Advertencias de Bruselas a una España
autodestructiva
EDITORIAL Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Es dudoso que ERC haga imposible el Gobierno socialcomunista, sin
duda el más afín a la Cataluña separatista de cuantos pueda presidir
Sánchez.
La Comisión Europea acaba de reprender al Gobierno en funciones de
Pedro Sánchez al considerar que el plan presupuestario enviado por
la ministra de Economía, Nadia Calviño, que prorroga las cuentas de
este año para 2020, constituye un "riesgo de desviación
significativa" con respecto a las reglas fiscales europeas, en
particular a lo relativo a la reducción de la deuda.
Aun cuando el informe de Bruselas también incluye una serie de
advertencias muy preocupantes respecto de la insostenibilidad del
sistema público de pensiones –y no es para menos, dado que las
pensiones tendrían que bajar ya 150 euros de media si dependiese
sólo de la Seguridad Social, cuya deuda roza los 50.000 millones de
euros–, alarma reparar en que sus consideraciones son previas a la
decisión de Sánchez de formar un Gobierno de coalición con la
extrema izquierda podemita; un Gobierno de coalición que, lejos de
reducir el gasto público, como pretende la Comisión Europea, lo va a
disparar.
Ante este terrorífico panorama, se puede entender que la CEOE no
pierda las esperanzas y haya difundido un comunicado en el que pide
al PSOE que busque otro Gobierno, sin neocomunistas, "por sentido de
Estado". Se trata de una petición muy similar a la que ya hicieran
representantes de la CEOE tras las elecciones de abril, en
concordancia con las que hicieron algunos fundadores de Ciudadanos y
representantes del PP, para que estos dos partidos se abstuvieran
ante la investidura de Sánchez como mal menor y como forma de evitar
que Sánchez buscara los apoyos a su izquierda y entre los
separatistas.
Pero no parece realista esperar que el irresponsable presidente del
Gobierno vaya a echarse atrás; más aun cuando los partidos ubicados
a su derecha siguen sin dar la menor muestra de estar dispuestos a
favorecer con su abstención un Gobierno en solitario del PSOE. De
hecho, lo único que ha hecho, tarde y mal, este miércoles Pablo
Casado son unas confusas declaraciones en las que, al tiempo en las
que se seguía oponiendo a facilitar con su abstención un Gobierno en
solitario de Pedro Sánchez, ofrecía a éste "estabilidad de
gobierno". Pero ¿a qué Gobierno de Sánchez, que no sea el integrado
por Podemos, puede ofrecer estabilidad el PP?
Es cierto que la investidura de Sánchez pactada con Iglesias sigue
necesitando la abstención de los separatistas. Con todo, y por mucho
que ERC venda cara su abstención y la someta a la aprobación de sus
bases, es harto dudoso que los secesionistas hagan imposible el
Gobierno social-comunista, sin duda el más afín a la Cataluña
separatista y el más lesivo para la España constitucional de cuantos
podría presidir Sánchez.
Así las cosas, sólo la pertenencia a la Unión Europea y a la moneda
única podrán constituir un limite al endeudamiento y a la ruina
económica a la que nos aboca este Gobierno. Pero se trata de un
límite a muy largo plazo, que no incluye obstáculo alguno para el
deterioro de la unidad de la Nación y de su Estado de Derecho.
El régimen corrupto del socialismo
larazon 21 Noviembre 2019
La contundente sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla,
exacta radiografía de cómo un partido político puede llegar a
cooptar el sistema democrático mediante la creación de una red
tentacular, imbricada en la sociedad, con el dinero de todos los
ciudadanos, debería avergonzar a quienes, en su momento, cuando el
escalpelo de la instrucción judicial se abría paso a través del
blindaje institucional de la trama, insinuaban intenciones espúreas
y, desde el victimismo, defendían la trayectoria política de quienes
eran sus máximos responsables. Que, además, ese comportamiento
viniera de un partido, como el PSOE, que se ha demostrado virtuoso
en el empleo del doble rasero, implacable con el adversario y para
el que los tiempos y las circunstancias sólo cuentan si juegan a su
favor, sólo agrava los hechos. Pero, nosotros, que hemos investigado
e informado puntualmente a lo largo del proceloso procedimiento de
los ERE, no queremos caer en lo mismo que criticamos.
El caso andaluz pertenece a una época e, incluso, a un lugar que ya
no son los mismos. Personalmente, tanto quienes estuvieron al frente
de la Junta de Andalucía cuando se produjeron los hechos juzgados,
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, notablemente, como quienes
ocuparon consejerías y direcciones generales directamente vinculadas
a la trama de corrupción, ya se habían visto obligados a renunciar a
todos sus cargos públicos y fueron expulsados del partido. Tal vez,
otros dirigentes del socialismo andaluz, que no estuvieron incursos
en la causa, pero cuya cercanía a los largo de décadas con los
condenados era notoria, hubieran debido seguir los mismos pasos,
pero no es cuestión que ahora tenga que preocuparnos. Políticamente,
el PSOE sufrió el reproche de la mayoría de la sociedad andaluza y
perdió el poder que había mantenido, y del que había abusado,
durante cuarenta años. Quizás, si la publicación de la sentencia no
hubiera sufrido los inexplicables aplazamientos, hasta cuatro, el
último para que no coincidiera con la repetición de las elecciones
del 10-N, el conjunto de la sociedad española hubiera tenido en su
mano otros elementos de juicio a la hora de decidir su voto. Pero ya
sólo corresponde a la nueva Junta andaluza corregir la anomalía
social que supuso esa etapa y reactivar, sobre nuevas bases, el
pacto no escrito, pero ineludible, de confianza y neutralidad entre
la Administración que gestiona los asuntos públicos y los
ciudadanos, que son, con independencia de su ideología y sus
circunstancias personales, los legítimos titulares del poder
ejecutivo.
Porque lo que nos dice la sentencia es que ese pacto, consustancial
a la democracia, había sido despreciado por los dirigentes
socialistas, hasta el punto de identificar los propios intereses del
PSOE con los de todos los andaluces. Asusta la extensión de la red
tentacular, pero más la sensación de normalidad, de impostada
legitimidad de quienes, simplemente, repartían el dinero público con
criterios de utilidad partidista y en clave de amigo/enemigo. Hay,
también, en el relato de los hechos probados por el Tribunal la
descripción de una manera de entender la política que, mucho nos
tememos, trasciende al tiempo y al espacio. Prácticas populistas que
conducen a elevar el gasto público sin contar con el correspondiente
respaldo presupuestario y que, como es el caso, obligan a maquillar
las cuentas o a hacerlas opacas, mediante la creación de organismos
que escapan a la normal inspección y al control de los
interventores. De eso hay en la sentencia de los ERE nutridos
ejemplos, que sin constituir el núcleo de lo juzgado, deberían de
servir de aviso de navegantes a otras administraciones sobre los
riesgos de institucionalizar la barra libre presupuestaria, sobre
todo cuando ésta opera en el terreno que se supone clientelar. Pero,
con todo, lo peor de este caso de corrupción, que ha supuesto la
malversación de 680 millones de euros de dinero público, lo que le
convierte, al menos judicialmente, en el más grave de la reciente
historia de España, es que esos fondos se utilizaron para facilitar
el cierre de empresas y el despido de sus trabajadores. Desde la
propia Junta, gratuitamente, se fomentaba la pérdida del tejido
industrial de Andalucía, en lugar de apoyar el desarrollo del sector
empresarial. Desde la propia Junta se favorecía la cultura de la
subvención improductiva, la que no crea puestos de trabajo ni abre
espacios al progreso. Y, hay que insistir, se hacía de manera
arbitraria y dolosamente. No en vano, los jueces han absuelto a los
dos interventores que trataron con insistencia, pero, inútilmente,
de poner orden en el desafuero.
Por ello y aunque se nos dice desde el PSOE, como justificación
moral, que la mayoría de los implicados no se llevaron ni un euro a
sus bolsillos, que será cierto, pero no era el objeto de la
sentencia y, además, todos tenemos en la memoria aquel símil
desgraciado del asado de vacas con dinero, no es posible restar ni
un ápice la gravedad de las conductas que han sido enjuiciadas.
Mucho menos, cuando los jueces han dictaminado que Manuel Chaves y
José Antonio Griñán conocían y amparaban estas prácticas dañinas
para el bien común. Y cuando desde ese mismo PSOE se mantiene que lo
sucedido nada tiene que ver con el partido, hay que insistir en que
bajo esas siglas se construyó y se mantuvo durante cuarenta años un
régimen hegemónico y acaparador, que sirvió de principal granero de
votos de las victorias socialistas, de las que ningún inquilino de
Ferraz renegó nunca. Pero, como ya hemos advertido, no vamos a caer
en la bajeza de tildar de corrupto a todo un partido, sea cual sea
su ideología, porque no sería cierto. Ni tampoco en la demagogia
populista al uso de decir que todos los políticos son iguales. Ni
todo el PSOE es corrupto ni todos los políticos son iguales.
La corrupción política
Agapito Maestre Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Las cantidades de dinero que han robado los socialistas, según
demuestra la sentencia de los jueces del Tribunal Superior de
Andalucía, son fabulosas. Desbordan la mente de un ciudadano de a
pie. No creo que exista un ser normal, pongamos por caso un
trabajador de la construcción, capaz de hacerse cargo de esas sumas
de dinero. Parecen cifras de un mundo fascinante. Es como una
película de ciencia ficción. Lo confieso sin pudor: soy incapaz de
imaginar cómo puede robarse tanto dinero. El robo de millones y
millones de euros, 680 dice la sentencia y más de 800 según otras
fuentes de la justicia, han sido castigados con sólo 6 años de
cárcel a Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y 9 años de
inhabilitación a Chavés, que fue durante veinte años presidente de
la Junta de Andalucía. Otras 17 personas ha sido condenadas con
penas más o menos equivalentes a las anteriores. ¿Cree alguien de
verdad que esos castigos son ajustados a lo robado al erario
público, al dinero destinado a los trabajadores en paro? La
respuesta es obvia. Esa gente no pagará jamás sus culpas con esas
penas.
Sin embargo, ciento de personas se conforman con esta sentencia.
Gritan al cielo para ocultar su hipocresía: al fin, Señor, se ha
hecho justicia. La Justicia aún funciona, mantiene y le lava la cara
al sistema… Más aún, a otros, aún más cínicos que los anteriores,
les parece que el tribunal ha ido demasiados lejos. Las penas han
sido demasiado duras con hombres y mujeres que sólo servían a su
partido, a la causa de un sistema político que no funciona sin
corrupción, pues que no está demostrado, dicen estos cínicos
biempensantes, que estas personas se quedarán con parte del dinero
sustraído. Terrible es el razonamiento: no han robado para ellos
sino para conseguir votos para el PSOE, o sea, se relativiza el mal
para degradar aún más al sistema político. Sí, la calidad política
del delito, eso que le hace más repulsivo y peligroso para una
sociedad democrática, se desvaloriza hasta llevarnos al abismo
argumentativo.
Pareciera que la corrupción, y la primera de todas las corrupciones
es la del lenguaje, no tiene límites morales. Pero si robar para el
partido es menos importante que robar para uno mismo, entonces
tampoco se comprende que el señor Ábalos, jefazo del PSOE y portavoz
de Sánchez, se desmarque de su responsabilidad ante esta sentencia.
Sin sentir el más mínimo pudor dice Ábalos, el número tres del PSOE,
que el PSOE no ha sido condenado, aunque lo hayan sido dos
presidentes del partido, así como ministros o un vicepresidente de
viejos Gobiernos socialistas. Hay que tener mucho estómago para
tragarse esto. No cabe en cabeza normal que personajes señeros del
PSOE que han sido inhabilitados, y otros serán encarcelados, no
tengan nada que ver con el PSOE de hoy. Es imposible. Es,
sencillamente, una patraña que la dirección socialista y el
Ejecutivo actual puedan desligarse de esta pena. El PSOE es el mismo
de siempre. Nunca defrauda. Es siempre auténtico, si se trata de
engañar y negar lo evidente.
Y además, con la ayuda de todos los medios de comunicación en su
poder, los del PSOE dirán con total impunidad: "Más robaron los del
PP". El partido del progreso está libre de toda responsabilidad.
