Asociación G. para la Libertad de Idioma
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Desde 1.988 defendiendo los derechos humanos y constitucionales
de los que hablamos el idioma español.
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Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Los recortes de ayer al final de la página
  
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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Manifiestos:
POR LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA
POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE GALICIA

Índice General

Recortes de Prensa   19 enero 2018
Boletines
Artículos y Conferencias
Bibliografía  
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

La "normalización lingüística",
una anormalidad democrática
El caso gallego

     
AGLI Recortes de Prensa   Viernes 19  Enero 2018
Cataluña, aún peor
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 19 Enero 2018

Hay una costumbre profundamente instalada en la clase política y mediática madrileña desde hace décadas acerca de Cataluña, que consiste en ponerse siempre en lo mejor, nunca en lo peor, que es lo que siempre sucede. Psicópatas desalmados y ladronazos notorios eran definidos como nacionalistas democráticos o moderados; socialistas traidores a sus votantes y a España, como garantía de la unidad nacional y comunistas apujolados como resistencia de clase. En el País Vasco, la barbarie era la barbarie. En Cataluña la barbarie "había que entenderla"... como la entendían los nacionalistas.

EL MUNDO -antes Diario 16-, ABC y la COPE cuando era la COPE han sido los únicos medios nacionales que nunca defendieron, como El País, la inmersión lingüística y demás atropellos del pujolismo-leninismo o el supremacismo-maragallismo. Pero a todos los Gobiernos de Madrid les ha gustado el tinglado de Godó, a todos los partidos les parecía un oasis Cataluña porque no se critica a los que mandan, y todos los medios de comunicación, en su mayoría de izquierdas, ceden parte de sus tertulias a los representantes de medios tan apesebrados como La Vanguardia o El Periódico -ferozmente anticonstitucionales, véase el editorial de los 11 periódicos perpetrado por Juliana- para que den su versión de lo que de verdad pasa en Cataluña. Y su verdad es siempre mentira. De ello viven. Son la gran herramienta clave de la dictadura nacionalista, pero los agasajan.

Sólo esa patología explica que se presente como "brisa de esperanza" -cursilada del PP- a Roger Torrent, clásico buscavidas separatista que ha hecho siempre lo mismo que los que están en la cárcel o prófugos de la Justicia. Y que se espere de él que haga lo contrario de lo que ha hecho siempre. Inés Arrimadas -que en TV3 estuvo sencillamente extraordinaria- ha sido la única en denunciar que el golpista está desnudo, o sea, que sigue siendo golpista. Rajoy, Iceta y otras ruinas de las urnas se abonan a la brisa, al tono, al aire, a la esperanza... O sea, que insisten en no querer ver lo que está clarísimo: que en Cataluña el Golpe sigue. En Madrit sueñan todavía con la banda de Alí Pujol, con la supuesta independencia de la Esquerra, con el obrerismo del PSC y el no-nacionalismo de Podemos, los responsables de que en el parlamento regional mande el golpismo. No aprendemos.

Los retos económicos de España (II)
José María Gay de Liébana okdiario 19 Enero 2018

Seguimos con nuestro repaso por los retos económicos de España de cara a 2018. Por el frente del gasto, destaca la contención de los intereses inherentes a la deuda pública gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo y a su programa de compra de deuda —al respecto destaquemos que durante los días problemáticos de la zozobra catalana el BCE aceleró en la compra de deuda pública española—. Asimismo, el gasto público se ha templado como consecuencia del descenso del paro disminuyendo consiguientemente las prestaciones por desempleo y subsidios correspondientes… A mayor abundamiento, la recaudación impositiva se ha visto favorecida por ese agobiante, e improcedente, acoso fiscal con el que Hacienda presiona a nuestras pequeñas y medianas empresas y profesionales; no, claro está, a las grandes.

No sé si las mentes pensantes del partido político que gobierna en España harán una lectura objetiva sobre las causas sociológicas de su debacle electoral en las pasadas elecciones autonómicas de Cataluña. Arremeter sin contemplaciones ni escrúpulos contra la “propia clientela”, gracias a la cual ese partido ha sumado votos para gobernar, es ganarse la animadversión de quien le ha sido fiel y confiaba en que cuidaría del tejido empresarial y profesional, tal cual en las campañas electorales preconizaban para luego, a la hora de la verdad, traicionar a su electorado natural. Cuando el hoy partido gobernante deje de serlo, interróguense sus líderes acerca del porqué de su caída en votos: ellos mismos han embestido mezquinamente en contra de nuestras modestas, pequeñas y medianas empresas, de nuestros profesionales, castigando a su clientela habitual y menoscabando a la clase media.

¿Por qué se ha frenado el empuje de la inversión en 2017? Sencillamente porque el impacto del incremento de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y la subida de las cotizaciones sociales, amén de la imparable cascada de tributación autonómica —sobre todo en Cataluña— ha comportado una destacada erosión en las disponibilidades monetarias de nuestro empresariado. ¿Por qué no se han creado más puestos de trabajo en 2017? Al margen de que la creación de empleo vaya perdiendo fuelle tras esos años posteriores a los de la recesión, porque, al exigir mayores desembolsos tributarios y sociales a las empresas pequeñas y medianas, éstas no han dispuesto de la capacidad de liquidez suficiente para cubrir aumentos de los costes de personal que en muchos casos se contemplaban.

Todo ello llevaría a que España, si las cosas han seguido el mismo rumbo durante el último trimestre de 2017, acabe el pasado año con un déficit público del 3,1% que implica el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea que cosecha, porcentualmente sobre su PIB, el mayor descuadre en sus cuentas públicas. Como consuelo sirva decir qué en 2018, por fin, el déficit público podría contraerse a menos del 3% sobre el PIB proporcionándonos automáticamente el salvoconducto para salir de las medidas correctoras ínsitas en el Protocolo de Déficit Excesivo, pasando pues de la unidad de cuidados intensivos en la que hemos permanecido varios años a planta.

Foro Asturias se lía con el bable
En Es la tarde de Dieter, el diputado Pedro Leal, defendió el bable como “patrimonio lingüístico” pero marco distancias con las fuerzas de izquierda.
P. Cuevas Libertad Digital 19 Enero 2018

"Nuestro modelo de uso y desarrollo del asturiano choca frontalmente con el de Podemos, PSOE e Izquierda Unida", con estas palabras el diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha querido establecer distancias con los partidos de izquierdas que son favorables a la cooficialidad del bable. En una entrevista en Es la tarde de Dieter, Leal ha insistido en que Foro Asturias no está en "el mismo saco" que las fuerzas de izquierdas.

Las palabras de Leal llegan en pleno debate sobre la cooficialidad del asturiano y después de que el pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Gijón Foro votara a favor de una iniciativa para abrir el debate de la oficialidad del asturiano. Leal se ha referido a este hecho y ha asegurado que se trataba de una iniciativa para "evaluar si hay consenso o no", restándole importancia.

En este sentido, ha querido dejar patente que Foro Asturias no defiende una oficialidad como la vasca o la catalana: "nosotros no queremos aislarlos, defendemos el patrimonio lingüístico para unir no para enfrentar". No obstante, sí ha expresado que su formación está a favor de defender el asturiano como "patrimonio lingüístico" pero sin imposiciones. "Si se hace con imposición generaría empobrecimiento. No defendemos la obligatoriedad", ha afirmado.

Es decir, Foro Asturias defiende la oficialidad del asturiano como "patrimonio lingüístico" al tiempo que reclama que no haya imposiciones" pero lo cierto es que eso ya está contemplado en el Estatuto de Autonomía de esta comunidad. En el artículo 4, queda reflejado que "el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje". A esto hay que sumar que una oficialidad del asturiano llevaría implícita una obligatoriedad. De hacerse cooficial, debería estar presente en todos los estamentos de la administración asturiana así como en los distintos ciclos educativos en la enseñanza.

Respecto a este último aspecto, al de la enseñanza, es reseñable que en la actualidad el número de asturianos que estudiar en bable es minoritario. Así lo señaló en Es la tarde de Dieter, el pasado mes de noviembre, el portavoz adjunto del PP Gijón, Pablo López que afirmó que "solo un 3,5 % de los alumnos que estudian Bachillerato optan por aprender el bable". Un dato que, según el popular, demuestra que no hay una demanda real de que el asturiano sea cooficial.

Señores y siervos en Cataluña
Cristina Losada Libertad Digital 19 Enero 2018

Ernest Maragall aprovechó la edad para hacer un discurso políticamente gamberro en la constitución del Parlamento catalán. Lejos del papel institucional que le correspondía, se lanzó a un ataque contra el "Estado español", expresión que le resultará familiar de la época franquista, y a una defensa de todo cuanto ha hecho, esto es, de todo cuanto ha deshecho el separatismo estos años. Concluyó con estas palabras, a la vez declaración de beligerancia y de propiedad: "Este país será siempre nuestro". Si alguien se pregunta para quién reclama la propiedad exclusiva y permanente de Cataluña, si quiere saber de qué nosotros estaba hablando, bueno, que oiga el discursito completo con su anclaje en "lo que es y ha sido siempre" Cataluña y su rechazo del supuesto plan del maléfico "Estado español" para proceder a su "asimilación definitiva".

