en plena madrugada del viernes 13 de abril, mientras España estaba a punto de irse a pique por el sumidero del default, la simple y pura quiebra, con la prima de riesgo por los 560 puntos básicos, pero la Casa del Rey no informó de lo ocurrido hasta las 9,30 de aquel sábado, cuando el Monarca, ya operado, se recuperaba en la UCI del Hospital USP San José de Madrid.

En la tarde del lunes 2 de junio de 2014, el presidente del Gobierno hizo pública la renuncia al trono de España de Juan Carlos I en favor de su hijo, el príncipe Felipe, que días después pasaría a convertirse en Felipe VI, en la única operación realizada con tanto éxito como discreción por el destartalado establisment de un régimen, el del 78, que había llegado exangüe, casi arrastrándose, a la abdicación. Junio de 2014 marca, por eso, el final del régimen de la Transición. La sentencia conocida el viernes sobre el llamado “caso Nóos”, condenando a Iñaki y absolviendo a Cristina, es, sin embargo, un episodio más de ese juancarlismo aparentemente superado, en coherencia con la pieza publicada aquí el 12 de enero de 2016 (“No es el juicio de Cristina de Borbón, sino el de su padre”). El último escándalo de la Transición.

Ángela Martialay, experta en tribunales de Vozpópuli, ha dicho de la comentada que es “una de las peores resoluciones judiciales que he leído en años, si no la peor”. Casi mil folios de torturado castellano que apenas dedica 3 a absolver a la Infanta de España. Valga la opinión del juez José Castro, instructor durante 5 años del caso: “la sentencia plantea un montón de incógnitas, pero deja claro que el tribunal sentenciador ha dado por bueno que la infanta Cristina era una mujer florero que no se enteraba de nada, que firmaba el autoalquiler de su palacete de Pedralbes sin saberlo, que estaba en la empresa Aizoon siendo una ingenua…” Es evidente que Cristina, hija de Rey y hermana de Rey, ha recibido distinto trato que la folclórica Isabel Pantoja, otra mujer enamorada de su pareja que, sin embargo, fue a dar con sus huesos en la cárcel. Es la “Doctrina de la Mujer Florero”, emula de aquella otra llamada la “Doctrina Botín”, a la que con idéntico derecho aspiran a acogerse Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, y la exministra Ana Mato, entre otras muchas.

Servidumbre voluntaria
Especular ahora sobre la existencia o no de “presiones” sobre las tres magistradas que han dictado sentencia parece un ejercicio inútil. Probablemente no hayan necesitado ni eso. La infanta no es una cualquiera, de modo que cabe la posibilidad de que, partiendo del principio de la servidumbre voluntaria sobre el que teorizó La Boétie, sus señorías hayan preferido sacrificar la verdad en el altar de la cautela, que siempre será preferible arrostrar algunas críticas extramuros del régimen que contar con la animadversión del mismo. Humano, demasiado humano. Un fallo (en el doble sentido de resolución judicial y de chapuza infecta) en línea con el “pacto del cortafuegos” que Rajoy (“A la Infanta le irá bien”) y su entonces ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, propusieron al entonces rey Juan Carlos: Urdanga asumiría las culpas –no había manera de enmascarar el delito- y entraría en prisión, a cambio de que la Infanta quedara libre de polvo y paja tras una brillante interpretación de la partitura de la mujer tonta y enamorada que no se entera de nada, un papel que ha gestionado con eficacia el fiscal Horrach, convertido en una especie de abogado defensor de la acusada.

Alguien ha argumentado que a la Corona le hubiera venido bien una condena, siquiera testimonial, de la Infanta, entendida la sanción como escarmiento, como mensaje a caminantes de que “de ahora en adelante, aquí no roba ni el rey de España”, pero esa es la cuestión, ese el nudo gordiano, la losa de oprobio que aprisiona el futuro de la Institución. Para condenar a Cristina hubiera sido necesario llevar antes a juicio la conducta de su padre el rey emérito, y eso es precisamente lo que el sistema no puede aguantar, o por lo menos no todavía: someter siquiera a escrutinio público la conducta de Juan Carlos I, origen de la corrupción en cadena que ha terminado anegando la vida política española. El juicio imposible a un personaje que sigue siendo inviolable por razón de cargo. “Hay prohibiciones que no pueden concretarse en un nuevo precepto”, escribía Secondat (Manuel Jiménez de Parga, expresidente del TC) en abril de 2012 en El Mundo. “Por ejemplo, que el Rey no tenga una amante fuera del matrimonio o que no reciba un tanto por ciento de las operaciones económicas internacionales”. Sobre el reinado de Juan Carlos y sobre el origen de su cuantiosa fortuna, los españoles tienen que seguir pasando calzados con albarcas o con la ayuda de esos zancos de madera que en algunos lugares aún utilizan para cruzar ríos o simplemente chapotear sobre el barro.

No ha sido, pues, un juicio a Cristina de Borbón y a su marido, sino a la corrupción del juancarlismo. En este diario la hemos denunciado sin tapujos, de modo que resultaría ocioso incidir sobre el asunto. Yo mismo escribí un libro al respecto, pronto hará 20 años, cuando algunos de los más conspicuos críticos actuales del emérito se la cogían con papel de fumar. Ocurre que la hija de su padre y el marido de la hija de su padre no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa, en la Zarzuela, durante un montón de años, de ahí la estupefacción del talonmanista, incapaz de entender lo que le ha ocurrido, negado para comprender que la Justicia pretendiera condenar como oprobioso lo que en su suegro no pasaba de ser diaria aventura galante. Se ha perdido una gran ocasión para ejemplarizar, cierto. Y se ha asestado un duro golpe al prestigio de la nueva monarquía que encarna Felipe VI, un hombre en cuyas alforjas no figuraba, que se sepa, ninguno de los gatuperios que pueblan las de su padre.

