Asociación G. para la Libertad de Idioma
AGLI

La Coruña, España

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Desde 1.988 defendiendo los derechos humanos y constitucionales
de los que hablamos el idioma español.
Si no hemos conseguido mucho, es muy probable que una parte de la culpa sea tuya.

 


Una         opinión crítica contra los nacionalismos

En         Defensa de los Derechos Constitucionales de los que hablamos el Idioma         Común Español
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Urgente Recogida de Firmas para

¡Elecciones ya! https://www.voxespana.es/elecciones-ya

 
Desde VOX exigimos que los diputados devuelvan la representación que con tanta irresponsabilidad han utilizado. Que no den un paso más en sus delirantes manejos, siempre de espaldas a los españoles.
 
Se necesitan para el 31/08/2018  50000 firmas.

Motivos para firmar:

Hay en marcha un golpe de estado, y de momento solo una parte de los golpistas están encarcelados, otros han huido y, lo más terrible, otros han vuelto a las instituciones, quedando desamparados buena parte de los ciudadanos españoles.

Hay en marcha un plan de gobierno que no tiene mayoría en el Senado, con apoyos absolutamente inestables en el Congreso, y por lo tanto un ejecutivo incapaz de hacer frente a la grave situación que vive el Estado.

Hay una ofensiva de los tentáculos políticos de ETA, algunos ocupando instituciones, que aprovecha la debilidad gubernamental para fortalecer sus planes de destrucción nacional

Hay una insostenible situación de persecución de la lengua española en varias comunidades.

Hay un escándalo permanente en lo relativo a la corrupción de los partidos y de sus líderes, algunos todavía por juzgar.

Hay una inestabilidad presupuestaria, cuestionada por Europa y moneda de cambio entre el caos de mayorías parlamentarias, que amenaza seriamente una economía endeuda hasta el extremo.

Hay una evidente desconfianza de gran parte de los españoles ante sus actuales representantes en el Congreso, una generalizado incumplimiento de los programas políticos y de las promesas públicas de los principales partidos, y un presidente de gobierno que ni siquiera es diputado.

Hay, en definitiva, una amenaza a la democracia, a la libertad, al Estado de Derecho y a la Unidad de España.

Por todo ello HAY QUE VOLVER A VOTAR

Desde VOX exigimos que los diputados devuelvan la representación que con tanta irresponsabilidad han utilizado. Que no den un paso más en sus delirantes manejos, siempre de espaldas a los españoles.


 
Los recortes de ayer al final de la página
  
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Lenguas inútiles - Y ahora Ucrania, tomad nota idiotas!!

 

Euro and Europe doomed by Spain's inefficiency
AGLI Editor. 22 August 2012

The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of  regional languages. This measure  would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding.

Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). 

Spain will sink the Euro and Europe unless it returns to common language and law.
AGLI Editor. 22 August 2012 

The deep problems of  Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of  regional languages, should already have been taken. 

Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. 

Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating  business systems to them. 

Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure  would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. 

The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem).


El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

La colección de 'El valor económico del español', un homenaje a nuestro idioma
Fundacion Telefonica 3 Marzo 2017

 

Descárgatelos gratis http://email.fundaciontelefonica.com/re?l=D0Ilily6zI5ztd4nnIh

Descárgatelos gratis

Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma.

¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español?

Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes.

Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español':

Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra.

Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma.

El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”.

El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico.

El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado.

Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional.

El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico.

Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales.

Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones.

El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas.

Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante.

Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años.

La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido.

Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.


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Boletín AGLI nº25 (Nov 2011)

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Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

 desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

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El Nacionalismo Obligatorio en las Aulas
Por Ernesto Ladrón de Guevara y Arbina.

A LAS PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA VERDAD
(Vitoria, año 2011)
394 páginas

www.educacionynacionalismo.com

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La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas"
Manuel Jardón     (1.284KB, formato .pdf)  Nota: si no consigue descargar el libro completo, pulse el botón derecho de su ratón y
seleccione "Guardar destino como" en
Internet Explorer o "Guardar enlace como" en FireFox.

La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Manuel Jardón

Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
FADICE      (747KB, formato .pdf )

Índice General

Recortes de Prensa   16 julio 2018
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas
para los idiomas"

La "normalización lingüística",
una anormalidad democrática
 





AGLI Recortes de Prensa  Lunes 16 Julio 2018

El frente populismo económico que nos llevará al colapso
Roberto Centeno El Confidencial 16 Julio 2018

Nadia Calviño, la única ministra capaz y con visión de lo que se avecina, ha anunciado como prevención la creación de una “autoridad macroprudencial”, una alerta temprana ante la acumulación de desequilibrios macroeconómicos. No fue sin embargo la falta de alertas lo que nos llevó a la mayor y más profunda crisis económica de Occidente, sino la desastrosa gestión de Zapatero, Solbes y MAFO, que ignoraron todos los avisos, falsearon la contabilidad nacional y no hubo tropelía ni golfada que no cometieran para ocultar la realidad del sistema financiero, lo que agravó exponencialmente la crisis. En cualquier otro país, habrían sido procesados y estarían en la cárcel, y aquí no respondieron de nada.

¿Qué mayor 'alerta temprana' que la carta de los inspectores del BdE en 2016 anunciando lo que iba a pasar y que los sectarios MAFO y Solbes ignoraron?, ¿o la crisis financiera internacional en agosto de 2007 que, según estos insensatos, no nos afectaba? Y hoy, ¿qué más alerta temprana que la subida del petróleo?, ¿o la finalización de las compras de deuda a interés cero del BCE y de los flujos financieros externos?, porque ¿a que coste van a conseguirse los 250.000 millones anuales necesarios para evitar la quiebra? Ante esto, el frente populismo de Sánchez, más sectario e ignorante aún que Zapatero, aumenta en lo económico gasto clientelar e impuestos, elimina el objetivo de déficit, ataca a la productividad, a la inversión y al ahorro de las familias, lo que nos llevará al colapso.

De momento, Calviño ha modificado unilateralmente los objetivos de déficit, un 2,8% del PIB este año, cinco décimas más que el 2,2% comprometido, y 1,8% o lo que sea en 2019, porque “como bajaremos del 3%, dejaremos de estar sometidos a vigilancia”. Bruselas no ha dicho nada, lo hará en octubre, cuando se presenten los nuevos PGE. El problema es que el déficit no bajará del 3% ni de broma, y entonces veremos qué dice Pierre. De momento, el estreno de Sánchez en Europa no ha podido ser más penoso. “El nuevo chico”, le llamaría Juncker, presidente de la Comisión, el niño de los recados de Macron y Merkel —esta le arrancaría el compromiso de convertir España en el gran campo de refugiados de Europa— y, ya el colmo, corriendo detrás de Trump, que le había ignorado, para hacerse la foto y decir que “no es sí, 'bwana” al incremento del gasto militar.

Pero, desgraciadamente, no es la Calviño quien manda, es la ministra de Hacienda, cuyos desmanes de gasto financió, elevando el expolio fiscal en Andalucía, al máximo de España, y para quien la crisis “no es un problema de gasto, es un problema de ingresos”. Para la doña, el despilfarro de 36.000 millones anuales en duplicidades entre AAPP no es un problema, el robo de 13.000 millones del cupo vasco más IVA no devueltos, tampoco. Los 15.000 millones de miles de empresas públicas inútiles igual, como tampoco los dos millones de enchufados. Y aunque España sea un infierno fiscal para las familias, que soportan una fiscalidad del 48,5% —177 días ha necesitado el trabajador medio en 2018 para pagar impuestos y cuotas sociales—, hay que expoliarla más, mientras que con un cinismo inaudito dice que el hachazo fiscal no afectará “a trabajadores, pymes ni autónomos”.

