La Coruña, España

AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Noviembre 2018

El modelo Sánchez: el poder por encima de los principios
OKDIARIO 16 Noviembre 2018

El único beneficiado del desgobierno de Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez. Olviden ustedes la posibilidad de tener un presidente del Gobierno con la suficiente altura de miras como para poner los intereses generales por delante de los particulares. Sánchez hace del poder su credo y, con tal de mantenerlo, es capaz de renunciar a cualquier tipo de principio gestor. Un Maquiavelo que no escatimará en medios con tal de conseguir su único fin: seguir en La Moncloa. Así lo ha demostrado con las negociaciones del Brexit que atañen a España. Ha sido capaz de entregar Gibraltar con tal de colocar a Nadia Calviño como posible vicepresidenta de la UE con control sobre el área económica.

El pasado mes de abril de 2017, el Gobierno del Partido Popular, aprovechando la fortaleza de la Unión Europea sobre Reino Unido en todo lo que atañe al Brexit, consiguió que las autoridades comunitarias se comprometieran a respetar el veto español para cualquier acuerdo sobre Gibraltar que se firmase tras el abandono británico de la estructura europea. Sin embargo, menos de dos años después, y gracias a la perniciosa ambición de Sánchez, España ha perdido esa posición de poder que establecía que “ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido”.

Lo peor de todo es que el Ejecutivo socialista es consciente de ello. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha encargado informes a varios ministerios para negar los perniciosos efectos que provocan la pérdida de fuerza en el asunto de Gibraltar. Todo con tal de tener una influencia que Pedro Sánchez cree clave para seguir extendiendo su Gobierno imposible. Por ejemplo, garantizándose que le aprueben los Presupuestos Generales del desastre que dispararán el gasto público y los impuestazos. No obstante, algo así se podía esperar del actual jefe del Ejecutivo. Antes de ceder sobre Gibraltar ya había cedido el honor y los recursos públicos de todos los españoles para contentar a los golpistas catalanes y a los nacionalistas vascos. Poco más que añadir.

¿Se están humillando los jueces ante el poder?
Jesús Manuel Villegas Fernández * esdiario 16 Noviembre 2018

“Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión principal de las Cortes la elaboración y aprobación de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado”.

Estimados compañeros futuros vocales del CGPJ.
Encabezo esta carta con el artículo primero de la Ley de 17 de julio de 1947 que instauraba las Cortes franquistas. Han sido definidas como un “pseudoparlamento”, ya que el poder legislativo permanecía en manos del Caudillo, sin que dicha asamblea sirviese para otra cosa que rubricar lo que ya había sido decidido por los poderes fácticos del régimen.

Imaginábamos que aquellos tiempos eran cosa del pasado, pero leo con incrédulo estupor en prensa que los grandes grupos parlamentarios ya han pergeñado el nombre del futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial: don Manuel Marchena, en la actualidad al frente de la sala segunda del Tribunal Supremo.

¿Es una broma?

Porque, que yo sepa, son los vocales quienes eligen a su presidente, no los periodistas ni los políticos. A no ser, claro está, que todo el proceso no sea más que una farsa donde los flamantes miembros del Consejo no pintan nada, pues se contentarán con vestir mediante su inútil voto lo que ya apañaron otros, los que mandan de verdad.

En el mundo anglosajón hay una expresión muy gráfica para definir esta situación: “rubber stamp”; o sea, el sello de goma que se aplica con fines meramente decorativos a las resoluciones del poder auténtico. Por ejemplo, el Soviet Supremo estampaba lo que ya habían acordado entre pasillos los prebostes del partido comunista.

Compañeros, ¿aguantaréis que os ninguneen con tanto descaro?

Confío en que no. Quiero creer que no. Lo deseo desesperadamente, porque vuestra dignidad también es la mía. Si vosotros os plegáis, el pueblo español creerá que somos todos y cada uno de los jueces los que nos hemos humillado ante el poder. Demostrad, por favor, que sois algo más que políticos-togados, que sabéis hacer algo más que poner un sello.

En otro caso, ni siquiera una losa de 1.500 kilogramos servirá para tapar el hedor del cadáver de nuestro caído gobierno judicial.

La pesca del salmón en VOX
Carles Enric okdiario 16 Noviembre 2018

Como mostró la conocida comedia británica ‘La pesca del salmón en Yemen’ de Lasse Hallström cualquier sueño es posible. Esa idea había hecho historia unos años antes con la famosa campaña de Adidas ‘Impossible is nothing‘. Desconozco si el equipo de Vox pesca salmón o calzan esas deportivas, pero no duden de que beben de sus citas.

La gente poco preparada, como sucede con numerosos periodistas de muchos diarios y televisiones en España, propagan que el votante futuro de Vox vendrá de lo que denominan extrema derecha clásica. Ignoran, como sucede en Europa, que el populismo, y Vox lo es, se nutre principalmente de la izquierda. Del sector social menos favorecido de la sociedad. El salmón de Vox nacerá en Podemos y en el PSOE, no, en general, del PP o Ciudadanos. Tampoco en el independentismo.

Algunos tótems periodísticos y los analistas que los acompañan, sacados de manuales del sigo XX, parecen desconocer que hemos cambiado de siglo. La dinámica ya no va de izquierda o derecha, va de algo tan simple, pero tan antiguo, como el populismo. Dicho de otra manera, del dinero en el bolsillo de los españoles. El presentador y otros palanganeros de esa izquierda divina no viven en un barrio donde deben saltar entre manteros, esquivar violencia gratuita de inmigrantes sin futuro, y en muchos casos sin papeles, o viajar en metros donde giras la cara y ves una mano introduciéndose en cualquier cartera de un turista. Ellos viven en sus barrios cerrados, donde la máxima variedad es el acento del repartidor de turno de UPS.

Triste será para esos tótems periodísticos y sus respectivas guardias pretorianas cuando descubran que ellos son los grandes hacedores de la campaña de Vox. Sus espectadores, lectores u oyentes, son los votantes potenciales del partido de Abascal. El salmón no nace en Yemen, aunque quienes conocemos el país sabemos que hay montañas, cursos fluviales rápidos y gente que, con acierto o no, es capaz de convertir lo imposible en posible. Y eso en la política española no es el salmón, pero sí tiene un nombre: convertir el votante de Podemos y del PSOE en el principal suministrador de votos de Vox. Al final, Santiago Abascal deberá agradecer el trabajo a profesionales de la información que, en principio, podrían parecer su antítesis.

Gobierno S.A.
ABC 16 Noviembre 2018

Más que presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez parece el administrador único de un holding empresarial. A los casos de Màxim Huerta, Pedro Duque o María José Rienda -con desigual suerte para cada uno- se une ahora el de Nadia Calviño. Según publicamos hoy, Nadia Calviño compró una vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra, una de las zonas más caras de la capital, a través de una sociedad mercantil en cuyo nombre actuaron dos testaferros. Calviño no aparecía como compradora y al utilizar una sociedad buscó reducir los impuestos por la transmisión. Además, en su declaración de bienes no aparece la sociedad, que cuenta con activos inmobiliarios por valor de 1,6 millones de euros, ni la vivienda, que tiene una superficie de 300 metros cuadrados. Como remate de la ingeniería financiera de la ministra Calviño, la vivienda está alquilada por la sociedad, lo que permite un mejor trato fiscal a los ingresos procedentes del arrendamiento.