Cuando un separatista dice que Cataluña es suya, siempre quiere decir lo que dice. Su nosotros es el nosotros nacionalista, y excluye a los otros: los no nacionalistas. Por supuesto, en ese saco de excluidos están el resto de los españoles, a los que no conceden ningún derecho para decir nada sobre Cataluña, y no diremos ningún derecho de propiedad porque hablar en los mismos términos que los nacionalistas es muy poco aconsejable. El nacionalismo excita, al mismo tiempo, el sentimiento de pertenencia y el sentido de la propiedad, de manera que ambos son inseparables. Ser catalán, en su constructo, es sentirte catalán como el nacionalismo dice que has de sentirte catalán. Si eres así, entonces, tienes derechos de propiedad sobre Cataluña. El resto son intrusos. Invasores.

Hay, no obstante, un sentido casi literal en la frase de Maragall, tratándose de un miembro de una de esas familias catalanas que siempre han estado en el poder, de un modo o de otro, no importa bajo qué régimen. Su nosotros no sólo es el nosotros político y excluyente típico del nacionalismo. Es también el nosotros de una clase, una élite o una clerecía. Son los que mandan. Los que han mandado toda la vida. Los nacionalismos, decía hace poco la escritora de origen turco Elif Shafak, "son la herramienta con que una élite se apodera del Estado". Una de las herramientas, sin duda. En Cataluña ha resultado una herramienta muy eficiente. Y muy costosa.

No es casualidad que un discurso como ése, un discurso de afirmación de los derechos de propiedad nacionalistas sobre Cataluña, haya inaugurado la constitución de un Parlamento en el cual el partido con más votos no es nacionalista, sino todo lo contrario. Es una declaración de guerra frente a lo que ven como una amenaza a su dominio. Es la primera vez que creen que su hegemonía corre peligro. Ciudadanos, un partido que no se reclama de la tradición catalanista de la que se nutre el nacionalismo, ha ganado las elecciones, y aunque no pueda formar gobierno, les inquieta su fuerza. Es la fuerza que ha cobrado una ciudadanía a la que los nacionalistas tildan de ajena. De ahí el rugido de indignación con que recibió el separatismo el hecho, no inédito, de que diputados de C’s permanecieran en silencio mientras se cantaba Els segadors en la sesión. Ahí estaba, dijeron, la prueba del nueve de que no se sienten ni son catalanes. En realidad, no les hace falta ninguna prueba, porque eso es lo que han dicho siempre. Da igual qué cante o deje de cantar, el no nacionalista está fuera del redil y de la propiedad. Es un ocupante y un usurpador.

Se ha comparado la declaración de dominio de Maragall con la frase de "la calle es mía" que se atribuye desde hace muchos años a Fraga. Pero ni siquiera un ministro de Gobernación del gobierno de Arias Navarro como fue Fraga se atrevió a decir que el país era suyo. Dijo, si es que realmente lo dijo, que era suya la calle: el orden público. Ninguna limitación conoce en cambio el separatismo catalán a la hora de arrogarse la propiedad de Cataluña. Y menos limitaciones conoce aún a la hora de advertir y amenazar a quienes no están dispuestos a seguir siendo los siervos del feudo nacionalista. Ahora que salieron del silencio, el empeño del separatismo será callarlos.

Ni independencia, ni impunidad
Isabel San Sebastián ABC 19 Enero 2018

Artur Mas se arrojó al abismo independentista en un intento desesperado de tapar la corrupción que empezaba a rebosar las cloacas de su partido, incapaces de seguir tragando. Lanzó al catalanismo a una carrera suicida contra la legalidad, la Constitución y el Estado de Derecho, pensando que envolverse en la bandera estrellada libraría a Convergència de responder por el saqueo sistemático de dinero público perpetrado desde el Gobierno de la Generalidad. Si la nueva república se hacía cargo de los tribunales, ¿quién le impediría imponer el borrón y cuenta nueva? Ese era el plan. Un plan que, afortunadamente, ha fallado, no por el coraje de los políticos, sino por la firmeza de la Justicia.

Artur Mas, Carles Puigdemont, los Pujol y el resto de esa «banda» del tres por ciento mintieron con descaro sobre el pasado y el futuro. Recurrieron a la más baja demagogia para enardecer a sus masas, achacando todos los problemas derivados de su pésima gestión a la pérfida «Madrit». Acusaron al resto de España de robar a Cataluña, cuando quien robaba a manos llenas era su gente; sus correligionarios comisionistas con sede central en el Palau de la Música. Dividieron a la sociedad, redoblaron la dosis de adoctrinamiento suministrado desde las escuelas y los medios de comunicación subsidiados, provocaron una fuga de empresas sin precedentes, jugaron a romper una nación secular agitando al monstruo del nacionalismo supremacista con el fin último de evitar que salieran al aire sus vergüenzas. Merecían fracasar, y fracasar es lo que han hecho, dejando en herencia, eso sí, un yermo de tierra abrasada que tardará en reverdecer.

La Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia demoledora. Le ha costado mucho más de lo aceptable pronunciarse, facilitando con ello la prescripción del delito por parte de quienes entregaron sobornos a cambio de obtener obras, pero al menos ha puesto el dedo en la llaga del chantaje mafioso mediante el cual estuvieron financiándose los convergentes durante décadas. Seis millones y medio de euros tendrá que devolver al erario la formación hoy disuelta, o mejor dicho rebautizada PDECat, llamada a seguir gobernando Cataluña. ¡Qué paradoja!

La táctica de ocultar toda esa podredumbre bajo un espeso manto de propaganda separatista ha dado los resultados políticos apetecidos, máxime porque las prisas absurdas del Gobierno y sus aliados en convocar elecciones han impedido que los ciudadanos votaran conociendo ese fallo. Tampoco se habían depurado las responsabilidades inherentes al golpe sedicioso perpetrado el uno de octubre. Los jueces no han tenido tiempo de llevar a cabo su trabajo, lo que dejó ayer al Parlamento renovado en una situación grotesca de votos delegados a terceros por presuntos golpistas presos. Y es que la prisa nunca es buena consejera, salvo para quien quiere quitarse un muerto de encima. Un muerto que, en este caso, se resiste a ser enterrado y provoca un conflicto abierto entre los poderes del Estado.

El legislativo autonómico persiste mayoritariamente en su voluntad de avanzar hacia la independencia y se siente respaldado en ese empeño ilegal por la voluntad del electorado. El ejecutivo nacional ostenta temporalmente el poder merced al artículo 155; una herramienta constitucional de último recurso prematuramente quemada, ya que Mariano Rajoy podría verse abocado a devolver el control de la Generalidad a un prófugo investido «president» a través del plasma. Y los jueces tienen en sus manos la decisión final sobre todo este despropósito, sabiéndose garantes últimos de una Ley sin la cual no hay democracia posible.

Cataluña no será independiente y Convergència no tendrá impunidad, pero a qué precio...

Frente al adoctrinamiento escolar, libertad educativa
Ignacio Moncada https://www.juandemariana.org 19 Enero 2018

El desafío independentista catalán ha vuelto a poner en primera plana el debate sobre el adoctrinamiento escolar. Recientemente, Ciudadanos y PP presentaron ante el Congreso varias propuestas contra el adoctrinamiento escolar en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, entre las que destacan la creación de una agencia estatal con poder para “garantizar la neutralidad ideológica y política en los centros docentes”. Ningún otro partido apoyó estas iniciativas, haciendo por tanto fracasar el intento de dotar al Estado central de ciertos poderes de supervisión sobre las aulas controladas por los catalanistas.

No cabe duda de que desde el sistema educativo catalán se promueve, en mayor o menor medida, el nacionalismo. No en vano, una de las principales obsesiones de los partidos nacionalistas que llevan décadas dominando las instituciones en Cataluña siempre ha sido garantizarse el control de la educación. Muchos intelectuales llevan décadas denunciando que desde principios de los 80, como confirmaba un documento de la propia Generalitat que se filtró a los medios, los sucesivos gobiernos nacionalistas han estado impulsando un proceso de construcción nacional. Su objetivo: transformar la mentalidad de los ciudadanos para promover la idea de que son parte de la nación catalana y que ésta sólo puede sobrevivir creando un Estado independiente.

Hoy en día, siguen siendo habituales las denuncias de adoctrinamiento escolar, de manipulación pronacionalista en libros de texto y las quejas por la forzosa inmersión lingüística en el sistema escolar catalán. Frente a los casos de adoctrinamiento escolar en Cataluña, partidos como PP y Ciudadanos proponen un mayor poder de intervención del Estado central; otros movimientos aún más centralistas piden, directamente, que las competencias educativas se traspasen completamente al Estado central.

El problema de estas supuestas soluciones al adoctrinamiento escolar es que adolecen del mismo problema que dicen combatir. El adoctrinamiento no deja de ser un intento de “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”. Durante siglos, un sinfín de movimientos ideológicos, políticos y religiosos han sido conscientes de que niños y jóvenes son enormemente influenciables, absorben con rapidez ideas y creencias con poca actitud crítica y tienden a conservar dichas influencias a lo largo de sus vidas. Por ello, la educación siempre ha sido un campo de batalla clave en la propagación de ideas, en el que grupos organizados han pugnado por ejercer su influencia para poder imponer sus propias ideologías, sentimientos, tradiciones, creencias y cultos. Para ello, pocos instrumentos han resultado ser más eficaces que el control sobre los sistemas educativos obligatorios.

