Crisis de Estado
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 20 Abril 2018
El verdadero alcance del golpe de Estado en Cataluña -no fue de sino
en; contra España y no contra media Cataluña- empieza a percibirse
en toda su magnitud. Podría haberse quedado en algarada, en un
pronunciamiento al modo del siglo XIX, si el Estado constitucional,
a través de sus tres poderes, lo hubiera combatido, arruinado,
amordazado, juzgado y destruido. Pero el Legislativo se limitó a dar
al Ejecutivo un arma, el 155, a condición de que sólo se usara para
convocar elecciones, y el Ejecutivo, o sea, el Gobierno, transfirió
la responsabilidad de destruir la estructura golpista, que es la
administración del Estado, con la Generalidad al frente, al Poder
Judicial.
El resultado de ese empeño del Gobierno -compartido con casi toda la
oposición- en no combatir el golpe está a la vista: España es un
paria judicial dentro de la UE, despreciado por Bélgica y por una
Alemania que se cisca en nuestro Tribunal Supremo y respalda la
destrucción del cuarto Estado de la UE amparando a un prófugo
golpista. Esa condición de discapacitada legal endosada a España,
habría provocado en cualquier otro país y cualquier otro momento de
nuestra historia un serio conflicto diplomático, político e
institucional con los socios traidores de la UE hasta que entregaran
al prófugo y asumieran la Ley común. Lo hubieran hecho raudos,
porque tras el Brexit sólo faltaba un Españexit. Sin embargo, Rajoy
calló ante Bélgica y respalda a Alemania en su negativa a extraditar
a Puigdemont por rebelión y, Montoro mediante, por malversación de
fondos. Previamente, el Fiscal General de Rajoy intentó excarcelar a
varios golpistas y no lo consiguió porque Llarena, el Supremo y los
fiscales se opusieron. Ahí se plantea el conflicto, que estalla con
el bofetón de Montoro a Llarena y la respuesta de un juez que tiene
en su mano sentar en el banquillo no sólo a Montoro por el delito
que se empeña en negar, malversación de fondos, sino por obstrucción
a la justicia y prevaricación. Y ojito el resto del Gobierno.
Produce vértigo imaginar las consecuencias lógicas de esta crisis de
Estado, peor que el típico conflicto entre Ejecutivo y Judicial
provocado en este caso por Rajoy y Montoro. Pero más debería
asustarnos lo que hay detrás: un Gobierno que se niega a hacer
cumplir la ley frente a unos golpistas que se niegan a cumplirla.
Antes Montoro que España
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Abril 2018
¿Por qué dice Montoro que no se gastado un euro público en la
celebración del referéndum ilegal, cuando es evidente que así ha
sido, dado que los separatistas están dispuestos a todo por la
independencia de su región menos a pagarla? La explicación más
sencilla es que la malversación empezó mucho antes de que hubiera
declaración unilateral de independencia. El Gobierno esperaba que la
sangre no llegara al río. Por eso le pareció conveniente no
denunciar las malversaciones que para la organización del referéndum
se estaban realizando, convencido de que todo quedaría en agua de
borrajas. Contaban con el precedente del 9-N. A Artur Mas no
quisieron acusarle de malversación, a pesar de que era obvio que la
cometió. Al final, miraron al soslayo, fuéronse y no hubo nada. Y
Rajoy y Montoro esperaban que con el 1-O pasaría lo mismo. Pero no
fue así.
Ahora, los tribunales investigan la malversación y Hacienda no puede
reconocer que sabía que se estaba malversando desde hacía varios
meses porque no podría explicar por qué no lo denunció. De manera
que, para evitar problemas, y aprovechando que la Generalidad ocultó
con mayor o menor astucia los gastos indebidos, con o sin la ayuda
de la misma Hacienda, hay que decir que no se gastó un euro público
porque, de lo contrario, Montoro quedaría en evidencia.
Así pues, para que el chupasangre salve políticamente su
antifonario, España y su Tribunal Supremo tienen que hacer el
ridículo. Hasta ahora, las dudas de los tribunales extranjeros se
centraban en el delito de rebelión y la necesidad de que haya
equivalente en el ordenamiento jurídico del tribunal que ha de
decidir o en la necesidad de llevarla a cabo con violencia. Pero
ahora que el propio ministro de Hacienda de España, que es quien se
supone que mejor puede saberlo, asegura que no ha habido
malversación, ¿con qué valor vamos a pedir a los jueces europeos que
nos entreguen golpistas para poder ser juzgados por un delito que
nuestro Gobierno dice que no se ha cometido? ¿Cómo puede el Tribunal
Supremo asegurar en estas condiciones que dispone de pruebas
concluyentes? ¿Estarán el resto de delitos, como la sedición y la
rebelión, sobre los que pesan mayores dudas, tan poco acreditados
como el de la propia malversación?
Una vez que el CNI, dependiente de Soraya, y el Ministerio del
Interior, en manos de un protegido de Cospedal, dejaron escapar a un
buen puñado de golpistas, el conflicto se ha internacionalizado. Y
lo que hace el Gobierno, tras meses de instrucción en el Supremo, es
decir que el delito menos grave, pero más fácil de probar, no se ha
cometido. Y todo para salvar por enésima vez a Montoro, que ya debió
haber dimitido cuando pretendió colar como informe objetivo
elaborado por su departamento uno realizado por la empresa que
recibía las subvenciones que el informe justificaba.
Con estos ministros, ¿quién necesita enemigos fuera de España? Nos
sobran hasta los de Schleswig-Holstein.
Montoro se cree por encima de la ley, pero
no lo está
OKDIARIO 20 Abril 2018
Pablo Llarena hace bien en pedir explicaciones a Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda le hizo un favor incomprensible el pasado
lunes al huido Carles Puigdemont al decir que no sabía “con qué
dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la
manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. Esas
declaraciones daban munición argumental a los separatistas y
reforzaban el laxo criterio de algunos jueces alemanes que se
empeñan en no entregar al golpista a la justicia española. Además,
desmentía los informes de la Guardia Civil sobre el 1-O y el
criterio del propio magistrado del Tribunal Surpremo.
De ahí que resulte lógico que Llarena llame como testigo al ministro
de Hacienda si no le convencen las explicaciones y pruebas que le
remita por escrito sobre la malversación del referéndum ilegal, que
en su momento prohibió el Tribunal Constitucional. Montoro se puede
creer por encima de la ley, pero la realidad es que no lo está. De
hecho, sus palabras contradicen las pruebas principales que figuran
en la instrucción de la causa. El trabajo de Llarena está siendo
serio y denodado —arriesgado incluso dado que está amenazado por los
independentistas más radicales— como para que se ponga en duda por
unas declaraciones que, dada la responsabilidad del político, eran
una veleidad más que mera opinión.
Montoro trató de eludir las responsabilidades in vigilando
inherentes a su cargo y posición negando la mayor. Más propio de un
mal político que de un hombre de su trayectoria. Ya lo hizo en
febrero, no obstante, cuando puso en duda que el Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) sirviera para financiar aquel acto esperpéntico del
1 de octubre que fue el ataque principal a nuestra Constitución y,
por tanto, el cenit del golpe de Estado de los sediciosos. Un acto
donde el dinero de todos los españoles fue esencial para su
celebración y que, por tanto, convierte en una equivocación las
palabras del titular de Hacienda, ya que dañan a nuestro país y a
una institución tan respetable como el Tribunal Supremo.
Top 10
Decálogo (breve) del fracaso absoluto de Podemos
Luis Ventoso ABC 20 Abril 2018
Nuestro marxismo tardo adolescente vuelve a estar alborotado, como
siempre, y clavándose facas por la espalda. Carolina, señora bien de
Santiago de 47 años que se lo pasa chachi jugando al neocomunismo,
se conjura con Errejón, protagonista de una estafa con una beca
universitaria que debió haberlo apartado de la política, para echar
de la poltrona a Pablo e Irene, futuros padres de mellizos que se
han encastillado al frente del partido con un extraño liderazgo
familiar. Podemos, voto de rabia que iba a liberarnos de la casta y
llevarnos de cabeza al cielo, ha perdido el barniz protector de lo
nuevo. Diez razones de su descrédito:
1. –En el momento más agónico para España en años, el golpe de
Estado separatista, los líderes de Podemos, empezando por su jefe,
que es madrileño, optaron por traicionar a su país y situarse con
los sediciosos catalanes.