Pedro Sánchez tiene así planteado otro dilema ético y político que, probablemente, resolverá aplicando la doctrina de su vicepresidenta Carmen Calvo: cuando Sánchez dijo que no admitiría a nadie que utilizara sociedades interpuestas para pagar menos impuestos, aún no era presidente del Gobierno y, además, se refería a la Ejecutiva socialista no al Ejecutivo que preside. El caso es que la falta de palabra en el presidente Sánchez, que roza lo patológico, no le libera de su responsabilidad política por alojar en el Gobierno a ministros que no entrarían en la Ejecutiva del PSOE. No parece que el nivel ético en el Gobierno tenga que ser menor que el que reclama para su partido, pero esta es la forma que tiene Sánchez de sortear cualquier compromiso moral con su propia palabra y con los ciudadanos.

Tener sociedades patrimoniales es una opción legítima siempre que se ajuste a la legalidad tributaria. Sin embargo, políticamente resulta complicado compaginar la posesión de una de estas sociedades con la pertenencia a un gobierno que está preparando otro asalto a las economías familiares para enjugar malamente sus previsiones de gasto y déficit. Un Gobierno que se llena la boca con referencias populistas al Estado del bienestar, a los más vulnerables y a los más necesitados, pero que no deja de ser una fuente constante de contradicciones éticas, que se superan simplemente ignorándolas. Sin embargo, a Pedro Sánchez le persiguen sus palabras, por sí solas suficientes para poner a determinados ministros en la disyuntiva de dimitir o soportar el estigma que marca el veredicto de Sánchez sobre las sociedades instrumentales, emitido, eso sí, antes de ser presidente del Gobierno y practicar la amnesia selectiva.

Limpieza étnica
Guillermo Gortazar gaceta.es 16 Noviembre 2018

Desde el inicio de los años setenta del siglo pasado, la ingeniería social de los nacionalistas-separatistas vascos y catalanes se ha orientado a la expulsión física de la población no considerada adicta o, al menos, neutral-asimilable. El objetivo: consolidar y aumentar poco a poco una mayoría electoral.

El reciente atentado con pintura al domicilio del juez Llarena en Das, en la provincia de Gerona, es una muestra de los procedimientos nazis de esta gentuza.

En el caso del País Vasco, el asesinato de un taxista en 1975 o de un jubilado del parque móvil ministerial en San Sebastián, tenía el objetivo, además de otros, de expulsar a familias enteras de votantes no nacionalistas. Ni qué decir que el PNV “no hacía” pero se beneficiaba melífluamente de aquella violencia insoportable. Aquello de Arzallus de los árboles y las nueces.

El resultado ha sido que más de 300.000 vascos residentes en el Norte huyeron a diversos municipios de la península para salvar vidas y haciendas y recuperar una cierta tranquilidad.

Los miles de amenazados (directa o indirectamente) dejaban de ser molestados por la ETA. Los desplazados ya no votaban en las provincias vascas o en Navarra.

En Cataluña por medio de la inmersión lingüística y los múltiples procedimientos selectivos de presión (contratos públicos de la administración regional catalana y municipal, oposiciones en catalán, etc.) y ahora “escraches” en la tradición de los camisas pardas nazis, se pretende lo mismo: expulsar a miles de catalanes no separatistas de cataluña para obtener mayorías electorales.

Sugiero una doble solución. Por un lado, que los que se vean obligados a salir de Cataluña mantengan en lo posible su empadronamiento originario que les permita votar, aunque sea por correo, en su municipio catalán. Mantener el voto es esencial en la lucha contra los separatistas. La segunda solución es posibilitar con nuestros votos gobiernos, que en lugar de permitir o mirar para otro lado como han hecho durante cuarenta años, se enfrenten, de modo efectivo, a los neototalitarios separatistas y a sus compañeros de viaje de la extrema izquierda.

Ante la persistente y eficaz iniciativa separatista, los ciudadanos libres, en lugar de resistir y esperar a que escampe, tenemos que oponer otra iniciativa política y exigir a nuestros representantes que actúen. Los separatistas no cejan.

Manipular no es periodismo, La Sexta no es periodismo
EDITORIAL Libertad Digital 16 Noviembre 2018

Desde ningún medio de comunicación de España se ha defendido tanto y tan insistentemente como desde el Grupo Libertad Digital el derecho a la libertad de expresión y también el derecho de toda empresa periodística a tener una línea editorial propia, sea la que sea y resulte más cercana o lejana a los principios que defiende esta casa.

Sin embargo, estos derechos no amparan determinado tipo de comportamientos que, por desgracia, son habituales en el panorama mediático español: la confusión entre las líneas editoriales y los intereses empresariales, por ejemplo, o la irresponsabilidad de la que tantos periodistas y tantas cabeceras han hecho gala en los últimos años.

Pero lo peor de todo, la conducta más nausabunda que puede tener un periodista es deformar la realidad y los hechos para tratar de amoldarlos a su relato preconcebido e ideológico previo. Dicho de otra forma: mentir y manipular con el propósito de engañar al público, de esconderle la verdad, de crear una realidad paralela.

Lamentablemente, también esto es bastante normal entre los medios españoles, sobre todo en las televisiones y, muy especialmente, en una de ellas: La Sexta, un espacio en el que cualquier manipulación tiene cabida, en el que hasta la más obscena de las mentiras encuentra su sitio.

Este jueves pudimos ver un ejemplo de lo bajo que pueden caer los profesionales de la manipulación que trabajan en esta cadena: en la mejor tradición de los totalitarismos y de la extrema izquierda trataron de retorcer los hechos para hacer a las víctimas de una agresión aparecer como agresores, para que los amenazados pareciesen haber sido los que proferían las amenazas.

Nos referimos, por supuesto, a la vergonzosa información sobre el boicot al acto de VOX en Murcia, en la que los líderes y los simpatizantes de este partido recibieron claras amenazas de muerte –"os mataremos como en Paracuellos"- además de insultos inclasificables a personajes como Ortega Lara, que tienen el respeto y el cariño de la mayoría de los españoles.

La Sexta ha minimizado los insultos, ha llamado a los agresores "jóvenes antifascistas" en lugar de lo que realmente son: fanáticos ultraviolentos, y ha cortado el discurso de Santiago Abascal cuando decía "anda que si salimos ahí ahora" sin dejar que se viese que segundos después el propio líder de VOX decía que sus palabras eran "una broma y os animo a que os la toméis así: como una broma".

Afortunadamente se ha terminado el tiempo en el que los grandes medios de comunicación campaban a sus anchas para mentir y manipular sin que nadie pudiese darles réplica con eficacia: hoy las redes sociales suelen tardar muy poco en dejar a estos pseudoperiodistas desnudos ante la tosquedad de sus groseras manipulaciones y así ha ocurrido este jueves, dejando a la cadena en el más absoluto de los ridículos.

