Asociación G. para la Libertad de Idioma
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Desde 1.988 defendiendo los derechos humanos y constitucionales
de los que hablamos el idioma español.
Si no hemos conseguido mucho, es muy probable que una parte de la culpa sea tuya.

 

Feliz

Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Los recortes de ayer al final de la página

Limitación en los recortes de prensa
Nota del Editor 8 Noviembre 2019; 30 Agosto 2020

Desde hace algún tiempo, algunos de los medios de los que recortábamos material con objeto de formar una especie de biblioteca con una visión
crítica a los nacionalismos, están cambiando al acceso de pago, así que cada vez disponemos de menos información.

Libertad Digital: algunos artículos solo para suscriptores
La Razón: solo el editorial, resto para suscriptores
El Mundo:  solo el editorial, resto para suscriptores
El confidencial: solo para suscriptores
La Tribuna del País Vasco: no permite copiar
La Voz de Galicia:  solo para suscriptores
El Español: lectura limitada a algunos artículos al mes, resto para suscriptores
La Gaceta.eu: desaparecido

Medios aún libres:
ABC: mediante inscripción gratuita
okdiario
esdiario
Voz pópuli
crónica global
Estrella Digital: poco relevante
Periodista digital:
República. muy escorada, pocos artículos relevantes
Diario sigli xxi: pocos artículos relevantes
La Opinión: poco relevante
El ToroTV: solo vídeo
rebelionenlagranja: al
La Gaceta: solo publica artículos de Pio Moa y se pueden ver en su pagina
 

 


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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota
                    idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Índice General

Recortes de Prensa   04 diciembre 2020
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Artículos y Conferencias
Bibliografía  
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idiomas"

 

 

 

AGLI Recortes de Prensa   Viernes 4  Diciembre  2020

Unos Presupuestos al servicio de Sánchez
No son las cuentas que necesita España, sino las que han impuesto los extremistas
Editorial larazon 4 Diciembre 2020

El Gobierno ha sacado adelante sus Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de 11 partidos de la Cámara que apenas suman un millón de votos más que las nueve formaciones que han votado en contra. Tan exigua diferencia, que nuestro sistema electoral agranda y desenfoca, no justifica ni la fanfarronería ni la belicosidad con que se despacharon ayer en el Congreso los portavoces de la coalición gubernamental, empeñados en convertir el proyecto de las cuentas públicas en una especie de salvoconducto para imponer al conjunto de los españoles un modelo social y político tan extremo como indeseable.

Mucho nos tememos que la sociedad civil, que no sólo encuentra su representación institucional en el sistema de partidos, va a verse tensionada por la radicalidad de la izquierda y de los separatistas hasta extremos desconocidos desde los primeros momentos de la Transición. Porque la realidad, tozuda, es que el componente económico y financiero de estos Presupuestos carece de la menor importancia, una vez que han servido para el único interés que parece mover a Pedro Sánchez: garantizarse unos años más en La Moncloa. Son, pues, unas cuentas públicas al servicio del presidente del Gobierno, no de España, que contienen en su seno algunas bombas de relojería difíciles de desactivar. Por supuesto, no hablamos sólo de la habitual compra del voto de los nacionalismos catalán y vasco, duchos en sacar tajada de los gobiernos en minoría, sino de unas contraprestaciones exigidas por los partidos separatistas más extremistas del Hemiciclo, que o desbordan el marco constitucional o son tremendamente lesivas para el futuro de España, ya que atentan directamente contra las reglas del libre mercado, en el que forzosamente se desenvuelve nuestra economía, y suponen una grave amenaza para la salud de nuestro marco laboral.

Unas cuentas, en definitiva, que salvan el paso al Gobierno, pero a costa del endeudamiento y, por lo tanto, del empobrecimiento de las próximas generaciones. Pedro Sánchez, es cierto, ha conseguido un éxito personal que, ahora, sin embargo, tendrá que gestionar. Ha hecho caso omiso a las advertencias de las principales instituciones económicas internacionales, que ponen en duda las previsiones de los ingresos fiscales del Estado, y todo lo fía a unas ayudas mil millonarias de la Unión Europea que nadie garantiza, ni siquiera, en el medio plazo. Tienen los españoles suficiente experiencia para saber a donde llevan esas políticas de expansión del gasto público que, supuestamente, pagan los ricos, pero que, en la cruda realidad, acaban cayendo sobre los hombros de las clases medias, de los trabajadores autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Hasta que ya no puedan más.

El apoyo radical a los Presupuestos
Francisco Marhuenda larazon 4 Diciembre 2020

En Europa sería llamativo que un partido socialdemócrata sacara adelante los Presupuesto con el apoyo de los comunistas, los antisistema, los independentistas y los herederos del terrorismo. Nadie podría entender semejante despropósito y muchos se preguntarían cuál era el fundamento de una amalgama ideológica tan estrafalaria. La realidad es que ninguno, salvo el oportunismo y oscuros intereses político. Y, sobre todo, qué buscan aquellos que hace poco protagonizaron un intento de ruptura constitucional, dividieron Cataluña y proclamaron unilateralmente la independencia. En España no pasa nada e incluso los dirigentes del PSOE se mostraron ayer muy orgullosos ofreciéndose un homenaje de aplausos en el Congreso de los Diputados para celebrar que el engendro superaba este trámite con el voto de los aliados habituales. No me sirve el inconsistente argumento de que lo hacen por responsabilidad. Sería para partirse de risa, sino fuera algo tan importante. Es cierto que los Presupuestos se aprueban para no cumplirse, pero es un instrumento imprescindible y no podíamos seguir prorrogando los de Montoro. Nadie se toma en serio el cuadro macroeconómico y los ingresos tributarios previstos no son más que una animosa fantasía.

Es interesante observar el esfuerzo propagandístico del gobierno socialista-comunista para convencernos de que se trata de unos presupuestos moderados y que por ello es incomprensible que no sean apoyados por el PP y Cs. Es habitual que insistan en que todo es muy «happy flower», porque como casi nadie se los estudia estamos ante una «batalla» de mensajes. Las posiciones están previamente prefijadas, como es habitual desde la Transición hasta nuestros días, y ningún gobierno espera conseguir el apoyo de la oposición. La primera razón para rechazarlos está en las enormes concesiones conseguidas por los que han dado su voto favorable. Hay que partir de la base de que los nacionalistas consideran a España como una vaca a exprimir y es lo que han hecho. Por otra parte, los independentistas logran legitimarse políticamente, además, al convertirse en los socios de un agradecido PSOE. Es lógico que Otegi los vote con gran fervor. Sánchez consigue un gran éxito, porque en breve superarán los últimos escollos y se consolida la legislatura. La verdad es que nunca estuvo en riesgo y no me tomé en serio la opción de Ciudadanos, aunque le fue útil en su negociación. Iglesias le hizo el trabajo sucio con los aliados más incómodos y el fuego de artificio monclovita elaboró un relato ficticio que todos compraron. Incluso hicieron creer que había discrepancias entre los socios de la coalición. Todo teatrillo.

Sánchez e Iglesias perpetran un nuevo ataque a la independencia judicial

OKDIARIO 4 Diciembre 2020

Lo del socialcomunismo no tiene nombre: su afán por convertir a los jueces en títeres al servicio del Gobierno roza lo patológico. Tras amenazar con asaltar el CGPJ -a Sánchez le tembló el pulso tras las amenazas de la UE-, ahora ha urdido una siniestra estrategia que consiste en una reforma exprés para impedir que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos para cubrir plazas en los distintos tribunales. La Mesa del Congreso, a instancias del PSOE y Podemos, ha convocado una sesión este viernes para, a través de una proposición de ley, impedir que el consejo finalmente otorgue las plazas.

