La sociedad civil española: una fábula para
bonachones
Pedro de Tena Libertad Digital 24 Febrero 2020
Sin entrar en más detalles, porque lo de añadir civil a sociedad ya
sería motivo de discusión, esto de hablar de la sociedad civil es
muy bonito y está muy bien pagado. Para algunos, incluso es
beneficioso. Fíjense en José María Aznar y Felipe González, que van
a participar la semana que viene en un llamado Congreso de la
Sociedad Civil donde tienen hilos algunas fundaciones, por ejemplo,
Valores y Sociedad, la propia de Felipe González, FAES o Foro
España, por poner varios ejemplos. Pero que las dos jornadas
calificadas como "congreso" sean inauguradas por dos expresidentes
del Gobierno, y jefes absolutos de sus partidos políticos en su
tiempo, da una idea de qué entienden los organizadores por sociedad
civil. Una sola vez he percibido personal y directamente lo que era
la sociedad civil, esto es, el conjunto de personas capaces de
reaccionar ante un daño grave a su nación y a sus valores: fue en
Madrid cuando los asesinos de ETA ejecutaron a cámara lenta a Miguel
Ángel Blanco. Luego asistí a manifestaciones multitudinarias a favor
de las víctimas del terrorismo. Pero no hay mucho más.
Para no perdernos, podemos fijar como punto de partida que en la
Constitución vigente hay partidos políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales, pero ni una palabra se dice sobre la
sociedad civil como algo diferente de los partidos y organizaciones
sociales. Se habla de Administración civil, eso sí, y de pluralismo
de la sociedad en relación con los partidos. O sea, ¿hay o no hay
una sociedad civil que no coincida con partidos y organizaciones
sociales? Podríamos pensar que si, que hay fundaciones, asociaciones
diversas, personas que participan en actividades que no tienen ver
con las organizaciones básicas señaladas por la Constitución, pero
hasta el infumable Monedero advierte, y lo perpetró, que los
supuestos movimientos civiles o sociales no son otra cosa que
"Estado ampliado", es decir, algo que está fuera de lo que
normalmente entendemos por Estado pero que el Estado alcanza a
través de ellos "sus objetivos en un marco de obediencia a través
del consentimiento activo." Es decir, que fuera del control de
partidos y Estado es más que dudoso que exista algo así como
sociedad civil. Tampoco en las marismas liberales.
Pero supongamos que existe y que los dineros que la hacen posible no
están vinculados de un modo u otro a las madres del cordero que
dominan la sociedad española. Hace tres días en Tomares escuché
atentamente a Redondo el bueno, Nicolás, no el otro. Habló de
sociedad civil y de su empeño en La España que reúne. Pero un
asistente le espetó si íbamos a seguir con el romanticismo buenista
o íbamos a hacer algo de verdad para impedir el descalabro nacional
que desgranó bastante adecuadamente, olvidando, eso sí, hacer una
más detenida crítica a su partido, el PSOE, y a todos los demás, al
menos, desde 1976. España, dijo, está en una situación delicada por
su inmadurez institucional, por los separatismos, por el
colonialismo de los partidos sobre la sociedad, por la dependencia
de la Justicia, etc.
Ahí está el extremista frente popular separatista, como lo llama
justamente Jaime Mayor Oreja, dando pasos continuos hacia sus
objetivos disgregadores y disolventes de la nación, y ahí están las
derechas divididas en tres partidos, incapaces de darse cuenta de
este episodio nacional más que peligroso que vivimos. Entonces se
habla de la sociedad civil como esperanza de impulso de una reacción
nacional contra el intento de derribar la Transición, su
reconciliación y su Constitución. Pero ¿de qué se habla? De nada
serio. De nada que sea capaz de lograr que lo que se considera la
mayoría de españoles moderados que está en la base de lo que
llamamos España se manifieste con claridad contra la deriva que
padecemos. De hecho, ¿por qué no se reúnen todas las fundaciones,
asociaciones, sociedades y demás organizaciones civiles que se dicen
constitucionalistas y trazan un plan de movilizaciones por la España
constitucional al margen de los incapaces o contumaces partidos
políticos?
Lo dicho. ¿Sociedad civil? Fábula para bonachones incapaces.
Por España, Vox
Nota del Editor 24 Febrero 2020
Tras cuarenta años de marear la perdiz, está claro que el PP no
tiene interés alguno en que España salga adelante: lo ha demostrado
al no haber tomado medida alguna contra la situación en la que
estamos, siendo derrotados en el quinto frente de la guerra civil.
En cuanto a C's, enseguida se dieron cuenta de que lo suyo no era
luchar contra la imposición de las lenguas regionales y perdieron
toda credibilidad.
Queda Vox, y no votarles es una irresponsabilidad a la vista de la
reciente historia de la falsa democracia española.
Difícil arranque de un proyecto vital
Aunque las formas no hayan sido las más adecuadas, Casado no podía
permitir el desafío de Alonso porque la reunificación del
centro-derecha es el imperativo político que necesita España
ABC 24 Febrero 2020
La decisión de Pablo Casado de que Alfonso Alonso no sea el
candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno vasco,
que finalmente racaerá en Carlos Iturgáiz, será difícilmente
comprendida desde fuera del partido, pero responde a la lógica
interna de un desafío que Pablo Casado no podía perder. La
convergencia del PP con Ciudadanos es un imperativo político y
electoral al que ambos partidos debían comprometerse. La
fragmentación del voto de centro-derecha ha tenido un coste
desproporcionado y era ya el momento de iniciativas conjuntas para
sumar y reforzar la alternativa a la pinza social-nacionalista
asentada en La Moncloa. Alfonso Alonso y el PP vasco que él
representaba han tenido plena libertad desde hace años para decidir
mensajes y estrategias en las sucesivas elecciones, tanto nacionales
como autonómicas, en el País Vasco. Los resultados han sido muy
negativos y la actual dirección nacional del PP tenía la obligación
de abrir otras vías para evitar que el constitucionalismo vasco
quedara reducido a la nada e impedir que se extendiera la sensación
de que los barones podían echar órdagos como el de Feijóo, a quien
sí le respaldan las urnas. Es sorprendente cómo Alonso, al igual
que, en su día, Borja Sémper, reciben encendidos elogios de los más
furibundos adversarios del PP. El problema no es que no sean
acreedores de esos elogios, que lo son, sino que los adversarios de
los populares también elogian la irrelevancia en la que se encuentra
el partido en el País Vasco. Las fórmulas localistas del PP, esas
que se hacen al margen del proyecto nacional del centro-derecha,
pasan factura antes o después a la propia organización territorial
y, por extensión, a todo el partido a nivel nacional.
Es evidente que las formas empleadas desde Génova no han sido las
más adecuadas para plantear y culminar la coalición con Cs en el
País Vasco. Y que se hubo de gestionar de manera más engrasada, o
con más tiempo, las discrepancias con el proyecto de Alonso. Se hubo
de intentar resolverlas antes. No pudo ser y este primer paso hacia
la reconfiguración del centro-derecha se ha dado a trompicones. Pero
se ha dado porque era necesario. En el País Vasco, el PP ha sido
verdaderamente fuerte cuando representaba el proyecto nacional del
partido. Cuando los dirigentes locales creen que su futuro depende
en parte de desmarcarse de la dirección nacional, no sólo están
aceptando la propaganda de sus adversarios, sino que inducen a
confusión a su electorado. El votante necesita certidumbres. Ahora,
Pablo Casado debe gestionar con más tacto y mejor táctica la rápida
recomposición del PP vasco para las elecciones del mes de abril. Ha
movido ficha con Iturgaiz, el Domingo de Ramos veremos cómo sale la
apuesta.
