Cómo fiarse de Sánchez el profanador
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2019
Tras una semana de disturbios callejeros alentados por los capos
separatistas, que han devastado el centro de Barcelona y dejado más
de trescientos policías heridos (uno de ellos en estado muy grave),
la respuesta del presidente del Gobierno ha sido visitar una
comisaría de la Ciudad Condal para infligir un discurso
electoralista a los sufridos agentes allí presentes. Un discurso
electoralista y cantinflesco, con pasajes inenarrables como éste:
"Es evidente que los radicales y los violentos han decidido que
Barcelona sea el teatro de operaciones para trasladar fuera, y
también al conjunto de la sociedad española, su contestación, e
incluso también convertirlo en algo mucho más extraordinario de lo
que sin duda alguna lo es".
Gran cobarde, Pedro Sánchez ni siquiera tuvo este lunes la gallardía
de someterse a las preguntas de los periodistas, en unos momentos de
grave crisis social y política. En lugar de atender a tan elemental
deber político, Sánchez orquestó su visita a Cataluña como un acto
más de su campaña electoral, que por la tarde continuó en
Castilla-La Mancha "con toda normalidad", como diría su deplorable
ministro del Interior, ese Fernando Grande-Marlaska que se ha ganado
la enemiga de todos los sindicatos policiales.
Pero nada es normal en la España de Sánchez, y mucho menos en la
Cataluña de su gran facilitador Torra, energúmeno que debería no
sólo estar fuera de la Generalidad sino sometido a escrutinio
exhaustivo por parte de la Fiscalía General del Estado. En lugar de
actuar como debe un gobernante en horas críticas para su nación,
Sánchez se ha limitado a remitir al esbirro del prófugo Carles
Puigdemont una carta en la que le pide melindrosamente que deje de
excitar a los violentos y condene sus acciones.
Un presidente del Gobierno no está para someter a terapia emocional
a un hatajo de golpistas con mando en plaza, sino para reprimir con
toda la fuerza del Estado de Derecho a quienes amenazan el orden
constitucional y ponen en peligro la seguridad ciudadana. Pero Pedro
Sánchez se niega a cumplir con su deber. Él prefiere darse a
profanaciones que tienen por objeto dinamitar los pactos de la
Transición. Como para confiar en que vaya a ser él quien cumpla y
haga cumplir la Constitución.
Los españoles se juegan el 10-N la mayor
subida de impuestos de la historia
M. Llamas Libertad Digital 22 Octubre 2019
PSOE, Podemos y Más País incluyen en sus programas una larga e
intensa lista de incrementos fiscales a familias y empresas.
España no sólo se juega la formación de un Gobierno en las
elecciones del próximo 10 de noviembre (10-N), sino la aprobación de
la mayor subida de impuestos de la historia reciente, a la vista de
la larga lista de incrementos tributarios que incluyen los partidos
de izquierda en sus respectivos programas.
Así, en caso de que el PSOE obtenga el respaldo suficiente en las
urnas para alcanzar algún tipo de acuerdo con Podemos y Más País,
todas las promesas de gasto que han anunciado durante la campaña se
acabarán traduciendo, de una u otra forma, en un histórico palo
tributario, cuyo impacto, aunque no ha sido estimado en los
programas, superará de lejos la subida de 5.000 millones de euros
que aprobó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy nada más llegar al
poder, a finales de 2011.
Y es que, a las medidas impositivas que ya han barajado en diversas
ocasiones Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se suman ahora las que
plantea Íñigo Errejón a través de su nueva formación, dando como
resultado una nutrida retahíla de incrementos fiscales. Entre las
medidas presentadas en los pasados comicios de abril, que todavía
persisten, y las nuevas de cara a noviembre, destacan las
siguientes:
Subida mínima de dos puntos en los tipos del IRPF para rentas
superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para los de más de
300.000 euros.
Subida mínima de cuatro puntos en el IRPF para las rentas del ahorro
superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%.
Aplicación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de
Sociedades para grandes corporaciones, que subiría al 18% en el caso
de los bancos y empresas de hidrocarburos.
Recorte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Aplicar un tipo agravado en el Impuesto de Sociedades a las empresas
"contaminantes".
Incremento de las cotizaciones a través de una nueva subida del
salario mínimo interprofesional.
Disparar los costes laborales mediante la fijación de una semana
laboral de 4 días (32 horas semanales) sin reducción salarial.
Aumento de las cotizaciones que pagan los autónomos bajo la excusa
de adecuar dicha contribución a sus ingresos reales. El 80% de los
autónomos cotiza por la base mínima, de modo que la mayoría pasaría
a cotizar más para poder trabajar.
Destopar las cotizaciones sociales a los sueldos de más de 45.000
euros brutos anuales, lo cual supondría un pago medio de 2.200 euros
al año por trabajador, aumentando, además, el coste laboral para, al
menos, dos millones de asalariados.
Aumentar la fiscalidad del diésel con el fin de equiparar su precio
al de la gasolina, perjudicando con ello a la mitad de los
conductores.
Armonización fiscal a nivel autonómico, lo cual se traduciría en la
reintroducción del Impuesto de Patrimonio en todo el territorio
nacional, a partir de un mínimo exento por primera vivienda de
400.000 euros, y en una subida del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones en las regiones que lo han eliminado o reducido de forma
sustancial.
Elevar el IVA a los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y
azúcares.
Creación de la tasa Google a empresas tecnológicas.
Creación de la tasa Tobin a transacciones financieras.
Endurecer el régimen de las Sicav para elevar su tributación.
Endurecer el régimen de las Socimi (empresas de inversión colectiva
en inmuebles en alquiler) para que, entre otras medidas, paguen un
tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Eliminar las ventajas fiscales que disfrutan los planes privados de
pensiones, cuyos partícipes rondan los 7,6 millones de personas.
Incremento sustancial de la factura eléctrica debido al fomento de
las energías renovables.
Limitación de vuelos nacionales y encarecimiento generalizado de los
billetes de avión mediante el aumento del IVA, un mayor gravamen al
queroseno y la creación de una tasa adicional y específica a este
tipo de viajes.
Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de plástico
de un solo uso, embalaje o de productos de usar y tirar.