2. –Tras el fin de los atentados de ETA, los líderes de Podemos
eligieron compadrear con los herederos políticos de los pistoleros.
Siempre han tenido la conciencia averiada en tan doloroso asunto,
como se ha visto de nuevo en Alsasua.
3. –Saben tanto de economía como mi tía Matilde, de 89 años, de
posicionamiento SEO en Google.
4. –Podemos no cree en el esfuerzo personal, la legítima aspiración
de progresar en la vida y los beneficios de la competencia libre y
abierta. Prefieren la igualación a la baja, la envidia, el
resentimiento social y la subvención anestésica.
5. –Su gestión en los ayuntamientos ha sido un festival de
incompetencia y sectarismo contra quienes piensan distinto, aunque
sean mayoría (véase los católicos).
6. –Su líder es un personaje de difícil defensa, que cobra sin
escrúpulos de la teocracia iraní, uno de los regímenes más sombríos
del mundo, o que proclamó en la televisión bolivariana que los
españoles deberíamos envidiar los logros del chavismo, dictadura que
ha sumido a Venezuela en la represión y la miseria. Ha traído además
a la política un estilo faltón y revanchista. Pero su error más
imperdonable ha sido dar gas al separatismo.
7. –Es un partido de mañas adolescentes, al que los problemas reales
le resbalan. Por ejemplo: jamás los escucharán hablando de la lucha
contra el terrorismo, o condenando con energía un atentado yihadista
en Occidente.
8. –Podemos se ha consagrado a un absurdo: reabrir e intentar ganar
la guerra que perdió la República hace ochenta años.
9. –Viven para la pose, como ejemplifica su jefe cuando
ridículamente acude a las audiencias con el Rey en mangas de camisa
pero luego se acicala con pomposo esmoquin en los Goya.
10. –Un Gobierno de Podemos freiría a impuestos a la clase media,
ahuyentaría la inversión extranjera, acogotaría a las empresas,
dispararía el déficit y encarecería hasta lo insostenible la
financiación de la deuda.
En fin, me parece que no me convencen...
La luna prometida
Gabriel Albiac ABC 20 Abril 2018
ERA el verano de 1960. Jean-Paul Sartre ha aceptado la invitación
que le hace Fidel Castro para que él y Beauvoir visiten Cuba. En su
oscilante relación con los "socialismos reales", el autor de la
Crítica de la razón dialéctica sueña haber, al fin, avistado un
suelo firme. Se equivocará esta vez, como se había equivocado tantas
otras en sus ambiguos años de compañero de viaje del Partido
Comunista en Francia. E, igual que entonces, tendrá el coraje –no
todos lo tuvieron– de denunciar once años después el fraude al cual
él mismo había contribuido y de romper sonoramente con el tirano
caribeño, a raíz del "escándalo Padilla". Denunció entonces la feroz
represión de los escritores en la isla. Fue una condena frontal, que
compartió con lo mejor del mundo intelectual europeo y americano:
"Creemos un deber comunicarle nuestra vergüenza y nuestra cólera. El
lastimoso texto de confesión que ha firmado Heberto Padilla sólo
puede haberse obtenido mediante métodos que son la negación de la
legalidad y la justicia revolucionarias. El contenido y la forma de
dicha confesión [están hechos de] acusaciones absurdas y
afirmaciones delirantes".
Los firmantes fueron arrojados al círculo más sombrío del infierno
de los contrarrevolucionarios. El tirano de La Habana perseveró.
Hasta que la enfermedad le hizo imposible el mando. Colocó a su
hermano como vicario y se extinguió, al fin, más aburrida que
épicamente. Me pregunto si, en esos años, a la tediosa espera del
ocaso, a Fidel Castro pudo volverle a la cabeza la conversación que
deja estupefacto a Sartre en su desnortado viaje de 1960. El
filósofo le ha preguntado si todo aquello que un pueblo pide debe
serle siempre y necesariamente conseguido por sus dirigentes.
Castro, impávido, pasa por encima de la imposible paradoja: "Sí",
sentencia. Y Sartre, con ironía que se adivina más que escéptica,
vuelve al ataque: "¿Y si le piden la luna?". Tampoco esa nimiedad
altera al Comandante: "Aspiró su cigarro, constató que estaba
apagado, lo dejó y se volvió hacia mí: "Si me piden la luna, será
que la necesitan", me respondió". Sartre era demasiado inteligente
como para poder engañarse sobre el delirio que late en aquel que ya
se ve a sí mismo como un dios en la tierra.
Un dios mundano –Castro lo fue en la isla– no rinde cuentas a nadie.
Él pone lógica, ley y textura a la realidad. Como el Dios bíblico,
el Comandante crea el mundo al ir hablando. Si le piden la luna, él
dispondrá de ella. Le bastará llamarla por su nombre. Nadie ni nada
puede resistirse a esa voz. Nadie ni nada. Y aquellos que a esa
palabra opongan reticencia habrán de ser fatalmente aniquilados.
Ernesto Guevara formulará lo inexorable de eso, al consagrar la
revolución en "odio como factor de lucha; el odio intransigente al
enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser
humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría
máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo
sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal". La luna exige
sangre. Los sacrificadores la consagran.
Ya no hay Castros. Fidel se fue pudriendo después de pudrir Cuba. El
senil Raúl prolongó la gravedad sacerdotal del apellido. Y el terror
que ese apellido arrastra. ¿Qué viene ahora en una Cuba política y
moralmente devastada? ¿Qué viene después del cúmulo repetido de las
alucinaciones? La ruina. Como siempre, desde hace ahora ya bastante
más de medio siglo. ¿Y después? Después, la luna. Prometida. Después
siempre.
POR EL ‘FIN’ DE ETA
COVITE pide a Zoido que no ceda
competencias penitenciarias
La Gaceta 20 Abril 2018
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE),
Consuelo Ordóñez, ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, que impida “el teatro” y “la propaganda” en la disolución de
la banda terrorista ETA y que no ceda las competencias
penitenciarias a cambio.
Ordóñez ha hecho esta reclamación al ministro en la reunión que
ambos han mantenido el día después de conocerse que ETA anunciará su
disolución definitiva el 5 de mayo y de la que han informado tanto
el colectivo de víctimas como el Ministerio del Interior.
Según COVITE, su presidenta ha vuelto a pedir a Zoido que “disuelva
a ETA para impedir el teatro de su disolución y para dar a la
sociedad la foto de la derrota de la banda”. “El Gobierno tiene en
sus manos actuar para que el supuesto final de la banda terrorista
no sea un nuevo acto de propaganda”, ha dicho en su comunicado antes
de exigir que el Gobierno no permita “un final sin vencedores ni
vencidos en el que se blanquee la trayectoria criminal de la peor
organización que ha actuado en este país”.
También ha demandado a Zoido que el final de ETA no conlleve el
principio de “la cesión al chantaje nacionalista para otorgar las
competencias penitenciarias”. Según Ordóñez, Zoido ha evitado
comprometerse en ese asunto con el argumento de que se trata de una
decisión del Gobierno.
Por último, ha pedido crear un equipo de especialistas y la
coordinación entre las administraciones de Justicia, Interior,
Defensa, y Exteriores para resolver los “casi 400 asesinatos de ETA
sin resolver”.
El Ministerio del Interior, por su parte, ha explicado que el
ministro ha reiterado a Ordóñez “el firme apoyo y compromiso del
Gobierno para que prevalezca siempre la dignidad, justicia, memoria
y la verdad de las personas que sufren la barbarie terrorista”.
Ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen
trabajando para la detención de los terroristas que aún están huidos
y para el esclarecimiento de todos los atentados que permanecen sin
resolver. Y ha subrayado que el fin de ETA “será sin
contraprestación y que, en ningún caso, disolución significará
impunidad”.
Según Interior, Zoido ha asegurado que “no habrá atajos ni trato de
favor para aquellos que han cubierto de sangre inocente la historia
de nuestra democracia, ya que no se olvidará el inmenso dolor de las
víctimas ni, por supuesto, la responsabilidad penal por los
asesinatos”.