Una sentencia que hace daño a Felipe VI
Pertenezco a ese grupo de españoles que, ideológica y vocacionalmente republicanos, han optado por posponer el debate monarquía-república para tiempos mejores, ello en vista de los problemas de todo tipo que asedian ahora mismo a una España cuya propia existencia como nación está en entredicho, y en la esperanza de que sean las futuras generaciones las que se encarguen de despejar la incógnita en un entorno mucho más favorable, más próspero, más profundamente democrático que el actual. Para quienes hemos asumido ese compromiso, el respeto al mandato constitucional, la ejemplaridad en la conducta personal y una exquisita neutralidad política son condición sine qua non para la continuidad de Felipe VI en el trono. Todo eso, más la necesidad de hacer olvidar en el día a día el funcionamiento de la Corona durante la Transición como poder autónomo, alejado del control democrático y envuelto en un espeso velo de opacidad, ello con la complicidad de los sucesivos presidentes del Gobierno. En estos casi 3 años de reinado, el talante del nuevo Rey había logrado hacer olvidar no pocas de las tropelías cometidas por su padre. El fallo judicial del viernes quiebra esa tendencia y deja el prestigio de la nueva monarquía muy perjudicado. Esta sentencia le hace daño. ¿Cuánto? El tiempo lo dirá.

El gato por liebre de la infanta Cristina ¿y otros despropósitos?
Miguel Ángel Mellado El Espanol 19 Febrero 2017

El 17 de febrero de 1937, una atractiva joven norteamericana, en Madrid para estudiar arte interpretativo, se disponía a comer acompañada de su madre. Tras tomar la segunda cucharada del guisado con liebre, ambas llegaron a la misma conclusión. En un reportaje publicado años después en el National Geographic Magazine, lo contaba así: “El gato guisado nos costó a mí y a mi madre un dólar el plato. Somos estadounidenses y aún teníamos dinero. Dos españoles ancianos, menos afortunados, nos observaban a través del ventanal del restaurante”.

“La carne oscura y surcada de tendones, como la de la liebre por la que la hacen pasar, fue la primera que comíamos en seis semanas, salvo la de caballo”. La estudiante Gretchen Amelia Schwinn, nacida en Los Ángeles (California), pagó, dejó una propina y salió escopetada porque a unos kilómetros sonaban disparos de la artillería del ejército franquista. No tenía tiempo para quejarse al camarero de que le habían dado gato por liebre.

Exactamente 80 años después, este 17 de febrero de 2017, poco antes de la hora de la comida, los españoles en general tuvieron la misma sensación que Gretchen: la ensaimada judicial a modo de sentencia emitida desde Palma de Mallorca tras meses de deliberación daba gato por liebre. Sobre todo, al escuchar la absolución de la infanta Cristina, la colaboradora necesaria sin la que Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión, habría sido incapaz de vender unos clínex en un semáforo. (Léase, seis millones de euros en propinas procedentes de diferentes instituciones del Estado, además de otras grandes empresas).

No es que el pueblo soberano, siempre con ganas de joder a los poderosos inalcanzables, esperase una condena ejemplar del tipo El Verdugo. Como homenaje a la película de Berlanga, estrenada precisamente otro 17 de febrero (de 1964), no habría estado mal. En este caso, el garrote vil para la monarquía española y para Felipe VI habría sido que Cristina, séptima en la línea de sucesión, hubiera tenido que entrar en prisión.

Ahora bien, del garrote vil a la exoneración total de la infanta había pasos intermedios. Tanto es así que al juez Castro, instructor del caso Nóos, el (desa)guisado de la sentencia ni le supo siquiera a gato, sino directamente a rata.

Personalmente, la condena leve (por los méritos que había hecho) del duque emPalmado –como él mismo firmaba en emails- me ha dejado flácido. Más ofensivos, intelectualmente hablando, resultan los argumentos aceptados por el jurado (formado por tres mujeres) para dejar libre de toda culpa a Cristina. Porque resulta que la infanta de España, tan bien preparada, con fama de inteligente y aplicada, no se enteró de nada.

Sí: la directora del área internacional de la Fundación La Caixa, capacitada para desarrollar complejos proyectos de ayuda en países de todo el mundo, trabajo por el que recibe unos 200.000 euros al año, no se enteró lo más mínimo de las cuentas de sociedades en las que participaba con su marido, Iñaki Urdangarin. Y si no se enteraba de esto, tampoco podía imaginarse que dormía con un prevaricador administrativo, un malversador de caudales, un falsificador de documentos, un traficante de influencias y un delincuente contra Hacienda. Todas estas figuras penales le son atribuidas a Iñaki en la sentencia para condenarle a seis años y tres meses de prisión.

Cristina de Borbón y Grecia no es una cualquiera (dicho esto sin ánimo de ofender). Es la séptima persona en la línea de sucesión a la Corona y a la Jefatura del Estado, detrás de las princesas Leonor y Sofía, de la infanta Elena y de los hijos de ésta, Froilán y Victoria. Si mañana sucediera una catástrofe imposible e impensable de imaginar, sería por derecho (im)propio la reina y Jefa de Estado al haber quedado libre de culpa en el referido juicio. Se supone que Urdangarin no podría actuar de rey consorte durante siete años y un mes al haber sido inhabilitado para un cargo público durante este tiempo.

Son los beneficios de hacerse la tonta. Por las redes sociales circula un DNI apócrifo de la infanta Cristina. Primer apellido: No sé. Segundo apellido: No me consta. Nombre: No lo recuerdo. Fecha de nacimiento: lo lleva mi marido. Hija de: papá.