Endogamias
Lo que está en juego no son uno o dos escaños vascos sino un
proyecto unitario de mayor escala y alcance más largo
Ignacio Camacho ABC 24 Febrero 2020
La convergencia del Partido Popular y Ciudadanos es o debería ser
para el centro-derecha una prioridad estratégica. Simplemente,
porque no va a volver a ganar en España mientras siga dividido en
tres fuerzas. Cosa distinta son las autonomías, cuyos sistemas
electorales abren mucho más el espectro de representación por
provincias. Por eso es lógico que Feijóo se resista a una coalición
en Galicia, donde Cs casi no existe y el PP es una marca consolidada
con capacidad suficiente para obtener por sí sola la mayoría. Pero
también tiene lógica que el proceso de unidad comience de abajo
hacia arriba para que pueda alcanzar cierto grado de consistencia
política. Es importante, además, que los partidos liberales se
agrupen para formar masa
crítica y evitar que Vox capitalice con su retórica combativa la
oposición al Gabinete socialcomunista, posibilidad que la alianza
gobernante contempla como un auténtico seguro de vida. Desperdiciar
la actual oportunidad de confluencia sería algo más que un fracaso:
un error suicida.
Esto es lo que no ha entendido un sector, tal vez mayoritario, del
PP vasco, acostumbrado a moverse en un horizonte más bien bajo. Que
la cuestión no consiste en sumar o restar allí uno o dos escaños,
sino en poner en marcha un proyecto de visión más larga y mayor
significado que no será posible sin un ejercicio de generosidad con
Ciudadanos. El camino unitario implica un coste, unos sacrificios
necesarios que Alfonso Alonso no ha comprendido en el fragor del
desencuentro orgánico. La vida interna de los partidos desarrolla
mecanismos endogámicos de resistencia ante cualquier atisbo de
intromisión ajena, y no es fácil que militantes y dirigentes se
avengan a compartir esas pequeñas prebendas que son los puestos de
salida después de una tarea de desgaste intensa. Tampoco la relación
con la dirección nacional ha sido fluida ni abierta. Pero decisiones
como ésta corresponden a la cúpula de la calle Génova, y si se
convierten en una cuestión de autoridad, hay que imponerlas. Existe
un riesgo objetivo de que la candidatura común acabe perdiendo algún
diputado; sin embargo, la rentabilidad del pacto no se medirá en
términos inmediatos sino en su influencia para cuajar una asociación
más amplia y más sólida a medio plazo.
Éste no es un debate sobre la foralidad vasca, ni siquiera sobre el
pluralismo del PP o sobre su concepto de la diversidad de España.
Tampoco de una maniobra táctica a pequeña escala. Se trata de
reagrupar una opción ideológica y social atomizada con consecuencias
nefastas. Ningún líder responsable rechazaría un capital político
como el que ofrece Arrimadas: una organización de cuadros moderados,
surgidos de las élites urbanas y dispuestos de mejor o peor gana a
sumarse a un modelo de mayor relevancia. Cualquier ajedrecista sabe
que en una partida complicada hay que sacrificar a veces una pieza
secundaria.
Viaje de vuelta
Nota del Editor 24 Febrero 2020
La pregunta es ¿ Porqué hemos llegado hasta este nivel de ignominia
? Tras cuarenta años de hablar de democracia, ningún profesional de
la política se ha preocupado lo más mínimo por asegurar la
independencia de las instituciones y de la profesionalidad de los
que trabajan y/o mandan en la administración pública y ahora nos
encontramos que el quinto frente comunista de la guerra civil ha
conquistado todo y solo nos queda votar a Vox.
Sin auctoritas ni protestas
Juan Manuel de Prada ABC 24 Febrero 2020
El desastre involuntario -y van…- que ha provocado Pablo Casado, en
su afán por alcanzar coaliciones electorales en Galicia y País Vasco
con el partido o pecio llamado Ciudadanos, nos permite improvisar
una reflexión sobre esas dos formas de poder que son la auctoritas y
la potestas. No dudamos que Pablo Casado sea un tipo cargado de
buenas intenciones. Pero sin auctoritas ni potestas no va a ninguna
parte.
La auctoritas es un prestigio en el que confluyen el conocimiento
riguroso -o mejor, la sabiduría-, las prendas morales y
espirituales, la experiencia larga y cumplida, la responsabilidad
personal… No es poder real, sino más bien un poder que, teniéndose,
no se ejerce; lo que (al menos en las sociedades no
podridas, que se siguen mirando en el espejo de sus hombres
«autorizados») es mucho más importante que el poder real. No hace
falta añadir que la auctoritas no es delegada ni delegable; se tiene
(o no se tiene) de forma intransferible. La potestas, por su parte,
es un poder para mandar y gobernar; y es siempre un poder que se
recibe por delegación de otros u otro (de Dios, en último término) y
a su vez se puede delegar a otro u otros (y con frecuencia conviene
hacerlo, para no caer en los vicios de la autocracia).
Pueden resultar discutibles esas coaliciones electorales,
considerando que el pecio llamado Ciudadanos puede terminar
hundiéndose del todo más pronto que tarde; y considerando también
que es más bien irrelevante en esas dos regiones donde se plantean
las coaliciones electorales. Pero, al plantearlas, Casado demuestra
que no lo mueve el cortoplacismo, sino que piensa en unas
posteriores elecciones generales, donde la división del voto
condenará de nuevo a la derecha a la derrota. En lo que Casado
prueba, como señalábamos mas arriba, que es un tipo cargado de
buenas intenciones. Pero a Pablo Casado le falta, sin embargo, la
auctoritas necesaria para convencer a los líderes de su partido en
Galicia y en el País Vasco; y, a continuación, le falta la potestas
para exigirles que lleven a cabo esas coaliciones… dejando que sean
ellos quienes las articulen, según el principio de delegación de la
potestas.
Casado, huérfano de auctoritas y potestas, todo lo ha hecho al
revés. Primeramente no consigue que sus buenas intenciones sean
comprendidas en su propio partido, porque nadie le reconoce la
sabiduria, la responsabilidad, la experiencia, las prendas morales…
esa suma de intangibles, en fin, que conforman a la persona
«autorizada». A continuación, queda patente su falta de potestas de
la peor manera posible, que es mostrándose débil con los fuertes y
fuerte con los débiles: permite que Feijóo lo desobedezca
impunemente, negándose a formar coalición; y a continuacion negocia
él mismo las condiciones de la coalición en el País Vasco,
ninguneando a su candidato y a las bases de su partido allí, en
quienes tendría que haber delegado esta labor. Que es lo que hacen
quienes de veras tienen una auctoritas intransferible y una potestas
segura, que se delega siempre que la ocasión lo aconseja.
Se me opondrá que en una sociedad podrida como la nuestra no se
reconoce a nadie la auctoritas (o, todavía peor, se le reconoce a
quien no la tiene), y con la potestas se hace cambalache con tal de
chupar del bote y disfrutar de la poltrona, como prueba que nos
gobierne el doctor Sánchez. Pero el doctor Sánchez al menos obra con
astucia maquiavélica, con la que se engaña a las sociedades
podridas. Pablo Casado, cargado de buenas intenciones, carece
incluso de astucia. Y ya se sabe qué pavimentación se utiliza en el
infierno para hacer el camino más expedito a quienes se desea
engullir.
España dispara la cifra de funcionarios:
42.000 más en un año, 327.000 desde 2014
El sector privado tiene 532.000 asalariados menos que antes de la
crisis. El sector público, 284.000 más
Roberto Pérez ABC 24 Febrero 2020
España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso
del término -el de empleado público-, aunque bajo esa denominación
genérica se incluye un abanico que va desde el funcionario de
carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o temporal,
pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el
entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas
públicas y entes que dependen de las administraciones central,
autonómica o local. Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que
poner a dieta para aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo
que perdió lo ha vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena
a la ralentización que sufre la economía.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos.