Silencio, pues, y a barajar. Sus socios comunistas y separatistas
les protegen. Sí, la esencia de la corrupción política no está en el
dinero robado o mal habido, sino en la mentira, en las miles de
mentiras de los políticos, que hacen posible y legitiman el poder
como negocio.
El PSOE, su enfermedad política y moral y
los trabajadores
Pedro de Tena Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Cuando Francisco Largo Caballero mintió en el juicio en el que se le
acusaba, justamente, de haber promovido y participado en el golpe de
estado contra la II República en 1934, confesó en sus Recuerdos que
lo había hecho porque no podía consentir que, a un paladín del
proletariado, él mismo, pudiera condenarlo la "justicia burguesa".
Lo dijo de este modo:
"¿Hice bien o mal al proceder como lo hice? ¿Debía entregar a la
voracidad de la justicia burguesa a un defensor del proletariado? Mi
conciencia está tranquila. Estoy convencido de haber cumplido con mi
deber, pues ofrecerme como víctima sin beneficio alguno para la
causa del proletariado hubiera sido tan inocente como inútil."
Esta distinción entre justicia burguesa y otra justicia, la
socialista, que es la realmente justa para ellos, sigue penetrando
el tuétano moral de un PSOE que se niega a protagonizar una
transición interna desde el PSOE de la II República a un PSOE
socialdemócrata inscrito en una Unión Europea donde se consagra, con
mayor o menos eficacia, la democracia liberal.
Por otro lado, claro está, está la identificación absolutamente
abusiva y falsificada, tal vez krausista, quizá marxista, entre los
dirigentes del PSOE y el PSOE mismo con el "proletariado", con los
trabajadores asalariados, a los que se asigna una determinada
"conciencia" de clase que sólo puede ser interpretada desde los
análisis "objetivos" de los marxistas en general y del socialismo.
Por ello, como ya dijimos en otro lugar, la genealogía del impulso
político que conduce a la constitución de una tela de araña para
conseguir o mantener el poder al margen de la legalidad democrática,
se encuentra intacta en la teoría clásica de la democracia burguesa
defendida por el marxismo en general y muy aguda y radicalmente, por
el leninismo.
Según tal teoría, la democracia liberal o burguesa no es una
democracia real, sino meramente una democracia formal que defiende
los intereses de la burguesía en su conjunto, agraria, industrial,
de servicios y financiera en concreto y los intereses y derechos
humanos sólo en abstracto. Por eso, Marx diferenció entre los
derechos humanos y los derechos del ciudadano.
Los derechos humanos que incluyen la libertad de conciencia, el
derecho a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, a la
elección de educación, a practicar cualquier culto así como las
demás libertades democráticas, de opinión, expresión y reunión, no
son los auténticos derechos ciudadanos. Marx mismo lo dijo así:
Ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del
hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es
decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y
en su arbitrariedad privada, y disociado de la comunidad.
Esto es, sólo se es ciudadano y hombre cabales si se es ciudadano de
un Estado socialista o, si se quiere, comunista. La "ciudadanía"
socialista exige que lo individual deba subordinarse a lo colectivo
y la persona y sus libertades al Estado. Todo este proceso de
transición debe ser dirigido, claro está, por el partido inspirado
en el marxismo, único poseedor – creía firmemente Marx -, de la
"ciencia" necesaria para la interpretación y la transformación de la
Historia.
El PSOE nunca ha hecho una reflexión, ni siquiera un intento de
reforma, de su pensamiento en cuanto a la democracia y sus formas
como único sistema político bajo el cual es posible la convivencia
y, por tanto, nunca ha procedido a reformarse a sí mismo y a abrazar
ética y moralmente los comportamientos socialdemócratas. Por ello,
se han atribuido la superioridad moral de quienes son partidarios de
una justicia y una legalidad supuestamente superiores a las de los
demás demócratas.
Esa distinción entre "democracia burguesa" y "democracia real" o
socialista ha justificado siempre el atropello de valores, ideas y
leyes por parte del socialismo a favor de una dominación política y
social sobre el conjunto de la nación española. El uso de la
democracia como trampolín para erigir un régimen socialista es la
práctica sistemática.
El caso ERE, ahora publicitado por una sentencia condenatoria que es
la más grave de la historia de España y tal vez de la Unión Europea,
es la consecuencia del mismo espíritu político socialista que no
creía ni cree en la "democracia burguesa" y que, por tanto, no cree
en la justicia "burguesa".
No hay más que oír a los actuales dirigentes socialistas, barones y
no barones, descalificando directa o indirectamente la sentencia y
la decisión del Tribunal y defendiendo la honorabilidad de quienes
acaban de ser condenados por actuar ilegalmente a sabiendas y haber
malversado 680 millones de euros públicos. El Tribunal no entiende
la "superioridad" de la justicia socialista.
Pero si hay un ejemplo sangrante acerca de la discriminación, del
abandono, de la marginación que esta sectaria concepción de la
democracia perpetra, es el destino de los miles de trabajadores que,
estando afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, desde
2000 a 2010, no fueron ayudados ni siquiera informados por el PSOE
ni por la Junta de las ayudas que se daban encubiertamente a los
amiguetes, correligionarios, intrusos o cómplices sindicales.
En una democracia sana y normal, si se trata de ayudar a los 120.000
trabajadores que sufrían las consecuencias de las crisis laborales y
empresariales, se publica una convocatoria de subvenciones, normales
o excepcionales, y se articula el modo en que todos los afectados
puedan optar a su disfrute previo cumplimiento de un pliego de
condiciones iguales para todos, publicitados y en régimen de
transparencia.
No se hizo así y esto es precisamente lo que exhibe la enfermedad
moral del socialismo español, y muy especialmente, del socialismo
andaluz. De esas 120.000 familias sólo fueron auxiliadas, en
secreto, ilegal, sin conocimiento público y con desigualdad notoria,
unas 6.000, esto es, un 5 por ciento. ¿Por qué razón lo fueron?
Porque eran empresas y trabajadores que eran "amigos" bien del PSOE
bien de los sindicatos mayoritarios uncidos al carro socialista.
Además, en el resto de los casos, se trataba de privilegiar a
empresas y trabajadores que estaban situadas en zonas electoralmente
sensibles para el PSOE, como la minería de Huelva, la sierra Norte
de Sevilla y la provincia de Cádiz, sin hacer una relación
exhaustiva. Por si fuera poco, se ayudaba a "intrusos de familias
cercanas o afiliados incluyéndolos en plantillas ficticias de
empresas beneficiadas. Si ello constituye un beneficio a título
lucrativo o no, no ha sido considerado por el Tribunal.
Esto es, nunca en todo este tiempo se ha tratado igualmente a todos
los trabajadores afectados por los ERE como no se les ha tratado
igualmente a la hora de las contrataciones en la Administración, ni
en otros casos. Eso indica que la supuesta igualdad que predican el
PSOE y sus correas de transmisión sindicales es, como máximo,
igualdad entre los suyos, no de todos los ciudadanos.
Esto es un delito moral y político, no sólo contra la democracia,
sino contra el propio socialismo que, en vez de defender en la
práctica la igualdad real o la simple igualdad de oportunidades,
sólo la ofrece a los que son "de los suyos" o, como extensión, a los
que son de "izquierda". Si no somos de los suyos, no sólo no somos
iguales sino que les damos sencillamente igual.
140 años después de su fundación y casi 40 años después de la
aprobación de la primera Constitución consensuada de la historia de
España desde la Pepa en 1812, el PSOE sigue sin hacer su particular
transición a la democracia ni hay quien proponga un examen de
conciencia adecuado a su comportamiento histórico. Ese es
precisamente uno de los principales problemas de España y nadie en
el PSOE parece dispuesto a encabezar su regeneración para la
democracia.
No es lo mismo
Cristina Losada Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Quién quiera hacerse una idea de las razones por las que la
corrupción política fue, es y será uno de esos problemas de difícil
solución que hay en España no tiene más que fijarse en las
reacciones a la sentencia de los ERE. A la vista de las que ha
suscitado entre los más cercanos políticamente a los condenados, no
está claro siquiera que la trama juzgada la organizara un partido. A
la pregunta de si esa forma de latrocinio de dinero público la
diseñó el PSOE, su secretario de Organización responderá que no. No
es "un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la
Junta". Antiguos, andaluces, sin carné desde hace tiempo y, de
hecho, sin partido. Será por eso que algunos medios omitían las
siglas del PSOE de sus noticias o editoriales sobre la sentencia.
La minucia de que Chaves y Griñán fueran en algún momento
presidentes del PSOE queda relegada al desván de las antiguallas y
el caso, en conjunto, estrictamente limitado a un territorio. Para
ocasiones como ésta es perfecto tener un partido federal. Como el PP
no es nominalmente federal, no pudo decir en su momento que la
Gürtel era un caso circunscrito a Pozuelo, Majadahonda y alguna otra
localidad. ¿O lo dijo? Sea como fuere, ahora, sí, el PSOE levanta
muros y fronteras para evitar la entrada y la intrusión de las
repercusiones políticas. Con concertinas, incluso. Y hasta es
posible que Ferraz ordene la deportación en caliente de Susana Díaz,
porque no hay mal que por bien no venga.
Allí, en el territorio afectado y alambrado por la organización
nacional, el encargado de comparecer en público dio uno de los
argumentos clave de este asunto. Los condenados no se enriquecieron:
"No se han llevado ni un euro al bolsillo". Parece que alguno se
llevaba los euros a la nariz en forma de cocaína, pero todavía es un
supuesto y tampoco es lo mismo. Eso, ante todo. "No es lo mismo que
Gürtel", repiten políticos y periodistas. Acaban de descubrir que no
todos los casos de corrupción son iguales, y hay que celebrar que,
por una vez, entren en los detalles. Pero lo que quieren decir y,
además, lo dicen es que son peores, mucho peores, los trapos sucios
del partido contrario. Con lo que aparcamos la celebración para otro
año.
Por aquello de que los condenados de más renombre no se llevaron un
euro al bolsillo, los que ya no tienen mucho que perder defienden su
"honorabilidad". "Mantenemos la defensa de la honorabilidad de los
expresidentes de la Junta", dijo el secretario del PSOE (¿o no es el
PSOE?) andaluz. Defendió también la honorabilidad José Bono, que
ahora sólo quiere vender su libro, y aun puso, a la antigua usanza,
las manos en el fuego. Dio otra clave importante: no hay
financiación ilegal, por lo tanto, no es lo mismo. En efecto, no es
lo mismo la financiación ilegal de un partido que el reparto ilegal
de dinero público para premiar a los elegidos por el partido. En
otras palabras, para mantener redes clientelares. Y en la prensa de
izquierdas están ahora convencidos de que el clientelismo no es tan
malo como solían decir.
Muchos se esfuerzan en impartir que no es lo mismo robar que robar,
porque depende de quién lo haga. Sin contar con que la trama de los
ERE, que en El País describían como "un sistema heterodoxo de
agilización de pagos", tenía su sentido social. Y el fin social
justifica que los medios se desvíen por el camino. Pero después de
tantas justificaciones, de tantas adversativas, de tantos no es lo
mismo, lo que se entiende es que la corrupción política, siempre
condenada por todos, siempre encuentra justificación de parte. Y
que, por eso, persistirá.
Gobierno sociópata y previsiones económicas
Luis Riestra. vozpopuli 21 Noviembre 2019
Tras las pasadas votaciones y para alegría de sus redes
clientelares, un grupo de individuos salidos de las listas
electorales, que deberían estar inhabilitados para cargos públicos,
se pusieron sus respectivos disfraces, abandonaron su mega-chalets
y, en un acto de marketing político de libro, firmaron un preacuerdo
de coalición entre el PSOE y 'Podemos & Cía.' en el que, sin
programa, ya se reparten cargos.
Lógicamente, dicho acuerdo ha despertado toda una serie de alarmas
sobre la inviabilidad de España a corto plazo, viejo objetivo de
propios y extraños y que, como cada casi cien años, vuelve a
anunciarse puntual a su cita secular. En ese tránsito obligado, aquí
o en Chile, hay un componente económico de corto plazo que es el que
trataremos hoy, pero antes haremos un breve repaso a la sociopatía
endémica de nuestra clase política, para luego ver qué nos espera en
términos de crecimiento económico en el futuro más próximo, en un
intento de ayudarles a pasar el mal trago que nos viene. Veámoslo.