Empresarios y banqueros han puesto el grito en el cielo por las subidas previstas, aunque tienen mecanismos legales de sobra para evitarlas y/o trasladar todo su efecto a los consumidores y clientes aprovechando su situación oligopolista. Pues bien, señores empresarios y banqueros, déjense de quejas y empiecen a actuar. ¡Dejen de sostener a los grandes medios con su publicidad y sus créditos, que están engañando a los españoles y aplaudiendo el camino hacia la destrucción económica y política de la nación! Un Gobierno sin política económica alguna, porque, como afirma la vicepresidenta, “el dinero público no es de nadie”, se ha lanzado a una campaña masiva de engaño, algo solo posible con la complicidad del Ibex y la banca, que sostienen a los medios que más daño han hecho a España.

Y es que el verdadero objetivo de Sánchez es la destrucción de la clase media creada por Franco y la proletarización del país, la destrucción de la libertad de enseñanza y su sustitución por el adoctrinamiento sectario, como en Cataluña, y la destrucción de la unidad nacional más antigua de Europa con una delirante 'nación de naciones' donde cada parte tiene 'derecho a decidir', algo que no existe en ninguna democracia. Si empresarios y banqueros creen que esto no va con ellos, se equivocan. En el caso menos malo, supondrá el empobrecimiento de España, y en consecuencia de sus negocios aquí; en el peor, como en la frase atribuida a Bertolt Brecht sobre el no haber actuado a tiempo para frenar el nazismo, “luego vinieron a por mí, pero entonces ya era demasiado tarde”. Están gobernando en todo como en febrero del 36: ignorando la legalidad y la Constitución, y con una deriva totalitaria que dinamitará la convivencia.

La alerta temprana que llevará España al colapso económico y que Sánchez —como Zapatero— ha decidido ignorar es obvia: deuda pública imposible de devolver del 133% del PIB a final de 2016, como Calviño reconoció en Bruselas; endeudamiento fuera de control, 54.000 millones en 2018 o el 4,6% del PIB —23.000 millones de subida de la deuda del Estado en circulación hasta junio más 8.000 de deuda autorizada a las CCAA, con Cataluña a la cabeza—; sistema de pensiones quebrado, cuyo déficit superará los 20.000 millones este año y cifras crecientes en los siguientes; alza del precio de la energía; fin de la compra de deuda por el BCE (principal comprador actual) a interés cero a fin de año, y subida de tipos inevitable en 2019.

Y prepárense para el crudo a 90 dólares este otoño y a más de 100 dólares en 2019. Después del hundimiento de los precios del petróleo en 2014, la industria del petróleo y del gas comenzaron a reducir sus inversiones en exploración y producción. Desde entonces, las inversiones han caído a la mitad, lo que ha significado menos nuevos descubrimientos —el número de nuevos descubrimientos de petróleo convencional fuera de los EEUU ha caído a su nivel más bajo en 65 años— y la caída de las reservas probadas.

El Gobierno descarta que se llegue a superávit presupuestario en 2021
El recorte de inversiones ayudó a la empresas a mantener sus rentabilidades en un escenario de caída de precios —las grandes petroleras ofrecen dividendos astronómicos: Repsol 5,6%, Shell 5,4%, Exxon 4,0%, ENI y TOTAL casi 5%—, pero las inversiones están por debajo del nivel necesario para mantener los actuales niveles de producción. Para ello, serían necesarios tres billones de dólares por año —más de dos veces el PIB de España—, y mientras tanto la demanda no cesa de crecer, por lo que los precios solo pueden subir en los próximos años. Y según el Ministerio de Economía, el crecimiento se reduce un 0,7% por cada 10% de incremento en el precio de la energía, y subirá cerca del 25% en el segundo semestre respecto a los PGE, lo que restará 0,8 puntos al crecimiento este año, y lo llevarán casi a cero en 2019.

Las luces rojas están todas encendidas, y estos son los hitos del camino al abismo:
Desaceleración ya en marcha: aumento del gasto clientelar y subida de impuestos para pagar sus desmanes ? agravamiento de la desaceleración? déficit publico fuera de control por encima del 3% ? aumento del precio de la energía, que hundirá más el crecimiento y el empleo ? aumento de la inflación ? aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros ? cese de compra de la deuda por el BCE ? España no podrá financiar sus déficits ni refinanciar su deuda en los mercados a intereses asumibles ? quiebra de las pensiones sostenidas con deuda, 15.000 millones en 2018.

El resultado, salvo milagro divino, será una repetición a gran escala de lo ocurrido en Grecia. Alexis Tsipras, como Podemos, prometió a pensionistas, funcionarios y trabajadores mejorar su situación, y el ingenuo pueblo griego se lo creyó. Están pagando muy caro su estupidez. Las pensiones se han visto reducidas 13 veces, hasta un 40%; 1,5 millones de pensionistas cobran menos de 500 euros al mes en 12 pagas; despidos masivos de empleados públicos y reducciones salariales entre el 30 y el 42%, un profesor cobra 670 euros mes, un juez que cobraba 5.000 euros hoy cobra 2.900, y a quienes tenían sueldos superiores a 2.500 les quitaron dos de las 14 pagas, les obligan a pagar una 'contribución solidaria', del 10% (en pensiones a partir de 1.400 euros) y les aumentaron sus impuestos.

Nunca infravaloren los desastres económicos y políticos del sectarismo político, de la incompetencia y de la mentira, en los que España es maillot amarillo de Europa.

La inmoral tendencia a aumentar la deuda pública
La suavización de la senda de reducción del déficit no será gratis. España seguirá engordando su endeudamiento sin que haya un plan nacional para reducir la deuda pública
Carlos Sánchez El Confidencial 16 Julio 2018

Un viejo aserto económico sostiene que la deuda pública nunca se paga. Este razonamiento se basa en un argumento muy simple. Como cada año, salvo en recesión, crecen la economía y la inflación (el llamado PIB nominal), con solo mantener los niveles de endeudamiento en términos absolutos, se produce una reducción de la deuda, ya que esta se mide en términos relativos.

Esto sucedió, sin ir más lejos, en 2017. La ratio deuda/PIB bajó en 0,7 puntos porcentuales (hasta el 98,3% del PIB), pero gracias al efecto combinado del crecimiento y la inflación, que aportaron nada menos que 3,8 puntos de reducción del endeudamiento. Esto significa que de no haber crecido el PIB nominal la deuda hubiera superado ampliamente el 100% del PIB.

Existe otro argumento complementario, igualmente, muy visible. La deuda pública no se devuelve porque realmente nunca se reduce en términos absolutos, puesto que siempre es renovada una y otra vez por parte de los tesoros nacionales. Los datos del Banco de España lo corroboran. El endeudamiento público se situó en 2014 en 1,04 billones de euros, cifra equivalente al 100,4% del PIB. Pero en 2017, con una deuda que ha crecido desde entonces en términos absolutos hasta los 1,16 billones de euros (casi 120.000 millones de euros más que tres años antes) la ratio ha bajado hasta el 98,3% del PIB. Es decir, se ha reducido por arte de magia. Con más deuda, mejora el endeudamiento que se vende a la opinión pública.

Una especia de ilusión monetaria que permite a los gobiernos —este y aquel— presumir de que la deuda se reduce, cuando en realidad no para de crecer. Tan solo en los últimos doce meses la deuda ha aumentado en 34.341 millones de euros, y es probable que, tras la última reducción del déficit, en 2018 habrá que añadir otros 30.000 millones a la buchaca.