Una de las grandes estrellas de esta cadena suele gritar "¡periodismo!" durante sus programas, presumiendo como si estuviese la redacción del Washington Post en los días del Watergate; en realidad el propio García Ferreras y cada vez más españoles sabemos que lo que se hace allí es otra cosa muy diferente… y bastante más indigna.

¿Regeneraqué?
Cristina Losada Libertad Digital 16 Noviembre 2018

Circulan estos días unos vídeos en los que Pedro Sánchez mantenía criterios muy distintos a los que ahora ha puesto en práctica para la elección del Consejo General del Poder Judicial. En uno de ellos les confesaba a dos ciudadanos, en un programa televisivo, que estaba dispuesto a renunciar a "las comodidades del bipartidismo" y ponía como ejemplo la comodidad de nombrar a los vocales del Consejo en cuestión. Estoy en contra, dijo allí. Era antes de.

No dejan de aparecer documentos audiovisuales de aquella época remota en la que Sánchez no era más que secretario general del partido de la oposición y se pronunciaba sobre esto y lo otro como para fijar los criterios contrarios a los que iba a tener después de. De tal manera que, como ya se ha observado, la principal oposición a Pedro Sánchez se la hizo él mismo antes de ser presidente del Gobierno. Algo que, según la teoría de la vicepresidenta Calvo, es perfectamente lógico y hasta obligado. Risible, incluso, pensar lo contrario.

Los exploradores de la hemeroteca rescatan con frecuencia documentos que ponen a los políticos, como suele decirse, frente a sus contradicciones. Pero son piezas aisladas. Lo que no rescatan ni pueden rescatar esos exploradores son los paisajes: los contextos en los que se fabricaron las piezas. De modo que nos toca a otros hacer algún viaje al pasado para poner no a un político frente a sus contradicciones, sino prácticamente a todo un país.

En el período que inauguraron las europeas de 2014 y cerró parcialmente la repetición electoral de 2016, la palabra mágica que presidió el debate político en España era "regeneración". Regeneración democrática, se decía también. Fuese cual fuese el lema, la política y la prensa estaban repletos de opiniones y propuestas para corregir los que se consideraban vicios y defectos del sistema político español. Había quienes localizaban el mal en la falta de democracia interna en los partidos. Otros lo situaban en la partitocracia. Más allá, en el sistema electoral. Y todos, en el chorro pútrido de la corrupción. No se podía abrir un periódico entonces sin encontrar alguna prescripción para revertir el desprestigio galopante de la política y las instituciones.

El Pedro Sánchez de antes hablaba para aquel paisaje. No era el único, cierto, pero el que preside el Gobierno hoy es él. En realidad, no hablaba él, sino el paisaje. Y en esto no es excepcional. La excepción son los políticos que no dicen sólo aquello que concuerda con la opinión en boga del momento. Pero es precisamente porque hablaba el paisaje, porque sólo se camuflaba con él, por lo que aparece la cuestión interesante. No ya cómo es que Sánchez ha enterrado aquella posición suya sobre la elección del CGPJ y ha aprovechado la comodidad a la que iba a renunciar, sino qué ha sido de aquello de la "regeneración".

La pregunta es qué fue y qué se hizo de la famosa "regeneración" que estaba en boca de todos. Yo, que conste, no lamento que el término haya desaparecido del mapa, pero sí que se haya extinguido casi todo el impulso que empujaba en el sentido de reformas institucionales. Al final se ha impuesto la inercia. Lo único que queda del impulso aquel es la fragmentación política que acabó con el bipartidismo imperfecto. Un cambio que no ha impedido que los dos grandes partidos, tal como solían, más uno de los nuevos actores (Podemos) se repartan el botín del gobierno del poder judicial.

La gran mayoría de los políticos, contra lo que tantos creen, dicen lo que sus audiencias quieren oír, por lo que la conclusión, la realista conclusión de este episodio, es que la despolitización de la Justicia no interesa lo suficiente. El paisaje ha cambiado. Y el coste político de esta intromisión de los partidos en el poder judicial les resulta más bajo que los beneficios de hacerlo. Así, hasta la próxima convulsión.

El último recurso
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Noviembre 2018

La magnitud de la entrega de la mayoría del CGPJ al hampa judicial empieza a tomar visos apocalípticos. Y la traición del PP, tan suicida para el partido como letal para España, que vive la peor crisis nacional desde 1808. En poco más de un año, el CGPJ renovará dos tercios del Supremo, por esos plazos con los que ha embaucado a Casado el reprobado y reprobable Rafael Catalá, que aspira a ser alcalde de Pozuelo aunque no a parecerse al de Móstoles, Andrés Borrego, que le plantó cara al mismísimo Napoleón.

Este Consejo Garzonejo del Poder Judicial, cuyo presidente ha sido elegido por el trío PP-PSOE-Podemos antes que el cuerpo electoral que debería elegirlo, nombrará discrecionalmente, amén del vicepresidente que se jubilará a los 72, hasta 36 magistrados del Supremo: 3 de la Sala de lo Civil, 4 de la de lo Penal, 8 de la de lo Social, 7 de la de lo Militar y 13 de la de lo Contencioso Administrativo. Sala, por cierto, a la que ya podrá llamársele en serio y no en broma, de lo Tendencioso Administrativo.

Como el mandato, los sacratísimos plazos que la Justicia sólo cumple a la hora de los nombramientos, es de cinco años, y como la nueva mayoría social-comunista del CGPJ es abrumadoramente sectaria, no es exagerado decir que se configura un Supremo harto favorable a la absolución de los golpistas del 1-O, o sea, a la voladura del régimen constitucional. Visto la que montó la Sala de lo Contencioso con el IAJ de las hipotecas, imagínese lo que puede hacer el hampa judicial garzonita en las de lo Civil y lo Penal.

El último recurso para evitar la creación del Soviet Judicial es el que ha votado por unanimidad la Asociación Francisco de Vitoria: denunciar lo ilegal de nombrar a Marchena antes que a los que deben nombrarle, algo que parece encargado por la defensa del golpismo para eurohundirnos. Si la APM y los jueces sin asociación, más del 50%, secundan esta denuncia tal vez el motín en nombre de Montesquieu frenaría la marchenada, o sea, la marcha de Marchena hacia la nada, que es donde quedará su prestigio. No basta con no dejar entrar a De Prada, el garzón de Garzón e Iruin. No debería renovarse el CGPJ hasta después de la sentencia contra el Golpe. Si es que, confirmando la instrucción de Llarena y la posición de la Fiscalía, los jueces aspiran a que la sentencia sea en contra, no a favor.

Sánchez no tiene ocurrencias, es ingeniería
Jorge Vilches. vozpopuli  16 Noviembre 2018

Pregunté a mis alumnos si sabían decirme a qué ideología correspondía la sentencia siguiente: “Todo en el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado”. No dije el autor, así que la incógnita se mantuvo durante unos segundos. “Comunismo”, dijeron unos; “fascismo”, respondieron otros. Valdrían ambas respuestas, aunque en realidad fue una sentencia de Mussolini que podría haber firmado Lenin, y que hoy tomarían algunos ingenieros sociales.