Son 42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a
finales de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza
el número de asalariados en el sector público.
El grueso de ese aumento corresponde a las autonomías. Lo han hecho,
además, con un masivo desembarco de interinos, no de funcionarios de
carrera con plaza en propiedad tras la preceptiva oposición. Según
la EPA, en el último quinquenio el sector público español ha
incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados
fijos.
El dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por
las condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función
pública como para la aprobación de las plantillas- los contratos
interinos deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son
la norma.
Ahora bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta
injusto. Porque no todas las administraciones han incurrido en
aumento de plantillas en estos años. Las responsables casi
exclusivas han sido las autonomías. La EPA calcula que, desde 2014,
los gobiernos regionales han engordado sus plantillas, en su
conjunto, con 261.900 empleados públicos más; 61.600 han sumado las
entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos
insulares-; las empresas y entes públicos han aumentado 14.400
efectivos; y, sin embargo, la Administración Central ha perdido
5.300 empleados, y la plantilla de la Seguridad Social ha
prescindido de 5.100 funcionarios.
Brecha público-privada
En una perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre
cómo ha evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho
el privado. El análisis de los datos de la EPA deja un dato
especialmente revelador al respecto: el sector privado tiene 532.000
asalariados menos que en 2007, justo antes de la crisis; el sector
público, sin embargo, tiene 284.000 más que entonces. Dicho de otra
forma: mientras la empresa privada española está todavía muy lejos
de recuperar las cifras de empleo que presentaba antes de la
recesión, en la Administración el número de efectivos ha ido a más,
y con holgura.
Esto tiene una consecuencia directa en términos económicos: el coste
que lleva aparejada la expansión del número de asalariados en el
sector público, unido al efecto de los incrementos de sueldo que se
han ido produciendo en los últimos años. Y todo esto cuando el
déficit sigue constituyendo un serio problema en las cuentas
españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda pública
que arrastra el país.
130.000 millones de euros al año en sueldos públicos
Los 3,25 millones de empleados públicos que hay en España ya cuestan
anualmente unos 130.000 millones de euros. Es a lo que se calcula
que ascendieron los costes de personal del sector público en 2019, a
tenor del aumento de gastos que llevaba acumulado ese capítulo
presupuestario a finales del ejercicio. Hasta el 30 de noviembre,
las administraciones autonómicas habían incrementado sus costes de
personal un 5,75% en comparación con 2018, y la Administración
General del Estado y Seguridad Social acumulaba un aumento del 4,5%
a la misma fecha. Por su parte, las entidades locales habían
repuntado sus costes laborales un 6,1% hasta el tercer trimestre del
año. Teniendo en cuenta que en 2018 el conjunto de administraciones
se gastaron en personal 124.992 millones de euros, los incrementos
que se llevaban acumulados en la recta final de 2019 apuntan a que
el año pasado se rondaron los 130.000 millones de euros. Son casi
20.000 millones más de lo que costaba la plantilla del sector
público español hace cinco años.
El profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos
que tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público
español. De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos
años un informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español
junto al de otros países y que llamó la atención sobre el
intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de
una multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos
dotado de gruesos cuerpos burocráticos.
«Ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que
frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además,
rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en
una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la
que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera... Es
un hecho preocupante».
El lastre burocrático
La organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde-
incide directamente en la mayor o menor facilidad con la que se
encuentran los emprendedores para invertir, hacer negocios, crear
empresas y empleo. Es algo que analiza periódicamente el Banco
Mundial en su informe «Doing Business», con el que elabora un
ranking de países, ordenados de mayor a menor según que lo pongan
más o menos fácil para hacer negocios. En el último ranking, Nueva
Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la lista, mientras
que España está relegada al puesto número 30, por detrás de países
como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón, China,
Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.
En definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el
creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el
sueldo de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial
para el emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una
burocracia creciente suele ir acompañada de mayores escollos
administrativos para el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un
tercer factor: lo difícil que resulta adelgazar plantillas en el
sector público.
La experiencia de la crisis
España es un buen ejemplo de lo sencillo que resulta agrandar la
lista de empleados públicos, pero lo resistente que es la
administración a la hora de adelgazar su estructura. En 2008, cuando
estalló la crisis, el sector privado se apresuró a recortar
plantillas. En solo un año, en 2008, las empresas prescindieron de
casi 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ese mismo año el
sector público siguió engordando, igual que al año siguiente, y
también en 2010.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con
tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla
en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas
públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a
dieta los gastos de personal. Pero esa austeridad no duró mucho: en
cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones
autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo
que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el
conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a
sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la
Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos
autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan
para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas
públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes
públicos.
Dos de cada diez asalariados están a nómina de la Administración
El sector público concentra el 19,2% de todo el empleo por cuenta
ajena que hay en España: dos de cada diez asalariados están a nómina
de la Administración. Pero el porcentaje varía según autonomías. En
Cataluña es del 14,9%, en la Comunidad Valenciana es del 17,1%, y
del 17,8% en Madrid. Son las tres regiones con menor peso del empleo
público en el mercado laboral. En el extremo opuesto está
Extremadura, donde el 31,2% de los asalariados trabajan para la
Administración. Le sigue Asturias, con un 24%, y con un 23,8%
Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En Andalucía el
sector público concentra el 21,8% de todo el empleo por cuenta ajena
y en Navarra el 21,3%.
Iglesias o el zorro en el gallinero
Editorial El Mundo 24 Febrero 2020
Quizá Pedro Sánchez haya conseguido "dormir tranquilo" a pesar de
los nervios que le provocaba su coalición con Podemos. Pero con su
decisión, adelantada por EL MUNDO, de colocar a Pablo Iglesias en el
órgano que controla al CNI, la intranquilidad se ha instalado en
buena parte del Gobierno y en esferas del Estado tan sensibles como
las cúpulas de las fuerzas policiales y del ejército o entre los
integrantes del mismo Centro Nacional de Inteligencia. Como hoy
publicamos, pocos en Moncloa y casi nadie relacionado con la
Seguridad de España entiende una decisión tan arbitraria e
imprudente del presidente del Gobierno, que amenaza además con
provocar tensiones con los órganos de Inteligencia de otros países
socios de la OTAN y, en especial, de Estados Unidos. Y llueve sobre
mojado. Porque la desconfianza de Washington se ha disparado después
de inexplicables movimientos por parte del Ejecutivo español como el
giro en la relación bilateral con la dictadura venezolana y el
incumplimiento prevaricador de las sanciones impuestas por la UE a
los prebostes chavistas, como se ha visto con el viaje de Delcy
Rodríguez a Madrid.
El intercambio de datos especialmente sensibles de seguridad,
defensa, economía o geopolítica solo fluye cuando la confianza entre
estados aliados es plena. Sánchez es consciente de que Podemos no
solo no la infunde, sino que entre nuestros socios internacionales
su integración en el Gobierno genera recelos. Por eso el presidente
tuvo que esforzarse en la cumbre de Davos en convencer a sus
interlocutores de que la formación morada iba a ser inofensiva en
cuestiones económicas. Y por eso también, con ánimos de infundir
calma, diseñó un Ejecutivo en el que Podemos quedaba fuera de todos
los ministerios llamados de Estado, como Interior, Defensa o
Economía. Ese cinturón de seguridad en torno a Iglesias salta por
los aires al meterle en la comisión donde se accede a los llamados
secretos de Estado, que exigen a quienes participan de ellos una
discreción, responsabilidad y altura de miras de las que estos años
no han dado muestras los líderes morados, antes al contrario. Como
apuntan fuentes de Inteligencia a este periódico, "es como poner al
zorro al cuidado de las gallinas".