Las plazas que no podrán ser votadas serán las de las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias, una plaza de magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que quedó libre tras el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana, la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, así como la presidencia de esa misma sala, pero de los TSJ de Asturias, Castilla y León y País Vasco, además de otra de lo Contencioso del TSJ asturiano, la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres y varias plazas en diferentes TSJ.

Es decir: dado que por ahora el Gobierno no puede controlar al CGPJ, impide que el órgano de los jueces designe magistrados. La reforma exprés de Sánchez e Iglesias prohíbe que el CGPj en funciones pueda «proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional». Su excusa es que el régimen jurídico del CGPJ en funciones «no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento». Hace falta ser hipócrita: lo que quiere el Gobierno es controlar al CGPJ para luego controlar los nombramientos de los distintos puestos en los diferentes tribunales. Y para eso está presionando al PP, que se niega a renovar el Consejo consciente de la maniobra socialcomunista.

De modo que quienes creían que Sánchez recularía en su intento de asaltar la justicia tras la regañina de la UE se equivocaron de nuevo. Dio un paso atrás, pero para coger impulso. La pulsión totalitaria del Gobierno es inasequible al desaliento.

Zapatero: el indigno que blanquea y sostiene a la dictadura narcocomunista de Maduro
APOYA LA FARSA ELECTORAL DEL PRÓXIMO DOMINGO
Agustín Benito gaceta.es  4 Diciembre 2020

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró cuando dejó el cargo en 2011 que quería ser supervisor de nubes, se incorporó en 2015 a la presidencia del Consejo Asesor de la ONG globalista alemana Institute for Cultural Diplomacy, en la que impulsó con el objetivo de blanquear al castrismo un aquelarre de ministros socialistas y diplomáticos cubanos denominado “Diálogo sobre Cuba”.

Desde entonces su labor ha sido amparar a las narcodictaduras bolivarianas. A Venezuela ha viajado más de 40 veces, cada vez que el tirano Nicolás Maduro y el chavismo le han necesitado. Ha sido y es su asesor, su gurú. Ante la condena generalizada al heredero de Hugo Chávez y su entorno dijo que la comunidad internacional estaba “mal informada”. Y altos cargos del régimen como Jorge Rodríguez le definieron como “hombre decente, digno”.

Esta alianza con la mafia que tortura y condena a la pobreza, al hambre y a la falta de libertad a los venezolanos no sorprende a nadie y no es nueva. Por algo la trama de su embajador en Venezuela durante su etapa como presidente, Raúl Morodo, recibió 35 millones de la Petrolera Estatal PDVSA a cambio de trabajos fantasma y desvió parte de ese dinero a la cúpula del régimen a través de cuentas en paraísos fiscales, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora Zapatero se ha mostrado “esperanzado” con la farsa electoral que prepara Maduro para el próximo domingo y que cuenta con la oposición de una treintena de partidos -todos los disidentes reales y parte de los chavistas con complejos para admitirlo-, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Un teatro que nadie avala, salvo los sospechosos habituales: Irán, Rusia y China.

A su juicio, “si se quiere paz y diálogo, hay que ir a votar“, aunque se vaya a votar en unos comicios que la narcodictadura ha preparado sin la posibilidad de perder y en los que ha elegido a sus falsos oponentes, prácticamente desconocidos para la inmensa mayoría de los venezolanos.

Zapatero considera que “hay pluralidad de elecciones” en la farsa, con las principales formaciones disidentes intervenidas por la fuerza, sus líderes inhabilitados y el árbitro electoral comprado -Maduro ordenó imponer a tres militares adláteres del régimen entre los cinco puestos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ceder dos a los grupos colaboracionistas saltándose así la Constitución-. Y más de 360 presos políticos.

Es hoy el principal valedor en Europa de la narcotiranía comunista, pese a que siempre quiso venderse como “mediador” y se mostró como falso equilibrista entre el opresor y el oprimido, pero sin dejar de esconder nunca su solidaridad con los delincuentes. Ha trabajado incansablemente por el levantamiento de las sanciones de Europa y Estados Unidos a los criminales jerarcas del chavismo por violar los derechos humanos. Y lo ha hecho desde julio de 2019 como miembro del Grupo de Puebla, la misma mafia del Foro de Sao Paulo con distinto nombre. A la red se unió este año Irene Montero, ministra del Gobierno socialcomunista de España.

Su función, de la mano de los tiranos Evo Morales, ahora de vuelta en Bolivia, y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros, es poner una capa de barniz al régimen sangriento, al que la OEA culpa de crímenes de lesa humanidad por más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales y unas 15.500 detenciones arbitrarias desde 2014. Y sostenerlo. De ahí su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez con la sucursal chavista Podemos que amenaza a la oposición, impone la censura a través de sus terminales mediáticas -regadas con dinero público-, pretende controlar a los jueces y favorecer a sediciosos condenados, y lleva a la ruina a millones de ciudadanos, su defensa inquebrantable a un Ejecutivo que quiere, en definitiva, derribar el sistema constitucional y dirigir sus escombros. Porque si caen Sánchez e Iglesias, caerá Maduro. Y con el mafioso chavista, el indigno Zapatero.

Zapatero, la marioneta de Maduro
OKDIARIO 4 Diciembre 2020

La UE y Naciones Unidas se han negado a enviar observadores internacionales a Venezuela al considerar que los comicios legislativos convocados por el dictador Nicolás Maduro son una farsa en toda regla. O sea, que no hay nada que observar, porque el pucherazo está cantado. Sin embargo, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viaja hoy a Caracas porque «si se quiere paz y diálogo hay que ir a votar». La consigna de Zapatero se parece mucho a la del régimen bolivariano, que habla de unos comicios cruciales. La inmensa mayoría de los partidos opositores ha renunciado a participar en la mascarada, un intento del régimen de hacerse con el control de la Asamblea por la vía de aumentar el número de diputados de 167 a 277 y diluir así el peso de la verdadera oposición.

El régimen, ante el temor de que una inmensa mayoría de venezolanos no acuda a votar, amenaza con el «que no vote, no come»; esto es, utiliza la política del hambre para perpetuarse en el poder. La amenaza hace referencia al bloqueo de la entrega de cajas de alimentos conocidas como «clap» (comités locales de abastecimiento y producción) a quienes no acudan a las urnas.

Así se las gasta el régimen y, sin embargo, Zapatero, cada vez más fascinado por la dictadura, se va a Venezuela a blanquear el pucherazo. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente ha comunicado al Gobierno de Pedro Sánchez que viajará este viernes a Caracas. No necesita permiso alguno del Ejecutivo, sino que se trata de un mero trámite para que el Ministerio de Exteriores esté informado de su desplazamiento y la embajada española en Venezuela también lo sepa. En cualquier caso, a Sánchez le viene bien. De ahí que guarde silencio. Al fin y al cabo, es una manera de hacerle un gesto a la dictadura. Para la oposición venezolana, Zapatero «no es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral», sino una marioneta en manos de Nicolás Maduro. Y no le falta razón.

Los funcionarios critican la imposición de lenguas cooficiales: «Pervierten el espíritu de la Constitución»
Ana Delgado ABC 4 Diciembre 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha posicionado en contra de la proposición no de ley que exige la implantación de las lenguas cooficilales en las Instituciones del Estado, y que Podemos, junto con nacionalistas e independentistas, han presentado al Gobierno.

