El frente populismo económico que nos
llevará al colapso
Roberto Centeno El Confidencial 16 Julio 2018
Nadia Calviño, la única ministra capaz y con visión de lo que se
avecina, ha anunciado como prevención la creación de una “autoridad
macroprudencial”, una alerta temprana ante la acumulación de
desequilibrios macroeconómicos. No fue sin embargo la falta de
alertas lo que nos llevó a la mayor y más profunda crisis económica
de Occidente, sino la desastrosa gestión de Zapatero, Solbes y MAFO,
que ignoraron todos los avisos, falsearon la contabilidad nacional y
no hubo tropelía ni golfada que no cometieran para ocultar la
realidad del sistema financiero, lo que agravó exponencialmente la
crisis. En cualquier otro país, habrían sido procesados y estarían
en la cárcel, y aquí no respondieron de nada.
¿Qué mayor 'alerta temprana' que la carta de los inspectores del BdE
en 2016 anunciando lo que iba a pasar y que los sectarios MAFO y
Solbes ignoraron?, ¿o la crisis financiera internacional en agosto
de 2007 que, según estos insensatos, no nos afectaba? Y hoy, ¿qué
más alerta temprana que la subida del petróleo?, ¿o la finalización
de las compras de deuda a interés cero del BCE y de los flujos
financieros externos?, porque ¿a que coste van a conseguirse los
250.000 millones anuales necesarios para evitar la quiebra? Ante
esto, el frente populismo de Sánchez, más sectario e ignorante aún
que Zapatero, aumenta en lo económico gasto clientelar e impuestos,
elimina el objetivo de déficit, ataca a la productividad, a la
inversión y al ahorro de las familias, lo que nos llevará al
colapso.
De momento, Calviño ha modificado unilateralmente los objetivos de
déficit, un 2,8% del PIB este año, cinco décimas más que el 2,2%
comprometido, y 1,8% o lo que sea en 2019, porque “como bajaremos
del 3%, dejaremos de estar sometidos a vigilancia”. Bruselas no ha
dicho nada, lo hará en octubre, cuando se presenten los nuevos PGE.
El problema es que el déficit no bajará del 3% ni de broma, y
entonces veremos qué dice Pierre. De momento, el estreno de Sánchez
en Europa no ha podido ser más penoso. “El nuevo chico”, le llamaría
Juncker, presidente de la Comisión, el niño de los recados de Macron
y Merkel —esta le arrancaría el compromiso de convertir España en el
gran campo de refugiados de Europa— y, ya el colmo, corriendo detrás
de Trump, que le había ignorado, para hacerse la foto y decir que
“no es sí, 'bwana” al incremento del gasto militar.
Pero, desgraciadamente, no es la Calviño quien manda, es la ministra
de Hacienda, cuyos desmanes de gasto financió, elevando el expolio
fiscal en Andalucía, al máximo de España, y para quien la crisis “no
es un problema de gasto, es un problema de ingresos”. Para la doña,
el despilfarro de 36.000 millones anuales en duplicidades entre AAPP
no es un problema, el robo de 13.000 millones del cupo vasco más IVA
no devueltos, tampoco. Los 15.000 millones de miles de empresas
públicas inútiles igual, como tampoco los dos millones de
enchufados. Y aunque España sea un infierno fiscal para las
familias, que soportan una fiscalidad del 48,5% —177 días ha
necesitado el trabajador medio en 2018 para pagar impuestos y cuotas
sociales—, hay que expoliarla más, mientras que con un cinismo
inaudito dice que el hachazo fiscal no afectará “a trabajadores,
pymes ni autónomos”.
Empresarios y banqueros han puesto el grito en el cielo por las
subidas previstas, aunque tienen mecanismos legales de sobra para
evitarlas y/o trasladar todo su efecto a los consumidores y clientes
aprovechando su situación oligopolista. Pues bien, señores
empresarios y banqueros, déjense de quejas y empiecen a actuar.
¡Dejen de sostener a los grandes medios con su publicidad y sus
créditos, que están engañando a los españoles y aplaudiendo el
camino hacia la destrucción económica y política de la nación! Un
Gobierno sin política económica alguna, porque, como afirma la
vicepresidenta, “el dinero público no es de nadie”, se ha lanzado a
una campaña masiva de engaño, algo solo posible con la complicidad
del Ibex y la banca, que sostienen a los medios que más daño han
hecho a España.
Y es que el verdadero objetivo de Sánchez es la destrucción de la
clase media creada por Franco y la proletarización del país, la
destrucción de la libertad de enseñanza y su sustitución por el
adoctrinamiento sectario, como en Cataluña, y la destrucción de la
unidad nacional más antigua de Europa con una delirante 'nación de
naciones' donde cada parte tiene 'derecho a decidir', algo que no
existe en ninguna democracia. Si empresarios y banqueros creen que
esto no va con ellos, se equivocan. En el caso menos malo, supondrá
el empobrecimiento de España, y en consecuencia de sus negocios
aquí; en el peor, como en la frase atribuida a Bertolt Brecht sobre
el no haber actuado a tiempo para frenar el nazismo, “luego vinieron
a por mí, pero entonces ya era demasiado tarde”. Están gobernando en
todo como en febrero del 36: ignorando la legalidad y la
Constitución, y con una deriva totalitaria que dinamitará la
convivencia.
La alerta temprana que llevará España al colapso económico y que
Sánchez —como Zapatero— ha decidido ignorar es obvia: deuda pública
imposible de devolver del 133% del PIB a final de 2016, como Calviño
reconoció en Bruselas; endeudamiento fuera de control, 54.000
millones en 2018 o el 4,6% del PIB —23.000 millones de subida de la
deuda del Estado en circulación hasta junio más 8.000 de deuda
autorizada a las CCAA, con Cataluña a la cabeza—; sistema de
pensiones quebrado, cuyo déficit superará los 20.000 millones este
año y cifras crecientes en los siguientes; alza del precio de la
energía; fin de la compra de deuda por el BCE (principal comprador
actual) a interés cero a fin de año, y subida de tipos inevitable en
2019.
Y prepárense para el crudo a 90 dólares este otoño y a más de 100
dólares en 2019. Después del hundimiento de los precios del petróleo
en 2014, la industria del petróleo y del gas comenzaron a reducir
sus inversiones en exploración y producción. Desde entonces, las
inversiones han caído a la mitad, lo que ha significado menos nuevos
descubrimientos —el número de nuevos descubrimientos de petróleo
convencional fuera de los EEUU ha caído a su nivel más bajo en 65
años— y la caída de las reservas probadas.
El Gobierno descarta que se llegue a superávit presupuestario en
2021
El recorte de inversiones ayudó a la empresas a mantener sus
rentabilidades en un escenario de caída de precios —las grandes
petroleras ofrecen dividendos astronómicos: Repsol 5,6%, Shell 5,4%,
Exxon 4,0%, ENI y TOTAL casi 5%—, pero las inversiones están por
debajo del nivel necesario para mantener los actuales niveles de
producción. Para ello, serían necesarios tres billones de dólares
por año —más de dos veces el PIB de España—, y mientras tanto la
demanda no cesa de crecer, por lo que los precios solo pueden subir
en los próximos años. Y según el Ministerio de Economía, el
crecimiento se reduce un 0,7% por cada 10% de incremento en el
precio de la energía, y subirá cerca del 25% en el segundo semestre
respecto a los PGE, lo que restará 0,8 puntos al crecimiento este
año, y lo llevarán casi a cero en 2019.
Las luces rojas están todas encendidas, y estos son los hitos del
camino al abismo:
Desaceleración ya en marcha: aumento del gasto clientelar y subida
de impuestos para pagar sus desmanes ? agravamiento de la
desaceleración? déficit publico fuera de control por encima del 3% ?
aumento del precio de la energía, que hundirá más el crecimiento y
el empleo ? aumento de la inflación ? aumento de la aversión al
riesgo en los mercados financieros ? cese de compra de la deuda por
el BCE ? España no podrá financiar sus déficits ni refinanciar su
deuda en los mercados a intereses asumibles ? quiebra de las
pensiones sostenidas con deuda, 15.000 millones en 2018.
El resultado, salvo milagro divino, será una repetición a gran
escala de lo ocurrido en Grecia. Alexis Tsipras, como Podemos,
prometió a pensionistas, funcionarios y trabajadores mejorar su
situación, y el ingenuo pueblo griego se lo creyó. Están pagando muy
caro su estupidez. Las pensiones se han visto reducidas 13 veces,
hasta un 40%; 1,5 millones de pensionistas cobran menos de 500 euros
al mes en 12 pagas; despidos masivos de empleados públicos y
reducciones salariales entre el 30 y el 42%, un profesor cobra 670
euros mes, un juez que cobraba 5.000 euros hoy cobra 2.900, y a
quienes tenían sueldos superiores a 2.500 les quitaron dos de las 14
pagas, les obligan a pagar una 'contribución solidaria', del 10% (en
pensiones a partir de 1.400 euros) y les aumentaron sus impuestos.
Nunca infravaloren los desastres económicos y políticos del
sectarismo político, de la incompetencia y de la mentira, en los que
España es maillot amarillo de Europa.
La inmoral tendencia a aumentar la deuda
pública
La suavización de la senda de reducción del déficit no será gratis.
España seguirá engordando su endeudamiento sin que haya un plan
nacional para reducir la deuda pública
Carlos Sánchez El Confidencial 16 Julio 2018
Un viejo aserto económico sostiene que la deuda pública nunca se
paga. Este razonamiento se basa en un argumento muy simple. Como
cada año, salvo en recesión, crecen la economía y la inflación (el
llamado PIB nominal), con solo mantener los niveles de endeudamiento
en términos absolutos, se produce una reducción de la deuda, ya que
esta se mide en términos relativos.
Esto sucedió, sin ir más lejos, en 2017. La ratio deuda/PIB bajó en
0,7 puntos porcentuales (hasta el 98,3% del PIB), pero gracias al
efecto combinado del crecimiento y la inflación, que aportaron nada
menos que 3,8 puntos de reducción del endeudamiento. Esto significa
que de no haber crecido el PIB nominal la deuda hubiera superado
ampliamente el 100% del PIB.