Debe explicarse si este paso forma parte de acuerdos ocultos en la
negociación para la coalición. Recuérdese que Iglesias ya exigió
controlar el CNI en la negociación fallida para investir a Sánchez
en 2016. No es baladí modificar la Ley reguladora de este organismo
para colar como miembro permanente de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos de Inteligencia a un vicepresidente que, sobre
el papel, solo tiene competencias sociales. Que Podemos, que lleva
años arremetiendo contra las actuaciones de las fuerzas de Seguridad
y que tiene intereses tan opacos en países como Irán o Venezuela,
vaya a espiar a los superespías del Estado invita a echarse a
temblar.
Monumento a la infamia
Isabel San Sebastián ABC 24 Febrero 2020
El miércoles, día 26, el presidente del Gobierno de España; subrayo,
España, se reúne con el jefe del Ejecutivo autonómico de Cataluña;
subrayo, autonómico, en torno a una «mesa de diálogo» que constituye
un monumento a la infamia. Pedro Sánchez se deshonra y deshonra a la
institución que representa al equiparar su silla a la de un cargo
situado en un nivel claramente inferior de la jerarquía
administrativa. Se humilla y se rebaja tolerando que el inhabilitado
Joaquim Torra le imponga no solo la fecha del encuentro, sino la
agenda y el formato del mismo. Brinda un trato de favor obsceno a
quien desafía abiertamente la legalidad, hasta el punto de enaltecer
el delito de sedición perpetrado por los instigadores
de esta indignidad, mientras amenaza con intervenir de facto las
comunidades gobernadas por el PP, culpables de aplicar políticas
creadoras de empleo y riqueza. Pero, por encima de toda esa
ignominia, regala a los independentistas la fotografía impagable de
dos líderes nacionales resolviendo de tú a tú sus diferencias. ¿Qué
más podría pedir el títere de Puigdemont?
Nunca un presidente español había caído tan bajo ni pagado un precio
semejante por salvaguardar su poltrona. Y es que, pase lo que pase
en esa cita, el mero hecho de que se produzca supone una victoria
diplomática de enorme magnitud para los separatistas, proporcional
al retroceso de España en el tablero internacional. Fuera de
nuestras fronteras, el debate no es si ERC se impone a JpC o JpCat a
ERC en las próximas elecciones autonómicas. No se centra en
posibilismos o alianzas coyunturales. En Europa y en el mundo lo que
saben del mal llamado «conflicto catalán» es que se trata de una
disputa entre una región oprimida que aspira a convertirse en nación
y un Estado que se lo impide por la fuerza. O sea, el relato
falseado que difunden desde hace décadas los mensajeros a sueldo del
nacionalismo, con un derroche de medios y dinero público frente al
cual los distintos gobiernos españoles jamás han amagado siquiera
con desplegar una contraofensiva cultural y mediática. Hasta ahora,
la única defensa de España ante esas reclamaciones, tan carentes de
fundamento como populares entre amplios sectores de la «progresía»
vulnerables a la intoxicación victimista, ha consistido en presentar
la Constitución como fuente exclusiva de legitimidad democrática. A
partir del miércoles, la cosa se complica. ¿Cómo explicarán nuestros
embajadores, nuestros eurodiputados, nuestros corresponsales,
nuestros expatriados sujetos a interpelación frecuente sobre este
asunto, que el presidente del Gobierno español se siente de igual a
igual con un líder regional con el fin de discutir amistosamente una
exigencia de autodeterminación precedida de una intentona golpista?
En diplomacia, las formas determinan el fondo. Y cuando una «mesa de
diálogo» se atiene en el protocolo al modelo de la bilateralidad, se
convierte automáticamente en bilateral. Lo que significa que Sánchez
y Torra van a negociar en un mismo plano la independencia de
Cataluña. Eso es lo que nuestros socios en la UE, la OTAN, la ONU y
demás organismos internacionales van a deducir de ese encuentro.
Exactamente lo que los separatistas llevan años pretendiendo sin
éxito.
Tenía que llegar a La Moncloa este narcisista mediocre, ambicioso y
embustero para regalar a los enemigos de España la perla de sus
sueños húmedos. Una baza que harán valer en la próxima fase de su
desafío, no tardando mucho, en cuanto hayan consolidado todo lo que
consigan ahora. Si Sánchez cree que humillándose logrará
contentarlos es que anda tan escaso de visión política como sobrado
de ego.
El momento de España y la sociedad civil
Alfredo Dagnino ABC 24 Febrero 2020
Hace aproximadamente cuarenta años comenzaba una nueva etapa en la
historia de España. La meta hacia la cual se orientó esa nueva etapa
era la que el pueblo español anhelaba: el definitivo protagonismo en
su propio destino en democracia, libertad y concordia. Pero si la
meta era clara, el camino para llegar a ella era incierto y lleno de
dificultades. Puede decirse con cierto orgullo que la determinación
y el buen sentido de la clase política de aquel entonces y la
voluntad del pueblo español hicieron posible allanar esas
dificultades. Prevaleció el espíritu de la reforma frente a la
ruptura, y se arbitró un cambio político sin traumas, de la ley a la
ley. En ese proceso, la Corona representó
una voluntad de impulso, un motor para la transformación política,
un poder moderador. Y la Constitución, el marco del nuevo orden
político. Así nació, como expresión de la voluntad soberana del
pueblo español, el sistema constitucional de 1978 en un clima de
reconciliación, de esperanza, de generosidad y de patriotismo.
Hoy asistimos con dolor y preocupación a una situación en la que la
cohesión y la unidad se han vuelto división; la generosidad, la
altura de miras y el sentido de Estado, mezquindad; la ecuanimidad y
la ponderación, sectarismo; el afecto entre compatriotas, aversión;
y la esperanza, desánimo y frustración. Lejos de ser una Nación
orgullosa de sí misma, de su historia gloriosa, de su inmenso
potencial y de los éxitos alcanzados, España se encuentra de nuevo
ante un verdadero desafío histórico, como si nada de lo ocurrido
hubiese valido la pena.
Estas mismas circunstancias nos han llevado a la situación de una
España ayuna de proyectos y propuestas, que obedece a un
generalizado modo de pensar superficial y conformista donde hay cada
vez menos pensamiento crítico y debate profundo y riguroso. Y no es
habitual, más bien extraño, escuchar discursos sobre un futuro
viable y fecundo, o una reflexión con el rigor y la profundidad
exigibles sobre los grandes retos y desafíos que tenemos por
delante. Ante esta situación, resulta ineludible reivindicar el
importante papel que corresponde a la sociedad civil en una
democracia vertebrada, para integrar las voluntades y aspiraciones
de quienes, respetuosos con el poder constituido y sin menoscabo del
papel insustituible de los partidos políticos en una democracia
representativa, reivindican sin embargo un espacio civil en el que,
con criterios propios, sea posible el planteamiento y la propuesta
de solución a los retos de la sociedad española, siempre bajo la
orientación de servir a España y de contribuir al bien común.
Bajo esta inspiración nació hace casi dos años Sociedad Civil Ahora,
que agrupa a numerosas instituciones de la sociedad civil, y que,
bajo el lema «Repensar España: Una aportación desde la Sociedad
Civil», ha impulsado la organización del I Congreso Nacional de la
Sociedad Civil que se celebrará en Madrid los próximos días 27 y 28
de febrero en el Casino de Madrid.
Un congreso que pretende ser un lugar de encuentro y de convivencia
para todos aquellos que tengan a bien asistir y participar en este
evento movidos por un sentimiento de compromiso cívico. Pero, al
propio tiempo, un lugar de debate y reflexión serena, rigurosa y
profunda, que permita, a su vez, alumbrar propuestas positivas,
eficaces y operativas sobre las grandes cuestiones que nos afectan
como Nación o que representan aspectos vertebrales de nuestra
convivencia, y distinguiendo siempre entre lo urgente y lo
importante. Distinguir entre lo urgente y lo importante no significa
que lo urgente no sea importante, pero sí la necesidad de
discriminar entre la tarea de dar una respuesta a corto plazo a los
problemas más apremiantes y perentorios, y la de preparación del
futuro, una tarea más lenta y profunda, que requiere de una labor de
mucho más largo alcance, anticipación y visión estratégica.
