Voraces y mentirosos
OKDIARIO 17 Octubre 2018
El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos han presentado
unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que son tan voraces
como mentirosos. Adheridos de manera demagógica al mantra de que
“pagarán los ricos”, socialistas y comunistas bolivarianos tratan de
embaucar a los españoles con una realidad que, lejos de existir de
un modo idílico, cada vez será peor para la prosperidad de todos
nosotros. Lo cierto es que la clase media, los autónomos y los
inversores —tres agentes esenciales en el Estado de bienestar y
esenciales también en la creación de empleo— harán frente a 3.296 de
los 5.678 millones de euros que Sánchez e Iglesias pretenden
recaudar vía impuestos. Entre ellos, 14 millones de conductores
españoles apoquinarán los 670 millones de euros del impuestazo al
diésel.
Dicen desde el Ejecutivo que estas medidas situarán nuestro país en
la “vanguardia fiscal”, pero lo único cierto es que la economía
comienza a dar señales de preocupante agotamiento. Más allá de las
advertencias de desaceleración global que plantean instituciones tan
importantes como el FMI o la OCDE y que nos deberían hacer extremar
las precauciones, España tiene un escenario interno demasiado
incierto a causa de la inestabilidad política —los independentistas
apoyarán los Presupuestos a cambio de más prebendas— y de unas
Cuentas Públicas que no generan ninguna confianza, ya que dispararán
el gasto y harán caso omiso a la contención del déficit que exige
Europa. Así, la tan temida prima de riesgo —protagonista casi diaria
de la última crisis económica— ha alcanzado esta semana su máximo
desde la moción de censura. Algo que debería hacer reflexionar al
Ejecutivo.
Otro hecho significativo ha sido la marcha atrás de Cepsa en su
anunciada salida a Bolsa debido a la falta de interés de los grandes
inversores institucionales en el mercado español. Así las cosas, el
beneplácito de la Comisión Europea a los Presupuestos de PSOE y
Podemos no es, ni mucho menos, un espaldarazo, sino más bien,
ahondar en las dudas que ensombrecen nuestra economía. Con una
rebaja sustancial del crecimiento hasta el 2,6% en 2018 y un
preocupante 2,3% en 2019 —recordemos que España ha creado empleo en
los último tres años creciendo a más del 3%— resulta evidente que si
Bruselas apoya las Cuentas Públicas es por respaldo de Alemania.
Como cuenta OKDIARIO, Merkel dio el beneplácito a cambio de que
España acogiera a los inmigrantes. Mientras tanto, la confianza en
nuestro país vuelve a pender el hilo. La incertidumbre, no lo
olvidemos, es el peor estado para la economía de cualquier país.
Operación Rojo Blanqueado
Emilio Campmany Libertad Digital 17 Octubre 2018
Si ocupar el poder es el objetivo, y siempre lo es para los
socialistas, la única forma de conservarlo a corto plazo y
detentarlo a medio es pactar con los marxistas-leninistas, aunque
suponga violar la única regla básica que se impuso Felipe González,
la de no apoyarse jamás en los comunistas. Los remilgos del
sevillano no eran morales, sino pragmáticos. Acordar nada con los
bolcheviques ahuyenta al electorado moderado, ese inmenso caladero
de votos que es necesario conquistar para ganar las elecciones. Hoy,
el problema es que no hay bastantes votantes socialistas para vencer
en las urnas. De manera que es imposible gobernar sin contar con
aquéllos. En consecuencia, para evitar que los electores de centro
se asusten, es necesario conseguir que los estalinistas sean
contemplados por el potencial votante socialista como meros rojillos
algo ruborizados de más. Ocasión de oro para hacerlo es el acuerdo
de los presupuestos, que son presentados como un dechado de sensatez
socialdemócrata. En El País, Vidal-Folch habla abiertamente de "El
giro de Podemos a la socialdemocracia" y Gil Calvo de "Sensatez",
para referirse a la del prudente padre de familia en el que al
parecer se ha convertido Pablo Iglesias.
La trastienda ideológica de estos Presupuestos pactados por el
Gobierno y Podemos está muy lejos de ser socialdemócrata. Ni
siquiera es socialista a secas. La miseria que traerán, si llegan a
aprobarse, no será un efecto no deseado, al menos por los
comunistas. El objetivo que esconden es la proletarización de la
clase media, por emplear terminología marxista. El alegado propósito
de conservar el Estado del Bienestar es falso porque, para empezar,
lo que pretenden es su ampliación. Y, en sí, éste podría ser un fin
encomiable si hubiera recursos con los que hacerlo. Pero la realidad
es que no disponemos de ellos. Los ricos que no pagan seguirán sin
hacerlo. Los que lo hacen, que son muy pocos, ya pagan mucho y poco
más se les puede sacar. Lo que harán, a través de las muchas bombas
de relojería que los Presupuestos incluyen, es sangrar a la clase
media. Y, en el mejor de los casos, cuando menos, amedrentarán a
toda iniciativa privada que no se funde en ayudas y subsidios.
Con ser las consecuencias económicas terribles, no son más que los
Presupuestos para que Podemos pueda imponer su programa
antidemocrático a una sociedad empobrecida. Porque en eso los
comunistas no son mejores que ningún fascista doctrinario. En una
genuina democracia, los comunistas nunca han tenido nada que hacer.
Para ganar unas elecciones, necesitan una grave crisis económica; y
una vez alcanzado el poder, lo ocupan para siempre.
A lo mejor a los columnistas de El País les pone el rollo soviético,
pero al menos deberían tener la decencia de admitirlo y no
dedicarse, como hacen, a blanquear, socialdemocratizando, lo que es
puro comunismo de la peor especie. Que tenga un rostro del siglo XXI
no lo hace mejor que el del XX. Al contrario, es más feo que nunca.
La Fiscalía no cede ante los golpistas
Los fiscales encargados del sumario por el asalto al Estado prevén
mantener las directrices de las querellas impulsadas por Maza y del
auto de procesamiento dictado por Llarena
EDITORIAL ABC 17 Octubre 2018
La Fiscalía del Tribunal Supremo prepara un escrito de acusación que
pondrá al separatismo catalán ante las verdaderas dimensiones
penales de su golpe contra el orden constitucional. Solo unos necios
podían imaginar que les saldrían gratis su ataque a la unidad de
España, la desobediencia al Tribunal Constitucional, la malversación
del dinero público y la incitación a la violencia en las calles.
Según la información a la que ha tenido acceso ABC, los fiscales
encargados del sumario por el asalto al Estado prevén mantener las
directrices de las querellas impulsadas por el fallecido José Manuel
Maza y del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo
Llarena, y acusarán por rebelión a los dirigentes del proceso
separatista que están en prisión provisional. Y lo harán, además,
imputando a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Turull, Rull, Forn,
Romeva y Bassa el delito de rebelión agravado por malversación, lo
que supone penas que superan los 15 años de prisión. El resto de
acusados recibirá peticiones de condena por rebelión básica -Carme
Forcadell y «los Jordi»-, malversación o desobediencia, según el
borrador del escrito que ultima la Fiscalía.