Existe otro argumento complementario, igualmente, muy visible. La
deuda pública no se devuelve porque realmente nunca se reduce en
términos absolutos, puesto que siempre es renovada una y otra vez
por parte de los tesoros nacionales. Los datos del Banco de España
lo corroboran. El endeudamiento público se situó en 2014 en 1,04
billones de euros, cifra equivalente al 100,4% del PIB. Pero en
2017, con una deuda que ha crecido desde entonces en términos
absolutos hasta los 1,16 billones de euros (casi 120.000 millones de
euros más que tres años antes) la ratio ha bajado hasta el 98,3% del
PIB. Es decir, se ha reducido por arte de magia. Con más deuda,
mejora el endeudamiento que se vende a la opinión pública.
Una especia de ilusión monetaria que permite a los gobiernos —este y
aquel— presumir de que la deuda se reduce, cuando en realidad no
para de crecer. Tan solo en los últimos doce meses la deuda ha
aumentado en 34.341 millones de euros, y es probable que, tras la
última reducción del déficit, en 2018 habrá que añadir otros 30.000
millones a la buchaca.
Esta ficción aritmética parece estar detrás de la insensibilidad de
muchos gobiernos sobre los niveles de endeudamiento público, y que,
en realidad, siempre es privado. Las administraciones, de hecho, no
pagan impuestos, son los contribuyentes los que lo hacen y, por lo
tanto, esa separación entre lo público y lo privado es una
entelequia. Medir la deuda en términos relativos, en todo caso, no
es irrelevante, ya que permite observar si es sostenible o no lo es.
Pero desatender las cifras absolutas es, simplemente, irresponsable.
No todos los gobiernos han sido permisivos con los niveles de deuda.
Alemania o Suecia son dos ejemplos de libro que reflejan que algunos
países no son insensibles. Por el contrario, son conscientes de que
elevados niveles de deuda hacen muy vulnerables a las economías. En
ambos casos, y con diferente sesgo ideológico, se ha adoptado una
misma estrategia de Estado: reducir la deuda pública como una
prioridad estratégica. Entre otras cosas, porque hacer lo contrario
es de una enorme insolidaridad intergeneracional.
La deuda, de hecho, no es más que un impuesto que se carga a las
siguientes generaciones porque quien la ha generado para mantener su
nivel de vida (la actual), o bien no ha querido subir los impuestos,
o bien ha evitado recortar el gasto público. Claro está, salvo que
ese endeudamiento tenga un efecto multiplicador sobre el crecimiento
económico, la inversión en infraestructuras y el capital humano que
beneficie a las siguientes generaciones, lo que no siempre sucede
por la mala calidad del gasto público.
Una parte significativa es ineficiente, pero ahí sigue —colgado del
presupuesto— por inercia (ante la escasa evaluación de las políticas
públicas) o por la capacidad de influencia de grupos de presión con
acceso al poder político. Mientras que, en paralelo, todavía existen
bolsas de pobreza desatendidas por el sector público, lo que explica
que una buena parte de la población se encuentre en riesgo de
exclusión social. Y lo que es todavía peor, el elevado endeudamiento
impide acometer problemas estructurales como la inserción de los
parados, la inversión en investigación y desarrollo (con una
ejecución del presupuesto verdaderamente ridícula) o la apuesta por
el nuevo entorno digital.
Se desconoce, por el momento, cuál es la estrategia del nuevo
Gobierno sobre el endeudamiento público a largo plazo, más allá de
la revisión que se ha hecho de la senda de reducción del déficit.
Pero resulta al menos preocupante escuchar por parte de la ministra
de Hacienda que el enésimo incumplimiento de lo pactado con Bruselas
es "una magnífica noticia" (sic), como aseguró María Jesús Montero
el pasado viernes. Máxime cuando España continúa siendo el país con
más déficit público y el quinto de la zona euro en relación con su
endeudamiento. Lo que unido a su imponente deuda externa (940.000
millones de euros, el 80,8% del PIB), es una auténtica bomba de
relojería.
Conviene recordar una obviedad. La deuda pública no es más que la
suma de los déficits acumulados por España durante años. Es decir,
la diferencia entre los ingresos y los gastos, y, por lo tanto,
cualquier desviación adicional sobre lo previsto incide en el nivel
de deuda. Es decir, la suavización de la senda de reducción del
déficit no será gratis, aunque se celebre como un maná caído del
cielo. Lo que se gaste de más ahora habrá que pagarlo en el futuro,
pero con tipos de interés más elevados. Parece evidente que la
política monetaria ultraexpansiva tiende a diluirse, y aunque la
vuelta a la normalidad tardará todavía en llegar, hay consenso en
que la carga financiera crecerá en los próximos años.
Es más. El hecho de que la deuda no vaya a bajar del 90% del PIB (en
el mejor de los casos) hasta bien entrada la década de los años 20,
lo que indica es que cualquier Gobierno —este o aquel— tendrá escaso
margen de maniobra para realizar políticas anticíclicas, que es lo
mínimo que se puede exigir a los poderes públicos cuando vienen mal
dadas. Es decir, que cuando cambie el ciclo —y cambiará— la munición
contra la crisis se habrá gastado. Algo que es más relevante, si
cabe, si se tiene en cuenta que al haber cedido la política
monetaria al BCE el único instrumento propio que tienen los
gobiernos para hacer política económica es, precisamente, la fiscal,
además de las reformas para ensanchar el potencial de crecimiento.
Habrá quien piense que España ha hecho bastante en el recorte del
déficit. Y, de hecho, llegó a representar el 11% del PIB en 2009,
pero hay que recordar que la reducción se ha apoyado,
principalmente, en la recuperación cíclica de la economía. Bastante
menos en una política fiscal rigurosa respaldada en una reducción
del gasto público ineficiente y, sobre todo, en un aumento de la
recaudación coherente con lo que sucede en Europa, donde se recaudan
seis puntos de PIB más que en España con unos tipos impositivos
similares. Algo que solo indica que las bases imponibles son
erosionadas de forma sistemática por todo tipo de deducciones y
desgravaciones que favorecen a colectivos con enorme capacidad de
presión frente a los gobiernos. Conviene recordar que, en los
últimos cuatro años, con un crecimiento medio del 3%, el nivel de
deuda ha bajado apenas dos puntos de PIB, lo que da idea del tamaño
del colesterol malo que se ha colado en las arterias del sistema
económico.
Se suele olvidar, por razones ideológicas, que el desequilibrio
fiscal depende de dos variables: los gastos y los ingresos. Y, como
ha recordado la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones
sobre España, el saldo estructural del déficit (el que no tiene en
cuenta el ciclo) se deteriorará este año en un 0,3% del PIB, lo que
no parece muy riguroso ni coherente en una economía que va a
acumular un cuatrienio con un robusto crecimiento. Sobre todo,
cuando el gasto en dos de las principales partidas del presupuesto:
servicio de la deuda y desempleo se han desplomado, y que en
realidad es lo que explica la reducción del déficit, además del
hundimiento de la inversión pública.
Con la nueva revisión acordada con Bruselas, y en el mejor de los
casos, España habrá tardado 15 años en volver a equilibrar sus
cuentas públicas, lo que pone de relieve las dificultades de este
país para enderezar su política fiscal. Probablemente, porque sus
gobernantes siguen sin dar una respuesta a la gran pregunta en
términos económicos: ¿Cuál es el nivel de Estado de bienestar que
los españoles quieren tener sin generar cuantiosos déficits
fiscales? O expresado con palabras del profesor Santiago Lago Peñas,
"debemos resolver una incoherencia". Los españoles quieren tener
acceso a prestaciones públicas de calidad: pensiones, educación,
justicia, sanidad, dependencia…, pero poco se debate sobre cómo
financiarlas, ya sea elevando los recursos o rebajando las
expectativas. "Esa es la decisión política que debemos tomar entre
todos", sostiene Lago Peñas.
Esa discusión, sin embargo, no se ha hecho. Y es probable que nunca
vea la luz habida cuenta de la incapacidad de los partidos para
pactar cuestiones estratégicas mientras se enredan en memeces
políticas que no van a ningún lado. Pero hay algo evidente. Con una
recaudación que ni siquiera en los años de fuerte expansión se ha
situado de manera sostenible por encima del 40% del PIB, la
financiación del actual Estado de bienestar es simplemente inviable.
Claro está, salvo que se quiera seguir acumulando cuantiosos
déficits, que engordarán la deuda, y que no pagarán sus señorías,
sino las próximas generaciones. Y mal haría este Gobierno en
aumentar los impuestos para gastar más sin atender al problema de
fondo, que es el endeudamiento público (que es privado). Algo que
exige un gran pacto de Estado con ese objetivo y así evitar obscenas
rebajas de impuestos por razones electorales mientras crece la
deuda. Todos los aumentos de recaudación deben ir a reducir el
endeudamiento y no a regar el clientelismo político.
La pésima educación de la izquierda
Editorial Libertad Digital 16 Julio 2018
El férreo control del sistema educativo es una de las principales
obsesiones de la izquierda, y a ello se dedica con denuedo cada vez
que llega al poder. Cómo extrañarse, pues, de que Pedro Sánchez haya
anunciado una reforma que atenta contra la libertad de los padres a
elegir centro y contra el derecho de los niños a recibir una
educación desideologizada y de calidad.
La ministra de Educación, que ya ha dado sobradas muestras de
sectarismo ideológico y servilismo hacia los nacionalistas, pretende
introducir trabas adicionales a la concertación con centros privados
y, de paso, dar una nueva vuelta de tuerca a la infame Educación
para la Ciudadanía implantada por el nefasto José Luis Rodríguez
Zapatero.
Isabel Celáa ha anunciado la derogación de los artículos de la Lomce
que permiten la creación de colegios concertados cuando existe
demanda social (y si de algo hay "demanda social" en España, desde
luego, es de una educación de excelencia) y la instauración de una
nueva asignatura para impartir "valores democráticos". Aterra pensar
lo que socialistas y neocomunistas pueden entender por esto último,
sobre todo cuando a las familias se les va a dificultar notablemente
la posibilidad de huir de una escuela pública en manos de semejante
cáfila liberticida.