«Nos parece un auténtico despropósito que pervierte el espíritu de la Constitución», han afirmado desde CSIF, quienes explican que «la lengua debe ser siempre un mérito para acceder al empleo público, pero nunca un requisito».

En este sentido, critican que ya hay mecanismos que garantizan la cooficialidad en aquellas comunidades que tienen otra lengua. Pero lo que no se puede hacer, defienden, es «limitar o restringir el acceso al empleo público de cualquier español resida donde resida». «Cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse a unas oposiciones a la Administración General del Estado», sostienen.

Intencionalidad política
El sindicato mayoritario dentro de la función pública critica una «voluntad de desunión» que rompe con la «armonía» democrática, y que se «está tensionando con argumentos nacionalistas que conllevan una fragmentación del Estado».

La Constitución, afirman, «garantiza la unidad, pero también el respeto a las lenguas cooficiales, y hoy por hoy eso se garantiza en la Administración». Desde el sindicato explican que, de este modo, y siguiendo la normativa vigente «ya existen unas plazas que se salvaguardan dentro de algunas comunidades autónomas -como Cataluña, Galicia o el País Vasco- donde se atiende a los ciudadanos en su lengua cooficial», pero, recalcan que esto tiene que ser un «mérito», «nunca» un requisito de acceso al empleo, en una futura ley que, manifiestan, «busca el enfrentamiento y la división».

«El castellano es la lengua oficial del Estado y no se puede cercenar el derecho al empleo público por motivos de la lengua», en una Carta Magna «integradora» que «ya defiende la igualdad» de todos los ciudadanos. «No se pueden poner trabas a los españoles que quieren encontrar un empleo», secundan desde el sindicato.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Objetivo: el Estado de Derecho
Editorial ABC 4 Diciembre 2020

Los compromisos políticos asumidos por Unidas Podemos con ERC, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, son una amenaza directa al Estado de Derecho. No hay antecedentes de un gobierno que, como el de Pedro Sánchez, haya puesto la estabilidad del Poder Judicial tan al borde de la quiebra. Por eso, aunque sea Pablo Iglesias la voz cantante de las ofensivas contra la independencia de los jueces, el autogobierno del Poder Judicial y la impunidad del golpismo, es el presidente del Ejecutivo quien debe ser señalado como responsable de esta fractura institucional.

La coalición paralela liderada por Iglesias, con ERC y EH Bildu, tiene unos precios que el vicepresidente segundo quiere que el Gobierno pague sin demora. Los votos de los republicanos catalanes tienen el precio de unos indultos inmediatos, sin demora, para todos los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el golpe separatista del 1-O. Iglesias pretende que el Gobierno indulte a Oriol Junqueras y sus compañeros de asonada sin esperar a los informes preceptivos del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, lo cual, además de una ilegalidad, es un insulto a ambas instituciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá que dejar de comportarse como si no pasara nada y asumir que él es el responsable político inmediato de la tramitación de esos indultos, por tanto, el que tiene que trasladar a la Fiscalía y al TS los papeles que Iglesias les quiere hurtar.

Por burda que sea la pretensión de Iglesias, el presidente del Gobierno queda ya emplazado para dar una respuesta, porque el chantaje de votos por indultos lo lidera su propio vicepresidente, no un golpista encarcelado. Hasta este nivel ha llegado la degradación democrática del Gobierno, aunque para Iglesias no es suficiente con los indultos. También presiona a Sánchez para que la reforma a la baja del delito de sedición sea una realidad antes de fin de año, con la opción de introducirla incluso en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, para que se tramite con las restricciones parlamentarias propias de las cuentas públicas anuales. De esta manera, el Gobierno se ahorraría los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el CGPJ. Sería un fraude constitucional sin paliativos que el TC ha denunciado en más de una ocasión. Además, la reforma del delito de sedición está basada en tres mentiras: no es un delito decimonónico, porque fue regulado en el Código Penal de 1995; no lo exige la UE, que ya ha declarado que es un asunto interno de cada país; y en absoluto es un delito castigado levemente en el resto de países europeos.

A la impunidad del golpismo separatista que pretende Pablo Iglesias se unió ayer otro asalto al CGPJ, con una proposición de ley con la que el PSOE y Podemos quieren evitar que este órgano siga nombrando magistrados del TS mientras no se renueve. El planteamiento de ambos partidos, además de un atajo para evitar otra vez los informes de los órganos consultivos al no tener carácter de proyecto del Gobierno, es una arbitrariedad absoluta, que no persigue más que la congelación de las vacantes en las Salas del Supremo con la esperanza de que el nuevo CGPJ tenga una mayoría izquierdista y sectaria que se haga con ellas. Esa UE en la que tanto se escuda Sánchez para disfrazar sus falsedades ya le ha dicho al Gobierno que lo tiene en el foco por amenazar la independencia judicial. Esta proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la guerra sin cuartel de la izquierda contra el Estado de Derecho.

Socialismo fiscal obligatorio
Miguel Ángel Belloso okdiario 4 Diciembre 2020

En su momento me dijeron de buena fuente que cuando, en 2017, coincidiendo con el golpe de Estado civil en Cataluña, el ministro de Economía Luis de Guindos habilitó una norma para que las empresas angustiadas salieran de estampida de allí cambiando su residencia en busca de seguridad jurídica, Isidro Fainé, el capo de ‘La Caixa’, llamó por teléfono para decirle: “Muchas gracias ministro. Esta es la segunda vez que nos salvas”. La primera fue con motivo del rescate del sector financiero, que evitó la intervención completa del país. La segunda a cuenta de esa situación extrema en que las calles de Barcelona estaban incendiadas y los intrigantes en favor del ‘proces’ se subían encima de un furgón de la Guardia Civil megáfono en mano con la complicidad de los mossos de Escuadra mientras los representantes del poder legítimo tenían que huir de la consejería de Economía del delincuente Junqueras por la azotea.

Cataluña ha sido siempre, legendariamente, una autonomía fallida, hasta el punto de perturbar la estabilidad mental del presidente de la República Manuel Azaña, y de la que dijo un intelectual de la talla de José Ortega y Gasset que con ella sólo cabía la ‘conllevanza’, dando a entender que tenía poco arreglo. A pesar de haber disfrutado de todas las canonjías imaginables del poder central franquista, siempre benefactor del sector textil entre otros, que progresaron sobre la base del proteccionismo, su desempeño en competencia, libre ya de aranceles y de la galantería estatal, ha sido un fracaso permanente, que se ha dimensionado aun más en los tiempos que corren.

Actualmente, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid supera en cuatro mil euros al de Cataluña, la deuda pública de ésta es casi tres veces superior -el doble si la medimos por habitante-, y aunque los ingresos fiscales son superiores, hasta un total de 32.800 millones de euros, gasta casi 7.000 millones más que Madrid. La consecuencia de estos datos es que, desde 2009, la Comunidad de Madrid aporta a la caja común del Estado 23.000 millones más con menos impuestos, y que su contribución al fondo de solidaridad estatal es del 70 por ciento frente al 24 por ciento de Cataluña, que es un estercolero fiscal que castiga a sus ciudadanos, al parecer encantados de ser sodomizados, y que contribuye muy modestamente al bien común de la nación, a pesar del grito recurrente y grotesco de “Madrid nos roba”.