Subida del impuesto de matriculación a todos los vehículos que
emitan CO2, frente al umbral mínimo actual de más de 120 g/km, y una
nueva elevación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Nuevos aranceles mediante la creación de un "impuesto de carbono" en
las fronteras de la UE que se aplicaría a las actividades intensivas
en energía, desde el transporte aéreo y marítimo a los sectores
industriales más contaminantes procedentes de terceros países.
El separatismo destroza la economía
catalana: pierde 1.033 millones y dispara el cierre de empresas un
42%
Carlos Cuesta okdiario 22 Octubre 2019
Carles Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras se han encargado de
hundir la economía catalana con su aventura separatista y golpista.
Desde el referéndum ilegal del 1-O el destrozo de la economía de la
región es más que notable, ya que pierde más actividad que el resto
de España –1,5 puntos más–; retrocede en producción industrial a un
ritmo del 24,3%; se queda sin inversión extranjera a ritmos del 2,5%
y, además, el cierre de empresas se dispara un 42%. Todo ello, según
un informe que recopila el PP en base a datos oficiales y que irá
divulgando a lo largo de la campaña electoral.
“El intento de golpe de Estado independentista, además de ser un
atentado contra la Constitución, todo el ordenamiento jurídico y
contra la convivencia ciudadana, también tiene aspectos económicos
muy negativos”, comienza el citado informe económico de los
‘populares’. “Nada más proclamarse la DUI, muchas empresas
comenzaron a irse de Cataluña para huir del escenario de miseria que
el independentismo originaría. Eso provocó que muchas empresas –más
de 4.000, con una facturación de más de 100.000 millones de euros–
cambiasen su domicilio social y operativo”, añade el estudio.
Pero el daño es mayor, tal y como detalla el estudio, porque el
proceso de la aprobación de la DUI hizo perder a la economía
catalana “433 millones de euros de actividad económica,
principalmente en el sector turístico, donde se perdieron 180.000
turistas, según Exceltur y 319 millones menos de actividad
económica”.
“Ahora, con el terrorismo callejero tras la sentencia del Tribunal
Supremo, también está generando importantes mermas en la actividad
económica, de manera que tendrá un descenso de actividad económica
de 600 millones de euros. Es más, sólo el corte de carreteras tiene
un impacto negativo económico diario de 25 millones de euros y Seat,
por su parte, al temer por sufrir vandalismo en su planta, dejará de
producir 3.500 vehículos”.
El dato global es notable: “En resumen, esto suma un deterioro de la
actividad económica en Cataluña de 1.033 millones de euros, que
empobrecerá a la región catalana. Está haciendo descender el PIB en
457 millones de euros, que serán adicionales a lo que descienda por
la desaceleración económica y, además, está provocando una pérdida
de 8.000 empleos adicionales a la pérdida de empleo que provoque la
ralentización económica
El efecto repartido por indicadores económicos confirma esta
tendencia.
El PIB en Cataluña crece 1,5 puntos menos interanual que antes del
referéndum, pero, no sólo eso, además, el crecimiento interanual de
la industria cae un 0,6% interanual, cuando crecía un 5,1% en el
momento del referéndum y el Índice de Producción Industrial ha
descendido un 24,3% desde el 1-O.
También, según reflejan los datos, ha aumentado un 42,1% la
disolución de empresas, llega un 2,5% menos de inversión extranjera
que antes del referéndum, pese a que ya había descendido entonces,
y, además, Cataluña tiene 2.412,5 millones más de deuda, hasta
acumular casi 80.000 millones de deuda en valores absolutos.
El 75% de esta deuda está financiada por el Tesoro, a través del FLA
y de los mecanismos extraordinarios de financiación, “porque, si no,
Cataluña quebraría”. Y, además, “una hipotética independencia de
Cataluña mermaría su PIB en un 25% –57.819 millones menos–,
perdiendo 720.000 empleos, que elevaría la tasa de paro de Cataluña,
casi triplicando la actual, hasta el 29,8%”.
Atacan a la Policía, atacan al Estado
Cristina Losada Libertad Digital 22 Octubre 2019
El relato, siempre el relato, incluía estos días un capítulo sobre
los violentos infiltrados. No los "infiltrados" de los que habló
Torra. La credibilidad de ese cuento duró aproximadamente lo mismo
que la proclamación de la república que hizo su jefe antes de huir a
Waterloo. No a esos, sino a los turbios anarquistas griegos,
italianos o alemanes que se habrían venido a incendiar Barcelona, se
han referido muchos para explicar el grado de violencia de los
disturbios e impartir a la opinión pública dos nociones engañosas.
La idea de que la responsabilidad de la violencia más dura no
provenía de los independentistas catalanes, sino de los turistas
revolucionarios. Y la reducción de los ataques a los agentes de
policía al nivel habitual en los disturbios graves en cualquier
lugar siempre que participan radicales expertos en guerrilla urbana.
Es muy posible que hubiera antisistema violentos de otros países en
las batallas campales que acaban de producirse en Barcelona. Eso
pasa. Todavía no se ha informado de la detención de ninguno de
ellos, pero dejémoslo estar. Lo importante es que no hay manera de
eludir la responsabilidad del independentismo catalán. Lo importante
es que hay una especificidad que lo vincula directamente con la
violencia inusitada que han empleado los manifestantes contra los
agentes de policía. Esa especifidad, ese hecho diferencial, por así
decir, procede del relato separatista, de su agitprop y de su
discurso. No hay manera de obviarlo: el independentismo ha puesto en
la diana a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No
los radicales venidos de fuera, sino los radicales de dentro. Y lo
demuestra el único relato que debe importar: el de los hechos.
La hostilidad hacia las fuerzas de seguridad españolas se vio
claramente desde las semanas previas al intento de golpe de octubre
de 2017. No fue una hostilidad casual y anecdótica. El
hostigamiento, en distintas poblaciones, a los agentes que estaban
alojados en hoteles fue instigado o contó con la aprobación de
dirigentes independentistas y autoridades locales. Varios hoteles se
vieron forzados a pedirles que se fueran por temor a represalias.