También ha incidido en la importancia de que el relato del final de
ETA sea el del triunfo del Estado de Derecho, acompañado por la
visión de las víctimas y de sus familias. “La construcción de ese
relato es la garantía de que no exista riesgo de que vuelva a
ocurrir y es una exigencia para que prevalezca la memoria de quienes
perdieron sus vidas, fueron heridos o han tenido que convivir con la
amenaza o la extorsión de ETA y su entorno”, ha dicho Zoido.
Según el comunicado, en el que no se alude a la política
penitenciaria, Zoido ha apoyado a los guardias civiles y sus parejas
agredidos en Alsasua (Navarra), cuyo juicio se está celebrando estos
días en la Audiencia Nacional, y ha elogiado la labor de COVITE, que
ejerce la acusación popular.
‘SIGUEN LA HOJA DE RUTA’
Alcaraz: ‘Este comunicado es un fraude y un
insulto a las víctimas’
La Gaceta 20 Abril 2018
El presidente de Voces contra el Terrorismo recuerda que el
arrepentimiento “sólo sería real si se entregaran ante la Justicia”.
Francisco José Alcaraz ha lanzado un mensaje a los españoles tras el
comunicado de ETA. La banda terrorista ha enviado una carta al
diario Gara en la que comunica su desaparición y pide perdón sólo a
una parte de las víctimas del conflicto.
“Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada
hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen
solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las
víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han
resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras”,
indica el comunicado.
“Esto está acordado en el proceso de negociación 2000-2012”, ha
asegurado Alcaraz, que ha recordado que el arrepentimiento “sólo
sería real si se entregaran ante la Justicia y desvelarán los
asesinos de los 400 crímenes sin resolver”.
“Es un fraude y un insulto”, ha concluido.
INMIGRACIÓN MASIVA
La policía sueca suplica a sus gobernantes:
“¡Ayúdennos!”
Carlos Esteban gaceta.es 20 Abril 2018
Es curioso que el presidente de la República Francesa y niño bonito
de la causa globalista, Emmanuel Macron, haya alertado de la
inminencia de una ‘guerra civil europea’ por culpa del creciente
nacionalismo, porque todo apunto a que podría tener razón a medias.
Es decir, hay países en la UE que, efectivamente, están alcanzando
unos grados de conflictividad y violencia nunca vistos. Solo que el
responsable no parece ser precisamente el nacionalismo, sino ese
otro factor que tanto desean en Bruselas y sobre el que nunca
comentan cosas malas: la inmigración masiva procedentes de Oriente
Medio y el Norte de África.
Un caso de estudio en este sentido -casi de estudio clínico- es el
de Suecia.
Hasta hace no mucho, Suecia era conocida en el resto del mundo por
el ‘modelo sueco’ que todavía invocan algunos izquierdistas
españoles, un Estado del Bienestar generosísimo y las políticas más
progresistas que se pueda imaginar, combinado todo ello -de ahí su
atractivo- con una sociedad rica, civilizada y enormemente segura.
Y entonces fue cuando decidieron que ser sueco era anticuado y que
mejor ser África. Si les parece una hipérbole de mal gusto,
permítanme asegurarles que un ministro sueco reconoció expresamente
ante los medios su ferviente deseo de africanizar Suecia. Como lo
oyen.
El caso es que abrieron sus fronteras a todos los habitantes del
Tercer Mundo que quisieran disfrutar de la bicoca de sus
prestaciones sociales a pesar del frío y, como habrán adivinado,
muchos se apuntaron.
¿Resultado? Oh, por ejemplo, esta meca del feminismo se ha
convertido en el segundo país con mayor número de violaciones por
habitante. En solo dos semanas a principios de este año, se
registraron cinco explosiones en el país, algo que ya empieza a
dejar de ser excepcional. Y en las encuestas sobre qué es lo que más
preocupa a los suecos de cara a las elecciones de septiembre, la
seguridad y el orden público figuran en primer lugar.
Los asesinatos con arma de fuego por ajustes de cuentas entre bandas
-invariablemente formadas por varones de origen no nativo que viven
en sus propios territorios al margen del Estado- han pasado de
cuatro al año a principios de los noventa a 40 el año pasado. Los
disturbios callejeros, a veces verdaderos motines, la quema de
coches y los ataques a policías, ambulancias y otros servicios
sociales son ya el pan nuestro de cada día.
Los tiroteos ya ni siquiera aparecen en los medios si no hay muertos
o son lo bastante masivos e intensos. Lo que ayer era excepcional,
ahora es cotidiano.
El pasado jueves, un programa de la BBC describía cómo las granadas
de mano se habían convertido en el arma favorita usada por las
bandas en las ciudades más densamente pobladas por los inmigrantes
de primera o segunda generación.
Hasta cierto punto, es perfectamente posible vivir en Suecia y no
notar que nada esencial haya cambiado, porque el crimen está muy
localizado en zonas concretas -exactamente donde se concentra la
población inmigrante- y la prevalencia de la corrección política en
los medios y la clase política impide que se abra un debate serio y
libre sobre la cuestión.
Algo, sin embargo, está cambiando. Ya se filtran reconocimientos
oficiosos de la existencia de ‘no-go zones’ -que siguen aumentando,
dejando en la práctica al margen de la soberanía sueca áreas cada
vez más amplias de territorio- y, sobre todo, la policía ha empezado
a hablar.
Porque la moral en el cuerpo está por los suelos, sobre todo por la
‘ley del silencio’ impuesta administrativamente sobre la
criminalidad entre los recién llegados. Las dimisiones de agentes
son continuas. La máxima autoridad policial, el comisario Dan
Eliasson, se dirigió recientemente a los políticos en una rueda de
prensa para suplicarles ayuda. “¡Ayúdennos, ayúdennos!”, llegó a
repetir Eliasson, al tiempo que informaba que las ‘zonas prohibidas’
habían pasado en un solo año de 55 a 61.
Según Eliasson, hay al menos 5.000 pandilleros , delincuentes
habituales, divididos en doscientas bandas que operan en las zonas
prohibidas. Eliasson advirtió que si esta tendencia se mantiene, el
orden social se vendrá abajo en Suecia.
Interior expulsa al presidente de la Unión
de Imanes por ser una «amenaza para la seguridad nacional»
Recogía fondos y formaba a otros imanes en el Islam más
fundamentalista y en «valores antidemocráticos»
S.E. ABC 20 Abril 2018
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha
dictado la expulsión del presidente de la Unión Islámica de Imanes y
Guías de España, el egipcio Alaa Mohamed Said, –hasta hace unos días
ejerciente en una mezquita de Logroño–, por considerarle «una
amenaza real para la seguridad nacional», «un ferviente defensor de
los postulados islamistas que promueven la no integración de los
musulmanes» y contrario a los «valores democráticos occidentales».
Son las razones que el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto
Bretón, ofreció ayer en rueda de prensa urgente después de que un
diario local hiciera pública el jueves la orden de expatriación de
ese religioso, que permanece ingresado en el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), donde al parecer solicitará
el asilo para tratar de impedir ser devuelto a su país.
Said, de 45 años y presunto miembro de los Hermanos Musulmanes,
recogía fondos y organizaba cursos de formación para imanes, entre
los que difundía una ideología salafista en su versión más
rigorista, la wahabí. Llegó a España en 2005 en virtud de un acuerdo
entre la Comisión Islámica de España y el gobierno de Egipto
alcanzado para dotar de imanes a las mezquitas. Pasó por Alicante,
Valencia y Pamplona y terminó en la capital riojana, lugares donde
–según el Diario de Logroño– dejó sentir su carácter autoritario y
enturbió la convivencia.
El expediente de expulsión de Alaa Mohamed Said se emitió el 7 de
marzo y alude a la posible comisión de una infracción muy grave
prevista en la Ley de Extranjería, que en su artículo 54 prevé como
tal la «participación en actividades contrarias a la seguridad
nacional». El imán pidió su suspensión al juez, que trasladó la
solicitud a la Audiencia Nacional, tras lo que fue detenido y
llevado al CIE.