Las togas de estos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
no se van a manchar con «el polvo del camino», inquietante frase con
la que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
pretendió que la Fiscalía secundara la negociación política del
Gobierno de Zapatero con ETA. Sus acusaciones por rebelión son las
que merecen quienes han atentado contra lo más valioso de un Estado
de Derecho, que es su integridad territorial y la vigencia de la
Constitución. En otros países, este delito se castiga con la cadena
perpetua, porque es una traición a la convivencia y una provocación
al enfrentamiento civil. Para el Gobierno, la acusación de la
Fiscalía sería una mala noticia. El Ejecutivo ha presionado
indecentemente, sin éxito, a la Sala Segunda y al Ministerio Fiscal
para excarcelar a los dirigentes en prisión provisional como gesto
que salve los votos del nacionalismo catalán. No sólo siguen en
prisión, sino también acusados por delitos de máxima gravedad.
Los separatistas arreciarán sus descalificaciones contra la Justicia
y sus amenazas a Pedro Sánchez, a quien Cataluña vuelve a
arrastrarlo a la cruda realidad de su impotencia política y de sus
errores de planteamiento. Sin embargo, ni los separatistas ni sus
tontos útiles hallarán ninguna conspiración entre poderes del
Estado. Los hechos son tan evidentes y los delitos, tan claros, que
lo inadmisible sería que no hubiera responsabilidades penales. Al
final, la diferencia entre un demócrata y un separatista es que el
demócrata respeta la ley y el separatista, no. Lo normal es que sea
el separatista quien se siente en el banquillo de los acusados.
Hablemos claro de la política española
Roberto L. Blanco Valdés La voz 17 Octubre 2018
Hacía mucho tiempo que la política española no estaba hundida en un
clima tan atroz. Un clima que, para decirlo claro y pronto, es
asfixiante. Y un clima que no presagia nada bueno ni para quien está
en el Gobierno ni para quienes se le oponen. Únicamente los que
viven instalados en el cuanto peor mejor podrían salir al final
beneficiados de este galopante deterioro de la convivencia civil que
refuerza la peor tendencia que puede producirse en democracia:
aquella por virtud de la cual los adversarios van percibiéndose poco
a poco entre sí como irreconciliables enemigos. Un horror y una
desgracia.
¿De dónde procede ese deterioro de la política que contamina ya a la
sociedad? Sin duda, en gran parte, de «la demagogia, la grosería, la
falta de respeto a las instituciones, los disparates lógicos, las
chorradas infantiles y la quiebra de los valores que protegían el
orden social y la cultura cívica» a las que, en este mismo espacio,
se refería Xosé Luís Barreiro con toda la razón hace unos días.
Creo, sin embargo, que la gravísima situación en la que hoy nos
encontramos es inexplicable sin tener en cuenta, además, un hecho
que hay que constatar con toda claridad: la creciente quiebra de la
legitimidad del Gobierno de España, derivada de las consecuencias de
la censura que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez.
Una censura que -legal, sin duda, por cumplir las exigencias
constitucionales previstas para su presentación y votación- no
hubiera provocado el gran problema de legitimidad del Gobierno en
que hoy estamos si Sánchez hubiera cumplido lo que en su día
prometió: la pronta convocatoria de elecciones. Para decirlo sin
rodeos: incluso los millones de españoles que no estuvieron de
acuerdo con la censura habrían admitido, de mejor o peor gana, la
legitimidad de Sánchez para utilizar la censura como una forma de
forzar el adelanto electoral.
Ha sido su giro de 180 grados en relación con tal promesa -de las
elecciones ya a la voluntad de agotar la legislatura- el que ha
colocado a Sánchez en una situación de creciente deslegitimación, al
obligarlo a buscar constantemente el apoyo de dos partidos golpistas
para mantenerse en el poder. Porque una cosa es que Sánchez tuviese
los votos de ERC y el PDECat para echar a Rajoy del Gobierno y otra
muy distinta que haya optado por intentar gobernar durante cerca de
dos años con el indispensable sostén parlamentario de dos partidos
cuyos principales dirigentes están huidos o en prisión provisional
por la presunta comisión de gravísimos delitos.
Un presidente puede optar por un trato tan obsceno -inconcebible en
cualquier otro partido democrático europeo-, pero ha de saber que el
precio que pagará por ello será el de su creciente deslegitimación
política. Pues hay cosas que no pueden hacerse en democracia:
gobernar un país con quienes quieren destruirlo es sin duda una de
ellas.
La izquierda y el fascismo
Fran Carrillo okdiario 17 Octubre 2018
La atracción que siente la izquierda por el fascismo es innegable.
Lo nombra como quien nombra a un amor despechado o a ese amigo
desleal que un día te traicionó sin dar explicaciones. Es tal el
placer que provoca en boca siniestra su sombra, que ya no puede
vivir sin él. La izquierda y el fascismo son los eternos amantes que
nunca reconocerán el perfecto maridaje que hacen como matrimonio de
conveniencia. Una es costilla de la otra, la otra no se entienda sin
el origen conceptual de la una. Ya en el pasado mostraron
recíprocamente su amor. Era agosto de 1939 cuando Alemania y la
Unión Soviética, los dos estados totalitarios del momento, sellaron
un pacto que iba más allá de un acuerdo de no agresión bélica. El
Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en Moscú, confirmaba la simpatía
mutua que nazismo y comunismo se despertaban, en ese Jano
dictatorial de la barbarie en el que convirtieron Europa durante
décadas.
Tras la hecatombe mundial, con los ojos justicieros de Nuremberg
consumados, el aparato de propaganda soviética tomó los mandos para
adoctrinar a Occidente, durante décadas, configurando una historia
adulterada sobre su funcionamiento, origen y esencia, para la cual
se sirvieron de los mismos intelectuales que hoy siguen pontificando
en su relativismo moral y superioridad conceptual nunca demostrada.
Parecía que en 1989 se acababa con una era de obligación debida a
Leviatán para abrazar una nueva época, que garantizaría el periodo
de mayor prosperidad de toda la historia de la humanidad. Nunca
antes como en estos 30 años se habían reducido las desigualdades,
provocando que millones de personas en todo el mundo salgan de la
pobreza. Ahora que las democracias liberales necesitan ejercitar la
reflexión para reinventar la fórmula que tanto bienestar ha traído,
la izquierda emerge de nuevo como dique de contención hacia el
progreso.
