La Coruña, España

AGLI Recortes de Prensa   Viernes 4  Diciembre  2020

Objetivo: el Estado de Derecho
Editorial ABC 4 Diciembre 2020

Los compromisos políticos asumidos por Unidas Podemos con ERC, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, son una amenaza directa al Estado de Derecho. No hay antecedentes de un gobierno que, como el de Pedro Sánchez, haya puesto la estabilidad del Poder Judicial tan al borde de la quiebra. Por eso, aunque sea Pablo Iglesias la voz cantante de las ofensivas contra la independencia de los jueces, el autogobierno del Poder Judicial y la impunidad del golpismo, es el presidente del Ejecutivo quien debe ser señalado como responsable de esta fractura institucional.

La coalición paralela liderada por Iglesias, con ERC y EH Bildu, tiene unos precios que el vicepresidente segundo quiere que el Gobierno pague sin demora. Los votos de los republicanos catalanes tienen el precio de unos indultos inmediatos, sin demora, para todos los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el golpe separatista del 1-O. Iglesias pretende que el Gobierno indulte a Oriol Junqueras y sus compañeros de asonada sin esperar a los informes preceptivos del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, lo cual, además de una ilegalidad, es un insulto a ambas instituciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá que dejar de comportarse como si no pasara nada y asumir que él es el responsable político inmediato de la tramitación de esos indultos, por tanto, el que tiene que trasladar a la Fiscalía y al TS los papeles que Iglesias les quiere hurtar.

Por burda que sea la pretensión de Iglesias, el presidente del Gobierno queda ya emplazado para dar una respuesta, porque el chantaje de votos por indultos lo lidera su propio vicepresidente, no un golpista encarcelado. Hasta este nivel ha llegado la degradación democrática del Gobierno, aunque para Iglesias no es suficiente con los indultos. También presiona a Sánchez para que la reforma a la baja del delito de sedición sea una realidad antes de fin de año, con la opción de introducirla incluso en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, para que se tramite con las restricciones parlamentarias propias de las cuentas públicas anuales. De esta manera, el Gobierno se ahorraría los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el CGPJ. Sería un fraude constitucional sin paliativos que el TC ha denunciado en más de una ocasión. Además, la reforma del delito de sedición está basada en tres mentiras: no es un delito decimonónico, porque fue regulado en el Código Penal de 1995; no lo exige la UE, que ya ha declarado que es un asunto interno de cada país; y en absoluto es un delito castigado levemente en el resto de países europeos.

A la impunidad del golpismo separatista que pretende Pablo Iglesias se unió ayer otro asalto al CGPJ, con una proposición de ley con la que el PSOE y Podemos quieren evitar que este órgano siga nombrando magistrados del TS mientras no se renueve. El planteamiento de ambos partidos, además de un atajo para evitar otra vez los informes de los órganos consultivos al no tener carácter de proyecto del Gobierno, es una arbitrariedad absoluta, que no persigue más que la congelación de las vacantes en las Salas del Supremo con la esperanza de que el nuevo CGPJ tenga una mayoría izquierdista y sectaria que se haga con ellas. Esa UE en la que tanto se escuda Sánchez para disfrazar sus falsedades ya le ha dicho al Gobierno que lo tiene en el foco por amenazar la independencia judicial. Esta proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la guerra sin cuartel de la izquierda contra el Estado de Derecho.

Socialismo fiscal obligatorio
Miguel Ángel Belloso okdiario 4 Diciembre 2020

En su momento me dijeron de buena fuente que cuando, en 2017, coincidiendo con el golpe de Estado civil en Cataluña, el ministro de Economía Luis de Guindos habilitó una norma para que las empresas angustiadas salieran de estampida de allí cambiando su residencia en busca de seguridad jurídica, Isidro Fainé, el capo de ‘La Caixa’, llamó por teléfono para decirle: “Muchas gracias ministro. Esta es la segunda vez que nos salvas”. La primera fue con motivo del rescate del sector financiero, que evitó la intervención completa del país. La segunda a cuenta de esa situación extrema en que las calles de Barcelona estaban incendiadas y los intrigantes en favor del ‘proces’ se subían encima de un furgón de la Guardia Civil megáfono en mano con la complicidad de los mossos de Escuadra mientras los representantes del poder legítimo tenían que huir de la consejería de Economía del delincuente Junqueras por la azotea.

Cataluña ha sido siempre, legendariamente, una autonomía fallida, hasta el punto de perturbar la estabilidad mental del presidente de la República Manuel Azaña, y de la que dijo un intelectual de la talla de José Ortega y Gasset que con ella sólo cabía la ‘conllevanza’, dando a entender que tenía poco arreglo. A pesar de haber disfrutado de todas las canonjías imaginables del poder central franquista, siempre benefactor del sector textil entre otros, que progresaron sobre la base del proteccionismo, su desempeño en competencia, libre ya de aranceles y de la galantería estatal, ha sido un fracaso permanente, que se ha dimensionado aun más en los tiempos que corren.

Actualmente, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid supera en cuatro mil euros al de Cataluña, la deuda pública de ésta es casi tres veces superior -el doble si la medimos por habitante-, y aunque los ingresos fiscales son superiores, hasta un total de 32.800 millones de euros, gasta casi 7.000 millones más que Madrid. La consecuencia de estos datos es que, desde 2009, la Comunidad de Madrid aporta a la caja común del Estado 23.000 millones más con menos impuestos, y que su contribución al fondo de solidaridad estatal es del 70 por ciento frente al 24 por ciento de Cataluña, que es un estercolero fiscal que castiga a sus ciudadanos, al parecer encantados de ser sodomizados, y que contribuye muy modestamente al bien común de la nación, a pesar del grito recurrente y grotesco de “Madrid nos roba”.

