Asociación G. para la Libertad de Idioma
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Desde 1.988 defendiendo los derechos humanos y constitucionales
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Feliz

Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Los recortes de ayer al final de la página
  
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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Índice General

Recortes de Prensa   22 octubre 2019
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Artículos y Conferencias
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

 

AGLI Recortes de Prensa   Martes 22  Octubre  2019

Cómo fiarse de Sánchez el profanador
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2019

Tras una semana de disturbios callejeros alentados por los capos separatistas, que han devastado el centro de Barcelona y dejado más de trescientos policías heridos (uno de ellos en estado muy grave), la respuesta del presidente del Gobierno ha sido visitar una comisaría de la Ciudad Condal para infligir un discurso electoralista a los sufridos agentes allí presentes. Un discurso electoralista y cantinflesco, con pasajes inenarrables como éste: "Es evidente que los radicales y los violentos han decidido que Barcelona sea el teatro de operaciones para trasladar fuera, y también al conjunto de la sociedad española, su contestación, e incluso también convertirlo en algo mucho más extraordinario de lo que sin duda alguna lo es".

Gran cobarde, Pedro Sánchez ni siquiera tuvo este lunes la gallardía de someterse a las preguntas de los periodistas, en unos momentos de grave crisis social y política. En lugar de atender a tan elemental deber político, Sánchez orquestó su visita a Cataluña como un acto más de su campaña electoral, que por la tarde continuó en Castilla-La Mancha "con toda normalidad", como diría su deplorable ministro del Interior, ese Fernando Grande-Marlaska que se ha ganado la enemiga de todos los sindicatos policiales.

Pero nada es normal en la España de Sánchez, y mucho menos en la Cataluña de su gran facilitador Torra, energúmeno que debería no sólo estar fuera de la Generalidad sino sometido a escrutinio exhaustivo por parte de la Fiscalía General del Estado. En lugar de actuar como debe un gobernante en horas críticas para su nación, Sánchez se ha limitado a remitir al esbirro del prófugo Carles Puigdemont una carta en la que le pide melindrosamente que deje de excitar a los violentos y condene sus acciones.

Un presidente del Gobierno no está para someter a terapia emocional a un hatajo de golpistas con mando en plaza, sino para reprimir con toda la fuerza del Estado de Derecho a quienes amenazan el orden constitucional y ponen en peligro la seguridad ciudadana. Pero Pedro Sánchez se niega a cumplir con su deber. Él prefiere darse a profanaciones que tienen por objeto dinamitar los pactos de la Transición. Como para confiar en que vaya a ser él quien cumpla y haga cumplir la Constitución.

Los españoles se juegan el 10-N la mayor subida de impuestos de la historia
M. Llamas Libertad Digital 22 Octubre 2019

PSOE, Podemos y Más País incluyen en sus programas una larga e intensa lista de incrementos fiscales a familias y empresas.

España no sólo se juega la formación de un Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre (10-N), sino la aprobación de la mayor subida de impuestos de la historia reciente, a la vista de la larga lista de incrementos tributarios que incluyen los partidos de izquierda en sus respectivos programas.

Así, en caso de que el PSOE obtenga el respaldo suficiente en las urnas para alcanzar algún tipo de acuerdo con Podemos y Más País, todas las promesas de gasto que han anunciado durante la campaña se acabarán traduciendo, de una u otra forma, en un histórico palo tributario, cuyo impacto, aunque no ha sido estimado en los programas, superará de lejos la subida de 5.000 millones de euros que aprobó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, a finales de 2011.

Y es que, a las medidas impositivas que ya han barajado en diversas ocasiones Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se suman ahora las que plantea Íñigo Errejón a través de su nueva formación, dando como resultado una nutrida retahíla de incrementos fiscales. Entre las medidas presentadas en los pasados comicios de abril, que todavía persisten, y las nuevas de cara a noviembre, destacan las siguientes:

Subida mínima de dos puntos en los tipos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para los de más de 300.000 euros.
Subida mínima de cuatro puntos en el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%.
Aplicación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, que subiría al 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos.

Recorte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Aplicar un tipo agravado en el Impuesto de Sociedades a las empresas "contaminantes".
Incremento de las cotizaciones a través de una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Disparar los costes laborales mediante la fijación de una semana laboral de 4 días (32 horas semanales) sin reducción salarial.
Aumento de las cotizaciones que pagan los autónomos bajo la excusa de adecuar dicha contribución a sus ingresos reales. El 80% de los autónomos cotiza por la base mínima, de modo que la mayoría pasaría a cotizar más para poder trabajar.

Destopar las cotizaciones sociales a los sueldos de más de 45.000 euros brutos anuales, lo cual supondría un pago medio de 2.200 euros al año por trabajador, aumentando, además, el coste laboral para, al menos, dos millones de asalariados.
Aumentar la fiscalidad del diésel con el fin de equiparar su precio al de la gasolina, perjudicando con ello a la mitad de los conductores.

Armonización fiscal a nivel autonómico, lo cual se traduciría en la reintroducción del Impuesto de Patrimonio en todo el territorio nacional, a partir de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros, y en una subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las regiones que lo han eliminado o reducido de forma sustancial.
Elevar el IVA a los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares.

Creación de la tasa Google a empresas tecnológicas.
Creación de la tasa Tobin a transacciones financieras.
Endurecer el régimen de las Sicav para elevar su tributación.

Endurecer el régimen de las Socimi (empresas de inversión colectiva en inmuebles en alquiler) para que, entre otras medidas, paguen un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Eliminar las ventajas fiscales que disfrutan los planes privados de pensiones, cuyos partícipes rondan los 7,6 millones de personas.
Incremento sustancial de la factura eléctrica debido al fomento de las energías renovables.

Limitación de vuelos nacionales y encarecimiento generalizado de los billetes de avión mediante el aumento del IVA, un mayor gravamen al queroseno y la creación de una tasa adicional y específica a este tipo de viajes.
Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de plástico de un solo uso, embalaje o de productos de usar y tirar.