No falta quien se entretiene con las batallitas internas de Podemos, otrora debido a la hegemonía de dogmas, hoy simple lucha de poder. Carmena quiere elaborar su propia lista, mantener su autonomía frente al Caudillo, pero Iglesias insiste en el exmilitar y su brigada paracaidista para tomar Madrid. Da igual si hay distintas sensibilidades socialistas, matices populistas, o estrategias para engullir al socialismo madrileño. Hay algo que les une y que hará que sigan juntos: la ingeniería social.

Es propio de las izquierdas. El individualismo, las libertades y la sociedad abierta son, gritan, enemigos del progreso. Ese nuevo clero sostiene que siempre hemos vivido en pecado patriarcal y capitalista, contaminante e insolidario, acaparador y alienante, y anuncian que vienen a salvarnos, a reconstruir la comunidad sobre “la verdad”. Por esta razón, PSOE y Podemos, pueden ser rivales en las urnas, pero son compañeros de viaje en todo lo demás. Comparten un “proyecto transformador” de la vida privada y pública.

De ahí ese empeño en cambiar las costumbres y el lenguaje, el paisaje urbano y el consumo, las creencias y las relaciones personales. Toda esa ingeniería social, esos cambios a golpe de decreto y propaganda mediática, se envuelve en un democratismo y progresismo que encubre un espíritu mussoliniano.

De esta manera, estas izquierdas, estos aprendices de Frente Popular, consideran que el individuo solo tiene sentido si contribuye a la construcción y mantenimiento de su paraíso ecologista, antipatriarcal y socialista. ¿Para qué están las leyes y las instituciones si no es para enseñar a la gente cómo tiene que vivir?

La ingeniería social que ha puesto en marcha Ahora Madrid, la marca de Podemos en la capital, es una broma en comparación con el cambio radical que planean para un segundo mandato. No se diferencian del PSOE de Pedro Sánchez. Es cierto que su ocupación de La Moncloa, legal pero irreverente con la democracia, es una simple pasarela propagandística, un sinfín de spots políticos. Ahora bien, todas sus propuestas han tenido hasta ahora el freno de la oposición y de otras instituciones; el check & balances del que alardean con justicia los norteamericanos. Pero esto se puede acabar.

El gobierno de Pedro Sánchez se está destacando por contraponer su debilidad parlamentaria y su corta legitimidad, no pasada por las urnas, con la contundencia de sus propósitos y el desprestigio de los poderes del Estado. Al faltar a su palabra y no convocar elecciones, restó confianza en el Ejecutivo, por mucho que diga el chef Tezanos. ¿Y qué decir de su tolerancia con la campaña contra Felipe VI?

Al pactar con los enemigos del orden constitucional y poner en duda el carácter democrático y la validez del Senado, desprestigió al Legislativo. Al impedir la independencia del máximo órgano del Poder Judicial, una vez más, siguiendo la tradición impuesta por Alfonso Guerra en 1985 y no deshecha por el PP, ha restado confianza de los españoles en la justicia.

De esta manera, al mismo tiempo que va alimentado la creencia de que el régimen del 78 está agotado o que contraviene unos supuestos nuevos tiempos, se dedica a crear conflictos. Las izquierdas han considerado siempre que la política es descubrir problemas que nadie había percibido, extremar las posiciones, y presentarse como solución a una cuestión que nadie había planteado. Es ingeniería social.

Las ocurrencias del sanchismo se dirigen todas hacia el mismo objetivo: corregirnos, asegurar que hasta ahora hemos vivido en el pecado social, ecológico o de género. Unos días son planteamientos para cambiar la educación y eliminar la concertada, otros para un referéndum de “autogobierno” en Cataluña, después quiere despatrimonializar a la Iglesia, al día siguiente nos llama machistas por tener una Constitución con lenguaje “no inclusivo”, y finalmente, tras anunciar más impuestos, impondrá que conduzcamos todos un coche eléctrico hacia el paraíso ecosocialista.

Estos ingenieros sociales quieren que todo, lo público y lo privado, esté regulado por el Estado hasta el milímetro. Por supuesto, nada puede quedar fuera del ojo incansable y fiscal del Gran Hermano, y nada debe ni puede oponerse al supuesto progreso. No hay más que ver la manifestación del Sindicato de Estudiantes, el 14 de este mes, exigiendo que el Estado imponga una asignatura que les diga cómo tener sexo y tratar el género. Cada día somos menos libres.

Orgía presupuestaria
Juan Carlos Bermejo. vozpopuli 16 Noviembre 2018

Ya entrado el otoño, al mismo tiempo que los municipios españoles estrenan sus mejores galas llenando de luz y color las calles para que los agradecidos ciudadanos sientan la proximidad de las festividades navideñas, los políticos de diferentes pelajes trabajan para elaborar las normas más importantes de las instituciones que regentan. Me refiero a los presupuestos generales, ya sean estatales, autonómicos o municipales. Unos incunables que nunca se cumplen y por los que nadie responde a posteriori.

Asemejando las épocas de apareamiento animal, los políticos comienzan una actividad de cortejo mutuo donde desarrollan una destreza espectacular para asegurar su estatus privilegiado que no se vislumbra en ninguna otra época del año. Este acontecimiento es especialmente vistoso en los lugares donde no existe mayoría absoluta por parte de uno de los clanes. No es de extrañar, ya que se están jugando el futuro próximo tanto personal como de la “familia”, a costa de manejar los dineros públicos a su antojo y conveniencia.

Una vez finalizado el proceso dónde han repartido el pastel y se han asegurado su estatus privilegiado a base de mantener los servicios públicos politizados incrementando los gastos a costa de los sufridos bolsillos de los contribuyentes y previendo unos ingresos sin fundamento que nunca se cumplen, continúan con la imprescindible fase de “maquillaje” para ocultar los desmanes anunciando a bombo y platillo las “medidas estrella” con las que pretenden ganarse el favor de los ciudadanos, y por ende su voto, para seguir viviendo del erario público como buenos políticos de profesión perenne.

En el acto final, los portavoces de las familias, sin excepción, siempre acaban esbozando la misma frase: “Son los Presupuestos más Sociales de la Historia”.

En el ámbito estatal, Sánchez e Iglesias no han sentido ningún pudor en presentar unos Presupuestos Generales del Estado totalmente irreales (al igual que sus predecesores), en los que la previsión de ingresos es imposible de cumplir debido a que la economía está en clara contracción y cuya previsión de gastos se quedará corta por el encarecimiento de la energía, los intereses de la deuda y al aumento de las prestaciones por desempleo y las pensiones. Unos presupuestos que tienen como principal objetivo mantener el poder y fomentar la industria política, pero maquillados con una batería de “medidas de choque social” que apenas suponen el 0,1% del presupuesto, pero que son las que sirven para que la opinión pública y los ciudadanos vean los árboles y no puedan ver el bosque.