Esta ficción aritmética parece estar detrás de la insensibilidad de muchos gobiernos sobre los niveles de endeudamiento público, y que, en realidad, siempre es privado. Las administraciones, de hecho, no pagan impuestos, son los contribuyentes los que lo hacen y, por lo tanto, esa separación entre lo público y lo privado es una entelequia. Medir la deuda en términos relativos, en todo caso, no es irrelevante, ya que permite observar si es sostenible o no lo es. Pero desatender las cifras absolutas es, simplemente, irresponsable.

No todos los gobiernos han sido permisivos con los niveles de deuda. Alemania o Suecia son dos ejemplos de libro que reflejan que algunos países no son insensibles. Por el contrario, son conscientes de que elevados niveles de deuda hacen muy vulnerables a las economías. En ambos casos, y con diferente sesgo ideológico, se ha adoptado una misma estrategia de Estado: reducir la deuda pública como una prioridad estratégica. Entre otras cosas, porque hacer lo contrario es de una enorme insolidaridad intergeneracional.

La deuda, de hecho, no es más que un impuesto que se carga a las siguientes generaciones porque quien la ha generado para mantener su nivel de vida (la actual), o bien no ha querido subir los impuestos, o bien ha evitado recortar el gasto público. Claro está, salvo que ese endeudamiento tenga un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico, la inversión en infraestructuras y el capital humano que beneficie a las siguientes generaciones, lo que no siempre sucede por la mala calidad del gasto público.

Una parte significativa es ineficiente, pero ahí sigue —colgado del presupuesto— por inercia (ante la escasa evaluación de las políticas públicas) o por la capacidad de influencia de grupos de presión con acceso al poder político. Mientras que, en paralelo, todavía existen bolsas de pobreza desatendidas por el sector público, lo que explica que una buena parte de la población se encuentre en riesgo de exclusión social. Y lo que es todavía peor, el elevado endeudamiento impide acometer problemas estructurales como la inserción de los parados, la inversión en investigación y desarrollo (con una ejecución del presupuesto verdaderamente ridícula) o la apuesta por el nuevo entorno digital.

Se desconoce, por el momento, cuál es la estrategia del nuevo Gobierno sobre el endeudamiento público a largo plazo, más allá de la revisión que se ha hecho de la senda de reducción del déficit. Pero resulta al menos preocupante escuchar por parte de la ministra de Hacienda que el enésimo incumplimiento de lo pactado con Bruselas es "una magnífica noticia" (sic), como aseguró María Jesús Montero el pasado viernes. Máxime cuando España continúa siendo el país con más déficit público y el quinto de la zona euro en relación con su endeudamiento. Lo que unido a su imponente deuda externa (940.000 millones de euros, el 80,8% del PIB), es una auténtica bomba de relojería.

Conviene recordar una obviedad. La deuda pública no es más que la suma de los déficits acumulados por España durante años. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, y, por lo tanto, cualquier desviación adicional sobre lo previsto incide en el nivel de deuda. Es decir, la suavización de la senda de reducción del déficit no será gratis, aunque se celebre como un maná caído del cielo. Lo que se gaste de más ahora habrá que pagarlo en el futuro, pero con tipos de interés más elevados. Parece evidente que la política monetaria ultraexpansiva tiende a diluirse, y aunque la vuelta a la normalidad tardará todavía en llegar, hay consenso en que la carga financiera crecerá en los próximos años.

Es más. El hecho de que la deuda no vaya a bajar del 90% del PIB (en el mejor de los casos) hasta bien entrada la década de los años 20, lo que indica es que cualquier Gobierno —este o aquel— tendrá escaso margen de maniobra para realizar políticas anticíclicas, que es lo mínimo que se puede exigir a los poderes públicos cuando vienen mal dadas. Es decir, que cuando cambie el ciclo —y cambiará— la munición contra la crisis se habrá gastado. Algo que es más relevante, si cabe, si se tiene en cuenta que al haber cedido la política monetaria al BCE el único instrumento propio que tienen los gobiernos para hacer política económica es, precisamente, la fiscal, además de las reformas para ensanchar el potencial de crecimiento.

Habrá quien piense que España ha hecho bastante en el recorte del déficit. Y, de hecho, llegó a representar el 11% del PIB en 2009, pero hay que recordar que la reducción se ha apoyado, principalmente, en la recuperación cíclica de la economía. Bastante menos en una política fiscal rigurosa respaldada en una reducción del gasto público ineficiente y, sobre todo, en un aumento de la recaudación coherente con lo que sucede en Europa, donde se recaudan seis puntos de PIB más que en España con unos tipos impositivos similares. Algo que solo indica que las bases imponibles son erosionadas de forma sistemática por todo tipo de deducciones y desgravaciones que favorecen a colectivos con enorme capacidad de presión frente a los gobiernos. Conviene recordar que, en los últimos cuatro años, con un crecimiento medio del 3%, el nivel de deuda ha bajado apenas dos puntos de PIB, lo que da idea del tamaño del colesterol malo que se ha colado en las arterias del sistema económico.

Se suele olvidar, por razones ideológicas, que el desequilibrio fiscal depende de dos variables: los gastos y los ingresos. Y, como ha recordado la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones sobre España, el saldo estructural del déficit (el que no tiene en cuenta el ciclo) se deteriorará este año en un 0,3% del PIB, lo que no parece muy riguroso ni coherente en una economía que va a acumular un cuatrienio con un robusto crecimiento. Sobre todo, cuando el gasto en dos de las principales partidas del presupuesto: servicio de la deuda y desempleo se han desplomado, y que en realidad es lo que explica la reducción del déficit, además del hundimiento de la inversión pública.

Con la nueva revisión acordada con Bruselas, y en el mejor de los casos, España habrá tardado 15 años en volver a equilibrar sus cuentas públicas, lo que pone de relieve las dificultades de este país para enderezar su política fiscal. Probablemente, porque sus gobernantes siguen sin dar una respuesta a la gran pregunta en términos económicos: ¿Cuál es el nivel de Estado de bienestar que los españoles quieren tener sin generar cuantiosos déficits fiscales? O expresado con palabras del profesor Santiago Lago Peñas, "debemos resolver una incoherencia". Los españoles quieren tener acceso a prestaciones públicas de calidad: pensiones, educación, justicia, sanidad, dependencia…, pero poco se debate sobre cómo financiarlas, ya sea elevando los recursos o rebajando las expectativas. "Esa es la decisión política que debemos tomar entre todos", sostiene Lago Peñas.

Esa discusión, sin embargo, no se ha hecho. Y es probable que nunca vea la luz habida cuenta de la incapacidad de los partidos para pactar cuestiones estratégicas mientras se enredan en memeces políticas que no van a ningún lado. Pero hay algo evidente. Con una recaudación que ni siquiera en los años de fuerte expansión se ha situado de manera sostenible por encima del 40% del PIB, la financiación del actual Estado de bienestar es simplemente inviable.

Claro está, salvo que se quiera seguir acumulando cuantiosos déficits, que engordarán la deuda, y que no pagarán sus señorías, sino las próximas generaciones. Y mal haría este Gobierno en aumentar los impuestos para gastar más sin atender al problema de fondo, que es el endeudamiento público (que es privado). Algo que exige un gran pacto de Estado con ese objetivo y así evitar obscenas rebajas de impuestos por razones electorales mientras crece la deuda. Todos los aumentos de recaudación deben ir a reducir el endeudamiento y no a regar el clientelismo político.