La historia del mundo, sin embargo, ha sido siempre muy lineal. Como los torpes, los vagos y los maledicentes son desgraciadamente mayoría; como la envidia, el resentimiento y el rencor, todos ellos sentimientos auspiciados por el socialismo en cuanto ha tenido la oportunidad de gobernar, se han apoderado de gran parte de la sociedad civil por mor del ejercicio incisivo de la propaganda y de la colaboración interesada, pagada y nefasta de las televisiones, se ha persuadido a la masa de que hay castigar al que prospera gracias al trabajo, el esfuerzo cotidiano y el cultivo recurrente de sus aptitudes personales, que son circunstancias cuya promoción está al alcance de cualquier Gobierno decente y bien orientado, que trabaje para que los individuos den lo mejor de sí mismos, desarrollando la capacidad innata de generación de riqueza que tienen todas las personas, pero que muchos políticos desprecian simplemente porque son unos depravados.

Aquellas son las virtudes que ha cultivado el PP en la Comunidad de Madrid muy claramente desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Lo que ha permitido que este poblachón manchego, ya metrópoli, rodeado de conurbaciones gigantes, haya superado a Cataluña en poco tiempo sin Olimpiadas, sin alharacas, sin los favores políticos que el poder central ha otorgado al nacionalismo catalán a cambio de su apoyo al Gobierno de la nación -con González y con Aznar-, que han cobrado desde luego muy caro pero que no han servido más que para hundir a Cataluña en la mediocridad económica y en la descomposición civil en la que está instalada sin solución posible a la vista, como suele ocurrir cuando haces depender tu futuro de la subvención o de una norma injusta ‘ad hoc’, o cuando el proyecto político oficial está basado en una ensoñación rayana en una singularidad delirante.

En el caso de la relación entre el presidente Sánchez y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que hay es algo mucho más deplorable. Es el odio que le profesa el primero, y que nace de comprobar que el modelo liberal de bajos impuestos, de facilidad para las empresas, de cariño hacia los emprendedores y de promoción de una convivencia amigable, de buen rollo, digámoslo así, es como el espejo cóncavo valleinclanesco que refleja todas sus miserias: un país hundido por la pandemia que lidera la mortalidad del planeta, quebrado por la crisis económica en ascenso -con su retahíla de destrucción de negocios y de desempleo feroz-, y completamente falto de esperanza.

Esa animadversión es la que le llevó a visitar la semana pasada por primera vez un hospital, el de la Paz, desde que empezó el apocalipsis, justo el día que Ayuso estaba en Barcelona, la que explica que el ministro de Sanidad Illa no haya asistido a la inauguración del hospital Isabel Zendal construido en tiempo récord por Ayuso -no soportan que se hagan las cosas rápido y bien- y la que, malversando por completo cualquier clase de actitud honrada, le conduce a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña una armonización fiscal de dudosa legalidad e implantación a pesar de que impedirá que el Partido Socialista gobierne Madrid por los siglos de los siglos.

El Impuesto de Patrimonio fue instaurado en los tiempos de la UCD por el vicepresidente Fuentes Quintana con un fin meramente censal, en un momento en que la informatización de la burocracia estatal no concurría. Luego lo mantuvo ya Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda -a pesar de su escasa potencia recaudatoria-, y todos los que le han sucedido después, como los del PP, hasta que Zapatero, en un momento de transfiguración ideológica e inducido por Miguel Sebastián y el malogrado David Taguas lo eliminó sólo temporalmente, argumentando que era esencialmente injusto. Lo es, desde luego, porque los bienes acumulados ya han sido sometidos a una tributación anterior, para más inri progresiva, por lo que este impuesto, que no existe en ningún país de Europa -salvo en aquellos, pocos, en los que reemplaza el gravamen sobre el capital- es genuinamente confiscatorio.

Con el Impuesto de Sucesiones, algunos estúpidos intelectuales españoles de izquierdas, influidos maléficamente por otros contemporáneos americanos que tanto daño infligen a la causa capitalista como el inversor Warren Buffett, defienden que es una pieza clave en la igualdad de oportunidades. Pero, digo yo: ¡qué cojones tiene que ver una cosa con la otra! La gente corriente, desde el adinerado hasta aquel en situación más precaria, trabaja para sostener la familia, alberga la voluntad indeclinable de progresar -si logra evitar que los subsidios estatales no lo hundan en la molicie- y tiene la granítica determinación de dejar parte del patrimonio acumulado a sus hijos. ¡¡¡Sus hijos!!

A cualquiera con sentido común las evacuaciones espurias de estos intelectuales venenosos forrados de dinero sobre la igualdad de oportunidades le interesan y le afectan poco. La gente con dos dedos de frente ha ganado su dinero, lo ha ahorrado, y quiere que, cuando muera, sus hijos lo disfruten sin que el Estado les toque un duro, pues ya ha contribuido de largo por ese capital, y además en régimen progresivo.

Así que esto es el elitismo genuino, queridos amigos. Lo que dicen los tontos contemporáneos de Joaquín Estefanía o de Xavier Vidal-Folch en el diario ‘El País’ a más de 200.000 euros al año por escribir el mismo artículo lleno de sandeces. Los elitistas son los que están completamente apartados del pensamiento de la gente común, que desea legar a sus hijos el fruto del esfuerzo de toda una vida y se opone con beligerancia a que el Estado lo pueda socavar para satisfacer los caprichos y la falta de aptitud de los transeúntes y maleantes.

Como bien ha escrito el economista Juan Iranzo, la competencia fiscal es intrínsecamente positiva. Contribuye a que bajen los impuestos, y así favorece la localización del trabajo y del capital, incentiva la inversión y el consumo e impulsa a la vez el crecimiento económico y la recaudación. Constituye un alegato en favor de la responsabilidad política, obliga a los gobiernos que gastan a dar cuenta al tiempo de los impuestos que establecen, para que luego las urnas dicten su veredicto inapelable.

Esta es la política que ha seguido por fortuna Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la que practicaba su mentora Thatcher en el Reino Unido -que la condujo a ganar las elecciones sistemáticamente hasta que la traicionaron sus propios compañeros- y la misma que habría desplegado Aguirre como alcaldesa de Madrid hace seis años si el odio cerval que profesa Sánchez hacia la derecha no hubiera aportado el concejal que faltaba para la entronización del experimento fallido de Manuel Carmena en la plaza de la Cibeles.

Ejercer la responsabilidad, sin embargo, tiene a veces consecuencias muy desagradables. Sobre todo, si se hace en el sentido equivocado. Desde el golpe de Estado civil en Cataluña, casi siete mil empresas se han fugado de allí en busca de territorios menos hostiles, ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de circulación y de establecimiento. Esto es lo que no toleran los catalanes abducidos por el señor Rufián y sus secuaces, y lo que es difícil de digerir para Sánchez e Iglesias. ¡Que se jodan!

En sus años mozos, antes de que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro mostrara en el Gobierno de Mariano Rajoy su verdadero carácter socialdemócrata, el inefable nativo de Jaén tuvo algún alarde que merece la pena recordar. Decía que la mejor manera de reducir el déficit público era bajar los impuestos. Y así es, en efecto. La expectativa inicial de contar con menos ingresos -aunque luego suele ocurrir lo contrario- ejerce como un cinturón de castidad que sujeta el gasto público, conduce a su eficiencia máxima y achica el desequilibrio presupuestario.

Esta es la norma que ha inspirado a la Comunidad de Madrid con el PP al frente y que ahora el contubernio entre Sánchez, Iglesias y los independentistas de Cataluña quiere liquidar. La buena nueva de este empeño presidido por el odio al adversario, por la ausencia de tolerancia a la excelencia, por la falta de respeto a la autonomía fiscal y por la ausencia completa de recato político es que la izquierda no gobernará Madrid jamás.