El pasado septiembre, el Ministerio del Interior apartó al imán de
la cárcel de Zuera (Zaragoza) como parte de un programa para
prevenir la radicalización de presos
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Grouchomarxistas de derechas
Cristina Losada Libertad Digital 20 Abril 2018
Si el Gobierno no dice apenas nada sobre el separatismo, es quizá
porque no tiene nada que decir. No entiende a qué fenómeno político
le ha tocado enfrentarse.
Una delegación de Sociedad Civil Catalana ha estado un par de días
en Alemania explicando la situación en Cataluña a medios de
comunicación e instituciones. Su presidente, José Rosiñol, ha
contado que encontraron "una opinión pública confusa", influida por
los "ecos del relato independentista". Ha habido, decía, pocas voces
dedicadas a despejar "la sombras narrativas del nacionalismo
catalán". Mientras tanto, en Madrid, comparecía una de las escasas
voces europeas claramente comprometidas con España y su democracia
frente a la amenaza separatista. Era Manuel Valls, barcelonés de
nacimiento, ciudadano francés, ex primer ministro de Francia,
exministro francés del Interior. Insistió en algo que ya había dicho
en otras ocasiones: "Si se rompe España, se rompe Europa".
A Valls fue a escucharle la vicepresidenta del Gobierno. De un
Gobierno, el de España, que no se ha distinguido en la labor
explicativa y expositiva del problema y del golpe. En realidad, no
ha hecho prácticamente nada de eso. No lo ha hecho fuera de nuestras
fronteras, salvo por esa parte opaca a la que apuntan miembros del
Gobierno cuando resaltan que ningún otro Ejecutivo europeo ha
prestado apoyo al independentismo catalán. ¡Sólo faltaría! Claro que
no hay de qué sorprenderse. No ha hecho fuera lo que no ha hecho
dentro.
Todos estos años, a lo largo de este lustro de abierto desafío
separatista en Cataluña, el peso del trabajo de desenmascarar las
falsedades y falacias de los independentistas, de restablecer la
verdad sobre la democracia española frente a sus sistemáticos
ataques, ha recaído en la sociedad civil: asociaciones, periódicos,
periodistas, intelectuales, escritores, diputados, profesores,
ciudadanos. Casi mejor. Cuando algún miembro del Gobierno ha querido
meter baza, recuérdese a Margallo –aquel debate con Junqueras, por
ejemplo–, no ha hecho más que meter la pata.
La voz del Gobierno no se ha oído más que para la obligada defensa
de la ley y del Estado de Derecho. Y los biempensantes dirán que ha
hecho bien por aquello de no echar más leña al fuego. La virtud de
no provocar. En virtuosa concordancia con unas de las invenciones
más exitosas del nacionalismo catalán: la fábrica de
independentistas. El cuento de que cada voz contra el nacionalismo o
el separatismo que se dé en "Madrid" multiplica el número de sus
partidarios. De que no hay que oponerse al nacionalismo porque eso
le favorece.
Hay otra interpretación posible del silencio gubernamental. La
sugería, involuntariamente, el ministro de Hacienda en esa
entrevista en El Mundo que ha saltado a la arena política y judicial
por poner en entredicho las pruebas sobre malversación que ha
reunido el juez Llarena. Montoro expresaba ahí unas ideas sobre el
origen y las causas del procés que hay que suponer que son las que
maneja el Gobierno. Todas equivocadas. Desde el principio. Un
principio que radica en la creencia de que el móvil del separatismo
catalán son los intereses económicos. Que todo este lío, como diría
el presidente, es sólo por dinero. El viejo y manido estereotipo de
"la pela", en fin. Así, por ejemplo, Montoro se mostraba convencido
de que el progreso económico de Cataluña es el antídoto perfecto al
separatismo, porque "si los catalanes progresan dentro de España,
los independentistas se quedan sin argumento más allá del
sentimental".
En el PP, bien mirado, tenemos a los últimos marxistas pedestres de
Occidente –con permiso de Podemos–, a los últimos creyentes en el
determinismo económico y a uno más de los muchos que desdeñan el
poder de las ideologías y, sí, también de los sentimientos. Por
seguir con el ejemplo: Cataluña ha progresado en España y el
independentismo, sin embargo, ha existido. ¿Cómo lo explican los de
"la pela"? No podrán. Tendrían que hacerle un hueco a la idea de que
el separatismo catalán ha existido y existe por una ideología
nutrida de sentimiento identitario y supremacista. Con el odio
correspondiente. No excluye la búsqueda del privilegio económico.
Pero lo que más desean los separatistas no es un pacto fiscal ni un
cupo a la vasca: es separarse de España.
Si el Gobierno no dice apenas nada sobre el separatismo, es quizá
porque no tiene nada que decir. No entiende a qué fenómeno político
le ha tocado enfrentarse. Si no entiende de qué va, si cree que todo
esto es por "la pela" y punto, si no sabe nada de la ideología que
lo sostiene, difícilmente puede afrontarlo como es debido. Ni
explicar nada, dentro o fuera.
Cataluña: a la búsqueda del Gatopardo
perdido
Teresa Freixes okdiario 20 Abril 2018
Abordar lo que está aconteciendo con lo que podríamos considerar,
todavía, el desafío secesionista, nos sitúa tanto ante un enésimo
Día de la marmota como en un escenario que va mostrando una cada vez
mayor disintonía entre los distintos actores de los diversos
acontecimientos. Como si en Donna fugata estuviéramos, parece que se
busque un Gatopardo que haga ver que todo cambia para que todo siga
igual. Por una parte, continuamos estando sin gobierno en Cataluña
lo cual, aparentemente, no parece tan malo como objetivamente
debería ser, puesto que, huida continuada de empresas y
profesionales al margen, la economía va funcionando, la
administración autonómica visualiza continuamente su hostilidad a
todo lo que huela a constitucionalismo, los partidos políticos
realizan sus representaciones con sus líderes al frente en diversos
lugares de la geografía europea y la ciudadanía, enfrascada en sus
problemas del día a día, no parece en general muy dada a tomar
posiciones, salvo cuando es llamada a rebato para las performances o
para el entrenamiento “revolucionario” de los CDR.
Vuelve a estar sobre la mesa, tras varias investiduras frustradas,
la opción secesionista de un Gobierno de Puigdemont. Pretenden
modificar la Ley del Gobierno para ello, para permitir lo que el
Tribunal Constitucional ya advirtió que no era posible. Es decir,
una investidura a distancia por plasma o por delegación vulnerando
con ello la naturaleza institucional de la investidura. Para
hacerlo, además de incorporar también esta posibilidad procedimental
al Reglamento del Parlament, antes de que termine el plazo de dos
meses desde la primera votación de investidura frustrada —fue en la
persona de Turull— y evitar la disolución automática del Parlament,
deberían aplicar la reforma del Reglamento del Parlamento de
Cataluña sobre la que el Tribunal Constitucional también advirtió
que, para que pudiera ser considerada constitucional, era necesario
que los partidos de la oposición pudieran presentar enmiendas a
discusión y votación, como en todos los sistemas democráticos. Pero
el Reglamento del Parlament no ha sido reformado al respecto ya que
tanto su presidente como la Mesa están mucho más entretenidos en sus
confabulaciones de siempre que en el trabajo parlamentario real.
Legitimidad internacional
Precisamente en los momentos en que estoy escribiendo estas líneas,
el president Torrent se encuentra en Ginebra, explicando a algunos
periodistas catalanes desplazados allí —perdón, también estaba la
Agencia Reuters— que va a Naciones Unidas a protestar por la
vulneración de derechos humanos que sufre Cataluña. Nada más y nada
menos. Se va cerrando, por otra parte, la instrucción de los
procesos penales realizada por el magistrado Llarena, con el
procesamiento por rebelión —además de por otros delitos según los
casos— de los principales protagonistas del procés. Un cierre con
cambio de estrategia. Los procesados ya no se presentan ante el
instructor como mansos corderitos que han abandonado la
unilateralidad, que prometen que no van a repetir los hechos… Ahora
sacan pecho, acusan a Llarena de falta de independencia, de
convertirlos en presos políticos. Es un cambio de estrategia medido,
dirigido sobre todo a dejar constancia de indicadores que les
permitan impugnar la instrucción ante el tribunal sentenciador y,
previsiblemente, ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
jurisdicción subsidiaria ante la que tienen que alegar lo que hayan
constatado previamente en los juicios internos. Tengámoslo en
cuenta. No dan puntada sin hilo.