Subida del impuesto de matriculación a todos los vehículos que emitan CO2, frente al umbral mínimo actual de más de 120 g/km, y una nueva elevación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Nuevos aranceles mediante la creación de un "impuesto de carbono" en las fronteras de la UE que se aplicaría a las actividades intensivas en energía, desde el transporte aéreo y marítimo a los sectores industriales más contaminantes procedentes de terceros países.

El separatismo destroza la economía catalana: pierde 1.033 millones y dispara el cierre de empresas un 42%
Carlos Cuesta okdiario 22 Octubre 2019

Carles Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras se han encargado de hundir la economía catalana con su aventura separatista y golpista. Desde el referéndum ilegal del 1-O el destrozo de la economía de la región es más que notable, ya que pierde más actividad que el resto de España –1,5 puntos más–; retrocede en producción industrial a un ritmo del 24,3%; se queda sin inversión extranjera a ritmos del 2,5% y, además, el cierre de empresas se dispara un 42%. Todo ello, según un informe que recopila el PP en base a datos oficiales y que irá divulgando a lo largo de la campaña electoral.

“El intento de golpe de Estado independentista, además de ser un atentado contra la Constitución, todo el ordenamiento jurídico y contra la convivencia ciudadana, también tiene aspectos económicos muy negativos”, comienza el citado informe económico de los ‘populares’. “Nada más proclamarse la DUI, muchas empresas comenzaron a irse de Cataluña para huir del escenario de miseria que el independentismo originaría. Eso provocó que muchas empresas –más de 4.000, con una facturación de más de 100.000 millones de euros– cambiasen su domicilio social y operativo”, añade el estudio.

Pero el daño es mayor, tal y como detalla el estudio, porque el proceso de la aprobación de la DUI hizo perder a la economía catalana “433 millones de euros de actividad económica, principalmente en el sector turístico, donde se perdieron 180.000 turistas, según Exceltur y 319 millones menos de actividad económica”.

“Ahora, con el terrorismo callejero tras la sentencia del Tribunal Supremo, también está generando importantes mermas en la actividad económica, de manera que tendrá un descenso de actividad económica de 600 millones de euros. Es más, sólo el corte de carreteras tiene un impacto negativo económico diario de 25 millones de euros y Seat, por su parte, al temer por sufrir vandalismo en su planta, dejará de producir 3.500 vehículos”.

El dato global es notable: “En resumen, esto suma un deterioro de la actividad económica en Cataluña de 1.033 millones de euros, que empobrecerá a la región catalana. Está haciendo descender el PIB en 457 millones de euros, que serán adicionales a lo que descienda por la desaceleración económica y, además, está provocando una pérdida de 8.000 empleos adicionales a la pérdida de empleo que provoque la ralentización económica

El efecto repartido por indicadores económicos confirma esta tendencia.
El PIB en Cataluña crece 1,5 puntos menos interanual que antes del referéndum, pero, no sólo eso, además, el crecimiento interanual de la industria cae un 0,6% interanual, cuando crecía un 5,1% en el momento del referéndum y el Índice de Producción Industrial ha descendido un 24,3% desde el 1-O.

También, según reflejan los datos, ha aumentado un 42,1% la disolución de empresas, llega un 2,5% menos de inversión extranjera que antes del referéndum, pese a que ya había descendido entonces, y, además, Cataluña tiene 2.412,5 millones más de deuda, hasta acumular casi 80.000 millones de deuda en valores absolutos.

El 75% de esta deuda está financiada por el Tesoro, a través del FLA y de los mecanismos extraordinarios de financiación, “porque, si no, Cataluña quebraría”. Y, además, “una hipotética independencia de Cataluña mermaría su PIB en un 25% –57.819 millones menos–, perdiendo 720.000 empleos, que elevaría la tasa de paro de Cataluña, casi triplicando la actual, hasta el 29,8%”.

Atacan a la Policía, atacan al Estado
Cristina Losada Libertad Digital 22 Octubre 2019

El relato, siempre el relato, incluía estos días un capítulo sobre los violentos infiltrados. No los "infiltrados" de los que habló Torra. La credibilidad de ese cuento duró aproximadamente lo mismo que la proclamación de la república que hizo su jefe antes de huir a Waterloo. No a esos, sino a los turbios anarquistas griegos, italianos o alemanes que se habrían venido a incendiar Barcelona, se han referido muchos para explicar el grado de violencia de los disturbios e impartir a la opinión pública dos nociones engañosas. La idea de que la responsabilidad de la violencia más dura no provenía de los independentistas catalanes, sino de los turistas revolucionarios. Y la reducción de los ataques a los agentes de policía al nivel habitual en los disturbios graves en cualquier lugar siempre que participan radicales expertos en guerrilla urbana.

Es muy posible que hubiera antisistema violentos de otros países en las batallas campales que acaban de producirse en Barcelona. Eso pasa. Todavía no se ha informado de la detención de ninguno de ellos, pero dejémoslo estar. Lo importante es que no hay manera de eludir la responsabilidad del independentismo catalán. Lo importante es que hay una especificidad que lo vincula directamente con la violencia inusitada que han empleado los manifestantes contra los agentes de policía. Esa especifidad, ese hecho diferencial, por así decir, procede del relato separatista, de su agitprop y de su discurso. No hay manera de obviarlo: el independentismo ha puesto en la diana a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No los radicales venidos de fuera, sino los radicales de dentro. Y lo demuestra el único relato que debe importar: el de los hechos.

La hostilidad hacia las fuerzas de seguridad españolas se vio claramente desde las semanas previas al intento de golpe de octubre de 2017. No fue una hostilidad casual y anecdótica. El hostigamiento, en distintas poblaciones, a los agentes que estaban alojados en hoteles fue instigado o contó con la aprobación de dirigentes independentistas y autoridades locales. Varios hoteles se vieron forzados a pedirles que se fueran por temor a represalias. Los policías alojados en los barcos atracados en el puerto de Barcelona fueron sistemático objeto de burla y violencia verbal, y la organización de estibadores (OEPB), cuyo rostro en bruto vimos estos días, los puso en la lista negra. Las dependencias de la Policía Nacional en Barcelona y otros lugares tuvieron que afrontar algaradas, al igual que las de la Guardia Civil. En centros de enseñanza, los hijos de guardias civiles fueron señalados, culpabilizados y sometidos a humillación. Por cierto: el caso contra los profesores denunciados se archivó en julio de este año.