Papá es Juan Carlos, en otro tiempo el número 1. El rey emérito ha sido el otro gran exonerado de este juicio. En cierto modo, Iñaki Urdangarin es el hijo más parecido que ha tenido don Juan Carlos, aunque sea hijo político. Unidos por el desparpajo, la afición a las mujeres, la moral laxa, el gusto por el dinero, el poco amor a la lectura y el mucho por el divertimento, la reducida capacidad dialéctica compensada con un don natural para relacionarse socialmente.

Esto era lo que don Juan Carlos pensaba de sus dos yernos: Jaime de Marichalar, un zoquete; Iñaki Urdangarin, un talento. Un talento de los de San Marcos. Como escribe el evangelista en la parábola de los talentos: “Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra (Iñaki); pero al que no tiene, aún aquello que tiene se le quitará (Jaime); y a ese criado inútil arrojadlo fuera a las tinieblas…”. Fue lo que el rey emérito hizo con Marichalar.

¿HAY DINERO PARA EL AUTISMO?
No, pero sí para robar. Puede que sea demagógico. Pero por encima de todo el caso siguiente es real. El jueves, cuando la sentencia del caso Nóos (Nos, así hablan los reyes, en mayestático), nos recordaba que Urdangarin y su compinche Diego Torres sablearon durante años a diferentes instituciones autonómicas, hasta sacarles un mínimo de seis millones de euros, una pareja amiga me contaba su problema familiar. Resulta que tienen un precioso niño con autismo que cumplirá en unos meses tres años. Quieren matricularlo en un colegio público especial, en Madrid, pero no podrán hacerlo porque no cumplen ¡¡¡el protocolo!!!

El protocolo de la Comunidad de Madrid consiste en lo siguiente: para que un niño autista pueda ingresar en un aula especial, tiene que haber estado todo un año escolar matriculado en un centro público. Como apenas hay guarderías públicas capacitadas para pequeños con este problema, los padres se encuentran con el siguiente dilema al alcanzar la edad de escolarización de su pequeño: o lo matriculan a los 3 años en una clase normal, sin recibir atención especial, y pierden así un año en el que la maduración de niños con trastorno del espectro autista es fundamental, o jamás podrán beneficiarse de la gratuidad pública en un tipo de asistencia necesariamente cara.

El protocolo, en la antigua Grecia, era la primera envoltura que contenía un rollo escrito. Cuando el acta era oficial, el protokollon llevaba el sello de autentificación. La verdad del envoltorio (del protocolo) de la Comunidad de Madrid es que se ha reducido el dinero dedicado a la enseñanza en general, y en casos tan especiales y sensibles como el autismo.

Hace un par de años, la Comunidad de Madrid presumía de ser pionera en la atención a niños y adultos con autismo porque la Consejería de Asuntos Sociales destinaría cuatro millones de euros. Dos menos de los que robó Urdangarin.

Como en España, por lo que se ve todos los días, hay muchos urdangarines, 40.000 coches oficiales (22 veces más que en EEUU) y más de 160.000 políticos con ingresos públicos, ¿cómo es posible que se aduzcan protocolos y gaitas para casos de extrema necesidad en la enseñanza? Pero este es otro juicio pendiente de una buena sentencia electoral.

Andalucía legaliza el enchufismo
Aunque se actúe de forma contraria a la normativa, lo que cabe concluir es que, a partir de ahora, ningún nombramiento en la Junta de Andalucía podrá ser considerado ilegal
Javier Caraballo elconfidencial.com 19 Febrero 2017

En Andalucía acaban de legalizar el enchufismo y ha sido por “unanimidad”, expresión que ha utilizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nada más empezar a redactar la sentencia, algo inusual, lo cual redunda en el carácter extraordinario de esta medida. No es para menos: a partir de ahora, los miles de cargos de confianza, asesores, vocales o directivos de empresas públicas que trabajan en Andalucía pueden ser nombrados a dedo con la prerrogativa de que ni siquiera es necesario que se pasen por su puesto de trabajo porque cobrarán igual. ¿Existe un paraíso mejor para el nepotismo? Sin duda que no hay parangón posible.

La increíble peripecia legal comienza con una noticia que, en su día, dejó perplejos a todos los que la leyeron. Un periódico andaluz, el Diario de Sevilla, llamó para alguna consulta al director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera, y el tipo les respondió extrañado, como si lo hubieran confundido con el capataz de la finca de Jesulín de Ubrique, que también está en Jerez. "¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso dónde está?", respondió Luis Guerrero, que así se llama el sorprendido director que nunca lo fue, que nunca pisó el despacho, pero que cobraba religiosamente todos los meses sus dos mil euros. Porque, en efecto, el tal Guerrero, lo que sí desempeñaba era un puesto en el PSOE de Málaga, dedicaba su vida de partido y, al final de cada mes, como liberado, recibía su sueldo.

Cuando leyeron la noticia en la Fiscalía andaluza, lo tuvieron claro: un delito de libro. Lo dice el artículo 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. Si el consejero de Educación y Cultura, Luciano Alonso, nombró al militante socialista Luis Guerrero para un cargo que nunca iba a desempeñar, porque lo importante es que tuviera un sueldo, cómo no se va a considerar una prevaricación como un castillo.

Pero es que la cosa no se quedaba ahí. Uno de los aspectos más interesantes de la sentencia del TSJA que ha legalizado el enchufismo en la Junta de Andalucía es la apabullante enumeración de cargos de confianza que se descubre en torno a un sencillo consejero autonómico. Además del organigrama básico, compuesto por una veintena de personas, desde el viceconsejero a los delegados provinciales, existen tres agencias públicas como organismos adscritos, y cuatro órganos colegiados, cada uno de ellos con sus respectivos organigramas. Además de todo eso, el consejero tiene la potestad para nombrar a tres asesores, dos vocales y un jefe de gabinete. Y por supuesto, a los directores de centros que dependen de la Consejería, como el de Cooperación Cultural, el del Centro de Documentación Musical de Andalucía, el de la Filmoteca de Andalucía y el del citado Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

Cuando la Fiscalía se puso a investigar descubrió que lo mismo que pasaba con el 'director fantasma' al que sorprendió un periódico, ocurría también con dos directores seguidos de la Filmoteca de Andalucía; eran hijos de dirigentes del PSOE, otro de ellos también del PSOE de Málaga, como el consejero, sin ninguna experiencia en cine, y tampoco iban por el despacho, pero cobraban. Uno era el hijo de una alcaldesa del PSOE en Jaén, que le colocaron nada más acabar Derecho, y la otra era la hija del ex alcalde socialista de un pueblo de Málaga, con el mismo currículum que el anterior sobre experiencia cinematográfica.