Desde la malhadada Logse de 1985, causa principal de los males que
afligen a la educación española, los socialistas han controlado el
sistema educativo de la mano de los sindicatos de izquierdas, que
les han el trabajo sucio con total desvergüenza. La derecha,
cobarde, acomplejada, sólo ha introducido medidas cosméticas que,
por supuesto, nada han resuelto. Pero los socialistas no toleran
siquiera esas nimias reformas de matiz. Su objetivo es apropiarse
totalmente del derecho de los padres a elegir el tipo de educación
para sus hijos, a los que pretenden adoctrinar a modo y desde muy
tempranas edades. La consecuencia obvia es el destrozo de la
educación pública, la única que pueden permitirse las familias con
menos recursos, que ya no es el mejor ascensor social a su
disposición.
El apoyo de los neocomunistas de Podemos a los planes de Sánchez y
Celáa es un indicio formidable de que nada bueno va a aportar.
No vuelvan a enfrentar a España
La Razon 16 Julio 2018
Decíamos en reciente nota editorial que no habría mayor objeción a
la exhumación del cadáver de Francisco Franco si el Gobierno podía
contar con la aquiescencia de la familia del general, que debería
hacerse cargo del posterior destino de los restos, y el permiso de
la Iglesia, que, según los acuerdos firmados con la Santa Sede por
el Estado español, es la responsable de la gestión del Valle de los
Caídos, que está considerado como lugar de culto y cementerio. Estas
trabas de carácter jurisdiccional ya se pusieron de manifiesto
cuando el Tribunal Supremo rechazó la demanda del ex juez Baltasar
Garzón y fueron recogidas en el dictamen de la comisión de expertos
que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, trató el asunto
en el año 2011. Pues bien, parece que el actual Gobierno socialista,
que había hecho del traslado de Franco una de sus grandes
prioridades, está tropezando con la oposición de los familiares del
difunto, entre los que existe desacuerdo, y con el silencio de la
Iglesia, reacia, lógicamente, a dar un primer paso en un asunto que
divide a los españoles y que sólo responde al oportunismo político
de un partido, el PSOE, al que los profundos cambios sociales y
económicos que ha sufrido el mundo en las últimas décadas ha dejado
sin proyecto ideológico y, prácticamente, sin señas de identidad.
Ciertamente, hay que interpretar en sentido positivo que desde el
propio Gobierno se reconozca la existencia de ese marco jurídico,
que dificultad el designio político, y es de desear que en su
búsqueda de nuevas fórmulas legales no incluyan atajos impropios de
un Gobierno que se dice respetuoso de las leyes y de los derechos
ciudadanos. Y eso reza no sólo en el caso de la exhumación de los
restos de Francisco Franco, sino en lo que se refiere a la
ampliación de la Ley de Memoria Histórica, con propuestas que rozan
derechos tan fundamentales como la libertad de opinión. Ya hemos
señalado que el traslado del cadáver de Franco no supone, más allá
del gesto moral, cambio trascendente alguno. Ni del pretérito
cercano, pues ya nada puede alterar el hecho histórico de que Franco
ganó la guerra civil y detentó la jefatura del Estado durante cuatro
décadas, ni del presente de un país como España, que, pese al
interesado relato de la extrema izquierda y de los separatistas,
goza de una de las democracias más avanzadas del mundo, tras haber
protagonizado una Transición modélica. Ni siquiera la irritación,
que cabe sospechar buscada intencionadamente, entre sectores
minoritarios de la sociedad, como los varios miles de personas que
ayer se manifestaron en el Valle de los Caídos, cambia el hecho de
que la mayoría de la población se mantiene al margen de la maniobra
política socialista.
En este sentido, es necesario reiterar una advertencia contra el
abuso demagógico del pasado, que no es algo que haya inventado el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que acompaña a las
izquierdas casi desde su articulación. Porque la batalla
restrospectiva contra el franquismo y la imposición de una sola
interpretación de la tragedia española, da alas a una extrema
izquierda radical, que trata de identificar al «régimen de la
Transición» con la dictadura, y a unos movimientos separatistas que
tratan de extender la falacia de que la unidad de España es una
imposición franquista y no un principio constitucional. Haría mejor
el Gobierno en preservar el espíritu de la reconciliación que hizo
posible la democracia que en agitar el espantajo del General.
Deambular por la periferia del oportunismo no mejora en nada la vida
de los españoles.
La Comisión de la Verdad
Miguel Bajo ABC 16 Julio 2018
Leo que el Gobierno ha creado una Comisión de la Verdad. Supongo que
no tiene otro objetivo que el examen de la historia de la Guerra
Civil y de la dictadura franquista. Solo a una panda de iluminados o
los sometidos a los efluvios de una droga o los escogidos por una
revelación del más allá, se le hubiera ocurrido darle ese nombre.
Sobre qué se entiende por verdad se ha dicho o escrito mucho. Si
resumiéramos el concepto de verdad como coincidencia entre lo que se
dice y la realidad, la pretendida Comisión de la Verdad relativa a
los acontecimientos de la historia y sobre todo de la Guerra Civil
Española responde a un pensamiento de la historia propio de los
totalitarismos del siglo XX.
Determinar si un relato coincide con la realidad histórica depende
de una operación de investigación que tiene tantos resultados como
pensadores. Es decir, hay que reconocer que hay tantas verdades como
personas en el mundo. Hay tantas verdades históricas como
historiadores.
Si lo que se quiere decir con Comisión de la Verdad es agrupar a una
serie de científicos para que examinen cuántas tesis históricas se
han creado sobre la Guerra Civil, bienvenido sea. Si Comisión de la
Verdad significa determinar cuál de esas interpretaciones de los
hechos ocurridos es la que ha de imponerse, como verdad absoluta,
sobre las demás por entender que es la que coincide con la realidad,
es una pretensión de pensamiento único intolerable.
En realidad, el concepto de verdad tiene un contenido más teológico
que filosófico o histórico. No hay más verdad absoluta que la verdad
divina revelada y es sólo relevante para los creyentes. En el mundo
del Derecho, fingimos llegar a una verdad concreta que es la verdad
de la sentencia firme. Y es una ficción en la que convenimos para
poder resolver los conflictos sociales. En efecto, los hechos
declarados probados en una sentencia después de cumplidos todos los
actos procesales pertinentes que conducen a la firmeza de la misma,
son hechos coincidentes con la verdad de una manera convencional.
Es evidente que se trata de algo convenido por todos para poder dar
lugar a una convivencia social razonable, de modo que se puedan
resolver los conflictos no por la vía de la violencia o de la ley
del talión sino por la de reconocer que una sentencia firme recoge
la verdad de lo probado. Pero no es más que algo convenido. Cuando
los juristas decimos que los hechos probados en una sentencia firme
son la verdad no pretendemos otra cosa que lograr una solución a un
conflicto.
Para ello, el derecho ha inventado el proceso que es un conjunto de
reglas que garantizan que quienes están encargados de la solución
del conflicto, lo hacen aplicando leyes que proceden de la voluntad
popular y con unas reglas que impiden la incorporación a los hechos
de posturas subjetivas por parte del juzgador.
Para que esa llamada Comisión de la Verdad tuviera sentido sería
necesario que aplicara unas reglas dictadas por todos, por el
conjunto de la sociedad, que la labor de la Comisión se sometiera a
unas reglas que garantizaran la pluralidad de pensamiento sobre los
hechos históricos y garantizaran que los componentes de dicha
Comisión actuarían desprovistos de intereses personales y se
limitarían a aplicar objetivamente las reglas de conocimiento.
Y, evidentemente, no va a ser así.
Miguel Bajo es Catedrático en Derecho Penal y Abogado.
Orwell revisitado
Amando de Miguel Libertad Digital 16 Julio 2018
La imaginativa novela de George Orwell 1984 revela los absurdos y
humillaciones de un hipotético régimen totalitario del futuro. Su
idea fundamental es la reforma caprichosa del léxico político. Por
el ejemplo, el Ministerio de la Verdad se ocupa de urdir todo tipo
de mentiras oficiales.
La ensoñación de Orwell la tenemos ya en la España actual. Su ley
fundamental es la de la Memoria Histórica. Significa lo contrario de
lo que parece. Se trata de ocultar de forma sistemática y desde el
poder una parte de la historia contemporánea. En concreto, hay que
convencer a la población de que la guerra civil la ganaron los
republicanos. Se lleva ya mucho camino andado en esa dirección.
El Gobierno de Sánchez no puede legislar con soltura, pues le faltan
muchos votos en el Congreso. Por eso gobierna a golpe de decreto.
Uno de los últimos ha sido el deinstituir la Comisión de la Verdad
como una mejora de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de anular
las sentencias de los tribunales del franquismo. (Por cierto, espero
que me beneficie, pues un consejo de guerra me condenó en 1970 por
injurias al Ejército. Menos mal que, advenida la democracia, me
concedieron la Medalla Militar). Nada más orwelliano que una
Comisión de la Verdad. Supongo que, puestos a ser justos, se podrían
anular también algunas de las sentencias políticas de la República,
sir ir más lejos, la que condenó a muerte a José Antonio Primo de
Rivera.
Otra de las iniciativas es la de volver a redactar la Constitución
con un "lenguaje inclusivo". El Gobierno se queja de que "tenemos
una Constitución en masculino". El ejemplo no es muy feliz, pues la
voz Constitución es femenina. Lo que se pretende es que el texto de
la carta magna diga "españoles y españolas", "diputadas y
diputados", etc. Ya puestos, no estaría mal que se hablara también
de partidos y partidas.
Un avance muy notable en la revolución léxica es que ya tenemos
constituido el colectivo (o colectiva) de Lesbianas, Homosexuales,
Transexuales y Bisexuales. Ignoro por qué no se han añadido otros
tipos como los Incestuosos, los Zoófilos o los Fetichistas. De
momento lo que se ha conseguido es la exaltación de los homosexuales
(antes se habrían llamado "gayos"). Tanto es así que se tipifica un
nuevo delito: la homofobia (aunque literalmente significa "odio a
los iguales"). Un dato llamativo de la Semana del Orgullo (Gayo,
naturalmente). En el balcón principal de la Maternidad de la calle
O'Donnell de Madrid figuraba ostentosamente la bandera multicolor de
los homosexuales. Ya es atrevimiento asociar la maternidad con la
homosexualidad.