El precio del «impuesto de secesión»
Editorial ABC 4 Diciembre 2020

El Gobierno logró aprobar ayer sus primeros Presupuestos Generales del Estado, que ponen fin a la larga etapa de los vigentes, aprobados por Mariano Rajoy en 2018. A las ya conocidas críticas que las nuevas cuentas han recibido de organismos públicos y privados, o de expertos economistas a izquierda y derecha del arco ideológico que han alertado del inasumible aumento del gasto, del riesgo de un déficit excesivo, y de la expansión de la deuda pública, se unen ahora dos nuevas y peligrosas derivadas por lo que suponen de cesión del Estado a la extorsión de los partidos independentistas.

La primera es una derivada económica, que ha movido a Pedro Sánchez a claudicar ante esta «alianza contra España» configurada por Pablo Iglesias con la entrega a ERC, el PNV o Bildu de 2.700 millones de euros adicionales que han arrancado a La Moncloa negociando enmiendas con nocturnidad y alevosía. Si a esta cifra se suma el coste global de sus exigencias expresas para inversiones adicionales, la cantidad se eleva a casi 4.000 millones. Ese es el «impuesto secesionista» que sufragarán los españoles para que Sánchez complazca a partidos minoritarios que llevan en su ADN la ruptura de la unidad nacional, la dinamitación del constitucionalismo y la fractura social en virtud de criterios de radicalización ideológica.

Estos presupuestos no son fruto del «consenso» pese a que la ministra de Hacienda se empeñe en manipular a la opinión pública con eslóganes enlatados. Son el precio que Sánchez paga, a costa del bolsillo de todos, para garantizarse cuatro años en La Moncloa. Y, sobre todo, para imprimir velocidad de crucero al proyecto que sustituya el actual marco de derecho por otro régimen en el que se reinterprete la historia a conveniencia de la izquierda, se adoctrine en las aulas, se intervenga la economía, se vulnere la separación de poderes, y se someta a jueces y tribunales. Lo aprobado por el Gobierno no son unas cuentas «progresistas» para rescatar a España de una profunda recesión, sino el pago descarado de un secuestro a manos del separatismo. Sánchez ya tiene la financiación necesaria con la que pagar el desguace de nuestro sistema tal y como lo hemos conocido en los últimos 42 años. Las sonrisas de Rufián, Urkullu, Iglesias, y muy especialmente de Arnaldo Otegui, tras esta reconversión del PSOE en un partido soberanista y autoritario, no requieren de mucha interpretación añadida.

La segunda derivada es estrictamente política. En pleno debate presupuestario, el Gobierno se ha descolgado con dos propuestas legislativas, a cual más antidemocrática. Si anteayer trató de maniatar al Poder Judicial para impedirle hacer nombramientos mientras su mandato siga en prórroga -lo cual es manifiestamente ilegal porque es tanto como suprimir por capricho su legitimidad-, ayer Sánchez permitió a Podemos proponer junto a ERC y Bildu una norma que erradique el español de las instituciones. Por la vía de consentir la utilización de las lenguas cooficiales en las Cortes, en la Justicia o en RTVE, el PSOE está alzando un paraguas legal que justifique la progresiva desaparición de la lengua oficial del Estado. Así de simple. Acabar con la «imposición legal» del castellano es tanto como derogar la piedra angular de la Constitución, su verdadera pieza de caza. No es algo simbólico en favor de la cooficialidad de las lenguas, sino otra estafa parlamentaria por muchos votos a favor que reciba.

La principal conclusión de este proceso de persecución sistemática a todo cuanto se identifique con «lo español» es que Iglesias se ha convertido en el auténtico presidente del Gobierno por su capacidad de ningunear a Sánchez y de aglutinar a los partidos que aborrecen la democracia. Todo en España está condicionado por el líder de un partido de 35 diputados cuyo mérito ha sido unificar a casi 60, que por separado carecerían de peso alguno en la gobernabilidad. Iglesias no es el vicepresidente del Ejecutivo de la nación. Es el embajador del independentismo en La Moncloa y el recaudador de lo que en su momento Albert Rivera denominó una «banda de extorsionadores». Por la vía de pervertir la legalidad vigente, pretende implantar una pseudolegalidad alternativa en las autonomías, cuyas instituciones Podemos se repartirá con ellos antes o después a modo de justiprecio. Por eso es tan descorazonador ver la incomprensible fractura de la derecha ante este ataque al núcleo del Estado, y el obsequioso silencio con el que el socialismo coadyuva la destrucción del sistema nervioso de la España democrática.

Sánchez abre un irresponsable periodo constituyente por la puerta de atrás
ESdiario 4 Diciembre 2020

El presidente se "compra" su aparente estabilidad a cambio de potenciar la agenda nacionalpopulista de unos aliados que solo le respaldan para conseguir sus objetivos.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con Podemos, Bildu, ERC y el PNV no es un hecho aislado ni termina ahí: es la continuación de un proyecto iniciado por Sánchez en 2018, con una moción de censura a la desesperada tras dos derrotas electorales, cuya culminación aún está por verse.

Pero lo visto ya, como peaje a la doble intervención del populismo y el independentismo que explica su Presidencia, produce pánico y se resume en una idea: aunque no lo llame así e intente disimular, Sánchez ha avalado desde entonces la apertura de un nuevo periodo constituyente, a escondidas, irresponsable y en un momento dramático para España.

Todo eso se percibe en una apuesta casi suicida en la que, a cambio de lograr una aparente estabilidad nominal en Moncloa, acepta una perversa hoja ruta de sus aliados, que pueden ser muy perniciosos pero no engañan: lo que esperan Bildu y ERC es público y notorio, siempre ubicado en su agenda separatista. Y el afán de Podemos por provocar un "cambio de Régimen" no es tampoco un secreto precisamente.

Si todos ellos respaldan a Sánchez es, simplemente, porque ven con ello más factible lograrlo. No es, pues, un apoyo constructivo a partir de un objetivo compartido y sustentado en el interés general; sino un negocio capcioso en el que cada uno busca su parte del botín, a costa de desvencijar un país cautivo de una triple crisis institucional, económica y sanitaria.

Sánchez tiene la obligación constitucional de sostener el andamiaje de España, pero es quien más lo debilita

Con ese panorama, no se puede aceptar a estas alturas la pretensión de Sánchez de que se puede iniciar ese viaje y, a la vez, desactivar el destino, como si pudiera engañar a quienes a la vez le conceden un poder intervenido.

Ni ellos se van a dejar, sin generar una crisis aún mayor, ni los hechos indican que ésa sea la intención del jefe del Ejecutivo. Al contrario, todas sus decisiones y concesiones indican en el sentido contrario y han puesto en marcha, vía hechos consumados, un periodo constituyente.

La habilitación de ERC y Bildu como socios preferentes; el abordaje al Poder Judicial; la exclusión del español; el veto al pacto transversal; el acoso a la Corona; la previsible concesión de indultos; el acercamiento de terroristas o las tremendas concesiones económicas, jurídicas, institucionales y hasta estéticas al separatismo y a Podemos avalan las peores intenciones de los aliados de Sánchez y sumen a España en una inestabilidad peligrosa.