No son anécdotas, nada de causalidades. No es en absoluto casual que el objetivo de la agresividad de los manifestantes independentistas fuera ahora la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en Vía Laietana. Saben lo que hacen y lo saben –esto sí– los que agitan y dirigen a las masas. No es sólo que el separatismo haya adoctrinado a sus huestes con la especie de que las fuerzas de seguridad del Estado son "las fuerzas de ocupación" y que, en consecuencia, los fanatizados se descontrolen, ataquen a los agentes con rodamientos o motosierras y les griten que van a matarlos. Es un descontrol querido. Inducido. Es objetivo de la dirección política separatista que haya un clima de agresión, y efectivas agresiones, a las fuerzas de seguridad del Estado. Porque son uno de los elementos cruciales de la presencia del Estado en Cataluña –de lo que queda de esa presencia– y representan el monopolio del uso legítimo de la violencia que tiene el Estado y lo caracteriza.

No hay manera de obviarlo. No desde el otoño de 2017, no desde estos disturbios. El independentismo catalán deslegitima y hostiga a las fuerzas de seguridad del Estado con plena conciencia de lo que hace. Ha traspasado el umbral de la espiral más peligrosa.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los efectos de las políticas del odio
Editorial El Mundo 22 Octubre 2019

Los miles de jóvenes que durante una semana han mantenido en jaque a las fuerzas de seguridad y han sembrado el caos, el desorden y el terror en las incendiadas calles de Barcelona son producto de un fracaso colectivo que tiene su origen, entre otras razones, en una educación muy ideologizada. Muchos de ellos forman parte de la que ya es conocida como generación del procés, alumnos de entre 14 y 16 años que han sido educados en centros públicos, privados y concertados donde el nacionalismo ha impuesto el adoctrinamiento cultural y político como rutina escolar. La interrupción de las clases como forma de protesta, la organización de votaciones de alumnos para asistir a huelgas y el uso de instalaciones escolares para hacer asambleas en horas lectivas -todo ello con el consentimiento de los profesores y los directores de los centros- son algunos ejemplos de las perniciosas consecuencias que para varias generaciones de estudiantes ha tenido el control durante décadas de la enseñanza por parte del nacionalismo.

Tal y como publicamos hoy, estos alumnos han superado en radicalismo a sus profesores y participan activamente en las protestas, sin esconderse ni ocultarlo. Es más, suben sus propias fotos a las redes sociales mientras participan en cortes de carreteras, en el incendio de contenedores, en la paralización de la aulas o luciendo pancartas guerracivilistas del tipo "Somos las nietas de los republicanos que no pudisteis matar en el Ebro". Nada de esto ocurre en otras comunidades en las que no se han normalizado las políticas del odio impuestas en Cataluña, en cuyas aulas se educa en clave de amigos y enemigos y se señala a los que se considera hostiles a la patria. Sin embargo, en lugar de romper con los responsables políticos e ideológicos de esa situación, Pedro Sánchez mantiene los pactos que tiene con ellos en decenas de municipios catalanes y en la diputación de Barcelona. De nada sirve escenificar una ruptura del diálogo con Torra, como hizo ayer en su visita a la Ciudad Condal, si no se decide a actuar de forma contundente contra un movimiento que no solo no condena la violencia, sino que ha encargado la defensa jurídica del huido Carles Puigdemont a Gonzalo Boye, un personaje de pasado terrorista e investigado por la Audiencia Nacional por blanqueo de fondos del narco Sito Miñanco.

La realidad actual, no obstante, es el resultado de la irresponsabilidad en cuestiones educativas de los sucesivos gobiernos desde la Transición. Hasta ocho leyes de Educación se han promulgado -y siete de ellas derogado- en apenas 40 años, impidiendo la continuidad de unos planes de estudio que cumpliesen un doble objetivo esencial: formar a los estudiantes para que puedan comportarse como ciudadanos de una democracia liberal y ofrecerles las herramientas necesarias para competir como trabajadores en un mercado globalizado cada vez más exigente.

La peligrosa inacción del presidente
Editorial ABC 22 Octubre 2019

La gestión realizada por Pedro Sánchez para paliar el daño causado por el separatismo en Cataluña es tan ineficaz como temeraria. Durante la última semana, lo único que se conoce de lo realizado por Pedro Sánchez se reduce a contener a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras eran atacados, a no atender las llamadas telefónicas del chantajista Joaquim Torra y a una operación propagandística de lavado de imagen visitando a los agentes heridos en el hospital. Poco más se conoce de por qué el Gobierno no ha actuado con más contundencia, permitiendo durante demasiadas noches el salvajismo batasunizado de miles de individuos que han convertido la destrucción de Cataluña en su única causa. Es cierto que Torra ha perdido toda la dignidad del cargo que representa negándose a condenar la violencia y rechazando desmarcarse del vandalismo de los llamados «comités de defensa de la república». Torra no solo se ha ridiculizado a sí mismo en un sketch semipublicitario para denunciar que Sánchez no atiende sus llamadas, sino que ha perdido la perspectiva y carece de la más mínima autoridad. Se ha convertido en un pelele de la ultraviolencia, capaz de presentarse en público como instigador y víctima a la vez. Sin embargo, Sánchez sí debió atender sus llamadas telefónicas.