Sin embargo, una parte fundamental del propio proceso educativo de cualquier niño consiste en la transmisión de determinadas ideas, tradiciones y valores. Por tanto, la cuestión de fondo es determinar quién debería decidir cuáles son aquellas ideas, tradiciones y valores que hay que inculcar a un niño y cuáles no. ¿Debería ser el Estado quien lo imponga? ¿O tal vez deberían ser organizaciones políticas, órdenes religiosas, grupos de presión o asociaciones privadas? La respuesta genuinamente liberal es que el derecho a elegir qué ideas, tradiciones y creencias se deben transmitir a cada persona corresponde a uno mismo, y en caso de un menor de edad en su etapa educativa la decisión recaería de manera delegada sobre sus padres o tutores legales.

Frente al poder de los políticos catalanes para imponer sus ideas en las escuelas, la solución no es entregar a los políticos del Estado central el poder de imponer las suyas propias; frente a la inmersión lingüística catalana, la solución no es la obligación de estudiar en castellano. La solución frente al adoctrinamiento escolar es la libertad educativa: que exista libertad para que los distintos centros puedan proponer una amplia variedad de configuraciones educativas; y que sean las familias quienes, en libertad, decidan qué metodologías y contenidos consideran más apropiadas para el correcto desarrollo de sus hijos.

Puede alegarse que la libertad educativa no garantiza que en todos los centros se transmitan ideas o creencias que a nosotros nos puedan parecer correctas, pero ese es precisamente el objetivo: que nadie pueda imponer a los demás qué tipo de educación tiene que recibir. La libertad educativa permite que aquellas alternativas más atractivas y funcionales tiendan a ser escogidas y prosperen, y aquellas más absurdas o disfuncionales tiendan a desaparecer. En definitiva, quitemos de las manos de los políticos y otros grupos de presión el poder de utilizar el sistema educativo para imponer sus propias ideas, y dejemos que sean los alumnos y sus familias quien tengan el poder de decisión sobre su propia educación.

El puesto de tomates
Nota del Editor 19 Enero 2018

Yo tengo la suerte de vivir en Madrid, y si necesito tomates, hay en mi barrio innumerables sitios donde puedo comprar de todo tipo.

También tengo conocimiento de que hay otras muchas personas que no viven como yo, prefieren la tranquilidad de un sitio alejado y si quieren tomates tienen que esperar la llegada semanal del frutero.

En Madrid, hay familias que quieren y pueden hacer que sus hijos sean educados en los valores de la república francesa por un bien nutrido grupo de profesores izquierdistas en el Liceo Francés donde todo el mundo puede matricular a sus hijos pero muy pocos pueden asumir los gastos y dependencias que ello supone.

Y así podría seguir, con colegios de otros países, concertados, independientes, etc..

Per vayamos a lo fundamental: en lo que queda de España, el idioma de comunicación es el español y por tanto, la educación y demás debe ser accesible lo mismo que los tomates.

Este planteamiento me recuerda a algunos defensores de la descentralización, gestión municipal y regional: si no te gusta el ayuntamiento y/o la comunidad autónoma, tienes libertad para elegir otro. Así que metes en una bolsa la pasta, el cepillo de dientes y un pijama y te cambias. Puede que eso puedan hacerlo los que viven de la estupidez de los españoles que les financian pisos de acogida y estancia en propiedades municipales bien situadas, pensión alimenticia por cada miembro del conjunto que no unidad familiar,
escuelas y comida, pues pueden viajar con lo puesto y mejorar con cada traslado

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El bodrio catalán

José Luis González Quirós. vozpopuli  19 Enero 2018

En el independentismo hay discrepancias, pero todos concuerdan en que algo hay que hacer para mantener abierto el chiringuito, lo que pueda quedar de glamour y melodía heroica.

En España, acostumbrados como estamos a que las elecciones las ganen todos (últimamente con la excepción del PP, que siempre va a menos) es tan natural que nos suene la idea de que los independentistas han ganado, como la contraria, que han perdido pie.

La política del poder, raramente hay otra, suele consistir en tratar de ocultar su verdadera consistencia, en desaparecer o en parecer otra cosa. Pese a que esta regla de interpretación sea tan clara, solemos olvidarla con frecuencia, y eso añade confusión innecesaria, justo lo que persigue quien promueve el enredo, la ocultación.

Cataluña y Tabarnia
Aunque los socialistas, que tampoco mejoran tanto como dicen, sigan insistiendo en el mantra de la diversidad, el reconocimiento de la singularidad, y otros bellos decires por el estilo, la cuestión catalana es, sobre todo, una pelea por el poder organizada de modo suficientemente sofisticado.

Lo que ha ocurrido es que cuando los supremacistas se aprestaron a dar lo que creían podría ser el paso definitivo, se han tropezado con que, además de sus hermosos relatos, existen realidades mostrencas, duras, peleonas y fuertes, aunque se vean disminuidas por un balbuceante Rajoy, un tipo capaz de apelar al diálogo cuando le acaba de infringir, y por la espalda, la derrota más importante y vergonzosa de su carrera. Ese referéndum que no se iba a celebrar pero que acabó existiendo, terminó por ser un happening circense, un escenario en el que los 'malos' de esa película, los pobres guardias para los que Rajoy no había sabido ni prever alojamiento, quedaban como auténticos villanos.

Esa realidad con la que no contaban es bastante más dura de pelar que sus mojigangas, es el Estado democrático, con un Rey a la cabeza (por eso piden República), es la Europa del Estado de Derecho, es el mínimo sentido común del orden internacional que sabe que no se pueden inventar ni mover las fronteras, que, desde luego, así no se puede.

Para colmo de sus males republicanos (falsamente republicanos, por supuesto, porque no puede haber república sin ley) apareció en escena la pesadilla de Tabarnia, la realidad innegable de que la sociedad catalana no es unánimemente secesionista ni supremacista, el testimonio activo y divertido de que esos catalanes no se van a dejar torear por más tiempo, y ya era hora de que lo dijeran.

BAU
Business as usual, tiene que ser la consigna de los pocos secesionistas con algo más que una neurona averiada (es decir, no hablamos de Puigdemont, que, como ha dicho Luis Alberto de Cuenca, es un poeta surrealista), y andan viendo esforzadamente cómo demonios seguir sacando agua de una fuente que han envenenado con su impericia y exceso de ambición.

Los más optimistas piensan que han ido muy deprisa, y confían en recuperar el ritmo adecuado antes de que se caigan del todo los palos del sombrajo. Los un poco más listos saben que el caso es más peliagudo, que no van a ninguna parte, pero concuerdan con los primeros en que algo hay que hacer para mantener abierto el chiringuito, los despachos, los coches, lo que pueda quedar de glamour y melodía heroica, de paseo triunfal, y en ese punto no es mal dato el resultado electoral, si Puigdemont no la acaba cagando.

Desmentir a Puigdemont
Llevar la contraria a Puigdemont es casi tan grave como dejarse la etiqueta de El Corte Inglés en el regalo de Reyes Magos, pura pornografía. Los piadosos rezarán porque Puchi recupere el sentido y acepte estatua, no se van a andar con remilgos, porque como tan bien ha explicado Miguel Giménez, es especialidad de la casa honrar a los derrotados, una bella manera de ganar siempre, porque pulir la gloria imperecedera es el más eficaz catalizador de la desmemoria.

Pero, salvado ese espinoso trámite, queda lo peor, cómo seguir mandando en Cataluña, modelo TV3, sin que nada se desborde más de la cuenta. El asunto es tan arriscado que no me extrañaría ver a los más comprometidos votando a Rajoy en unas generales, de la misma forma que elevaron a Zapatero a los cielos en el 2008.

La respuesta está en otra parte
La victoria de Ciudadanos en las catalanas es de las que pueden servir a los separatistas para explicar la diferencia entre miedo y pavor. Si los aparatos del Estado flojean, la cosa puede ser más indolora, pero si se sitúa al frente del Gobierno alguien con las ideas mínimamente claras, el porvenir de las verdaderas ilusiones de los supremacistas con cabeza se verá seriamente comprometido. Para que lo entiendan los culés, es como si con un partido malamente empatado se puede sacar al camp a un Messi con ganas, que los rivales se den por muertos (y lo afirma un madridista).

El discurso del Rey dejó claramente establecida una línea de conducta a la que se están ateniendo con pulcritud todos los responsables. Hasta pudo parecer que Rajoy tomaba nota, pero tuvo recayó en su aprecio por la molicie al decidir, se lo dijera quien fuese, que podía bastar con elecciones inmediatas. Fue un error, casi un crimen, pero ya no tiene remedio. Ahora hay unos minutos de basura en los que la iniciativa está en manos de posibles descerebrados, pero el tiempo pasa para todos, y ese bodrio catalán tendrá que dejar de ser plato obligado más pronto que tarde.