También sigue su curso la controversia sobre la orden de detención y
entrega solicitada a Alemania sobre Puigdemont, a la espera de que
la Fiscalía alemana decida si presenta una solicitud de
reconsideración al Tribunal del land de Schelswig-Holstein para que
finalmente el prófugo expresidente pueda ser entregado para ser
juzgado también por rebelión en España, lugar de la comisión de los
hechos. Aunque falta todavía la decisión de si se le entrega para
ser juzgado por malversación, ya que está pendiente, este asunto,
del envío de mayores informaciones por parte de España. Eso si no
interfiere la desafortunada e inquietante afirmación del ministro de
Hacienda español, señor Montoro, cuando ha manifestado que ni un
solo euro ha sido dedicado a financiar el referéndum ilegal del 1 de
octubre.
Llarena manda
De hecho, ha tenido que matizarla, a requerimiento formal del propio
magistrado Llarena, señalando que se refería al FLA, puesto que con
su aseveración el ministro Montoro ha estado a punto de dar al
traste con todo lo expuesto en la solicitud de euroorden. ¿Ha sido
de verdad un “despiste” o hay algo más detrás del “lapsus”? Porque
acabamos de conocer también que han sido nombrados —interinamente
afirman— dos personas manifiestamente secesionistas para suplir las
tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de
Cataluña, cuya directora fue cesada por su colaboración activa en
ese mismo referéndum del pasado 1 de octubre. Demasiadas
coincidencias, quizás.
Los guiños del Gobierno al secesionismo están siendo tan frecuentes
en estos días como escasa la empatía mostrada por aquél con la
sociedad catalana no nacionalista. Como si lo más importante, en
todo este asunto, fuera el ir apaciguando los distintos fuegos que
el secesionismo alumbró. Como si fuera prioritario que el
secesionismo formara Gobierno —está en su derecho, por la mayoría
parlamentaria, aunque no social, que ostenta— a cualquier precio,
mientras no sea mediante la anticonstitucional investidura a
distancia. Como si incluso ese tibio 155 que suavemente nos acompaña
constituyera un estorbo por exceso, cuando lo está constituyendo por
defecto.
Como si nadie de ese Gobierno que es quien tiene a su cargo la
dirección política de la administración catalana percibiera la
compulsiva invasión, física y verbal, del espacio público por parte
de toda la simbología secesionista/populista acerca de los presos
políticos, incluyendo la falta, dicen, de libertades en lo que
denominan la democracia española de baja calidad mientras depuran a
profesores que defienden una enseñanza sin adoctrinamiento y
conforme al orden constitucional. Es posible que no lo perciban,
pues no es frecuente su presencia en la Cataluña real, la que está
asfixiada, cuando se ponen a ello, por los Comités de Defensa de la
República, la que tiene que aguantar día a día, rotonda a rotonda,
balcón municipal tras balcón municipal, tertulia a tertulia, escuela
tras escuela, entrevista sobre entrevista, todo lo que, para el
secesionismo, constituye una muestra palmaria de la progresiva
conquista de su república. ¿Encontrarán finalmente a ese Gatopardo
que permita que todo cambie para que todo siga igual? ¿O lo enviarán
a bailar a los salones de Lampedusa? Mientras tanto, se sortean
carnets de baile…
Causa contra el 'procés' en el Tribunal Supremo
La Guardia Civil prueba que el Govern pagó
el 1-O en negro, sin IVA y con pitufeo
Carlos Cuesta okdiario 20 Abril 2018
El Govern pagó el 1-O en negro, sin IVA, con pitufeo y con
contabilidad B. Así lo prueban los informes de la Guardia Civil que
obran en poder del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que
investiga la causa contra el ‘procés’.
Todas las prácticas perseguidas al resto de formaciones, empresas,
particulares o asociaciones juntas aparecen en los preparativos del
golpe separatista. Todas las prácticas que la ley combate en el
resto de supuestos y que aquí se juntaban bajo la autoría del Govern
para financiar el 1-O.
Hacienda admite ya la posibilidad de que hayan ocultado el destino
de parte de los fondos públicos. Y así lo describe tal cual el
informe solicitado por el juez Llarena a la policía judicial. Uno de
los ejemplos que destaca en esta línea la Guardia Civil son dos
pagos. Uno abonado a Unipost y, otro, a medios de comunicación para
gestionar las exigencias publicidad del golpe en su tramo final. En
concreto en el mes de agosto.
Los pagos a Unipost llevaron incorporado el mítico fraccionamiento,
una especia de pitufeo pero, en vez de en la captación de fondos, en
el pago. Así se dividieron entre el Departamento de Cultura,
Vicepresidencia, el Departamento de Salud, Trabajo y Presidencia.
Todos los pagos asignados quedaron por debajo de 200.000 euros, pese
a que el importe global ascendía a 979.661,96 euros.
De este modo, los pagos se dividían y se minoraban, llamando menos
la atención de los controles de Hacienda o de la Intervención.
Publicidad en TV3
La campaña final de publicidad para el referéndum ilegal también se
dividió en dos pagos: el primero para TV3 “y otros”, por 277.804,36
euros. Y para la “Campaña sí o no”, por 224.835,25 euros.
En el caso de Unipost para desarrollar el material de papelería y
demás surge otra señal del procedimiento utilizado: se hicieron los
pagos en negro y, por lo tanto, sin IVA. De hecho, la Guardia Civil
acredita que los importes aparecen registrados en las “notas de
entrega intervenidas en Unipost, que fueron emitidas y registradas
con el sello de salida en cada uno de los cinco departamentos de la
Generalitat que se identifican”. Pero los importes de esa nota
incluyen el IVA y los abonos reales, obviamente, no.
Para ello, además, emplearon una doble contabilidad. Una
contabilidad B: se emitían notas de pedido y notas de entrega o
realización. Pero nada de esa documentación quedaba “registrado en
el Registro Contable de Facturas de la Generalitat. De ese modo,
nunca contaban “como abonados los importes de las mismas”.
Un mecanismo perfectamente estudiado y que sorteó los controles de
Hacienda mientras destinaba dinero al golpe separatista del 1-O.
Y un mecanismo que no se aplicó sólo desde los gastos oficiales de
la Generalitat. También se empleó para derivar gastos desde las
cuentas de los partidos separatistas ERC y PDeCAT, según las
investigaciones de la Guardia Civil.
De hecho, los propios investigadores advierten ya en el informe que
los 1,9 millones avalados ya como malversación son el principio: que
la puerta abierta a la investigación de las formaciones políticas y
asociaciones puede incrementar notablemente esa cifra.
Montoro y Alsasua, la negación de la
evidencia
Antonio Robles Libertad Digital 20 Abril 2018
¿Cree el Sr. Montoro que iban a dejar un rastro de gasto real para
financiar un acto ilegal como el 1 de Octubre?
Nada es lo que parece cuando alguien arriesga una opinión sobre el
nacionalismo sin conocer a fondo sus motivaciones y meandros. Pues
una cosa es la fachada y otra muy distinta las vísceras. Dos
ejemplos bastan: el juicio por el linchamiento de dos guardias
civiles y sus compañeras en Alsasua y las declaraciones de Montoro
sobre la financiación del 1 de Octubre.
Una cosa es que Montoro no tenga constancia, factura en mano, y otra
muy distinta que el dinero que financió el 1 de Octubre no provenga
de los presupuestos del Gobierno de la Generalidad. Una cosa es que
haya interés en convertir el linchamiento de Alsasua en una bronca
de bar y otra muy distinta que ese aquelarre de odio abertzale se
pueda evaporar de la noche a la mañana.
Son muchos años, incluso después de la disolución de ETA –lo
recuerda Maite Pagazartúa–, de pedagogía del odio por otros medios
para lograr la descalificación moral de cuantos son considerados
despreciables por su condición de servidores del Estado, así como de
sus familiares. "La estigmatización insana y tóxica no paró en
Alsasua [después de la disolución de ETA] y, por tanto, se siguió
involucrando a todos los niños del pueblo y a los jóvenes, en
aquelarres de odio, cada año, disfrazados de fiestas populares en
las que también bailaban y realizaban pasacalles antes o después de
representar pastorales de odio contra los guardias [y todo lo
español]".