Generación sociópata
El tema de la generaciónsociópata, la que va de Zapatero a Felipe
González, pasando por Mas, Ibarretxe, Urkullu, Aznar, Chaves y
Griñan, Rajoy, Torra, Varoufakis, López Obrador, etc. ya lo tratamos
(ver enlace anterior), así que solo tomaré una cita, la referida al
comportamiento sociópata:
"También llamado trastorno de personalidad antisocial, que
simplificándolo sería una patología psiquiátrica que suele
detectarse en adolescentes cuyo trastorno les hace evadir las normas
establecidas a las que les imposible adaptarse y respetarlas, y no
porque no las conozcan, simplemente porque, como si de una pulsión
interna se tratara, van y las violan, incluso sabiendo que van a
cometer crímenes gravísimos; casos extremos en política los
encontramos en el nazismo y el comunismo."
Un ejemplo reciente de esto podría ser Evo Morales, quien no
pudiendo presentarse a la reelección, hace un referéndum, lo pierde,
lo incumple, se presenta, hay fraude, se descubre, renuncia y, tras
irse a su casa la guardia presidencial, huye como los conejos
diciendo que le han dado un golpe de estado cuando todo apunta justo
a lo contrario; ya en el exilio, amenaza con una posible guerra
civil. Durante su peripecia cocalera, el monopolio televisivo
español se pone "neutral" y Pablemos, tal vez emocionado por un
tongo muy de la Segunda República, pide que le demos asilo pero
Bablador se adelanta. Conociendo a Iglesias, este despropósito solo
es otro más de una lista que aumentará exponencialmente mientras los
ciudadanos nos llevamos una bofetada tras otra; no olvidemos,
además, que los partidos principales de la coalición de gobierno
recién formada tienen un pasado golpista, ya sea directa o
indirectamente.
Regeneración sociópata
Hay que señalar que en España se ha dado un cambio generacional y,
gracias al sistema proporcional de listas - vivimos en una
dedocracia -, la sociopatía política se ha "regenerado", de ahí que
escribiéramos "Españoles, ZPhavuelto" al analizar a Sánchez. Como
son nuevos en el gobierno central, hay pocos casos para la
comparación a ese nivel (en municipios y autonomías sí, Colau,
Oltra, Junqueras, Armengol, etc.) y, si vamos a la historia en busca
de políticos equivalentes a la Generación X o Nómada, en países con
sistemas electorales muy similares o casi idénticos al nuestro, nos
encontramos con Hitler y Musolini en sus inicios, a líderes de la
Segunda República española o de la, extremadamente disfuncional,
Tercera República francesa tras el tratado de Versalles (Daladier,
Chautemps, etc.). El fracaso de todos esos países vino por una forma
de gobierno (la forma de estado es indiferente) similar a la
nuestra, que les hizo imposible llevar a cabo de forma solvente el
rol de su generación y que vimos en "ElguióndelaGeneraciónPerdida".
Es evidente que por donde lo mires la gestión futura será nefasta y,
como además, "lo público" ya venía cargado de enchufados sociópatas,
hay que ingeniárselas bastante para hacer un diagnóstico económico.
El PIB del INE
Diez días antes de las elecciones se publicó el dato adelantado del
crecimiento del PIB del tercer trimestre, que dicen creció un 2%
anual en términos reales (línea negra siguiente gráfica), dato que
no considero creíble. Verán, normalmente, en una estimación tan
próxima (un mes), el dato de aportación del sector externo (línea
ocre) al crecimiento del PIB es el más fiable, pues viene de
aduanas, mientras que el de la demanda interna (línea verde) no, por
tener más imputaciones. Aparte de eso, ¿alguien se cree que en el
tercer trimestre de 2019 se produjera un rebote de la demanda
interna similar al del cuarto trimestre de 2016, cuando las
expectativas eran otras?
Expectativas de recesión
Hoy, a diferencia de 2016, los consumidores y manufactureros
españoles están esperando una recesión próxima (siguiente gráfica);
es cierto que hay otros sectores, pero es el de manufacturas, al
proveer a todos, clientes foráneos incluidos, de los que mejor
replica el ciclo. Como hemos dicho en tantas ocasiones y le
manifesté hace muchos años a políticos encumbrados del PSOE, uno de
los graves problemas que tenemos en España con la "izquierda" es que
no generan confianza; es como si estuvieran cegados en ese tema.
Para colmo de males, Sánchez repite continuamente las palabras de
Zapatero de que "la Economía debe estar al servicio de la Política",
tema en el que todos estaríamos de acuerdo si el paro estuviera por
debajo del 7%, cosa que no han conseguido en cuarenta años de
inventos y destrozo demográfico, algo que irá a peor, por cierto,
como la inmigración ilegal masiva. Aparte que, ¿a qué política se
refiere, a la de su aliado chavista? Eso por no hablar de la total
desconexión con la realidad ciudadana y de la casta que genera la no
representatividad electoral.
La perspectiva global
Cuando demostré que Sánchez y su gobierno habían acortado el ciclo,
apareció un trol diciendo que yo le echaba la culpa del enfriamiento
global y, la verdad, aparte de mentir - nunca diría semejante
absurdo - ningún lector de esta bitácora digital cae en esa trampa.
En todo caso, lo suyo era alargar el ciclo de forma sana, que se
podía, y acortar la duración e intensidad de la recesión, pero ahora
ya no es posible. Recordemos que, por ejemplo, el número de
suicidios aumenta durante la recesión, ejemplo crudo, sí, pero a ver
si así se entiende que la Economía y la forma de gobierno que la
afecta no son un juego, aparte que ya no admiten más trampas.
Si analizamos el CLI (siguiente gráfica), que es un indicador que
adelanta entre seis y ocho meses los cambios en el ciclo, vemos que,
desde que lo analizamos la última vez, el Reino Unido, que parecía
rebotar, ha vuelto a caerse y que a Estados Unidos, el otro gran
promotor del orden actual que ya muere, le ha ocurrido algo
parecido; lógicamente, eso empeora seriamente las previsiones,
incluida labursátil.
Si observamos Europa, tampoco se espera que las cosas dejen de
empeorar hasta dentro de al menos unos ocho meses, salvo en Francia,
nuestro mejor cliente, que sigue en su tónica zombi y es, de
momento, el gran beneficiado del orden actual; el otro, Alemania,
frena su ritmo de deterioro, aunque las noticias siguen empeorando y
patronal y sindicatos piden actuar, mientras, el BCE filtra que
compraría acciones en caso de recesión (ya lo intentó Japón). En la
siguiente gráfica ampliamos la anterior por si quieren hacerse, con
más detalle, la composición de lugar de esta pre recesión.
Próxima recesión
Visto que los agentes económicos ya la esperan, dadas las
previsiones españolas, las exteriores, el mal gobierno que nos viene
y que no creo que contribuyamos a las malas expectativas, me tocaría
pues hacerles una previsión. Los grandes centros de estudios gastan
millonadas en modelos que fallan bastante pero yo prefiero, en esta
situación, simplemente ver una progresión matemática sencilla de las
inercias del sistema (línea punteada, siguiente gráfica), pero sin
usar el último dato del INE y, según eso, no crecimos al 2% anual en
el tercer trimestre, sino al 1,5%, y la recesión empezaría en el
segundo trimestre del año que viene, drama para el que la
"izquierda" tiene propaganda de sobra. Así lo veo hoy.
Con ese panorama se cae la recaudación fiscal al caer el PIB nominal
por menor crecimiento real y por el agravamiento de la deflación
sistémica, aumentará el desempleo (¿a quién importa?) y sus gastos,
a los que hay que sumar la clientela a nivel de gobierno centrar de
'Podemos y Cía.', subirá la prima de riesgo y el pago de intereses,
se disparará el déficit, la deuda, etc. No será ZP2, pero casi, y lo
conocen.
Un país vendido
No tendría que haber sido así, porque el sector privado, aún con la
losa política encima, ha reaccionado muy bien pero, hasta que no se
cambie la forma de gobierno partitocrática, seguiremos en las mismas
hasta que reviente el orden imperante, que lo hará mal. Después,
Dios dirá, porque los españoles no contamos para nada, salvo para
llevarnos las bofetadas de los inventos de unos sociópatas.
Con un sistema electoral donde seis sujetos deciden quién puede ser
diputado, España es una perita en dulce para personajes como Soros,
para los promotores del islamismo, cuya alianzaconelnacionalismo y
el progresismo es más que evidente, o para los imperiosdepredadores
de Rusia y China en su contiendacontraOccidente y, ante las pruebas,
ya no se puede hablar de conspiranoia. Ante eso, la próxima recesión
casi es lo de menos, pues vamos vendidos y el que no quiera verlo o
es un tonto o es, simplemente, otro sociópata, ¿no creen?
El PSOE blindó en 2016 a los condenados por
los ERE para que no devolvieran los 680 millones robados
Carlos Cuesta okdiario 21 Noviembre 2019
El PSOE, que asegura que el caso de los ERE fue cosa de una cúpula
política ya pasada y superada, torpedeó hace sólo tres años el
proceso judicial para impedir que los futuros condenados tuvieran
que devolver los 680 millones de euros robados. Lo hizo a través del
equipo jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, la todavía
líder del PSOE en esta comunidad autónoma. Este equipo jurídico era
el único habilitado para reclamar civilmente la devolución de los
cientos de millones de euros robados, tal y como ha confirmado ya la
sentencia del caso. Pero es más: ese importe realmente podría ser
superior, porque a lo robado habría que sumar el daño ocasionado, y
esa suma también fue bloqueada por el PSOE durante el proceso.
Todo ocurrió en octubre de 2016. La Fiscalía Anticorrupción había
elevado por aquellas fechas a 741 millones de euros el importe del
fraude de los ERE provocado por los sucesivos Gobiernos andaluces
socialistas entre 2000 y 2010.
El PSOE de la Junta de Andalucía, con pleno consentimiento de
Ferraz, se había personado ya como acusación en el caso. Pero no lo
hizo para favorecer el esclarecimiento de lo ocurrido. Al revés: lo
hizo para reventar el proceso y solicitar el archivo, tal y como ya
ha publicado OKDIARIO.
Pero esa petición de archivo trajo de la mano una segunda
consecuencia: la renuncia a la necesaria reclamación civil del
importe robado. Una cifra que ahora ya se sabe que, cuando menos,
asciende a 680 millones de euros: el volumen económico del fraude
estimado en la vía penal. La acusación de la Junta no era sólo una
acusación más. Era la única que podía reclamar, como afectada
directa, la devolución del dinero robado.
El fiscal José Enrique Egocheaga dejó constancia de esta realidad al
eliminar una parte fundamental de su escrito de acusación, justo la
relativa a las responsabilidades civiles, estimadas en aquel momento
y de forma concreta en 741.596.545 euros que se les exigía a los ex
altos cargos de la Junta acusados de malversación.
El fiscal tuvo que considerar esas exigencias como “no puestas”
debido precisamente a que los equipos jurídicos del PSOE y la Junta
abandonaron el procedimiento al no apreciar delito alguno en la
conducta de sus 22 ex altos cargos y pedir el archivo del caso. Y es
que, al no formular escrito de acusación contra ninguno de ellos, se
autoexpulsaron de la pieza principal de los ERE.
Todo ello, teniendo en cuenta que la Administración andaluza, como
perjudicada directa por el robo de los ERE, era la única que estaba
legitimada para pedir las responsabilidades civiles en este juicio.
El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es rotundo
sobre este aspecto: "La acción civil ha de entablarse conjuntamente
con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso
acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a
su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir
el castigo de los culpables". El ofendido era la Junta. Ahora el
Gobierno de la Junta ha cambiado de manos y es el PP el que ejerce
ese mando. Y, por ello, puede resucitar la acción civi. Pero, lo
cierto es que el PSOE hizo todo lo que pudo por impedir esa
devolución del dinero robado.