La pésima educación de la izquierda
Editorial  Libertad Digital 16 Julio 2018

El férreo control del sistema educativo es una de las principales obsesiones de la izquierda, y a ello se dedica con denuedo cada vez que llega al poder. Cómo extrañarse, pues, de que Pedro Sánchez haya anunciado una reforma que atenta contra la libertad de los padres a elegir centro y contra el derecho de los niños a recibir una educación desideologizada y de calidad.

La ministra de Educación, que ya ha dado sobradas muestras de sectarismo ideológico y servilismo hacia los nacionalistas, pretende introducir trabas adicionales a la concertación con centros privados y, de paso, dar una nueva vuelta de tuerca a la infame Educación para la Ciudadanía implantada por el nefasto José Luis Rodríguez Zapatero.

Isabel Celáa ha anunciado la derogación de los artículos de la Lomce que permiten la creación de colegios concertados cuando existe demanda social (y si de algo hay "demanda social" en España, desde luego, es de una educación de excelencia) y la instauración de una nueva asignatura para impartir "valores democráticos". Aterra pensar lo que socialistas y neocomunistas pueden entender por esto último, sobre todo cuando a las familias se les va a dificultar notablemente la posibilidad de huir de una escuela pública en manos de semejante cáfila liberticida.

Desde la malhadada Logse de 1985, causa principal de los males que afligen a la educación española, los socialistas han controlado el sistema educativo de la mano de los sindicatos de izquierdas, que les han el trabajo sucio con total desvergüenza. La derecha, cobarde, acomplejada, sólo ha introducido medidas cosméticas que, por supuesto, nada han resuelto. Pero los socialistas no toleran siquiera esas nimias reformas de matiz. Su objetivo es apropiarse totalmente del derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, a los que pretenden adoctrinar a modo y desde muy tempranas edades. La consecuencia obvia es el destrozo de la educación pública, la única que pueden permitirse las familias con menos recursos, que ya no es el mejor ascensor social a su disposición.

El apoyo de los neocomunistas de Podemos a los planes de Sánchez y Celáa es un indicio formidable de que nada bueno va a aportar.

No vuelvan a enfrentar a España
 La Razon 16 Julio 2018

Decíamos en reciente nota editorial que no habría mayor objeción a la exhumación del cadáver de Francisco Franco si el Gobierno podía contar con la aquiescencia de la familia del general, que debería hacerse cargo del posterior destino de los restos, y el permiso de la Iglesia, que, según los acuerdos firmados con la Santa Sede por el Estado español, es la responsable de la gestión del Valle de los Caídos, que está considerado como lugar de culto y cementerio. Estas trabas de carácter jurisdiccional ya se pusieron de manifiesto cuando el Tribunal Supremo rechazó la demanda del ex juez Baltasar Garzón y fueron recogidas en el dictamen de la comisión de expertos que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, trató el asunto en el año 2011. Pues bien, parece que el actual Gobierno socialista, que había hecho del traslado de Franco una de sus grandes prioridades, está tropezando con la oposición de los familiares del difunto, entre los que existe desacuerdo, y con el silencio de la Iglesia, reacia, lógicamente, a dar un primer paso en un asunto que divide a los españoles y que sólo responde al oportunismo político de un partido, el PSOE, al que los profundos cambios sociales y económicos que ha sufrido el mundo en las últimas décadas ha dejado sin proyecto ideológico y, prácticamente, sin señas de identidad.

Ciertamente, hay que interpretar en sentido positivo que desde el propio Gobierno se reconozca la existencia de ese marco jurídico, que dificultad el designio político, y es de desear que en su búsqueda de nuevas fórmulas legales no incluyan atajos impropios de un Gobierno que se dice respetuoso de las leyes y de los derechos ciudadanos. Y eso reza no sólo en el caso de la exhumación de los restos de Francisco Franco, sino en lo que se refiere a la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, con propuestas que rozan derechos tan fundamentales como la libertad de opinión. Ya hemos señalado que el traslado del cadáver de Franco no supone, más allá del gesto moral, cambio trascendente alguno. Ni del pretérito cercano, pues ya nada puede alterar el hecho histórico de que Franco ganó la guerra civil y detentó la jefatura del Estado durante cuatro décadas, ni del presente de un país como España, que, pese al interesado relato de la extrema izquierda y de los separatistas, goza de una de las democracias más avanzadas del mundo, tras haber protagonizado una Transición modélica. Ni siquiera la irritación, que cabe sospechar buscada intencionadamente, entre sectores minoritarios de la sociedad, como los varios miles de personas que ayer se manifestaron en el Valle de los Caídos, cambia el hecho de que la mayoría de la población se mantiene al margen de la maniobra política socialista.

En este sentido, es necesario reiterar una advertencia contra el abuso demagógico del pasado, que no es algo que haya inventado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que acompaña a las izquierdas casi desde su articulación. Porque la batalla restrospectiva contra el franquismo y la imposición de una sola interpretación de la tragedia española, da alas a una extrema izquierda radical, que trata de identificar al «régimen de la Transición» con la dictadura, y a unos movimientos separatistas que tratan de extender la falacia de que la unidad de España es una imposición franquista y no un principio constitucional. Haría mejor el Gobierno en preservar el espíritu de la reconciliación que hizo posible la democracia que en agitar el espantajo del General. Deambular por la periferia del oportunismo no mejora en nada la vida de los españoles.

La Comisión de la Verdad
Miguel Bajo ABC 16 Julio 2018

Leo que el Gobierno ha creado una Comisión de la Verdad. Supongo que no tiene otro objetivo que el examen de la historia de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Solo a una panda de iluminados o los sometidos a los efluvios de una droga o los escogidos por una revelación del más allá, se le hubiera ocurrido darle ese nombre.

Sobre qué se entiende por verdad se ha dicho o escrito mucho. Si resumiéramos el concepto de verdad como coincidencia entre lo que se dice y la realidad, la pretendida Comisión de la Verdad relativa a los acontecimientos de la historia y sobre todo de la Guerra Civil Española responde a un pensamiento de la historia propio de los totalitarismos del siglo XX.

Determinar si un relato coincide con la realidad histórica depende de una operación de investigación que tiene tantos resultados como pensadores. Es decir, hay que reconocer que hay tantas verdades como personas en el mundo. Hay tantas verdades históricas como historiadores.

Si lo que se quiere decir con Comisión de la Verdad es agrupar a una serie de científicos para que examinen cuántas tesis históricas se han creado sobre la Guerra Civil, bienvenido sea. Si Comisión de la Verdad significa determinar cuál de esas interpretaciones de los hechos ocurridos es la que ha de imponerse, como verdad absoluta, sobre las demás por entender que es la que coincide con la realidad, es una pretensión de pensamiento único intolerable.

En realidad, el concepto de verdad tiene un contenido más teológico que filosófico o histórico. No hay más verdad absoluta que la verdad divina revelada y es sólo relevante para los creyentes. En el mundo del Derecho, fingimos llegar a una verdad concreta que es la verdad de la sentencia firme. Y es una ficción en la que convenimos para poder resolver los conflictos sociales. En efecto, los hechos declarados probados en una sentencia después de cumplidos todos los actos procesales pertinentes que conducen a la firmeza de la misma, son hechos coincidentes con la verdad de una manera convencional.

Es evidente que se trata de algo convenido por todos para poder dar lugar a una convivencia social razonable, de modo que se puedan resolver los conflictos no por la vía de la violencia o de la ley del talión sino por la de reconocer que una sentencia firme recoge la verdad de lo probado. Pero no es más que algo convenido. Cuando los juristas decimos que los hechos probados en una sentencia firme son la verdad no pretendemos otra cosa que lograr una solución a un conflicto.