Contra Tabarnia

Eduardo Arroyo gaceta.es 19 Enero 2018

Una característica del presente es que casi nadie sabe pensar con claridad. La confusión en torno a prejuicios, banderías (no solo del viejo nacionalismo, si no también ideológicas), fobias, filias y creencias a menudo no muy fundadas es tal, que, si se decide contribuir al caos, uno pasa a ser parte del problema. Este es el caso de la denominada Tabarnia: como payasada irónica, como parodia y como burla del desquicie nacionalista está bien. Lo malo es que en estos tiempos que corremos muchos acabarán creyéndoselo.

Desde luego, decir que Tabarnia tiene “raíces históricas”, tal y como publicó un diario madrileño, suponemos que en broma, no es menos delirante que los esbirros de la Generalitat dando charlas pretendidamente históricas en las que se dice que Cataluña es “una nación” y que Cervantes y Santa Teresa eran catalanes. Pero si la broma se queda en broma todos podemos reírnos. Si no, el asunto puede ser bien distinto, contribuyendo al caos general. A este respecto, circula por la red un denominado “himno de Tabarnia” cuya letra ejemplifica bien que no se trata de una broma inocente: Tabarnia es la escisión de Cataluña que es “abierta” y donde “no importa de donde vengas”, no importa si eres “lituano, italiano o de Colombia” porque Tabarnia “no tiene fronteras en el corazón”. La cancioncilla sintoniza bien con la falsa dicotomía de una separatismo catalán “identitario” frente a una España planteada como “sociedad abierta”. Según el pensamiento homologado “constitucionalista” los secesionistas chocan con el “Estado Español” porque éste representa la tolerancia y la convivencia, incompatible con el “identitarismo”. Este relato del problema, que permea infinidad de artículos periodísticos y los discursos de la mayoría de los “creadores de opinión” más autorizados, es falso de todo punto. De hecho, son los partidos principales del secesionismo catalán los que han impuesto la sociedad multicultural, ajena a cualquier sentimiento de pertenencia y de raíces. Para ello primero han hundido la natalidad de aquella región y, segundo, han importado centenares de miles de gentes, de todas partes del mundo, totalmente inasimilables por su cultura y por su religión. En esto los secesionistas catalanes de la “Generalitat” difieren de los demás gobiernos –autonómico y central- en una cuestión de escala: unos impulsan el proceso más rápido y otros más lento pero todos han sido parte, por activa o pasiva, del ataque a la familia tradicional, de la formación de una sociedad cosmopolita y multicultural en las grandes capitales y de las políticas que promueven el invierno demográfico. Y es que en realidad los secesionistas no buscan la preservación de lo catalán; les mueve el puro y simple odio a España (o lo que ellos entienden por tal, pero esto es otra cuestión). Así, la CUP apuesta por convertir Barcelona en el Bronx mediante un irresponsable “papeles para todos”. No les disgustaría “acoger” cien mil sirios y dirían que es por “generosidad”, pero no tolerarían que se abriera la plaza de toros por ser “símbolo” de “lo español”. Del mismo modo, Colau no tendría inconveniente en que se enseñara el islam en los colegios de Barcelona pero desde luego no le gustaría un pelo que se enseñara religión católica, que ella, en su ignorancia, identifica con la España “rancia” y “franquista”.

Por lo tanto, Tabarnia solo puede ser admisible a modo de herramienta, dentro de una especie de dialéctica socrática: primero, se concede la sabiduría al que realmente no sabe nada (ironía); después, se le pregunta y se le cuestiona (mayéutica) hasta que, finalmente, el mismo supuesto “sabio” admite sus

prejuicios y su ignorancia. Tabarnia debe servir de ironía socrática para el independentismo catalán, fundado en la superchería histórica y en el voluntarismo de la izquierda para con sus fracasadas utopías. También de espejo en el que afloren las contradicciones de un independentismo incapaz de lidiar con su propia medicina. Pero nada de esto supone perder la perspectiva de la realidad; esto es, que Cataluña tiene una identidad poderosa, profundamente española y multisecular. Por consiguiente, no nos da lo mismo que se vea superpoblada por decenas de nacionalidades distintas, hasta hacer de Cataluña una especie de Haarlem mediterráneo pero, eso sí: muy “abierto” y “diverso”, “sin fronteras en el corazón”. Admitido esto, pueden hacerse las parodias que se quiera, pero siempre con la perspectiva de dar a cada uno lo suyo y de devolver cada cosa al lugar al que por naturaleza pertenece. Si no, habrá que atenerse a las consecuencias de haber contribuido al caos general.

Investigar el uso del dinero público en el plan de Puigdemont

 larazon  19 Enero 2018

La constitución del nuevo Parlament de Cataluña ha introducido algo de normalidad institucional. Pero no nos engañemos, los conductores del «proceso» creen que su plan todavía es viable y, lo peor de todo, que tiene el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. Si algo dejaron claro las elecciones del 21 de diciembre es que el independentismo no cuenta con la mayoría social. Sobre la base de este error, persistirán en su intento de asaltar el sistema democrático e imponer la «república catalana» que proclamaron el 27 de octubre. De ahí que la «operación Puigdemont» sólo responda a una estrategia de desestabilización.

Viendo cómo su estrategia se ha situado en el centro de la escena política catalana, todo indica que responde al plan diseñado de antemano. Por lo tanto, entra en la lógica de la investigación abierta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los dirigentes independentistas la de unas cuentas abiertas por la Generalitat en Bruselas y unos movimientos que deben ser justificados. Hay tres transferencias, dos a nombre de The Hague Centre for Strategic Studies, con sede en La Haya –con importes de 58.250 y 61.450 euros–, y una destinada la Delegación de la Generalitat en Croacia por 20.000 euros.

Es lógico que el juez Llarena quiera saber el ordenante y destinatario de estas transferencias, porque es muy poco creíble jusjtificar que el aparato montado por Puigdemont en Bruselas se financia gracias a la generosidad de unos empresarios. Podría ser así y no incumplir la Ley porque no existe ninguna orden internacional de detención contra el ex presidente de la Generalitat. Cosa diferente es que esas transferencias se hayan realizado con partidas destinadas a otros fines, aunque sean las recibidas para financiación de partidos, porque se podría estar incurriendo en malversación.

El independentismo ha utilizado las instituciones catalanas para llevar a cabo un plan ilegal, siempre desde el fraude de ley, directamente incumpliéndola o burlándola, por lo que es más que sospechoso que estos primeros movimientos bancarios se produjeron sólo unos días antes de que el Ministerio de Hacienda decidiera intervenir las cuentas de la Generalitat para impedir precisamente que se utilizasen fondos públicos para el referéndum del 1-O. De ahí que esté dentro de lo previsible solicitar una comisión rogativa, además de abrir nuevas diligencias. Hay fundadas sospechas sobre el uso fraudulentos de fondos públicos para la preparación del referéndum ilegal del 1-O y que éstos se ocultaron en varias partidas.

Finalmente, pudo comprobarse que existían urnas, sistema informático, webs y otras infraestructuras para burlar la acción del Estado. Resulta, por lo tanto, hipócrita e inmoral que tras la valoración del dispositivo de seguridad del 1-O expuesta ayer por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado y cifrado en 87 millones, los partidos nacionalistas catalanes –además de Podemos– lo consideren una cantidad desproporcionada y mal empleada. Más grave es que lo digan aquellos que disponían de un plan para subvertir el Estado de Derecho. La actuación de las Fuerzas de Seguridad fue propocionada ante un desafío que contó, además, con la complacencia de los Mossos d’Esquadra, que actuó con absoluta pasividad y deslealtad. Ahora, como en el caso de Puigdemont, el ex responsable de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, deberá responder ante la Justicia.

Lobo independentista con piel de cordero demócrata
OKDIARIO 19 Enero 2018

Roger Torrent es un lobo independentista con piel de cordero demócrata. El tono conciliador de su discurso tras ser elegido presidente del Parlament no puede enmascarar la realidad. Fueron sólo palabras vacuas y retórica de cara a la galería. Uno no se acuesta “diputado de la República catalana” —como ponía en su cuenta de Twitter— y se levanta leal a la Constitución española. Sus acciones pasadas y presentes lo delatan. Torrent participó en el asedio a la Guardia Civil en la Conselleria de Economía. Un hecho que ha llevado a la cárcel a los dirigentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Sólo con ese precedente debería estar delante de un juez dando explicaciones más que presidiendo la Cámara autonómica de Cataluña.

Albert Rivera ha dado este jueves un aviso a este respecto que debería ser considerado muy en serio por el resto de fuerzas constitucionalistas. El presidente de Ciudadanos, conocedor como pocos de la historia reciente de la política catalana, ha dicho que si “creen que Torrent es conciliador, no le conocen”. Roger Torrent no es una suerte de diplomático comprometido con hacer cumplir la legalidad vigente como han tratado de presentarlo durante los últimos días en distintos foros. Más bien, todo lo contrario. Cachorro de la cantera de ERC, ha llegado a asegurar que su objetivo político es “desarrollar la República sin pedir permiso”. Un radical convencido de que el único fin de Cataluña es la independencia.