Un actor sumido en el ostracismo, como es el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ha sido el protagonista del último despropósito del Gobierno de Sánchez, quién, en lugar de promover la desaparición de un impuesto injusto e inmoral, lanza un Decreto para que el impuesto “lo paguen los bancos” en lugar del usuario de hipotecas.

El fin del Decreto es hacer parecer que cambian las cosas para que nada cambie con ese maquillaje antes mencionado, ya que los bancos no perderán beneficios porque lo repercutirán a los consumidores al existir un régimen de oligopolio, y las autonomías seguirán ingresando el impuesto saqueador para que la industria política pueda seguir ordeñando a los ciudadanos.

Algo parecido ocurre en las autonomías, y un ejemplo de ello son los presupuestos presentados por Garrido en la Comunidad de Madrid. En ellos, destaca especialmente el descarado e injustificado aumento del gasto de personal, así como el escandaloso y exponencial crecimiento del gasto destinado a fundaciones del ente y consorcios. Con todo ello, el partido en el poder pretende recolocar a miles de correligionarios que han quedado fuera de sus cargos tras la moción de censura que cambió al inquilino de La Moncloa, y de paso asegurar los existentes.

Paralelamente, Garrido, emulando a Sánchez, presenta una previsión de ingresos irreal, basándose en el cuadro macroeconómico usado por Sánchez, ese mismo que su jefe Casado ha tachado de inviable como oposición y que parece ser de su agrado en el ente que gobiernan.

Garrido (mi compañero Aguado debería obligarle) tiene una buena ocasión para eliminar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que es lo que el propio Casado ha prometido hacer. Sin embargo, nada de esto ocurrirá, porque no van a renunciar a lo que su compañera de partido, Aguirre, tachaba de “mamandurrias” y que ella fue campeona en mantener.

Esta incoherencia e hipocresía demuestra que para clase política no existe otro criterio en la confección de los presupuestos que la del beneficio propio. El papel lo soporta todo, y las cifras, para ellos, es lo de menos. No importa de dónde salga el dinero, y si falta emiten más deuda o se suben o crean nuevas figuras impositivas. Para ellos sólo importa mantener sus privilegios y los de la industria política a la que representan. En resumen, seguir disfrutando de la orgía presupuestaria, cada vez más social.

PD: Hoy les dedico el tema “Self Control” de Laura Branigan.

Un poder judicial indefenso
J. IGNACIO PRENDES* El Mundo 16 Noviembre 2018

Les confieso una perplejidad, llevo días repasando el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquel que explica cómo debe elegirse al presidente del Tribunal Supremo, y no acabo de encontrar en él ninguna de las siguientes palabras: Sánchez, Casado, Iglesias. ¿Cómo es posible, si precisamente son ellos quienes nos han anunciado el nombramiento del nuevo presidente del más Alto Tribunal?

La politización del órgano de gobierno Poder Judicial es un mal que en España venimos padeciendo como maldición bíblica; sin duda, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85 que permitió la elección partidista de la totalidad del Consejo, y que trasladó la competición partidista más allá del terreno que les es propio, el Parlamento, permitió a las dos fuerzas del bipartidismo colonizar el último pilar del Estado de Derecho, el Poder Judicial.

Un poder judicial que debiera ser independiente, pero que, en la práctica, se encuentra indefenso ante la larguísima mano de los partidos políticos, que, desde ese año 85, han venido repartiéndose su control, contribuyendo a la erosión de su legitimidad y menoscabando la integridad y la profesionalidad de los vocales que lo componen, cuya tarea comienza ya, desde el inicio, con una onerosa carga: la mancha indeleble de que su nombramiento, negociado como un intercambio político de cromos, haya sido anunciado en prime time por los líderes de los dos principales partidos de nuestro país.

Un poder judicial indefenso también debido a la ausencia en nuestro sistema institucional de los necesarios controles y contrapesos que impidan la vulneración de la separación de poderes. Desde el clásico Federalist Papers de Hamilton, Madison y Jay tenemos interiorizado que la virtud institucional no reside tanto en la discrecionalidad que las leyes conceden a cada uno de los poderes, sino en la existencia de controles internos y contrapesos férreos, the checks and balances que permitan delimitar cada rama del poder, impidiendo su confusión o solapamiento. Sin esa necesaria independencia los poderes no pueden actuar con libertad y eficiencia. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestro país, en un momento, además, en el que España necesita que sus instituciones luzcan plenas de legitimidad y fortaleza para afrontar los retos constitucionales que tenemos sobre la mesa.

Resulta pertinente recordar que contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE en 1985, se planteó recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que la facultad que otorgaba a los partidos la designación de los veinte vocales del Consejo, vulneraba las previsiones constitucionales en lo relativo a los doce vocales judiciales. Es preciso recordar lo que establece la Constitución al respecto en su artículo 122.3: "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".

Con esa diferenciación en el sistema de nombramiento se pretendía garantizar la independencia y el equilibrio en el seno del órgano de gobierno del Poder Judicial. Sin embargo, la reforma del año 85, mantenida de forma contumaz hasta la fecha por el PSOE y el PP, fuerza una interpretación diferente del texto constitucional, asumiendo que los doce jueces y magistrados del CGPJ debían ser elegidos "entre" jueces, pero no necesariamente "por" jueces. Esa interpretación interesada es la que ha permitido la politización del sistema de elección del poder judicial. Ya el Tribunal Constitucional se manifestó al respecto en su sentencia 108/1986, que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad por una ajustada mayoría y admitía ésta interpretación como constitucional, aunque alertando del "riesgo" "de que el procedimiento previsto traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad".

Además, el fallo añadía: "Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial". Por todo ello el Tribunal recomendaba mantener el sistema de elección dual, doce vocales elegidos directamente por jueces y magistrados y ocho por el Parlamento.

Lo que en el año 86 el Tribunal Constitucional valoraba como un "riesgo" hoy es una absoluta certeza. El espectáculo desolador y vergonzante de la renovación del CGPJ ha sido protagonizado, una vez más, por el viejo bipartidismo, PSOE y PP quieren mantener su control sobre la función más decisiva del Consejo, la designación de la cúpula judicial, digan lo que digan en campañas y acuerdos nunca han tenido voluntad alguna de renunciar a esa facultad que el perverso sistema designación de vocales les otorga. Al complot se ha unido este año otra formación, Podemos, que en un ejercicio de puro cinismo político, por la mañana rodeaba el Tribunal Supremo denunciando su falta de independencia y por la tarde reclamaba su cuota correspondiente de la tarta judicial. No me cabe ninguna duda de que esta actitud resulta acorde con su declarada intención de erosionar la legitimidad de los poderes del Estado por sus aspiraciones de ruptura del orden constitucional del 78. Tampoco me caben dudas de que tanto PP como PSOE son conscientes de estas explícitas intenciones, lo que confiere a éste acuerdo tintes no tanto de surrealismo, como de irresponsabilidad manifiesta.