La historia del mundo, sin embargo, ha sido siempre muy lineal. Como los torpes, los vagos y los maledicentes son desgraciadamente mayoría; como la envidia, el resentimiento y el rencor, todos ellos sentimientos auspiciados por el socialismo en cuanto ha tenido la oportunidad de gobernar, se han apoderado de gran parte de la sociedad civil por mor del ejercicio incisivo de la propaganda y de la colaboración interesada, pagada y nefasta de las televisiones, se ha persuadido a la masa de que hay castigar al que prospera gracias al trabajo, el esfuerzo cotidiano y el cultivo recurrente de sus aptitudes personales, que son circunstancias cuya promoción está al alcance de cualquier Gobierno decente y bien orientado, que trabaje para que los individuos den lo mejor de sí mismos, desarrollando la capacidad innata de generación de riqueza que tienen todas las personas, pero que muchos políticos desprecian simplemente porque son unos depravados.

Aquellas son las virtudes que ha cultivado el PP en la Comunidad de Madrid muy claramente desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Lo que ha permitido que este poblachón manchego, ya metrópoli, rodeado de conurbaciones gigantes, haya superado a Cataluña en poco tiempo sin Olimpiadas, sin alharacas, sin los favores políticos que el poder central ha otorgado al nacionalismo catalán a cambio de su apoyo al Gobierno de la nación -con González y con Aznar-, que han cobrado desde luego muy caro pero que no han servido más que para hundir a Cataluña en la mediocridad económica y en la descomposición civil en la que está instalada sin solución posible a la vista, como suele ocurrir cuando haces depender tu futuro de la subvención o de una norma injusta ‘ad hoc’, o cuando el proyecto político oficial está basado en una ensoñación rayana en una singularidad delirante.

En el caso de la relación entre el presidente Sánchez y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que hay es algo mucho más deplorable. Es el odio que le profesa el primero, y que nace de comprobar que el modelo liberal de bajos impuestos, de facilidad para las empresas, de cariño hacia los emprendedores y de promoción de una convivencia amigable, de buen rollo, digámoslo así, es como el espejo cóncavo valleinclanesco que refleja todas sus miserias: un país hundido por la pandemia que lidera la mortalidad del planeta, quebrado por la crisis económica en ascenso -con su retahíla de destrucción de negocios y de desempleo feroz-, y completamente falto de esperanza.

Esa animadversión es la que le llevó a visitar la semana pasada por primera vez un hospital, el de la Paz, desde que empezó el apocalipsis, justo el día que Ayuso estaba en Barcelona, la que explica que el ministro de Sanidad Illa no haya asistido a la inauguración del hospital Isabel Zendal construido en tiempo récord por Ayuso -no soportan que se hagan las cosas rápido y bien- y la que, malversando por completo cualquier clase de actitud honrada, le conduce a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña una armonización fiscal de dudosa legalidad e implantación a pesar de que impedirá que el Partido Socialista gobierne Madrid por los siglos de los siglos.

El Impuesto de Patrimonio fue instaurado en los tiempos de la UCD por el vicepresidente Fuentes Quintana con un fin meramente censal, en un momento en que la informatización de la burocracia estatal no concurría. Luego lo mantuvo ya Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda -a pesar de su escasa potencia recaudatoria-, y todos los que le han sucedido después, como los del PP, hasta que Zapatero, en un momento de transfiguración ideológica e inducido por Miguel Sebastián y el malogrado David Taguas lo eliminó sólo temporalmente, argumentando que era esencialmente injusto. Lo es, desde luego, porque los bienes acumulados ya han sido sometidos a una tributación anterior, para más inri progresiva, por lo que este impuesto, que no existe en ningún país de Europa -salvo en aquellos, pocos, en los que reemplaza el gravamen sobre el capital- es genuinamente confiscatorio.

Con el Impuesto de Sucesiones, algunos estúpidos intelectuales españoles de izquierdas, influidos maléficamente por otros contemporáneos americanos que tanto daño infligen a la causa capitalista como el inversor Warren Buffett, defienden que es una pieza clave en la igualdad de oportunidades. Pero, digo yo: ¡qué cojones tiene que ver una cosa con la otra! La gente corriente, desde el adinerado hasta aquel en situación más precaria, trabaja para sostener la familia, alberga la voluntad indeclinable de progresar -si logra evitar que los subsidios estatales no lo hundan en la molicie- y tiene la granítica determinación de dejar parte del patrimonio acumulado a sus hijos. ¡¡¡Sus hijos!!

A cualquiera con sentido común las evacuaciones espurias de estos intelectuales venenosos forrados de dinero sobre la igualdad de oportunidades le interesan y le afectan poco. La gente con dos dedos de frente ha ganado su dinero, lo ha ahorrado, y quiere que, cuando muera, sus hijos lo disfruten sin que el Estado les toque un duro, pues ya ha contribuido de largo por ese capital, y además en régimen progresivo.