El presidente defensor del «diálogo siempre y antes que nada» debería hablar con Torra para decirle que está poniendo en peligro la democracia en Cataluña, que es el primer pirómano, que es un irresponsable político y que Cataluña no merece menos que su dimisión inmediata. Pero Sánchez contemporiza y aparenta. No quiere implicarse en una estrategia que pudiera restarle votos en Cataluña, y por eso no ha querido ejercer el legítimo control de los Mossos, cuando habría sido lo idóneo. Reducir todo lo ocurrido, como ha hecho su ministro del Interior, a una mera cuestión de desórdenes públicos es ridículo. Más aún cuando una casa bien conocida por él, como es la Audiencia Nacional, mantiene imputados por terrorismo a siete miembros de los CDR. No basta con las palabras. No basta con que Sánchez diga que los miembros de las guerrillas urbanas de los últimos días pagarán ante la Justicia. Faltaría más. Han sido miles los causantes de un destrozo material y emocional en Cataluña, y sin embargo los detenidos apenas alcanzan unas decenas. Salvo en cuestiones internas y orgánicas del PSOE, donde es implacable, Sánchez tiene un problema con la autoridad. En Cataluña hay quien incumple la ley de modo sistemático, y con meras advertencias -es a lo más que alcanza Sánchez- no va a conseguir que depongan su actitud insurrecional. Siete días de vandalismo en Cataluña por siete días de pasividad y parálisis de Sánchez. Es hora de que reaccione.

¿Quién defiende a los otros catalanes?
 larazon 22 Octubre 2019

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se esforzaba en transmitir tranquilidad por los graves incidentes de violencia vividos en Cataluña a lo largo de la semana pasada calificándolos como una cuestión de «orden público», el presidente del Gobierno pudo comprobar ayer el grado de odio e irracionalidad que existe en amplios sectores de la sociedad catalana. En definitiva, el verdadero motor político del nacionalismo. Pedro Sánchez decidió acudir, al fin, a Barcelona y en su visita al Hospital de Sant Pau donde están ingresados los policías heridos y fue recibido con gritos y las tradicionales consignas secesionistas por personal sanitario y médicos del centro.

 Suponemos que la imagen se le habrá quedado grabada, porque, además de un problema de orden público, pudo comprobar que sobre todo existe un problema de invasión del espacio público e imposición del credo nacionalista, incluso allí donde habría que preservarse con respeto: un hospital en el que está ingresado un policía nacional en estado crítico tras un brutal ataque de los manifestantes. Es obligación del presidente del Gobierno en funciones preocuparse del estado de los servidores públicos heridos en defensa del orden democrático y mostrarles su apoyo, como así hizo en su visita a la comisaría de Vía Layetana.

Pero es inadmisible que el Gobierno haya prohibido la entrada a la Jefatura Superior de Policía al líder del PP, Pablo Casado, que acudió con la misma misión que el candidato socialista: mostrar su apoyo a los que habían sufrido el asedio durante horas por manifestantes independentistas. Esta negativa–-extrañamente después de que la Delegada del Gobierno fuese informada– es, además, inoportuna, tratándose del jefe de la oposición, quien ha dado sobradas muestras de lealtad institucional. Un flaco favor a la causa de la democracia en Cataluña, que necesita ser reforzada ante el envite de los violentos, de los comprensivos pacifistas que arrojan bolsas de basura y de la propia Generalitat, con su presidente a la cabeza.

Si algo no necesita Cataluña es sectarismo, electoralismo y la política de bajo vuelo. Puede comprenderse que los sondeos no le sean favorables, pero de un gobernante, y en esta tesitura crítica, se espera mucho más. Parece que Sánchez no es consciente de la gravedad de la situación, tal vez informado muy amilbaradamente por Miquel Iceta, que lo fía todo a un futuro acuerdo con ERC, incluso con lo que queda de los viejos convergentes, pero no debería minimizar el enorme hastío que esta crisis y largos años de «procés» está teniendo en los catalanes no nacionalistas, una Cataluña que trabaja y se ha mantenido en silencio, que vive la política oficial desde la lejanía, que ha soportado que se arrollaran sus libertades en el otoño de 2017 y que ahora asiste incrédula y huérfana al último asalto del independentismo. No debería menospreciar el desamparo político de una buena parte de los catalanes, que esperan algo más que una visita de dos horas a Barcelona –obligada, por supuesto– y no contemporizar una situación en la que nos jugamos el futuro.

Sánchez decidió hacer coincidir el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo con la campaña electoral, convencido de que la reacción sería mínima, que él debería aparecer como el único capaz de solucionar un inmenso problema, pero se ha demostrado de una gran irresponsabilidad. De nuevo, ha sido mal informado por alguien que confunde el deseo –poder contar de nuevo con los votos del independentismo para seguir en La Moncloa– con la realidad: en estos momentos la holgada mayoría que buscaba al repetir las elecciones puede no cumplirse. Pablo Casado situó el verdadero problema de Sánchez, y es que debe actuar en el cumplimiento de la ley en Cataluña y romper con ERC y PdeCAT, partidos en los que se sostuvo para alzarse con la moción de censura y el Gobierno. Ese es su verdadero problema.

Nadie al mando
En Cataluña han colapsado las autoridades territoriales. Y si el Estado no ocupa ese vacío de poder, lo hará la calle
Ignacio Camacho ABC 22 Octubre 2019

En este momento en Cataluña no hay nadie al mando. Se trata de una certeza, no de una sensación. Torra no tiene el poder porque se lo ha entregado por una parte a Puigdemont y por otra a la calle; está encerrado en una burbuja solipsista sin más apoyo que el de un reducido cinturón de leales. Junqueras, que fue quien realmente dirigió el procés -eso está en el sumario-, apenas puede muñir cierta influencia desde la cárcel. Los brazos civiles del golpe de 2017, ANC y Ómnium, han quedado desbordados por los CDR y su espiral de violencia rampante. Torrent, el presidente del Parlamento autonómico, no sabe cómo obedecer consignas, ni de quién, sin desobedecer los imperativos legales. A Rufián lo abuchearon en las marchas de protesta tildándolo de botifler infame. La delegada del Gobierno está en su búnker y Colau se ha escaqueado de los disturbios refugiada en los trámites municipales. Hay un vacío de interlocución institucional y social, una clamorosa ausencia de autoridad en las supuestas autoridades, un caos tan visible y palpable que el propio Sánchez se movió ayer por Barcelona como un zombi en tierra de nadie y lo único que logró fue que en su visita al hospital de los policías heridos le montaran un escrache.