Nada justifica a un presidente capaz de cruzar todas las líneas rojas con tal de perpetuarse en el poder. Y no hay retórica política ni perfume mediático suficiente para tapar ya la evidencia de que, quien más tenía que esforzarse por sostener el andamiaje institucional de la democracia española, más está haciendo por debilitarlo.

ERC, Bildu y la histórica solución final
Manuel Peña Díaz cronicaglobal 4 Diciembre 2020

"Hoy no acaba nada; empieza todo. Este bloque histórico debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas". Con esta inquietante afirmación Mertxe Aizpuru justificó el apoyo de Bildu a los presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez-Iglesias junto a sus “hermanos” de ERC. En una única frase la diputada repitió tres veces el adjetivo histórico como un envoltorio trascendente de tres sustantivos diferentes y sucesivos: bloque, política y solución. Sabemos quienes forman el bloque, la política de concesiones a ERC y Bildu empiezan a ser conocidas. ¿Y cuál es la solución? ¿por qué ha de ser histórica?

La intervención de Aizpuru parecía un alegato sobre cómo el poder puede y debe intervenir en la narrativa histórica. Como periodista veterana, curtida en las redacciones proetarras de Egin y Gara, la diputada supo medir muy bien sus palabras para que no que generasen estridencia alguna. Pero, tanta insistencia en lo histórico puede interpretarse como la necesidad de que el bloque maneje el relato histórico que se ha de fijar y explicar como canónico al conjunto de la ciudadanía. Con ese control del discurso, la política de dicha alianza ha de saber condicionar el presente y también el futuro de todo el país, en tanto que conforman --o dicen conformar-- una mayoría absoluta “progresista” de representantes.

Desde la tribuna del Congreso, Aizpuru se dirigió a sus señorías, pero sobre todo sus palabras iban destinadas a los ideólogos de Moncloa-Ferraz. Sin necesidad de ser explícita, la portavoz ha manifestado una y otra vez que Bildu comparte las líneas principales de la propaganda de PSOE y UP respecto a la Memoria Histórica. Las constantes alusiones a la herencia y a la represión franquista son comunes y reiterativas entre los aliados del cuatripartito, pero para Bildu y sus “hermanos” de ERC esa coincidencia no es suficiente. Estos movimientos nacionalistas necesitan administrar los silencios en el pasado, mediante el conocido recurso de realzar lo negativo sólo de una parte de la reciente Historia. Consideran que ha de quedar excluido de esa selección aquello que afecta a su imagen de luchadores por la libertad de sus patrias, ocultando el reguero de víctimas mortales que han dejado o la infinita nómina de afectados por sus políticas de señalamiento y exclusión identitaria.

En Silenciando el pasado (Comares, 2017), Michel-Rolph Trouillote ya recordó que el sesgo ideológico no es suficiente en la construcción del relato histórico, es imprescindible el sesgo político. Para este historiador no sólo hay que diferenciar entre “lo que sucedió y lo que se dice que sucedió”, sino también entre lo que se cuenta y lo que se silencia. Y es siguiendo esa secuencia de selección y silencio como se pretende llegar a la solución histórica.

Se supone que la solución es el reconocimiento del derecho de autodeterminación o, lo que es lo mismo, que Cataluña y País Vasco han sido y siguen siendo colonias; de ahí se deduce la imperiosa pero “democrática” convocatoria de un referéndum constitucional o consultivo. El resultado de dicha consulta ya lo conocemos, sólo será válido si ganan los partidarios de la secesión o descolonización, y si eso no sucede se ha volver a la casilla anterior, pero nunca a la primera. La solución ha de ser histórica porque es un punto de no retorno y porque es una solución final, es decir, supone culminar la progresiva eliminación de cualquier presencia de lo español en los territorios vascos y catalanes.

Por más que intenten disimularlo, el lenguaje de los nacionalistas es muy claro y coincidente. Entre los nazis --máxima expresión del nacionalismo en Europa-- también se utilizaron conceptos como normalización o solución final para dotar de argumentos históricos a convicciones ideológicas y mutarlas en prácticas políticas. Los eufemismos, sin calificativos trascendentales, no son suficientes para ocultar la ansiedad nacionalista por completar lo antes posible la segregación o la expulsión de disidentes. El exilio de varios miles de vascos y catalanes por no comulgar con el credo nacionalista ha demostrado la eficacia de esas políticas encaminadas a la solución histórica final.

No es necesario recurrir a la sacrosanta unidad de los nacionalistas españoles hiperventilados para encontrar argumentos políticos o culturales con los que denunciar esta alarmante y desacomplejada apuesta totalitaria de los socios nacionalistas del gobierno. Pero, resulta extraño que los socialistas eviten, en estos momentos, ser críticos con esas interpretaciones, olvidando ---como recuerda Trouillote-- que cada narrativa histórica es una afirmación de verdad, aunque no sea cierta. Ser pasivos ante esos relatos es ser cómplices y, por tanto, responsables de sus objetivos finalistas y de sus consecuencias.

Los socios del Gobierno exigen desterrar el español
Rocío Esteban larazon 4 Diciembre 2020

El primer pago del Gobierno a ERC fue incluir en la reforma de la Ley de Educación la eliminación del castellano como lengua vehicular en las escuelas. Ahora, los socios de Pedro Sánchez van un paso más allá en su hoja de ruta dirigida a reducir la presencia de la lengua oficial en todo el país y exigen «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal». Esto es, minimizar el uso del español en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas coficiales para acabar «con las discriminaciones linguísticas».

Unidas Podemos, ERC, Bildu, junto a JxCAT, CUP, el PNV, Más País, Compromís y el BNG vuelven a situar el castellano en el foco político para ahondar su estrategia rupturista. Registraron ayer una proposición no de ley (PNL) en el Congreso con el objetivo de instar al Ejecutivo a que se permitan en las instituciones nacionales el uso de las lenguas coficiales del Estado, «con independencia de su ubicación», alegando que existe una discriminación a los hablantes de estas lenguas. Consideran así que el Gobierno debe «asumir la realidad plurilingüe» del país.

Piden que las lenguas cooficiales «gocen de los mismos derechos y deberes que el castellano. Además, nacionalistas e independentistas demandan al Ejecutivo que garantice «el deber de conocimiento por parte del funcionario que preste servicios en territorio con lengua propia».

Los partidos firmantes reclaman el uso de todas las lenguas en instituciones como las Cortes Generales, así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como RTVE. En su exposición de motivos, las fuerzas políticas aseguran que el Estado debe ser «excluyente» de las discriminaciones linguísticas y le llaman a ser «consciente de la situación de discriminación a la que han sometido los hablantes de estas lenguas». Ven necesario «generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima». Piden «impulsar y apoyar reformas estatuarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan».

A juicio de estos partidos «la imposición legal exclusiva del castellano» afecta de «manera frontal al ámbito económico». Apuestan por «emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».

Si Bildu es «valiente» y «patriota», Sánchez es un cobarde ‘vendepatrias’
OKDIARIO 4 Diciembre 2020

Lo peor de todo no es que el Gobierno socialcomunista haya sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado con los votos, entre otros, de golpistas catalanes y proetarras, claves para despejar la legislatura, sino que el PSOE considere que esos votos son «valientes y patriotas». Que el socialismo español califique de ese modo a Bildu -«valiente y patriota»- dice mucho del rumbo que ha tomado un partido que, de la mano de Pedro Sánchez, ha decidido unir su destino a los herederos de una banda de asesinos y a quienes trataron de subvertir el orden constitucional. Si para aprobar unos Presupuestos Generales Sánchez acepta como compañeros de viaje a Bildu y ERC y se pliega a sus exigencias, habrá que convenir que la gobernabilidad de España depende como nunca de quienes se han declarado enemigos de la España constitucional.