Los policías alojados en los barcos atracados en el puerto de
Barcelona fueron sistemático objeto de burla y violencia verbal, y
la organización de estibadores (OEPB), cuyo rostro en bruto vimos
estos días, los puso en la lista negra. Las dependencias de la
Policía Nacional en Barcelona y otros lugares tuvieron que afrontar
algaradas, al igual que las de la Guardia Civil. En centros de
enseñanza, los hijos de guardias civiles fueron señalados,
culpabilizados y sometidos a humillación. Por cierto: el caso contra
los profesores denunciados se archivó en julio de este año.
No son anécdotas, nada de causalidades. No es en absoluto casual que
el objetivo de la agresividad de los manifestantes independentistas
fuera ahora la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en Vía
Laietana. Saben lo que hacen y lo saben –esto sí– los que agitan y
dirigen a las masas. No es sólo que el separatismo haya adoctrinado
a sus huestes con la especie de que las fuerzas de seguridad del
Estado son "las fuerzas de ocupación" y que, en consecuencia, los
fanatizados se descontrolen, ataquen a los agentes con rodamientos o
motosierras y les griten que van a matarlos. Es un descontrol
querido. Inducido. Es objetivo de la dirección política separatista
que haya un clima de agresión, y efectivas agresiones, a las fuerzas
de seguridad del Estado. Porque son uno de los elementos cruciales
de la presencia del Estado en Cataluña –de lo que queda de esa
presencia– y representan el monopolio del uso legítimo de la
violencia que tiene el Estado y lo caracteriza.
No hay manera de obviarlo. No desde el otoño de 2017, no desde estos
disturbios. El independentismo catalán deslegitima y hostiga a las
fuerzas de seguridad del Estado con plena conciencia de lo que hace.
Ha traspasado el umbral de la espiral más peligrosa.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Los efectos de las políticas del odio
Editorial El Mundo 22 Octubre 2019
Los miles de jóvenes que durante una semana han mantenido en jaque a
las fuerzas de seguridad y han sembrado el caos, el desorden y el
terror en las incendiadas calles de Barcelona son producto de un
fracaso colectivo que tiene su origen, entre otras razones, en una
educación muy ideologizada. Muchos de ellos forman parte de la que
ya es conocida como generación del procés, alumnos de entre 14 y 16
años que han sido educados en centros públicos, privados y
concertados donde el nacionalismo ha impuesto el adoctrinamiento
cultural y político como rutina escolar. La interrupción de las
clases como forma de protesta, la organización de votaciones de
alumnos para asistir a huelgas y el uso de instalaciones escolares
para hacer asambleas en horas lectivas -todo ello con el
consentimiento de los profesores y los directores de los centros-
son algunos ejemplos de las perniciosas consecuencias que para
varias generaciones de estudiantes ha tenido el control durante
décadas de la enseñanza por parte del nacionalismo.
Tal y como publicamos hoy, estos alumnos han superado en radicalismo
a sus profesores y participan activamente en las protestas, sin
esconderse ni ocultarlo. Es más, suben sus propias fotos a las redes
sociales mientras participan en cortes de carreteras, en el incendio
de contenedores, en la paralización de la aulas o luciendo pancartas
guerracivilistas del tipo "Somos las nietas de los republicanos que
no pudisteis matar en el Ebro". Nada de esto ocurre en otras
comunidades en las que no se han normalizado las políticas del odio
impuestas en Cataluña, en cuyas aulas se educa en clave de amigos y
enemigos y se señala a los que se considera hostiles a la patria.
Sin embargo, en lugar de romper con los responsables políticos e
ideológicos de esa situación, Pedro Sánchez mantiene los pactos que
tiene con ellos en decenas de municipios catalanes y en la
diputación de Barcelona. De nada sirve escenificar una ruptura del
diálogo con Torra, como hizo ayer en su visita a la Ciudad Condal,
si no se decide a actuar de forma contundente contra un movimiento
que no solo no condena la violencia, sino que ha encargado la
defensa jurídica del huido Carles Puigdemont a Gonzalo Boye, un
personaje de pasado terrorista e investigado por la Audiencia
Nacional por blanqueo de fondos del narco Sito Miñanco.
La realidad actual, no obstante, es el resultado de la
irresponsabilidad en cuestiones educativas de los sucesivos
gobiernos desde la Transición. Hasta ocho leyes de Educación se han
promulgado -y siete de ellas derogado- en apenas 40 años, impidiendo
la continuidad de unos planes de estudio que cumpliesen un doble
objetivo esencial: formar a los estudiantes para que puedan
comportarse como ciudadanos de una democracia liberal y ofrecerles
las herramientas necesarias para competir como trabajadores en un
mercado globalizado cada vez más exigente.
La peligrosa inacción del presidente
Editorial ABC 22 Octubre 2019
La gestión realizada por Pedro Sánchez para paliar el daño causado
por el separatismo en Cataluña es tan ineficaz como temeraria.
Durante la última semana, lo único que se conoce de lo realizado por
Pedro Sánchez se reduce a contener a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado mientras eran atacados, a no atender las
llamadas telefónicas del chantajista Joaquim Torra y a una operación
propagandística de lavado de imagen visitando a los agentes heridos
en el hospital. Poco más se conoce de por qué el Gobierno no ha
actuado con más contundencia, permitiendo durante demasiadas noches
el salvajismo batasunizado de miles de individuos que han convertido
la destrucción de Cataluña en su única causa. Es cierto que Torra ha
perdido toda la dignidad del cargo que representa negándose a
condenar la violencia y rechazando desmarcarse del vandalismo de los
llamados «comités de defensa de la república». Torra no solo se ha
ridiculizado a sí mismo en un sketch semipublicitario para denunciar
que Sánchez no atiende sus llamadas, sino que ha perdido la
perspectiva y carece de la más mínima autoridad. Se ha convertido en
un pelele de la ultraviolencia, capaz de presentarse en público como
instigador y víctima a la vez. Sin embargo, Sánchez sí debió atender
sus llamadas telefónicas.