Así que esto es el elitismo genuino, queridos amigos. Lo que dicen los tontos contemporáneos de Joaquín Estefanía o de Xavier Vidal-Folch en el diario ‘El País’ a más de 200.000 euros al año por escribir el mismo artículo lleno de sandeces. Los elitistas son los que están completamente apartados del pensamiento de la gente común, que desea legar a sus hijos el fruto del esfuerzo de toda una vida y se opone con beligerancia a que el Estado lo pueda socavar para satisfacer los caprichos y la falta de aptitud de los transeúntes y maleantes.

Como bien ha escrito el economista Juan Iranzo, la competencia fiscal es intrínsecamente positiva. Contribuye a que bajen los impuestos, y así favorece la localización del trabajo y del capital, incentiva la inversión y el consumo e impulsa a la vez el crecimiento económico y la recaudación. Constituye un alegato en favor de la responsabilidad política, obliga a los gobiernos que gastan a dar cuenta al tiempo de los impuestos que establecen, para que luego las urnas dicten su veredicto inapelable.

Esta es la política que ha seguido por fortuna Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la que practicaba su mentora Thatcher en el Reino Unido -que la condujo a ganar las elecciones sistemáticamente hasta que la traicionaron sus propios compañeros- y la misma que habría desplegado Aguirre como alcaldesa de Madrid hace seis años si el odio cerval que profesa Sánchez hacia la derecha no hubiera aportado el concejal que faltaba para la entronización del experimento fallido de Manuel Carmena en la plaza de la Cibeles.

Ejercer la responsabilidad, sin embargo, tiene a veces consecuencias muy desagradables. Sobre todo, si se hace en el sentido equivocado. Desde el golpe de Estado civil en Cataluña, casi siete mil empresas se han fugado de allí en busca de territorios menos hostiles, ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de circulación y de establecimiento. Esto es lo que no toleran los catalanes abducidos por el señor Rufián y sus secuaces, y lo que es difícil de digerir para Sánchez e Iglesias. ¡Que se jodan!

En sus años mozos, antes de que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro mostrara en el Gobierno de Mariano Rajoy su verdadero carácter socialdemócrata, el inefable nativo de Jaén tuvo algún alarde que merece la pena recordar. Decía que la mejor manera de reducir el déficit público era bajar los impuestos. Y así es, en efecto. La expectativa inicial de contar con menos ingresos -aunque luego suele ocurrir lo contrario- ejerce como un cinturón de castidad que sujeta el gasto público, conduce a su eficiencia máxima y achica el desequilibrio presupuestario.

Esta es la norma que ha inspirado a la Comunidad de Madrid con el PP al frente y que ahora el contubernio entre Sánchez, Iglesias y los independentistas de Cataluña quiere liquidar. La buena nueva de este empeño presidido por el odio al adversario, por la ausencia de tolerancia a la excelencia, por la falta de respeto a la autonomía fiscal y por la ausencia completa de recato político es que la izquierda no gobernará Madrid jamás.

El precio del «impuesto de secesión»
Editorial ABC 4 Diciembre 2020

El Gobierno logró aprobar ayer sus primeros Presupuestos Generales del Estado, que ponen fin a la larga etapa de los vigentes, aprobados por Mariano Rajoy en 2018. A las ya conocidas críticas que las nuevas cuentas han recibido de organismos públicos y privados, o de expertos economistas a izquierda y derecha del arco ideológico que han alertado del inasumible aumento del gasto, del riesgo de un déficit excesivo, y de la expansión de la deuda pública, se unen ahora dos nuevas y peligrosas derivadas por lo que suponen de cesión del Estado a la extorsión de los partidos independentistas.

La primera es una derivada económica, que ha movido a Pedro Sánchez a claudicar ante esta «alianza contra España» configurada por Pablo Iglesias con la entrega a ERC, el PNV o Bildu de 2.700 millones de euros adicionales que han arrancado a La Moncloa negociando enmiendas con nocturnidad y alevosía. Si a esta cifra se suma el coste global de sus exigencias expresas para inversiones adicionales, la cantidad se eleva a casi 4.000 millones. Ese es el «impuesto secesionista» que sufragarán los españoles para que Sánchez complazca a partidos minoritarios que llevan en su ADN la ruptura de la unidad nacional, la dinamitación del constitucionalismo y la fractura social en virtud de criterios de radicalización ideológica.

Estos presupuestos no son fruto del «consenso» pese a que la ministra de Hacienda se empeñe en manipular a la opinión pública con eslóganes enlatados. Son el precio que Sánchez paga, a costa del bolsillo de todos, para garantizarse cuatro años en La Moncloa. Y, sobre todo, para imprimir velocidad de crucero al proyecto que sustituya el actual marco de derecho por otro régimen en el que se reinterprete la historia a conveniencia de la izquierda, se adoctrine en las aulas, se intervenga la economía, se vulnere la separación de poderes, y se someta a jueces y tribunales. Lo aprobado por el Gobierno no son unas cuentas «progresistas» para rescatar a España de una profunda recesión, sino el pago descarado de un secuestro a manos del separatismo. Sánchez ya tiene la financiación necesaria con la que pagar el desguace de nuestro sistema tal y como lo hemos conocido en los últimos 42 años. Las sonrisas de Rufián, Urkullu, Iglesias, y muy especialmente de Arnaldo Otegui, tras esta reconversión del PSOE en un partido soberanista y autoritario, no requieren de mucha interpretación añadida.