No obstante, no sólo el pasado delata a Torrent. Resulta cuanto menos paradójico que una de sus primeras acciones como presidente del Parlament vaya a ser visitar al huido Carles Puigdemont en Bruselas. Un prófugo de la justicia que quiere seguir hacia delante, y en la distancia, con la deriva secesionista. Si Torrent creyera de verdad en la ley, trataría de buscar una opción diferente a la del expresident. Además, sigue denominando a Puigdemont como “president”, cuando sabe de sobra que ni podrá ser investido de manera telemática ni tampoco en España, ya que en cuanto pisara suelo patrio iría directamente a la cárcel. El Gobierno, por tanto, debe estar muy atento a los movimiento de Roger Torrent. No pueden consentir que el lobo esconda sus verdaderas intenciones entre la credulidad del rebaño.

Puigdemont no renuncia al circo
EDITORIAL Libertad Digital 19 Enero 2018

Contra las pretensiones de Puigdemont están el reglamento y los letrados del Parlamento regional.

Está visto que el golpista y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont no renuncia a ser investido a distancia nuevo presidente de la Generalidad. Este mismo jueves su partido, Junts per Catalunya, ha registrado en el Parlamento regional una solicitud de voto delegado del presidente depuesto y de los dos diputados electos que le acompañan en su cobarde fuga a Bruselas.

Teniendo presente el monumental desprecio que los separatistas han venido mostrando a todo reglamento, ley, informe o sentencia contrarios a sus fines, así como la bochornosa interpretación que este miércoles hacían del reglamento de la Cámara autonómica para aceptar la delegación de voto de los diputados presos, no es de extrañar que los que escaparon a Bruselas no renuncien a salirse con la suya. Está por ver, con todo, que lo consigan, puesto que la aceptación de la delegación de voto de los golpistas fugados, así como el visto bueno a la defensa no presencial ante la Cámara por parte del candidato a la presidencia, implicaría una burla aún mayor al reglamento que la que supuso la aceptación de la delegación de voto de los diputados presos.

Contra las pretensiones de Puigdemont está no sólo el artículo 93 del reglamento de la Cámara, también los artículos 4.3 y 146, que dan por hecho que quien defiende ante la Cámara su investidura tiene que estar físicamente presente ante la misma. Ello sin olvidar tampoco el informe –eso sí, no vinculante– de los propios letrados del Parlamento catalán, que unánimemente han afirmado que la investidura del candidato debe ser "personal y presencial".

A la espera de lo que decida el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent –supuesto moderado que no se quita de la solapa el lazo amarillo en solidaridad con los golpistas fugados o encarcelados y que todavía no descarta ni la investidura de Puigdemont ni visitarlo en Bruselas con dinero público–, lo que resulta claro es que las formaciones secesionistas siguen a lo suyo: si el senador de ERC Miquel Àngel Estradé se ha permitido calificar de "colonos" y "ocupantes" a los representantes de Ciudadanos, uno de sus periodistas a sueldo público de TV3 reprochaba, más que preguntaba, a Inés Arrimadas por el hecho de que algunos diputados de su partido no entonaran ayer Els Segadors en la Cámara regional. Mientras tanto, algunos funcionarios de la Generalidad se permiten mofarse de la aplicación del 155 colgando carteles en solidaridad con los golpistas en los edificios públicos de la Generalidad.

Ante semejante espectáculo –corolario lógico de una no menos circense intervención de la autonomía en rebeldía, llevada a cabo con el mero objetivo de convocar, antes del juicio a los golpistas, sus cuartas elecciones en los últimos siete años–, el único consuelo reside en la acción de una Justicia independiente. Ella es la que puede impedir que los separatistas prosigan su escalada; lo que no significa –que nadie se engañe– que vayan a bajar del monte.

Este país siempre será nuestro

Graben esta frase en su memoria. Es toda una proclama de intenciones
Carlos Herrera ABC 19 Enero 2018

No hay nada más cándido que un español constitucionalista. Nada más bizcochable. Viene un independentista, pone cara de contrición, apela a un impostado pragmatismo y a un disimulo falsamente cándido, como si lamentara con la boca pequeña el alcance de sus prácticas e, inmediatamente, todo bicho viviente se pone a palmear como un comulgante cursi y a celebrar «que todos nos podamos entender cada uno con nuestras ideas» y así. El catalanismo está redactado por cursis, sí, pero el constitucionalismo bobo está formado por cursis de raíz, de manual para la posteridad, de política correcta, de bondad idiota y cándida. Me recuerda aquel tiempo en el que los políticos de los ochenta se pasaban el día diciéndoles a los canallas de Herri Batasuna que les estaban esperando ansiosos en las instituciones para que debatiesen sus propuestas democráticamente: «Que vengan, aquí estamos deseando verles con los brazos abiertos». Fue Felipe González el que puso pie en pared, quiero recordar, y dijo que no podíamos estar esperando a que dejasen de matar cuando ellos quisieran, sabiendo que desde este lado íbamos a estar encantados de recibirles. Pareciera que la misión de los demócratas fuera ponerles alfombra roja para que entraran en la democracia por la puerta grande. Felizmente se les puso fuera de circulación (el Estado y la democracia le debe mucho al juez Baltasar Garzón) y la historia cambió.

Ha bastado que en el Parlamento catalán aparezca un presidente con discurso melifluo para que todos celebren un supuesto cambio de tono que venga a llenar la esperanza de los políticamente correctos. Un tal Torrent, de trayectoria perfectamente descriptible, elabora un discurso pretendidamente moderado, algo más realista, y se sueltan las campanas creyendo que estamos ante un nuevo pulso que anuncia tiempos de entendimiento y pragmatismo. Minutos antes de que este alcalde que multó a un individuo por colocar la bandera de España en la fachada del Ayuntamiento de su pueblo, habló el Maragall de más edad con un escalofriante discurso: «Esta país será siempre nuestro». Ningún bienintencionado traductor de discursiva política ha querido detenerse en esa frase, cuando es toda una declaración de intenciones: podréis tener más votos, podréis ser de aquí o de allá, podréis sentiros una cosa o la contraria, pero la finca y el negocio son nuestros, de los nacionalistas, de los independentistas, de los que somos dueños de la finca, de los que administramos la pertenencia o no a la nómina de catalanes de verdad. Perded toda esperanza de consideraros como nosotros. Seréis, como dijo el facineroso Arzallus a quien la historia tenga en su inodoro, como alemanes en Mallorca. El exabrupto de Maragall ha quedado tamizado por las afirmaciones estratégicamente camufladas de Torrent, que no quiere meterse en líos –de momento– y que juega a regalar caramelos a los buenistas profesionales que conforman el parque móvil de la opinión pública políticamente correcta. La misma Nuria de Gispert, carne de la peor gentuza política que jamás haya poblado el territorio catalán, la que advirtió a Inés Arrimadas que debía volverse a Cádiz (siendo ella de Jerez, lo cual es una diferencia notable para gaditanos y jerezanos), ha dicho claramente que la vencedora de las elecciones fue reina por una noche y nada más, debiendo orillar cualquier esperanza, ya que los independentistas jamás se van a arriesgar a perder poder y a perder negocio. El que ideó Pujol. ¿Nadie va a poner reparos a ello?

El constitucionalismo español lleva años creyéndose que el independentismo catalán es conllevable. Y unas veces porque los precisan para gobernar y otras porque creen que quedan bien en la foto haciéndose el demócrata exquisito, se entregan espacios de ventaja estratégica de la manera más estúpida. «Este país será siempre nuestro»: graben a fuego esta frase en su memoria. Es toda una proclama de intenciones.

Un poder judicial catalán
Emilio Campmany Libertad Digital 19 Enero 2018

Digan lo que digan los nacionalistas, no fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto lo que inició la deriva independentista. Fue la negativa del Gobierno a entregar a la Generalidad la gestión de todos los impuestos. La exigencia de Artur Mas no tenía nada que ver con su patriotismo, sino con la necesidad de controlar la inspección de Hacienda, que es la que en la mayoría de los casos destapa los casos de corrupción, a base de investigar ingresos injustificados, facturas falsas, blanqueo de capitales y demás. Esquerra decidió acompañar a los golfos de Convergencia porque les da lo mismo que sus compañeros de viaje sean patriotas corruptionis causa con tal de que empujen hacia la independencia. Calcularon que, aunque no fueran mayoría, había suficientes catalanes independentistas y que el Gobierno haría lo mismo que en tantas anteriores ocasiones: nada.

Pero no contaron con dos factores. El primero es el rey y su pueblo. La reacción del monarca y el respaldo que su gallarda actitud encontró entre la mayoría de los españoles obligó al Gobierno del PP y al PSOE a intervenir, tal y como Ciudadanos llevaba exigiendo desde hacía tiempo. El segundo es que el Poder Judicial sigue siendo un poder completamente controlado por el Estado, también en Cataluña. La intervención del Gobierno al amparo del artículo 155 no sólo se ha producido tras el parapeto del Tribunal Constitucional. Todo el sistema judicial ha sido la trinchera desde la que el Gobierno ha protegido la unidad de España. No se trata sólo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Han sido jueces de a pie de Cataluña los que han investigado la ilegal actuación de la Policía autonómica, la destrucción de pruebas, los delitos de odio de algunos profesores independentistas, los acosos a la Policía y a la Guardia Civil y demás actuaciones pacíficas de los independentistas.