Las democracias, a lo largo del tiempo, mueren por una errónea
aplicación del tratamiento curativo. Al virus del populismo se le
está tratando hoy con la receta de la demagogia, encabezada por la
ideología que más ha invertido en propaganda para esconder su escaso
apego a la libertad. No extraña que, en los nuevos hiperliderazgos
de izquierdas y en esa asunción de competencias sobre su
responsabilidad ante el mundo, el ego haya sustituido al demos. Ya
no hay discusiones éticas sobre temas determinantes en la
conformación de las sociedades modernas: se habla desde el grito y
se propone tras la cortina del rechazo. El personalismo de la
izquierda conjuga con el de los populismos de
derechas y nos venden nueva mercancía ideológica como mantras
de consumo irrefutable. El SMI impuesto ahora por ese matrimonio
histórico de conveniencia y convivencia llamado socialismo y
comunismo destroza cualquier esperanza de construir una España
solidaria y de progreso.
De sentido común para cualquier estudiante de economía de primero de
carrera, el social-comunismo que invade la Europa post Lehman
Brothers aún no entiende que el Estado no crea el empleo, sino que
lo incentiva o facilita. Que atacar a las pymes y autónomos supone
cargarte al 90% de aquellos que generan empleo en un país. Que a
menos que se acepten euros del Monopoly, la máquina de fabricar
billetes no es competencia estatal. Para los adalides del
pensamiento liberticida, el bienestar reside en igualar la miseria,
no en que los individuos decidan, desde su independencia económica,
lo que más les conviene. Hacen del Estado una trituradora de
conciencias y oportunidades. Y siguen sin preguntarse por qué ningún
país del mundo donde se aplican políticas social-comunistas tiene
unos índices de riqueza suficientes para considerarse desarrollado.
Porque en esos países, sólo prosperan las élites políticas y
empresariales del Estado. Así que, no se dejen engañar. El social
comunismo de siempre es, de nuevo, el problema del ahora. Aunque los
medios avisten el fascismo, y la izquierda, como enamorada
despechada, reniegue del niño desmadrado que un agosto del 39 le
dejó en mal lugar.
El lamento del cobarde
Álvaro Martínez ABC 17 Octubre 2018
«Si aún le queda algo de dignidad debería volver a Cataluña y
encerrarse en la cárcel». Acostumbrado a esas entrevistas de
alfombra que frecuentemente le hace TV3 (la tele del régimen) y a
que le toquen las palmas los flamencos belgas, Puigdemont se quedó
estupefacto cuando hace unos días un periodista de allí le puso ante
el espejo en el que se suelen mirar los cobardes. Se cumple estos
días un año del comienzo del encarcelamiento de la banda del lazo,
que seguramente sigue en prisión preventiva por su evidente riesgo
de fuga si tenemos en cuenta que cinco integrantes del grupo
criminal salieron corriendo y se pusieron fuera de la ley al grito
de «tonto el último». No es el magistrado Pablo Llarena quien se
emperra en que sigan en la cárcel a la espera de juicio, son el
propio Puigdemont y el resto de los forajidos los que con su infame
huida impiden a cualquier mente sensata plantearse tan siquiera la
libertad provisional de Junqueras, los Jordis y los otros procesados
por rebelarse contra el Estado, un delito de extrema gravedad, que
no les persigue la justicia por, ya que hablamos de cobardes, robar
tres gallinas.
Pero a Puigdemont la dignidad le importa tan poco como que el resto
de los protagonistas del golpe lleven un año privados de la libertad
que él goza en Bélgica, que no se pierde un partido del Gerona
Fútbol Club en la peña «Aquí un valiente» que ha montado en Bruselas
con el empresario Matamala. Cómo disfrutan los dos con los goles de
Stuani, pichichi de la Liga... Su cobardía, no obstante, comenzó
mucho antes de aquel 30 de octubre, empezó al no informar a sus
consejeros («El lunes, todos a trabajar», les había dicho el viernes
anterior) de su plan de fuga, planeado meses antes y que incluyó
episodios tan vergonzosos como meterse en el maletero del coche.
Porque un cobarde no se improvisa, un cobarde nace.
El huido conmemoraba ayer el encarcelamiento de los Jordis con otro
impresentable mensaje en las redes sociales, lleno de esa palabrería
enfática que es alpiste de fanáticos, paparruchas muy parecidas a
las que emitió en marzo cuando cumplieron cien días en la cárcel. Ni
entonces les dijo la verdad a los suyos pues concluyó aquel aliento
con un «nos veremos pronto en casa». Ayer ya no se molestó ni en
mentirles y quizá al terminar el tuit de rigor sobre la «imparable
represión» y el resto de las pamplinas preguntó al servicio, allí en
Waterloo, «¿con quién jugamos esta jornada, con la Real Sociedad?».
Sabido es que no hay nada más efímero que el lamento de un cobarde.
La corrupción cerca a Susana Díaz
larazon 17 Octubre 2018
La inhabitual recusación de una juez, María Núñez Bolaños, que
investigaba una de las piezas de la macrocausa de los ERE, ha dado
un giro espectacular a uno de los mayores casos de corrupción de la
historia reciente. En efecto, su sustituta, Pilar Ordóñez Martínez,
ha hallado indicios de que no fue sólo la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía la que desviaba fondos públicos a través de la
agencia IDEA, sino que se trataba de una práctica extendida a todos
los departamentos del Gobierno autónomo andaluz.
Las primeras averiguaciones permiten calcular el desfalco en unos
4.300 millones de euros, mediante transferencias irregulares
llevadas a cabo entre los años 2000 y 2011, lo que, de probarse,
supondría la existencia de un «fondo de reptiles» descomunal,
utilizado por el PSOE de Andalucía, –como en el caso de los ERE y de
los fondos europeos de empleo– para engrasar su acendrada política
clientelar.
El escándalo presenta, además, un doble reproche, puesto que, por
una parte, hablamos de desvío de fondos y, por otra, de una política
perversa que incentivaba con dinero público la destrucción del
tejido productivo en la comunidad andaluza, no sobrada,
precisamente, de puestos de trabajo. No es, por lo tanto, sólo una
caso más de corrupción de los que afectan a la Junta de Andalucía
–algunos tan pintorescos como el de los prostíbulos–, sino el
paradigma de una forma patrimonial de entender la administración
pública que explica, sin duda, por qué los socialistas han mantenido
el poder en la región durante 36 años, pero, también, por qué
Andalucía presenta los peores indicadores económicos y sociales de
España.
Que, ayer, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya
metida de lleno en la campaña electoral, prometiera, textualmente,
«la agilización de los trámites administrativos y la reducción de
las trabas burocráticas para el sector agroalimentario andaluz»,
cuando han sido los gobiernos socialistas, incluido, por supuesto,
el suyo, quienes han creado a lo largo de cuatro décadas de poder
una de las marañas burocráticas más inextricables de España,
demuestra hasta qué punto el discurso político está fuera de la
realidad.
Por supuesto, el panorama judicial, con la vista oral por los ERE
entrando en su fase final con las periciales, explica, al menos
tácticamente, el adelanto de las elecciones autonómicas decidido por
la presidenta de la Junta, aunque existan otras razones de carácter
político, incluso internas, que justifiquen la decisión. Sin
embargo, se trata de una pobre respuesta ética ante unas situaciones
que, cuando menos, exigirían la asunción plena de responsabilidades
y la dimisión de quienes han desempeñado altos cargos en el PSOE
andaluz durante las últimas décadas y no están, por las razones que
sean, sentados en el banquillo de los acusados.