En esta clase de circunstancias, la política se relaciona más que nunca con la física de los espacios: cuando se deja un hueco libre surge alguien dispuesto a ocuparlo. Ésa es la clave de los procesos revolucionarios, que triunfan o fracasan según la resistencia que encuentren en el Estado. Con el sistema de poder territorial destruido o sumido en un descontrol palmario, el Gobierno tiene la obligación de ejercer su papel jerárquico, aunque sólo sea por un principio subsidiario. Tiene también los mecanismos constitucionales para ello y sólo le falta la voluntad de activarlos. Pero el presidente no se atreve porque su cabeza anda en otro cálculo: el de la probable necesidad de contar con Esquerra cuando llegue la hora de tejer pactos. No piensa como gobernante sino como candidato. Y a estas alturas, con los sondeos en la mano, ya sabe que el sueño de liberarse de la colaboración separatista se ha disipado. Las cuentas sólo le salen con ellos o con un PP que, pese a la presión de ciertas élites, se mostrará remiso a darle paso.

Quizá ya no le importe por esa razón que Cataluña continúe unos días, unas semanas o unos meses más a la deriva. Su pensamiento se proyecta primero hacia una investidura que no le va a resultar sencilla y luego hacia una legislatura de difícil geometría. Iceta, el susurrador, intriga con el diseño de fantasías tripartitas y el regreso al confederalismo zapaterista. Pero todo eso está lejos todavía. Lo inmediato es este escenario de pesadilla: una comunidad desasistida de una mínima articulación de su estructura representativa… y con síndrome de Estocolmo ante la hegemonía del régimen nacionalista.

El Estado ha fallado en Cataluña
Cayetano González Libertad Digital 22 Octubre 2019

Algunos dirigentes políticos –el último, Cayetana Álvarez de Toledo– suelen decir, con razón, que el Estado lleva bastante tiempo ausente de Cataluña. Lo visto la pasada semana en Barcelona, pero también en Lérida, Gerona y Tarragona, no hace más que confirmar la triste realidad de que, prácticamente desde la Transición, el Estado ha dejado de existir en Cataluña, al igual que en el País Vasco. Los resultados, en ambos territorios, están a la vista de todos.

¿Cómo es posible –se preguntan muchos ciudadanos– que el presidente de la Generalitat, que es el máximo representante del Estado en Cataluña, siga en su puesto? ¿Cómo es posible que el Estado no haya tenido la voluntad, la decisión para destituir a este personaje que no ha condenado de forma tajante los actos de violencia, que no ha respaldado a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que incluso animaba a la movilización ciudadana participando él mismo en las famosas marchas? ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación no haya puesto en marcha los mecanismos para destituir a Torra y ponerlo a disposición de la Justicia?

¿Cómo es posible que durante cinco noches seguidas se haya permitido una permanente violencia callejera en las calles de Barcelona, protagonizada por grupos violentos muy bien organizados? ¿Cómo es posible que se haya consentido el acoso violento a sedes institucionales y policiales, se hayan permitido barricadas, cortes de carreteras y la ocupación del aeropuerto del Prat?

¿Cómo es posible que el Gobierno de España haya estado prácticamente hasta el pasado viernes negando la gravedad de los hechos y repitiendo el irritante y en el fondo cobarde mantra de que iría actuando con proporcionalidad?

¿Cómo es posible que se haya dado la imagen de que los poderes públicos, con el Gobierno de Sánchez a la cabeza, dejaran solos ante el peligro a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han sido los auténticos héroes anónimos en estos trágicos y violentos días?

Todo esto ha sido posible porque ha habido una clara y evidente dejación del principio de autoridad por quien tiene la obligación y responsabilidad de velar por el mantenimiento del orden público; porque ha habido un déficit en la aplicación de la ley para, por ejemplo, separar al iluminado presidente de la Generalitat de su cargo. Y el máximo responsable de todo esto, aunque no el único, es el Gobierno de la Nación. Por supuesto que Torra tiene también mucha culpa de lo sucedido, pero que siga en su puesto es responsabilidad del Gobierno de Sánchez, porque medios para destituirle tiene. ¿Que el problema es que ahora no le viene bien al presidente en funciones aplicar el 155?

Toda la actuación del Gobierno de Sánchez –incluido el viaje propagandístico a Barcelona de este lunes– produce una enorme vergüenza, y es muy probable que tenga su coste electoral en las urnas dentro de tres semanas. Los ciudadanos de toda España están muy indignados tanto con lo que se ha visto estos días en Cataluña como con la insuficiente respuesta por parte del Gobierno de la Nación.

Ya está bien de cálculos electorales, de estrategias cortoplacistas, de negar la realidad, de intentar engañar a todo el mundo al mismo tiempo. La gente quiere que se aplique la ley, que nadie viva en la impunidad, que la calle no sea de los violentos, que la Policía tenga todos los medios para reprimir esa violencia. En definitiva, que el Estado de Derecho funcione. Pero para eso hace falta un Gobierno dispuesto a aplicar la ley. El actual ha quedado en estos días perfectamente retratado. Eso sí, está semana llevará a cabo la hazaña de exhumar a Franco –transcurridos 44 años de su muerte–, que como todo el mundo sabe es la gran preocupación de los españoles.

La revuelta separatista se cronifica en Cataluña
Papelón de Sánchez en Barcelona y los CDR, con los Mossos en el punto de mira, practican el tiro a la furgoneta policial con globos de pintura.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Octubre 2019

Octavo día de revuelta separatista. La consejería de Interior ha bajado los brazos y el titular del departamento, Miquel Buch, se dedica a la "política". Un juzgado de Barcelona investiga si la Asociación Catalana de Municipios (ACM), de la que fue presidente, ha pagado con fondos públicos los viajes de alcaldes y concejales a la corte de Waterloo.