El presidente defensor del «diálogo siempre y antes que nada»
debería hablar con Torra para decirle que está poniendo en peligro
la democracia en Cataluña, que es el primer pirómano, que es un
irresponsable político y que Cataluña no merece menos que su
dimisión inmediata. Pero Sánchez contemporiza y aparenta. No quiere
implicarse en una estrategia que pudiera restarle votos en Cataluña,
y por eso no ha querido ejercer el legítimo control de los Mossos,
cuando habría sido lo idóneo. Reducir todo lo ocurrido, como ha
hecho su ministro del Interior, a una mera cuestión de desórdenes
públicos es ridículo. Más aún cuando una casa bien conocida por él,
como es la Audiencia Nacional, mantiene imputados por terrorismo a
siete miembros de los CDR. No basta con las palabras. No basta con
que Sánchez diga que los miembros de las guerrillas urbanas de los
últimos días pagarán ante la Justicia. Faltaría más. Han sido miles
los causantes de un destrozo material y emocional en Cataluña, y sin
embargo los detenidos apenas alcanzan unas decenas. Salvo en
cuestiones internas y orgánicas del PSOE, donde es implacable,
Sánchez tiene un problema con la autoridad. En Cataluña hay quien
incumple la ley de modo sistemático, y con meras advertencias -es a
lo más que alcanza Sánchez- no va a conseguir que depongan su
actitud insurrecional. Siete días de vandalismo en Cataluña por
siete días de pasividad y parálisis de Sánchez. Es hora de que
reaccione.
¿Quién defiende a los otros catalanes?
larazon 22 Octubre 2019
Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se
esforzaba en transmitir tranquilidad por los graves incidentes de
violencia vividos en Cataluña a lo largo de la semana pasada
calificándolos como una cuestión de «orden público», el presidente
del Gobierno pudo comprobar ayer el grado de odio e irracionalidad
que existe en amplios sectores de la sociedad catalana. En
definitiva, el verdadero motor político del nacionalismo. Pedro
Sánchez decidió acudir, al fin, a Barcelona y en su visita al
Hospital de Sant Pau donde están ingresados los policías heridos y
fue recibido con gritos y las tradicionales consignas secesionistas
por personal sanitario y médicos del centro.
Suponemos que la imagen se le habrá quedado grabada, porque, además de un
problema de orden público, pudo comprobar que sobre todo existe un
problema de invasión del espacio público e imposición del credo
nacionalista, incluso allí donde habría que preservarse con respeto:
un hospital en el que está ingresado un policía nacional en estado
crítico tras un brutal ataque de los manifestantes. Es obligación
del presidente del Gobierno en funciones preocuparse del estado de
los servidores públicos heridos en defensa del orden democrático y
mostrarles su apoyo, como así hizo en su visita a la comisaría de
Vía Layetana.
Pero es inadmisible que el Gobierno haya prohibido la entrada a la
Jefatura Superior de Policía al líder del PP, Pablo Casado, que
acudió con la misma misión que el candidato socialista: mostrar su
apoyo a los que habían sufrido el asedio durante horas por
manifestantes independentistas. Esta negativa–-extrañamente después
de que la Delegada del Gobierno fuese informada– es, además,
inoportuna, tratándose del jefe de la oposición, quien ha dado
sobradas muestras de lealtad institucional. Un flaco favor a la
causa de la democracia en Cataluña, que necesita ser reforzada ante
el envite de los violentos, de los comprensivos pacifistas que
arrojan bolsas de basura y de la propia Generalitat, con su
presidente a la cabeza.
Si algo no necesita Cataluña es sectarismo, electoralismo y la
política de bajo vuelo. Puede comprenderse que los sondeos no le
sean favorables, pero de un gobernante, y en esta tesitura crítica,
se espera mucho más. Parece que Sánchez no es consciente de la
gravedad de la situación, tal vez informado muy amilbaradamente por
Miquel Iceta, que lo fía todo a un futuro acuerdo con ERC, incluso
con lo que queda de los viejos convergentes, pero no debería
minimizar el enorme hastío que esta crisis y largos años de «procés»
está teniendo en los catalanes no nacionalistas, una Cataluña que
trabaja y se ha mantenido en silencio, que vive la política oficial
desde la lejanía, que ha soportado que se arrollaran sus libertades
en el otoño de 2017 y que ahora asiste incrédula y huérfana al
último asalto del independentismo. No debería menospreciar el
desamparo político de una buena parte de los catalanes, que esperan
algo más que una visita de dos horas a Barcelona –obligada, por
supuesto– y no contemporizar una situación en la que nos jugamos el
futuro.
Sánchez decidió hacer coincidir el fallo de la sentencia del
Tribunal Supremo con la campaña electoral, convencido de que la
reacción sería mínima, que él debería aparecer como el único capaz
de solucionar un inmenso problema, pero se ha demostrado de una gran
irresponsabilidad. De nuevo, ha sido mal informado por alguien que
confunde el deseo –poder contar de nuevo con los votos del
independentismo para seguir en La Moncloa– con la realidad: en estos
momentos la holgada mayoría que buscaba al repetir las elecciones
puede no cumplirse. Pablo Casado situó el verdadero problema de
Sánchez, y es que debe actuar en el cumplimiento de la ley en
Cataluña y romper con ERC y PdeCAT, partidos en los que se sostuvo
para alzarse con la moción de censura y el Gobierno. Ese es su
verdadero problema.
Nadie al mando
En Cataluña han colapsado las autoridades territoriales. Y si el
Estado no ocupa ese vacío de poder, lo hará la calle
Ignacio Camacho ABC 22 Octubre 2019
En este momento en Cataluña no hay nadie al mando. Se trata de una
certeza, no de una sensación. Torra no tiene el poder porque se lo
ha entregado por una parte a Puigdemont y por otra a la calle; está
encerrado en una burbuja solipsista sin más apoyo que el de un
reducido cinturón de leales. Junqueras, que fue quien realmente
dirigió el procés -eso está en el sumario-, apenas puede muñir
cierta influencia desde la cárcel. Los brazos civiles del golpe de
2017, ANC y Ómnium, han quedado desbordados por los CDR y su espiral
de violencia rampante. Torrent, el presidente del Parlamento
autonómico, no sabe cómo obedecer consignas, ni de quién, sin
desobedecer los imperativos legales. A Rufián lo abuchearon en las
marchas de protesta tildándolo de botifler infame. La delegada del
Gobierno está en su búnker y Colau se ha escaqueado de los
disturbios refugiada en los trámites municipales. Hay un vacío de
interlocución institucional y social, una clamorosa ausencia de
autoridad en las supuestas autoridades, un caos tan visible y
palpable que el propio Sánchez se movió ayer por Barcelona como un
zombi en tierra de nadie y lo único que logró fue que en su visita
al hospital de los policías heridos le montaran un escrache.