Agrupadas en torno a cuatro grandes sesiones de trabajo, se
celebrarán dieciséis mesas de debate sobre temas de muy diversa
índole, en las que intervendrán casi un centenar de destacadas
personalidades de la sociedad, la política, la economía, la empresa,
la cultura y los medios, que debatirán sobre un proyecto común para
mejorar España. Esperamos y deseamos que este congreso suscite el
interés entre la ciudadanía y las instituciones, y nos permita a
todos y cada uno de nosotros tomar conciencia de cúal es nuestro
compromiso y responsabilidad, para bien de nuestra Nación, pero
también como garantía de un legado a nuestros hijos y a los hijos de
nuestros hijos de una vida civil en paz, justicia y libertad.
==========================================
Alfredo Dagnino es secretario general ejecutivo de Sociedad Civil
Ahora
Los datos que ignora Sánchez sobre la
desaceleración de España
José María Rotellar Libertad Digital 24 Febrero 2020
Debido a la política económica de Sánchez, vemos que dicha
desaceleración cada vez es más intensa.
El Gobierno se empeña en negar la realidad económica, que no es otra
que la desaceleración que sufre nuestra economía debido al
agotamiento del impulso económico que había tenido hasta ahora. Al
haber entrado en la parte bajista del ciclo y sin apenas reformas,
nos encontramos con que la tendencia a la baja no se frena, sino más
bien lo contrario.
El problema es que al negar la evidencia y adoptar políticas de
expansión de gasto y subida de impuestos, que van recogidas en los
documentos enviados por el Gobierno a Bruselas y en el acuerdo de
Gobierno, el problema se puede agudizar, como sucedió ya en el
pasado, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero no aceptó la
realidad de la situación hasta que ya fue demasiado tarde.
Por mucho que el Gobierno presuma de que ha descendido la deuda
sobre el PIB, no podemos obviar que, en primer lugar, la deuda sigue
aumentando en valores absolutos, pues sigue habiendo déficit, y que,
en segundo lugar, el Gobierno ha elevado la previsión de deuda sobre
el PIB tanto en abril como el pasado mes de octubre.
Pues bien, en este contexto, el propio Gobierno plasma unos números
que simbolizan el cambio de tendencia: no sólo ha aumentado la
previsión de tasa de paro para 2020, sino que ha disminuido la
previsión de crecimiento del empleo, además de disminuir la
estimación de crecimiento del PIB.
Así, aunque el Gobierno no reconozca la realidad, sí que ha tenido
que rebajar esas previsiones, aunque siguen siendo todavía
excesivamente optimistas. De hecho, es significativo la evolución de
diversos indicadores desde que Sánchez llegó al Gobierno.
Desde entonces, las empresas creadas son un 19,6% menos y las
disueltas un 78% más.
También sucede en los indicadores industriales, que muestran un
retroceso importante tanto en el IPI (Índice de Producción
Industrial), como en la entrada de pedidos en la industria y su
cifra de negocios.
Por último, en materia de empleo se refleja en que ya hay más
parados registrados que al llegar Sánchez. Al mismo tiempo, hay
menos autónomos dados de alta en la Seguridad Social.
Por tanto, en una ocasión más, hay que poner de manifiesto que la
desaceleración económica es un hecho. Sánchez, como decía hace unas
semanas, lo niega, como lo negó Zapatero, pero la realidad es la que
es: cada indicador que se publica no deja de mostrarnos que la
economía se ralentiza.
Es más, debido a la política económica de Sánchez, vemos que dicha
desaceleración cada vez es más intensa. Es algo que se comprueba,
como digo, con cada dato, con la característica añadida de que
cuanto más cercana es la fecha a la actualidad, más intensa es la
desaceleración, porque los efectos de la política de Sánchez ya se
notan más.
En definitiva, aunque Sánchez no quiera reconocerlo, lo cierto es
que sus políticas causan un efecto negativo sobre la economía, que
incrementa la desaceleración. En lugar de llevar a cabo las reformas
económicas que precisa España, camina en sentido contrario, lo que
supone un grave riesgo para nuestra economía y, por tanto, para el
empleo.
Tertuliano de En Casa de Herrero.
Morodo atrapado; Zapatero sigue mudo
Editorial El Mundo 24 Febrero 2020
Siguen desvelándose flecos del caso Morodo que confirman lo atrapado
que está en una gigantesca trama de presunta corrupción el embajador
de Zapatero en Venezuela. Como hoy publicamos, en 2016, cuando la
investigación del asunto ya estaba en marcha, la familia Morodo
intentó llevar a cabo millonarias transferencias desde sus cuentas
en Suiza a nuestro país. La Fiscalía helvética rechazó las
operaciones y las denunció de inmediato a Anticorrupción en España
al considerar que no estaba justificado el origen legal del dinero y
al advertir que la documentación aportada era falsa. Las autoridades
suizas sospecharon que los movimientos se enmarcaban en el entramado
empresarial de la petrolera estatal venezolana para blanquear
grandes sumas de actividades ilícitas.
La trama recibió unos 30 millones de euros del régimen chavista. Y
el juez rastrea el destino final de las mordidas porque todo indica
que no se trata de un caso de corrupción para exclusivo
enriquecimiento personal de los ya investigados. No pueden seguir
acumulándose pruebas de este monumental escándalo sin que Zapatero
dé alguna explicación, voluntariamente o porque el Gobierno se lo
reclame para aclarar las sombras que salpican al PSOE y a la imagen
de España.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
¿Y qué hay de lo mío?
Nacho Cardero elconfidencial 24 Febrero 2020
“Buenos días. ¿El Senado a Barcelona? ¿Y la España vaciada? ¿Por qué
no a Cáceres, o a Salamanca, o Zamora?”, me escribía Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, perteneciente a ese PSOE lúcido e irreverente
mandado al ostracismo, tras escuchar a Santi Vila en 'Más de uno',
de Onda Cero. El 'exconseller' catalán abogaba por trasladar la
Cámara Alta a la Ciudad Condal: “Si tenemos claro que son Barcelona
y Madrid las dos grandes ciudades que juegan en primera división,
igual el impacto económico, social y cultural de la presencia del
Estado en Madrid habría que compartirlo un poco con Barcelona”.
Rodríguez Ibarra es una de las muchas voces que se plantan altas y
claras en los últimos días ante las ‘matinés’ del eje
Madrid-Barcelona, tan distintas estas dos ciudades y, a su vez, tan
parecidas y próximas. Porque es Cataluña, pero no solo Cataluña. Es
una sensación, una pulsión que se ha metamorfoseado repentinamente
en cisne negro. La rebelión del campo, de la España interior, de las
dos Castillas, de los que no tienen ni trenes rápidos ni carreteras
directas, de los que se sienten ninguneados por los privilegios de
otras CCAA.
“Castilla y León debería estar ya en pie de guerra contra este
Gobierno, pero todos sabemos que da exactamente igual lo que nos
hagan. Nadie va a mover un dedo y por eso, y solo por eso, somos
carne de cañón. Somos ciudadanos de segunda y, no se engañen, no es
por culpa de los catalanes”, podíamos leer hace unos días en ‘El
Norte de Castilla’, en un artículo que llevaba el sugerente título
de "Hemos perdido". “Si realmente nos respetáramos, ya estaríamos en
la calle con un adoquín en una mano, y en la otra, el manual de
'Sedición For Dummies”.