La esencia de la utopía orwelliana es conseguir que las palabras con
significación política alteren por completo su sentido. Por ejemplo,
en Cataluña durante la última semana se ha dejado de llamar "presos
políticos" a los procesados por los delitos de sedición, sublevación
o golpe de Estado. (Elíjase lo que más convenga). Pues bien, la
última etiqueta es la de rehenes. No se sabe muy bien quién es el
que va a pedir un rescate por ellos.
Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com
Revisionismo
Segundo Sanz okdiario 16 Julio 2018
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ya estudia como ilegalizar a
la Fundación Francisco Franco, al mismo tiempo asociaciones que
hacen apología del Frente Popular se frotan las manos con la reforma
integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que prepara el nuevo
Ejecutivo socialista.
Y es que estas fundaciones que ensalzan a figuras protagonistas del
bando republicano de la Guerra Civil española, involucradas también
en el horror y en el pasado más negro de este país, recibirán
cuantiosas subvenciones públicas por parte del gabinete Sánchez a
fin de seguir alimentando el revisionismo histórico iniciado por
Zapatero.
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la Fundación Domingo
Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del
Partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias
populares, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio
Fernández Inguanzo.
La fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 por orden del
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero subvenciones por
un importe total de 421.342,56 euros, de los que 193.165 fueron para
la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a
estudios, monolitos y placas.
Por su parte, la fundación Horacio Fernández Inguanzo obtuvo en esos
años una asignación de 45.000 euros para una actividad archivística
titulada “Un acercamiento prosopográfico a la represión contra los
comunistas, 1956-1963”. En cuanto a la fundación Fundación Anastasio
de Gracia, se llevó 40.226 euros para la “dignificación moral de los
líderes sindicalistas del metal”.
Anastasio de Gracia fue subsecretario de Armamento del Ministerio de
Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de
Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de
Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937. Mientras que Horacio
Fernández Inguanzo, El paisano, fue teniente de artillería en las
milicias del Frente Popular.
En su caso, el socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la
checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el
historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil
(Plaza & Janés, 2006): “Para la realización de sus fechorías, los
chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad
oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la
minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes,
incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa
y alentaban a sus miembros”.
Una historia sesgada
El Ministerio de Justicia, con Dolores Delgado al frente, ha creado
una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que, entre
otros propósitos, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del
Franquismo y pondrá en marcha una “Comisión de la Verdad”.
Esta última iniciativa, avanzada por la fiscal próxima al juez
Baltasar Garzón, consistirá en “un órgano de carácter no judicial
con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al
esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, del derecho
humanitario, y de las graves infracciones cometidas durante la
Guerra Civil Española y la dictadura franquista”.
Esta Comisión de la Verdad se encargará de elaborar un informe
“incluyente y global que contribuya al esclarecimiento de la verdad,
la reparación integral de las víctimas y las garantías de no
repetición”. Este documento, que según el PSOE servirá para “la
construcción colectiva de la memoria democrática española” será
entregado a las “Cortes Generales para su conocimiento y aprobación
y al Gobierno de España y las Instituciones competentes para
cumplimiento de sus recomendaciones” a través de la “recuperación y
análisis de documentos históricos”.
Un órgano político que sancionará sin juicio y que no se ocupará, en
absoluto, de indagar en esas otras “graves infracciones” y horrendos
crímenes que cometieron las milicias del Frente Popular. Una
historia sesgada y otra intentona guerracivilista, esta vez
encabezada por Pedro Sánchez, de reabrir viejas heridas restañadas.
Comisión de la Verdad y tonto útil
No busca ni ser veraz. Sólo pretende servir para cambiar la realidad
que todos conocen y crear una nueva por decreto
Ramón Pérez-Maura ABC 16 Julio 2018
Hay denominaciones que son peligrosas en sí mismas. Una de ellas es
la de Comisión de la Verdad. Ni el escalofriante Informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicado en
Argentina al final de las sangrientas dictaduras militares y
prologado por Ernesto Sábato llegó a tener ese nombre. Ni siquiera
informalmente. Pero el Gobierno Sánchez quiere imponer a todos los
españoles una Comisión de la Verdad como la que en estos días ha
puesto en marcha en Colombia Juan Manuel Santos tras su pacto
bastardo con la guerrilla en La Habana.
Estas comisiones siempre encuentran lo que Lenin llamaba «un tonto
útil» para darles una apariencia de respetabilidad. Estoy seguro que
la comisión española encontrará algún historiador lamerrabeles
deseando ser incluido desde supuestas posiciones no izquierdistas.
Siempre hay alguien necesitado de reconocimientos espurios. Puede
ser ilustrativo el caso de la comisión colombiana. Santos acordó su
creación para estudiar la violencia de todas las partes en sesenta y
cinco años de sublevación guerrillera. Poniendo así en el mismo
nivel a los terroristas y a los representantes del Estado. Buen
comienzo. Y después, con las FARC, ha nombrado presidente de esa
comisión al jesuita Francisco de Roux, antiguo provincial de la
Compañía y hombre de conocidas y declaradas afinidades de extrema
izquierda. Este De Roux afirmaba hace menos de tres meses que «tengo
una verdadera admiración por Pablo Beltrán», jefe del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y añadía «el planteamiento del ELN es muy
de lo que los colombianos queremos». Partiendo de esa base, el
jesuita ha exigido la entrega de todos los archivos de inteligencia
y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas, desde 1953
hasta el presente. Exige documentación de todas las actividades de
las fuerzas de seguridad, tanto las oficiales como las encubiertas,
las de la lucha anti subversiva y contra el narcotráfico, entre
otras. Es decir, las actividades de cientos de miles de personas que
a lo largo de 65 años han luchado en nombre del Estado en todos esos
frentes quedarían al albur de una llamada Comisión de la Verdad
gerenciada por un declarado enemigo del Estado. Insuperable.
Y, lo que es peor, como explicaba ayer Eduardo Mackenzie en «El
Mundo» de Medellín, el jesuita pro guerrillero «no ha tenido
siquiera el cuidado de pedirle, para preservar al menos la
apariencia de un cierto equilibrio de intenciones, al Partido
Comunista, a las Farc (partido y unidades armadas), a los ex
militantes del M-19, al ELN, EPL, a las Bacrim y a los demás actores
de la guerra subversiva, disueltos o en actividades, que le
entreguen la totalidad de sus archivos de inteligencia y
contrainteligencia, sus textos de doctrina paramilitar, sus manuales
de operaciones, sus listas de asaltos, emboscadas, víctimas, bajas y
“daños colaterales” (como dice De Roux), sus listas de secuestros,
de sus rehenes, de sus campos minados en regiones y pueblos, y todos
los otros detalles de las actividades terroristas, en las ciudades y
en el campo, y sus redes de tráfico de drogas, desde 1953 hasta
hoy». Y no lo han hecho porque en cualquier país, una Comisión de la
Verdad no busca ni ser veraz. Solo pretende servir para cambiar la
realidad que todos conocen y crear una nueva por decreto.
Hoy en día en Iberoamérica -o lo que es lo mismo, en todo Occidente-
no queda ni un régimen autoritario «de derechas». Todos son derivas
del socialismo: Venezuela, Cuba, Nicaragua… La herencia que quiere
dejar el aclamado Juan Manuel Santos antes de huir a Londres el 7 de
agosto a las tres de la tarde es una Comisión de la Mentira que
justifique su catastrófica Presidencia
Al Gobierno se le resiste Franco
Moncloa sigue buscando la «fórmula jurídica» que ampare la
exhumación del dictador. El armazón legal y la desaprobación de los
familiares están dilatando el traslado, que el presidente había
anunciado para este mes
Ainhoa Martínez. La Razon 16 Julio 2018
Era una de las medidas estrella de la Ley de Memoria Histórica que
el Gobierno de Pedro Sánchez tenía previsto reactivar con su llegada
al poder. Sin embargo, lo ajustado de los tiempos llevó al Ejecutivo
a establecer un orden de prelación, coronado –eso sí– por la
exhumación de los restos de Francisco Franco. El propio Sánchez
llegó a anticipar ante los periodistas que el traslado del dictador
del Valle de los Caídos «os pillará trabajando», una determinación a
la que el Gabinete quería imprimir premura, acometerla de manera
«inminente» antes de que finalizara el mes de julio. Sin embargo, la
dificultad que ha impedido a los gobiernos precedentes, incluido el
de José Luis Rodríguez Zapatero que también lo intentó, llevar a
cabo la exhumación sigue plenamente vigente. A los conflictos
competenciales que Moncloa consiguió salvar, gracias a la
disposición de la Iglesia como autoridad competente a no oponerse a
la exhumación, se suma el rechazo de la familia del dictador que no
querría hacerse cargo de los restos.
A día de hoy, el Gobierno carece «todavía» del mecanismo legal que
ampare la decisión política de exhumar los restos de Franco. «Se
sigue trabajando en la fórmula jurídica», reconocen fuentes
gubernamentales que ligan a esta fórmula, el plazo para que se pueda
llevarse a la práctica. Estas mismas fuentes reconocen la «suma
complejidad» con la que se ha encontrado el Ejecutivo que, en
principio, y tal como reconoció a este diario esperaba llevar a cabo
el traslado antes del 18 de julio, aniversario del alzamiento
militar y –por ende– fecha de especial simbolismo para un sector de
la sociedad de marcada ideología.
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconocía hace
una semana que todavía no había «ni fecha ni fórmula jurídica» para
llevar a cabo la exhumación. Patrimonio Nacional, dependiente del
Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Carmen
Calvo, está en contacto con todos los herederos de Franco para
intentar llegar a un acuerdo y que éstos asuman qué hacer con los
restos. Al parecer no habría consenso en la familia del dictador
sobre cómo proceder ante esta situación. Para llevar a cabo la
exhumación de los restos del dictador, según fuentes
gubernamentales, no haría falta que la decisión cuente con el aval
del Consejo de Ministros porque se encuentra en una dependencia
subordinada al Estado y, por tanto, éste puede proceder como estime.
El Gobierno sigue decidido a imponer como prioridad la aplicación de
la Ley de Memoria Histórica y con este fin se ha creado una
Dirección General orientada a tal efecto. Incardinada en el
Ministerio de Justicia, impulsará la resignificación del Valle de
los Caídos como un lugar de reconciliación, promoverá la creación de
una Comisión de la Verdad, reabrirá la Oficina de Apoyo a las
Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la
ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan
apología del franquismo. Es decir, la ilegalización, por ejemplo, de
la Fundación Francisco Franco.