En esta clase de circunstancias, la política se relaciona más que
nunca con la física de los espacios: cuando se deja un hueco libre
surge alguien dispuesto a ocuparlo. Ésa es la clave de los procesos
revolucionarios, que triunfan o fracasan según la resistencia que
encuentren en el Estado. Con el sistema de poder territorial
destruido o sumido en un descontrol palmario, el Gobierno tiene la
obligación de ejercer su papel jerárquico, aunque sólo sea por un
principio subsidiario. Tiene también los mecanismos constitucionales
para ello y sólo le falta la voluntad de activarlos. Pero el
presidente no se atreve porque su cabeza anda en otro cálculo: el de
la probable necesidad de contar con Esquerra cuando llegue la hora
de tejer pactos. No piensa como gobernante sino como candidato. Y a
estas alturas, con los sondeos en la mano, ya sabe que el sueño de
liberarse de la colaboración separatista se ha disipado. Las cuentas
sólo le salen con ellos o con un PP que, pese a la presión de
ciertas élites, se mostrará remiso a darle paso.
Quizá ya no le importe por esa razón que Cataluña continúe unos
días, unas semanas o unos meses más a la deriva. Su pensamiento se
proyecta primero hacia una investidura que no le va a resultar
sencilla y luego hacia una legislatura de difícil geometría. Iceta,
el susurrador, intriga con el diseño de fantasías tripartitas y el
regreso al confederalismo zapaterista. Pero todo eso está lejos
todavía. Lo inmediato es este escenario de pesadilla: una comunidad
desasistida de una mínima articulación de su estructura
representativa… y con síndrome de Estocolmo ante la hegemonía del
régimen nacionalista.
El Estado ha fallado en Cataluña
Cayetano González Libertad Digital 22 Octubre 2019
Algunos dirigentes políticos –el último, Cayetana Álvarez de Toledo–
suelen decir, con razón, que el Estado lleva bastante tiempo ausente
de Cataluña. Lo visto la pasada semana en Barcelona, pero también en
Lérida, Gerona y Tarragona, no hace más que confirmar la triste
realidad de que, prácticamente desde la Transición, el Estado ha
dejado de existir en Cataluña, al igual que en el País Vasco. Los
resultados, en ambos territorios, están a la vista de todos.
¿Cómo es posible –se preguntan muchos ciudadanos– que el presidente
de la Generalitat, que es el máximo representante del Estado en
Cataluña, siga en su puesto? ¿Cómo es posible que el Estado no haya
tenido la voluntad, la decisión para destituir a este personaje que
no ha condenado de forma tajante los actos de violencia, que no ha
respaldado a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que incluso
animaba a la movilización ciudadana participando él mismo en las
famosas marchas? ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación no
haya puesto en marcha los mecanismos para destituir a Torra y
ponerlo a disposición de la Justicia?
¿Cómo es posible que durante cinco noches seguidas se haya permitido
una permanente violencia callejera en las calles de Barcelona,
protagonizada por grupos violentos muy bien organizados? ¿Cómo es
posible que se haya consentido el acoso violento a sedes
institucionales y policiales, se hayan permitido barricadas, cortes
de carreteras y la ocupación del aeropuerto del Prat?
¿Cómo es posible que el Gobierno de España haya estado prácticamente
hasta el pasado viernes negando la gravedad de los hechos y
repitiendo el irritante y en el fondo cobarde mantra de que iría
actuando con proporcionalidad?
¿Cómo es posible que se haya dado la imagen de que los poderes
públicos, con el Gobierno de Sánchez a la cabeza, dejaran solos ante
el peligro a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que han sido los auténticos héroes anónimos en estos
trágicos y violentos días?
Todo esto ha sido posible porque ha habido una clara y evidente
dejación del principio de autoridad por quien tiene la obligación y
responsabilidad de velar por el mantenimiento del orden público;
porque ha habido un déficit en la aplicación de la ley para, por
ejemplo, separar al iluminado presidente de la Generalitat de su
cargo. Y el máximo responsable de todo esto, aunque no el único, es
el Gobierno de la Nación. Por supuesto que Torra tiene también mucha
culpa de lo sucedido, pero que siga en su puesto es responsabilidad
del Gobierno de Sánchez, porque medios para destituirle tiene. ¿Que
el problema es que ahora no le viene bien al presidente en funciones
aplicar el 155?
Toda la actuación del Gobierno de Sánchez –incluido el viaje
propagandístico a Barcelona de este lunes– produce una enorme
vergüenza, y es muy probable que tenga su coste electoral en las
urnas dentro de tres semanas. Los ciudadanos de toda España están
muy indignados tanto con lo que se ha visto estos días en Cataluña
como con la insuficiente respuesta por parte del Gobierno de la
Nación.
Ya está bien de cálculos electorales, de estrategias cortoplacistas,
de negar la realidad, de intentar engañar a todo el mundo al mismo
tiempo. La gente quiere que se aplique la ley, que nadie viva en la
impunidad, que la calle no sea de los violentos, que la Policía
tenga todos los medios para reprimir esa violencia. En definitiva,
que el Estado de Derecho funcione. Pero para eso hace falta un
Gobierno dispuesto a aplicar la ley. El actual ha quedado en estos
días perfectamente retratado. Eso sí, está semana llevará a cabo la
hazaña de exhumar a Franco –transcurridos 44 años de su muerte–, que
como todo el mundo sabe es la gran preocupación de los españoles.
La revuelta separatista se cronifica en
Cataluña
Papelón de Sánchez en Barcelona y los CDR, con los Mossos en el
punto de mira, practican el tiro a la furgoneta policial con globos
de pintura.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Octubre 2019
Octavo día de revuelta separatista. La consejería de Interior ha
bajado los brazos y el titular del departamento, Miquel Buch, se
dedica a la "política". Un juzgado de Barcelona investiga si la
Asociación Catalana de Municipios (ACM), de la que fue presidente,
ha pagado con fondos públicos los viajes de alcaldes y concejales a
la corte de Waterloo.
Buch también está contra las cuerdas por la actuación de los Mossos.