Ni siquiera las reiteradas advertencias del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) que en sus evaluaciones anuales advierte de la necesidad que se cambie el sistema de elección del Consejo, para que los partidos no intervengan en ninguna de las fases de selección de jueces y magistrados. Ni el hecho de que el hartazgo en la carrera judicial llegue al extremo de colocar como punto número uno de sus reivindicaciones la despolitización del Consejo, como única manera de salvaguardar su credibilidad maltrecha, ha servido para acabar con esta práctica.

Y es que no estamos sólo ante un problema de legalidad, es también una patología que afecta a la práctica política. Esa práctica que sin sonrojo pretende que aceptemos como normal que la presidencia del Tribunal Supremo se anuncie en Ferraz ó en Génova, convirtiendo la norma en puro formalismo desprovisto de todo contenido.

Reforzar nuestro sistema democrático y de valores constitucionales, tan urgente hoy, exige renunciar a la colonización partidista de ámbitos que no son propios de la política, abandonar la lógica de ese puro "Estado de partidos" en que se ha convertido nuestra democracia y una práctica política coherente con lo que se defiende, para no ahondar aún más en el descrédito institucional. Por eso promover una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita restaurar el sistema de elección de vocales previo al año 85 se hace imprescindible, algunos seguiremos dando esa batalla. Estoy convencido de que ya queda poco para que haya un gobierno y una mayoría parlamentaria que renuncie a la elección, aunque sea indirecta, de jueces y magistrados.
-------
*J. Ignacio Prendes es vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia de Ciudadanos.

Los datos del éxodo de jueces en Cataluña: hay 43 menos desde el 1-O
Tras el último episodio de acoso a Llarena y la petición de auxilio del CGPJ se esconde un dato: las plazas de juez en Cataluña no se cubren.
esRadio Libertad Digital 16 Noviembre 2018

Desde que arrancó el proceso separatista en septiembre del año pasado, 47 jueces se han ido de Cataluña. Así lo revela un informe de la Asociación Profesional de la Magistratura, que apunta que sólo cuatro jueces se han incorporado en ese periodo de tiempo a juzgados de la región. Los datos, confirmados por Pablo Baró Martín, presidente de la sección territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, En Casa de Herrero, son reveladores y la prueba del acoso que sufre el mundo judicial pese al empeño del Gobierno en minimizarlo.

"Estamos perdiendo jueces que llevaban aquí muchos años", se "está desestabilizando", ha denunciado Barón, que ha contado que a pesar de que han denunciado en numerosas ocasiones "este éxodo" y se lo han hecho llegar al Gobierno para que "adoptara medidas para evitar la fuga de jueces", no se les ha hecho caso.

El último episodio de la situación de persecución a que se está sometiendo a los jueces en Cataluña se ha vivido esta semana, con los excrementos esparcidos en varios juzgados de la región y con las pintadas en el domicilio en San Cugat de Pablo Llarena. El instructor del proceso lleva un año sufriendo amenazas y coacciones sin que el Ejecutivo haya hecho nada: acoso en redes, pintadas en otro domicilio e incluso un escrache a las puertas de un restaurante no han obtenido respuesta.

En un contundente comunicado, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido "medidas de protección adecuadas de los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña". También ha pedido a la Fiscalía y a Interior que actúen y adopten "todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos".

La respuesta del ministro y también magistrado Fernando Grande Marlaska ha sido tibia: ha minimizado los hechos, ha dicho que han funcionado los "protocolos" de seguridad y ha pedido "no generar alarmismo". Entre tanto, la sensación de desamparo se extiende entre jueces y fiscales, que denuncian cómo Cataluña se está convirtiendo en un destino a evitar y se están quedando solos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Tan cerca de los golpistas como lejos de la Constitución
OKDIARIO 16 Noviembre 2018

España es un país al revés desde que desgobierna Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista está tan hipotecado por el apoyo de comunistas bolivarianos, independentistas catalanes, nacionalistas vascos y proetarras de Bildu que las instituciones están a merced de cualquier espectáculo, por muy delirante que sea. Cuando estamos a menos de un mes de que la Constitución cumpla 40 años —será el próximo 6 de diciembre—, en la Asamblea de Madrid se ha dado el hecho inaudito de que dos de sus formaciones han aplaudido tras rechazar la prohibición de indulto a los golpistas catalanes. Ver para creer. Por supuesto, el dislate ha venido por parte de esa sociedad política del caos que conforman PSOE y Podemos.

La copresidencia que ostentan Sánchez e Iglesias —tanto monta, monta tanto— ha generado tal ambiente de connivencia con los golpistas que incluso en Madrid prefieren ponerse del lado de los mismos que han tratado de subvertir nuestra legalidad vigente. Cualquier cosa antes que apoyar y defender la Constitución, que es lo mismo que apoyar y defender la convivencia próspera y cívica en nuestro país. Un sistema político que nos ha otorgado la oportunidad de vivir el periodo de paz más largo de nuestra historia y que, entre otras cosas, permite a sus irresponsables señorías cobrar sus respectivos sueldos de diputados regionales.

Grave es que Podemos apoye en Madrid a los sediciosos. No obstante, no era la primera vez ni tampoco será la última. Lo peor, incluso llegando a la categoría de dramático, es que el PSOE no tenga un mínimo arresto de responsabilidad para sumarse a la iniciativa de Ciudadanos, que pedía con acierto rechazar la concesión del indulto y “cualquier otra medida de privilegio” a los golpistas catalanes en caso de ser condenados. Podemos y PSOE han sumado fuerzas y votos para rechazar esta Propuesta No de Ley (PNL). Que tomen nota los españoles de cara a los próximos comicios locales y autonómicos. Ya saben cuales son las siglas que dentro y fuera de Cataluña están decididas a fortalecer a los que quieren acabar con la Constitución y, por tanto, con la unidad de España.

Fascistas, a pedazos
Vicente Torres Periodista Digital 16 Noviembre 2018

Los autodenominados demócratas, antifascistas, solidarios y fundamentalmente buenos, quisieron reventar un acto de VOX, partido al que tildan de extrema derecha, al grito de «sin piernas y sin brazos, fascistas a pedazos».

¡Ah!, eso lo podrían haber gritado los etarras, otros que se autodenominan demócratas, antifascistas, solidarios y fundamentalmente buenos. Los etarras y los habitantes de los innumerables pueblos malditos que hay por el norte, como Alsasua, por ejemplo. O como Andoáin. De hecho, quienes acosaron a los asistentes al acto de VOX -acosaban, pero se consideren bellas personas- gritaron también «Ortega Lara, vuelve al zulo». Ignorantes. Ninguno, ninguno, ninguno de los que son capaces de gritar eso pueden, ni por asomo, llevar a cabo la misma hazaña que Ortega Lara. Si tuvieran que vivir lo mismo saldrían hechos una piltrafa, en el mejor de los casos. La entereza de esta víctima de ETA es extraordinaria. Tiene mucho más mérito que ser astronauta, por ejemplo. Para salir con bien de una prueba como la tuvo que sufrir se necesitan unas cualidades mucho mayores que las necesarias para ser astronauta. Se puede añadir, además, que Ortega Lara no habría podido formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, ni aunque le hubieran ofrecido un sueldo diez veces mayor y ser consejero en diez empresas del IBEX al dejar el cargo. Sus convicciones morales, esas que le permitieron resistir el tormento al que le sometió ETA, se lo habrían impedido. Claro que de esas cosas se ríen Gallego-Díaz, Borrell, ese bluf, Sánchez, ese contaminador, Delgado, esa Lola.