Detrás de esta calma chicha tras la suspensión del terror asesino de
ETA hay odio, resentimiento y violencia moral contra España y todo
lo que la represente. Los mismos que aterrorizaron antes, como los
que recogían las nueces, siguen ahora mandando, amedrentando y
excluyendo por otros medios. Más sutiles, igualmente criminales: la
estigmatización, la descalificación moral, el desprecio. Han dejado
de matar, pero se han quedado con la hegemonía moral. Y con el
poder. Un asco.
¿Eso pasa desapercibido para el ministro Cristóbal Montoro? ¿Qué
pretende con enmendarle la plana al juez del Supremo Pablo Llarena?
¿Acaso no sabe que es dar oxígeno a los mismos que en Alsasua hablan
de "bronca de bar" y en Cataluña de "presos políticos"? ¿Desconoce
que durante años los Gobiernos de la Generalidad han camuflado
partidas presupuestarias en departamentos distintos para fines
destinados a su competencia con la intención de impedir ser
detectadas?
Les contaré algo personal. En la primera legislatura de Cs,
detectamos en las partidas de la Consejería de Agricultura
peticiones de informes externos por valor de 11.999,99 €. Me llamó
la atención que faltara un céntimo para llegar a 12.000 €, cifra a
partir de la cual no se podían asignar informes a dedo, sino por
concurso público. Lo investigué, y no era el único caso, había
cientos de ellos que se acercaban mucho a los 12.000 € sin
sobrepasarlos para evitar sacarlos a concurso público. Lo
denunciamos. Pero hubo una partida especialmente sospechosa, la
destinada a la política lingüística. Por entonces pertenecía a
Vicepresidencia. Como en esa primera legislatura de Cs éramos muy
beligerantes con la inmersión y todo lo que rodeara a la política
lingüística y el adoctrinamiento escolar, los presupuestos de los
años siguientes empezaron a enmascarar las partidas millonarias
dedicadas a política lingüística en diferentes departamentos
diferentes a tal denominación. De tal manera que otras consejerías y
departamentos gastaban en política lingüística millones que no
constaban como gasto en política lingüística. El truco era
enmascararlas.
¿Cree el Sr. Montoro que iban a dejar un rastro de gasto real para
financiar un acto ilegal como el 1 de Octubre? ¿Cree que iban a
dejar así como así las huellas presupuestarias para financiar el
golpe institucional contra la democracia?
Por favor, Sr. Montoro, está bien que cualquier autoridad del Estado
colabore con la justicia y con la verdad. Están obligadas a hacerlo.
¿Pero colabora más con la verdad negando categóricamente que no hubo
financiación o, por el contrario, aclarando que no tiene constancia
de ello?
Años de subvenciones a docenas de organizaciones como Òmnium
Cultural y la ANC, acumulando bienes para tiempos de trincheras.
Demasiados favores. Subvenciones diseminadas por los meandros del
procés. Lo raro sería que hubieran dilapidado ya todo.
Montoro y la evidente decadencia del PP de
Rajoy
“La mentira y el engaño tienen fecha de vencimiento, y al final todo
se descubre. Al mismo tiempo, la confianza se muere… para siempre”
anónimo
Miguel Massanet diariosigloxxi 20 Abril 2018
Durante mucho tiempo hemos estado pensando que, en el PP del señor
Rajoy, se estaba actuando con indolencia en un asunto tan grave como
es el del separatismo de la comunidad catalana. Durante los últimos
años hemos tenido la inquietante sensación de que algo funcionaba
defectuosamente en el Gobierno de España y que se han tomado
decisiones evidentemente contradictorias en muchos asuntos
fundamentales con las que, los votantes del partido que han esperado
de un partido de derechas un comportamiento propio de un partido de
derechas aunque, por conveniencias electorales se había mostrado
como de centro derecha, no han estado en absoluto de acuerdo. Hemos
criticado las excesivas concesiones que se les han ido haciendo a
las oposiciones de izquierdas y las derivas hacia posiciones que
parecían más de izquierdas que de una formación heredera de los
valores y los principios de aquel partido, que fundó don Manuel
Fraga Iribarne, para hacer frente a la avalancha de formaciones de
izquierdas que, poco a poco, se han ido apoderando del panorama
político español, a medida que han ido pasando los años y después de
que el señor Aznar le imprimiese a España una época de esplendor y
desarrollo económico que hacía muchos años que no se conocía.
Hemos visto, en el actual Gobierno de España, el reflejo de lo que,
en otros tiempos y durante la II República fueron los sucesivos
ejecutivos republicanos, que culminaron con el desastre de la Guerra
Civil debido a los enfrentamientos entre sus miembros y las
influencias de los distintos partidos a los que pertenecían. La
existencia de distintas camarillas más o menos activas en el PP que,
a medida que la situación de España se ha ido complicando, han ido
produciendo roces y discrepancias según las distintas tendencias,
más o menos liberales de los distintos ministros, que han
cristalizado en evidentes rivalidades, como las existentes entre la
señora Cospedal y la vicepresidenta Sáez de Santamaría; la poca
sintonía entre el señor Montoro,, ministro de Hacienda, y el señor
De Guindos, exministro de Economía e Industria; lo que, a su vez,
parece que ha motivado que se hayan formado grupos partidarios de
cada una de ellas, pese a que el señor Rajoy, en su cúpula de
cristal, sigue mandando.
Sin que haya conseguido, como ocurrió con el señor Aznar, establecer
una disciplina férrea en su ejecutivo, el señor Rajoy, evidentemente
convencido de que su liderazgo no se discutía y que su política no
admitía consejos ni correcciones; ha impuesto un tono a su
ejecutoria como gobernante, basado en un principio muy gallego pero
que, a la vista de los resultados cosechados hace ya tiempo se
debería de haber dado cuenta de que iba abocado a un fracaso tal que
le conduciría a una situación más grave que aquella que pretendió
evitar aplicando su política tolerante, contemplativa, concesiva y
permisiva con los separatistas y nacionalistas catalanes que, como
era de prever, ellos la interpretaron como una patente de corso que
les ha permitido ir avanzando, sin apenas oposición, en cuanto a
tomarse las libertades de saltarse las leyes y las sentencias de los
tribunales sin que, ni por parte de unos ni de los otros, se
adoptasen medidas que les hiciesen entender que se habían topado con
las líneas rojas de la inconstitucionalidad y la ilegalidad.
En todo caso, creemos que los últimos acontecimientos, que tuvieron
sus primeras consecuencias con la declaración fallida de la
declaración de la República Independiente Catalana, la fuga de
Puigdemont y sus principales compinches, la sublevación del
Parlamento catalán y de sus componentes independentistas y los
hechos que, posteriormente, obligaron a la aplicación del Artº 155
de la Constitución, una decisión que hizo concebir esperanzas de que
se impondría la legalidad en la comunidad catalana, acabando con
todos los conatos de destruir la unidad de España y que permitiría
restaurar la plena normalidad, política, institucional, social y
económica en todo el territorio de la autonomía catalana.
Desgraciadamente, hemos comprobado que no entraba en los planes
gubernamentales el adoptar una actitud firme y decisiva, sino que se
ha limitado a poner parches, permitiendo que, después de unas
elecciones fallidas para los intereses gubernamentales, continuaran
los mismos que fueron los causantes del desaguisado nacionalista que
siguen siendo los que optan, en medio de un verdadero maremagnum de
disputas, descalificaciones, diatribas contra el Estado español y
descalificaciones a la Administración de Justicia, los que optan a
ocupar las instituciones catalanas. Para colmo el Estado sigue con
su falta de información, cediendo la iniciativa a aquellos que se
aprovechan de sus carencias para realizar una bien orquestada
campaña en el extranjero en apoyo de sus conveniencias; campaña que
va teniendo sus consecuencias positivas para ellos en la forma en la
que, algunos estados extranjeros, empiezan a valorar el problema
catalán, algo que queda reflejado en la actitud negativa a conceder
las extradiciones que, a través de la oportunas órdenes europeas de
detención, se les han requerido.