En Esquerra ven que, mientras el Poder Judicial en Cataluña no dependa de la Generalidad, será muy difícil lograr la independencia. La reforma constitucional que propone el PSOE para mejor encajar Cataluña en España les da la ocasión de exigir que Cataluña tenga su propio poder judicial para que tal encaje pueda producirse. La autonomía, el Parlamento y la Policía autonómica se concedieron con el mismo fin y a la postre tan sólo han servido para perseguir a los que no fueran independentistas, proteger a quienes violan la ley y proclamar normas groseramente contrarias al orden constitucional. Un poder judicial propio no ayudará a encajar nada sino que será empleado para evitar que puedan ser detenidos y condenados los independentistas cuando cometan los delitos que tienen que cometer para alcanzar sus objetivos. Los convergentes apoyarán la exigencia porque todo lo que sea poder delinquir impunemente les vale, aunque a ellos les preocupen más las malversaciones y cohechos que las rebeliones.

El peligro que todo esto entraña está en que, de plantearse, Podemos no pondría ningún obstáculo; Pedro Sánchez estaría dispuesto a concederlo; y el PP de Rajoy, con su habitual indolencia, podría muy bien renunciar a impedirlo. Luego se extrañan de que Ciudadanos suba en las encuestas.

¿Quién cree en el acatamiento constitucional del nacionalismo?

“Este país siempre será nuestro” Ernest Maragall
Miguel Massanet SX 19 Enero 2018

En muchas ocasiones hemos escuchado aquello de “creer es poder” o aquella otra frase que califica una elección in extremis, como aquello de “de lo malo lo mejor”, una elección forzada que siempre conduce a una solución poco satisfactoria. Mucho nos tememos que, en el PP, evidentemente sumergidos en una serie de situaciones extremas, ante un panorama jurídico que avanza situaciones de humillación, que van a dar al traste con todos los méritos económicos que pudiera haber conseguido durante los años que ha estado gobernando España; las consecuencias evidentemente poco alentadoras de su reciente fracaso en las elecciones catalanas; el error de apreciación de las consecuencias de la aplicación del 155 en Cataluña, al pretender hacerlo tan suave que se olvidaron de poner fuera de circulación elementos tan agresivos y distorsionantes como la TV3 catalana o la Cataluña Radio, a los que permitieron que continuaran sin la menor contención haciendo propagando, apoyando, criticando al Gobierno y facilitando a los sectores separatistas informaciones básicas para hacer que fracasara el referéndum, convocado ilegalmente por los secesionistas catalanes; el hecho de que, el nuevo presidente del Parlament catalán, el señor Roger Torrent, haya hablado de “coser la sociedad catalana” ya ha sido suficiente para que se “sintieran aliviados”, dando por hecho de que sus problemas con el separatismo catalán ya se han acabado.

El periódico La Vanguardia mantuvo a sus colaboradores habituales y, entre los destacados, como abanderada del independentismo más furibundo, intransigente, antiespañol, sesgado y manipulador, ha estado la líder de la revolución separatista, la señora Pilar Rahola. Enclaustrada en su nicho de sectarismo catalanista, inducida por un odio indómito hacia España y el resto de españoles; cocinada en los ambientes más radicales del catalanismo excluyente y mimada por todos aquellos medios de comunicación que han decidido convertirse en los propagadores del levantamiento contra la patria de todos; esta señora ha seguido desde su reducto inexpugnable en las páginas de La Vanguardia del grupo Godó, utilizando su pluma viperina para defender todo lo que ha tenido de ilegal, anticonstitucional, subversivo y denigrante de este, mal llamado, proceso hacia el derecho a “decidir”, una mera añagaza para intentar disimular su claro camino hacia la escisión de la nación española. Ahora alguien habla de intentar volver atrás todo el mal que ha causado en la sociedad catalana este enfrentamiento entre los que no queremos la independencia de Cataluña y deseamos seguir siendo españoles y aquellos que, tomándose facultades de las que carecían, incumpliendo las leyes del Estado y haciendo caso omiso de los tribunales españoles y sus resoluciones decidieron, por su cuenta y razón, declararse dueños de la autonomía catalana, apropiándose unilateralmente de sus instituciones y fabricando un gobierno paralelo, con los recursos que les proporcionaba el Estado español, aunque ello significase dejar de atender compromisos sociales a los que, aquellas ayudas, estaban destinadas.

¿Qué tipo de costura tiene en su mente el señor presidente del nuevo Parlamento catalán, señor Torrent? Porque no ha especificado cómo piensa él que se puede restaurar y volver a la normalidad lo que, durante meses o años ha enfrentado a los miembros de una familia con los otros, a unos amigos íntimos que ahora ya no se hablan o a compañeros de trabajo que se han enrocado, cada uno en sus trincheras patrióticas. Tratándose de un Parlamento que, después de la aplicación del 155 para evitar que siguieran tramando los medios más eficaces para convertirse en una “República catalana” independiente de la nación española, se da la circunstancia de que, una vez celebradas unas elecciones que el señor Rajoy estuvo obstaculizando durante años, sólo que en esta ocasión ha sido él que, de una manera inverosímil y en el colmo de la insensatez, ha convocado para darle legitimidad a lo que los separatistas han estado buscando desde que se inició el llamado proceso. ¿Qué prisas tenía Rajoy de salirse del 155, que le han hecho cometer la torpeza de convocar elecciones autonómicas en caliente, cuando acababa de poner a los catalanes en pie de guerra con la aplicación de unas medidas que, para ellos, constituían el colmo de la humillación?

Mariano y la vicepresidenta han cometido una serie de errores garrafales que nos han situado, después de unos meses de desconcierto, a causa de su falta de valor, energía, decisión, y verdadera infrautilización de todas las posibilidades que le proporcionaba un artículo de la Constitución, lo suficientemente amplio como para acabar de un plumazo con este cáncer catalán que han pretendido neutralizar usando el remedio más ineficaz, debido al miedo a que el procedimiento que verdaderamente estaba indicado, produjese algunas reacciones poco convenientes. Ahora habrán conseguido que, aquellas células cancerígenas que pretendieron eliminar, se hayan reproducido clónicamente mientras, desde la periferia, siguen estando en condiciones de seguir produciendo la metástasis que se pretendió evitar con el empleo del 155. Un nuevo Parlamento con mayoría separatista; un nuevo presidente del mismo que apunta maneras y que ya ha manifestado que no renuncia a sus objetivos; un sujeto, Ernest Maragall, al que le han dejado expansionarse desde el lugar sin responsabilidad alguna en el que está instalado, pero que ha sido capaz, con sus maneras ásperas y rencorosas, de pintar un panorama nada favorable a las “cosiduras” anunciadas por Torrent. Toda una colección de interrogantes abiertos que, sin duda alguna, deberían tener muy preocupados a nuestros gobernantes de la Moncloa.

¿No será que lo que nos tiene preparado, este recién elegido Parlamento catalán, siguiendo la ruta que inició la señora Forcadell, sea la aplicación de un método cauterizante de imposición de sus pretensiones, a quienes ya han demostrado no estar de acuerdo con sus aspiraciones rupturistas y totalitarias? Nada se habrá logrado y habrán fracaso estrepitosamente nuestros gobernantes sí, lo único que se ha conseguido, ha sido cambiar los nombres de los componentes del Parlamento y del gobierno de la Generalitat, si ello no va acompañado de un intento serio y de buena voluntad de reconciliar a la sociedad catalana mediante el respeto por las ideas ajenas, la renuncia a actitudes extremistas, la vuelta a la normalidad social y el retorno a dar prioridad a los problemas inmediatos y urgentes que tienen preocupada a la ciudadanía, dejando para un futuro indeterminado, para ocasiones en las que las relaciones con el resto de España estén más relajadas, la recuperación de toda la nación más consolidada y las diferencias, que ahora se han convertido en enfrentamientos, hayan quedado reducidas a lo que, de verdad, son: contrastes de pareceres que sólo requieren que sean contempladas bajo la óptica de la justicia, la buena fe y la solidaridad para que, sin duda, sean fácilmente solucionables. Entonces puede que no sea necesario hablar de ruptura y baste que todos empiecen a actuar con sentido común y buena voluntad, para que este problema virulento que ahora nos separa se diluya en meras cuestiones administrativas de fácil solución.

Por desgracia nada hay que nos permita confiar en la buena fe de quienes vienen luchando para acabar con la legalidad vigente, entre los cuales no basta con referirse a los nacionalistas catalanes, que sabemos que tienen el apoyo de casi dos millones de ciudadanos, sino que debemos incluir en este paquete de los que intentan provocar graves problemas, no sólo en tierras catalanas, sino en toda España, si siguen empeñados en trasladar el problema al nombramiento del presidente de la Generalitat, si es que piensan que se puede hacer sin su presencia en persona para ser investido. Tampoco se reduce al momento de la investidura ya que, como es sabido, la Justicia española está pendiente de que, en cualquier momento, intente regresar a Cataluña el aspirante, señor Puigdemont, para detenerlo y llevarlo ante el juez de TS, que lo tiene reclamado. Una serie de incógnitas que, como sucede cuando existe un ambiente en las calles enrarecido, puede dar lugar a que la forma pacífica con la que los separatistas han pretendido llevar adelante el proceso, pudiera derivar en algaradas en las que sea necesaria la intervención de las fuerzas del orden.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no tenemos muy claro cuál es, en realidad, la postura del PP ante lo que van a ser los próximos movimientos del separatismo catalán; tampoco las tenemos todas consigo respecto a las reacciones del País Vasco ante toda esta serie de tácticas y contra tácticas, si es que ven posibilidades de sacar ventaja si se ponen de acuerdo con los subversivos catalanistas. Serán días en los que habrá que tener la vista fija en varios puntos para sacar las debidas conclusiones: Europa, el PSOE (será imprescindible su apoyo a la acción del Gobierno si, en realidad, fuera preciso mantener vigente por más tiempo el 155), las reacciones en las calles de las ciudades de Cataluña y la propia actuación del Ejecutivo del Gobierno si, en realidad se llega a un momento en el que las espadas se sigan manteniendo en alto. Ya no hablo de la Zarzuela ni del Artº 8º de la Constitución, porque ello significarían palabras mayores, aunque nunca se pueden descartar. ¿Quién sabe?