La directora de El País, citada anteriormente, está que trina con la irrupción de VOX, al que sitúa en la extrema derecha. La ultraizquierda no le inquieta. Es la suya. El caso es que le dieron el cargo para salve a ese periódico, cuyas ínfulas fueron infinitas, y ahora se parece cada vez más a La Vanguardia. Ya la critica hasta Javier Marías.

Orwell, Hegel y la trampa kosovar
FELIPE SAHAGÚN El Mundo 16 Noviembre 2018

Para estados jóvenes sin reconocimiento universal como Kosovo, participar en organizaciones, conferencias o competiciones deportivas internacionales mostrando al mundo sus enseñas nacionales es vital para su consolidación como actores soberanos. Aunque oficialmente el olimpismo pretenda "hacer un mundo mejor y más pacífico educando a los jóvenes con el deporte sin discriminación de ningún tipo en un espíritu de amistad y juego limpio", siempre ha sido la pasarela ideal para exhibir orgullo nacional y patriotismo, con frecuencia incompatibles con la proclamada solidaridad sin fronteras.

Sin llegar al extremo de George Orwell, que veía en el deporte internacional "guerras sin tiros", la obsesión por conquistar medallas y enarbolar banderas lo aproxima mucho al mundo bélico por la obsesiva búsqueda de unidad contra el enemigo hasta la victoria.

Poco importa que alrededor del 6% de los atletas que compitieron este año en Corea haya nacido en países distintos a los de las banderas que portaban. Para ellos lo importante es ganar. Para los países que los adoptan, hacer nación y patria. Para el COI y para la galaxia multimillonaria que mantiene este gran chiringuito global, seguir con el gran negocio.

Kosovo lleva casi nueve años, desde el 17 de febrero de 2008, luchando con desiguales resultados para que su declaración unilateral de independencia de Serbia, en violación flagrante del Derecho nacional e internacional aplicable entonces en su territorio, sea aceptada por todos los estados y organizaciones internacionales. Podios, medallas y banderas son una inyección de moral y de propaganda que no quieren perder. En los actuales dirigentes del COI, entre ellos destacados catalanes como el director general adjunto, Pere Miró, y Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo del ex presidente del COI, han encontrado firmes defensores cuando, en otro error de cálculo, el Gobierno español prohibió a los kosovares llevar ropa con el nombre de su país en el Mundial de kárate celebrado en Madrid la semana pasada y utilizar el nombre de Kosovo en los marcadores. Para Miró, Samaranch y sus amigos del Comité Olímpico Español (COE), presidido por Alejandro Blanco, fue la gota que colmó el vaso. Sus protestas por el visado especial y la prohibición de desfilar con su bandera a los kosovares en los Juegos Mediterráneos de Tarragona en junio habían sido inútiles.

Esta vez amenazaron con movilizar a los 206 comités nacionales para que boicoteasen a España si el Gobierno no cambiaba de actitud. Moncloa aceptó negociar y, según la carta de Exteriores al COE y al COI que se hizo pública el miércoles, se comprometió a garantizar a los deportistas kosovares el mismo trato que a los demás en futuras competiciones. "El Gobierno español facilitará a las delegaciones deportivas kosovares que compitan en España los visados pertinentes y les permitirá utilizar sus propios símbolos, himno y bandera de acuerdo con el protocolo olímpico", anunciaba el COI en un comunicado. Peligraba la candidatura de Pirineos-Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y los socios independentistas de Cataluña, con estrechas relaciones con Pristina y con el COI, presionaron a Moncloa para que cediera.

Desde el primer día de la independencia kosovar, la diplomacia española se ha encontrado en minoría, con malas cartas, apostando por principios legales en una partida que, como casi todas las independentistas, se está decidiendo por la fuerza y no por el Derecho.

En Kosovo siempre fue así. Una coalición de potencias occidentales, con Alemania al frente y la OTAN de brazo armado, convirtieron a 15.000 guerrilleros y terroristas en un Ejército de Liberación, rompieron la integridad territorial de un país y, con la ayuda del Departamento de Estado (Madeleine Albright) y del ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, se inventaron un genocidio para justificar una guerra ilegal, sustituyeron a las autoridades serbias por una administración internacional y, 10 años después, reconocieron su independencia sin cumplir las condiciones jurídicas para ello. Con su actuación, sentaron un precedente peligroso y perdieron fuerza moral, como ha señalado la catedrática Araceli Mangas, para condenar las intervenciones posteriores de Rusia en Georgia y en Ucrania.

Serbia recurrió la decisión, pero, en la sentencia de 2010, la Corte Internacional de Justicia, en contra de la opinión de los principales internacionalistas españoles y de los informes de la entonces consejera legal de Exteriores, Concepción Escobar, avaló -"no fue ilegal", señaló- la independencia kosovar. A partir de ese momento, los dirigentes españoles se quedaron sin argumentos jurídicos.

Con razones sobradas para preocuparse por el posible efecto dominó en los separatismos internos, España ha seguido ejerciendo, con otros cuatro países de la UE (Grecia, Eslovaquia, Rumanía y Chipre) y otros 31 estados (entre ellos Rusia, China, India y los principales países iberoamericanos), su legítimo derecho a no reconocer la independencia kosovar. "Reconocer a una comunidad política como Estado es declarar que cumple las condiciones exigidas por el Derecho internacional" (Lauterpacht). Y éstas, recogidas en la Convención de Derechos y Deberes de los Estados (Montevideo, 1933) -población permanente, territorio determinado, Gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados- siempre han estado cuestionadas y son insuficientes.

Hay dos doctrinas prevalentes: la positivista, con raíces en los escritos de Hegel (siglo XIX), según la cual un Estado no lo es hasta que es reconocido como tal por los demás, y la doctrina declarativa, para la que basta con declararse estado, independientemente del reconocimiento exterior. España ha apoyado en Kosovo desde el primer día la primera doctrina, pero, como han pedido tantas veces José Ignacio Torreblanca y otros autores desde el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, con nulas posibilidades de éxito.

En los últimos años, ha tratado de salvar la cara utilizando su comodín para impulsar desde la UE un acuerdo definitivo entre Serbia y Kosovo que desate el nudo diplomático y facilite el ingreso futuro de ambos países en la Unión, pero las negociaciones han chocado con el muro de los intercambios de territorios, tan nefastos en la Europa de entreguerras recordada estos días durante el primer centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial.