Y, finalmente llegamos a lo más inesperado y letal que se pudiera
haber producido para acabar de crear un ambiente de confusión mayor,
darles un espaldarazo a los independentistas y sirva, por si fuera
poco, para poner en cuestión una tema que, en cualquier otro país
europeo en el que se hubiera producido semejante disparate, su
gobierno no hubiera dudado un instante para aplicarle un remedio
radical, sin andarse con tantas zarandajas, poniendo en
funcionamiento la Ley Penal encarcelando, sin más miramientos, a
todos los que hubieran participado en el conato de secesión, para
que se les aplicara, sin tardanza y sin posibilidades de darse a la
fuga, la ley en sus propios términos. Nadie puede pensar, a pesar de
que un tribunal alemán haya pensado que no existían suficientes
motivos para entregarnos a Puigdemont por sublevación, que no han
existido motivos más que suficientes para que se les aplicara el CP
a todos estos que, sin escrúpulos, se han estado burlando del resto
de españoles a la vez que han incumplido, no sólo a las sentencias
de los tribunales, sino los requerimientos del propio TC.
El no permitir la enseñanza en castellano, el exhibir sin recato
banderas separatistas, el incumplir las órdenes de los tribunales de
justicia, el insultar a España y el desobedecer las órdenes del TC,
no debieran haber tenido otra contestación que una reacción
inmediata y contundente. El silbar al Rey en un estadio de fútbol,
lo mismo que el exhibir símbolos y eslóganes insultantes a España y
a sus autoridades, debieran de haber sido causas suficientes para
cerrar el estadio del CFB por tres o cuatro partidos lo que, con
toda seguridad, hubiera calmado el furor patriótico de aquellos que
se quedaran sin poder ver jugar a su club. El manifestarse
mayoritariamente en las calles para pedir la independencia debiera
de haber sido causa de que se investigara y pusiera a disposición de
la justicia a los responsables de tales desórdenes. Nada de todo
ello se ha producido y el Gobierno ha permanecido impasible con la
peregrina idea de que si se les dejaba actuar libremente llegaría un
momento en el que se cansarían.
Quizá hubiera sido así si se les hubiera cortado toda la inyección
económica que han ido recibiendo, por encima de la financiación que
legalmente le correspondía a la comunidad catalana; aquellos
préstamos que se les han ido transfiriendo a través del FLA para que
pudieran atender a aquellos pagos que, debido a haber distraído
fondos, para sus necesidades secesionistas, de las partidas de
financiación que legalmente le correspondían a Cataluña. Más de
30.000 millones de euros de deuda contraída con el Estado avalan el
que el TS pudiera recibir la información de la policía y guardia
civil, respecto a que casi dos millones de euros fueron invertidos
por el gobierno de la Generalitat en financiar el llamado “proces
catalán”. Gracias a que, por fin, el señor Montoro ha mostrado su
verdadero rostro, seguramente para sacarse de encima responde por su
fracaso y el de su ministerio en cuanto a vigilar el destino de los
fondos que se les ha ido entregando al gobierno catalán, nuestro
ministro de economía, ha tenido la debilidad de afirmar con toda
rotundidad que: “ni un solo euro del dinero recibido por los
catalanes se ha invertido en el proceso de independencia”. Craso
error y una evidente imprudencia que, por sí misma, debiera motivar
la dimisión inmediata del señor ministro a causa de su evidente
incapacidad para estar al frente de un ministerio de la importancia
como es el de Hacienda.
Y es que ya son muchas las meteduras de pata, la forma evidentemente
chulesca y autoritaria de dirigirse a los españoles, algo que
contrasta con la docilidad que muestra en favorecer las finanzas
catalanas. Este señor no sólo ha cometido una estupidez supina y en
un momento crucial en que sus efectos pueden perjudicar nuestros
esfuerzos para conseguir que, las extradiciones pendientes, pudieran
llegar a buen término; sino que ponen en duda la credibilidad de
todo el gobierno del señor Rajoy puesto que nadie en su sano juicio
puede pensar que, esta metida de pata, no haya tenido el apoyo del
resto del ejecutivo. Aún en el caso de que el señor Montoro hubiera
actuado por su cuenta, sin pedir consejo al resto del ejecutivo;
tampoco se podría entender que, en un gobierno como el español, no
se sometiera a una revisión previa cualquier declaración que se
hiciera ante la opinión pública. En fin, lo más terrible de todo
este cúmulo de incongruencias es que, a la vista de los votantes del
PP, les queda la duda sobre si todo lo que hemos estado presenciando
durante los últimos años no ha sido más que una representación
teatral, donde se nos ha vendido como un enfrentamiento algo que
quizá ya estaba convenido de antemano a través de las cloacas del
Estado.
¿Qué es lo que, en realidad estuvo haciendo en Barcelona la
vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría en sus conversaciones con
los personajes más importantes de la burguesía catalana?, ¿cuáles
fueron los resultados de su estancia en Barcelona, si es que los
hubo y cuáles se nos ocultaron a los españoles porque, si los
supiéramos, elevaríamos el grito a los cielos?
No queremos ni pensar que se nos hubiese ocultado a los españoles, a
los que somos de derechas y no lo ocultamos, a los que queremos una
España unida y estamos alucinados cuando vemos lo que se ha
permitido a los separatistas y a los que todavía no son capaces de
entender la grave equivocación que cometió el señor Rajoy al no
celebrar elecciones, en un momento en el que tenía todas las
posibilidades de salir reforzado, metiéndose en la trampa, aceptando
presidir un gobierno en minoría, entregado a las imposiciones de los
partidos que lo apoyasen y a un Parlamento al que ha intentado
frenar con vetos, hasta ahora que parece que el Supremo ha dictado
una resolución en contra de semejante práctica.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
sentimos vergüenza ajena por un gobierno que nos ha mentido en sus
promesas electorales y que puede que lo haya vuelto a hacer al
permitir que, su dejadez y su preocupación por mantenerse en las
encuestas, le haya llevado a dejarnos ante las fauces de la bestia
negra de un futuro de izquierdas y con el peligro de que suframos el
mayor descalabro internacional jamás previsto.
LA GENERALITAT DEL 155
Cesan al profesor de Barcelona acosado por
dar clases en castellano
La Gaceta 20 Abril 2018
La presión ha podido y el IES Joan Boscà de Barcelona -en elitista
barrio de Sarrià- ha cesado de sus funciones al profesor de Historia
Francisco Oya.
El docente, perteneciente a la asociación de Profesores por el
Bilingüismo, estaba siendo acosado por la Generalitat -recordemos,
en manos del Gobierno central en virtud de la aplicación del
artículo 155- por impartir sus clases en castellano y desmentir el
relato falaz del independentismo.
Oya se había quejado en varias ocasiones del material que le impuso
el centro para impartir su asignatura. El libro de texto, de uso
obligatorio, fue escrito por Agustí Acoberro, vicepresidente de la
Asamblea Nacional Catalana. Dado el claro componente adoctrinador
del manual, Oya decidió complementar sus clases con material
adicional de cara a los exámenes de Selectividad. Su objetivo, según
publica El Confidencial, era el de ayudar a sus alumnos a “que
tuvieran una visión más general y menos sesgada de la Historia de
España”.
Tras varias inspecciones de la Consejería de Educación de la
Generalitat del 155 se le amonestó, entre otras cosas, por impartir
las clases en castellano. Según informa el citado diario, la
situación se ha agravado después de que el director del centro
decidiera hace dos días cesarlo de todas sus funciones y relevarlo
por otro profesor. Ese mismo director permite a los alumnos y grupos
separatistas forrar las dependencias del instituto con material y
consignas a favor de los golpistas.
Su nueva tarea será “preparar materiales complementarios” para la
asignatura de Ciencias Sociales de 4º de la ESO. La decisión del
director del centro es ‘’provisional’’ mientras se dirime el
expediente disciplinario abierto el 12 de abril.