El PSOE tapa las vergüenzas de Sánchez:
"Todos están esperando un carguito"
Vicente Gil esdiario 21 Noviembre 2019
Las últimas decisiones del secretario general han provocado mucho
debate interno. Desde la repetición electoral al acuerdo con Podemos
y, ahora, la reacción a la sentencia de los EREs.
Cuando Pedro Sánchez era un donnadie en el PSOE, sus jefes de la
Ejecutiva lo mandaban a las tertulias a defender la honorabilidad de
Manuel Chaves, José Antonio Griñán y cia … dedicándose, de paso, a
desprestigiar a los periodistas y a acusar a El Mundo de mentir.
Hoy, Sánchez tiene a José Luis Ábalos para tan noble tarea.
"Ábalos parece el chico de los recados", dice un compañero de
partido, que destaca, además, los malos modos y malas caras de estos
días con los periodistas. "Fue vergonzosa su aparición tras la
sentencia", señala alguien próximo a la propia Ejecutiva, que
remata: "Decir que esto no tiene nada que ver con el PSOE es,
directamente, insultar a los ciudadanos".
Un experto en comunicación política y de crisis, en el ámbito muy
cercano al propio PSOE, afirma que la reacción del partido ha sido
un error: "Ante un hecho tan claro y escandaloso, lo primero es
elegir el portavoz adecuado al nivel del escándalo y lo siguiente e
inmediato es pedir perdón".
"Si Sánchez hubiera salido personalmente a disculparse ante la
sociedad, se hubiera situado, realmente, en el plano alejado de los
hechos en el que se han querido situar de manera muy torpe". Y añade
que "ha hecho lo mismo que Rajoy con la sentencia de Gürtel".
La sensación es que el gobierno y Ferraz improvisaron la respuesta
aunque parezca mentira, pues estaba prevista desde hace mucho.
"Ábalos tardó cuatro horas en salir … para decir lo que dijo", se
queja una fuente socialista. La fuente se muestra aliviada: "Esta
sentencia antes del 10N y una reacción así nos hubiera hundido más".
Y ve otro elemento positivo en la respuesta "más vergonzosa aún" de
Pablo Iglesias mediante tuit. "Iglesias se ha convertido en cómplice
político nuestro en el caso de los EREs". Adelantaron el pacto de
gobierno -cree- porque ahora, tras la sentencia de los EREs,
Iglesias no podría hacerlo.
El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más
sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no
volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de
defender la justicia social y garantizar la limpieza de las
instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019
Pregunto si estas críticas internas en el PSOE y la sensación de
vergüenza es general. La fuente palpa en el ambiente que sí … "Pero
-matiza- nadie se va a mover … Pedro tiene todo el poder y todos
están esperando un carguito en el Gobierno".
Objetivo: Susana Díaz
Pedro Sánchez tiene a Susana Díaz en el punto de mira desde las
primarias. Se han soportado ante la galería, pero su relación no es
buena. "Ahora van a usar los ERE -afirma categórica una fuente de
Ferraz- para cargársela y desmantelar de una vez ese PSOE andaluz a
la medida de Susana, que es la herencia de Griñán y Chaves. Pedro
quiere un PSOE andaluz a su medida".
Los ojos giran de nuevo a María Jesús Montero, la ministra de
Hacienda. "Es solo una conjetura -señala la citada fuente- pero es
posible que Pedro fuerce un Congreso extraordinario para visibilizar
ante los ciudadanos la renovación y poner ya a María Jesús".
Esta fuente cree que, de paso, el presidente mataría dos pájaros de
un tiro. "La gran Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño es
incompatible -señala- con Montero controlando Hacienda. Quien lleve
Hacienda tiene que estar en el ámbito de Calviño". Si Sánchez
enviara a Montero a Andalucía, la dualidad estaría resuelta.
Carmen Calvo y María Jesús Montero estuvieron también en aquellos
gobiernos de Chaves y Griñán
Las aguas internas bajan agitadas en el PSOE tras el fracaso
electoral del 10N. Ahora hay una prioridad: la investidura y
mantener el poder.
El acuerdo exprés con Podemos acalló el malestar por el fracaso
electoral, pero no ha relajado la tensión interna. Hay fuego cruzado
entre la cúpula monclovita cercana a Sánchez y la del partido en
Ferraz y, a su vez, en cada bando hay apoyos de personas del otro
bando.
"Consulta el archivo -me provoca la fuente-". "Carmen Calvo y María
Jesús Montero estuvieron en aquellos gobiernos de los ERE", señala
con cierta maldad.
Carmen Calvo fue consejera de Cultura con Manuel Chaves hasta 2004.
María Jesús Montero fue consejera de Sanidad, desde 2004, con
Chaves, Zarrías (tras la dimisión de Chaves) y Griñán. La fuente me
rebota una frase literal de la sentencia: "La decisión de dar estas
ayudas (los ERE) no partía de la Consejería de Empleo, sino que era
una decisión del gobierno en su conjunto".
Ahí queda eso.
Arte de comprar votos
Gabriel Albiac ABC 21 Noviembre 2019
El milagro fue que la inercia se rompiera. Y que, hace un año, el
régimen que González y Guerra blindaron en torno a su PSOE andaluz
periclitara. Parecía estar llamado a ser eterno. El principio sobre
el cual se asentaba era sencillo. E infalible. Nadie precia la
política por encima de la supervivencia. La libertad del voto exige,
como asiento, el sosiego de un estómago satisfecho y una holgura
familiar básica. Votar honestamente es un lujo que no todos pueden
permitirse.
Allá en la prehistoria -o sea, hace un siglo- el trueque era
sencillo: un duro del cacique se traducía en una papeleta del pobre
diablo al cual la monedilla sacaba por unos días del desespero. El
cacique capitalizaba sus duros en diputados. Y el votante comía.
Simple, inequívoco, delictivo. Y tolerado. A partir de 1978, ese
trueque resultaba anacrónico. Nadie era tan ingenuo como para creer
en la limpieza electoral en zonas deprimidas. Pero había que
modernizar el mercadeo. El PSOE hizo en Andalucía un hallazgo
llamado a trastrocar el voto. Y a suprimir sus riesgos aleatorios.
La clave estaba en sustituir el degradante pago en efectivo por una
renta fija y automática. Que fuera abonada por el dinero público,
pero que percibiera su beneficiario como el benévolo -y arbitrario-
don de un partido. Su ventaja era doble: 1) el sello institucional,
que le venía de su condición pública, borraba su original mancha
degradante; 2) merced a esa prestación «de Estado», el partido se
compraba al votante sin tener que gastarse un solo euro.
La cosa mejoró mucho, una vez que fueron incorporadas las gruesas
cifra en que se materializaban las buenas intenciones europeas. Las
buenas intenciones acaban siempre por corromperlo todo: es un
axioma. Y los inmensos fondos de compensación, que la UE ponía a
disposición de los gobiernos del sur para homogeneizar sus zonas
deprimidas, mostraron una utilidad inimaginada. Con esa riada de
dinero se podía, no sólo pagar los votos comprados en Andalucía,
sino además extraer una plusvalía con la cual incrementar
exponencialmente la caja del partido. Corromper al votante, ya no
sólo era gratis; era beneficioso. Los mediadores, naturalmente, se
llevaban su parte. Ya fueran dirigentes sindicales, ya hijas de
presidente autónomo…: fortunas asombrosas brotaron de la nada. Fue
la única rentabilidad de aquella prolija variedad de subvenciones. Y
así se pudrió Andalucía. No será fácil que un día llegue a
recuperarse.
Del PER a los ERE, la máquina del nuevo caciquismo funcionaba, en
tanto, como un reloj suizo. Garantizaba, por supuesto, la
perpetuidad del régimen andaluz. Aseguraba también una tasa de
voto-escaño que hacía casi imposible no ganar las elecciones
generales. Y trasladaba al Gobierno de la nación la vergüenza de los
gobiernos de Sevilla: la de una corrupción cuyas cifras no admiten
comparación con ningunas otras; ni siquiera con las de la banda de
Pujol en Cataluña. Cuando González, hace cuatro décadas, hablaba de
un proyecto socialista de cincuenta años para España, no estaba
fantaseando. Hablaba de la bolsa de voto comprado en Andalucía.
Salió a medias.
Lo deprimente es que, de esa pasividad ante el saqueo, al ciudadano
español lo despierta sólo el pavor: Que el PSOE robase masivamente
no redujo nunca unas cuotas de voto que hicieron agua nada más que
ante la inminencia de la ruina. Pero, salvados bache y susto, los
votantes retornaban al compadreo con los mismos simpáticos ladrones.
Algo en nuestras cabezas anda muy, muy enfermo.
Pedro Sánchez, un dirigente opaco al que
hay que obligar a dar explicaciones
EDITORIAL ESdiario 21 Noviembre 2019
Es indignante que el líder del PSOE se crea con derecho a no
comparecer para asumir responsabilidades por los EREs, repitiendo lo
que ya ha hecho con su tesis o sus viajes.
Resulta indignante que el secretario general del PSOE no haya
comparecido aún para dar explicaciones de la sentencia por
corrupción más grave de la historia, la que afecta de lleno a su
partido por los EREs de Andalucía.
Que lejos de ser un tema del pasado, lo es del presente y lo será en
el futuro si su líder no asume responsabilidades y pide disculpas.
Porque el fallo, más allá de las consecuencias penales para los
afectados, viene a confirmar que durante muchos lustros los
socialistas acudieron a las urnas dopados por el voto cautivo
logrado con dinero público.
Y no solo en Andalucía, pues ese sistema fue decisivo para que los
socialistas de su principal federación aportaran uno de cada cinco
votos totales del PSOE en toda España. ¿Cómo no va a tener que dar
explicaciones un dirigente que encabeza esas siglas y que, a más
inri, inició su carrera política gracias precisamente a los líderes
de aquella Comunidad?
Por Andalucía ganó a Madina
Porque conviene recordar que Sánchez se estrenó como secretario
general por el apoyo de Susana Díaz, que le cedió todos sus apoyos y
avales para ganar a Eduardo Madina en las Primarias convocadas tras
el adiós de Rubalcaba. Y que sin ese respaldo, simplemente nunca
hubiera ganado ni iniciado una carrera que ahora le ha llevado a La
Moncloa.
La falta de comparecencia es sangrante siempre, pero especialmente
en un líder que, en el pasado reciente, construyó parte de su
discurso en la crítica a su entonces adversario, Mariano Rajoy, por
su supuesta negativa a dar explicaciones o su aparente tendencia a
hacerlo "por plasma".
Es el mismo comportamiento que Sánchez tiene en el ámbito de la
transparencia y de la ética en general, que le llevó a considerar el
plagio motivo de dimisión, como expresó en el debate de su moción de
censura, para luego tapar el suyo propio con la tesis sirviéndose de
herramientas oficiales para fabricarse una coartada.
La Moncloa mintió para tapar el plagio de la tesis Pedro Sánchez
Entre lo que dice antes de llegar al poder y lo que hace cuando
consigue ese objetivo, Sánchez siempre muestra un antagonismo
impúdico, agravado por la situación de interinidad de las
instituciones, que le libran además de someterse al control de
Congreso o el Senado y le facilitan prolongar su escandalosa
opacidad.
Pero hacerlo con algo tan grave como los EREs, que han condenado a
dos presidentes nacionales del PSOE y puesto en cuarentena la
higiene de su participación en sucesivas elecciones durante años, es
demasiado. Y que se lo permita cuando ni tiene garantizada la
investidura y aún así insista en exigir el apoyo de todos, termina
de retratarle como lo que es: un líder cesarista y sin palabra,
impropio de una democracia que se debilita por estas faltas de
respeto a los ciudadanos.