El veto ruso y chino en el Consejo de Seguridad ha impedido hasta hoy la entrada de Kosovo en la ONU y el veto de España es un freno para el ingreso de Kosovo en la UE y en la OTAN, pero no han evitado su incorporación en 2009 al FMI y al Banco Mundial. Los dirigentes de Pristina cuentan con el apoyo de EEUU y de casi todos los países europeos, y confían en entrar pronto en Interpol. Al presidente Sánchez y al ministro Borrell les ha tocado lidiar con una herencia envenenada, adoptada por el Gobierno de Zapatero y continuada por el de Rajoy. Como ha reconocido Miró, el conflicto "llevaba abierto dos años, con dos gobiernos distintos", y el ultimátum se lo han dado a Sánchez. En parte por haber apretado las tuercas sin medir bien sus fuerzas, en parte por su debilidad original. La responsabilidad habría que repartirla entre los responsables de Exteriores y Moncloa desde 2008.

Para movimientos independentistas como el de Cataluña, que creen llegada la hora de reclamar un derecho inexistente a una independencia que nunca han tenido, todo congreso o competición olímpica en su tierra es una oportunidad de avanzar, en visibilidad y propaganda, la causa secesionista. Apoyando a Kosovo, se apoyan a sí mismos.

Si se atrevieron a utilizar los atentados más graves cometidos en España desde el 11-M, con 15 muertos, con el mismo fin -cada rueda de prensa del entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, parecía la de un ministro del Interior vendiendo su patria al mundo e ignorando olímpicamente al resto de España-, se opondrán siempre a cualquier acción de cualquier Gobierno español que frene esos objetivos.

Felipe Sahagún es profesor de Relaciones Internacionales de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Éxodo de jueces en Cataluña
Desde septiembre de 2017, sólo regresaron voluntariamente 4 jueces, con lo que se abre más la brecha.
F. Velasco. Madrid. larazon 16 Noviembre 2018

Los radicales catalanes, con especial protagonista para los «cachorros» de la CUP, pretenden instaurar «su» Justicia en esa comunidad, en la que no tengan cabida aquellos jueces y magistrados que se dediquen simplemente a hacer cumplir la Ley, sobre todo si ello significa que algunos de sus referentes tengan que responder por sus acciones. En esa campaña se pueden enmarcar los últimos «mensajes» al juez Pablo Llarena, donde la entrada de su vivienda apareció el miércoles rociada con pintura amarilla. Y para «presumir», Arran, las juventudes de la CUP, subieron el vídeo a la red.

Los datos vienen a señalar que empieza a cundir un cierto desánimo entre los miembros de la Carrera Judicial por permanecer en los juzgados y tribunales de Cataluña, y, en cambio, aumenta el deseo de salir de ese territorio cuando se presente la primera oportunidad para ello.

Así, según informaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, en el último año, desde septiembre de 2017 a octubre de este año, 43 jueces y magistrados han abandonado los destinos que tenían en Cataluña para ejercer su labor en destinos «menos conflictivos» y sin la presión de sufrir algún tipo de represalias por quienes no aceptan las reglas de un Estado de Derecho. En cambio, sólo cuatro jueces pidieron regresar de forma voluntaria a juzgados catalanes en ese mismo período; mientras que otros, recién salidos de la Escuela Judicial, se vieron «obligados» a comenzar su carrera en Cataluña, ya que los primeros del escalafón optan por otros destinos.

Toda vez que desde septiembre de 2017 a agosto de 2018 fueron 33 magistrados los que se marcharon de Cataluña, resulta que en este último año han sido otros 10 los que han optado por ejercer en otras comunidades autónomas.

En todo caso, desde fuentes judiciales se quiere destacar que no se trata de ninguna «desbandada general» de jueces de Cataluña, pero que al existir una notable diferencia entre quienes abandonan los juzgados catalanes y los que regresan, «la situación, lejos de mejorar, empeora cada vez más». De hecho, el porcentaje de jueces que ha perdido esta comunidad autónoma antes y después del «procés» supera el 80 por ciento.

Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña, Pablo Baro, el «éxodo» de jueces de esta comunidad autónoma es algo «preocupante». Entre las causas que pueden influir en esos abandonos figuran, en su opinión, el «ambiente de tensión que vivimos», el cual es uno de los detonantes de esta fuga de magistrados», entre los que se encontrarían los sucedidos ante la vivienda de Pablo Llarena y de su mujer, la también magistrada Gema Espinosa, cuando uno de sus hijos se encontraba en el interior.

Precisamente, en relación con estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad un acuerdo en el que se expresa el «más absoluto rechazo» ante al ataque sufrido por los dos magistrados y su familia, «y al ataque que con ello se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña»; e idéntico rechazo frente «a las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando».

Además, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados insta a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña «para que de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos»; y, a la vez, reclamar a las autoridades competentes en materia de seguridad «para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los magistrados atacados», e igual respecto a los demás magistrados que ejercen en Cataluña.

Sobre esta cuestión, Pablo Baro considera que el ataque registrado contra la vivienda de Llarena y el lanzamiento de excrementos en distintos juzgados, reivindicados por los Comités de Defensa de la República, hay que enmarcarlos, precisamente, en ese «ambiente de tensión» que se vive en esta región. Dichos episodios, afirma al respecto, son intolerables y es preciso condenarlos de forma contundente. «La sociedad no puede banalizar estos sucesos, que únicamente contribuyen a degradar la convivencia», por lo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias «para evitar que se repitan», reclaman.

Gritos de "Ortega Lara vuelve al zulo"
Los dos detenidos por intentar reventar violentamente el acto de VOX en Murcia condenados a 8 meses de cárcel
OKDIARIO 16 Noviembre 2018

Los dos hombres detenidos este miércoles, en el marco de las protestas por los actos de Vox y HazteOir en la capital, han sido condenados a ocho meses de cárcel por un delito de atentado y un delito leve de lesiones, según informan fuentes judiciales.

El fallo ha sido dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, en el marco de un juicio rápido, después de que ambos acusados reconocieran los hechos y se conformarán con las penas solicitadas por el Ministerio Público.

Además, por el segundo de los delitos deberán pagar una multa de 60 euros y una indemnización a la agente de la Policía Nacional en cuantía que se determinará una vez se ejecute la sentencia.

Los dos procesados, un joven de 19 años y nacionalidad española y un hombre colombiano de 28 años, fueron detenidos en las protestas que protagonizaron alrededor de un centenar de manifestantes a las afueras del hotel donde el presidente de VOX, Santiago Abascal, daba una conferencia.

Se daba también la circunstancia de que los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez impartían, horas antes, una conferencia-coloquio titulada ‘Marxismo, feminismo y LGTBI’, que organizaba HazteOir.org.

Unos 50 agentes tuvieron que establecer un cordón policial como medida de seguridad, ya que se produjeron algunos momentos de tensión entre algunos asistentes al acto de VOX y los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

Los manifestantes corearon consignas del tipo ‘Independencia para Cataluña’, ‘Vosotros sois los degenerados’, ‘Aquí está la resistencia trans’, ‘Fascistas, estáis en nuestra lista’, e incluso profirieron amenazas al ex funcionario de prisiones y fundador de VOX, José Antonio Ortega Lara, al que le dijeron que “volviera al zulo”.

 

Recortes de Prensa   Página Inicial