Para ello, el derecho ha inventado el proceso que es un conjunto de reglas que garantizan que quienes están encargados de la solución del conflicto, lo hacen aplicando leyes que proceden de la voluntad popular y con unas reglas que impiden la incorporación a los hechos de posturas subjetivas por parte del juzgador.

Para que esa llamada Comisión de la Verdad tuviera sentido sería necesario que aplicara unas reglas dictadas por todos, por el conjunto de la sociedad, que la labor de la Comisión se sometiera a unas reglas que garantizaran la pluralidad de pensamiento sobre los hechos históricos y garantizaran que los componentes de dicha Comisión actuarían desprovistos de intereses personales y se limitarían a aplicar objetivamente las reglas de conocimiento.

Y, evidentemente, no va a ser así.
Miguel Bajo es Catedrático en Derecho Penal y Abogado.

Orwell revisitado
Amando de Miguel  Libertad Digital 16 Julio 2018

La imaginativa novela de George Orwell 1984 revela los absurdos y humillaciones de un hipotético régimen totalitario del futuro. Su idea fundamental es la reforma caprichosa del léxico político. Por el ejemplo, el Ministerio de la Verdad se ocupa de urdir todo tipo de mentiras oficiales.

La ensoñación de Orwell la tenemos ya en la España actual. Su ley fundamental es la de la Memoria Histórica. Significa lo contrario de lo que parece. Se trata de ocultar de forma sistemática y desde el poder una parte de la historia contemporánea. En concreto, hay que convencer a la población de que la guerra civil la ganaron los republicanos. Se lleva ya mucho camino andado en esa dirección.

El Gobierno de Sánchez no puede legislar con soltura, pues le faltan muchos votos en el Congreso. Por eso gobierna a golpe de decreto. Uno de los últimos ha sido el deinstituir la Comisión de la Verdad como una mejora de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de anular las sentencias de los tribunales del franquismo. (Por cierto, espero que me beneficie, pues un consejo de guerra me condenó en 1970 por injurias al Ejército. Menos mal que, advenida la democracia, me concedieron la Medalla Militar). Nada más orwelliano que una Comisión de la Verdad. Supongo que, puestos a ser justos, se podrían anular también algunas de las sentencias políticas de la República, sir ir más lejos, la que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera.

Otra de las iniciativas es la de volver a redactar la Constitución con un "lenguaje inclusivo". El Gobierno se queja de que "tenemos una Constitución en masculino". El ejemplo no es muy feliz, pues la voz Constitución es femenina. Lo que se pretende es que el texto de la carta magna diga "españoles y españolas", "diputadas y diputados", etc. Ya puestos, no estaría mal que se hablara también de partidos y partidas.

Un avance muy notable en la revolución léxica es que ya tenemos constituido el colectivo (o colectiva) de Lesbianas, Homosexuales, Transexuales y Bisexuales. Ignoro por qué no se han añadido otros tipos como los Incestuosos, los Zoófilos o los Fetichistas. De momento lo que se ha conseguido es la exaltación de los homosexuales (antes se habrían llamado "gayos"). Tanto es así que se tipifica un nuevo delito: la homofobia (aunque literalmente significa "odio a los iguales"). Un dato llamativo de la Semana del Orgullo (Gayo, naturalmente). En el balcón principal de la Maternidad de la calle O'Donnell de Madrid figuraba ostentosamente la bandera multicolor de los homosexuales. Ya es atrevimiento asociar la maternidad con la homosexualidad.

La esencia de la utopía orwelliana es conseguir que las palabras con significación política alteren por completo su sentido. Por ejemplo, en Cataluña durante la última semana se ha dejado de llamar "presos políticos" a los procesados por los delitos de sedición, sublevación o golpe de Estado. (Elíjase lo que más convenga). Pues bien, la última etiqueta es la de rehenes. No se sabe muy bien quién es el que va a pedir un rescate por ellos.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Revisionismo
Segundo Sanz okdiario 16 Julio 2018

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ya estudia como ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, al mismo tiempo asociaciones que hacen apología del Frente Popular se frotan las manos con la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que prepara el nuevo Ejecutivo socialista.

Y es que estas fundaciones que ensalzan a figuras protagonistas del bando republicano de la Guerra Civil española, involucradas también en el horror y en el pasado más negro de este país, recibirán cuantiosas subvenciones públicas por parte del gabinete Sánchez a fin de seguir alimentando el revisionismo histórico iniciado por Zapatero.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del Partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.

La fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 por orden del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero subvenciones por un importe total de 421.342,56 euros, de los que 193.165 fueron para la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a estudios, monolitos y placas.

Por su parte, la fundación Horacio Fernández Inguanzo obtuvo en esos años una asignación de 45.000 euros para una actividad archivística titulada “Un acercamiento prosopográfico a la represión contra los comunistas, 1956-1963”. En cuanto a la fundación Fundación Anastasio de Gracia, se llevó 40.226 euros para la “dignificación moral de los líderes sindicalistas del metal”.

Anastasio de Gracia fue subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937. Mientras que Horacio Fernández Inguanzo, El paisano, fue teniente de artillería en las milicias del Frente Popular.

En su caso, el socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): “Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros”.

Una historia sesgada
El Ministerio de Justicia, con Dolores Delgado al frente, ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que, entre otros propósitos, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y pondrá en marcha una “Comisión de la Verdad”.

Esta última iniciativa, avanzada por la fiscal próxima al juez Baltasar Garzón, consistirá en “un órgano de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, del derecho humanitario, y de las graves infracciones cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista”.

Esta Comisión de la Verdad se encargará de elaborar un informe “incluyente y global que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición”. Este documento, que según el PSOE servirá para “la construcción colectiva de la memoria democrática española” será entregado a las “Cortes Generales para su conocimiento y aprobación y al Gobierno de España y las Instituciones competentes para cumplimiento de sus recomendaciones” a través de la “recuperación y análisis de documentos históricos”.

Un órgano político que sancionará sin juicio y que no se ocupará, en absoluto, de indagar en esas otras “graves infracciones” y horrendos crímenes que cometieron las milicias del Frente Popular. Una historia sesgada y otra intentona guerracivilista, esta vez encabezada por Pedro Sánchez, de reabrir viejas heridas restañadas.

Comisión de la Verdad y tonto útil
No busca ni ser veraz. Sólo pretende servir para cambiar la realidad que todos conocen y crear una nueva por decreto
Ramón Pérez-Maura ABC 16 Julio 2018

Hay denominaciones que son peligrosas en sí mismas. Una de ellas es la de Comisión de la Verdad. Ni el escalofriante Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicado en Argentina al final de las sangrientas dictaduras militares y prologado por Ernesto Sábato llegó a tener ese nombre. Ni siquiera informalmente. Pero el Gobierno Sánchez quiere imponer a todos los españoles una Comisión de la Verdad como la que en estos días ha puesto en marcha en Colombia Juan Manuel Santos tras su pacto bastardo con la guerrilla en La Habana.

Estas comisiones siempre encuentran lo que Lenin llamaba «un tonto útil» para darles una apariencia de respetabilidad. Estoy seguro que la comisión española encontrará algún historiador lamerrabeles deseando ser incluido desde supuestas posiciones no izquierdistas. Siempre hay alguien necesitado de reconocimientos espurios. Puede ser ilustrativo el caso de la comisión colombiana. Santos acordó su creación para estudiar la violencia de todas las partes en sesenta y cinco años de sublevación guerrillera. Poniendo así en el mismo nivel a los terroristas y a los representantes del Estado. Buen comienzo. Y después, con las FARC, ha nombrado presidente de esa comisión al jesuita Francisco de Roux, antiguo provincial de la Compañía y hombre de conocidas y declaradas afinidades de extrema izquierda. Este De Roux afirmaba hace menos de tres meses que «tengo una verdadera admiración por Pablo Beltrán», jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y añadía «el planteamiento del ELN es muy de lo que los colombianos queremos». Partiendo de esa base, el jesuita ha exigido la entrega de todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas, desde 1953 hasta el presente. Exige documentación de todas las actividades de las fuerzas de seguridad, tanto las oficiales como las encubiertas, las de la lucha anti subversiva y contra el narcotráfico, entre otras. Es decir, las actividades de cientos de miles de personas que a lo largo de 65 años han luchado en nombre del Estado en todos esos frentes quedarían al albur de una llamada Comisión de la Verdad gerenciada por un declarado enemigo del Estado. Insuperable.