Tres militantes socialistas nombrados a dedo en un cargo para el que no estaban capacitados profesionalmente y que cobraban mes a mes sin tener siquiera que acudir al despacho. Tan evidente es la situación que la sentencia del TSJA, redactada por el propio presidente de la institución, Lorenzo del Río, señala con contundencia que, visto así, los nombramientos "revelan decisiones irregulares, ilegales, para las que el ordenamiento jurídico no facultaba al titular de la Consejería, a cuyo criterio no quedaba convertir esos puestos de trabajo en puestos con funciones distintas y alejadas del centro de destino". Se preguntarán: ¿Y si el Tribunal considera que eran decisiones ilegales, cómo es que dicta un fallo absolutorio? Aquí es donde viene lo mejor de la sentencia: Porque el alto tribunal andaluz lo que no considera probado es que a esas tres personas se les hubiese nombrado por ser militantes del PSOE o hijos de dirigentes del PSOE. Lo dice así: "No consta probada la alegación del Ministerio Fiscal que le confería a su cargo de consejero 'para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual, a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente' (…) Y, en fin, no consta que los tres nombramientos se debiesen a algún tipo de presión o 'enchufe' por parte del entonces consejero".

En adelante, ¿cómo habría que acreditarse un enchufe, según esa sentencia, para que fuera considerado como tal? ¿Haciendo constar en el contrato el carné de militante o el libro de familia con los progenitores socialistas? Si la vinculación expresa con el partido gobernante, la reconocida falta de capacitación para el cargo y la inasistencia total al puesto de trabajo no valen como pruebas, lo único que cabe concluir es que ningún nombramiento, a partir de ahora, podrá ser considerado ilegal en la Junta de Andalucía, aunque sea ilegal de acuerdo a la normativa. Bastará con invocar este párrafo final de la sentencia del TSJA: "Por todo lo expuesto, aún conscientes de encontrarnos ante una conducta irregular, no amparada por la normativa y reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y a la credibilidad de la administración, este Tribunal entiende que resulta obligado dictar una sentencia absolutoria en el plano penal". Y si el Tribunal Supremo, que tendrá que resolver el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, le da la razón a la sentencia andaluza, podremos considerar que el enchufismo se habrá legalizado en toda España.

"El islam se está fortaleciendo en Europa con la bendición de la Iglesia"
Giulio Meotti  latribunadelpaisvasco.com 19 Febrero 2017
Artículo Vía Gatestone Institute

Todo el mundo en Italia y el resto de Europa será "pronto musulmán" por culpa de nuestra "estupidez", advirtió monseñor Carlo Liberati, arzobispo emérito de Pompeya. Liberati afirmó que, a causa del ingente número de migrantes musulmanes, junto al creciente secularismo de los nativos europeos, islam se convertirá pronto en la primera religión de Europa. "Toda esta decadencia moral y religiosa favorece el islam", explicó el arzobispo Liberati.

Décadence (Decadencia) es también el título del nuevo libro del filósofo francés Michel Onfray, en el que sugiere que la era judeocristiana podría haber tocado su fin. Onfray compara Occidente y el islam: "Nosotros tenemos nihilismo, ellos tienen fervor; estamos agotados, ellos gozan de buena salud; a nosotros nos queda el pasado, a ellos el futuro".

El arzobispo Liberati pertenece a un grupo de cada vez más líderes católicos que se niegan a aceptar que en Europa el futuro le pertenezca al islam. Hablan abiertamente contra el papa Francisco, que no parece demasiado impresionado por el colapso del cristianismo a causa del descenso de la natalidad, acompañado de una apatía religiosa y su sustitución por el islam.

La opinión oficial del papa Francisco la encarna el obispo Nunzio Galantino, nombrado por el pontífice como secretario general del obispado italiano. El pasado mes de diciembre, Galantino dio una entrevista en la que rechazaba cualquier motivación religiosa tras los atentados yihadistas, y afirmaba que era "el dinero" lo que había detrás.

Ahora hay muchos comentaristas católicos que están cuestionando la ceguera de la Iglesia sobre el peligro al que se está enfrentando Europa. Uno de ellos es el jefe de Cultura de la revista francesa Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieu, que escribe:

El islam tiene todas las opciones de fortalecer masivamente su presencia en Europa con la bendición de la Iglesia. La Iglesia está contemplando el asentamiento de millones de musulmanes en Europa (...) y la confesión musulmana en nuestro continente como una manifestación inevitable de libertad religiosa. Pero la cuestión de la civilización nunca se plantea (...) Al alejarse de la población nativa de Europa y sus preocupaciones legítimas, la Iglesia no sólo está llevando a Europa a un punto muerto; también se está pegando un tiro en el pie.