Los socialistas quieren ir más allá de lo que preveía la legislación
aprobada por Zapatero, imponiendo sanciones económicas y de cárcel a
quienes no retiren los símbolos franquistas de la vía pública o a
quienes hagan apología o humillen a las víctimas.
El Gobierno también impulsará en la reforma integral de la ley de
Memoria Histórica declarar la nulidad de los tribunales de excepción
franquistas y sus fallos y sentencias e impulsar desde lo público
las exhumaciones. Para ello, la nueva Dirección General para la
Memoria Histórica del Ministerio de Justicia hará públicos los datos
de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de
peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado
positivo, con su posterior publicación en el Boletín Oficial del
Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se
haya realizado la exhumación.
Giulio Meotti: “Bélgica podría ser el
primer Estado islámico de Europa”
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Julio 2018
En un artículo que acaba de publicar en la web del Instituto
Gatestone, el profesor y analista Giulio Meotti, especializado en el
estudio de la población musulmana en Europa, se pregunta si Bélgica
será el primer Estado islámico del viejo continente.
Para explicar el motivo de su pregunta, Meotti recuerda que el
acrónimo en francés del Partido ISLAM belga significa: "Integridad,
Solidaridad, Libertad, Autenticidad, Moralidad". "Los líderes del
Partido ISLAM quieren al parecer convertir Bélgica en un Estado
islámico. Lo llaman "democracia islamista" y tienen un horizonte
temporal: 2030".
Según la revista francesa Causeur, recuerda Meotti, "el programa es
pasmosamente simple: reemplazar todos los códigos civiles y penales
por la ley de la sharía. Punto".
Creado en vísperas de las elecciones municipales de 2012, el Partido
ISLAM obtuvo enseguida unos resultados impresionantes. Sus números
son alarmantes. El efecto de este nuevo partido, según Michaël
Privot, experto sobre el islam, y Sebastian Boussois, politólogo,
podría ser la "implosión del cuerpo social". Algunos políticos
belgas, como Richard Miller, están defendiendo ahora la
ilegalización del Partido ISLAM.
Meotti recuerda que recientemente el semanario francés Le Point ha
detallado los planes del Partido ISLAM: “Le gustaría ‘prevenir el
vicio prohibiendo los establecimientos de juego (casinos, salas de
juego y agencias de apuestas) y la lotería’. Además de autorizar a
llevar el velo musulmán en las escuelas y un acuerdo sobre las
festividades religiosas islámicas, el partido quiere que todos los
colegios de Bélgica ofrezcan comida halal en sus menús escolares.
Redouane Ahrouch, uno de los tres fundadores del partido, también
propuso segregar a los hombres y las mujeres en el transporte
público. Ahrouch perteneció en los años noventa al Centro Islámico
Belga, un nido de fundamentalismo islámico donde se reclutaron
candidatos para la yihad en Afganistán e Irak”.
“El Partido ISLAM sabe que la demografía está de su parte”, explica
Meotti. Ahrouch lo ha dicho: “En doce años, Bruselas estará
compuesta principalmente de musulmanes”. “En las próximas elecciones
belgas, el Partido ISLAM se dispone a presentar candidatos en 28
municipios. A primera vista, parece una proporción ínfima para los
589 municipios belgas, pero demuestra el progreso y las ambiciones
de este nuevo partido. En Bruselas, el partido estará representado
por 14 listas de las 19 posibles”.
“Seguramente por eso el Partido Socialista teme ahora el auge del
Partido ISLAM. En 2012, el partido logró, cuando se presentaba en
sólo tres distritos de Bruselas, dos representantes electos en dos
de ellos (Molenbeek y Anderlecht), y sólo falló por un estrecho
margen en el centro de Bruselas”.
“Dos años después, durante las elecciones parlamentarias de 2014, el
Partido ISLAM intentó ampliar su base en dos distritos electorales,
el centro de Bruselas y Lieja. Una vez más, los resultados eran
impresionantes para un partido que está a favor de la introducción
de la sharía, la ley islámica, en Bélgica. En Bruselas ganaron 9.421
votos (casi el 2%)”.
Este movimiento político empezó al parecer en Molenbeek, "la
madriguera de los radicales belgas", un "hervidero de reclutadores
para el Estado Islámico de Irak y el Levante". Los yihadistas
estaban al parecer planeando atentados por toda Europa e incluso en
Afganistán. El escritor francés Éric Zemmour, dijo irónicamente que
en vez de bombardear Raqa (Siria), Francia debería "bombardear
Molenbeek". En Molenbeek, actualmente 21 funcionarios municipales de
46 son musulmanes”.
"La capital europea será musulmana en veinte años", escribió Le
Figaro, según recuerda Giulio Meotti. “Casi un tercio de la
población de Bruselas ya es musulmán, señaló Olivier Servais,
sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina. "Los practicantes
del islam, a causa de su alta tasa de natalidad, habrá de ser
mayoría en 'quince o veinte años'. Dese 2001 [...] Mohamed es el
nombre más común que se le pone a los niños que nacen en Bruselas”.
“El partido ISLAM está trabajando en un entorno favorable. Según el
alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, todas las mezquitas de la capital
europea están ahora "en manos de los salafistas". Hace unas semanas,
el Gobierno belga canceló el alquiler de larga duración de la más
grande y antigua mezquita del país, la Gran Mezquita de Bruselas, a
la familia real saudí, "como parte de lo que las autoridades dicen
que es un intento de combatir la radicalización". Los funcionarios
dijeron que la mezquita era "un semillero para el extremismo".
Convocadas por el Movimiento por España
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Julio 2018
Miles de personas se congregan en el Valle de los Caídos
contra la exhumación de Franco impulsada por el Gobierno socialista
Varios miles de personas han acudido al Valle de los Caídos para
protestar contra la intención del Gobierno de extrema-izquierda de
Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Francisco Franco.
La asociación Movimiento por España había convocado una
"peregrinación nacional" contra la exhumación y llamó a participar
en un misa en la Basílica del Valle para defender que "media España
no quiere que Franco sea exhumado, ni el Valle de los Caídos
profanado y expoliado".
Desde primera hora de la mañana los puentes de la A-6 en dirección
al Valle de los Caídos han amanecido con pancartas con el rostro de
Franco y con el lema "El Valle no se toca". centenares de coches se
han agolpado a la entrada del monumento, lo que ha provocado atascos
en las inmediaciones.
En la entrada a la iglesia centenares de personas han hecho colas
arropados con emblemas nacionales y coreando gritos de "Viva Franco
y José Antonio".
La agrupación organizadora ha considerado la decisión de exhumar al
antiguo Jefe de Estado como una "infamia" y ha lamentado que
"durante muchas décadas no han estado a la altura" para defender a
Franco.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Primeros logros
Diez cosas que ya debemos al presidente Sánchez
Luis Ventoso ABC 16 Julio 2018
Mientras media España se hace cruces con un vídeo crítico con el
equipo de Soraya, vitriólico, pero normal en cualquier liza de
primarias, se habla menos de las proezas de nuestro presidente
Sánchez, quien con solo el 25% de los escaños ya ha logrado
numerosos éxitos:
1. -Brasa fiscal. Ha reconocido ante la UE que no cumplirá el
objetivo de déficit y necesita 5.000 millones con urgencia, que
obtendrá crujiéndonos a impuestos.
2. -Reapertura innecesaria de heridas de hace ochenta años. Aquí el
presidente de los 84 escaños va a darlo todo. Desenterrará de manera
exprés a Franco, del que solo se acordaba Sánchez, y creará una
orwelliana Comisión de la Verdad, que convertirá en infractor a todo
aquel que ponga en duda la interpretación de la Guerra Civil fijada
por la VUP (Verdad Única Progresista).
3. -Carantoñas al golpismo. Sánchez, que comparaba a Torra con Le
Pen, lo ha admitido en La Moncloa lazo amarillo en solapa y le ha
otorgado trato bilateral, discriminando al resto de las regiones.
También le prometió revisar las sentencias del TC, embistiendo así
contra el máximo tribunal. Por último, ha concedido beneficios
penitenciarios a jefes golpistas sin indicio de arrepentimiento.
4. -Gentilezas con pistoleros etarras. Toca pasar página del dolor
de ETA, que así se lo exige el PNV, y tener detalles con los
asesinos. Sánchez acercará al País Vasco hasta a uno de los
matarifes de Hipercor.
5. -La intromisión más abusiva en la historia de RTVE. Sin
pamplinas: control por decreto de la televisión pública de todos los
españoles de mano de Podemos y los separatistas. ¿Pluralismo? Por
supuesto: TVE podrá ser de izquierdas o muy de izquierdas.
6. -Ofensiva contra los católicos. Si el 70% de los españoles se
declaran católicos, tenemos un problema. Sánchez intentará
solventarlo con una mano de ingeniería social: eutanasia; amenazas a
la educación concertada, porque es demasiado libre, humanista y
diferente; y una asignatura para fundar una Ética del Estado
(progresista, pues sino no sería ética).
7. -Culto al líder. Se acabó la frivolidad mariana de conceder
ruedas de prensa. Sánchez, a lo Erdogan: un presidente que camina
sobre las aguas y no admite preguntas abiertas y libres de los
periodistas. Solo entrevistas de cámara en medios amigos.
8. -La verdad es elástica. La promesa de convocar elecciones fue
burlada, al igual que la de no aceptar votos separatistas para una
investidura.
9. -Si la corrupción es propia, no pasa nada. Ha caído un ministro
por regatear al fisco, ha sido detenido el presidente socialista de
la Diputación de Valencia y el juicio de los ERE es el retrato de
una inmensa vergüenza. Cero disculpas.
10. -De espaldas a la Corona. Ni una palabra de apoyo al Jefe del
Estado después de que Torra anunciase que lo boicoteará.
El gran muñidor.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Julio 2018
OTRO MOVIMIENTO TRANSVERSAL DE LOS GOLPISTAS QUE SALE DE LA FERTIL
MENTE DE PUIGDEMONT.