Y, lo que es peor, como explicaba ayer Eduardo Mackenzie en «El Mundo» de Medellín, el jesuita pro guerrillero «no ha tenido siquiera el cuidado de pedirle, para preservar al menos la apariencia de un cierto equilibrio de intenciones, al Partido Comunista, a las Farc (partido y unidades armadas), a los ex militantes del M-19, al ELN, EPL, a las Bacrim y a los demás actores de la guerra subversiva, disueltos o en actividades, que le entreguen la totalidad de sus archivos de inteligencia y contrainteligencia, sus textos de doctrina paramilitar, sus manuales de operaciones, sus listas de asaltos, emboscadas, víctimas, bajas y “daños colaterales” (como dice De Roux), sus listas de secuestros, de sus rehenes, de sus campos minados en regiones y pueblos, y todos los otros detalles de las actividades terroristas, en las ciudades y en el campo, y sus redes de tráfico de drogas, desde 1953 hasta hoy». Y no lo han hecho porque en cualquier país, una Comisión de la Verdad no busca ni ser veraz. Solo pretende servir para cambiar la realidad que todos conocen y crear una nueva por decreto.

Hoy en día en Iberoamérica -o lo que es lo mismo, en todo Occidente- no queda ni un régimen autoritario «de derechas». Todos son derivas del socialismo: Venezuela, Cuba, Nicaragua… La herencia que quiere dejar el aclamado Juan Manuel Santos antes de huir a Londres el 7 de agosto a las tres de la tarde es una Comisión de la Mentira que justifique su catastrófica Presidencia

Al Gobierno se le resiste Franco
Moncloa sigue buscando la «fórmula jurídica» que ampare la exhumación del dictador. El armazón legal y la desaprobación de los familiares están dilatando el traslado, que el presidente había anunciado para este mes
Ainhoa Martínez. La Razon 16 Julio 2018

Era una de las medidas estrella de la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía previsto reactivar con su llegada al poder. Sin embargo, lo ajustado de los tiempos llevó al Ejecutivo a establecer un orden de prelación, coronado –eso sí– por la exhumación de los restos de Francisco Franco. El propio Sánchez llegó a anticipar ante los periodistas que el traslado del dictador del Valle de los Caídos «os pillará trabajando», una determinación a la que el Gabinete quería imprimir premura, acometerla de manera «inminente» antes de que finalizara el mes de julio. Sin embargo, la dificultad que ha impedido a los gobiernos precedentes, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero que también lo intentó, llevar a cabo la exhumación sigue plenamente vigente. A los conflictos competenciales que Moncloa consiguió salvar, gracias a la disposición de la Iglesia como autoridad competente a no oponerse a la exhumación, se suma el rechazo de la familia del dictador que no querría hacerse cargo de los restos.

A día de hoy, el Gobierno carece «todavía» del mecanismo legal que ampare la decisión política de exhumar los restos de Franco. «Se sigue trabajando en la fórmula jurídica», reconocen fuentes gubernamentales que ligan a esta fórmula, el plazo para que se pueda llevarse a la práctica. Estas mismas fuentes reconocen la «suma complejidad» con la que se ha encontrado el Ejecutivo que, en principio, y tal como reconoció a este diario esperaba llevar a cabo el traslado antes del 18 de julio, aniversario del alzamiento militar y –por ende– fecha de especial simbolismo para un sector de la sociedad de marcada ideología.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconocía hace una semana que todavía no había «ni fecha ni fórmula jurídica» para llevar a cabo la exhumación. Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, está en contacto con todos los herederos de Franco para intentar llegar a un acuerdo y que éstos asuman qué hacer con los restos. Al parecer no habría consenso en la familia del dictador sobre cómo proceder ante esta situación. Para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador, según fuentes gubernamentales, no haría falta que la decisión cuente con el aval del Consejo de Ministros porque se encuentra en una dependencia subordinada al Estado y, por tanto, éste puede proceder como estime.

El Gobierno sigue decidido a imponer como prioridad la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y con este fin se ha creado una Dirección General orientada a tal efecto. Incardinada en el Ministerio de Justicia, impulsará la resignificación del Valle de los Caídos como un lugar de reconciliación, promoverá la creación de una Comisión de la Verdad, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. Es decir, la ilegalización, por ejemplo, de la Fundación Francisco Franco.

Los socialistas quieren ir más allá de lo que preveía la legislación aprobada por Zapatero, imponiendo sanciones económicas y de cárcel a quienes no retiren los símbolos franquistas de la vía pública o a quienes hagan apología o humillen a las víctimas.

El Gobierno también impulsará en la reforma integral de la ley de Memoria Histórica declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias e impulsar desde lo público las exhumaciones. Para ello, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, con su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación.

Giulio Meotti: “Bélgica podría ser el primer Estado islámico de Europa”
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Julio 2018

En un artículo que acaba de publicar en la web del Instituto Gatestone, el profesor y analista Giulio Meotti, especializado en el estudio de la población musulmana en Europa, se pregunta si Bélgica será el primer Estado islámico del viejo continente.

Para explicar el motivo de su pregunta, Meotti recuerda que el acrónimo en francés del Partido ISLAM belga significa: "Integridad, Solidaridad, Libertad, Autenticidad, Moralidad". "Los líderes del Partido ISLAM quieren al parecer convertir Bélgica en un Estado islámico. Lo llaman "democracia islamista" y tienen un horizonte temporal: 2030".

Según la revista francesa Causeur, recuerda Meotti, "el programa es pasmosamente simple: reemplazar todos los códigos civiles y penales por la ley de la sharía. Punto".

Creado en vísperas de las elecciones municipales de 2012, el Partido ISLAM obtuvo enseguida unos resultados impresionantes. Sus números son alarmantes. El efecto de este nuevo partido, según Michaël Privot, experto sobre el islam, y Sebastian Boussois, politólogo, podría ser la "implosión del cuerpo social". Algunos políticos belgas, como Richard Miller, están defendiendo ahora la ilegalización del Partido ISLAM.

Meotti recuerda que recientemente el semanario francés Le Point ha detallado los planes del Partido ISLAM: “Le gustaría ‘prevenir el vicio prohibiendo los establecimientos de juego (casinos, salas de juego y agencias de apuestas) y la lotería’. Además de autorizar a llevar el velo musulmán en las escuelas y un acuerdo sobre las festividades religiosas islámicas, el partido quiere que todos los colegios de Bélgica ofrezcan comida halal en sus menús escolares. Redouane Ahrouch, uno de los tres fundadores del partido, también propuso segregar a los hombres y las mujeres en el transporte público. Ahrouch perteneció en los años noventa al Centro Islámico Belga, un nido de fundamentalismo islámico donde se reclutaron candidatos para la yihad en Afganistán e Irak”.