Dandrieu enumera los gestos y discursos del papa Francisco a favor del islam y los migrantes:
El 1 de octubre de 2014, el papa recibió a los supervivientes eritreos de un naufragio en Lampedusa; el 8 de febrero de 2015, hizo una visita sorpresa a un campo de refugiados en Ponte Mammolo, al norte de Roma; el 18 de abril, dedicó su primera visita oficial al presidente italiano, Sergio Mattarella, a exigir "un compromiso mucho mayor" hacia los migrantes; el 6 de septiembre de 2015, al acabar el Ángelus en la Plaza de San Pedro, pidió "a cada parroquia, comunidad religiosa, monasterio y santuario de Europa que acogiera una familia" de refugiados; el 24 de marzo de 2016, decidió celebrar el Jueves Santo en un centro que albergaba a 900 refugiados, y lavarle los pies a doce solicitantes de asilo; el 28 de mayo, recibió a unos niños cuyos padres murieron al hundirse su bote, lleno de migrantes; durante la audiencia general del 22 de junio, Francisco bajó hacia la multitud para llevarse con él a quince refugiados.

Pero como demuestra el caso de Liberati, la resistencia a la visión del papa Francisco de Europa está creciendo dentro de la Iglesia Católica.

"Está claro que los musulmanes tienen un objetivo último: conquistar el mundo", dijo el cardenal Raymond Burke.

El islam, mediante la sharia, su ley, quiere dominar el mundo y permite la violencia contra los infieles, como los cristianos. Pero nos cuesta reconocer esta realidad y responder defendiendo la fe cristiana (...) He oído varias veces una idea islámica: "Lo que no logramos hacer con las armas en el pasado, lo estamos haciendo hoy con la tasa de natalidad y la inmigración". La población está cambiando. Si esto sigue así, en países como Italia, la mayoría será musulmana (...). El islam se realiza a sí mismo mediante la conquista. ¿Y cuál es la victoria más importante? Roma.

El primero que denunció esta drástica tendencia fue el misionero más importante de Italia, el padre Piero Gheddo, que dijo que, a causa de la caída de la fertilidad y el fervor musulmán, "el islam podría conquistar más pronto que tarde la mayoría de Europa". Estas preocupaciones no afectan sólo al ala conservadora de la Iglesia Católica.

El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena y al que se señala como candidato a ser el próximo papa, es muy cercano al papa Francisco y centrista. El pasado septiembre, en el aniversario del Sitio de Viena, cuando las tropas otomanas de Turquía casi conquistaron Europa, Schönborn hizo una dramática defensa de las raíces cristianas de Europa. "Muchos musulmanes dicen –y desean– que 'Europa está acabada'", dijo el cardenal Schönborn, antes de acusar a Europa de "olvidar su identidad cristiana". Después denunció la posibilidad de "una conquista islámica de Europa".

Después de que un tunecino, que llegó en una oleada de migrantes a Alemania, asesinara a doce personas en un mercado navideño en Berlín, el arzobispo católico de la capital alemana, Heiner Koch, otro líder católico "moderado" nombrado por el papa Francisco, también hizo una advertencia: "Tal vez nos hemos centrado demasiado en la imagen radiante de la humanidad, en el bien. Ahora, en este último año, o quizás también en los anteriores, lo hemos visto: también existe el mal".

El jefe de la Iglesia Católica Romana checa, Miloslav Vlk, también advirtió sobre la amenaza de la islamización. "Los musulmanes de Europa tienen muchos más hijos que las familias cristianas; por eso los demógrafos han intentado afrontar el momento en que Europa se convertirá en musulmana", afirmó el cardenal Vlk. También culpó a la propia Europa por la toma del islam:

Europa pagará muy caro haber abandonado sus raíces espirituales; este es el último periodo, que no durará décadas, en que aún podremos decir que tenemos una posibilidad de hacer algo al respecto. A menos que los cristianos abran los ojos, la vida se podría islamizar y el cristianismo no tendrá la fortaleza para imprimir su carácter en la vida de la gente, y mucho menos en la sociedad.

El cardenal Dominik Duka, arzobispo de Praga y primado de Bohemia, también cuestionó la "cultura de bienvenida" del papa Francisco.

Entre los arzobispos católicos de Oriente hay muchas voces que expresan su inquietud sobre la revolución demográfica y religiosa de Europa. Una de ellas es la del líder de los católicos en el Líbano, que pagó un precio extremadamente alto por la islamización de su propio país, incluyendo el asesinato y el exilio, y ahora ve cómo el peligro se acerca a Europa. "He oído muchas decir a los musulmanes que su objetivo es conquistar Europa con dos armas: la fe y la tasa de natalidad", dijo el cardenal Bechara Rai.

Otra de las voces es la del arzobispo de origen francés Paul Desfarges, al frente de la diócesis de Constantina en Argelia: "No sorprende que el islam haya cobrado tanta importancia", dijo Desfarges. "Es un problema que afecta a Europa". El cardinal de Sídney George Pell pidió después "un debate sobre las consecuencias de la presencia islámica en el mundo occidental". Pell fue secundado por Laszlo Kiss Rigo, jefe de la comunidad católica del sur de Hungría, que dijo que "no son refugiados; esto es una invasión, vienen aquí gritando 'Alá Akbar', quieren hacerse con el poder".

Al nivel político, hay otra tendencia, la de fuertes líderes católicos que desafían al papa Francisco sobre la cuestión islámica y la inmigración. El más importante es el candidato francés a la presidencia François Fillon, uno de los primeros políticos que "no oculta el hecho de ser católico". Fillon publicó un libro titulado Vaincre le totalitarisme islamique (Derrotar al totalitarismo islámico), y subió en las encuestas con su promesa de controlar el islam y la inmigración: "Tenemos que reducir la inmigración a un estricto mínimo", dijo Fillon. "Nuestro país no es una suma de comunidades, ¡es una identidad!".

Estos políticos, obispos y cardenales podrían convencer al papa Francisco de que no deje que Europa, la cuna del cristianismo y la civilización occidental, esté abocada a un lúgubre destino. Michel Onfray escribió al final de su libro: "El judeocristianismo rigió durante dos milenios. Es un digno periodo para una civilización. Ahora el barco se hunde: sólo podemos hundirnos con elegancia". Lo urgente ahora es evitarlo.