No hay ni un solo minuto que los golpistas desperdicien y quieran
sacar rédito de sus elucubraciones mentales. Y hay que reconocer que
el fugitivo fantoche con aires de Presidente en el exilio junto a
sus asesores no deja de maquinar para que la ya larga ausencia no se
transforme en olvido. Ante todo, ya ha conseguido doblar a todo un
partido como Convergencia, ahora PDeCAT y forzarle a seguir su
batuta en la coral que ha montado fundando esa lista trasversal de
Junts per Catalunya (JXCAT) con la que consiguió ser la primera
fuerza separatista y la segunda en el parlamento de Cataluña tras
CIUDADANOS. Él ha impuesto al candidato, Joaquim Torra, que
finalmente ha sido investido Presidente del Gobierno de la
Generalidad. Él elaboró la lista con los primeros 35 ultra
separatistas relegando a los del PDeCAT a posiciones posteriores. Él
ha llevado el control de los tiempos hasta la investidura final de
un fiel y radical sustituto que incluso muestra respeto por las
estancias del cesado Presidente en el Palacio de Sant Jaume. Él ha
sido el que ha mantenido el pulso con el Tribunal Supremo y
conseguido imponer su falaz versión de los hechos a Tribunales como
el de Bélgica y Alemania obligando a la Justicia de España a ir a
remolque de sus movimientos y actitud victimista.
Porque lo queramos admitir o no, Carles Puigdemont se ha convertido
en un personaje incómodo para cualquier Gobierno de España y un
dolor de cabeza para la Justicia que no ve forma de que países como
Bélgica, Suiza, Escocia y ahora Alemania, dejen de actuar como
jueces censores de la justicia de otro país socio de la UE,
permitiendo que sus Tribunales entren a considerar el fondo del
asunto usurpando una función que no les corresponde al poner en duda
la legitimidad de las euroórdenes de extradición cursadas. Una
situación que roza el esperpento y pone en ridículo a una diplomacia
ineficaz y a una pésima gestión del Gobierno de España al no haber
hecho ni la mínima protesta y admitir que un Tribunal extranjero se
atreva a rectificar la decisión del más alto Tribunal español de
justicia en una inadmisible injerencia y desprecio por el espíritu y
la letra de lo pactado a la hora de dar curso a las eurórdenes.
Carles Puigdemont y ha conseguido su primer objetivo y es el de
asegurarse su futuro a costa de los impuestos de todos los
españoles, ya que podrá hacer realidad su lujoso chiringuito del
“espacio libre de la República de Cataluña” allí en el pueblecito de
Waterloo, Bélgica, una vez resuelva sus cuitas con los Tribunales en
Alemania, al haber recurrido la sentencia que le extraditaría por
malversación, caso de que el juez Pablo Llarena no decida rechazar
esa extradición en esos términos insultantes. La Generalidad ya ha
comenzado, sin que el Gobierno de España haga nada por impedirlo, a
reabrir las mal llamadas “embajadas” cerradas por el Gobierno de
Mariano Rajoy durante los meses de intervención de la Generalidad.
Los gastos van contra los presupuestos de la Generalidad. Y por otro
lado, Carles Puigdemont como máximo dirigente del grupo
parlamentario JXCAT administra los fondos a los que esa formación
tiene derecho a través de la subvención del Parlamento de Cataluña
por los diputados electos.
Pues no contento con lo anterior, Carles Puigdemont ha decidido ser
el líder supremo de una formación de unidad de todo el separatismo,
es decir que aúne a los golpistas convencidos. Mañana quieren
presentarla montando un circo mediático para presentarla. El nombre
no es demasiado original Junts per la República (JxR), algo que
recuerda vagamente a los CDR. En esta presentación Carles Puigdemont
aparecerá en video conferencia, presidiendo el acto Joaquim Torra y
donde se dará lectura a una carta del preso Jordi Sánchez escrita
para este histórico momento.
Todo lo anterior demuestra que este miserable sujeto, Carles
Puigdemont, no solo sigue burlándose de la ley, sino que aspira a
hacerse con el pleno poder en Cataluña aprovechando que los que
pudieran hacerle sombra, como Oriol Junqueras, están precisamente
fuera de juego en la sombra de una celda. Y es que este fugitivo
puede permitirse aparecer en plasma en alta definición en tiempo
real en cualquier acto o convención por gozar de plena libertad de
movimientos y con fondos ilimitados para permitirle esas
infraestructuras y medios de comunicación que le hacen innecesaria
su presencia física. Un líder holográfico que puede seguir causando
muchos dolores de cabeza y poner en ridículo a un Estado que se
muestra incapaz de desactivarle y llevarle a responder de sus
delitos ante la Justicia.
Porque tipos así que perjudican y desafían a Estados y al poder
constituido han existido siempre, pero en algún momento sus andanzas
han terminado digamos que de forma dramática cuando los Estados han
reaccionado de forma contundente. Y no le puede resultar ajeno este
tipo de soluciones a quien ya tuvo su propia experiencia con aquello
tan sórdido de los GAL y la ETA, donde de forma burda y torpe se
antepusieron los intereses de Estado sobre otro tipo de
cuestionamientos éticos y jurídicos.
Ya veremos en qué acaba esta presentación del nuevo circo y “pollo”
que ha montado Carles Puigdemont mientras rellena sus días de asueto
en Alemania. Y es que ya se sabe que el ocio es la madre de todos
los vicios.
¡Que pasen si pueden un buen día!
Cataluña, la teoría del caos
RAÚL DEL POZO El Mundo 16 Julio 2018
Las independencias se consiguen por insurrección, que casi siempre
termina en guerra. Los separatistas catalanes decidieron seguir otro
camino, la senda de Gandhi, que a su vez siguió los textos de Henry
David Thoreau. Éste se preguntaba si las naciones pululan como
insectos y son arrastradas por perros que se muerden las orejas.
Desde ese método de lucha, los separatistas catalanes ensayaron el
primer acto de desacato con la DUI. Apostaron por una insumisión
generalizada creyendo que el Gobierno no iba a poder con ella. Pero
el Tribunal Supremo los acusó de rebelión y metió en la cárcel a los
cabecillas. Nueve meses después, los independentistas siguen con la
tentación de situarse fuera de la Constitución, a pesar de la mano
tendida del Gobierno de Sánchez.
Como ha reconocido Josep Borrell, no se percibe un cambio pese al
esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo por parte del
Ejecutivo. La ANC vuelve a decir basta ante lo que ellos llaman la
deriva antidemocrática del Estado español. Cada tarde, un Gobierno
autonómico que representa la quinta parte del Estado propone
descuadernarlo, violar la ley y desbaratar un procedimiento judicial
del Tribunal Supremo.
Aquella teoría usada en el primer acto de la rebelión -según la cual
ir a prisión era lo ideal para los héroes del procés sentenciados
injustamente por el Gobierno- ha sido del todo abandonada en este
segundo acto. Ahora es todo lo contrario: sus agitadores exigen que
el que vaya a la cárcel sea el juez Llarena. Por ahora, las
manifestaciones y protestas, como el asalto simbólico a la cárcel
Modelo deshabitada -se equivocaron de prisión-, no son acciones
plenamente ilegales, pero tienen un mensaje de desafío al Estado al
ser encabezadas por los propios dirigentes y cargos institucionales.
Miquel Iceta ha acusado a la Generalitat de jugar con dos barajas,
la del acuerdo y la de la ruptura. O con las dos a la vez. Les ha
recordado Iceta que las resoluciones del poder judicial deben ser
acatadas por todos, pero los secesionistas saben que han perdido la
batalla y siguen con el aparato de la propaganda a todo volumen, con
un feroz ataque a los jueces del Tribunal Supremo.
Nadie sabe hasta dónde va a llegar la estampida suicida y absurda de
los separatistas y la pregunta que se hacen los atónitos ciudadanos
es: ¿Qué debe hacer un Estado cuando el presidente de una comunidad
-un redomado racista- acusa a los jueces del Tribunal Supremo de
basar su proceso en delitos falsos o inventados?
Hasta Gandhi propuso ordenar el caos, mientras los catalanes
proponen resolver el caos con más caos.
Garzón y las cloacas
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Julio 2018
Arrecian los rumores sobre el inmediato indulto de Garzón a manos de
su amiga entrañable, ministra de Justicia por la gracia del juez de
Prada, amigo entrañable de Garzón y vil proetarra en actuaciones
extra-judiciales como la denuncia junto a Iñigo Iruin, distinguido
abogado del terrorismo, de la existencia de torturas en su Audiencia
Nacional, que sin embargo no denunció. Claro que tampoco dedujo
falso testimonio a Rajoy pese a la frase que coló en la famosa
sentencia y que no venía a cuento diciendo que había mentido, pero
como las torturas en su AN, prefirió aprovecharlas en vez de
perseguirlas legalmente. Así son las bandas de jueces y fiscales que
han ocupado casi medio Gobierno Sánchez y que se vigilan mutuamente.
Lo peor, siendo todo malo, de la situación española es que tras una
moción que algunos ven como un Golpe de Estado judicial, al modo de
Italia en los 90, que siempre fue el modelo de Garzón para llegar al
Poder, tenemos al Ministerio de Justicia y a su juez entrañable
teledirigiendo una formidable operación de desprestigio de la Corona
a través de Villarejo y García Castaño, cuyo informe Veritas que
aconsejaba echar a Garzón de los juzgados, pero con el que luego se
amigó hasta ser su padrino de boda. Por cierto, en esa boda había
periodistas de investigación, vamos, de esas investigaciones que
eran filtraciones de las cloacas y que servían para que Villarejo y
demás tejieran sus negocios paralelos de 'protección' privada y
chantaje público. La cloaca mediática ha sido parte esencial en la
corrupción del Estado.
Y hete aquí que Villarejo, desde la cárcel, cuenta lo que sabíamos
desde hace años sobre Campechano -por eso yo pedí aquí su
abdicación: al estar bajo chantaje fue capaz de respaldar los apaños
de ZP con la ETA y de firmar la Ley de Memoria Histórica- con cintas
nuevas para aderezar la viejísima novedad. Y hete aquí que la
entrañable ministra de Justicia va y explica que se puede sentar en
el banquillo a Juan Carlos, sin mediar ni comprobación ni denuncia.
Y he aquí que detienen a Castaño, alter ego de Villarejo. Y su
abogado es Garzón, el entrañable de la entrañable que da cobertura
política a la entrañable cloaca. Y he ahí, como última defensa, a
Margarita Robles, en la Cuesta de los Olivares de las Codornices,
que las perdices están muy venidas a menos.