Pero la exigencia ética no parece ser la misma cuando la reclaman
los socialistas a sus adversarios políticos de la derecha popular
que cuando la corrupción rezuma entre sus filas. Es una doble vara
de medir que afecta a toda la izquierda española y que hace decir a
una candidata a la Junta de Podemos, como Teresa Rodríguez, que
prefiere un PSOE debilitado, al que arrancar concesiones
presupuestarias con el mismo aroma clientelar, antes que abordar el
feo fondo del asunto. Cabe esperar una reacción de la ciudadanía el
próximo 2 de diciembre, cuando está convocada a las urnas, y cabría,
aunque es más dudoso, que Ciudadanos y Podemos aplicaran el mismo
rasero a todos los casos de corrupción. Forzosamente, las elecciones
en Andalucía se verán salpicadas por las distintas actuaciones de
los jueces, aunque el calendario judicial, especialmente en lo que
se refiere al proceso de los ERE, favorezca a la candidata
socialista. Pero es de esperar que los electores lo tengan en
cuenta.
Susana Díaz es responsable por acción u
omisión del escándalo de la Faffe
EDITORIAL esdiario 17 Octubre 2018
El escándalo de la Faffe, la fundación pública creada para gestionar
un fondo para la formación y empleo de Andalucía, que en realidad se
desvió para enchufar a personal afín al PSOE y, lo más bochornoso,
para pagar fiestas en prostíbulos; exige una respuesta de la
presidenta andaluza Susana Díaz. Y no por la simple decencia que se
le exige al máximo responsable político en una región azotada por la
corrupción como ninguna en España y como pocas en Europa. También le
toca una responsabilidad administrativa clara, por acción u omisión,
en este formidable bochorno.
Como revela ESdiario, un informe de la Guardia Civil de cerca de
medio centenar de páginas prueba que la Junta de Andalucía conocía
perfectamente las investigaciones en torno a esta fundación opaca. Y
sin embargo, no hizo nada hasta que hace unos días su rival y
presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, denunció este
escándalo en una comparecencia ante los medios de comunicación
prensa celebrada frente a uno de los puticlubes donde altos cargos
de Faffe derrocharon miles de euros de dinero público.
Hasta dos requerimientos de información por parte de la Benemérita,
relativos a los movimientos de dinero de la Faffe, obtuvieron la
callada por respuesta de parte del Gobierno de Díaz. El primero de
ellos está fechado en el mes de mayo de 2016, lo que da idea del
tiempo que el Ejecutivo andaluz ha estado tapando este escándalo.
Pero además el demoledor atestado también echa abajo el desmarque la
estrategia huidiza de la presidenta andaluza con respecto a la
actividad de la Faffe. Según ha afirmado ella misma, este organismo
instrumental de la Junta se creó cuando estudiaba COU; y lo cierto
es que, en el apogeo de algunos de los excesos, en el año 2009, ya
ejercía de secretaria de Organización del todopoderoso PSOE andaluz
de Chaves y Griñán.
Ristra de problemas judiciales
Lo más penoso es que este escándalo no es más que el último eslabón
de una cadena de problemas judiciales del PSOE en Andalucía, a pocas
semanas de las elecciones, condensados en unas cifras devastadoras:
más de 30 causas abiertas, 600 imputados y dudas sobre al menos
3.000 millones de euros.
No existe ningún otro caso de corrupción en toda España. Y por mucho
que trate de esquivarla, Susana Díaz ha de cargar con esa herencia.
Le pertenece, porque es la excrecencia de un sistema pervertido en
el que ha crecido como política y como gestora y que ha hecho
posible el sostenimiento del socialismo en el poder de la región
durante más de 35 años.
Este nuevo caciquismo se ha basado en una red clientelar potentísima
y un código de conducta fundamentado en el nepotismo más descarado,
extendido en una densa maraña que conecta organismos públicos,
diputaciones y ayuntamientos y una legión de comisarios políticos y
conseguidores. Y solo al PSOE ha sacado una ganancia mensurable de
ello todo este tiempo, porque Andalucía no ha sido capaz de salir
del fango que la condena a ser uno de los territorios europeos con
más paro, con rentas más bajas o con mayor fracaso escolar.
Las soflamas de Díaz
Que Susana Díaz hable de regeneración con semejante panorama, de la
que ella ha sido parte activa, resulta sonrojante. El mismo adelanto
electoral, justificado por el interés en anticiparse a la sentencia
de los ERES y en evitar una coincidencia perjudicial con unas
Generales, es la mejor prueba del uso absolutamente sectario que
hace Díaz del poder público en Andalucía.
O empieza a asumir sus responsabilidades en este desastre, empezando
por la vergüenza de la Faffe; o mejor que guarde silencio. Escuchar
sus soflamas, y las de su gente, sobre ética y limpieza, es un
insulto a los andaluces y al común de los ciudadanos.
«Cuñadismo» en el cortijo andaluz
ABC 17 Octubre 2018
LA información que hoy revela ABC, basada en informes de la Guardia
Civil, sobre la red de enchufismo en la Junta de Andalucía resulta
mucho más que escandalosa. La Fundación Andaluza Fondo de Formación
y Empleo (Faffe) no solo sirvió para «financiar» las fiestas de
antiguos altos cargos en prostíbulos. También repartía tarjetas de
crédito opacas a diestro y siniestro, adjudicó hasta 8.844 contratos
irregulares a familiares y simpatizantes socialistas, y empiezan a
emerger adjudicaciones irregulares por un total de cincuenta
millones de euros. Sirvan dos ejemplos vergonzantes de para qué
servía la Faffe realmente: un exalcalde enchufado se pasaba el día
durmiendo y leyendo el periódico en el trabajo, y otro antiguo edil
del mismo partido llegó a cobrar más de medio millón como «director
de Asuntos Exteriores» de la Faffe, que era un organismo
inexistente. El fraude masivo de los falsos ERE ha sido el escándalo
de corrupción institucional más grave de la democracia, calculado
por jueces y fiscales en más de ochocientos millones de euros. Pues
bien, el de la Faffe es la continuación de un escándalo igual de
abusivo, con un añadido: el de la inmoralidad que supone gastarse el
dinero ajeno en prostitución.
El sistema implantado en la financiación y gestión de la Faffe
reincide en un modelo definido desde hace décadas por el
clientelismo y la distorsión de los genuinos intereses de los
andaluces. No en vano, Andalucía es la única autonomía en democracia
gobernada ya durante 37 años por un solo partido, el PSOE, y su red
de clientelismo sigue funcionando a la perfección. Políticamente,
Andalucía sigue siendo un inmenso cortijo del PSOE en el que la
utilización de dinero público, contablemente maquillado como
coartada para la ejecución de acciones sociales bienintencionadas,
siempre fue, y sigue siéndolo con Susana Díaz, una práctica
discrecional basada en el favoritismo y el nepotismo más burdos. La
palabra «regeneración» en boca de Susana Díaz, y también de su hasta
ahora socio de legislatura, Juan Marín, de Ciudadanos, suena a
sarcasmo.