Ese el gran problema de fondo: que para sacar adelante las cuentas del Estado, Sánchez se ha apoyado -a cambio de cesiones- en quienes ni creen en el Estado español ni se sienten concernidos con las instituciones españolas. Lo que está ocurriendo en España es que un partido que fue clave para apuntalar el régimen del 78 ha cambiado de bando y unido sus fuerzas a quienes pretenden quebrar el régimen del 78. Ni más ni menos.

Con Sánchez, el socialismo ha quebrado el pacto constitucional que consolidó nuestro sistema democrático y ha emprendido un peligrosísimo viaje a ninguna parte con unos compañeros de viaje que representan toda una amenaza para la estabilidad y la convivencia democráticas. Si el PSOE considera que Bildu es «valiente» y «patriota» por apoyar los Presupuestos del Gobierno, Sánchez es un cobarde ‘vendepatrias’, porque el apoyo de los herederos de ETA -lo han dicho ellos- busca romper la España constitucional.

Las palabras de Sánchez: «España dice adiós a otro tiempo y avanza decidida a un futuro de progreso. Gracias a todos los que han arrimado el hombro para sacar al país adelante» son suficientemente explícitas. Si el presidente del Gobierno considera que de la mano de Bildu y los golpistas de ERC España avanza «hacia un futuro de progreso», su concepto de futuro y progreso está en las antípodas de esa España de libertad que defendieron aquellos rectos socialista asesinados por no rendirse ante una banda de asesinos.

El PSOE aprueba introducir el euskera en el único canal en español de la ETB
JOSEAN IZARRA. Vitoria. El Mundo 4 Diciembre 2020

Las emisiones en español cuentan con una audiencia cercana al 9,6% mientras que los canales en euskera no superan el 2% de 'share'

El Partido Socialista del País Vasco junto a Podemos y los nacionalistas vascos ha dado un cheque en blanco a la dirección de la televisión vasca controlada por el PNV para que el único canal en castellano tenga cada vez más contenido en euskera acompañado de subtítulos. El grupo Euskal Irrati Telebista (EITB) cuenta con dos canales de televisión íntegramente en euskera, dos emisoras radiofónicas que utilizan sólo esta lengua autóctona y dos canales más que utilizan tanto el euskera como el castellano. Hasta ahora, ETB2 era el único canal con contenido en castellano.

El grupo EiTB es el medio de comunicación público más caro de España con una financiación del Gobierno vasco cercana a los 150 millones y un coste per cápita anual de 66 euros frente a los 38 euros de la televisión gallega o los 31 de la televisión catalaña. Tras cuarenta años de actividad, todos los partidos políticos vascos impulsan una reforma que se va demorando legislatura tras legislatura con continuas acusaciones hacia la dirección por el sesgo ideológico nacionalistas de sus contenidos que había sido denunciada también por el Partido Socialista de Euskadi hasta su incorporación al Gobierno de Urkullu en 2016.

Los socialistas vascos apoyan ahora que la televisión vasca utilice el canal en castellano para promocionar el uso del euskera tras constatar el exiguo resultado obtenido por ETB1. Los datos de audiencia entre ambos canales no dejan lugar a dudas sobre las preferencias de los televidentes vascos que convierten día tras día a Tele5 como la cadena más vista. El canal en castellano de la tele vasca tiene una audiencia media del 9,6% mientras que ETB1 (el canal en euskera) ha logrado el último mes una audiencia de 1,9%. ETB3, también en euskera y destinado a un público infantil, arroja datos de 0,3% mientras que ETB4 (un contenedor de programas antiguos en euskera y en castellano) se sitúa en torno a un 0,7%. Los responsables de la televisión vasca decidieron emitir todos los contenidos deportivos en ETB1 para elevar unas décimas su audiencia y mantienen como contenido estrella las retransmisiones de partidos de pelota y la competición de traineras que llenan las parrilas los fines de semana.

Pese a la diferencia en las enormes audiencias entre el canal en castellano y el de euskera, la televisión vasca destina anualmente 75 millones de euros a cada uno de ellos. Según un informe elaborado en 2019 por la propia televisión vasca, el 84% de los encuestados defienden la continuidad de dos canales diferenciados y sólo la mitad de ellos se mostraban a favor de que en el canal en castellano se incluyeran contenidos en euskera con subtítulos. Ni en el citado informe registrado en el Parlamento Vasco ni en el debate parlamentario que aprobó esta irrupción del euskera en el canal en castellano se planteó que también sean subtitulados en español los contenidos en ETB1.

Tanto PP y Ciudadanos como Vox cuestionaron el acuerdo entre socialistas, PNV y Podemos para propiciar este «impulso progresivo» del euskera en el único canal de la televisión vasca que hasta ahora utilizaba mayoritariamente el castellano. La parlamentaria de Vox Amaia Martínez denunció la «imposición lingüística y manipulación social» de la medida adoptada en una televisión señalada por la emisión de un documental que convertía a José Antonio Urrutikoetxea 'Josu Ternera' en una figura política de la desaparición de ETA sin mención hacia las víctimas. Tras no hacer nada para impedir su emisión en la televisión vasca, el lehendakari Urkullu reconoció públicamente el sesgo ideológico de su contenido al obviar los casi 1.000 asesinatos de la banda terrorista.

El documental 'País Vasco y libertad, un largo camino hacia la paz' fue emitido en ETB1 pese a que la eurodiputada vasca Maite Pagazaurtundua había denunciado públicamente su contenido y elaborado un amplio dossier con las tergiversaciones utilizadas por su director para blanquear la trayectoria criminal de quien fuera máximo responsable de ETA. Ni Urkullu ni el consejero de Cultura y Política Lingüística Bingen Zupiria del quien depende EiTB hicieron nada para impedir su emisión en la televisión pública vasca.

La sociedad civil impulsa una recogida de firmas para lograr “Otra Ley Electoral” en la que cada voto valga lo mismo
Intelectuales inician una campaña en la que apuestan porque se otorgue más poder al ciudadano, haya menos sobrerrepresentación territorial y se impulse el talento en la política
C. S. Macías larazon 4 Diciembre 2020

Una iniciativa ciudadana llamada #OtraLeyElectoral (OLE) ha iniciado una campaña que surge en el seno de la sociedad civil y que pretende ser “abierta; constructiva; inclusiva; integradora y transversal” con la que promueven mediante una recogida de firmas, en change.org, un cambio en la Ley Electoral.

Con ello tratan de abrir el debate en la sociedad y colocar en la agenda de la política nacional la que consideran una “medida necesaria”. Los promotores de esta campaña destacan que el sistema electoral actual pudo jugar un importante papel durante la Transición democrática, pero que hoy precisa de una urgente adaptación a las condiciones sociales y políticas que existen en España, para así apuntalar y fortalecer nuestro actual sistema democrático.

Destacan que la reforma de nuestro sistema electoral es algo que demandan millones de personas y que casi todos los grupos políticos contemplaban en sus programas electorales, aunque, recuerdan “ninguno hasta ahora se ha propuesto firmemente a llevarla a cabo”. La campaña tiene como objetivo hacerse eco de todas esas “voces huérfanas y servir de altavoz para canalizarlas institucionalmente a través de una masiva recogida de firmas”.

Que el voto de las personas valga lo mismo, que se otorgue más poder al ciudadano, menos sobre sobrerrepresentación territorial e impulsar el talento en la política, son los objetivos de esta reforma que pretenden impulsar.