La segunda derivada es estrictamente política. En pleno debate presupuestario, el Gobierno se ha descolgado con dos propuestas legislativas, a cual más antidemocrática. Si anteayer trató de maniatar al Poder Judicial para impedirle hacer nombramientos mientras su mandato siga en prórroga -lo cual es manifiestamente ilegal porque es tanto como suprimir por capricho su legitimidad-, ayer Sánchez permitió a Podemos proponer junto a ERC y Bildu una norma que erradique el español de las instituciones. Por la vía de consentir la utilización de las lenguas cooficiales en las Cortes, en la Justicia o en RTVE, el PSOE está alzando un paraguas legal que justifique la progresiva desaparición de la lengua oficial del Estado. Así de simple. Acabar con la «imposición legal» del castellano es tanto como derogar la piedra angular de la Constitución, su verdadera pieza de caza. No es algo simbólico en favor de la cooficialidad de las lenguas, sino otra estafa parlamentaria por muchos votos a favor que reciba.

La principal conclusión de este proceso de persecución sistemática a todo cuanto se identifique con «lo español» es que Iglesias se ha convertido en el auténtico presidente del Gobierno por su capacidad de ningunear a Sánchez y de aglutinar a los partidos que aborrecen la democracia. Todo en España está condicionado por el líder de un partido de 35 diputados cuyo mérito ha sido unificar a casi 60, que por separado carecerían de peso alguno en la gobernabilidad. Iglesias no es el vicepresidente del Ejecutivo de la nación. Es el embajador del independentismo en La Moncloa y el recaudador de lo que en su momento Albert Rivera denominó una «banda de extorsionadores». Por la vía de pervertir la legalidad vigente, pretende implantar una pseudolegalidad alternativa en las autonomías, cuyas instituciones Podemos se repartirá con ellos antes o después a modo de justiprecio. Por eso es tan descorazonador ver la incomprensible fractura de la derecha ante este ataque al núcleo del Estado, y el obsequioso silencio con el que el socialismo coadyuva la destrucción del sistema nervioso de la España democrática.

Sánchez abre un irresponsable periodo constituyente por la puerta de atrás
ESdiario 4 Diciembre 2020

El presidente se "compra" su aparente estabilidad a cambio de potenciar la agenda nacionalpopulista de unos aliados que solo le respaldan para conseguir sus objetivos.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con Podemos, Bildu, ERC y el PNV no es un hecho aislado ni termina ahí: es la continuación de un proyecto iniciado por Sánchez en 2018, con una moción de censura a la desesperada tras dos derrotas electorales, cuya culminación aún está por verse.

Pero lo visto ya, como peaje a la doble intervención del populismo y el independentismo que explica su Presidencia, produce pánico y se resume en una idea: aunque no lo llame así e intente disimular, Sánchez ha avalado desde entonces la apertura de un nuevo periodo constituyente, a escondidas, irresponsable y en un momento dramático para España.

Todo eso se percibe en una apuesta casi suicida en la que, a cambio de lograr una aparente estabilidad nominal en Moncloa, acepta una perversa hoja ruta de sus aliados, que pueden ser muy perniciosos pero no engañan: lo que esperan Bildu y ERC es público y notorio, siempre ubicado en su agenda separatista. Y el afán de Podemos por provocar un "cambio de Régimen" no es tampoco un secreto precisamente.

Si todos ellos respaldan a Sánchez es, simplemente, porque ven con ello más factible lograrlo. No es, pues, un apoyo constructivo a partir de un objetivo compartido y sustentado en el interés general; sino un negocio capcioso en el que cada uno busca su parte del botín, a costa de desvencijar un país cautivo de una triple crisis institucional, económica y sanitaria.

Sánchez tiene la obligación constitucional de sostener el andamiaje de España, pero es quien más lo debilita

Con ese panorama, no se puede aceptar a estas alturas la pretensión de Sánchez de que se puede iniciar ese viaje y, a la vez, desactivar el destino, como si pudiera engañar a quienes a la vez le conceden un poder intervenido.

Ni ellos se van a dejar, sin generar una crisis aún mayor, ni los hechos indican que ésa sea la intención del jefe del Ejecutivo. Al contrario, todas sus decisiones y concesiones indican en el sentido contrario y han puesto en marcha, vía hechos consumados, un periodo constituyente.

La habilitación de ERC y Bildu como socios preferentes; el abordaje al Poder Judicial; la exclusión del español; el veto al pacto transversal; el acoso a la Corona; la previsible concesión de indultos; el acercamiento de terroristas o las tremendas concesiones económicas, jurídicas, institucionales y hasta estéticas al separatismo y a Podemos avalan las peores intenciones de los aliados de Sánchez y sumen a España en una inestabilidad peligrosa.

Nada justifica a un presidente capaz de cruzar todas las líneas rojas con tal de perpetuarse en el poder. Y no hay retórica política ni perfume mediático suficiente para tapar ya la evidencia de que, quien más tenía que esforzarse por sostener el andamiaje institucional de la democracia española, más está haciendo por debilitarlo.

ERC, Bildu y la histórica solución final
Manuel Peña Díaz cronicaglobal 4 Diciembre 2020

"Hoy no acaba nada; empieza todo. Este bloque histórico debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas". Con esta inquietante afirmación Mertxe Aizpuru justificó el apoyo de Bildu a los presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez-Iglesias junto a sus “hermanos” de ERC. En una única frase la diputada repitió tres veces el adjetivo histórico como un envoltorio trascendente de tres sustantivos diferentes y sucesivos: bloque, política y solución. Sabemos quienes forman el bloque, la política de concesiones a ERC y Bildu empiezan a ser conocidas. ¿Y cuál es la solución? ¿por qué ha de ser histórica?