Los sondeos previos a las elecciones autonómicas que acaba de
convocar Díaz vuelven a premiar al PSOE, sin poner en duda su
triunfo en las urnas. La única alternativa posible a casi cuarenta
años de abusos socialistas en la Junta sería una suma de escaños de
PP y Ciudadanos, pero es complicado que las cuentas puedan cuadrar.
Ciudadanos se ha sentido muy cómodo como subalterno de Díaz y todo
apunta a que nada cambiará en este paraíso de la corrupción.
Conviene preguntarse una vez más por el trabajo de la Intervención
General del Estado en Andalucía. La supervisión y el sometimiento a
la legalidad son criterios previos a cualquier enjuague, salvo en
Andalucía, donde ya nada parece resultar escandaloso.
Ejes principales del caso de las
transferencias de financiación en Andalucía
Pedro de Tena (Sevilla) Libertad Digital 17 Octubre 2018
Es uno de los muchos casos empantanados en la justicia andaluza como
por ejemplo los casos Jeremie, UGT, FAFFE, el caso ERE y sus más de
200 piezas separadas, el caso Avales I y II y otros importantes,
además de otros menores.
Como el caso de los Avales, igualmente vinculado a la Agencia IDEA,
este caso de las transferencias de financiación había caído en el
pantano judicial y sus lentitudes exasperantes. Fue el juez Álvaro
Martín, juez de refuerzo en el juzgado de la juez Alaya, que
investigó las seis primeras piezas en que se destripó el caso de los
expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía,
el que abrió esta nueva macrocausa.
Se trataba de investigar las transferencias de financiación de la
Junta a favor de IFA/IDEA pero procedentes de otros programas
distintos al 31L y de éste mismo, por el que se concedieron las
ayudas de los ERE. Esto es, se investigaba si en realidad se había
configurado un gigantesco fondo de reptiles para huir del Derecho
Administrativo y la legalidad.
En mayo de 2016, atendía lo que era una petición realizada por la
Fiscalía Anticorrupción y acordó la deducción de testimonio respecto
de las transferencias de financiación que "haya podido recibir"
IFA/IDEA. Así, el juez Álvaro Martín hizo referencia a las
transferencias de financiación "que haya podido recibir" IFA/IDEA
por parte de la Consejería de Empleo o de Innovación "procedente de
programa distinto al 31L" y "con destino distinto al legalmente
previsto" en la convicción de que usarlas era un procedimiento
manifiestamente irregular, como en el caso de los ERE.
Esta pieza fue separada de la relativa al procedimiento específico
por el que se concedieron las ayudas investigadas en los ERE y que
se juzgan ahora en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía, en este
marco, solicitó al magistrado que practicara diligencias previas
"para la averiguación de otros posibles ilícitos penales derivados
del uso de las transferencias de financiación, considerado
inadecuado por los peritos judiciales de la Intervención General del
Estado.
Ya entonces, según la Fiscalía Anticorrupción, de los informes de
estos peritos se desprendía que la agencia IDEA había recibido
fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al
31L mediante el mecanismo de las transferencias de financiación
tanto de la Consejería de Innovación como de otras.
Tras la marcha del juez Martín, el caso pasó a la juez titular,
María Núñez Bolaños y comenzó el empantanamiento, a pesar de las
protestas de la Fiscalía y la acusación particular del PP. Pero la
juez fue apartada del caso por el incidente de recusación presentado
por el PP y, en junio de este año, fue sustituida en el caso por la
juez Pilar Ordóñez que, siete días después de asumirlo, ya había
agilizado las diligencias pedidas por la Fiscalía.
La novedad de ayer es su petición de que las transferencias de
financiación utilizadas como método de pago por la agencia IDEA,
antes IFA, derivado de las ayudas públicas de todas las consejerías
del Gobierno andaluz al ente público IFA (hoy IDEA), sean
investigadas, por lo que ha pedido datos de todos los fondos
enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011.
El caso es realmente espectacular puesto que en el caso ERE sólo se
investigaban los pagos por ayudas sociolaborales procedentes en su
mayoría de la consejería de Empleo, pero ahora se investigarán todos
los pagos de la Agencia Idea en todas las Consejeríasde la Junta. Y
esto, como es sabido, ocurre en plena precampaña electoral. Cinco
veces los ere, 4.300.
Pero todo dependerá de lo que decida el tribunal que juzga el caso
ERE, porque el meollo del asunto es si las transferencias de
financiación han sido utilizadas fraudulentamente o no.
La recusación de Bolaños impulsó la instrucción
El PP fue forzado a pagar una fianza de 30.000 euros por la juez
Núñez Bolaños en otro caso, el caso Avales. Recurrió y la Audiencia
redujo considerablemente la fianza hasta unos límites normales. Ya
entonces el PP comenzó a deslizar sospechas sobre la juez Bolaños y
su imparcialidad. La Fiscalía y la misma Audiencia comprobaban su
falta de diligencia en dos casos, el de los avales de la agencia
IDEA y en el de las transferencias de financiación, además de otros.
EL PP descubrió dos cosas: una, que su cuñada María Guija trabajaba
en el departamento de control de pagos de la agencia IDEA,
investigada por la juez, y dos, que el que colocó a su cuñada en la
agencia, Francisco Oyonarte, entonces secretario general, se había
visto libre de todas las imputaciones en la instrucción de la juez
Bolaños.
Entonces la recusó. En junio, fue apartada del caso de las
transferencias y sustituida por Pilar Ordóñez, del juzgado de
instrucción número 10 que ha dado alas a una instrucción que no
quería realizar la juez Bolaños porque decía temer que se
convirtiese en un supercaso que afectara precisamente a los
políticos socialistas, y lo escribió casi textualmente así.
Qué son las transferencias de financiación
Son un instrumento de ajuste de las cuentas de los entes públicos,
pero no pueden sustituir los pagos de la subvenciones y ayudas, como
ocurrió en el caso ERE y en todos los demás que ahora parece que van
a investigarse.
Todos los interventores de la Junta han reconocido que la fórmula
usada para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas entre
2001 y 2010 "dejó fuera de control" casi 800 millones de euros en el
caso ERE y la consejería de Empleo. Cosa que "se manifestó" de
manera "clara y palmaria a partir de 2005", cuando se elaboró el
llamado informe adicional que hablaba del "uso inadecuado" de las
transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las
subvenciones investigadas.
Según la Fiscalía y los peritos judiciales, eso es así, pero según
las defensas no lo es. El País ha aceptado la tesis de las defensas
y dice que se usan en todos los departamentos de todo el Estado sin
limitaciones.