Cuaternario
El verdadero poder no consiste en dirigir un Gobierno sino en
decretar lo que importa y lo que no: los ERE, por ejemplo
Ignacio Camacho ABC 21 Noviembre 2019
Dentro de un par de días, a lo sumo, no quedará una sola referencia
a los ERE en la agenda de la práctica totalidad de las televisiones
y de la mayoría de los periódicos. «Darle cajonazo» lo llaman en
Cádiz. Los partidos de la derecha serán incapaces de encontrar el
modo de mantener el escándalo en el debate político, y el Gobierno
aventará detalles de la negociación con Podemos o cualquier otro
asunto -si puede ser algún coletazo de la corrupción del PP, mejor-
que le eche tierra a la sentencia. Tema zanjado. Pablo Iglesias está
amordazado con la negociación de sus carteras mientras sus huestes
de Twitter se ocupan del trabajo sucio de establecer presuntas
diferencias éticas entre la trama Gürtel y las «irregularidades» de
la izquierda. La vieja guardia del PSOE, esa agrupación de
Senectudes Socialistas con la que solía bromear Rubalcaba, no se
atreve a levantar la voz ni la cabeza porque Chaves y Griñán
formaban parte relevante de ella. Y Susana Díaz tiene bastante tarea
con evitar las secuelas de la condena. Sánchez no necesita dignarse
a comentarla: todo lo que ocurrió antes de su providencial epifanía
pertenece al Cuaternario, a la era de las cavernas. Si hasta su
propia tesis le parece ajena, si sus objeciones a la coalición, que
son de ayer por la mañana, han quedado obsoletas, cómo se va a
sentir concernido por minucias de otra época. Las cuitas judiciales
de «antiguos responsables» del «antiguo partido» son bagatelas que
no van distraer la atención del César. Los fontaneros de La Moncloa
se ocuparán de que la orquesta de cámara mediática toque la
partitura que mejor convenga. Como se ocupó la Audiencia sevillana
de que el veredicto no interfiriese una campaña que podía haber
discurrido de otra manera.
Todo esto del doble rasero, de la asimetría moral, no se relaciona
sólo con el pensamiento hemipléjico, sino con un concepto del poder
como desempeño integral, heterogéneo, que debe ejercerse con el
máximo celo. Una interpretación totalizadora -que tiene la misma
raíz que totalitaria- de los principios maquiavélicos. El poder no
consiste sólo en dirigir un Gobierno; se trata de mover a la vez
todos los complejos mecanismos de influencia que rigen en el mundo
moderno. La propaganda, la educación, la jerarquía de valores y
modelos, la hegemonía cultural... los poderes blandos y los duros
alternados con determinación y sin miramientos. El poder como un
despliegue de control a tiempo completo sobre un mapa social
híbrido, poliédrico.
Es así como se construye la posición de supremacía que permite
establecer lo que importa y lo que no, definir el lado correcto de
la vida, prescribir doctrina, alinear -y alienar- en sintonía el
pulso de la sociedad con el de la dirigencia política. Marcar el
compás del mainstream y, si es necesario, hasta los tiempos de la
Justicia. A ese respecto, la derecha sí que está en el Cuaternario
todavía.
¿Cómo justificará Iglesias gobernar con los
corruptos del PSOE?
Don Pablo Iglesias, el del abrazo de oso al culminar el trato con
Sánchez ha conseguido, en definitiva, aquello que ya daba por
perdido
Miguel Massanet diariosigloxxi 21 Noviembre 2019
Otra vez, cuando parecía que lo tenían todo controlado, cuando la
entente PSOE-Podemos parecía que iba a ser suficiente para que el
resto de los partidos de izquierdas, por fin, se decidieran a apoyar
la investidura del señor Pedro Sánchez, surge un elemento
distorsionador que, si bien no creemos que vaya a significar una
vuelta atrás del acuerdo, sí se lo pone más difícil, aunque él
intenta no aparentarlo, que el señor Pablo Iglesias va a verse
obligado a hacer juegos malabares para explicar a los votantes de su
partido el hecho difícil de aceptar, de que después de haberse
constituido en el adalid en contra de la corrupción de la derecha,
sus andanadas en contra de aquellos que fueron juzgados por
corrupción y sus continuadas afirmaciones de que ellos defendían,
contra viento y marea, la necesidad de una “regeneración de la
política” que excluyera de cualquier gobierno todos aquellos que, de
una manera u otra, hubieran cometido actos en beneficio propio o de
sus partidos, beneficiándose de los caudales públicos.
Lo que más les perjudica de este affaire de la publicación de la
sentencia sobre el tema de los EREs contaminados, que afecta a los
miembros procesados, antiguos componentes de la Junta de Andalucía;
no es tanto el hecho evidente de que grandes personalidades del
partido socialista hayan sido condenados por corrupción y
malversación de caudales públicos, sino que esta sentencia y todas
las que la van a suceder en el centenar y medio de piezas separadas
pendientes de ser juzgadas en los respectivos tribunales, significa
un antes y un después respecto a una de las mejores bazas que
exhibía continuamente el ejecutivo del señor Sánchez y,
naturalmente, también él mismo, como un medio efectivo para
desacreditar al PP, un argumento que ha estado perjudicando
gravemente a los populares en las consultas de los últimos años y
que daba la sensación de que, lo mismo que la calificación de
“franquistas” a los políticos de derechas, constituida una de las
armas más letales para impedir la recuperación del PP, después del
gran desastre de la defenestración del señor Rajoy.
Podríamos decir que se les ha acabado la pólvora para estos fuegos
artificiales y ahora no podrán señalar al PP por sus casos de
corrupción sin que se les replique, desde la oposición del PP, con
la misma moneda y con la particularidad de que el caso Gürtel, en
cuanto a su significación económica, queda empequeñecido por los 680
millones de euros (en pesetas resulta más impactante, ya que el
montante defraudado por los socialistas en Andalucía, se eleva a la
escalofriante cifra de 113.000 millones de las antiguas pesetas).
¿Cómo estas señoras ministras que, con tanto ahínco, tanta
disposición y tanto interés se han esmerado en recordar, en cada
ocasión que se les ha presentado, que el PP era un partido corrupto,
en el que los españoles no podían confiar y que, el único partido
preparado para gobernar sin mácula de corrupción era, sin duda, el
PSOE. Sí señores, no lo olviden, unas siglas que hablan de un
Partido, Socialista Obrero Español. ¿Obrero o más bien, unos
sinvergüenzas que se han lucrado robando a los obreros en paro
aquellas ayudas que les llegaban desde el Estado español que,
evidentemente, procedían de los impuestos que todos los españoles
pagamos, tanto si nos gusta como si no, para que luego vayan a parar
a manos de aquellos aprovechados, sindicalistas y funcionarios, que
se los han gastado en francachelas y drogas?. Y, señores, aquí nadie
ha mencionado la intención de dimitir.
Y ¿qué va a pasar con estos señores de Podemos, constituidos por
autoproclamación, en los defensores de la transparencia de las
cuentas del Estado y de las autonomías, paladines de la clase obrera
a la que dicen que se deben ( el chalé de Galapagar, del señor
Iglesias, no es más que la excepción que confirma la regla) y
censores implacables de lo que hacen los ricos como demostraron
cuando, el señor Amancio Ortega, destinó una parte importante de su
patrimonio para que una serie de hospitales españoles pudieran
dotarse de un importante número de aparatos e innovaciones técnicas
para la práctica médica de los que adolecían. Los de Podemos
protestaron, pidieron que el donativo se rechazara y pusieron al
donante de vuelta y media porque, por lo visto, les parece mal que
los ricos tengan gestos que les honran y que ellos mismos no tienen
aunque, eso sí, critican a los que tienen una vida asegurada, sólo
porque lo han conseguido trabajando y todos sabemos que, a estos
comunistas, sólo hay una palabra a la que le tienen miedo cerval: el
trabajo.
Don Pablo Iglesias, el del abrazo de oso al culminar el trato con
Sánchez ha conseguido, en definitiva, aquello que ya daba por
perdido: que es formar parte de un gobierno español y, por ende,
tener en sus manos ministerios relacionados directamente con el
trabajo. ¡Prepárense los empresarios, tiemblen los banqueros,
cierren las persianas los comerciantes y pongan pies en polvorosa
las multinacionales, porque se van a enterar, si siguen en España,
de lo que vale un peine, con ministros de Trabajo del partido de
Pablo Iglesias! Los ingleses ya nos han advertido de que las
inversiones inglesas seguramente se van a reducir sustancialmente si
se confirma lo que ya parece un hecho cierto: un gobierno entre
socialistas y comunistas. Desde Bruselas los comisarios ya han
advertido, por enésima vez, al actual gobierno en funciones español
que no ven, en absoluto, posible que con los presupuestos congelados
y en la situación en la que se encuentra ( y peor se va a encontrar
si se confirma las predicciones que los economistas van dando a
conocer) el país, sea posible el preocupante incremento del gasto
público que nos anuncian los vencedores de los comicios y ya han
advertido que, todo lo que se pueda ahorrar se deberá dedicar a
rebajar la impresionante deuda pública ( 1’2 billones de euros) y,
por otra parte, exigen que se tomen medidas para controlar lo que ya
parece incontrolable, el déficit público de España y de sus
autonomías.
De momento, para esquivar las primeras andanadas que les han venido
desde los medios de comunicación, ni el señor Sánchez ni el señor
Iglesias han hecho otra cosa que esquivar las contestaciones, mirar
hacia otro lado o, como ha hecho un impresentable y caradura señor
Ábalos, contestar pretendiendo establecer distancias entre la
corrupción que se ha conocido en Andalucía y la del Gurtel como si,
una y otra, no fueran igualmente deleznables. En todo caso vamos a
prepararnos a escuchar los más sorprendentes, alambicados,
desconcertantes y absurdos intentos de encontrar justificación para
el caso de los ERE falsos de Andalucía que, de alguna manera,
intenten quitarles importancia respeto a lo que los del PP han
tenido que sufrir gracias a la obsesión de los socialistas para
librarse de la derecha española. ¡Claro, si hay que robar, mejor es
librarse de cualquier competencia!
Pero sigue en pie la pregunta que los ciudadanos nos hacemos: ¿Va el
señor Pablo Iglesias y su partido, Unidas Podemos, seguir
insistiendo en gobernar junto a un partido donde se ha demostrado
que, la honradez de la que presumían, de la noche a la mañana,
gracias a la sentencia de un tribunal, ha quedado convertida en agua
de borrajas y, aquellos que presumían de que, bajo su gobierno,
España sería un oasis de justicia, paz, igualdad, honradez y
transparencia, en estos momentos continúan con la boca abierta,
incapaces de tragarse el marrón que la Justicia les ha regalado para
que sepan que, tampoco ellos, van a quedar inmunes si piensan que
van a seguir con las dos morales, a saber: aquella que justifica
cualquier acción, por repelente que sea, que provenga de las
izquierdas y, aquella otra, que se les aplicaría a los de las
derechas en la que, cualquier acto que llevaran a cabo para oponerse
a los intentos de implantar el totalitarismo de la izquierda,
debería considerarse como un delito merecedor del castigo de los
tribunales.
Es obvio que estamos ante la peor de las situaciones a las que deba
enfrentarse una nación. Por una parte, tenemos la amenaza de que se
forme un gobierno dirigido por socialistas y comunistas dispuesto,
si se les deja, a perpetuarse en el poder y a implantar un régimen
dictatorial, en el que los pretendidos derechos individuales de la
población van a quedar supeditados al capricho de los gobernantes
empeñados en aplicar, en España, los mismos métodos de represión que
ya se han venido ensayando en Venezuela, Bolivia o Nicaragua con
resultados que, a la vista están, y que sólo han conseguido empeorar
ostensiblemente la vida de sus ciudadanos que se han visto sujetos a
regímenes totalitarios que los han conducido a una situación mucho
peor de la que tenían cuando eran gobernados por sus anteriores
dirigentes.