Torrent, el brazo oculto del ‘procés’
Antonio Robles Libertad Digital 19 Enero 2018

¡¡Con qué frivolidad se han apresurado a ceder ante el tono conciliador del nuevo presidente del Parlamento catalán periodistas y políticos equidistantes! Incluso esos adversarios tan dispuestos a seducir a tanto consentido.

Pierdan toda esperanza, en la toma de posesión de ayer se dieron las dos caras del nacionalismo, la real y la obligada. Ninguna buena. El presidente circunstancial por edad, Ernest Maragall, mostró el resentimiento y el odio larvado que todo nacionalista lleva en su ADN. Pedagogía de odio en estado puro. Y el nuevo presidente, Roger Torrent, obligado a esperar a que el rigor de los tribunales amaine y el 155 desaparezca, susurró paraules d’amor para templar gaitas en espera de mejores tiempos.

Los dos son de ERC, los dos desprecian todo cuanto conocen de España, Ernest Maragall por convicción oportunista; Roger Torrent por instinto. El primero porque siempre ha vivido de la construcción nacional y quiere asegurarse el futuro; el segundo, porque nada puede hacer contra el instinto inoculado desde la escuela.

Roger Torrent ya era militante de ERC a los 19 años. Y en ella ha hecho carrera. Un año después ya era concejal de su pueblo, Sarrià de Ter. Alcalde con 28, fue diputado a los 33 y desde ayer es presidente de la Cámara catalana con 38. Toda su vida laboral se reduce a la construcción nacional. No lo duden, su discurso de terciopelo solo es la carcasa, dentro lleva una realidad paralela que ya ha desconectado por completo de España. El Estado no solo es ajeno, sino opresor. Esperar entendimiento o mesura es no entender la realidad paralela en la que viven los compañeros de generación.

Tres ejemplos bastan: como alcalde del Ayuntamiento de Sarrià de Ter, se negó a colgar la bandera nacional de España, y no tuvo duda alguna a la hora de multar con 900 euros a quien se encaramó al balcón a colgarla. Corría el año 2012. En Twitter, d "diputado de la República catalana" pasó en cuestión de horas a "President del #Parlament de Cataluña". El caracol esconde los cuernos por cálculo, pero sus declaraciones realizadas con ocasión de la salida de la cárcel de Otegui le delatan: "En democracia nadie debe estar en prisión por expresar sus ideas políticas. Hoy es un día para celebrar". Incluso en el discurso de terciopelo de ayer, debido a los diputados "de los que están hoy aquí, pero especialmente de los que no puedan estar aquí", mostró inconscientemente su incapacidad para ser neutral. Hoy, las portadas de los diarios nacionalistas se centraban en este pasaje: "Conjurémonos para recuperar las instituciones catalanas y ponerlas al servicio de la ciudadanía". Tienen su lenguaje, se entienden en su jerga. ¿Saben que fue el diputado que pidió voto secreto "por llamada y en urna" para la declaración de independencia? Y alguna cosita más.

No nos despiste el clasista Ernest Maragall. Ayer no debería haber salido indemne de la utilización de su cargo con un discurso lleno de odio y desprecio a lo que ha jurado respeto: "El Estado no quiere saber nada de reconciliación ni de soberanías compartidas. No sabe ganar, sabe derrotar, solo sabe imponer, humillar y castigar (…) Este país será siempre nuestro". La misma jerga de la ANC: "Las calles siempre serán nuestras"; la misma de Fraga: "La calle es mía". "Los unos prisioneros, los otros al exilio, el resto, destituidos". Un discurso infame para un demócrata. "Los peores fanáticos son los fanáticos que parecen razonables". ¿Cómo un dibujante como El Roto puede ser tan lúcido a diario?

Una antecesora en el cargo, Núria de Gispert, lo decía de otra manera con idéntico desprecio tomando el nombre de Inés en vano: "Fuiste reina por una noche, pero se acabó".

Ahí tienen a dos señoritos catalanistas resentidos, que no pueden soportar la afrenta de compartir escaño con la hija de la minyona andaluza que les limpiaba los mocos de pequeños y les acaba de ganar ahora. Dos de esas 400 personas que, a decir de Lluís Millet, eran los dueños de Cataluña desde hace 200 años:

Somos unas cuatrocientas personas, no hay muchos más, nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, en el Liceo, en el núcleo familiar y coincidimos en muchos lugares, seamos o no parientes.

Aunque quizás lo más vergonzoso haya sido la falsa equidistancia de Pablo Iglesias, Xavier Domènech y Colau. Tan escrupulosos a la hora de decantarse por constitucionalistas o independentistas y tan raudos y resolutivos para despreciar esa "ocurrencia" de Tabarnia. Cómplices del mal.
 

En el Parlament solo existe el catalán: ni las indicaciones en caso de emergencia están en español
Raquel Tejero okdiario 19 Enero 2018

El Parlament también participa de la marginación que sufre el español en la rotulación en Cataluña. Ninguno de los carteles e indicaciones de la sede de la soberanía catalana tiene los dos idiomas oficiales de la comunicad autónoma. Ni cuando se trata de las instrucciones de desalojo del edificio en caso de emergencia se puede encontrar el escrito en español.

Los idiomas en Cataluña son dos: el catalán y el español. Parte de la población independentista denuncia que el Gobierno amenaza y reprime el catalán. Lo hacen mediante movilizaciones y mensajes en redes sociales en las que se quejan de que su lengua está siendo atacada. Sin embargo, existe una evidencia que refleja que es precisamente el español el que se ve mermado en toda la zona catalana.

Así se puede observar en el parlamento catalán donde parece no existir el idioma oficial de toda España. Pese a que por los pasillos del mismo se escucha mayoritariamente la lengua propia de Cataluña, no existe problema a la hora de de entablar una conversación con los trabajadores en español. Sin embargo los rótulos de los pasillos, de los despachos, de la cafetería e incluso de los baños son sólo en catalán.

Múltiples empresas se han visto forzadas a compatibilizar ambos idiomas e incluir el castellano en su rotulación por las quejas de sus clientes. El último y más sonado ha sido el de la cadena internacional de café Starbucks.

Todo comenzó por la denuncia de un usuario de Twitter en su cuenta personal: “Si eres español y estás de vacaciones en Cataluña, que sepas que a Starbucks le es indiferente que te roben la cartera o el móvil”.

La queja provenía de uno de los carteles de la compañía donde se avisaba del peligro de robo dentro del local. Finalmente, y tras la repercusión creada por la noticia recogida por este medio, Starbucks rectificó mediante un comunicado y aseguró que tomaría medidas al respecto.

El uso partidista de los Mossos
EDITORIAL El Mundo 19 Enero 2018

El uso partidista de los Mossos d'Esquadra ha sido uno de los mayores oprobios del procés. El cénit de esta espuria utilización llegó el 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal, pero puede tener continuidad en la legislatura que acaba de arrancar. Tal como publicamos hoy, un informe de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) exhorta a la Generalitat a elevar el número de mossos para "implementar la nueva república" y afrontar "situaciones de conflicto". La exigencia de una entidad que se ha demostrado clave en la toma de decisiones del independentismo suena a amenaza de perpetuación del choque institucional. Debería llevar a las autoridades del Estado a redoblar su vigilancia, máxime teniendo en cuenta que el artículo 155 sigue vigente. La ANC ha sido piedra angular del proceso soberanista no sólo por su capacidad para agitar la calle, sino por su participación en el comité estratégico del golpe. Su demanda resulta inquietante, dado que se trata de un cuerpo policial que ya ha demostrado que no tiene ningún reparo en encubrir actividades ilegales, tal como muestra su traicionera actuación durante el 1-O.

Juan Ignacio Zoido reveló ayer en el Senado que la operación policial para frenar los intentos rupturistas de Puigdemont y sus socios ha costado 87 millones de euros. El Ministerio del Interior debió gestionar con más tino la planificación de este operativo, incurrió en el error de fiarse de los mandos de los Mossos en los preparativos de la votación y no cuidó la manutención y el alojamiento de los agentes desplegados en Cataluña. Pese a ello, la partida destinada pasa a un segundo plano en la medida que lo que estaba en juego era la preservación de la unidad nacional. Cualquier Estado democrático considera una prioridad defender su supervivencia.