La misma Junta admite oficialmente que estas transferencias
destinadas a la agencia IDEA tenían que tener como fin la
financiación regular de la actividad de la propia agencia, pero no
el pago derivado de las ayudas concedidas por otras Consejerías.
La campaña electoral de las elecciones
El caso de las transferencias de financiación puede influir de
manera importante en las elecciones andaluzas de diciembre de este
año. Además de que sigue el caso ERE en el juicio contra los ex
altos cargos, ahora, las fechas impuestas por la juez para remisión
de documentos, entre 30 y 45 días, coinciden casi exactamente con la
campaña electoral y las elecciones.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía apenas colaboraba con la Justicia
y tardaba años en mandar, si es que lo hacía, la documentación que
se le requería desde los Juzgados, Por ejemplo, aún se está
esperando la información sobre las 13 cajas fuertes de la Fundación
Faffe. El caso ERE está lleno de obstáculos protagonizados por la
Junta. Y así sucesivamente. Pero ahora, la nueva juez ha fijado unas
fechas para entrega de la documentación que caen dentro de la
campaña electoral. Su incumplimiento será un arma electoral segura.
Además, hay otras ramificaciones. El PSOE ve abierto un nuevo y
proceloso flanco que desgasta a una deteriorada Susana Díaz. Podemos
tendrá que distanciarse del PSOE a marchas forzadas tras haberse
ofrecido ayer mismo a investir a Susana Díaz. Ciudadanos se verá
obligado a explicar cómo el empantanamiento de los casos por la
desidia de la Junta a la hora de entregar documentación nunca fue
criticado por Juan Marín cuando apoyaba el gobierno de Susana Diaz.
El PP es el único que se beneficia electoralmente de esta última
hora judicial.
ERElucía
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS Libertad Digital 17 Octubre 2018
La juez Pilar Ordóñez, que sustituye temporalmente a la recusada por
el PP Núñez Bolaños, ordenó ayer la apertura de una causa sobre lo
que denominó "un fondo de reptiles descomunal" en todas las
Consejerías de la Junta de Andalucía. La feroz campaña contra la
juez Alaya -que nunca tuvo el apoyo del femirrojismo de guardia,
pese a ser personalmente insultada por Alfonso Guerra y otros
machotes sociatas, o precisamente por eso- se vino, pues, abajo de
forma estrepitosa. Bastó que una juez dispuesta a mirar y no apartar
la vista se asomara a lo tapado para destaparlo. Y lo destapado son
estratos mineralizados de arbitrariedad en el manejo del dinero
público. De una magnitud sólo igualada por la banda de Jordi Pujol,
patriota catalán.
En 2008, Francisco Rosell publicó Treinta años de nada. Anatomía del
régimen andaluz, a la que añadió el año siguiente, como estrambote,
El bueno de Manolo, biografía no autorizada de Manuel Chaves, último
y más lerdo pero no menos aprovechado miembro del Clan de la
Tortilla, que, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza,
hizo de España desde 1982 un latifundio político particular y de
Andalucía su cortijo electoral. Diez años después, o sea, cuarenta,
a aquella anatomía alguien con pleno derecho a hacerlo se acerca
para hacerle la autopsia. Si a los dos libros de Rosell se añade La
tela de araña andaluza. Hilos de un régimen (2011) de Pedro de Tena,
ya tiene la juez guion para no perderse en el infinito vientre de
San Telmo y pagadurías reptilianas adjuntas.
Son cuarenta años, insisto, de régimen socialista, no de victorias
electorales. Más de lo que duró la dictadura de Franco, pero a
Andalucía le ha ido bastante peor con el PSOE. En una época de
grandes oportunidades, véase Madrid, Andalucía sigue a la cola del
desarrollo español, pese a su gran potencial. Siempre se menosprecia
la capacidad de las instituciones para enriquecer o arruinar un
país, pero hay tres pruebas inapelables: Argentina, Venezuela y la
que aquí he llamado Andaluzuela y desde hoy, y siempre que a la juez
Ordóñez no la alayizen a palos, bien podríamos rebautizar ERElucía.
Por cierto, a Paulita Chaves, la hija del "bueno de Manolo", la han
condenado a devolver los diez millones de euros con que su padre
regó a la empresa que la contrató de asesora. Begoña Gómez no ha
inventado nada.
Casado, no te rajes
Pablo Molina Libertad Digital 17 Octubre 2018
Pablo Casado representa la esperanza de que el Partido Popular
vuelva a la senda racional que Rajoy abandonó formalmente en aquel
mitin celebrado en Elche en 2008, cuando señaló la puerta a los
liberales y otras gentes de buen vivir. Rajoy se convirtió en
presidente del PP con esa premisa tan descriptiva; una década
después, Casado le ha sucedido defendiendo todo lo contrario. No
debería rectificar.
Pero eso es lo que parece que va a hacer, pues ha empezado a
justificar futuras subidas de impuestos como consecuencia de la
desastrosa política económica de Iglesias, que es quien maneja el
cotarro en España. Casado advierte de que si los Presupuestos de
Iglesias salen adelante le será muy difícil poner en marcha su
anunciado plan de reformas, basadas fundamentalmente en la reducción
del gasto público y de la presión fiscal.
Casado incluso ha puesto como ejemplo a Rajoy, que en 2011 machacó a
impuestos a todos los españoles para tratar de evitar la quiebra
gestada por Zapatero porque, siguiendo los planes de Montoro,
prefirió destruir a la clase media antes que plantear un ambicioso
plan de recortes del gasto político, especialmente del autonómico.
Pues bien, Casado, que con la elección para puestos clave de su
equipo ha sucumbido voluntariamente al influjo montoril, parece
dispuesto a hacer lo mismo si llega al poder tras las próximas
elecciones generales (en caso de que el doctor las convoque alguna
vez).
Hombre, Pablo, para hacer lo mismo que Rajoy ya teníamos a Soraya,
que además se conoce el funcionamiento de la Administración mucho
mejor que tú. No es momento de dar pasos atrás y descafeinar un
programa de Gobierno sólido y regenerador como el que nos has
anunciado. Al contrario, la constatación de que la izquierda es
ruinosa y su política, suicida debería ser un acicate para insistir
aún más en las virtudes de las recetas liberal-conservadoras,
basadas fundamentalmente en el respeto a la propiedad privada, un
Estado austero, seguridad jurídica y libertad económica.
Si la revolución liberal que llevas anunciando desde el verano va a
quedar para mejor ocasión simplemente porque los socialistas son una
catástrofe con coleta, mejor no te presentes a las elecciones y que
siga el doctor Sánchez cuatro años más, que a su churri le hace
mucha ilusión.