Buch también está contra las cuerdas por la actuación de los Mossos. El independentismo pide su cabeza, la de quien fuera uno de los arietes del proceso separatista en el plano municipal. Sale en tromba contra Pedro Sánchez porque se niega a coger el teléfono a su jefe Torra, del que dice que ha condenado la violencia por activa y por pasiva.

La Audiencia Nacional investiga al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por blanqueo de capitales. También es letrado del narco Sito Miñanco. Grandes muestras de solidaridad, incluido Torra. En Cataluña se oculta el pasado terrorista de Boye, condenado por colaborar en un secuestro de ETA. La investigación se vincula con el proceso. Es un intento de amedrantar, interpretan al unísono los medios nacionalistas.

Los Mossos de gorra de plato vuelven a ejercer de "mediadores". Controlan que los cortes de calles en Barcelona se lleven a cabo con éxito, que ningún conductor o motorista se salte a las patrullas de individuos que protestan y exigen la independencia por la vía de alterar la circulación.

El papelón de Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones visita en Barcelona a los policías heridos. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía sigue en estado crítico en el Hospital de San Pablo de la capital catalana. Elementos exaltados del personal sanitario se le manifiestan por los pasillos exigiendo la libertad de los presos políticos.

También oye gritos en las puertas de la Jefatura Superior de Policía, donde con la boca pequeña les pide a los policías "moderación", como si no hubieran llevado a cabo en los últimos días un inenarrable ejercicio de contención ante las agresiones y los ataques de la "gente de paz" separatista.

Reaparece el Tsunami
El Tsunami Democràtic convoca una sentada delante de la Delegación del Gobierno. Sánchez rehúsa acudir a una reunión en el edificio. Medio millar de manifestantes portan carteles con el siguiente texto: "Spain, sit and talk". Es la máxima con la que Guardiola acabó su vídeo a las masas catalanas al comienzo de la revuelta "momentum", España siéntate y habla.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) se ocupan del programa de actos de la tarde. Suya es la idea de rellenar globos de pintura para lanzarlos delante de la consejería de Interior. De nuevo gritos de "Buch, dimisión".

El separatismo no perdona la actuación de la Brigada Móvil, los antidisturbios, siempre cuestionados y en el punto de mira de ERC, del ayuntamiento de Colau y sus colectivos "pacifistas", de Arran, la CUP, Junts per Catalunya y hasta de Torra, que se niega a expresar el más mínimo apoyo a la policía autonómica y promete que se investigarán hasta el fondo todas sus actuaciones. Se les acusa de connivencia con la extrema derecha porque cargaron poco, según los separatistas, contra los manifestantes "unionistas" de la plaza de Artós, en Sarriá. Dos de los detenidos por la agresión a un autodenominado antifascista han ingresado en prisión.

Tiro a la "furgona"
El fin de los festejos del día es el "fusilamiento" de una furgoneta de los Mossos en la consejería de Interior, una performance colorista con los globos de pintura, tiro a la lechera catalana.

Al menos no es pirotecnia. Hoy se ha detenido a un tipo acusado de haber lanzado un cohete contra un helicóptero de la policía autonómica. La prensa afecta, los medios públicos, partidos, instituciones, el defensor del pueblo autonómico y asociaciones jurídicas culpan de la violencia a la policía y justifican las actividades de las juventudes separatistas. Cae la noche, los manifestantes insultan a los Mossos y cortan la Gran Vía. Otro día en Barcelona.

Cataluña, los Balcanes y el Gobierno trabaja
Pablo Planas Libertad Digital 22 Octubre 2019

Dice la propaganda monclovita que "el Gobierno de España trabaja para garantizar la seguridad y la convivencia". Ciertamente, la seguridad de los separatistas y la convivencia entre ellos. De ahí que mande pocos policías con pocos medios a contener a manadas de salvajes alentados por las organizaciones y partidos independentistas, comprendidos y amparados por la cámara de comercio, el Barça, el club del automóvil, un amplio sector del Liceo, los medios del grande de España Godó, la TV3, los digitales del odio, los bomberos pirómanos y el colegio de médicos, entre muchos otros.

Trabaja el Gobierno de España, sí, válganos Dios lo que trabaja, menudos estajanovistas, tanto trabajan que se les ha traspapelado la orden de que la Guardia Civil garantice la libre circulación en las carreteras catalanas, tomadas ahora por hordas de separatistas que cortan las comunicaciones a placer al grito de que las calles serán siempre suyas y libertad para los "presos políticos", que son los golpistas presos. Y así es como la Guardia Civil se tiene que mirar por la tele el asedio a sus compañeros de la Policía Nacional porque ese otro grande de España, Grande-Marlaska, dice que lo de Cataluña es un problema de orden público. Sí, claro, igual que lo de los carteristas del metro en la Sagrada Familia o los navajeros de la Villa Olímpica.

Curra y curra el Gobierno de ese titán del pencar que es Pedro Sánchez para que se cumplan las sentencias, de modo que los condenados por aquel sueño totalitario (qué gran decepción, señor Marchena) están a punto de salir a la calle por la misma vía y al mismo tiempo que si en un rapto de justicia y dignidad se les hubiera condenado por rebelión. Ah, que en Europa habrían tumbado la sentencia. Ya, claro, que nos miraría mal el tribunal de Schleswig-Holstein que dejó libre a Puigdemont o los juzgados belgas que han negado por sistema las extradiciones de los asesinos etarras. Europa, la gran Europa y nuestros complejos de españoles bajitos y renegridos, los únicos europeos a los que les importa Estrasburgo y hacen caso a Bruselas.