Desde otro punto de vista, parece que todo lo que han sido capaces
de hacer para solucionar el tema del separatismo de Cataluña, ha
sido volver a lo que ya fracasó en todas y cada una de las ocasiones
en las que, tanto la derecha como la izquierda han intentado
solucionarlo mediante concesiones crematísticas. Se ha vuelto a lo
que se conoce como las reuniones de Pedralbes, entre el gobierno del
Estado español y el de Cataluña, aparentemente de igual a igual, en
las que se nos hurta a los españoles cuales son las ofertas que
tiene que hacer el gobierno en funciones de Sánchez, representado
por la señora Calvo y la señora Lastra. Al parecer, estas reuniones
que ya datan del mes de diciembre del año pasado, estuvieron
interrumpidas y ahora han vuelto a resurgir a causa de la necesidad
que tiene el señor Pedro Sánchez de conseguir el apoyo de los
separatistas catalanes, para ser investido. De momento el único
partido que parece dispuesto a presentar batalla parece ser VOX, lo
que puede darnos la medida de quienes van a luchar por España y
quienes se van a dejar llevar por las voces de sirena de la
izquierda, que tantas veces nos han llevado al desastre total.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no
nos queda otra que aceptar que, en España, sea por ignorancia, sea
por fanatismo, por rencor o por envidia, hay una parte importante de
los que van a votar que se dejan arrastrar por las promesas, siempre
incumplidas, de aquellos políticos que han sido capaces de
convencerles de que, con un mínimo de esfuerzo y cobrando subsidios,
el país puede seguir adelante. Y no olvidemos aquella frase de
Thomas Fuller: “Es una locura para las ovejas hablar de paz con el
lobo”
Caso ERE, quedan muchos más
Editorial ABC 21 Noviembre 2019
Por más que se empeñen los dirigentes del PSOE y sus activistas de
la manipulación en presentar la sentencia de los ERE como un asunto
ajeno y menos grave que el de la Gürtel, la condena impuesta a sus
dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros
altos cargos y destacados personajes socialistas, es una
descalificación en toda regla del propio partido. Además, llueve
sobre mojado, porque el historial del PSOE desde que llegó al poder
en 1982 acumula casos tan inhabilitantes como la trama de Filesa o
la guerra sucia contra ETA. Deberían preocuparse por esta tendencia
a la ilegalidad. Ahora les llega el desfalco de 680 millones que los
apologistas de la mentira quieren hacer pasar como un masivo acto de
beneficencia con los jubilados de Andalucía. Flaco favor a los
verdaderos necesitados de esta comunidad autónoma, que, además de
seguir siéndolo después de décadas de régimen socialista corrupto,
sufren el escarnio de convertirse en la coartada de unos
delincuentes. Se consuelan los dirigentes del PSOE con el argumento
de que en la Gürtel hubo financiación ilegal y blanqueo de
capitales, y en el caso de los ERE, no. La sombra del juez De Prada
es alargada, pero no tanto, porque es falso que al PP se le
atribuyan esos delitos y porque al PSOE no le hizo falta financiarse
ilegalmente, ni blanquear capitales. No le hizo falta porque
absorbió a la Junta de Andalucía para financiar la red de poder y
favores que le mantuvo en el poder. Blanqueó su desfalco con votos y
servidumbres.
En todo caso, los socialistas, empezando por el ingenioso José Luis
Ábalos, deben administrar sus esfuerzos ante la opinión pública,
porque tienen aún mucho trabajo por delante. Quedan decenas de
causas penales por ser juzgadas. El caso ERE es una red de juicios
tan tupida como la red de corruptos que generó el PSOE desde el
poder autonómico. Y ahí se verán los enriquecimientos personales que
ahora niegan -como si el lucro de un político fuera sólo económico-,
porque están procesados altos cargos socialistas, parientes,
exediles y falsos jubilados por meter la mano en la caja del dinero
público. Y saldrán paraísos fiscales, comisionistas que se llevaron
dinero al extranjero y alguna donación de inmuebles al PSOE, en
agradecimiento a tanta justicia social de la izquierda. Tenía
motivos la Junta de Andalucía para encubrirse cuando torpedeaba la
investigación de la juez Mercedes Alaya, hasta el extremo de que
esta tuvo que pedir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el
acceso a las actas que el Gobierno andaluz le negaba. Queda mucho
ERE por juzgar, salvo lo que ha ido prescribiendo paulatinamente
gracias a la inacción consciente de la juez Núñez Bolaños,
investigada por el Consejo General del Poder Judicial tras una
denuncia de la Fiscalía. Para trama corrupta, de verdad, a escala
industrial, la del socialismo andaluz.
Los ideólogos de la corrupción clientelar
Javier Caraballo elconfidencial 21 Noviembre 2019
Quisieron echarle la culpa al apuntador, que pasaba por allí, pero
esta vez no les ha salido bien. Querían lavarse las manos, alejarse
de toda responsabilidad por el vergonzoso fraude de los ERE, pero
una sentencia demoledora se les ha echado encima, como un alud.
Manuel Chaves, sobre todo, y una veintena de altos cargos que fueron
sus subordinados durante 10 años están ya fijados para siempre en la
cúpula de la pirámide de responsabilidades penales que dibujó en su
día la jueza Mercedes Alaya.
Ni Chaves ni José Antonio Griñán, los dos expresidentes de la Junta
de Andalucía que han sido condenados, se llevaron ni un solo céntimo
de la trama de los ERE, pero diseñaron y pusieron en práctica un
sistema de subvenciones para mantener nutrida la red clientelar del
socialismo andaluz y para llevar la paz social allí donde más
convenía a los intereses políticos del PSOE de Andalucía.
No se llevaron ni un céntimo, pero son responsables de que otros se
lo hayan llevado o, simplemente, de que ese dinero se haya
despilfarrado. Si había ratas en el sótano, la culpa es de quien
construyó el sótano. Esa es la novedad de esta sentencia con
respecto a otros casos de corrupción en que los principales
responsables políticos, la cúpula de otras pirámides de la
corrupción, se difuminan en la nube certera de la falta de pruebas
ante un tribunal.
Otras veces se ha apuntado aquí que la soberbia, la prepotencia, la
falsa sensación de impunidad de la que se imbuye un dirigente
político constituyen siempre el principio del fin de su trayectoria.
Porque comete errores que la prudencia, el temor a la ley o la
simple cautela le hubieran desaconsejado.
Eso es lo que llevó a Chaves a inscribir su nombre, como presidente
de la Junta de Andalucía, en la planificación y ejecución de un
doble engaño, prolongado en el tiempo, que tenía como único objetivo
camuflar el sistema creado para poder conceder subvenciones
millonarias a pleno antojo. No solo se burló la legalidad sino que
se ocultó con artimañas presupuestarias.
Vayamos a un resumen, con entrecomillados de la sentencia, que puede
aclararnos en qué ha consistido este fraude: lo que hizo la Junta de
Andalucía fue crear un sistema de transferencias presupuestarias que
le permitía repartir cientos de millones de euros sin “los
procedimientos legalmente establecidos (…) lo que favoreció un
descontrol absoluto”. En el centro de ese sistema, situó al director
general de Empleo, que pasó de no tener competencias legales para
conceder subvenciones a disponer de un poder absoluto para otorgar
todas las que quisiera sin tener que justificar ni documentar nada,
“puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos
modos, gracias al previo traspaso de los fondos”.
Tanto es así, que en los 10 años que duró el fraude, “no fue
fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas
sociolaborales y ayudas a empresas”. Ni un solo céntimo de un total
de 680 millones de euros. ¿Y cómo escondió el Gobierno andaluz todo
ese fraude? Lo que hizo fue utilizar un procedimiento legal, lo que
se conoce como ‘transferencias de financiación’, para encauzar todo
el dinero que pensaba repartir, pero sin que nadie pudiera seguirle
el rastro.
Pensemos —como imagen gráfica— en los botes de dinero que succionan
los tubos de los supermercados; pues la Junta de Andalucía ideó una
técnica presupuestaria equivalente que enviaba los fondos hasta el
despacho del director general de Empleo. El único problema estaba en
que “las transferencias de financiación siempre han tenido, y en la
actualidad siguen teniendo, la misma finalidad”, que es cubrir las
pérdidas de empresas o entidades públicas, y el dinero que llegaba
al ente público desde el que se pagarían las subvenciones (primero
el IFA, luego IDEA) salía tal como entraba, pero no generaba gasto
interno alguno, es decir, “no originaba en aquella ningún gasto, y,
en consecuencia, ninguna pérdida”, con lo que “era aritméticamente
necesario hacer figurar en IFA-IDEA gastos ficticios que originaran
pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de
esta. Por ello, año tras año, se introdujeron en el presupuesto de
IFA-IDEA gastos ficticios que nunca se iban a producir”. En resumen,
una trampa, una ilegalidad, que se camufló con una mentira: ese es
el fraude de los ERE.
Cuando los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, y todos en el
PSOE andaluz, se vieron sorprendidos, lo que intentaron fue, como
sucede en otros casos de corrupción, buscar un ‘chivo expiatorio’,
alguien que cargase con todas las culpas. Lo del director general de
Empleo, Javier Guerrero, estaba muy claro, sobre todo cuando se
conocieron sus escándalos de champán y cocaína pagados con dinero de
los ERE.
Guerrero encarnaba fielmente el perfil de uno de los “tres o cuatro
golfos” a que el aparato socialista andaluz ha querido reducir
siempre el escándalo. Pero hacía falta más: las otras dos víctimas
elegidas eran los técnicos; si se produjo el fraude ante las narices
del Gobierno andaluz fue, fundamentalmente, porque el interventor no
lo avisó convenientemente.
Tan chusco como eso, porque el interventor general sí que lo había
advertido, hasta en 15 ocasiones, pero lo culparon de no haberlo
hecho con la suficiente contundencia. Sucedió así, aunque parezca
broma; fue, de hecho, la conclusión a la que llegó el PSOE en una
comisión parlamentaria de ‘investigación’, ya con Susana Díaz de
consejera de Presidencia.
La clave fundamental para entender la contundencia de esta sentencia
sobre los ERE radica, precisamente, en el hecho de que los dos
únicos absueltos hayan sido los técnicos, ningún político. Solo el
interventor general y el jefe del gabinete jurídico de la Junta de
Andalucía han convencido al tribunal de la Audiencia Provincial de
Sevilla de que no participaron ni en el diseño ni en la ejecución de
la trama de los ERE. Ni sus opiniones eran vinculantes ni
participaban con voto en las reuniones. Y eso, según la sentencia,
los exculpa.
Lo contrario que el resto de condenados, empezando por Chaves, por
la lógica aplastante, palmaria, de que “cualquier variación en el
sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a
más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su
superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de
Andalucía”. Si esta era la ‘pieza política’ de los ERE, la sentencia
hace honor a su nombre. Querían lavarse las manos y su efigie ha
quedado grabada en el vértice de la pirámide.
El Gobierno que merecemos
José Manuel Sánchez Fornet okdiario 21 Noviembre 2019
Seguro que hay explicación para el cambio de opinión del presidente
en funciones, que ha pasado de decir que ni él ni el 95% de los
españoles dormirían tranquilos con miembros de Podemos en el
Gobierno, a abrazar y conceder una vicepresidencia 36 horas después
de acabadas las elecciones. Habiendo bajado PSOE y Podemos casi un
millón y medio de votos y 10 diputados, parece evidente la razón de
las prisas y el hipócrita abrazo.
Los hechos hacen pensar que estamos ante un movimiento político de
defensa de sus cargos, de apego y ambición de poder ajenos al
interés de la ciudadanía y la nación. Nada más cerrarse las urnas el
PP dijo que podrían estudiar apoyar a un socialista absteniéndose,
pero que Pedro Sánchez tendría que irse. Tal vez impedir que esa
estrategia pudiera tomar cuerpo en el PSOE obligó al presidente a
defender su poltrona abrazando al líder podemita, despreciado hasta
horas antes, contando para ello con la ambición del personaje cuyo
único objetivo político es ostentar poder. El Gobierno de España
puede estar en manos de dos personas condicionadas por sus egos,
ambición y carencia de escrúpulos, quienes por no tener votos
suficientes necesitan para consolidar el Gobierno el apoyo de
independentistas y nacionalistas, siempre empeñados en que las cosas
vayan conforme interesan a su objetivo final: romper el Estado y la
nación.
Pedro Sánchez subordina cualquier interés a su ambición de poder.
Pablo Iglesias, si consigue ser vicepresidente y arrastra a su
pareja como ministra, habrá conseguido lo que prometió a los socios
de su negocio particular, el partido Podemos: asaltar el cielo.
Porque ya tienen dinero, un casoplón de ricos, escoltas y solo le
faltaba el ejercicio material del poder. El asunto es saber qué
precio va a pagar la ciudadanía y España como nación, en conflictos
sociales, pobreza, debilitamiento de la ya por sí frágil democracia,
e inestabilidad del Estado. Iglesias siempre ha hecho lo contrario
de lo que decía. No cabe esperar que lo que dice ahora que pretende
desde el Gobierno sea, por fin, la verdad.