COMIENZA LA CAMPAÑA
Geert Wilders abre fuego con su propuesta de 'desislamizar' Holanda
El próximo día 15 de marzo, el 'xenófobo y populista' Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders ganará las elecciones legislativas, al menos si se cumple el pronóstico de los sondeos. Otra cosa muy distinta es que vaya a gobernar.
Carlos Esteban gaceta.es 19 Febrero 2017

Geert Wilders ha abierto la campaña electoral apostando fuerte: con una propuesta para 'desislamizar' Holanda aunque para ello haya que reformar la Constitución, algo que en cualquier caso no cree necesario.

"Una constitución no es algo que esté grabado en piedra que no pueda cambiarse", ha declarado en una entrevista concedida a la agencia Associated Press. Cerrar las fronteras del país a los refugiados y a los inmigrantes procedentes de países musulmanes, cerrar todas las mezquitas e ilegalizar el Corán.

El próximo día 15 de marzo, el 'xenófobo y populista' Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders ganará las elecciones legislativas, al menos si se cumple el pronóstico de los sondeos. Otra cosa muy distinta es que vaya a gobernar.

Las peculiaridades del sistema democrático holandés hacen casi imposible obtener una mayoría absoluta y difícil traducir una mayoría simple en una opción de gobierno en solitario. El voto está lo bastante dividido entre partidos bien consolidados en la Cámara Baja del Parlamento como para hacer virtualmente imposible gobernar si no es en coalición. Para gobernar de forma estable, un gabinete debe contar con el apoyo de 76 diputados de la Cámara Baja y 38 del Senado. Las más favorables de las útimas encuestas dan al PVV 34 escaños, una mayoría simple por delante del segundo, los conservadores del VVD, con 23.

Ahora, Holanda no es España; tiene sobrada experiencia en gobiernos de coalición y, en circunstancias normales, el PVV podría comandar una alianza de gobierno sin problemas tras el habitual chalaneo. Pero, como no nos cansamos de decir en estas páginas, no vivimos ni de lejos en circunstancias normales.

Como en Francia y otros países europeos, el multipartidismo formal disfraza una situación de hecho que es totalmente nueva, la de todos los partidos tradicionales -el consenso socialdemócrata de posguerra-, con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación 'de prestigio' y otros grupos de poder, coaligados contra los nuevos partidos soberanistas, que amenazan el cómodo chiringuito.

Lo hemos visto y lo veremos en el caso del Frente Nacional francés, donde la única consigna real es "todos contra Le Pen". Y lo estamos viendo y lo veremos en el caso del PVV: todos los grandes partidos han hecho expresa su decisión rotunda de no pactar gobierno con el partido de Wilders, pase lo que pase.

Pero de estas elecciones tiene, por fuerza, que salir un gabinete. ¿Y cuáles son las opciones? ¿Repetir la actual coalición de gobierno de los conservadores del actual primer ministro Mark Rutte, el VVD, y los democristianos de la CDA? No salen los números, ni forzándolos mucho, sin contar con que Rutte gobierna merced a un pacto con Wilders, pese a que este no participa en el Gobierno. Se precisaría una coalición de un número demencial de partidos tradicionalmente opuestos a muerte los unos a los otros, unidos solo por su común odio a Wilders. Si lo hicieran, estarían firmando su sentencia de muerte electoral.

Improbable.
Pero aún queda partido, y el tiempo favorece a Wilders como está favoreciendo a Le Pen. Cierto, el juego de las descalificaciones y de las encuestas ha comenzado ya. Las últimas le restan a Wilders un diputado antes de que el 'populista' haya abierto la boca, sin nada que lo justifique. ¿Les recuerda a algo?

Cocinar cifras está siendo moneda corriente en esta desigual batalla contra el 'populismo'. La semana pasada se publicó en los medios que las estadísticas del Gobierno sobre criminalidad estaban falseadas. ¿Cuánto, un 3%, un 10%? No, un abradacabrante quinientos por ciento. Sí, cinco veces más de lo informado.

El PVV, el partido con mayor intención de voto, parece en todo un grupo clandestino, prohibido. Es el malo de todos los medios de comunicación que cuentan, y apoyarlo públicamente puede costar el empleo o algo aún más desagradable. Otra cosa más que nos suena.

Y todo esto, ¿por qué? ¿Qué define a Wilders como 'líder de la ultraderecha'? Quiere acabar con la invasión musulmana en Holanda y dar a los holandeses la opción de decidir la salida del país de la Unión Europea. Y aquí acaba su 'derechismo'.

De hecho, el caso del PVV ilustra a la perfección el núcleo, que tanto parece costarle entender a los medios, de lo que llaman 'populismo' o, más estúpidamente, 'ultraderecha', como se pudo ver a las claras en la reunión en Coblenza de los líderes de estos partidos. Lo que les une no es una ideología, una forma de gobernar, una manera de organizar sus sociedades, sino el deseo urgente de que sus países no dejen de ser lo que son y puedan gobernarse a sí mismos.

Puede haber entre ellos proteccionistas y cuasi socialistas en lo económico como el Frente Nacional mientras otros defienden un mercado abierto y liberal; los hay que abogan por los valores tradicionales y los hay, como Wilders, que lo que quieren proteger es precisamente el progresismo.

Si Wilders es ultraderecha, la ultraderecha es irreconocible. Wilders compra el 'pack' íntegro del progresismo occidental, desde el matrimonio homosexual hasta el laicismo más extremo, pasando por el feminismo, la ideología de género o lo que ustedes quieran. Él mismo se declara agnóstico. Su hostilidad hacia la inmigración masiva es, precisamente, que representa una seria y evidente amenaza a todo eso, que a medida que aumente la población islámica, por la sujeción de la democracia a la demografía, Holanda será cada vez menos progresista, menos liberal, menos libre, menos holandesa.