Cataluña se va y se va de la mano de personajes como Gonzalo Boye y Carles Sastre, abogado de Puigdemont el primero, líder sindical el segundo, dos tipos que han participado en actividades terroristas, secuestros Boye, asesinatos Sastre, y ahora son ejemplos de ciudadanía y referentes de compromiso cívico. Se va Cataluña con Quim Quins Collons Torra, el capitán qué cojones que se niega a condenar la violencia y lo mismo te llama a Sánchez que le llama una célula de los Comités de Defensa de la República (CDR) para pedirle su apoyo. Qué país, Miquelarena. Termina Turandot en el Liceo y media platea se pone en pie para corear el siniestro "Llibertat presos polítics". Deben de ser los del CDR del templo de la burguesía, mientras sus hijos devastan el centro y saquean las tiendas de electrónica, que nunca está de más otra pantalla para la casa del Ampurdán.

Y Sánchez venga a trabajar, Mystère para ir, Super Puma para la vuelta, en la fase final de la batalla final de trasladar los despojos de Franco, tremenda hazaña, heroica refriega y obra culminante del sepulturero de España, un tipo del que Torra, sí, sí, el mismo Torra que ya está amortizado, se ríe en toda la cara. Otro hombre menor, Sánchez, que en Cataluña ha dado su verdadera y minúscula talla. La consecuencia es que al menos la mitad de la población en la región está a merced de los separatistas, que campan a sus anchas en un escenario que cada vez se parece más a los Balcanes. Mientras, el Gobierno trabaja... Que alguien haga algo, por favor.

Noches tribales de Barcelona
Valentí Puig okdiario 22 Octubre 2019

Ver como la bandera anarquista era agitada frente a la Jefatura Superior de Policía fue el envés del sabotaje antisistema a las puertas de la Sagrada Familia. En Barcelona cada noche ha superado a la anterior, con los encapuchados del “lumpen” codo a codo con los hijos de buena familia que lanzaban adoquines y se tomaban una birra u otras sustancias, más enardecedoras. Son los herederos de estamentos dirigentes que dimitieron hace tiempo de su responsabilidad pública. Por eso reaparece la dialéctica de aquel Georges Sorel que enseñó a fascistas y anarco-sindicalistas que sin violencia no hay política.

De eso padeció la Barcelona de los años treinta. Todo acaba siendo lo mismo: encapuchados, pillaje, destrozo, hogueras mientras los turistas intentan en vano pillar un taxi, los heridos llegan a urgencias y los analistas dilatan la casuística sobre si Pedro Sánchez debiera o no ponerse al teléfono. Pero para la paz civil importa mucho más restablecer el orden que especular sobre qué partidos saldrán beneficiados o perjudicados por la violencia tribal en las noches de Barcelona.

El pillaje era una consecuencia lógica de la impunidad incendiaria, del mismo modo que la divisoria entre independentismo pacífico y violencia zigzaguea desde antes de la sentencia del Tribunal Supremo, porque transgredir la ley y postular el desacato acaban generalmente induciendo al caos. Ahí está Quim Torra, asediado por los suyos, con sus llamadas escénicas a la Moncloa y no condenando la violencia en esa Barcelona en la que por las noches el desorden público solo ha tenido enfrente unos cuerpos de seguridad eficaces y pacientes.

En casos de esta naturaleza lo prioritario no es la proporcionalidad frente a la violencia sino la seguridad de la ciudadanía. Esa es la primera función de un Estado y si se piensa por un nanosegundo que el presidente de la Generalitat es el primer representante del Estado en Cataluña pronto se entiende todo. Torra iba en las marchas que turbaron la dinámica económica del transporte y el derecho a la libre circulación.

Fue su última actuación épica antes de regresar a su despacho en Barcelona y representar un vacío de poder sin límites o, dicho de otra forma, ilimitado por las tribus secesionistas y antisistema que han provocado el miedo en la amplia zona del Ensanche y en los cientos de miles de personas que miraban aquellas escenas en televisión, salvo los telespectadores de TV3, ese remedo goebbelsiano, de caverna pancatalanista, destructor del “fair play” que una sociedad requiere para deliberar sobre sus conflictos.

Al político que le tiemblen las piernas o no se defina ante estas circunstancias-límite más le vale dedicarse al corte y confección. Ni hay razón mínima para justificar la semana negra por la sentencia del Tribunal Supremo o por la actuación policial en el día del referéndum ilegal. Con los errores que fuere, la Policía Nacional y la Guardia Civil y ahora, a diferencia de entonces, el cuerpo de los Mossos actuaron en nombre de la ley y el Estado de Derecho. Es todo lo contrario de un anarquista o un independentista lanzando bolas de acero contra los agentes. Falta por ver si estas fechas aciagas pueden representar un punto aparte para quienes llevan demasiado tiempo jugueteando con terceras vías. Nunca se sabe.

El golpe de Estado también es económico
OKDIARIO 22 Octubre 2019

No sólo el independentismo ha llevado a cabo un golpe de Estado contra el ordenamiento jurídico, sino que el ‘procés‘ ha supuesto también un auténtico golpe de Estado económico. En dos años, desde el referéndum ilegal del 1-0, el deterioro de la actividad económica en Cataluña se cifra en 1.033 millones de euros. Ello se traduce en que el PIB en Cataluña crece 1,5 puntos menos en tasa interanual que antes de la consulta y que se haya producido una pérdida de 8.000 empleos adicionales al frenazo que la ralentización económica está causando en el mercado de trabajo.

Dicho de otro modo y para no abrumar con datos: en esta situación, de no contar Cataluña con el sostén del Estado, hoy sería una Comunidad quebrada y sin posibilidad de refinanciar una deuda que en apenas dos ejercicios ha aumentado en 2.412,5 millones de euros hasta acumular un total de 80.000 millones en valores absolutos. Cabe recordar que el 75% de la misma está financiada a través del FLA y otros mecanismos.

O sea, que es el Estado, el mismo Estado español al que el independentismo ha colocado en el centro de la diana, el que está manteniendo a una Comunidad gobernada por una clase política que prosigue su estrategia de subversión del orden constitucional. Las cifras demuestran que mientras el separatismo catalán intensifica su ofensiva contra el Estado de Derecho, el Tesoro español mantiene económicamente viva a Cataluña, una autonomía mantenida a gracias a la solidaridad de los españoles. Es la gran paradoja, el mayúsculo sarcasmo que rodea todo lo que tiene que ver con el ‘procés’.