Mal, Borrell, muy mal
Una vez más, asistimos a la insoportable doble moral ideológica
Luis Ventoso ABC 17 Octubre 2018
En un país de Hispanoamérica, los servicios de seguridad de un
dictador fascista detienen a un concejal opositor. No hay abogado
para el preso, ni explicación alguna para su familia. El régimen lo
encierra en la cheka más conocida del país. Allí lo interrogan, lo
torturan y finalmente lo arrojan al vacío por una ventana. El
régimen alega que fue un suicido. Pero la versión oficial es
ridícula, toda vez que la víctima estaba enclaustrada a cal y canto
en una zona sin ventanas.
El dictador fascista hispanoamericano no solo tira a los opositores
por las ventanas. También los asesina en las calles: centenares de
muertos y desaparecidos cada año, sobre los que la prensa
internacional pasa de puntillas, o los ignora por completo. El
dictador fascista hispanoamericano ha conseguido erradicar la
democracia en su país, acogotando al Parlamento y suplantándolo por
una pantomima bufa, diseñada a su medida y consagrada al culto al
líder. La disidencia se paga con la cárcel o el cementerio. Además
el dictador ultra ha resultado una peste para la economía. Con su
torpeza tosca, grotesca, ha logrado el hito de una inflación de diez
millones por ciento. Con sus recetas rancias ha conseguido un
imposible: desabastecimiento, cortes de luz y miseria galopante en
uno de los países con más reservas de petróleo del mundo. Ha
destrozado a su nación por completo y cuatro millones de sus
compatriotas han huido al exilio, escapando de la violencia y la
falta de recursos.
Pues bien, con todo el terrible historial que pesa sobre el dictador
fascista, y solo unos días después de que haya arrojado a un
opositor por la ventana sin inmutarse, el ministro de Exteriores de
España, el muy docto Josep Borrell, se presenta en Bruselas y pide a
sus socios de la UE que abran «una facilitación del diálogo» con la
bestia parda ultra que está masacrando a su pueblo. ¿Sería esto
posible? Por supuesto que no. Como es lógico, al Gobierno de Sánchez
jamás se le pasaría por la cabeza cometer la abominación de pedir
«diálogo» con Pinochet, o con Jorge Videla, o con Alfredo
Stroessner. ¿Por qué? Pues porque eran dictadores de derechas, que
por lo tanto sí deben responder por sus crímenes. Por el contrario,
Nicolás Maduro es un dictador de izquierdas, comunista, para más
señas. Así que nuestro Gobierno súper progresista, aplicando su
habitual doble moral, demanda diálogo ante unas salvajadas que lo
habrían horripilado –con toda la razón– si fuesen cometidas por un
dictador de ultraderecha.
Lastimoso Borrell, abogando por tender puentes de diálogo con un
sátrapa que machaca a diario los derechos humanos y que solo ha
traído pobreza, miedo y muerte a su país. Se nos apolilla el mito
del ministro ponderado, aunque en realidad ya se había hecho
astillas días atrás, cuando el supuesto paladín de la lucha contra
el nacionalismo declaró que Cataluña es una nación y abogó por la
libertad de los golpistas. El club Catamañanas del Correcto Credo se
va quedando sin butacas para tanto socio.
Al rector de la Universidad Camilo José
Cela
SANTIAGO MORA VELARDE El Mundo 17 Octubre 2018
Excmo. Señor Rector: su Universidad ha quedado señalada
recientemente en varios medios de comunicación por diversas
denuncias relativas a varias irregularidades, profusamente
acreditadas, tanto de procedimiento como de plagio en el contenido
de la tesis doctoral del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
aprobado cum laude en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
Sorprende extraordinariamente que, ante la relevancia de las
denuncias y del personaje denunciado, no se haya procedido por parte
de la Escuela de Doctorado de la UCJC a abrir una profunda
investigación sobre las circunstancias concurrentes al caso, en aras
de comprobar el estricto cumplimiento de todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente y garantizar que el doctorado
concedido a Pedro Sánchez por la UCJC cumplió con todos los
requisitos legales.
Sorprende aún más la inacción de la UCJC cuando esta misma semana se
ha publicado que la Universidad de Barcelona (UB) ha decidido
retirar, por plagio, el doctorado a un ex dirigente de CDC. Tras una
denuncia de plagio, la UB abrió una investigación en la que, tras
aportarse un informe de la Escuela de Doctorado de la Universidad
que concluyó que hubo plagio, se tomó la decisión de retirar el
doctorado al plagiario de la tesis. Así se consigue y conserva el
prestigio de una universidad.
Su universidad, por el contrario, hizo constar en un comunicado del
12 de septiembre de 2018, el mismo día de la interpelación a Sánchez
en el Congreso y, por tanto, sin mucho tiempo para investigar la
cuestión que "la tesis doctoral de Pedro Sánchez cumple con la
normativa vigente". Debo contradecirles al afirmar que la realidad
de los hechos y la normativa vigente aplicable a la tesis doctoral
de Pedro Sánchez no se compadecen con el comunicado de la Camilo
José Cela.
La UCJC dispuso la selección de un tribunal totalmente inadecuado,
sin la necesaria experiencia investigadora ni la debida competencia
técnica sobre la tesis doctoral que iba a juzgar, sin la más mínima
capacidad de control sobre su contenido para acreditar la
originalidad y categoría del texto de la tesis.
En cuanto al posible plagio de la tesis, la empresa propietaria del
software antiplagios PlagScan al que el propio Gobierno sometió el
control de la tesis, tras revisarla nuevamente, ha concluido que el
21% de la tesis de Sánchez fue plagiada. ¡El 21% del total! Una
diferencia abrumadora con las cuatro páginas plagiadas, que en el
caso de la UB han sido suficientes para retirar su doctorado al
plagiario. Pero, a su vez, la propia UCJC infringió la normativa en
vigor al incumplir un requisito legal imprescindible, sin posible
explicación para ello: "El archivo de la tesis en formato
electrónico abierto", de su texto completo, no de una ficha del
mismo, que permitiera cumplir la necesaria transparencia de la tesis
doctoral aprobada.
Según la UCJC, Sánchez se matriculó en el curso de doctorado
2009/2010, cuando se regía por lo establecido en el RD 1393/2007.
Sin embargo, Sánchez defendió su tesis el 26 de noviembre de 2012,
casi dos años después de la entrada en vigor del RD 99/2011, de 28
de enero, que regula la normativa en vigor de los estudios de
doctorado. Y en este punto se produce el conflicto que la
Universidad Camilo José Cela ha pretendido tergiversar en su
comunicado, en amparo del doctor Sánchez.
La UCJC recalcó en su comunicado que "en el caso que nos ocupa, el
RD 1393/2007 no obliga a publicar las tesis completas digitalizadas"
y añade que "una vez aprobada se puso a disposición del Ministerio
de Educación la tesis doctoral en formato digital". Pero la UCJC
incurre aquí en una sospechosa contradicción: si bien es cierto que
el citado RD no obliga a publicar la tesis completa digitalizada,
tampoco obliga a ponerla a disposición del Ministerio en formato
digital y eso sí se hizo, aun cuando dicha obligación fue impuesta
posteriormente por el RD 99/2011. ¿Por qué se cumplió lo segundo y
no lo primero?