Efectivamente, sí se puede
Pedro de Tena Libertad Digital 16 Julio 2018
Creía don Julián Besteiro al final de la guerra incivil perdida por
las izquierdas en 1939 que pensar en que media España puede destruir
a la otra media sería una nueva locura que acabaría con toda
posibilidad de afirmación de nuestra personalidad nacional, o mejor,
con una destrucción completa de la personalidad nacional, peligro
que hemos corrido y del cual hemos escapado, al parecer, poco menos
que de milagro.
Pues lo siento, don Julián, porque, efectivamente, sí se puede. Fue
lo que se intentó desde la proclamación de la II República; fue lo
que se trató de hacer mediante una guerra incivil buscada por las
izquierdas para aniquilar a los que no pensaban como ellos y es lo
que ahora, muchos años después, unas izquierdas que no han aprendido
nada de sus errores y que jamás han reconocido los daños causados ni
pedido perdón por nada –ni siquiera por los casi mil muertos de
terrorismo etarra– están perpetrando con un descaro sin limites,
usando como ariete una minoría despótica apuntalada por los
separatistas xenófobos, racistas e irracionalistas.
Quizá de las cosas que más me han impresionado en los últimos años
es la suma facilidad con que una minoría supuestamente defensora de
la democracia puede hacerse con el control del Estado y sus
estructuras gracias a los propios mecanismos parlamentarios. Hemos
podido comprobar cómo un partido, el PSOE, dirigido por quienes eran
hasta hace bien poco una minoría dentro de su propia organización,
ha logrado hacerse con el Gobierno sin que ninguno de los restantes
partidos pueda impedirles que gobiernen autoritariamente hasta la
llegada de las fechas electorales prefijadas, que podrían ser hasta
en junio de 2020, esto es, dentro de dos años.
Mientras tanto, estamos asistiendo a un espectáculo, incluso soez y
miserable, donde todo lo que se dijo antes de dar el golpe de
censura se había dicho con engaño sistemático de la inmensa mayoría
de los españoles, que asisten atónitos a la metamorfosis del
"racista" Torras, el "Le Pen español", en un hombre de Estado, del
ansiado Estado catalán, que grita desde su solapa que España es una
dictadura donde hay presos políticos, donde se asiste a una especie
campeonato nacional de gilipolleces (Carmen Calvo dixit, pixit,
sexit), donde el dinero público es de cualquiera menos de los
ciudadanos de la mayor parte de España, donde la Justicia da cada
vez más miedo y pena, donde se miente sobre la educación en
Cataluña, donde se traiciona la verdad sobre Machado y el
separatismo, donde se vuelve a intentar ganar la guerra incivil que
perdieron a pulso los que la provocaron y, por dejarlo ahí, donde se
regala la televisión pública a un partido sin respeto a mayoría
democrática alguna.
Podrá resultarnos a muchos impresentable. Pero es evidente que esto
se puede hacer, que sí se puede hacer y que incluso Felipe González,
al que Sánchez acusó de traición, y que conversaba con Albert Rivera
dudando que Sánchez pudiera hablar más de media hora sobre España,
dice ahora que este personaje despótico, lo está haciendo bien.
Bien, ¿para qué? Bien, ¿para quién? Mientras tanto, la oposición se
amuerma y se debilita, ensimismada y descolocada. La nación española
tiene, pues, un problema, porque los hechos han demostrado que
destruir sus instituciones es bien fácil. Que sí, que se puede hacer
y se está haciendo incluso desde los decretazos de una minoría.
¡Alerta roja! España en peligro por el
avance separatista
“Ríe de tus lágrimas mientras las lloras” Mark Manson.
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Julio 2018
Si nos hemos estando quejando, durante años, de la abulia del señor
Rajoy ante el evidente progreso de los soberanistas catalanes, su
empecinamiento, su desafío desenfadado, su temeridad tolerada y sus
bravatas consentidas, anunciando y repitiendo que, con este tipo de
política nunca se iba a acabar con la amenaza separatista de un
pueblo, el catalán, que ha hecho ( al menos una parte importante de
él), de su afán independentista, un lema con el que luchar contra la
pretendida y, evidentemente errónea, imposición de una forma de
control y asfixia por parte del Estado español, sobre la autonomía
(para algunos, nación catalana) ¿Qué deberemos hacer ahora que, un
gobierno socialista nacido de una moción de censura, que ha
precisado del apoyo de toda la oposición, incluidos los separatistas
vascos y catalanes, se encuentra ante el gran dilema de pagar los
favores recibidos a aquellos que piden que les sean devueltos y con
intereses y, al propio tiempo, sabe que, si cede a las exigencias de
sus acreedores políticos correrá grave peligro de poner en riesgo la
unidad de la nación española?
Porque, que nadie se llame a engaño, aquí lo que se ha puesto en
cuestión no es solamente una utópica independencia de la autonomía
catalana que, como todos vemos, en lugar de amainar como
consecuencia de la aplicación del Artº 155 de nuestra Constitución,
un remedio extraordinario que pretendía acabar, de una vez, con la
locura catalana; lo que ha sucedido en realidad es que, la ñoñez de
los políticos del PP y del resto de partidos constitucionalistas (el
PSOE fue, en realidad el verdadero culpable de que no se le diese
una mayor amplitud con la incautación de todos los medios de
propaganda que, entre otras lindezas, fueron los que dirigieron a
los rebeldes de 1.O para que fueran evitando ser sorprendidos por
las fuerzas del orden, enviadas por el Estado para intentar evitar
aquel simulacro, desautorizado por el TC, de referendo que, a pesar
de que los soberanistas le han pretendido dar validez para que
favoreciera sus fines; no fue más que un intento deslavazado, lleno
de irregularidades y carente de las más mínima fiabilidad y
legalidad que, curiosamente, no parece que el Gobierno haya hecho
suficiente hincapié en el hecho de que aquella consulta fue nula
desde el mismo momento en que se intentó llevarla a cabo, después de
haber sido considerada ilegal por el TC.
En realidad, si no se toma en serio esta cuestión, cada vez más
agravada por los políticos catalanes, que están explotando a fondo
la tolerancia del Gobierno y la actitud pasiva de aquellas
instituciones llamadas por la Constitución para evitar el progreso
de semejantes aventuras disgregadoras del Estado español y las
facilidades que encuentran, inexplicablemente, en naciones
extranjeras que, a propósito o inconscientemente, están dando la
impresión que sus tribunales de Justicia, los encargados de ejecutar
las euro-órdenes emitidas por los tribunales de la UE, parece que se
han olvidado de la finalidad de que, con este procedimiento
abreviado, se pretendía que se agilizaran las devoluciones de los
presuntos delincuentes refugiados en los países destinatarios de
ellas, con el claro objetivo de que, la mutua confianza en la
legalidad de las peticiones de los tribunales de las naciones
democráticas constitutivas de la comunidad europea, se evitaran los
farragosos y, en ocasiones, dilatados en el tiempo, procedimientos
necesarios para resolver los casos de extradición habituales.
En este aspecto el tribunal alemán, como ya hemos comentado en otras
ocasiones, nos ha dado la sensación de que, ante un caso de
proyección internacional, ha preferido olvidarse de su obligación de
darle trámite urgente, comprobando simplemente si, en Alemania,
existen delitos parecidos en el caso de posibles levantamientos
populares, aunque probablemente no con las mismas denominaciones.
Abogados influyentes, jueces encantados de salir en los periódicos y
una dudosa actitud de los políticos germanos, parece que han
contribuido a que, una resolución inoportuna, poco creíble y muy
discutible de que entre dentro de sus facultades de los magistrados
del tribunal alemán cuando se ha intervenido en cuestiones que les
eran ajenas y correspondían por entero a los tribunales españoles.
No es de su competencia ni tampoco están en condiciones de juzgar
desde su localización en el extranjero, si la actitud de los
separatistas catalanes, con Puigdemont a la cabeza, afectaba o no a
la estabilidad de la nación española. Pregunten estos señores a su
Tribunal Supremo cuando advirtió a Baviera que no les correspondía
ningún tipo de consulta sobre si pertenecían a Alemania o no.
Pero ahora el señor Pedro Sánchez, que hasta este momento ha
permanecido desaparecido dejando a sus ministros de deshojaran la
margarita de las propuestas de incremento del gasto público sin
preocuparse demasiado del coste para el país de tales dispendios; se
va a ver obligado a salir a la palestra y tomar decisiones ante la
evidencia, demostrada con las manifestaciones que han tenido lugar
en Cataluña los pasados días, con un perfecto desprecio hacia España
y la Justicia española; reclamando descaradamente la libertad de los
presos que, a diferencia de lo que pretenden defender, no se trata
de presos políticos que defienden una ideas, sino de presuntos
delincuentes que ha violado, con su desobediencia a las leyes
penales y a las resoluciones de los tribunales superiores del país,
como es el caso de las del TS y del TC la normativa española, con la
agravante de que, todos ellos ostentaban, en el momento de cometer
la desobediencia, cargos públicos que los obligaban con mayor motivo
a atenerse a sus obligaciones como tales.
El problema ya ha desbordado lo que podría ser una mera
manifestación callejera para pasar a convertirse en una rebelión de
masas perfectamente organizadas, evidentemente subvencionadas a la
vista de los atuendos con los que unos miles de personas han
reproducido el famoso lazo amarillo, rodeados de otras perfectamente
uniformados con ropas negras. ¿Quién paga todos estos movimientos? y
¿quién organiza los servicios logísticos, transportes y pertrechos
con los que se manifiestan en distintos lugares de Cataluña,
perfectamente escogidos, este número tan alto de participantes? El
señor Sánchez fue el que permitió que se retirasen los controles que
revisaban los gastos de la Generalitat. ¿Va a seguir manteniendo el
llamado “diálogo” con el señor Torra, que no se cansa de repetir que
lo que él y los suyos quieren no son subvenciones sino insistir en
el tema tabú de tratar sobre la independencia de la “nación
catalana”?