El independentismo pide su cabeza, la de quien fuera uno de los
arietes del proceso separatista en el plano municipal. Sale en
tromba contra Pedro Sánchez porque se niega a coger el teléfono a su
jefe Torra, del que dice que ha condenado la violencia por activa y
por pasiva.
La Audiencia Nacional investiga al abogado de Puigdemont, Gonzalo
Boye, por blanqueo de capitales. También es letrado del narco Sito
Miñanco. Grandes muestras de solidaridad, incluido Torra. En
Cataluña se oculta el pasado terrorista de Boye, condenado por
colaborar en un secuestro de ETA. La investigación se vincula con el
proceso. Es un intento de amedrantar, interpretan al unísono los
medios nacionalistas.
Los Mossos de gorra de plato vuelven a ejercer de "mediadores".
Controlan que los cortes de calles en Barcelona se lleven a cabo con
éxito, que ningún conductor o motorista se salte a las patrullas de
individuos que protestan y exigen la independencia por la vía de
alterar la circulación.
El papelón de Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones visita en Barcelona a los
policías heridos. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía sigue en
estado crítico en el Hospital de San Pablo de la capital catalana.
Elementos exaltados del personal sanitario se le manifiestan por los
pasillos exigiendo la libertad de los presos políticos.
También oye gritos en las puertas de la Jefatura Superior de
Policía, donde con la boca pequeña les pide a los policías
"moderación", como si no hubieran llevado a cabo en los últimos días
un inenarrable ejercicio de contención ante las agresiones y los
ataques de la "gente de paz" separatista.
Reaparece el Tsunami
El Tsunami Democràtic convoca una sentada delante de la Delegación
del Gobierno. Sánchez rehúsa acudir a una reunión en el edificio.
Medio millar de manifestantes portan carteles con el siguiente
texto: "Spain, sit and talk". Es la máxima con la que Guardiola
acabó su vídeo a las masas catalanas al comienzo de la revuelta
"momentum", España siéntate y habla.
Los Comités de Defensa de la República (CDR) se ocupan del programa
de actos de la tarde. Suya es la idea de rellenar globos de pintura
para lanzarlos delante de la consejería de Interior. De nuevo gritos
de "Buch, dimisión".
El separatismo no perdona la actuación de la Brigada Móvil, los
antidisturbios, siempre cuestionados y en el punto de mira de ERC,
del ayuntamiento de Colau y sus colectivos "pacifistas", de Arran,
la CUP, Junts per Catalunya y hasta de Torra, que se niega a
expresar el más mínimo apoyo a la policía autonómica y promete que
se investigarán hasta el fondo todas sus actuaciones. Se les acusa
de connivencia con la extrema derecha porque cargaron poco, según
los separatistas, contra los manifestantes "unionistas" de la plaza
de Artós, en Sarriá. Dos de los detenidos por la agresión a un
autodenominado antifascista han ingresado en prisión.
Tiro a la "furgona"
El fin de los festejos del día es el "fusilamiento" de una furgoneta
de los Mossos en la consejería de Interior, una performance
colorista con los globos de pintura, tiro a la lechera catalana.
Al menos no es pirotecnia. Hoy se ha detenido a un tipo acusado de
haber lanzado un cohete contra un helicóptero de la policía
autonómica. La prensa afecta, los medios públicos, partidos,
instituciones, el defensor del pueblo autonómico y asociaciones
jurídicas culpan de la violencia a la policía y justifican las
actividades de las juventudes separatistas. Cae la noche, los
manifestantes insultan a los Mossos y cortan la Gran Vía. Otro día
en Barcelona.
Cataluña, los Balcanes y el Gobierno
trabaja
Pablo Planas Libertad Digital 22 Octubre 2019
Dice la propaganda monclovita que "el Gobierno de España trabaja
para garantizar la seguridad y la convivencia". Ciertamente, la
seguridad de los separatistas y la convivencia entre ellos. De ahí
que mande pocos policías con pocos medios a contener a manadas de
salvajes alentados por las organizaciones y partidos
independentistas, comprendidos y amparados por la cámara de
comercio, el Barça, el club del automóvil, un amplio sector del
Liceo, los medios del grande de España Godó, la TV3, los digitales
del odio, los bomberos pirómanos y el colegio de médicos, entre
muchos otros.
Trabaja el Gobierno de España, sí, válganos Dios lo que trabaja,
menudos estajanovistas, tanto trabajan que se les ha traspapelado la
orden de que la Guardia Civil garantice la libre circulación en las
carreteras catalanas, tomadas ahora por hordas de separatistas que
cortan las comunicaciones a placer al grito de que las calles serán
siempre suyas y libertad para los "presos políticos", que son los
golpistas presos. Y así es como la Guardia Civil se tiene que mirar
por la tele el asedio a sus compañeros de la Policía Nacional porque
ese otro grande de España, Grande-Marlaska, dice que lo de Cataluña
es un problema de orden público. Sí, claro, igual que lo de los
carteristas del metro en la Sagrada Familia o los navajeros de la
Villa Olímpica.
Curra y curra el Gobierno de ese titán del pencar que es Pedro
Sánchez para que se cumplan las sentencias, de modo que los
condenados por aquel sueño totalitario (qué gran decepción, señor
Marchena) están a punto de salir a la calle por la misma vía y al
mismo tiempo que si en un rapto de justicia y dignidad se les
hubiera condenado por rebelión. Ah, que en Europa habrían tumbado la
sentencia. Ya, claro, que nos miraría mal el tribunal de
Schleswig-Holstein que dejó libre a Puigdemont o los juzgados belgas
que han negado por sistema las extradiciones de los asesinos
etarras. Europa, la gran Europa y nuestros complejos de españoles
bajitos y renegridos, los únicos europeos a los que les importa
Estrasburgo y hacen caso a Bruselas.