La intervención de Aizpuru parecía un alegato sobre cómo el poder puede y debe intervenir en la narrativa histórica. Como periodista veterana, curtida en las redacciones proetarras de Egin y Gara, la diputada supo medir muy bien sus palabras para que no que generasen estridencia alguna. Pero, tanta insistencia en lo histórico puede interpretarse como la necesidad de que el bloque maneje el relato histórico que se ha de fijar y explicar como canónico al conjunto de la ciudadanía. Con ese control del discurso, la política de dicha alianza ha de saber condicionar el presente y también el futuro de todo el país, en tanto que conforman --o dicen conformar-- una mayoría absoluta “progresista” de representantes.

Desde la tribuna del Congreso, Aizpuru se dirigió a sus señorías, pero sobre todo sus palabras iban destinadas a los ideólogos de Moncloa-Ferraz. Sin necesidad de ser explícita, la portavoz ha manifestado una y otra vez que Bildu comparte las líneas principales de la propaganda de PSOE y UP respecto a la Memoria Histórica. Las constantes alusiones a la herencia y a la represión franquista son comunes y reiterativas entre los aliados del cuatripartito, pero para Bildu y sus “hermanos” de ERC esa coincidencia no es suficiente. Estos movimientos nacionalistas necesitan administrar los silencios en el pasado, mediante el conocido recurso de realzar lo negativo sólo de una parte de la reciente Historia. Consideran que ha de quedar excluido de esa selección aquello que afecta a su imagen de luchadores por la libertad de sus patrias, ocultando el reguero de víctimas mortales que han dejado o la infinita nómina de afectados por sus políticas de señalamiento y exclusión identitaria.

En Silenciando el pasado (Comares, 2017), Michel-Rolph Trouillote ya recordó que el sesgo ideológico no es suficiente en la construcción del relato histórico, es imprescindible el sesgo político. Para este historiador no sólo hay que diferenciar entre “lo que sucedió y lo que se dice que sucedió”, sino también entre lo que se cuenta y lo que se silencia. Y es siguiendo esa secuencia de selección y silencio como se pretende llegar a la solución histórica.

Se supone que la solución es el reconocimiento del derecho de autodeterminación o, lo que es lo mismo, que Cataluña y País Vasco han sido y siguen siendo colonias; de ahí se deduce la imperiosa pero “democrática” convocatoria de un referéndum constitucional o consultivo. El resultado de dicha consulta ya lo conocemos, sólo será válido si ganan los partidarios de la secesión o descolonización, y si eso no sucede se ha volver a la casilla anterior, pero nunca a la primera. La solución ha de ser histórica porque es un punto de no retorno y porque es una solución final, es decir, supone culminar la progresiva eliminación de cualquier presencia de lo español en los territorios vascos y catalanes.

Por más que intenten disimularlo, el lenguaje de los nacionalistas es muy claro y coincidente. Entre los nazis --máxima expresión del nacionalismo en Europa-- también se utilizaron conceptos como normalización o solución final para dotar de argumentos históricos a convicciones ideológicas y mutarlas en prácticas políticas. Los eufemismos, sin calificativos trascendentales, no son suficientes para ocultar la ansiedad nacionalista por completar lo antes posible la segregación o la expulsión de disidentes. El exilio de varios miles de vascos y catalanes por no comulgar con el credo nacionalista ha demostrado la eficacia de esas políticas encaminadas a la solución histórica final.

No es necesario recurrir a la sacrosanta unidad de los nacionalistas españoles hiperventilados para encontrar argumentos políticos o culturales con los que denunciar esta alarmante y desacomplejada apuesta totalitaria de los socios nacionalistas del gobierno. Pero, resulta extraño que los socialistas eviten, en estos momentos, ser críticos con esas interpretaciones, olvidando ---como recuerda Trouillote-- que cada narrativa histórica es una afirmación de verdad, aunque no sea cierta. Ser pasivos ante esos relatos es ser cómplices y, por tanto, responsables de sus objetivos finalistas y de sus consecuencias.

Los socios del Gobierno exigen desterrar el español
Rocío Esteban larazon 4 Diciembre 2020

El primer pago del Gobierno a ERC fue incluir en la reforma de la Ley de Educación la eliminación del castellano como lengua vehicular en las escuelas. Ahora, los socios de Pedro Sánchez van un paso más allá en su hoja de ruta dirigida a reducir la presencia de la lengua oficial en todo el país y exigen «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal». Esto es, minimizar el uso del español en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas coficiales para acabar «con las discriminaciones linguísticas».

Unidas Podemos, ERC, Bildu, junto a JxCAT, CUP, el PNV, Más País, Compromís y el BNG vuelven a situar el castellano en el foco político para ahondar su estrategia rupturista. Registraron ayer una proposición no de ley (PNL) en el Congreso con el objetivo de instar al Ejecutivo a que se permitan en las instituciones nacionales el uso de las lenguas coficiales del Estado, «con independencia de su ubicación», alegando que existe una discriminación a los hablantes de estas lenguas. Consideran así que el Gobierno debe «asumir la realidad plurilingüe» del país.

Piden que las lenguas cooficiales «gocen de los mismos derechos y deberes que el castellano. Además, nacionalistas e independentistas demandan al Ejecutivo que garantice «el deber de conocimiento por parte del funcionario que preste servicios en territorio con lengua propia».