“El Partido ISLAM sabe que la demografía está de su parte”, explica Meotti. Ahrouch lo ha dicho: “En doce años, Bruselas estará compuesta principalmente de musulmanes”. “En las próximas elecciones belgas, el Partido ISLAM se dispone a presentar candidatos en 28 municipios. A primera vista, parece una proporción ínfima para los 589 municipios belgas, pero demuestra el progreso y las ambiciones de este nuevo partido. En Bruselas, el partido estará representado por 14 listas de las 19 posibles”.

“Seguramente por eso el Partido Socialista teme ahora el auge del Partido ISLAM. En 2012, el partido logró, cuando se presentaba en sólo tres distritos de Bruselas, dos representantes electos en dos de ellos (Molenbeek y Anderlecht), y sólo falló por un estrecho margen en el centro de Bruselas”.

“Dos años después, durante las elecciones parlamentarias de 2014, el Partido ISLAM intentó ampliar su base en dos distritos electorales, el centro de Bruselas y Lieja. Una vez más, los resultados eran impresionantes para un partido que está a favor de la introducción de la sharía, la ley islámica, en Bélgica. En Bruselas ganaron 9.421 votos (casi el 2%)”.

Este movimiento político empezó al parecer en Molenbeek, "la madriguera de los radicales belgas", un "hervidero de reclutadores para el Estado Islámico de Irak y el Levante". Los yihadistas estaban al parecer planeando atentados por toda Europa e incluso en Afganistán. El escritor francés Éric Zemmour, dijo irónicamente que en vez de bombardear Raqa (Siria), Francia debería "bombardear Molenbeek". En Molenbeek, actualmente 21 funcionarios municipales de 46 son musulmanes”.

"La capital europea será musulmana en veinte años", escribió Le Figaro, según recuerda Giulio Meotti. “Casi un tercio de la población de Bruselas ya es musulmán, señaló Olivier Servais, sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina. "Los practicantes del islam, a causa de su alta tasa de natalidad, habrá de ser mayoría en 'quince o veinte años'. Dese 2001 [...] Mohamed es el nombre más común que se le pone a los niños que nacen en Bruselas”.

“El partido ISLAM está trabajando en un entorno favorable. Según el alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, todas las mezquitas de la capital europea están ahora "en manos de los salafistas". Hace unas semanas, el Gobierno belga canceló el alquiler de larga duración de la más grande y antigua mezquita del país, la Gran Mezquita de Bruselas, a la familia real saudí, "como parte de lo que las autoridades dicen que es un intento de combatir la radicalización". Los funcionarios dijeron que la mezquita era "un semillero para el extremismo".

Convocadas por el Movimiento por España
www.latribunadelpaisvasco.com 16 Julio 2018

Miles de personas se congregan en el Valle de los Caídos contra la exhumación de Franco impulsada por el Gobierno socialista

Varios miles de personas han acudido al Valle de los Caídos para protestar contra la intención del Gobierno de extrema-izquierda de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Francisco Franco.

La asociación Movimiento por España había convocado una "peregrinación nacional" contra la exhumación y llamó a participar en un misa en la Basílica del Valle para defender que "media España no quiere que Franco sea exhumado, ni el Valle de los Caídos profanado y expoliado".

Desde primera hora de la mañana los puentes de la A-6 en dirección al Valle de los Caídos han amanecido con pancartas con el rostro de Franco y con el lema "El Valle no se toca". centenares de coches se han agolpado a la entrada del monumento, lo que ha provocado atascos en las inmediaciones.

En la entrada a la iglesia centenares de personas han hecho colas arropados con emblemas nacionales y coreando gritos de "Viva Franco y José Antonio".

La agrupación organizadora ha considerado la decisión de exhumar al antiguo Jefe de Estado como una "infamia" y ha lamentado que "durante muchas décadas no han estado a la altura" para defender a Franco.

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Primeros logros
Diez cosas que ya debemos al presidente Sánchez
Luis Ventoso ABC 16 Julio 2018

Mientras media España se hace cruces con un vídeo crítico con el equipo de Soraya, vitriólico, pero normal en cualquier liza de primarias, se habla menos de las proezas de nuestro presidente Sánchez, quien con solo el 25% de los escaños ya ha logrado numerosos éxitos:

1. -Brasa fiscal. Ha reconocido ante la UE que no cumplirá el objetivo de déficit y necesita 5.000 millones con urgencia, que obtendrá crujiéndonos a impuestos.

2. -Reapertura innecesaria de heridas de hace ochenta años. Aquí el presidente de los 84 escaños va a darlo todo. Desenterrará de manera exprés a Franco, del que solo se acordaba Sánchez, y creará una orwelliana Comisión de la Verdad, que convertirá en infractor a todo aquel que ponga en duda la interpretación de la Guerra Civil fijada por la VUP (Verdad Única Progresista).

3. -Carantoñas al golpismo. Sánchez, que comparaba a Torra con Le Pen, lo ha admitido en La Moncloa lazo amarillo en solapa y le ha otorgado trato bilateral, discriminando al resto de las regiones. También le prometió revisar las sentencias del TC, embistiendo así contra el máximo tribunal. Por último, ha concedido beneficios penitenciarios a jefes golpistas sin indicio de arrepentimiento.

4. -Gentilezas con pistoleros etarras. Toca pasar página del dolor de ETA, que así se lo exige el PNV, y tener detalles con los asesinos. Sánchez acercará al País Vasco hasta a uno de los matarifes de Hipercor.

5. -La intromisión más abusiva en la historia de RTVE. Sin pamplinas: control por decreto de la televisión pública de todos los españoles de mano de Podemos y los separatistas. ¿Pluralismo? Por supuesto: TVE podrá ser de izquierdas o muy de izquierdas.

6. -Ofensiva contra los católicos. Si el 70% de los españoles se declaran católicos, tenemos un problema. Sánchez intentará solventarlo con una mano de ingeniería social: eutanasia; amenazas a la educación concertada, porque es demasiado libre, humanista y diferente; y una asignatura para fundar una Ética del Estado (progresista, pues sino no sería ética).

7. -Culto al líder. Se acabó la frivolidad mariana de conceder ruedas de prensa. Sánchez, a lo Erdogan: un presidente que camina sobre las aguas y no admite preguntas abiertas y libres de los periodistas. Solo entrevistas de cámara en medios amigos.

8. -La verdad es elástica. La promesa de convocar elecciones fue burlada, al igual que la de no aceptar votos separatistas para una investidura.

9. -Si la corrupción es propia, no pasa nada. Ha caído un ministro por regatear al fisco, ha sido detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia y el juicio de los ERE es el retrato de una inmensa vergüenza. Cero disculpas.

10. -De espaldas a la Corona. Ni una palabra de apoyo al Jefe del Estado después de que Torra anunciase que lo boicoteará.

El gran muñidor.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Julio 2018

OTRO MOVIMIENTO TRANSVERSAL DE LOS GOLPISTAS QUE SALE DE LA FERTIL MENTE DE PUIGDEMONT.

No hay ni un solo minuto que los golpistas desperdicien y quieran sacar rédito de sus elucubraciones mentales. Y hay que reconocer que el fugitivo fantoche con aires de Presidente en el exilio junto a sus asesores no deja de maquinar para que la ya larga ausencia no se transforme en olvido. Ante todo, ya ha conseguido doblar a todo un partido como Convergencia, ahora PDeCAT y forzarle a seguir su batuta en la coral que ha montado fundando esa lista trasversal de Junts per Catalunya (JXCAT) con la que consiguió ser la primera fuerza separatista y la segunda en el parlamento de Cataluña tras CIUDADANOS. Él ha impuesto al candidato, Joaquim Torra, que finalmente ha sido investido Presidente del Gobierno de la Generalidad. Él elaboró la lista con los primeros 35 ultra separatistas relegando a los del PDeCAT a posiciones posteriores. Él ha llevado el control de los tiempos hasta la investidura final de un fiel y radical sustituto que incluso muestra respeto por las estancias del cesado Presidente en el Palacio de Sant Jaume. Él ha sido el que ha mantenido el pulso con el Tribunal Supremo y conseguido imponer su falaz versión de los hechos a Tribunales como el de Bélgica y Alemania obligando a la Justicia de España a ir a remolque de sus movimientos y actitud victimista.