Estamos en una situación difícil como nación y como sociedad porque
nos lo merecemos. Por haber permitido a políticos sucios de
corrupción, del PP y del PSOE, seguir en la vida pública ocupando
cargos sin reprobarlo en las urnas. Por tolerar una izquierda
entregada con armas y bagajes al nuevo comunismo, el populismo
rebosante de odio de Podemos, que defiende privilegios de derechos
políticos de unos españoles sobre otros. Pretende que unos pocos
(catalanes y vascos) decidan por todos el futuro de un Estado nación
con 500 años de historia. Pretende robarnos a millones de españoles
nuestra soberanía para decidir sobre nuestra nación. Por permitir
que personajes como Sánchez, que habría sido expulsado del cargo en
cualquier democracia occidental tras su cambio de opinión sin
explicar, siga ejerciendo el poder con un cinismo que produce
escalofríos por la evidencia de que actúa por exclusivo interés
personal.
Tenemos la expectativa del Gobierno que merecemos. Tenemos un
fanático nacionalismo lleno de odio contra España que dirige el
Estado en Cataluña, y un previsible Gobierno que necesita aliarse
con ellos para mantenerse en el poder. Tenemos un agujero negro en
el centro liberal, en la socialdemocracia, con un PP mirando a la
derecha y un socialismo entregado al populismo del comunismo
estalinista radical. Un agujero en el centro izquierda que se antoja
imprescindible de cubrir para equilibrar el mapa político y volver
al sentido común en la defensa de los españoles, la ciudadanía, y la
nación. ¿Podrán ocuparlo Arrimadas y Ciudadanos?
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Y los casos Pujol y 3% ¿para cuándo?
Pablo Planas Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Pasan los años, se juzgan los casos, condenan hasta a los
socialistas andaluces y ahí siguen los nacionalistas catalanes,
trincando y diciendo que España les roba.
El caso de los ERE del PSOE pone de relieve algunas de las carencias
y no pocas de las debilidades de la Justicia en España. El citado
partido es tan poderoso que ha conseguido, por ejemplo, que no se
hiciera pública la sentencia antes de la última campaña electoral.
También logró cercenar el crédito y mancillar el nombre de la juez
instructora, Mercedes Alaya, amedrentar y silenciar a decenas de
testigos, demorar el proceso, obstaculizar las diligencias,
dispersar responsabilidades, tender trampas y embarrar el
procedimiento con un celo y una eficacia similares a los que
mostraban sus prebostes repartiendo la pana y llevándoselo crudo.
Puede que solo la caída del régimen que los socialistas habían
implantado en Andalucía explique que casi un año después de esa
pérdida del poder haya una sentencia sobre el caso ERE, blanda,
tibia y decepcionante, pero condenatoria al cabo. Menos es nada y
quien no se conforma es porque no quiere, porque todavía hay en
España casos de corrupción puede que tan grandes o aún mayores que
la malversación de casi setecientos millones de euros que siguen en
el limbo judicial.
Sin ir más lejos, la familia Pujol sigue con sus vidas y sus
negocios tras haber confesado el patriarca en julio de 2014 una
mínima parte de sus fechorías. La corrupción nacionalista tiene aún
mayor bula que la socialista, y no digamos ya que la afecta al PP.
Las investigaciones sobre los negocios, chanchullos y apaños del
clan Pujol no acaban de cuajar en una vista oral a pesar de los
apabullantes indicios, demoledores testimonios y consistentes
pruebas publicadas hasta la fecha.
También prosiguen las pesquisas judiciales sobre el sistema de cobro
de comisiones conocido como el 3%, estimación sensiblemente a la
baja del choriceo convergente que consistía y puede que siga
consistiendo en adjudicar obras y contratos a cambio de comisiones
para el partido y sus dirigentes. Como en el denominado caso Pujol,
el asunto trascendió a principios de la década y aún se sigue
investigando.
Cabe tener en cuenta que la reacción de los nacionalistas ante estos
casos fue inventarse el denominado Procés separatista, artefacto
ideado para escapar de la Justicia al tiempo que les permite
esgrimir la coartada de que la Justicia les investiga por razones
ideológicas. Como las ideas simples, funciona, y cientos de miles de
catalanes que hace años estaban horrorizados con las andanzas de
Pujol y su prole hoy se han olvidado o creen que el padre del
proceso y sus hijos son injustamente perseguidos. Pero es que ni
siquiera son perseguidos. Pasan los años, se juzgan los casos,
condenan hasta a los socialistas andaluces y ahí siguen los
nacionalistas catalanes, trincando y diciendo que España les roba,
sin vergüenza ni complejos.
Sánchez también dará el control judicial a
los independentistas
OKDIARIO 21 Noviembre 2019
Sánchez está dispuesto a abrir una brecha en el Poder Judicial para
satisfacer las demandas de los separatistas, que pretenden hacerse
un hueco en el órgano de gobierno de los jueces para, desde dentro,
coartar la unidad en torno a la defensa del Estado de Derecho y el
marco constitucional. Los separatistas y el PNV tendrían una plaza
reservada después de que el PSOE de Pedro Sánchez, que ya ha
prometido a Podemos un asiento, respalde la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para que la cesión sea efectiva.
De esta manera, independentistas catalanes y nacionalistas vascos
influirán en el comportamiento, gobierno, nombramientos y ascensos
dentro de la Justicia.
En el caso de ERC, Sánchez sabe que su intención es tener un papel
protagonista en la interferencia y el control judicial: quiere poder
sobre la capa judicial para poder decidir, por ejemplo, sobre la
aplicación de las penas de los golpistas del 1-O, entre ellos su
jefe Oriol Junqueras. El presidente del Gobierno sabe que tendrá que
hacer concesiones como esta si quiere ser investido presidente del
Gobierno. En realidad, que nadie se engañe, Sánchez va a ofrecer al
partido que lidera Oriol Junqueras desde la cárcel un papel
determinante en algunas de las instituciones clave del Estado.
Fraccionar el Poder Judicial, proyecto que ya contempló Rodríguez
Zapatero, permitirá a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno vasco
tener el control de los jueces en esas Comunidades.
EL PSOE ha ofrecido al PNV -no descarta hacer lo propio con ERC- una
fórmula camuflada (a través de reformas en su Estatuto de Autonomía)
que permitiría sortear los inconvenientes legales expresados por el
Tribunal Constitucional creando entes como el "Consejo de Justicia
de Euskadi", lo que les facultaría para arrebatar competencias
únicas del CGPJ nacional. En definitiva, romper desde dentro el
órgano de los jueces para después lanzarse a una estrategia que
permitiría a nacionalistas vascos e independentistas catalanes tener
sus particulares órganos de control judicial. En suma, debilitar la
Justicia y el Estado de Derecho para que quienes pretender subvertir
el orden constitucional lo tengan un poco más fácil.
Los abajo firmantes y racionalidad
Juan José R. Calaza ABC Noviembre 2019
De intelectuales solventes cabría esperar, idealmente, rigor y
esfuerzo para forjar opiniones ponderadas y también algo de
sabiduría y consciencia de las cuestiones morales y políticas que
debaten. Esta esperanza resulta, salvo excepciones, ingenuamente
estúpida. Sociólogos y psicólogos saben que grupos de individuos,
intelectuales o porqueros, que debaten o dialogan pueden sufrir el
así llamado «Efecto de polarización», que se manifiesta cuando un
colectivo que ha deliberado conjuntamente, valga la redundancia,
adopta posiciones más radicales que la media de las posiciones
individuales antes de la deliberación. En otras palabras, si las
discusiones o diálogos permiten a veces, raramente, la emergencia de
una forma de templanza de juicio en otras se radicalizan las
posiciones. Entre intelectuales izquierdistas o nacionalistas la
polarización es la norma. Una de las explicaciones propuestas a la
deriva hacia la radicalidad es que, para no perder protagonismo,
políticos e intelectuales con mayores ansias de empoderamiento se
enzarzan en una competición declarativa maximalista que arrastra a
otros miembros del grupo.
Anda circulando por ahí una petición suscrita inicialmente por más
de doscientos intelectuales, al parecer españoles y extranjeros,
pidiendo una salida política para Cataluña. Volviendo por donde
suelen, se trata de un desvergonzado intento de cambiar las reglas
del juego democrático en medio de la partida y descargar
fraudulentamente de responsabilidad a un puñado de irresponsables
que le ha ocasionado irreparable daño a Cataluña -del que no se han
arrepentido- intentando hacérselo a España. Echando una ojeada a los
«abajofirmantes» cualquiera comprueba que, en realidad, extranjeros
de corazón son todos e intelectuales, auténticos, de la nómina no
doscientos sino dos, de los cuales uno, Pinker, retiró su firma.
Y como todo el mundo opina, entre las opiniones consagradas en el
universo de la melaza política equidistante domina la que propone
resolver, dialogando dulcemente, los conflictos gravemente
antagónicos. Poco importa si los otros llaman animales -Torra dixit-
ladrones o charnegos a los españoles. Sucede que a las sociedades
muy maduras y espiritualmente agotadas las pudre, como a la fruta,
el exceso de dulzura.
Más de doscientos intelectuales a buen seguro impresionan mucho.
Pero no a quien es consciente de que las opiniones del Homo sapiens
-en su versión intelectual o picapedrera de la lógica, poco importa-
están afectadas de sesgos cognitivos que las lastran de
irracionalidad. Por si fuera poco, en el control de calidad
democrática algunos círculos intelectuales asignan emocionalmente
-que no racionalmente- al nacional-supremacismo catalán la condición
de irreprochablemente civilizado, moderno, ilustrado, moderado,
pacífico e históricamente perseguido. Por contra, el nacionalismo
español es represivo, inculto y anacrónico. O sea, el diálogo, antes
de empezar, queda visto para sentencia.
En cualquier caso, el diálogo jamás ha resuelto ninguna
confrontación cainitamente polar ni conflictos de intereses. El
diálogo resuelve lo que retórica y banalmente se hubiera resuelto
por su propio peso o por el de la ley. Las negociaciones políticas
no son ejemplos de diálogo sino de calculada exhibición de fuerzas.
El diálogo en el que se comprometió Chamberlain en el Munich
Agreement no sirvió para nada. Esto debería saberlo hasta el buenazo
de Chomsky que lleva toda la vida firmando peticiones con la misma
desenvoltura que el núcleo duro independentista viviendo de
subvenciones. Con todo, en previsión de que no prospere la
negociación se adelantan a endosarnos la responsabilidad. Los
españoles, según esa tropa -lo dejó escrito en alguna parte un
habitual abajo firmante- estamos intrínsecamente incapacitados para
el diálogo (consecuencia de la invasión árabe y de la Inquisición)
hasta el punto que en castellano no existe el término compromise en
su acepción anglosajona.
Si bien se mira, la eventual negociación -exigida de tú a tú,
además, entre el Estado y cuatro provincias- sería imposible
encauzarla racionalmente habida cuenta de la falta de
arrepentimiento mostrada por los responsables del procés. ¿Por qué
no se arrepienten? Una explicación bastante aceptada recurre a las
emociones, particularmente a la invocación de emociones negativas.
La idea de que para tomar una decisión racional hay que desprenderse
primero de las emociones es clásica en filosofía (concretamente, en
Descartes). Actualmente, los psicólogos consideran que algunas
emociones, como el coste del arrepentimiento, pueden explicar
decisiones irracionales. Verbigracia, si el independentismo tarda
tanto en diluirse en Cataluña es porque los dirigentes no admiten
que la enorme tensión generada es un tremendo error histórico (con
fuga de empresas y desprestigio internacional no compensado por
algún que otro apoyo). El arrepentimiento sería emocionalmente
demasiado doloroso al provocar un profundo sentimiento de fracaso
(dejando de lado el coste personal de la pérdida de privilegios). Es
decir, los cuadros independentistas, amparados en el control
administrativo e institucional, mantienen la decisión irracional de
conservar una dinámica sin recorrido dentro de Europa por la
incapacidad de arrepentirse de la irracionalidad de las decisiones
tomadas anteriormente. Esto es, retroactivan la irracionalidad de
sus decisiones.