Los partidos firmantes reclaman el uso de todas las lenguas en instituciones como las Cortes Generales, así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como RTVE. En su exposición de motivos, las fuerzas políticas aseguran que el Estado debe ser «excluyente» de las discriminaciones linguísticas y le llaman a ser «consciente de la situación de discriminación a la que han sometido los hablantes de estas lenguas». Ven necesario «generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima». Piden «impulsar y apoyar reformas estatuarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan».

A juicio de estos partidos «la imposición legal exclusiva del castellano» afecta de «manera frontal al ámbito económico». Apuestan por «emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».

Si Bildu es «valiente» y «patriota», Sánchez es un cobarde ‘vendepatrias’
OKDIARIO 4 Diciembre 2020

Lo peor de todo no es que el Gobierno socialcomunista haya sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado con los votos, entre otros, de golpistas catalanes y proetarras, claves para despejar la legislatura, sino que el PSOE considere que esos votos son «valientes y patriotas». Que el socialismo español califique de ese modo a Bildu -«valiente y patriota»- dice mucho del rumbo que ha tomado un partido que, de la mano de Pedro Sánchez, ha decidido unir su destino a los herederos de una banda de asesinos y a quienes trataron de subvertir el orden constitucional. Si para aprobar unos Presupuestos Generales Sánchez acepta como compañeros de viaje a Bildu y ERC y se pliega a sus exigencias, habrá que convenir que la gobernabilidad de España depende como nunca de quienes se han declarado enemigos de la España constitucional.

Ese el gran problema de fondo: que para sacar adelante las cuentas del Estado, Sánchez se ha apoyado -a cambio de cesiones- en quienes ni creen en el Estado español ni se sienten concernidos con las instituciones españolas. Lo que está ocurriendo en España es que un partido que fue clave para apuntalar el régimen del 78 ha cambiado de bando y unido sus fuerzas a quienes pretenden quebrar el régimen del 78. Ni más ni menos.

Con Sánchez, el socialismo ha quebrado el pacto constitucional que consolidó nuestro sistema democrático y ha emprendido un peligrosísimo viaje a ninguna parte con unos compañeros de viaje que representan toda una amenaza para la estabilidad y la convivencia democráticas. Si el PSOE considera que Bildu es «valiente» y «patriota» por apoyar los Presupuestos del Gobierno, Sánchez es un cobarde ‘vendepatrias’, porque el apoyo de los herederos de ETA -lo han dicho ellos- busca romper la España constitucional.

Las palabras de Sánchez: «España dice adiós a otro tiempo y avanza decidida a un futuro de progreso. Gracias a todos los que han arrimado el hombro para sacar al país adelante» son suficientemente explícitas. Si el presidente del Gobierno considera que de la mano de Bildu y los golpistas de ERC España avanza «hacia un futuro de progreso», su concepto de futuro y progreso está en las antípodas de esa España de libertad que defendieron aquellos rectos socialista asesinados por no rendirse ante una banda de asesinos.

El PSOE aprueba introducir el euskera en el único canal en español de la ETB
JOSEAN IZARRA. Vitoria. El Mundo 4 Diciembre 2020

Las emisiones en español cuentan con una audiencia cercana al 9,6% mientras que los canales en euskera no superan el 2% de 'share'

El Partido Socialista del País Vasco junto a Podemos y los nacionalistas vascos ha dado un cheque en blanco a la dirección de la televisión vasca controlada por el PNV para que el único canal en castellano tenga cada vez más contenido en euskera acompañado de subtítulos. El grupo Euskal Irrati Telebista (EITB) cuenta con dos canales de televisión íntegramente en euskera, dos emisoras radiofónicas que utilizan sólo esta lengua autóctona y dos canales más que utilizan tanto el euskera como el castellano. Hasta ahora, ETB2 era el único canal con contenido en castellano.

El grupo EiTB es el medio de comunicación público más caro de España con una financiación del Gobierno vasco cercana a los 150 millones y un coste per cápita anual de 66 euros frente a los 38 euros de la televisión gallega o los 31 de la televisión catalaña. Tras cuarenta años de actividad, todos los partidos políticos vascos impulsan una reforma que se va demorando legislatura tras legislatura con continuas acusaciones hacia la dirección por el sesgo ideológico nacionalistas de sus contenidos que había sido denunciada también por el Partido Socialista de Euskadi hasta su incorporación al Gobierno de Urkullu en 2016.

Los socialistas vascos apoyan ahora que la televisión vasca utilice el canal en castellano para promocionar el uso del euskera tras constatar el exiguo resultado obtenido por ETB1. Los datos de audiencia entre ambos canales no dejan lugar a dudas sobre las preferencias de los televidentes vascos que convierten día tras día a Tele5 como la cadena más vista. El canal en castellano de la tele vasca tiene una audiencia media del 9,6% mientras que ETB1 (el canal en euskera) ha logrado el último mes una audiencia de 1,9%. ETB3, también en euskera y destinado a un público infantil, arroja datos de 0,3% mientras que ETB4 (un contenedor de programas antiguos en euskera y en castellano) se sitúa en torno a un 0,7%. Los responsables de la televisión vasca decidieron emitir todos los contenidos deportivos en ETB1 para elevar unas décimas su audiencia y mantienen como contenido estrella las retransmisiones de partidos de pelota y la competición de traineras que llenan las parrilas los fines de semana.