A menudo, es natural, nos quedamos con lo inmediato: la violencia en las calles del independentismo radical, las astracanadas de supremacista presidente de la Generalidad, Quim Torra, inductor de todo lo que está ocurriendo estos días, pero no reparamos en el inmenso daño económico que el independentismo está causando a Cataluña y, en consecuencia, a España. Por eso es pertinente y necesario que se sepa que, además de un golpe de Estado contra el marco constitucional, el secesionismo ha dado un golpe de Estado contra la economía nacional.

Fracaso, frustración y violencia 'indepe'

Alejandro Tercero cronicaglobal 22 Octubre 2019

La demostración de criminalidad primitiva protagonizada por el independentismo violento durante la última semana en las calles de Barcelona era previsible --o, al menos, probable-- para todo aquel que hubiese convivido algún tiempo con el nacionalismo catalán.

Los devotos del independentismo mágico que todavía se negaban a admitir que el paraíso prometido por Artur Mas era un trampantojo han empezado a aterrizar en la realidad gracias a la sentencia del procés --que, al final, ha tenido mayor efecto pedagógico que el que yo auguraba hace apenas siete días--.

Esta última dosis de realidad suministrada por Marchena y sus chicos directamente en vena ha colmado la capacidad de asimilación de la frustración del independentismo, que ha explotado en forma de violencia. Una violencia que estaba latente en el seno del movimiento, como se pudo comprobar el 20 de septiembre de 2017 a las puertas de la Consejería de Economía y el 1-O en un buen número de colegios.

Y es que, claro, a nadie le gusta pasar sin solución de continuidad de creer que se está a puntito de “implementar la república” a descubrir que “el Estado existe, idiotas” (parafraseando a aquel mítico mosso de la Brimo).

Lo asombroso es que muchos constitucionalistas se hayan sorprendido por la negativa de los dirigentes nacionalistas pacíficos y pacifistas a condenar explícitamente la violencia desatada por los independentistas radicales estos días. Otro efecto pedagógico de la sentencia del que se deberían extraer conclusiones a futuro.

Sería bueno no olvidar las palabras de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, justificando la violencia de estos días con el argumento de que la sentencia del procés “es violencia”, que ha habido “violencia policial” --mientras un funcionario de la Policía Nacional se debate entre la vida y la muerte con el cráneo destrozado por una pedrada-- e “infiltrados” provocadores y que el Estado lleva años aplicando “violencia fiscal”.

Tampoco estaría de más recordar que el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenado a nueve años de prisión por sedición, ha pedido --tras una semana de disturbios-- más “compromisos” y “sacrificios” al independentismo para lograr la secesión y ha advertido de que “con manifestaciones ya no basta”. Además de exigir la “libertad inmediata” de los manifestantes independentistas detenidos los últimos días por sus acciones violentas en diversas ciudades de Cataluña.

Por no hablar de Rafael Ribó, el Síndic de Greuges de Cataluña (el defensor del pueblo autonómico), que se ha apresurado a abrir “una actuación de oficio” contra los “graves actos de violencia policial” supuestamente ocurridos la semana pasada, mientras se ha limitado a recordar que el derecho de manifestación “no ampara comportamientos violentos” que “han de ser socialmente condenados y legalmente perseguidos”.

Otro detalle a no olvidar es el hecho de que las marchas por la libertad confluyeron el viernes pasado en Barcelona ante un escenario que compartieron sin ninguna incomodidad manifiesta la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, con el secretario general de Intersindical-CSC --entidad promotora de la jornada de huelga independentista--, Carles Sastre, exterrorista de Época y Terra Lliure condenado a medio siglo de cárcel por asesinato y pertenencia a banda armada. Todo ello con el aval de los partidos nacionalistas.

Y, por último, también deberíamos tener presente en adelante las imágenes que en los últimos días nos han brindado los manifestantes pacíficos tirando latas y todo tipo de objetos a los periodistas de medios de comunicación nacionales al grito de “prensa española, manipuladora”.

Un grupo de violentos CDR lanza piedras a miembros de Vox a la salida de un acto en Lérida
OKDIARIO 22 Octubre 2019

Vox ha vuelto a sufrir un intento de boicot violento en uno de sus actos. Tras un fin de semana en el que sufrieron agresiones por parte de grupos proetarras en Bilbao -donde incluso dos ertzainas resultaron heridos-, en esta ocasión la violencia la han sufrido en Lérida.

Allí, un grupo de manifestantes radicales ha lanzado este lunes piedras a la puerta de entrada del Hotel Nastasi en el momento que han empezado a salir del edificio personas que habían asistido a un acto con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, al que han acudido 200 personas.

Entre 400 y 500 personas han cortado la carretera N-240 a la altura del hotel, según la Guardia Urbana y unos 40 han estado sentados en la calzada durante una hora. Los Mossos d’Esquadra han montado un cordón policial para impedir a los manifestantes acercarse al hotel, lo que ha desencadenado algunos momentos de tensión.

Durante la protesta, concentrados han coreado consignas como ‘Hijos de Franco’, ‘Lleida será la tumba del fascismo’ o ‘Este jueves Franco se va’. Por recomendación de los Mossos d’Esquadra los asistentes han salido por una puerta lateral del hotel, que está situado a las afueras de Lleida.

Abascal critica el uso de los GRS de Sánchez
En la mañana de este mismo lunes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que se active a los GRS de la Guardia Civil para proteger a Pedro Sánchez durante su visita de hoy a Barcelona pero no lo hayan sido para contener los graves disturbios que han sacudido Cataluña desde hace una semana.

Abascal considera que Barcelona vive una situación de "secuestro" y "violencia y desorden absoluto" y ha acusado al Gobierno de no haber sido capaz de controlar el orden público ni garantizar la seguridad de los efectivos de la Policía Nacional allí destinados.


 


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