Lo que parecía solo una queja de esos ciudadanos que rezongan en
silencio, y que nunca llega a ninguna parte más que a la papelera
del salón de los pasos perdidos del Congreso, se ha convertido en
tendencia y ha pillado con el pie cambiado a buena parte de la clase
política.
Es la rebelión de la España acéfala, de la España de los olvidados.
Es otro 15-M. No son jóvenes acampados en la Puerta del Sol
quejándose de los recortes, las hipotecas 'subprime' y los sueldos
'millennial', sino sus padres y abuelos, los que apoquinaron el
dinero para que estos jóvenes pudieran costearse la carrera y luego
abandonaran el terruño.
Hemos pasado de glosar la globalización a ese ‘localismo extremo’
propio del 'procés' catalán que ha encontrado reflejo en otras
partes del país, generando una percepción de trato desfavorable y
mermando el consenso sobre la importancia de la solidaridad entre
regiones, señala Metroscopia en el informe ‘España, una sociedad
desmadejada en un tiempo nuevo’: “Ese corrosivo ‘¿qué hay de lo
mío?’ amenaza con extenderse (Teruel, Soria, León…) poniendo en
cuestión los cauces de intermediación ya existentes y provocando su
descrédito al devenir en superfluos”.
Mientras Vox acierta en olfatear la ocasión, y lo ve como veía los
chalecos amarillos, un movimiento capaz de convulsionar la sociedad
y crear un escenario permeable a sus intereses, el Gobierno de Pedro
Sánchez se encuentra en la inopia, errático como este inicio de
legislatura, incapaz de valorar la onda expansiva del fenómeno.
No es cuestión de izquierdas o derechas sino de territorios. Uno que
lo ha sabido ver es el presidente de Castilla-La Mancha, el
socialista Emiliano García-Page, quien se encargará de presentar en
la ‘capital del Reino’ al presidente de Asaja, Pedro Barato,
mientras los tractores se dirigen al chalé de Pablo Iglesias para
protestar por los problemas del campo. Otro es el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, representante de ese PP
moderado que ha sabido adaptarse a esta nueva realidad poliédrica,
ajena a ideologías y siglas.
“No vamos a permitir desde ningún punto de vista algo que ya se
intentó hace 40 años. Cuando se quería privilegiar unos territorios
frente a otros, fueron los andaluces los que alzaron la voz y
dijeron que no, aquí no puede haber españoles de primera y de
segunda”, enfatizaba en su entrevista en El Confidencial. “Me
preocupa un centralismo visual, físico, esa manera de entender que
lo que pasa en la calle Serrano o el distrito de Chamberí es lo que
pasa en España, porque puede llevar al error”.
Es la regresión a la tribu, a lo autóctono, lo local. La espoleta la
ha activado el Gobierno de coalición con sus concesiones a los
nacionalistas catalanes y vascos, y con esa mesa de negociación en
la que se hablará del reconocimiento del ejercicio del derecho de
autodeterminación y el fin de la represión, la amnistía y la
reparación, una mesa sin ningún sustento legal que aborda cuestiones
que afectan al resto de territorios, caso de la financiación
autonómica.
En Mérida no gusta que sea Torra quien decida por ellos, que diga
quiénes son ciudadanos de primera y quiénes lo son de segunda. Si
hay que montar otro 1 de octubre, pues se monta.
Madrid tampoco escapa a las críticas. Al margen del efecto de la
capitalidad, que imita al de otras grandes metrópolis europeas, y
que implica más crecimiento económico que la media y un manguerazo
constante de inversiones, la España interior señala la concentración
de poder y el ‘dumping fiscal’ como dos de los motivos de su
progresivo vaciamiento.
Este viernes 28 de febrero, Andalucía celebrará el 40 aniversario de
su Estatuto con todo el boato que requiere la ocasión. Un Estatuto
con el que se pretendía conseguir una cota de autonomía similar a la
del País Vasco y Cataluña. El presidente Moreno Bonilla habla de un
andalucismo no excluyente y compartido con ese proyecto común que es
España. La exPodemos Teresa Rodríguez pretende un sujeto político
propio con aspiraciones andalucistas, feministas y ecologistas.
Este 28 de febrero, serán las banderas verdiblancas las que cuelguen
de las fachadas hispalenses. Rojigualdas se ven pocas. Cada vez
menos. Y en Zarzuela temen que los casos del coronavirus catalán, el
‘qué hay de lo mío’, prendan como la pólvora en la España interior.
Vox plantará cara en Galicia a pesar de las
encuestas
Abascal se volcará en la campaña gallega que priorizará las siglas a
las personas con el objetivo de ser decisivo para la formación de
Gobierno.
Libertad Digital 24 Febrero 2020
El líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ganará las
elecciones autonómicas del 5 de abril, aunque por el camino podría
perder hasta tres escaños para quedarse justo en la mayoría absoluta
con entre 38 y 39 asientos en el parlamento gallego, según una
encuesta publicada este domingo por el diario La Razón.
Con un 45,1% de los votos, el candidato del Partido Popular (PP)
revalidaría su hegemonía, mientras que el PSOE recuperaría su
liderazgo en la oposición con entre 20 y 21 escaños (hasta 7 más de
los que tiene ahora) con el 28,4% de los sufragios.
El BNG, por su parte, aumentaría en 5 escaños su presencia en el
parlamento gallego, pasando de 6 a 11 diputados con el 15 % de los
votos. Tanto el PSOE como el BNG se benefician del descalabro de En
Marea, que con el 7,1 % de los votos, se dejaría 9 escaños y
contaría tan sólo con 5 diputados.
Ni Vox ni Ciudadanos entrarían en el Parlamento gallego. Según la
encuesta, la formación naranja obtendría 15.000 votos y la formación
de Santiago Abascal conseguiría 65.000 sufragios. Vox habría robado
41.000 votos a los populares, lo que equivale al 6% de sus votantes
en las últimas elecciones autonómicas en Galicia, es decir, justo lo
que le falta para poder encarar la campaña electoral sin presiones.
La encuesta se hizo entre el 17 y el 21 de febrero a 1.000 personas,
y tiene un margen de error del 3,3% y un nivel de confianza del
95,5%.
Una campaña centrada en las siglas de Vox
A pesar de las encuestas, Santiago Abascal tomará las riendas de la
campaña electoral que estará centrada en las siglas del partido por
encima de las personas que integran las listas, tal y como adelantó
Libertad Digital.
Vox cuenta con una organización interna muy centralizada y sin
baronías regionales. Esto hace que no tenga líderes autonómicos
conocidos y que puedan aportar un importante 'tirón electoral' que
sume votantes.
Con ello, será el propio Abascal, acompañado por líderes nacionales
como Javier Ortega-Smith o Iván Espinosa de los Monteros, el que
ponga cara a la campaña. El objetivo es pedir a los ciudadanos que
apoyen el proyecto de Vox, sus siglas, por encima de las personas.
De hecho, el partido no tiene previsto nombrar candidatos a la Junta
o la Lehendakaritza, sino que quiere que sea el nombre de Vox el que
se enfrente al PP, el PSOE o el PNV aprovechando los buenos
resultados cosechados en el resto de España en las últimas citas
electorales.
En Galicia, el partido espera superar el 7,8 por ciento de los votos
obtenidos en las pasadas elecciones y conseguir una representación
que les permita ser decisivos para la formación de Gobierno. Sin
embargo, la relación con el PP de Alberto Núñez Feijóo es ya tensa y
no vaticina que en ese caso las negociaciones fueran fáciles.
De hecho, Feijóo ha descartado durante los últimos días cualquier
acuerdo con Vox y ha rechazado dar categoría "a un partido que está
en contra de Galicia". El propio Abascal ha respondido a estas
críticas bautizando al presidente de la Junta como "Jordi Feijóo"
por "usar la vieja táctica" del nacionalismo catalán de convertir
las críticas a Jordi Pujol en críticas a Cataluña.