Zoido tiene razón cuando señala con claridad la "absoluta pasividad" y la "nula colaboración" de los Mossos a la hora de cumplir el mandato judicial de evitar el referéndum. La policía catalana movilizó a un dispositivo insuficiente (7.850 mossos frente a los 11.565 que participaron en la seguridad del 21-D) y no impidió la ocupación de muchos centros. Incluso el Gobierno catalán llegó a ofrecer resultados de la mayoría de los puntos en los que los Mossos aseguran haber evitado la votación.

Fue la hoja de ruta sececionista la que obligó al Estado a intervenir. Y fue la dejación de los Mossos de sus obligaciones, unido al uso de escudos humanos en las concentraciones -con presencia de radicales-, lo que derivó en las cargas del 1-O. Aquel día, explotado de forma torticera por la propaganda separatista, representó un fracaso colectivo. Pero la responsabilidad primaria recae en quien promovió una consulta que vulneraba la legalidad. De ahí que resulte muy preocupante que el independentismo no oculte el propósito de reincidencia en utilizar los Mossos a su conveniencia. El Estado está obligado a evitarlo.

Mossos constitucionalistas denuncian que se vengan de ellos con expedientes en pleno 155
Carlos Cuesta okdiario 19 Enero 2018

Agentes de los Mossos se han visto con el delegado del Gobierno en Barcelona, Enric Millo, para pedirle ayuda ante la reaparición generalizada de casos de discriminación ideológica contra aquellos integrantes de la policía autonómica que no son separatistas.

La información denunciada ante el delegado del Gobierno alerta de que las promociones y ascensos siguen favoreciendo a los mossos que acreditan su separatismo y castigan a los que no comulgan con ese planteamiento. Entre la información facilitada se ha recordado la existencia de colectivos totalmente separatistas que hacen alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo, campan a sus anchas sin el más mínimo problema. Se ha recordado la existencia de una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana que agrupa a mossos y que, ya en el pasado más reciente, afirmó que se mantendrían “leales al Parlament y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.

Han denunciado también casos como el del mosso que acaba de ser expedientado por una “falta grave de respeto” por oponerse a utilizar siempre el formulario en catalán para los atestados, como le ordenó su sargento: el mosso, de Sant Andreu de Barcelona, y que se expone ahora a una sanción, simplemente afirmó que esa instrucción era “ilegal” porque vetaba los derechos de los castellanohablantes.

Y han denunciado igualmente que la DAI, la División de Asuntos Internos de los Mossos, sigue controlada por grupos separatistas que, pese al control de la policía autonómica por parte del Gobierno de España, han vuelto a usar su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, los desplazamientos a zonas alejadas del domicilio de aquellos que se significan como contrarios al separatismo.

Los constitucionalistas piden ya la pasarela policial
Los mossos afectados afirman que los expedientes a agentes se han generalizado y que, casualmente, coinciden con casos de personas que han mostrado abiertamente su rechazo al independentismo. Y que todo ello, sucede en plena aplicación del artículo 155. Es decir, tras la supuesta destitución de Trapero como mayor de los Mossos y la entrada como responsable directo del que fuera mano derecha de Trapero, Ferrán López.
Los agentes que han trasladado su queja han pedido ayuda y la apertura inmediata de la conocida como pasarela policial: un mecanismo para que los agentes puedan saltar del cuerpo autonómico a la Policía Nacional.

Los mossos que respaldan esta petición, de hecho, afirman que son muchos los agentes que se encuentran sometidos a presión ideológica dentro del cuerpo autonómico y que están dispuestos a saltar a la Policía sin solicitar el cambio de plaza. Es decir, que se ofrecen, precisamente a formar parte de los contingentes de la Policía Nacional ubicados en Cataluña, solventando, así, un segundo problema creciente, y es que el rechazo a esta comunidad como destino se ha generalizado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El delegado del Gobierno se ha comprometido a estudiar los casos e intentar buscar una solución.

Está editado por Santillana
Los alumnos de Aragón estudian un libro de historia sobre la inexistente ‘Corona catalano-aragonesa’
Gonzaga Durán okdiario 19 Enero 2018

El gobierno socialista que preside Javier Lambán en Aragón ha descubierto esta semana un libro de texto en el que aparece la falacia histórica de la “Corona catalano-aragonesa”. Se trata de un manual de Historia de España para el curso de 2º de Bachillerato, que pertenece a la editorial Santillana.

Un instituto de Zaragoza que utiliza este manual fue el encargado de informar de esta falsificación histórica al gobierno autonómico de Lambán, ahora que se ha cubierto ya la mitad del curso académico.

El término de “Corona catalano-aragonesa” aparece en la página 48 del libro ‘Historia de España’, en la unidad sobre la España Medieval que analiza la sociedad y la economía de los reinos cristianos. La falsificación se encuentra dentro del epígrafe de la Corona de Aragón: “Mención aparte merecen las atarazanas de las villas costeras: Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca…, que florecieron impulsadas por el desarrollo comercial de la Corona catalano-aragonesa”.

La obra se publicó en 2015 por la editorial Santillana para la región de Aragón, dentro de su ‘Serie Descubre’ y el ‘proyecto saber Hacer’. Santillana es una empresa propiedad del grupo de comunicación Prisa y cuya sede se encuentra en Madrid.

El departamento de Educación de Aragón ha pedido una rectificación para que se corrija esta “tergiversación histórica” y ha pedido a los colegios e institutos que no utilicen este libro de texto. Por su parte, la editorial Santillana ha informado al ejecutivo autonómico de publicarán una nueva edición del libro, ya para el siguiente curso escolar, en el que se suprimirá este “error”.

Ya se mandó retirar otro libro
No es el único caso que ha surgido en las últimas semanas sobre esta manipulación de la historia de la Corona de Aragón. El mismo departamento de Educación ordenó retirar la semana pasada un libro de Literatura Universal en el que también hacía referencia a la ficticia “Corona catalano-aragonesa”. El caso lo denunció el instituto Ramón y Cajal de Huesca.

Se trata del libro ‘Literatura Universal’, publicado en 2015 por la editorial Casals de Barcelona. Esta obra está dirigida a los alumnos de primero de Bachiller. El Instituto denunció que el libro se empleó en los últimos dos cursos escolares.

En un capítulo que hace referencia a la época del Renacimiento en Italia. “El sur del país y las islas de Cerdeña y Sicilia formaron parte durante varios siglos de la Corona catalana-aragonesa”, se afirma dentro de un párrafo de texto ubicado en este apartado. La consejera de Educación, Mayte Pérez, calificó este hecho como una “una falsedad y una manipulación de la historia”.

Esto dos últimos casos de manipulación histórica han provocado los responsables del departamento de Educación de la región hayan mantenido una reunión este miércoles con familias de alumnos y con asociaciones de directores de institutos de la Comunidad Autónoma para tratar este asunto. El secretario general del departamento, Felipe Faci, les instó a mantener una “actitud proactiva para detectar estos errores y exigir su corrección”.

Las víctimas de ETA rechazan las placas que quiere colocar Bildu: «El texto no nos parece aceptable»
Las familias critican que la formación abertzale haya ocultado la condición de asesinados de las víctimas
Pablo OjerPablo Ojer ABC 19 Enero 2018

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (Bildu) anunció ayer a bombo y platillo la colocación de las primeras placas en memoria de las víctimas del terrorismo en Pamplona. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de ETA en Pamplona rechazan estas placas ya que Bildu ha ocultado la condición de asesinados de las víctimas.

La familia del concejal de UPN, Tomás Caballero, asesinado el 6 de mayo de 1998 considera que «el texto que se propone poner en la placa no nos parece aceptable, en la medida en que no deja constancia del motivo por el que se coloca la placa, en el lugar en el que se coloca».

Para la familia de Caballero, «la verdad y la memoria, la justicia y la reparación, exigen que se haga constar que la placa se coloca porque se trata del lugar en el que fue asesinado por la banda terrorista ETA».

«Colocar una placa mencionando únicamente que se hace en memoria de Tomás Caballero con la mera mención a su condición de víctima de ETA, no responde al verdadero sentido de la memoria que se trata de perpetuar, ya que no se debe tratar únicamente de recordar a una persona fallecida, sino de las circunstancias en que se produjo su muerte: por asesinato de una banda terrorista. Esto es lo que nunca se debe olvidar, para que nunca se vuelva a repetir», afirma su familia.

Por lo tanto, «con gran sentimiento», concluye la familia de Tomás Caballero, «no podemos dar nuestra conformidad a la colocación de la placa que nos proponen, entendiendo que se debe dejar constancia de que se trata del lugar en el que fue asesinado por la banda terrorista ETA».

La familia de Tomás Caballero no es la única que rechaza la colocación de las placas en las que se oculta que las víctimas fueron asesinadas, que no son víctimas de cualquier cosa. Algunas familias ni tan siquiera quisieron responder una vez que desde el Ayuntamiento trataron de ponerse en contacto con ellos.

Pamplona es la única ciudad en la que se oculta que las víctimas del terrorismo etarra fueron asesinadas. En otros municipios en los que a lo largo de 2017 se colocaron placas en memoria de las víctimas, como Lumbier o Sangüesa, sí hay constancia expresa de que fueron asesinados por los terroristas.

 


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