Cataluña se va y se va de la mano de personajes como Gonzalo Boye y
Carles Sastre, abogado de Puigdemont el primero, líder sindical el
segundo, dos tipos que han participado en actividades terroristas,
secuestros Boye, asesinatos Sastre, y ahora son ejemplos de
ciudadanía y referentes de compromiso cívico. Se va Cataluña con
Quim Quins Collons Torra, el capitán qué cojones que se niega a
condenar la violencia y lo mismo te llama a Sánchez que le llama una
célula de los Comités de Defensa de la República (CDR) para pedirle
su apoyo. Qué país, Miquelarena. Termina Turandot en el Liceo y
media platea se pone en pie para corear el siniestro "Llibertat
presos polítics". Deben de ser los del CDR del templo de la
burguesía, mientras sus hijos devastan el centro y saquean las
tiendas de electrónica, que nunca está de más otra pantalla para la
casa del Ampurdán.
Y Sánchez venga a trabajar, Mystère para ir, Super Puma para la
vuelta, en la fase final de la batalla final de trasladar los
despojos de Franco, tremenda hazaña, heroica refriega y obra
culminante del sepulturero de España, un tipo del que Torra, sí, sí,
el mismo Torra que ya está amortizado, se ríe en toda la cara. Otro
hombre menor, Sánchez, que en Cataluña ha dado su verdadera y
minúscula talla. La consecuencia es que al menos la mitad de la
población en la región está a merced de los separatistas, que campan
a sus anchas en un escenario que cada vez se parece más a los
Balcanes. Mientras, el Gobierno trabaja... Que alguien haga algo,
por favor.
Noches tribales de Barcelona
Valentí Puig okdiario 22 Octubre 2019
Ver como la bandera anarquista era agitada frente a la Jefatura
Superior de Policía fue el envés del sabotaje antisistema a las
puertas de la Sagrada Familia. En Barcelona cada noche ha superado a
la anterior, con los encapuchados del “lumpen” codo a codo con los
hijos de buena familia que lanzaban adoquines y se tomaban una birra
u otras sustancias, más enardecedoras. Son los herederos de
estamentos dirigentes que dimitieron hace tiempo de su
responsabilidad pública. Por eso reaparece la dialéctica de aquel
Georges Sorel que enseñó a fascistas y anarco-sindicalistas que sin
violencia no hay política.
De eso padeció la Barcelona de los años treinta. Todo acaba siendo
lo mismo: encapuchados, pillaje, destrozo, hogueras mientras los
turistas intentan en vano pillar un taxi, los heridos llegan a
urgencias y los analistas dilatan la casuística sobre si Pedro
Sánchez debiera o no ponerse al teléfono. Pero para la paz civil
importa mucho más restablecer el orden que especular sobre qué
partidos saldrán beneficiados o perjudicados por la violencia tribal
en las noches de Barcelona.
El pillaje era una consecuencia lógica de la impunidad incendiaria,
del mismo modo que la divisoria entre independentismo pacífico y
violencia zigzaguea desde antes de la sentencia del Tribunal
Supremo, porque transgredir la ley y postular el desacato acaban
generalmente induciendo al caos. Ahí está Quim Torra, asediado por
los suyos, con sus llamadas escénicas a la Moncloa y no condenando
la violencia en esa Barcelona en la que por las noches el desorden
público solo ha tenido enfrente unos cuerpos de seguridad eficaces y
pacientes.
En casos de esta naturaleza lo prioritario no es la proporcionalidad
frente a la violencia sino la seguridad de la ciudadanía. Esa es la
primera función de un Estado y si se piensa por un nanosegundo que
el presidente de la Generalitat es el primer representante del
Estado en Cataluña pronto se entiende todo. Torra iba en las marchas
que turbaron la dinámica económica del transporte y el derecho a la
libre circulación.
Fue su última actuación épica antes de regresar a su despacho en
Barcelona y representar un vacío de poder sin límites o, dicho de
otra forma, ilimitado por las tribus secesionistas y antisistema que
han provocado el miedo en la amplia zona del Ensanche y en los
cientos de miles de personas que miraban aquellas escenas en
televisión, salvo los telespectadores de TV3, ese remedo
goebbelsiano, de caverna pancatalanista, destructor del “fair play”
que una sociedad requiere para deliberar sobre sus conflictos.
Al político que le tiemblen las piernas o no se defina ante estas
circunstancias-límite más le vale dedicarse al corte y confección.
Ni hay razón mínima para justificar la semana negra por la sentencia
del Tribunal Supremo o por la actuación policial en el día del
referéndum ilegal. Con los errores que fuere, la Policía Nacional y
la Guardia Civil y ahora, a diferencia de entonces, el cuerpo de los
Mossos actuaron en nombre de la ley y el Estado de Derecho. Es todo
lo contrario de un anarquista o un independentista lanzando bolas de
acero contra los agentes. Falta por ver si estas fechas aciagas
pueden representar un punto aparte para quienes llevan demasiado
tiempo jugueteando con terceras vías. Nunca se sabe.
El golpe de Estado también es económico
OKDIARIO 22 Octubre 2019
No sólo el independentismo ha llevado a cabo un golpe de Estado
contra el ordenamiento jurídico, sino que el ‘procés‘ ha supuesto
también un auténtico golpe de Estado económico. En dos años, desde
el referéndum ilegal del 1-0, el deterioro de la actividad económica
en Cataluña se cifra en 1.033 millones de euros. Ello se traduce en
que el PIB en Cataluña crece 1,5 puntos menos en tasa interanual que
antes de la consulta y que se haya producido una pérdida de 8.000
empleos adicionales al frenazo que la ralentización económica está
causando en el mercado de trabajo.
Dicho de otro modo y para no abrumar con datos: en esta situación,
de no contar Cataluña con el sostén del Estado, hoy sería una
Comunidad quebrada y sin posibilidad de refinanciar una deuda que en
apenas dos ejercicios ha aumentado en 2.412,5 millones de euros
hasta acumular un total de 80.000 millones en valores absolutos.
Cabe recordar que el 75% de la misma está financiada a través del
FLA y otros mecanismos.
O sea, que es el Estado, el mismo Estado español al que el
independentismo ha colocado en el centro de la diana, el que está
manteniendo a una Comunidad gobernada por una clase política que
prosigue su estrategia de subversión del orden constitucional. Las
cifras demuestran que mientras el separatismo catalán intensifica su
ofensiva contra el Estado de Derecho, el Tesoro español mantiene
económicamente viva a Cataluña, una autonomía mantenida a gracias a
la solidaridad de los españoles. Es la gran paradoja, el mayúsculo
sarcasmo que rodea todo lo que tiene que ver con el ‘procés’.