****************** Sección "bilingüe" ***********************

Un espectro visita a la fiscal Magaldi
Pedro J. Ramírez El Espanol 19 Febrero 2017

Perdona que te despierte en medio del sueño de los justos, compañera Anna Magaldi, pero aquí en el éter hay buena conexión de internet y cuando vi el vídeo en el que explicabas lo que te había ocurrido a la salida de la Audiencia me di cuenta de que nadie, ni entre los vivos ni entre los muertos, puede sentirse más identificado contigo que yo. De hecho, soy el único al que, en el mismo sitio, le hicieron algo peor que a ti.

Además me enganchó doblemente tu apellido porque en mi época los aficionados al tango eran de Gardel o de Magaldi y a mí me caía mejor Magaldi. Pero no habría venido a visitarte esta noche si no fuera por la espectral indignación que me han producido los argumentos de Artur Mas contra ti. Hay cosas que por muy muerto que uno esté, no se pueden pasar por alto.

Verás por la toga y por la insignia que soy de la carrera. Me llamo Manuel Sancho y fui el fiscal que ejerció la acusación pública el lunes 10 de septiembre de 1934 en el mismo Palacio de Justicia de Barcelona contra un abogado separatista llamado Josep María Xammar, dirigente de Estat Catalá. Era un caso de desobediencia, por lo menos tan de libro como el de Mas, pues en un juicio anterior el tal Xammar había arremetido contra el tribunal por estar formado por jueces que no hablaban catalán, ridiculizándoles al tener que recurrir a un intérprete y haciendo caso omiso de sus requerimientos y advertencias.

Yo pedía que se le impusiera una multa de mil pesetas o subsidiariamente dos meses de arresto. La vista se desarrolló en un ambiente muy caldeado. Era lo que venía ocurriendo a lo largo del verano, conatos de asalto e incendios incluidos, desde que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República se cargó la ley catalana de Contratos de Cultivo. La sala en la que, como sabes, caben unas doscientas personas, estaba atiborrada, y al menos seiscientas más se quedaron en los pasillos y espacios adyacentes. Muchos de los congregados tenían la misma actitud agresiva y decían las mismas cosas que los que se encararon contigo.

Xammar contestó a mis preguntas con evasivas, alegando que había tanto ruido en la sala que no había escuchado las reconvenciones del tribunal. Los testigos tampoco aportaron demasiado y los tres magistrados se retiraron a deliberar. Media hora después, sobre las dos de la tarde, regresaron para leer la sentencia que era condenatoria, aunque rebajaba a un mes el arresto sustitutivo. Acababan de hacerlo cuando un letrado gritó: “¡Visca Catalunya lliure!” y el público no sólo le secundó sino que comenzó a lanzar mueras a España.

En medio de un gran pandemonio un grupo de exaltados invadió el estrado, golpeó al presidente del tribunal, Luis Emperador, con un pisapapeles de cristal y lanzó un tintero contra un ujier que vio embadurnada su camisa. Pese a que el presidente dio orden a los guardias de asalto de despejar, los agentes allí destacados -habría una docena en la sala y treinta más en el edificio- permanecieron impávidos mientras eran los magistrados quienes se veían obligados a marcharse de forma bastante indecorosa.

Fue entonces cuando me dirigí al Comisario de Orden Público de la Generalitat, Miquel Badía, allí presente. Era un treintañero alto, de nariz recta, ojos grandes, rasgados y pelo rizado, peinado hacia atrás. Más que un policía, parecía un galán. No es verdad que yo gritara “Muera Cataluña”, como él y otros testigos de su cuerda declararon. Nunca he tenido ese tipo de sentimientos y siempre guardé las formas como hombre de leyes, aunque no fuera con la flema admirable con la que tú ibas dando caladas al cigarrillo mientras te detenías a mirar a la cara a los cafres que te insultaban.

Es cierto que recriminé con vehemencia a Badía la pasividad de sus hombres ante los actos de violencia contra el tribunal. Es posible que dijera algo parecido al "¿qué coño hace aquí esta policía de mierda de la Generalidad?", que Badía hizo constar en el atestado, aunque yo no recuerdo los tacos. Pero aquel tampoco era un hombre cualquiera.

Por su arrojo y chulería le llamaban el Capitá Collons. Había sido condenado a doce años de cárcel por participar en el complot del Garraf, encaminado a asesinar a Alfonso XIII, poniendo una bomba en el túnel al paso del tren real. Después había creado los escamots del Estat Catalá, a imagen y semejanza de los camisas negras de Mussolini, y se decía que había sido amante de una rubia explosiva llamada Carme Ballester, que militaba en ese grupo y que habría pasado de sus brazos a los del presidente de la Generalitat Lluis Companys, ya cincuentón. Además, y esa clave me sublevaba, Badía era íntimo amigo de Xammar.

El altercado fue sonado pero pensé que todo quedaría ahí. Sin embargo, poco después, cuando salía del recinto, tres agentes de los Mossos se acercaron y me comunicaron que estaba detenido y que tenían orden de trasladarme a comisaría. Si tú te sentiste ofendida en tu dignidad como representante del Estado cuando te increpaban, imagínate mi estupor y el del personal del Palacio.

La conmoción fue enorme en Barcelona y en Madrid. El jefe del Gobierno, Samper, convocó un gabinete de crisis. No había precedentes de la detención de un fiscal en el desempeño de su cargo, aunque, claro, tampoco había precedentes de que un fulano como Badía pasara poco menos que de la cárcel a la jefatura de Orden Público de la Generalitat, una vez amnistiado por el débil gobierno Berenguer. Cuánta razón tenía, por cierto, Ortega con lo del "error Berenguer".