Pese a la diferencia en las enormes audiencias entre el canal en castellano y el de euskera, la televisión vasca destina anualmente 75 millones de euros a cada uno de ellos. Según un informe elaborado en 2019 por la propia televisión vasca, el 84% de los encuestados defienden la continuidad de dos canales diferenciados y sólo la mitad de ellos se mostraban a favor de que en el canal en castellano se incluyeran contenidos en euskera con subtítulos. Ni en el citado informe registrado en el Parlamento Vasco ni en el debate parlamentario que aprobó esta irrupción del euskera en el canal en castellano se planteó que también sean subtitulados en español los contenidos en ETB1.

Tanto PP y Ciudadanos como Vox cuestionaron el acuerdo entre socialistas, PNV y Podemos para propiciar este «impulso progresivo» del euskera en el único canal de la televisión vasca que hasta ahora utilizaba mayoritariamente el castellano. La parlamentaria de Vox Amaia Martínez denunció la «imposición lingüística y manipulación social» de la medida adoptada en una televisión señalada por la emisión de un documental que convertía a José Antonio Urrutikoetxea 'Josu Ternera' en una figura política de la desaparición de ETA sin mención hacia las víctimas. Tras no hacer nada para impedir su emisión en la televisión vasca, el lehendakari Urkullu reconoció públicamente el sesgo ideológico de su contenido al obviar los casi 1.000 asesinatos de la banda terrorista.

El documental 'País Vasco y libertad, un largo camino hacia la paz' fue emitido en ETB1 pese a que la eurodiputada vasca Maite Pagazaurtundua había denunciado públicamente su contenido y elaborado un amplio dossier con las tergiversaciones utilizadas por su director para blanquear la trayectoria criminal de quien fuera máximo responsable de ETA. Ni Urkullu ni el consejero de Cultura y Política Lingüística Bingen Zupiria del quien depende EiTB hicieron nada para impedir su emisión en la televisión pública vasca.

La sociedad civil impulsa una recogida de firmas para lograr “Otra Ley Electoral” en la que cada voto valga lo mismo
Intelectuales inician una campaña en la que apuestan porque se otorgue más poder al ciudadano, haya menos sobrerrepresentación territorial y se impulse el talento en la política
C. S. Macías larazon 4 Diciembre 2020

Una iniciativa ciudadana llamada #OtraLeyElectoral (OLE) ha iniciado una campaña que surge en el seno de la sociedad civil y que pretende ser “abierta; constructiva; inclusiva; integradora y transversal” con la que promueven mediante una recogida de firmas, en change.org, un cambio en la Ley Electoral.

Con ello tratan de abrir el debate en la sociedad y colocar en la agenda de la política nacional la que consideran una “medida necesaria”. Los promotores de esta campaña destacan que el sistema electoral actual pudo jugar un importante papel durante la Transición democrática, pero que hoy precisa de una urgente adaptación a las condiciones sociales y políticas que existen en España, para así apuntalar y fortalecer nuestro actual sistema democrático.

Destacan que la reforma de nuestro sistema electoral es algo que demandan millones de personas y que casi todos los grupos políticos contemplaban en sus programas electorales, aunque, recuerdan “ninguno hasta ahora se ha propuesto firmemente a llevarla a cabo”. La campaña tiene como objetivo hacerse eco de todas esas “voces huérfanas y servir de altavoz para canalizarlas institucionalmente a través de una masiva recogida de firmas”.

Que el voto de las personas valga lo mismo, que se otorgue más poder al ciudadano, menos sobre sobrerrepresentación territorial e impulsar el talento en la política, son los objetivos de esta reforma que pretenden impulsar.

Iñaki Ezquerra, uno de los promotores, defiende la necesidad de hacer valer el principio de “un voto, un ciudadano”, que valga lo mismo, que no pese más el de un territorio sobre otro. También apuesta porque los políticos no sean sumisos a lo que mandan los partidos o sus jefes de partido y que haya una clase política más cercana a la ciudadanía. “Una democracia representativa, no sustitutiva, que no se dedica a suplantarnos”, destaca.

Apunta cómo la ley electoral actual estaba destinada a garantizar la estabilidad del bipartidismo, pero hoy “se ha demostrado más inútil que nunca”; donde los males que padecemos no son espontáneos sino recurrentes, siempre vuelve a aparecer el concepto de la territorialidad y la solución que se nos propone es el territorio por encima del individuo, fantasmas que dijo " hay que combatir con esta propuesta de otra ley electoral”.

¿Por qué es tan importante esta máxima? Elisa de la Nuez jurista (abogada del estado) y secretaria general y coeditora de la web jurídica de la Fundación “Hay Derecho” destacó que el actual sistema da un plus a las provincias con poca población que les hace estar “sobrerrepresentadas”. Por tanto, alcanzar un número de votos beneficia a los partidos tradicionales por lo que “hay resistencia a cambiarlo”. Subraya la diferencia “enorme” que existe entre sacar un escaño en Madrid con respecto a Soria, por ejemplo. “Habría que, si se quiere mantener como circunscripción electoral la provincia, reducir el número de diputados que elije cada una. Es más fácil hacer una reforma a través de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General que a través de la propia Constitución”. En la misma línea Victoria Rodríguez, Jurista y Politóloga recuerda cómo la candidatura de Teruel Existe, la gran novedad de 2019, consiguió su escaño con menos de 20.000 votos pero Compromis necesitó 175.000 para conseguir su escaño. “La ley debe ser modificada y sería deseable un consenso entre todas las fuerzas para conseguir otra ley electoral”