Iñaki Ezquerra, uno de los promotores, defiende la necesidad de hacer valer el principio de “un voto, un ciudadano”, que valga lo mismo, que no pese más el de un territorio sobre otro. También apuesta porque los políticos no sean sumisos a lo que mandan los partidos o sus jefes de partido y que haya una clase política más cercana a la ciudadanía. “Una democracia representativa, no sustitutiva, que no se dedica a suplantarnos”, destaca.

Apunta cómo la ley electoral actual estaba destinada a garantizar la estabilidad del bipartidismo, pero hoy “se ha demostrado más inútil que nunca”; donde los males que padecemos no son espontáneos sino recurrentes, siempre vuelve a aparecer el concepto de la territorialidad y la solución que se nos propone es el territorio por encima del individuo, fantasmas que dijo " hay que combatir con esta propuesta de otra ley electoral”.

¿Por qué es tan importante esta máxima? Elisa de la Nuez jurista (abogada del estado) y secretaria general y coeditora de la web jurídica de la Fundación “Hay Derecho” destacó que el actual sistema da un plus a las provincias con poca población que les hace estar “sobrerrepresentadas”. Por tanto, alcanzar un número de votos beneficia a los partidos tradicionales por lo que “hay resistencia a cambiarlo”. Subraya la diferencia “enorme” que existe entre sacar un escaño en Madrid con respecto a Soria, por ejemplo. “Habría que, si se quiere mantener como circunscripción electoral la provincia, reducir el número de diputados que elije cada una. Es más fácil hacer una reforma a través de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General que a través de la propia Constitución”. En la misma línea Victoria Rodríguez, Jurista y Politóloga recuerda cómo la candidatura de Teruel Existe, la gran novedad de 2019, consiguió su escaño con menos de 20.000 votos pero Compromis necesitó 175.000 para conseguir su escaño. “La ley debe ser modificada y sería deseable un consenso entre todas las fuerzas para conseguir otra ley electoral”

“Ineptocracia”
Gonzalo Sichar, profesor de antropología y ex diputado de Cs arremete contra la “ineptocracia”, donde se alimenta a los mediocres y se expulsa al verdadero talento. Políticos que “repiten en las listas siendo palmeros, sin ningún tipo de discusión, que no tienen la preparación adecuada, donde la trayetoria profesional del político está vacía”. “¿Cuántos políticos han sido cesados por un error, pero lo que se ha hecho es recolocar en otro sitio?”, se pregunta. Destaca cómo los gobiernos de coalición “salen más caros” porque “en vez de repartirse el pastel se ponen dos tartas”. Además, advierte de que los legisladores no van a querer la reforma porque “están siendo beneficiados del sistema viciado. Necesitamos otra ley electoral. El reto es difícil, no se ha hecho nunca en la historia de España, por eso tiene que salir de la sociedad civil. Y si lo conseguimos”.

Lorenzo Abadía defiende que a “toda idea le llega su hora. La campaña de la reforma de la ley electoral creemos que tiene su hora y que es esta”.

También, en la presentación participaron dando su mensaje de apoyo a la campaña OLE entre otros Albert Castillón, Agapito Maestre, Alejandra Alloza, Anna Grau, Antonio Sola, Antonio Robles, Eduardo Sotillos, Emilia Sánchez, Fernando Savater, Gorka Maneiro, Inma Ranera, Ray Cazorla, Francisco Sosa Wagner, Sixto Cadenas, Enrique del Olmo, Prof. Sociología. Fundador y presidente de +Democracia o Cristina Monge. Politóloga y Doctora, profesora Sociología.

El paraíso fiscal de Madrid
Antonio Robles Libertad Digital 4 Diciembre 2020

Están en todas partes. Ahora, dando el coñazo a Madrid.

En una de las visitas del alcalde de Barcelona Joan Clos a Madrid, le preguntó asombrado a su homólogo Ruiz Gallardón cómo podía disponer de tanto presupuesto para construir una red de metro tan extraordinaria. Su colega le respondió: “Porque Madrid no tiene que construir una nación”.

Por aquel entonces, el Estado aún no había transferido a las comunidades autónomas tantos tramos fiscales para recaudar impuestos como ahora poseen, pero la diferencia de gestionar los recursos de que disponían ya entonces dejaba en evidencia el derroche de los nacionalistas catalanes frente a los madrileños.

La evidencia ha ido en aumento y, endeudados ahora hasta las cejas, catalogan a Madrid de paraíso fiscal y lo acusan de practicar dumping fiscal con el resto de las autonomías. Miren que lo tienen fácil, bajen los impuestos, no monten ciscos con referéndum ilegales, garanticen la seguridad jurídica en vez de promover la ocupación de viviendas, mimen a sus empresas, no excluyan a sus ciudadanos por su lengua y dejen de derrochar el dinero público con la promoción de la ruptura con España.

Tiene guasa que sean precisamente los nacionalistas quienes propongan ahora armonizar los impuestos para evitar que Madrid atraiga inversiones y empresas que huyen de Cataluña. Fueron ellos quienes se opusieron frontalmente a la ley de armonización autonómica a principio de los ochenta. La malograda Loapa. Son los nacionalista quienes han querido hacer rancho aparte siempre, quienes se han opuesto al café para todos desde el principio de la Transición, y cuando los socialistas han entrado en ese fregao ha sido para remarcarlo con eso del federalismo asimétrico. Y del cupo y el concierto vasco y navarro, ni pío. La eterna ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Estamos ante un niño consentido al que le seguimos riendo las gracias. Hasta que llegó Ayuso y mandó parar.

Esta señora llamada Isabel Díaz, y que sin explicarme por qué toda la prensa la llama por su segundo apellido, Ayuso, les acaba de dar en el morro con una nueva unidad de medida, el zendal. Con notable éxito. A unas horas del hallazgo, todo el mundo lo utiliza para hacer comparativas: TV3 nos cuesta a los contribuyentes 3 zendales, fomentar el independentismo, 17 zendales, y así. La unidad de medida parte del coste del hospital de emergencia Isabel Zendal, recién inaugurado en Madrid, con un coste según Rufián de 101 millones de euros. Un despilfarro, al criterio de este lumbreras.

Si esta señora sigue así va a curar a su partido de la complejitis tradicional de los suyos ante el nacionalismo catalán. Ya la pintan de Agustina de Aragón algunos tuiteros. No me extraña, sólo una leyenda puede salir viva del acoso y derribo a que está sometida por Iván el Terrible y el psicópata que lo contrató.

Me descubro ante el desparpajo de la señora. Linko sus hazañas para evitar quedarme sin espacio sin que ustedes aprecien los zascas que dedica al Gobierno social-comunista y a sus mariachis étnicos. Lo de social-comunista no lo digo yo, así lo acaba de bautizar a bombo y platillo Pablo Iglesias, el engreído.

A lo que iba. No quería dejar de hacerles partícipes de un hecho histórico de la máxima relevancia: Joaquim el Torra acaba de ceder al Museo de Historia de Cataluña la pancarta por la que fue condenado a un sueldo de expresidente para toda la vida con aquella frase de mármol: Llibertat Presos Polítics i Exiliats. No ha podido ser más oportuno, hace honor a un museo de cartón piedra con una fake news en toda regla. Como niños malcriados, así viven sus hazañas de Rin Tin Tin, financiados con nuestro dinero. Están en todas partes. Ahora, dando el coñazo a Madrid.


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