Nos preguntamos si este caballero del “no es no” está realmente
preparado para asumir las consecuencias de un trato especial a
Cataluña cuando vengan los nacionalistas vascos a exigir su parte
del pastel o los gallegos digan que ellos no van a permitir ser
menos que catalanes y vascos. ¿Es consciente la señora Carmen Calvo
de lo que puede suceder si, como parece que ha propuesto la señora
Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, les diga a los de
Bruselas que España no va a cumplir con los compromisos que asumió
Rajoy, porque necesitan más endeudamiento para cumplir con sus
proyectos sociales? Y es que, a diferencia de los mandatarios
salidos de unas legislativas, que disponen de un cuatrienio para
desarrollar sus proyectos con calma y dosificarlos según les
convenga; en el caso del señor Sánchez ha de hacer de mangas
capirotes debido a que se le van a echar encima dos elecciones, las
de Mayo del 2019, municipales y autonómicas y las legislativas para
finales del 2020, momento en el que finalizará la actual
legislatura. Si durante estos primeros meses es posible que siga
contando con aquellos que le apoyaron para alcanzar la presidencia
del gobierno, a medida que se vayan acercando los comicios va a
encontrarse con más dificultades para que sus actuales avaladores le
sigan apoyando y es muy posible que los fracasos se vayan
sucediendo, aún en el caso de que, desde Europa, quisieran echarle
una mano aceptando que no cumpla con los compromisos de Deuda
Pública o déficit, algo que estaría por ver si lo pudiera conseguir.
No olvidemos que también no le ha quedado más remedio que
comprometerse a incrementar el gasto en armamento si es que no
quiere que el señor Trump le pase factura con alguna de las medidas
con las que está poniendo firme a Europa.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
que ve como el periodo de gracia forzosamente, en este caso, más
breve que el habitual de los 100 días de confianza, se le está
agotando a don Pedro y, es posible, que el tiempo de “globos sonda”,
de las promesas facilonas o de los cambios de cara a la galería, se
le vayan agotando a medida que todo lo que han venido anunciando, en
cuanto a medidas sociales, deba ponerse en práctica y, lo más
peliagudo del caso, el pretendido enfriamiento de la cuestión
catalana, sus promesas de entendimiento y sus pretensiones de irles
entregando la parte del león, en cuanto a la financiación, a
Cataluña, deban cumplirse y, todo ello, con el resto de autonomías
españolas, que puedan salir perjudicadas con estos proyectos de
despilfarro del gasto público, demandando un trato igual en el
reparto de cromos de este gobierno que, recordémoslo, no lo han
elegido los españoles, sino que ha sido fruto de un “contubernio” de
las fuerzas de la izquierda y los separatistas. Conviene recordarlo.
Apaciguamiento
Francesc MorenoCronica Global 16 Julio 2018
Pedro Sánchez, tras afirmar el carácter xenófobo y racista de Quim
Torra? y calificarlo del Le Pen de la política española, se reunía
con él y compartían un bucólico paseo por los jardines de la
Moncloa. Poco después, Miquel Iceta declaraba que "hay un tema
importantísimo en la relación entre políticos que es el conocimiento
personal. Si tú de Quim Torra solo conoces sus textos, no te lo
llevarías a cenar. Ahora, cuando has conocido a Quim Torra, tienes
ganas de llevarlo a cenar".
¿A qué obedece esta voluntad de blanquear al presidente de la
Generalitat? ¿Qué efectos políticos tiene? ¿A quién beneficia?
La explicación oficial de la política del nuevo Gobierno hacia el
independentismo se resume en la voluntad de bajar la tensión,
reanudar el diálogo, volver a hacer política, recobrar la
normalidad.
De momento no parece que esta política de apaciguamiento haya
obtenido contrapartida alguna por parte de los independentistas.
Este domingo, Josep Borrell afirmaba que "no percibo un cambio en el
nuevo Govern". Quim Torra no se ha arrepentido de nada, sigue
apoyando a los CDR, no ha abjurado de su admiración por el fascismo
catalán del siglo pasado, no se ha comprometido a cumplir la
legalidad, y ni siquiera ha renunciado a la unilateralidad.
Si no hay contrapartidas aparentes por parte de la Generalitat al
olvido o banalización de la ideología supremacista y xenófoba de
Quim Torra por parte de los dirigentes socialistas, habrá que
concluir que Sánchez esta pagando al secesionismo parte del precio
de hacerlo presidente. Entiendo otras concesiones. Que se traslade a
los políticos presos, que se rebaje las peticiones de condena.
Incluso podría entender un indulto de la pena de prisión si fuesen
condenados y declaran su arrepentimiento y acatan la legalidad sin
eufemismos.
Pero blanquear a Quim Torra me parece ir moralmente demasiado lejos
con quienes, por otra parte, se llenan reiteradamente la boca de
proclamas contrarias al racismo y la xenofobia. ¿Qué pasa, que los
colonos, los hijos de colonos o simplemente los catalanes no
nacionalistas carecemos de derechos? ¿Piensan como Torra que somos
bestias con forma humana?
Las reivindicaciones de los catalanes no secesionistas han vuelto a
estar ausentes de la entrevista entre Sánchez y Torra y son
ignorados por Iceta, como ya lo fueron por todos los gobiernos
españoles. Sólo Borrell mantiene la batalla ideológica en el frente
exterior. No darla en la política interna es tener asegurado un
nuevo episodio de intento de golpe más pronto que tarde.
Éric Vuillard, en su novela El orden del día, premio Goncourt 2017,
recuerda las premisas de la política de apaciguamiento inglesa y
francesa hacia Alemania, con una frase de Lord Halifax: "El
nacionalismo y el racismo son fuerzas pujantes, pero no las
considero ni contra natura ni inmorales". Entre nosotros, muchos que
no se declaran secesionistas piensan como Halifax. Y creen que el
apaciguamiento les hace superiores moralmente. Artífices de la paz y
la reconciliación, como proclamaban los medios de su tiempo de
Daladier y Chamberlain tras la conferencia de Munich. Los hechos
demostraron que el apaciguamiento no sirvió de nada. Ante el
fanatismo nunca sirve de nada.
Frenar la deriva del independentismo
EDITORIAL El Mundo 16 Julio 2018
La decisión de la Corte de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont y la
evidente debilidad del Gobierno han envalentonado al
independentismo, siempre proclive a encender la mecha de la calle
para seguir alimentando sus quimeras. La manifestación del sábado en
Barcelona, alentada por las entidades sociales soberanistas, contó
con el respaldo del presidente de la Generalitat. Quim Torra exigió
la liberación de los políticos presos y la "vuelta de los
exiliados". Incluso se sumó a la ocupación de la cárcel Modelo de
Barcelona, organizada por los comités de defensa de la república
(CDR) para mostrar su aliento a la facción más extremista del
separatismo.
El Gobierno está obligado a poner freno a esta deriva. Porque la
tensión promovida por los secesionistas no solo estriba en una
retórica inflamante, sino que se traduce en un acoso cada vez más
intenso a la Justicia y la Corona -en una estrategia que cuenta con
la complicidad de Podemos- y en un incremento de la presión social,
tal como muestran los abucheos a Inés Arrimadas en Canet. Borrell
exhortó ayer, durante un acto de Sociedad Civil Catalana, a no
reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo. Eso pasa
también por que el Gobierno abandone el apaciguamiento y la política
de cesiones.
El velado plan islamista para colonizar los
partidos políticos españoles y joder la marrana todavía más
Desde el partido radical marroquí Justicia y Caridad, prohibida por
Mohamed VI, y otros como el tunecino An Nahda, dan instrucciones a
sus jóvenes seguidores en España para que se infiltren en cualquier
formación..... con el objetivo de desarrollar con el tiempo
formaciones musulmanas propias, y poder así concurrir finalmente a
unas elecciones
JMR. Periodista Digital 16 Julio 2018
[El objetivo común del separatismo, la izquierda radical y el
islamismo: destruir España]
La información es harto preocupante, y debería obligar a mirar de
frente y combatir con firmeza la actitud de algunos partidos de la
órbita podemita que comulgan con lo que nos ocupa, y que bajan sin
rubor a los infiernos del radicalismo musulmán encendiendo en las
redes sociales el debate sobre la 'necesidad' de "transformar la
sociedad por medio de la formación islámica de los individuos". (El
adorado musulmán de Podemos azotando a su novia francesa por salir
de fiesta: "¡Por el Corán!").
Es el caso por ejemplo de una estudiante de Ciencias Sociales,
integrante del grupo de jóvenes de Catalunya en Comú, que ha
difundido esta idea, la misma que desde Marruecos y Túnez propagan
peligrosos partidos políticos que quieren que sus seguidores más
jóvenes se infiltren en los españoles, sea cual sea su ideología,
como forma de prepararse para desarrollar en un periodo de tiempo
cercano formaciones musulmanas que concurran a las elecciones. Se
trata en fin, de colonizar la política y ocupar cargos públicos
desde donde sembrar su cizaña. (Este acojonante vídeo desvela el
verdadero rostro de los pacíficos musulmanes que viven en Europa).
El campo ya está abonado. Baste ver sin ir más lejos la simpatía de
Pablo Iglesias por la teocracia iraní, o el dinero público que gasta
a manos llenas Ada Colau para bendecir el Ramadán, entre otros
despropósitos. (El ataque de la chuleta musulmana a una estudiante
española por ir en 'shorts': "¡Deberías llevar velo!").
En el escrito de Ángeles Escrivá en 'El mundo' de este domingo 15 de
julio de 2018, se afirma citando fuentes de las Fuerzas de
Seguridad, que el llamamiento va dirigido a jóvenes musulmanes
españoles, preferiblemente universitarios, cuya formación pueda
sustentar una participación política activa y un futuro liderazgo.
Las instrucciones parten del partido tunecino An Nahda (El
Renacimiento) y de los marroquíes Justicia y Desarrollo (PJD) y
Justicia y Caridad (PJC). Este ultimo está prohibido por Mohamed VI
por su radicalidad, pero es la formación con mayor respaldo en
Marruecos, y en España tiene estructura en todas las provincias.
Poco importa ahora que un plan semejante fracasara hace unos años
con la creación del PRUNE (Partido del Renacimiento y de la Unión de
España), una formación musulmana surgida en 2010 en Granada que se
presentó en las municipales de 2011 en varias ciudades. Su fundador
fue el escritor Mostafa Bakkach El Aamrani, ya fallecido, que
entonces era vicepresidente de la Feeri. Los tiempos han cambiado, y
en nuestro país residen dos millones de musulmanes.
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