“Ineptocracia”
Gonzalo Sichar, profesor de antropología y ex diputado de Cs arremete contra la “ineptocracia”, donde se alimenta a los mediocres y se expulsa al verdadero talento. Políticos que “repiten en las listas siendo palmeros, sin ningún tipo de discusión, que no tienen la preparación adecuada, donde la trayetoria profesional del político está vacía”. “¿Cuántos políticos han sido cesados por un error, pero lo que se ha hecho es recolocar en otro sitio?”, se pregunta. Destaca cómo los gobiernos de coalición “salen más caros” porque “en vez de repartirse el pastel se ponen dos tartas”. Además, advierte de que los legisladores no van a querer la reforma porque “están siendo beneficiados del sistema viciado. Necesitamos otra ley electoral. El reto es difícil, no se ha hecho nunca en la historia de España, por eso tiene que salir de la sociedad civil. Y si lo conseguimos”.

Lorenzo Abadía defiende que a “toda idea le llega su hora. La campaña de la reforma de la ley electoral creemos que tiene su hora y que es esta”.

También, en la presentación participaron dando su mensaje de apoyo a la campaña OLE entre otros Albert Castillón, Agapito Maestre, Alejandra Alloza, Anna Grau, Antonio Sola, Antonio Robles, Eduardo Sotillos, Emilia Sánchez, Fernando Savater, Gorka Maneiro, Inma Ranera, Ray Cazorla, Francisco Sosa Wagner, Sixto Cadenas, Enrique del Olmo, Prof. Sociología. Fundador y presidente de +Democracia o Cristina Monge. Politóloga y Doctora, profesora Sociología.

El paraíso fiscal de Madrid
Antonio Robles Libertad Digital 4 Diciembre 2020

Están en todas partes. Ahora, dando el coñazo a Madrid.

En una de las visitas del alcalde de Barcelona Joan Clos a Madrid, le preguntó asombrado a su homólogo Ruiz Gallardón cómo podía disponer de tanto presupuesto para construir una red de metro tan extraordinaria. Su colega le respondió: “Porque Madrid no tiene que construir una nación”.

Por aquel entonces, el Estado aún no había transferido a las comunidades autónomas tantos tramos fiscales para recaudar impuestos como ahora poseen, pero la diferencia de gestionar los recursos de que disponían ya entonces dejaba en evidencia el derroche de los nacionalistas catalanes frente a los madrileños.

La evidencia ha ido en aumento y, endeudados ahora hasta las cejas, catalogan a Madrid de paraíso fiscal y lo acusan de practicar dumping fiscal con el resto de las autonomías. Miren que lo tienen fácil, bajen los impuestos, no monten ciscos con referéndum ilegales, garanticen la seguridad jurídica en vez de promover la ocupación de viviendas, mimen a sus empresas, no excluyan a sus ciudadanos por su lengua y dejen de derrochar el dinero público con la promoción de la ruptura con España.

Tiene guasa que sean precisamente los nacionalistas quienes propongan ahora armonizar los impuestos para evitar que Madrid atraiga inversiones y empresas que huyen de Cataluña. Fueron ellos quienes se opusieron frontalmente a la ley de armonización autonómica a principio de los ochenta. La malograda Loapa. Son los nacionalista quienes han querido hacer rancho aparte siempre, quienes se han opuesto al café para todos desde el principio de la Transición, y cuando los socialistas han entrado en ese fregao ha sido para remarcarlo con eso del federalismo asimétrico. Y del cupo y el concierto vasco y navarro, ni pío. La eterna ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Estamos ante un niño consentido al que le seguimos riendo las gracias. Hasta que llegó Ayuso y mandó parar.

Esta señora llamada Isabel Díaz, y que sin explicarme por qué toda la prensa la llama por su segundo apellido, Ayuso, les acaba de dar en el morro con una nueva unidad de medida, el zendal. Con notable éxito. A unas horas del hallazgo, todo el mundo lo utiliza para hacer comparativas: TV3 nos cuesta a los contribuyentes 3 zendales, fomentar el independentismo, 17 zendales, y así. La unidad de medida parte del coste del hospital de emergencia Isabel Zendal, recién inaugurado en Madrid, con un coste según Rufián de 101 millones de euros. Un despilfarro, al criterio de este lumbreras.

Si esta señora sigue así va a curar a su partido de la complejitis tradicional de los suyos ante el nacionalismo catalán. Ya la pintan de Agustina de Aragón algunos tuiteros. No me extraña, sólo una leyenda puede salir viva del acoso y derribo a que está sometida por Iván el Terrible y el psicópata que lo contrató.

Me descubro ante el desparpajo de la señora. Linko sus hazañas para evitar quedarme sin espacio sin que ustedes aprecien los zascas que dedica al Gobierno social-comunista y a sus mariachis étnicos. Lo de social-comunista no lo digo yo, así lo acaba de bautizar a bombo y platillo Pablo Iglesias, el engreído.

A lo que iba. No quería dejar de hacerles partícipes de un hecho histórico de la máxima relevancia: Joaquim el Torra acaba de ceder al Museo de Historia de Cataluña la pancarta por la que fue condenado a un sueldo de expresidente para toda la vida con aquella frase de mármol: Llibertat Presos Polítics i Exiliats. No ha podido ser más oportuno, hace honor a un museo de cartón piedra con una fake news en toda regla. Como niños malcriados, así viven sus hazañas de Rin Tin Tin, financiados con nuestro dinero. Están en todas partes. Ahora, dando el coñazo a Madrid.

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