En estas circunstancias, es lógico que la parte de sociedad española
más lúcida exija arrepentimiento a los provocadores no tanto como
revancha moral sino como prueba de recuperación de cierta
racionalidad en las decisiones a venir. En el caso del secesionismo,
el arrepentimiento sería, desde el punto de vista de la psicología
conductual, una reacción emocional consciente y negativa que
concierne a comportamientos irracionales del pasado. Concretamente,
el arrepentimiento consistiría en el reconocimiento corrector de los
mecanismos emocionales que impiden tomar decisiones racionales. Sin
arrepentimiento no puede haber diálogo racional. Se trata, por
tanto, de condición necesaria, aunque insuficiente, en la que
deberían insistir los susodichos intelectuales, si lo fueran, que
han suscrito la petición.
Enlazando con lo arriba expuesto, cuando el grupo de intelectuales
se amplía -más allá del círculo de expertos en meterse donde nadie
habilitado para ello les ha dado vela- el extremismo decae como
consecuencia de lo que el estadístico Galton llamó La sabiduría de
las multitudes (The Wisdom of Crowds). Por tanto, los límites a la
radicalidad intelectual -aval de la radicalidad política
guerracivilista- deben quedar delimitados por la ley. Quiere
decirse, al radicalismo no hay que oponerle diálogo sino Ley, que en
cada país democrático es la Constitución. Porque, en oposición a la
irracionalidad de las decisiones y opiniones individuales, así
fueren las de los intelectuales, la Constitución sintetiza la
sabiduría de la multitud.
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Juan José R. Calaza es economista y matemático
EL PSOE compra el discurso de los golpistas
contra Policía y Guardia Civil
Editorial OKDIARIO 21 Noviembre 2019
¿Cómo es posible que el PSOE de las Islas Baleares vote en contra de
una propuesta en la que se reconoce "la importante labor y
profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
ante el ataque permanente a los derechos y las libertades que sufren
los ciudadanos en Cataluña"? ¿Con qué argumentos se puede rechazar
un texto como este? Pues según los socialistas, con el argumento de
que hay que evitar la "confrontación". ¿Pero de qué confrontación
habla el PSOE? ¿Dónde está la confrontación de la Policía y la
Guardia Civil en los gravísimos incidentes provocados por el
independentismo radical en Barcelona?. La única confrontación es la
de la violencia separatista, salvo que el PSOE entienda que la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
Cataluña tras la sentencia del Supremo estuvo al mismo nivel que la
actuación de los CDR que incendiaron la Ciudad Condal.
Resulta descorazonador comprobar cómo un partido que presume de
defender el marco constitucional utiliza los mismos argumentos que
el independentismo y la izquierda radical. Y cómo el PSOE, de un
tiempo a esta parte, parece muy próximo a los planteamientos de los
golpistas y los proetarras y cada vez más lejano de la Policía y la
Guardia Civil.
Los socialistas de Baleares presentaron una enmienda que es un canto
a la pusilanimidad y en la que se insta a reconocer también el
trabajo de los Mossos y "a apostar por el diálogo como única vía
para resolver los conflictos". Está claro que lo del diálogo como
única vía parece inspirado en los argumentos de los propios
golpistas catalanes. Lo que ha hecho el PSOE es, sencillamente,
desvirtuar la propuesta de apoyo a la Policía y la Guardia Civil que
pretendía dar respuesta a la propuesta de resolución -presentada por
los separatistas- en la que se considera necesaria "la retirada de
Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil".
Está claro que, con tal de seguir en el poder, el PSOE es capaz de
contribuir a la ruptura de la unidad de España renegando hasta del
papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los CDR pretenden acallar a ABC
Editorial ABC 21 Noviembre 2019
La Justicia ha iniciado los trámites para la incoación de
diligencias judiciales contra una docena de periodistas, entre ellos
dos redactores de Tribunales de ABC, por la publicación de distintas
informaciones sobre las actividades de los llamados «comités de
defensa de la república» catalana (CDR), investigados por la
Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. La denuncia, a
instancias de los abogados defensores de miembros de los CDR en
prisión, no tiene sentido alguno. Se pretende vulnerar la libertad
de información, expresión y opinión a que tiene derecho todo medio
de comunicación que, con respeto escrupuloso a las leyes, accede a
información relevante y de interés público para denunciar las
actividades sediciosas de un grupo de personas acusadas de actuar
con técnicas propias de una organización terrorista.
ABC ha cumplido, y cumplirá siempre, con su deber de informar al
lector de los procesos judiciales en curso. Más aún si de su
relevancia se infiere un ataque a la unidad del Estado y a la
seguridad nacional. Una vez más, unos presuntos terroristas -así son
tildados por la Fiscalía- pretenden atacar algunas de las libertades
nucleares de nuestro Estado de Derecho. Mejor harían en tratar de
defenderse de las graves acusaciones que pesan contra ellos, porque
existen pruebas solventes de su capacidad para atentar contra
instalaciones relevantes del Estado, que denunciar a periodistas que
se han limitado a cumplir con su deber de informar a la sociedad. La
estrategia de este separatismo extremista, convertido en un émulo de
la «kale borroka», es destruir todo lo que huela a libertad a su
alrededor y convertirse en mártir de una causa perdida. Frente a la
acusación de unos supuestos delincuentes, ABC invoca la libertad y
su compromiso más leal con el buen periodismo.
Empresarios se marchan de un Congreso en
Valencia al negarse un diputado de Compromís a hablar en castellano
Alrededor de 20 empresarios procedentes de varias autonomías han
salido de la mesa debate molestos con la actitud del parlamentario.
LM/Agencias Libertad Digital 21 Noviembre 2019
Empresarios de varias comunidades autónomas se han marchado este
miércoles de una mesa de debate en el marco del Congreso de Áreas
Empresariales de la Federación de Polígonos Empresariales de la
Comunidad Valenciana (Fepeval) al negarse el diputado de Compromís
Josep Nadal a hablar en castellano durante su intervención.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de lo
sucedido, que han relatado que alrededor de 20 empresarios
procedentes de varias autonomías han salido de la mesa debate
molestos con la actitud del parlamentario, que participaba junto con
diputados de otras formaciones políticas, en una mesa debate abierta
sobre la Ley 14/2018 de 5 de junio de Áreas Industriales de la
Comunidad Valenciana. También empresarios valencianos se han
ausentado en solidaridad con sus colegas.
Nadal, que intervenía en calidad de presidente de la Comisión de
Industria de Las Cortes, ante la petición de uno de los asistentes
de que hablara en castellano al haber participantes de fuera de la
autonomía que no entendían la lengua, se ha ofrecido a quedarse
después de su intervención inicial el tiempo que fuera necesario y
se comprometía a resolver cualquier duda que tuvieran, pero ha
continuado con su discurso en valenciano.
Sin embargo, alrededor de 20 empresarios han declinado esta opción y
han optado por marcharse, molestos, de la mesa de debate, en la que
participaban, además de Nadal, los diputados Jesús Sellés (PSPV);
Ana María Cerdán (Vox); Felipe Carrasco (PP) y Carlos Gracia (Cs) y
se había invitado a Ferran Martínez (UP), que no ha podido asistir.
El Congreso, que previamente había sido inaugurado por el presidente
de la Generalidad, Ximo Puig, y con asistencia del consejero de
Economía, Rafa Climent, ha reunido en el Parque Tecnológico de
Paterna (Valencia) a gerentes de toda España de áreas empresariales
que han estudiado casos de éxito y buenas prácticas a nivel
autonómico y empresarial. Entre los asistentes, se han dado cita
empresarios de Murcia, la Rioja, Castilla La Mancha, Castilla León,
Madrid, Asturias, Cataluña y Canarias.
Ante lo sucedido, el portavoz de Industria del PP, Felipe Carrasco,
que participaba en la mesa debate, ha lamentado en un comunicado que
Compromís es "el peor embajador para atraer inversiones y empleo en
la Comunidad Valenciana" y ha calificado de "bochornoso" el
"espectáculo" del diputado de la coalición "ante empresarios de toda
España".
"La imagen de la Comunidad Valenciana que debemos exportar es la de
la unidad, la apertura, el diálogo, y lamentablemente hoy no se ha
dado por culpa de una postura intransigente", ha señalado y se ha
preguntado "cómo vamos a trasladar la idea de que la Comunidad
Valenciana es un buen lugar para invertir si cuando vienen
empresarios de toda España se les desprecia de esta manera. Una vez
más vemos que para Compromís la lengua no es elemento de unión, sino
de desunión y enfrentamiento".'
Para Carrasco, "la política 'go home' de Compromís es espantar
inversiones Valencia. La gente no come de hablar valenciano sino de
trabajar. En estas manos se encuentra la Conselleria encargada de la
gestión económico-empresarial. En lugar de aperturismo, hay
reduccionismo. Ni la ideología sectaria ni la lengua deberían
interferir así en cuestiones empresariales".
Por su parte, Toni Cantó, ha escrito un mensaje en su cuenta de
Twitter donde ha explicado que "empresarios de toda España plantan a
Compromís por no querer hablarles en castellano. Ningunear a
profesionales que se recorren todo el país hablándoles en una lengua
que no entienden es una absoluta falta de respeto. Basta ya de
sectarismo".
El diputado Nadal se ha limitado a señalar también a través de un
tuit que la noticia, avanzada por Las Provincias, "dice algunas
mentirijillas" y añade: "Si alguien está interesado en qué discurso
he hecho sobre la política industrial valenciana que defiende
Compromís que lo pida. Sobre polémicas estériles no voy a hacer
declaraciones".
Un pueblo de Baleares se olvida del castellano: envía cartas en
catalán y árabe para escolarizar a los niños
OKDIARIO 21 Noviembre 2019
El Ayuntamiento de Sa Pobla, municipio al norte de Mallorca, en las
Islas Baleares, arrincona el español incluso por detrás del árabe.
Este Consistorio ha enviado una carta a los residentes de la
localidad con información sobre el proceso de escolarización de los
niños para el próximo curso 2020/21 en Educación Infantil, y en ésta
la información figuraba únicamente en catalán y en árabe.
Las misivas llevan la firma de Francesca María Mir Serra, socialista
y tercera teniente de alcalde, amén de concejal de Bienestar Social,
Juventud y Guardería. En ella, la información figura en catalán,
acompañada de otro folio con la misma información en árabe. Ni
rastro del idioma español, a pesar de que tanto el español como el
catalán son los dos idiomas cooficiales en las Baleares.
Un padre de la localidad fue el primero en denunciar este suceso.
"¿Qué os parece? Me manda el Ayuntamiento de Sa Pobla una carta para
inscribir a mi hija al cole y, cual es mi sorpresa, que me la mandan
en catalán, y supongo que en árabe. ¿Y en castellano?" escribió este
padre en su cuenta de Facebook, colgando la foto de la carta.
En el Ayuntamiento de Sa Pobla rige una coalición formada por el
partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI), los
independentistas de MÉS, Independents per Sa Pobla (IxSP) y el PSOE,
mientras que en la oposición figura sólo el PP. Vox no obtuvo
representación en esta localidad. El alcalde de la localidad,
Llorenç Gelabert, es miembro del PI.
Desde el Consistorio se ha achacado este envío en catalán y en árabe
a un "error administrativo", asegurando que la carta en árabe sólo
se envía a las familias magrebís con el objetivo de "facilitar el
trámite" ante la alta población del colectivo en el pueblo. Explican
que "por norma" la comunicación se hace en catalán a todos y en
árabe a las familias magrebís. Excusan la ausencia del español en la
documentación en que ésta se puede solicitar expresamente para
realizar los trámites. Pero siempre bajo pedido.
Según explica El Mundo, que se hizo eco de este suceso, al principio
algunos ciudadanos salieron en defensa del Ayuntamiento dudando de
la veracidad de estas cartas, hasta que se demostró su autenticidad.
Según cita este diario, Vox también ha recogido la indignación de
este padre: "Es una verdadera vergüenza que vulnera los derechos de
los castellanoparlantes y merece ser denunciado. En Baleares, las
lenguas oficiales son el español y el catalán. Parece obvio pero
tristemente tenemos que recordarlo constantemente".
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