La universidad sabía o tenía que saber que la Disposición
Transitoria primera del RD 99/2011 contiene una excepción a la norma
general sobre su entrada en vigor: "En todo caso, el régimen
relativo al tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral
previsto por el presente real decreto será aplicable a dichos
estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor". Y aquí
empezamos a encontrar que en la tesis de Sánchez no se cumplió toda
la normativa vigente.
Transcurrido un año de la entrada en vigor del RD 99/2011, es decir,
desde enero de 2012, todos los doctorandos tenían que cumplir el
artículo 14 del referido RD 99/2011, regulador de la "Evaluación y
Defensa de la tesis doctoral". Y entre ellos Pedro Sánchez, que en
dicha fecha todavía no había presentado su tesis doctoral, pues lo
hizo en noviembre de 2012.
En concreto, el artículo 14.5 establece que "una vez aprobada la
tesis doctoral la universidad se ocupará de su archivo en formato
electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá en
formato electrónico un ejemplar de la misma así como toda la
información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de
Educación a los efectos oportunos".
En cumplimiento de dicho precepto, efectivamente, la UCJC remitió un
ejemplar de la tesis en formato electrónico al Ministerio, tal como
hizo constar en su comunicado del 12 de septiembre. Es, por tanto,
evidente que la UCJC reconocía que dicho artículo era de aplicación
a la tesis de Sánchez, ya que dicha obligación no se contenía en el
previo RD 1393/2007. Pero, incomprensiblemente, la UCJC incumplió el
otro requisito legal al no archivar la tesis en formato electrónico
abierto, como exige dicho precepto, y solo custodió un ejemplar en
papel, que, para más inri, inicialmente, requería para su exhibición
la autorización del autor, quien así incumplía igualmente la ley.
Así pues, tanto la UCJC como Pedro Sánchez incumplieron, de común
acuerdo, la obligación legal de publicar en formato electrónico
abierto el texto completo de la tesis doctoral desde que fue
aprobada, pues ni la universidad la publicó legalmente ni Pedro
Sánchez requirió que se publicara conforme a la legislación en
vigor, y sólo autorizó su publicación en Internet seis años después,
el 14 de septiembre de 2018.
Todo lo anterior hace imprescindible, para salvaguardar el prestigio
y la honorabilidad de la UCJC, y el respeto a la ley, que se abra
sin dilación un procedimiento interno de investigación de la tesis
de Pedro Sánchez por parte de la Escuela de Doctorado de la UCJC,
con su protocolo específico para el control de las tesis doctorales
de la forma análoga a lo realizado por la UB, de forma que, si se
acreditasen tanto el plagio denunciado como las demás
irregularidades alegadas, resultara procedente retirar el doctorado
a Pedro Sánchez, en defensa de la legalidad y del prestigio de la
universidad española.
Santiago Mora Velarde es notario.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Negociar los Presupuestos con golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 17 Octubre 2018
Es repugnante que Pedro Sánchez haya podido enviar al expresidente
José Luis Rodríguez Zapatero a negociar los Presupuestos del año que
viene con el etarra excarcelado Arnaldo Otegui, encuentro que ambos
admiten haber mantenido el pasado 8 de septiembre en el caserío
Txillarre de Elgóibar. No menos indecente resulta la disposición de
Pablo Iglesias a acudir a la cárcel de Lledoners para ver al
golpista Oriol Junqueras y negociar con él el apoyo de ERC a dichos
Presupuestos. Todo este espectáculo infame es consecuencia del
inmoral empeño de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder con los
peores resultados electorales de la historia del PSOE y, sobre todo,
con el apoyo de formaciones comunistas, golpistas y proetarras, sin
cuyo concurso no podría, ciertamente, sacar adelante los ruinosos
Presupuestos que ya ha pactado con la extrema izquierda podemita.
Consideración a parte, y todavía más grave, merece la exigencia que
los separatistas han planteado al Gobierno para que la Fiscalía
General del Estado retire los cargos contra los golpistas
encarcelados, como condición sine qua non para su OK a los
Presupuestos. Esto es, sencillamente, la provocación de un delito de
prevaricación, provocación tipificada como delito en el artículo 18
del Código Penal. Es cierto que el Gobierno no ha admitido ni podría
admitir públicamente esa exigencia sin hacerse partícipe él mismo de
ese delito, como lo es que la eventual y prevaricadora retirada de
cargos por parte del Ministerio Público sería insusuficiente para
excarcelar a los golpistas, pues, a diferencia del juicio por la no
menos ilegal consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, ahora
hay una acusación popular ejercida por el partido Vox y que
garantiza, en todo caso, la celebración del juicio. Con todo, el
ordenamiento jurídico concede al Gobierno un privilegiado derecho de
gracia o indulto que bien podría constituir un pago en diferido, una
vez los golpistas hubieran sido condenados.
Libertad Digital fue el primer medio de comunicación –por no decir
el único– que denunció la retirada de todos los cargos castigados
con pena de cárcel por parte de la Fiscalía contra los golpistas del
9-N, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, quien
fue el que los planteó motu proprio contra Artur Mas, Joana Ortega e
Irene Rigau. Con todo, por muy injusta que fuera aquella retirada de
cargos, y por muy sospechosamente coincidente que fuera con la
indecente operación Diálogo impulsada por la entonces vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaria, jamás se planteó públicamente como
contraprestación a un apoyo que las formaciones golpistas jamás
brindaron al Gobierno de Rajoy, por muy condescendiente y felón que
fuera.
Téngase en cuenta, además, que durante la segunda fase del golpe de
Estado, liderada por Carles Puigdemont, los secesionistas no se
limitaron a reincidir en los delitos de prevaricación y malversación
de fondos públicos que impunemente perpetró Artur Mas con ocasión
del 9-N, sino que fueron más lejos al perpetrar la declaración
unilateral de independiencia, lo que llevó a que se elevaran las
acusaciones por rebelión o sedición. Que Pedro Sánchez, pese a lo
anterior, pretenda tener a esas formaciones como compañeros de viaje
deja en una vil mascarada decisiones que en otro caso hubieran sido
dignas de elogio, como la aparente decisión del Gobierno de llevar
finalmente al Constitucional la ilegal reprobación del Rey
perpetrada en el Parlamento catalán o la del ministro Borrell de
retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes
por hacerse eco de las críticas de los golpistas al régimen
constitucional español. ¿Con qué legitimidad se puede reprobar a los
belgas que hagan de voceros de los golpistas, cuando aquí el
presidente pretende tenerlos de sostén de su Gobierno?
Así las cosas, y con total independencia de que el Gobierno se vea
finalmente obligado a prorrogar las cuentas del PP o a convocar
nuevas elecciones, lo evidente es que los Presupuestos para 2019 no
sólo amenazan a España desde un punto de vista económico, sino que
la ponen en riesgo como nación entendida como Estado de Derecho.
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