A menudo, es natural, nos quedamos con lo inmediato: la violencia en
las calles del independentismo radical, las astracanadas de
supremacista presidente de la Generalidad, Quim Torra, inductor de
todo lo que está ocurriendo estos días, pero no reparamos en el
inmenso daño económico que el independentismo está causando a
Cataluña y, en consecuencia, a España. Por eso es pertinente y
necesario que se sepa que, además de un golpe de Estado contra el
marco constitucional, el secesionismo ha dado un golpe de Estado
contra la economía nacional.
Fracaso, frustración y violencia 'indepe'
Alejandro Tercero cronicaglobal 22 Octubre 2019
La demostración de criminalidad primitiva protagonizada por el
independentismo violento durante la última semana en las calles de
Barcelona era previsible --o, al menos, probable-- para todo aquel
que hubiese convivido algún tiempo con el nacionalismo catalán.
Los devotos del independentismo mágico que todavía se negaban a
admitir que el paraíso prometido por Artur Mas era un trampantojo
han empezado a aterrizar en la realidad gracias a la sentencia del
procés --que, al final, ha tenido mayor efecto pedagógico que el que
yo auguraba hace apenas siete días--.
Esta última dosis de realidad suministrada por Marchena y sus chicos
directamente en vena ha colmado la capacidad de asimilación de la
frustración del independentismo, que ha explotado en forma de
violencia. Una violencia que estaba latente en el seno del
movimiento, como se pudo comprobar el 20 de septiembre de 2017 a las
puertas de la Consejería de Economía y el 1-O en un buen número de
colegios.
Y es que, claro, a nadie le gusta pasar sin solución de continuidad
de creer que se está a puntito de “implementar la república” a
descubrir que “el Estado existe, idiotas” (parafraseando a aquel
mítico mosso de la Brimo).
Lo asombroso es que muchos constitucionalistas se hayan sorprendido
por la negativa de los dirigentes nacionalistas pacíficos y
pacifistas a condenar explícitamente la violencia desatada por los
independentistas radicales estos días. Otro efecto pedagógico de la
sentencia del que se deberían extraer conclusiones a futuro.
Sería bueno no olvidar las palabras de la portavoz de JxCat en el
Congreso, Laura Borràs, justificando la violencia de estos días con
el argumento de que la sentencia del procés “es violencia”, que ha
habido “violencia policial” --mientras un funcionario de la Policía
Nacional se debate entre la vida y la muerte con el cráneo
destrozado por una pedrada-- e “infiltrados” provocadores y que el
Estado lleva años aplicando “violencia fiscal”.
Tampoco estaría de más recordar que el líder de Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, condenado a nueve años de prisión por sedición, ha
pedido --tras una semana de disturbios-- más “compromisos” y
“sacrificios” al independentismo para lograr la secesión y ha
advertido de que “con manifestaciones ya no basta”. Además de exigir
la “libertad inmediata” de los manifestantes independentistas
detenidos los últimos días por sus acciones violentas en diversas
ciudades de Cataluña.
Por no hablar de Rafael Ribó, el Síndic de Greuges de Cataluña (el
defensor del pueblo autonómico), que se ha apresurado a abrir “una
actuación de oficio” contra los “graves actos de violencia policial”
supuestamente ocurridos la semana pasada, mientras se ha limitado a
recordar que el derecho de manifestación “no ampara comportamientos
violentos” que “han de ser socialmente condenados y legalmente
perseguidos”.
Otro detalle a no olvidar es el hecho de que las marchas por la
libertad confluyeron el viernes pasado en Barcelona ante un
escenario que compartieron sin ninguna incomodidad manifiesta la
presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de
Òmnium Cultural, Marcel Mauri, con el secretario general de
Intersindical-CSC --entidad promotora de la jornada de huelga
independentista--, Carles Sastre, exterrorista de Época y Terra
Lliure condenado a medio siglo de cárcel por asesinato y pertenencia
a banda armada. Todo ello con el aval de los partidos nacionalistas.
Y, por último, también deberíamos tener presente en adelante las
imágenes que en los últimos días nos han brindado los manifestantes
pacíficos tirando latas y todo tipo de objetos a los periodistas de
medios de comunicación nacionales al grito de “prensa española,
manipuladora”.
Un grupo de violentos CDR lanza piedras a
miembros de Vox a la salida de un acto en Lérida
OKDIARIO 22 Octubre 2019
Vox ha vuelto a sufrir un intento de boicot violento en uno de sus
actos. Tras un fin de semana en el que sufrieron agresiones por
parte de grupos proetarras en Bilbao -donde incluso dos ertzainas
resultaron heridos-, en esta ocasión la violencia la han sufrido en
Lérida.
Allí, un grupo de manifestantes radicales ha lanzado este lunes
piedras a la puerta de entrada del Hotel Nastasi en el momento que
han empezado a salir del edificio personas que habían asistido a un
acto con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, al que
han acudido 200 personas.
Entre 400 y 500 personas han cortado la carretera N-240 a la altura
del hotel, según la Guardia Urbana y unos 40 han estado sentados en
la calzada durante una hora. Los Mossos d’Esquadra han montado un
cordón policial para impedir a los manifestantes acercarse al hotel,
lo que ha desencadenado algunos momentos de tensión.
Durante la protesta, concentrados han coreado consignas como ‘Hijos
de Franco’, ‘Lleida será la tumba del fascismo’ o ‘Este jueves
Franco se va’. Por recomendación de los Mossos d’Esquadra los
asistentes han salido por una puerta lateral del hotel, que está
situado a las afueras de Lleida.
Abascal critica el uso de los GRS de Sánchez
En la mañana de este mismo lunes, el presidente de Vox, Santiago
Abascal, ha denunciado que se active a los GRS de la Guardia Civil
para proteger a Pedro Sánchez durante su visita de hoy a Barcelona
pero no lo hayan sido para contener los graves disturbios que han
sacudido Cataluña desde hace una semana.
Abascal considera que Barcelona vive una situación de "secuestro" y
"violencia y desorden absoluto" y ha acusado al Gobierno de no haber
sido capaz de controlar el orden público ni garantizar la seguridad
de los efectivos de la Policía Nacional allí destinados.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|