Acosado por la Generalitat
Oya, que también forma parte de Historiadores de Cataluña, recaló en
el IES Boscá de Barcelona en 2017 tras 33 años de trayectoria
profesional. El docente nunca ha escondido sus opiniones y las ha
compartido en redes sociales, lo que provocó las primeras
desavenencias con el director del centro, Ignacio García de Barrera.
Algunos estudiantes de Bachillerato, próximos a la CUP y ERC, se
quejaron a la dirección, que decidió poner la situación en
conocimiento de la Consejería de Educación. El 13 de febrero -con la
Generalitat intervenida por el 155- llegó la primera inspectora, que
se quejó al escuchar a Oya dar las clases en castellano: ‘’eso puede
resultar punible’’, escribió en su informe. Tiempo después, tras las
quejas interpuestas por la inspectora, llegaron dos nuevos enviados
de la Generalitat. El docente se negó a responder a las preguntas
porque había exigido la presencia del jefe provincial del sindicato
CSIF en sus próximas entrevistas con los inspectores , algo que no
se respetó.
Ante su negativa, los inspectores el trasladaron que se le iba a
abrir un expediente informativo, algo que se produjo el pasado 4 de
abril, cuando otro enviado de Educación le puso una amonestación.
El calvario de dar Historia de España a los
'cachorros' de la CUP
El profesor Francisco Oya, defensor del bilingüismo en la escuela
catalana, hace balance de su último año en el IES Joan Boscà, donde
le acaban de abrir un expediente
Marina Alías vozpopuli.es 20 Abril 2018
Francisco Oya lleva más de tres décadas siendo profesor de Historia
de España en Cataluña, pero el clima de incertidumbre política y de
tensión que atraviesa la comunidad autónoma desde el auge del
independentismo ha provocado que su relación con el equipo directivo
del centro escolar en el que "trata" de dar clase se deteriore tanto
o más que la que mantiene con un grupo de alumnos afines a Arran, la
organización juvenil vinculada a la CUP.
Llegó al IES Joan Boscà, situado en el distrito de Sarrià-Sant
Gervasi, junto al barrio barcelonés de Pedralbes, hace un año y ya
desde entonces fue tratado con cierta "frialdad", según cuenta a
este diario. Su lucha contra la imposición del catalán en las aulas
le había llevado a presidir la Asociación de Profesores por el
Bilingüismo, una entidad cívica formada por docentes de diversos
niveles educativos que no encaja bien con el discurso nacionalista.
El manual de Alcoberro
"Solo llevaba poco más de una semana dando clase cuando me citó el
director. Me comentó que había visto algunos artículos que yo
escribía y también algunos comentarios que pongo en mis redes
sociales, no le hacían gracia y me pidió prudencia", recuerda Oya.
Sin embargo, este último defiende que en el instituto se limita a
dar clase y que no habla sobre sus opiniones políticas. Eso sí,
añade: "Evidentemente, fuera del centro participo en los actos que
quiero".
Pero el rechazo del director no era la única dificultad que
encontraría en el centro. La piedra más difícil de sortear son los
manuales de Historia fijados para los estudios desde 1º de ESO hasta
2º de Bachillerato, del historiador y portavoz de la Asamblea
Nacional Catalana, Agustí Alcoberro. Unos libros que algunos
estudiantes parecen abrazar.
"Quise que mis alumnos tuvieran una visión más amplia de la
Historia, así que decidí repartir un dossier con textos
supremacistas del catalanismo político. Era una forma de que vieran
otra cara del catalanismo", pero un grupo de ellos, afines a Arran,
se quejaron al director y el resultado fue, según Oya, una suerte de
"tribunal de la Inquisición".
El director me prohibió dar otro tipo de material didáctico distinto
al contenido que aparecía en el libro"
"El director me prohibió dar otro tipo de material didáctico
distinto al contenido que aparecía en el libro y terminamos
discutiendo", dice. De acuerdo al testimonio del docente, nunca le
había pasado "nada parecido" con otros directores y tuvo que
recordar a su superior que existía "la libertad de cátedra". Fue
entonces cuando empezó el desfile de inspectores en las clases del
profesor Oya.
"En dos meses vinieron hasta tres inspectores, así que a partir de
la visita de la primera, que hizo un informe que no se ajustaba a la
realidad según mi opinión, pedí que hubiera testigos, en concreto el
jefe provincial del sindicato Csif", cuenta. Sin embargo, las
visitas continuaron "por sorpresa", así que Oya se habría negado a
hacer manifestaciones.
Cruce de protestas
En este contexto, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo
decidió organizar un acto de protesta este lunes enfrente del centro
en contra del adoctrinamiento en la escuela pública catalana y en
defensa de "los profesores que están siendo represaliados por no
participar en el juego". Pero otra manifestación trató de reventar
el acto.
El Front de Defensa del instituto, junto con el CDR de Les Corts,
convocaron una protesta en repulsa al discurso de la organización de
Oya y a favor del director del instituto, señalado por
adoctrinamiento independentista tras el 1-O por asociación. Y los
mismos gritos de "Fuera el fascismo de nuestras aulas" que
protagonizaron el acto se plasmaron en forma de cartel al día
siguiente en clase.
Me recibieron con pancartas amenazantes en las que se me llama
fascista, tanto en las verjas de fuera como en el interior del aula"
"Me recibieron con pancartas amenazantes en las que se me llama
fascista, tanto en las verjas de fuera como en el interior del
aula", cuenta Oya. Antes de comenzar a dar clase, continúa, un grupo
de alumnos me llamó fascista y salió del aula. "El director me abrió
un expediente y me han retirado de impartir clase de Historia de
España en 2º de Bachillerato, que son los alumnos que dentro de poco
tienen Selectividad", explica.
"No he venido a buscar problemas pero siempre defenderé la plena
libertad en los centros a nivel de lengua y de libertad de cátedra.
Quiero dar Historia científica, no una propaganda, pero actualmente
parece imposible en la escuela pública catalana", denuncia. Fuentes
de la comunidad docente catalana aseguran a este diario que el caso
de Oya no es el único. "Hay varios profesores que son señalados en
los centros por cuestiones políticas, pero no lo denuncian
públicamente por miedo a represalias", comentan.
«Conmigo ha empezado la caza»
El profesor crítico con el adoctrinamiento de los jóvenes catalanes
que ha sido expedientado atiende a ABC
Esther Armora ABC 20 Abril 2018
El profesor crítico con el adoctrinamiento de los jóvenes catalanes
que ha sido expedientado, Francisco Oya, concede una entrevista a
ABC. Desde la asociación que preside, Profesores por el Biligüismo
(APB), Oya llevaba meses denunciando la campaña de «acoso y derribo»
de la Generalitat contra los docentes «contrarios a la inmersión
lingüística y al adoctrinamiento ideológico en las aulas». «Mi
expediente es solo el primero de otros que llegarán. Conmigo ha
empezado la caza».
¿Por qué le han sancionado?
Me han castigado por varias cosas. Por impartir las clases en
castellano, por matizar los contenidos tergiversados que ofrece el
actual manual de Historia de España y por manifestarme en contra del
«procés».
¿Qué hizo para «corregir» el contenido del manual de Historia?
Ofrecí a los alumnos materiales complementarios. Entre ellos, una
recopilación de textos de varias figuras históricas del nacionalismo
catalán (entre ellas, Enric Prat de la Riba, Heribert Barrera, Jordi
Pujol,...). Mi responsabilidad docente me impedía mantener esa
versión.
¿Qué hizo el director cuando se enteró de sus matices?
Me prohibió expresamente utilizar en las clases cualquier material
ajeno al libro de texto. Yo le respondí que seguiría haciéndolo
porque me ampara la libertad de cátedra. Entonces me amenazó con que
vendría una inspectora.
Y vino...
Efectivamente. Estuvo presente en una de mis clases, sin guardar
ningún respeto, corrigiéndome ante mis alumnos. Días después, me
llamó el director para citarme para una segunda inspección. En ésta
exigí tener un testigo, aunque la realizaron, por sorpresa, un día
antes del acordado y me negué a declarar.
Después vino el expediente ¿no?
Sí. En él me acusan de haber hecho sufrir a los alumnos, ser un
homófobo, un machista...
¿Le ha sorprendido?
Lo que me sorprende es que esa caza de brujas se produzca con el 155
vigente.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|