El PSOE, ETA y los narcos (colombianos y
venezolanos)
Julio Vidorreta Libertad Digital 24 Febrero 2020
Reconozcamos que las pistas de los aeropuertos y los aviones
privados tienen una erótica especial para un buen guion de película.
Los socialistas españoles son expertos en la materia. Lástima que
los figurantes sean Delcy Rodríguez y Ábalos, aunque ellos no han
sido los primeros. Lo que la dos de Maduro hiciera en España se
terminará sabiendo, o eso esperamos. Las imágenes serían
definitivas, aunque esas cintas no las entregarán por las buenas, me
temo. De ahí la importancia de que un juzgado impida su destrucción.
Recuerdo cómo hace algunos años aparecía en las televisiones de
manera recurrente Willy Toledo. Eran los años de ZP, cuando se
gestaba el nacimiento de Podemos y el 15-M. El flamante comunista
aparecía acompañado en los backstages televisivos de gentes de la
embajada de Cuba. Por entonces el comentario era que en España no le
contrataba nadie. Entonces ¿de qué vivía? Alguien le tendría que
pagar. Cada uno elige su camino. Y le pone precio.
Más adelante, con la aparición del 15-M, los koletaris comenzaron a
desfilar por la legación cubana. El rumor extendido de que iban a
recoger lo suyo, que les llegaba por valija, semeja incomprobable.
El desfile, no. Por eso es creíble.
Lo que verdaderamente me despertó del letargo invernal fue la
entrevista o confesión manuscrita de Popeye, sicario de Pablo
Escobar, en un suplemento dominical de El Mundo, donde contaba cómo
ejecutó a un terrorista de ETA que trabajaba para ellos, formándoles
en la fabricación y manejo de coches bomba.
¿Y por qué me llamó la atención esa confesión? Me explico.
Se trataba de la confirmación de la existencia de ese terrorista
etarra que trabajaba para el narcoterrorismo colombiano, información
que aparece también en El hijo del Ajedrecista, las memorias de
Fernando Rodríguez Mondragón, hijo mayor del capo del cártel de Cali
Gilberto Rodríguez Orejuela, de las que se hace eco en España
Fariña. Esta confirmación daría mayor apariencia de veracidad al
segundo dato que se menciona en ambos libros, y que nos devuelve de
lleno a las pistas de Barajas.
El libro recoge el relato de Rodríguez Mondragón sobre una operación
para sacar de la cárcel y evitar que España accediera a la petición
de extradición de EEUU contra el número dos del cártel de Medellín
–el de Pablo Escobar–, Jorge Luis Ochoa Vásquez, y el propio
Gilberto Rodríguez Orejuela, que les habría costado 20 millones de
dólares. Dice el primogénito de Gilberto: "10 para la Audiencia y 5
para el PSOE". El reparto se habría realizado en la oscuridad de las
pistas donde estaba el avión privado de Pablo Escobar. Popeye
aumenta esta cantidad hasta los 30 millones.
Ambos narcos estuvieron en la cárcel desde 1984 hasta 1986. Allí
coincidieron con capos gallegos del tabaco como Sito Miñanco; y
también con Miguelito, terrorista de ETA experto en explosivos que
–bien Orejuela, bien el dos de Escobar, Ochoa Vásquez, o incluso
ambos– se llevaron para Colombia para instruir al cártel en la
preparación de coches bomba.
La información de Miguel Toral en Crónica relata la ejecución de
Miguelito. El etarra trabajaba para Escobar, que ordena su muerte
tras descubrir que también había formado en las artes de la
detonación a distancia a los Orejuela.
La confesión manuscrita que el asesino número 1 del cártel de
Medellín hace del asesinato del etarra a sueldo de Escobar –cuyo
cuerpo hicieron desaparecer– hace que lo de la operación para sacar
de la cárcel al 1 y al 2 de ambos cárteles, y abortar así su
extradición a Estados Unidos, tenga más verosimilitud que cuando la
menciona el sanguinario Popeye. Dos fuentes, dos, de carteles
enfrentados.
Casualidad o no, hoy, como entonces, tenemos en la olla podrida al
PSOE, un avión privado con o sin equipaje y un proceso de
extradición semi abortado, el del Pollo Carvajal.
Alarman tantas hipotecas de Sánchez con el nacionalismo. Así se
explica su bombona de oxígeno a un PNV que llegaba a los comicios en
horas bajas por la pésima gestión de Zaldibar. El presidente le ha
regalado al lehendakari Urkullu una apacible y provechosa campaña
tras anunciar la cesión de nada menos que 14 nuevas transferencias
competenciales, entre ellas la gestión de la Seguridad Social. Es
esta una reivindicación histórica del PNV a la que se habían negado
siempre los socialistas y que, como adelantamos ayer, tanto inquieta
a voces autorizadas del partido. Sánchez, por interés personal,
parece más interesado en dar vida a los nacionalistas y en retorcer
la Constitución que en defenderla.
Democracia de mentira
OKDIARIO 24 Febrero 2020
Lo llamaban democracia participativa, pero no era democracia y,
menos, participativa, porque sólo votaban unos pocos. Fue un invento
para reafirmar la voluntad del Ayuntamiento podemita de Manuela
Carmena en proyectos como la «Arborización masiva de Madrid». Un
informe técnico del Consistorio al que ha tenido acceso OKDIARIO
revela que el sistema informático de la plataforma Madrid Decide
estaba plagado de “vulnerabilidades” que permitían acceder a los
datos, contaba con más de 100 personas autorizadas a gestionar el
sistema con derechos propios del rango de “administrador”, y tenía
puertas abiertas que permitían acceder a las claves al no estar
encriptadas. O sea, las garantías de fiabilidad eran mínimas, lo que
significa que las garantías democráticas eran también mínimas,
porque aquello estaba plagado de agujeros.
Pablo Soto -responsable de Participación Ciudadana- puso en marcha
el juguete y se lo entregó a un supuesto grupo de expertos, pero la
vulnerabilidad del mismo era notable. Según el informe, «en verano
de 2019, se comprobó que el número de usuarios administrador era de
103, un número excesivamente alto. Igualmente se comprobó que no
existía un sistema de Captcha en el proceso de login, de forma que
se podían hacer intentos infinitos para entrar en la página sin que
existiera un resorte para evitar ataques masivos”.
Dicho de manera coloquial: un auténtico desastre, sufragado con el
dinero de los madrileños que fue vendido como una forma de
democracia directa, pero sin ninguna garantía. En el informe se
detectan, por ejemplo, «subidas escandalosas de apoyos a propuestas
que en un mes han multiplicado por diez los votos”. Y las propuestas
que crecían, casualmente, siempre eran las más cercanas a los
planteamientos podemitas.
El invento de Manuela Carmena era una filfa, una democracia
participativa de mentira, la manera que encontró la izquierda
radical para imponer sus proyectos bajo el señuelo de un falso apoyo
popular. Un camelo carísimo.
Historia Más de 5.000 murieron
La mayor "vergüenza" de la República en la
Guerra Civil: los 27.000 niños que enviaron al frente a morir
Un magnífico y conmovedor libro del periodista Víctor Amela reúne
las historias de 25 miembros de la Quinta del Biberón, que
combatieron en el Ebro o el Segre.