Yo no sólo defendía la legalidad republicana sino que me identificaba con sus valores, pero tengo que reconocerte que aquel régimen fue muy estúpido o muy ingenuo. Mi detención sólo duró cinco horas porque el juez de guardia me puso en libertad tras tomarme declaración esa misma tarde. Badía tuvo que dimitir porque los fiscales se pusieron en huelga y los magistrados amenazaron con pedir masivamente el traslado fuera de Cataluña. Pero a los pocos días le tributaron un acto de desagravio en el Palau de Bellas Artes al que asistieron el propio Companys y el conseller de Justicia Lluhí.

Imagínate que los Mossos identificaran al energúmeno de la cara de odio que se lanzó a la carrera hacia ti y que ese Puigdemont que tenéis ahora le recibiera con todos los honores o acudiera a un homenaje que le tributara su propio partido. Aunque tengo que reconocerte que lo que hizo Puigdemont, encabezando la marcha que acompañó a Mas y los demás justiciables hasta la puerta del tribunal para intimidaros y encima haceros esperar, como se trata a un subalterno, fue casi peor. Por eso es tan importante que los gobernantes de hoy aprendan las lecciones de lo que yo viví.

Es cierto que a Companys le salió el tiro por la culata, pues el sector más radical del partido -Estat Catalá estaba integrado entonces en Esquerra- le abucheó en Bellas Artes apenas comenzó a hablar por entender que había entregado la cabeza de Badía a Madrid para aplacar el agravio que siguió a mi detención. La verdad de fondo es que el president y el Capitá Collons eran dos gallos que no cabían en un mismo corral y la rivalidad personal se mezclaba con la política.

Ya entonces se comentó que los dos hombres se habían reunido para tratar de zanjar sus diferencias. Companys le propuso que asistiera a un mitin en el que él fingiera reconocerle entre el público y tras una exclamación del estilo de "¡Catalanes! Acabo de ver entre nosotros a un gran catalán, Miquel Badía...", subiera al escenario y se fundieran en un abrazo. Pero Badía rechazó la farsa y sacó a relucir, al parecer, su relación con Carme Ballester. No quiero entretenerte con detalles morbosos pero aquella discusión fue la que, según veo que ya cuentan los historiadores, desembocó en la llamada "misa negra en la cama de Maciá", con el president requiriendo amor eterno a su novia sobre el lecho de su antecesor en la Casa dels Canonges.

Al margen de todas estas chafarderías, la verdad es que no me extrañó nada que Miquel Badía reapareciera a las tres semanas de esa dimisión como jefe de los pistoleros que secundaron, junto al consejero de Gobernación Dencás, el golpe del 6 de octubre, cuando Companys declaró unilateralmente la independencia. Tampoco que fuera uno de los que se fugaron por las alcantarillas cuando aquello acabó como acabó. Tampoco que Companys le achacara en público y privado gran parte de la culpa del fracaso. Ni tampoco que año y medio después los anarquistas de la FAI lo cosieran a tiros, junto a su hermano, en plena calle Muntaner, en venganza por los excesos de su etapa policial.

Era un momento en el que el sindicalismo más radical tenía estrechos lazos con Companys y no faltaron las murmuraciones. Sobre todo cuando a los pocos meses el president se casó con Carme Ballester. Había estallado la guerra civil y Barcelona era ya esa ciudad sin ley en la que a un jurista no le quedaba sino cubrirse la cara de vergüenza con la toga.

Entenderás que me haya acordado de todo esto cuando escuché el jueves a Mas acusarte nada menos que de contribuir a "identificar" el separatismo con la "violencia", para crear un clima que propicie la "intervención" del Estado en Cataluña. Su argumento de que a él también le insultan y no lo denuncia no podía ser más cínico, teniendo en cuenta que los que te gritaban "¡fascista!", "¡mierda!", "¡vete de Cataluña!" estaban allí porque los había movilizado él, azuzándolos contra vosotros, jueces y fiscales, como su azuza a los perros de presa.

La violencia siempre ha sido parte de lo que Gaziel denominó, poco después de la tragicomedia del 6 de octubre, "el cuadro clásico de la conocida anormalidad de Cataluña". Los separatistas saben que sólo mediante la violencia podrán alcanzar la independencia y tratan de endosarle al Estado la responsabilidad de la espiral que pretenden desatar. Imagínate simplemente que los guardias civiles de Manresa hubieran utilizado el otro día sus armas reglamentarias cuando eran atacados por el centenar de energúmenos que lanzaban todo tipo de objetos contra la casa cuartel.

Recuerdo bien ese artículo de Gaziel en La Vanguardia. Nos impresionó mucho a todos. Te lo recomiendo si no lo has leído ya: "Cataluña está enferma desde hace siglos. Es el tumor de España, que a veces dormita y a veces estalla...". Y fíjate en esto: "El único método de sanar a Cataluña -si su curación es posible- en todo caso no puede ser otro que el empleo de las autovacunas, buscando y extrayendo del propio organismo catalán las antitoxinas capaces de renovarlo".

Está claro que el referéndum de este año no tendrá lugar. Rajoy se equivocó al permitir la consulta de 2014, con la excusa de que no generaba efectos jurídicos, porque todo proceso revolucionario comienza por su ensayo general. Pero ahora la resolución del Constitucional no le deja margen alguno para mirar para otro lado.

Si no dan marcha atrás, a Mas, Puigdemont, Forcadell y Junqueras sólo les quedará elegir si salen por las alcantarillas o lo hacen por el tejado, camino de la inhabilitación o tal vez de algo peor. Y cuando la nueva representación teatral se acabe, harán falta esas "antitoxinas" de las que sois portadores los funcionarios con sentido de la legalidad y del deber, los catalanes íntegros como tú, que llevas ese pitillo desafiante entre los dedos y esa sonrisa serena, diamantina en su dignidad, rematada por el corindón amarillo de tu pelo. Amiga Anna, bona nit i bona hora.
 


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