David Barreira elespanol 24 Febrero 2020
Las fotos de la Guerra Civil que no se han visto nunca: bombas,
cadáveres y desfiles en Barcelona
Con Pepita, miliciana de 17 años, ya van más de 4.000: la
enciclopedia de las mujeres en la Guerra Civil
Eran niños imberbes, menores que de repente se vieron enfrascados en
una guerra interminable; en alpargatas y con un fusil vetusto,
fueron arrojados a las trincheras, donde descubrieron el miedo, el
hambre, los efectos de las granadas de los obuses que impactaban en
sus carnes inocentes. El día que cumplía dieciocho años, a Joan
Guasch ya le faltaba una pierna. Su camarada Eudald Vila, como
tantos otros, asomaba la mano por encima del parapeto buscando una
bala que le hiriese. Una estampa absurda, pero la única forma que
tenía de escapar con vida de aquel infierno del Ebro.
Santiago Pujol se cubría de los disparos enemigos imitando a las
perdices que estaban a su lado: "Pegaditas al terreno, sin atreverse
a levantar el vuelo, qué listas...". La cremallera de la chaqueta de
Pere Torrents se teñía de rojo cada vez que la subía: era la sangre
de los piojos aplastados que se agazapaban ahí y en todas partes.
Pere Godall soñaba en la trinchera que tocaba el piano, tumbado boca
abajo y repiqueteando los dedos contra la tierra polvorienta, como
si se tratase de un teclado. Microescenas del frente, las vidas de
unos chavales que murieron de España, como decía Unamuno.
Todos ellos resultaron afortunados si hacemos caso a lo que decía
Josep Benet: "Desde julio de 1938 vivo de regalo". Son los
supervivientes de la bautizada como Quinta del Biberón, los 27.000
muchachos que la Segunda República llamó a filas cuando la derrota
en la Guerra Civil era inevitable. "Resistir es vencer", clamaba sin
esperanza el presidente Negrín para justificarse. Pero a qué precio:
sacrificando a miles de estos adolescentes nacidos en 1920 en el
frente del Segre, en la fallida ofensiva del Ebro; sentenciándoles
luego a las cárceles franquistas y al silencio.
Las historias de veinticinco de estos biberones, narradas en toda su
crudeza y por los propios protagonistas, las rescata y entrelaza el
periodista Víctor Amela en Nos robaron la juventud (Plaza&Janés), un
libro tan necesario como emocionalmente demoledor; un cúmulo de
conmociones en forma de entrevistas que manifiestan lo repugnante de
la guerra, las situaciones inverosímiles que acontecen cuando la
muerte planea sobre los seres humanos, más todavía si no llegan ni
siquiera a la edad adulta.
Muchas de estas conversaciones, ya de ancianos —solo quedan siete
vivos—, con los jóvenes que lograron sobrevivir, las fue publicando
Amela cada 25 de julio, aniversario del inicio de la batalla del
Ebro, en las páginas de su periódico, La Vanguardia. Pero había una
razón detrás: su tío Josep, hermano de su padre, fue un biberón. Lo
descubrió el día de Navidad de 1977, cuando su tío se desabrochó la
camisa y le dijo: "¿Ves la cicatriz? La bala me entró por aquí y
salió por aquí". "A mis diecisiete años entiendo que un disparo de
fusil pudo matar a Pepito, mi tío Josep, a la misma edad que ahora
tengo yo", reflexiona el periodista en su obra.
Pero nunca le contó nada más. "El libro es el diálogo interior con
mis incógnitas, el proceso de comprender los motivos del silencio de
mi tío", dice el también novelista barcelonés. Hay más fibra humana
que Historia. Josep Amela murió en 2005 y, entre sus pertenencias,
su sobrino halló una caja de zapatos con cinco fotografías y seis
cartas redactadas desde las entrañas de la guerra, en las que le
decía a su madre que todo iba bien para no preocuparla. "Eso fue lo
que me movió a saber más, a hacer todas estas entrevistas hasta
ahora", explica el autor.
—¿Cómo lograste romper ese silencio permanente de los biberones?
—La mayoría de supervivientes de esta generación, después de que les
obligaran a cumplir con cinco años de servicio militar, se
incorporaron a la vida social y callaron: sabían que si van a un bar
y decían una inconveniencia o tenían un conflicto, iban a ser
denunciados y, con su pasado, encarcelados. Por eso se convirtieron
en sombras en vida, sin casi interacción con el mundo hasta la
muerte de Franco.
—Otra especie de topos del régimen.
—Algunos escribieron cuadernos o grabaron cintas narrando sus
peripecias de la guerra por las noches, en secreto en sus
habitaciones. Eran personas que no podían compartir lo que llevaban
dentro. Mantuvieron vidas de topos integrados, pero en realidad eran
topos emocionales.
—¿Qué fue lo que cambió?
—En 1983 crearon la Agrupación de Supervivientes de la Quinta del
Biberón y a partir de ahí empezaron a hablar, a organizar colectas e
incluso inauguran ¡de su bolsillo! un monumento por la paz en la
Cota 705 de Serra de Pàndols, un lugar inaccesible, brutal, donde
murieron muchos de sus amigos. Compartían haber sido miembros de una
misma generación y que les putearan la vida. El año pasado se
reunieron cinco. Van a cumplir cien años...
Los pelargones
Desesperados por el transcurso de la guerra, los dirigentes
republicanos (Azaña, Negrín, Companys) aprobaron en abril de 1938
reclutar a chiquillos que jamás habían empuñado un fusil para
engrosar las filas del Ejército Popular. Tan solo les pidieron que
llevasen de sus casas un plato, un cubierto, una cantimplora y una
manta. El decreto fue enviado a 27.000 de ellos; algunos huyeron
despavoridos, la gran mayoría llegaron en unos días al frente. Se
calcula que unos 12.000 lograron cruzar al otro lado de la ribera
del río Ebro y atacar las posiciones franquistas. Más de 5.000
perdieron su juventud en aquellos barrancos.
¿Cómo se sabe tan poco de ellos? ¿Por qué sus historias han caído en
el olvido? "Es algo que también me intriga", reflexiona Víctor
Amela. "Hay libros muy buenos, pero se ha hecho muy poco sobre esta
quinta en particular. Supongo que este silencio se debe a que es una
vergüenza para los gobernantes de la República. Lo refleja muy bien
lo que dice el biberón Pere Godall: 'Las guerras sirven para que los
que mandan envíen a otros a morir. Los políticos de la Generalitat
nos enviaron como carne de cañón a los de mi quinta'".
Pero el periodista recuerda que en el otro bando se registró un
fenómeno similar: la Quinta del Pelargón, investigado por Francisco
Gragera y que le ha servido para dibujar un retrato más genérico:
"Al principio muchos jóvenes se incorporaron a la Falange
voluntariamente, pero el 25 de agosto de 1938 Franco aprobó un
decreto por el que los jóvenes de 17-18 iban a ser militarizados y
enviados al frente", detalla Amela. "Todo esto es incómodo incluso
para España como país".
Porque todo el absurdo de la Guerra Civil devorando las prometedoras
e inofensivas vidas de estos chicos lo resume esta sentencia del
biberón Eudald Vila: "Enviaron al sacrificio a los niños de familias
pobres. Y nadie de los que nos masacraron nos pidió jamás perdón: ni
Franco, ni Negrín, ni Companys, ni Rojo. Yo nunca he podido ver una
película de guerra: ¡yo sé cómo sangra alguien al que ha herido una
bala!".
Y ejemplo de una generación rota, de todos los jóvenes que se
marcharon al frente y nunca más hubo noticias de ellos, la resume la
historia del joven de la portada del libro, inmortalizado por
Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen y otro integrante del
Biberón. "Es un soldado desconocido, no sabemos su nombre. Pero esto
para mí lo hace más bonito porque encarna la estampa de un soldado
de esa quinta: ingenuo, cándido, que no sabe dónde está ni qué le va
a suceder", cavila Víctor Amela. "Puedo ver a mi tío en esa cara...
Y tengo la esperanza de que algún día me llame alguien diciendo que
tiene una foto en su casa de su abuelo y que se parece mucho a este
joven". La historia viva de la Guerra Civil.
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