Porque lo queramos admitir o no, Carles Puigdemont se ha convertido en un personaje incómodo para cualquier Gobierno de España y un dolor de cabeza para la Justicia que no ve forma de que países como Bélgica, Suiza, Escocia y ahora Alemania, dejen de actuar como jueces censores de la justicia de otro país socio de la UE, permitiendo que sus Tribunales entren a considerar el fondo del asunto usurpando una función que no les corresponde al poner en duda la legitimidad de las euroórdenes de extradición cursadas. Una situación que roza el esperpento y pone en ridículo a una diplomacia ineficaz y a una pésima gestión del Gobierno de España al no haber hecho ni la mínima protesta y admitir que un Tribunal extranjero se atreva a rectificar la decisión del más alto Tribunal español de justicia en una inadmisible injerencia y desprecio por el espíritu y la letra de lo pactado a la hora de dar curso a las eurórdenes.

Carles Puigdemont y ha conseguido su primer objetivo y es el de asegurarse su futuro a costa de los impuestos de todos los españoles, ya que podrá hacer realidad su lujoso chiringuito del “espacio libre de la República de Cataluña” allí en el pueblecito de Waterloo, Bélgica, una vez resuelva sus cuitas con los Tribunales en Alemania, al haber recurrido la sentencia que le extraditaría por malversación, caso de que el juez Pablo Llarena no decida rechazar esa extradición en esos términos insultantes. La Generalidad ya ha comenzado, sin que el Gobierno de España haga nada por impedirlo, a reabrir las mal llamadas “embajadas” cerradas por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los meses de intervención de la Generalidad. Los gastos van contra los presupuestos de la Generalidad. Y por otro lado, Carles Puigdemont como máximo dirigente del grupo parlamentario JXCAT administra los fondos a los que esa formación tiene derecho a través de la subvención del Parlamento de Cataluña por los diputados electos.

Pues no contento con lo anterior, Carles Puigdemont ha decidido ser el líder supremo de una formación de unidad de todo el separatismo, es decir que aúne a los golpistas convencidos. Mañana quieren presentarla montando un circo mediático para presentarla. El nombre no es demasiado original Junts per la República (JxR), algo que recuerda vagamente a los CDR. En esta presentación Carles Puigdemont aparecerá en video conferencia, presidiendo el acto Joaquim Torra y donde se dará lectura a una carta del preso Jordi Sánchez escrita para este histórico momento.

Todo lo anterior demuestra que este miserable sujeto, Carles Puigdemont, no solo sigue burlándose de la ley, sino que aspira a hacerse con el pleno poder en Cataluña aprovechando que los que pudieran hacerle sombra, como Oriol Junqueras, están precisamente fuera de juego en la sombra de una celda. Y es que este fugitivo puede permitirse aparecer en plasma en alta definición en tiempo real en cualquier acto o convención por gozar de plena libertad de movimientos y con fondos ilimitados para permitirle esas infraestructuras y medios de comunicación que le hacen innecesaria su presencia física. Un líder holográfico que puede seguir causando muchos dolores de cabeza y poner en ridículo a un Estado que se muestra incapaz de desactivarle y llevarle a responder de sus delitos ante la Justicia.

Porque tipos así que perjudican y desafían a Estados y al poder constituido han existido siempre, pero en algún momento sus andanzas han terminado digamos que de forma dramática cuando los Estados han reaccionado de forma contundente. Y no le puede resultar ajeno este tipo de soluciones a quien ya tuvo su propia experiencia con aquello tan sórdido de los GAL y la ETA, donde de forma burda y torpe se antepusieron los intereses de Estado sobre otro tipo de cuestionamientos éticos y jurídicos.

Ya veremos en qué acaba esta presentación del nuevo circo y “pollo” que ha montado Carles Puigdemont mientras rellena sus días de asueto en Alemania. Y es que ya se sabe que el ocio es la madre de todos los vicios.

¡Que pasen si pueden un buen día!

Cataluña, la teoría del caos
RAÚL DEL POZO El Mundo 16 Julio 2018

Las independencias se consiguen por insurrección, que casi siempre termina en guerra. Los separatistas catalanes decidieron seguir otro camino, la senda de Gandhi, que a su vez siguió los textos de Henry David Thoreau. Éste se preguntaba si las naciones pululan como insectos y son arrastradas por perros que se muerden las orejas.

Desde ese método de lucha, los separatistas catalanes ensayaron el primer acto de desacato con la DUI. Apostaron por una insumisión generalizada creyendo que el Gobierno no iba a poder con ella. Pero el Tribunal Supremo los acusó de rebelión y metió en la cárcel a los cabecillas. Nueve meses después, los independentistas siguen con la tentación de situarse fuera de la Constitución, a pesar de la mano tendida del Gobierno de Sánchez.

Como ha reconocido Josep Borrell, no se percibe un cambio pese al esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo por parte del Ejecutivo. La ANC vuelve a decir basta ante lo que ellos llaman la deriva antidemocrática del Estado español. Cada tarde, un Gobierno autonómico que representa la quinta parte del Estado propone descuadernarlo, violar la ley y desbaratar un procedimiento judicial del Tribunal Supremo.

Aquella teoría usada en el primer acto de la rebelión -según la cual ir a prisión era lo ideal para los héroes del procés sentenciados injustamente por el Gobierno- ha sido del todo abandonada en este segundo acto. Ahora es todo lo contrario: sus agitadores exigen que el que vaya a la cárcel sea el juez Llarena. Por ahora, las manifestaciones y protestas, como el asalto simbólico a la cárcel Modelo deshabitada -se equivocaron de prisión-, no son acciones plenamente ilegales, pero tienen un mensaje de desafío al Estado al ser encabezadas por los propios dirigentes y cargos institucionales.

Miquel Iceta ha acusado a la Generalitat de jugar con dos barajas, la del acuerdo y la de la ruptura. O con las dos a la vez. Les ha recordado Iceta que las resoluciones del poder judicial deben ser acatadas por todos, pero los secesionistas saben que han perdido la batalla y siguen con el aparato de la propaganda a todo volumen, con un feroz ataque a los jueces del Tribunal Supremo.

Nadie sabe hasta dónde va a llegar la estampida suicida y absurda de los separatistas y la pregunta que se hacen los atónitos ciudadanos es: ¿Qué debe hacer un Estado cuando el presidente de una comunidad -un redomado racista- acusa a los jueces del Tribunal Supremo de basar su proceso en delitos falsos o inventados?

Hasta Gandhi propuso ordenar el caos, mientras los catalanes proponen resolver el caos con más caos.

Garzón y las cloacas
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Julio 2018

Arrecian los rumores sobre el inmediato indulto de Garzón a manos de su amiga entrañable, ministra de Justicia por la gracia del juez de Prada, amigo entrañable de Garzón y vil proetarra en actuaciones extra-judiciales como la denuncia junto a Iñigo Iruin, distinguido abogado del terrorismo, de la existencia de torturas en su Audiencia Nacional, que sin embargo no denunció. Claro que tampoco dedujo falso testimonio a Rajoy pese a la frase que coló en la famosa sentencia y que no venía a cuento diciendo que había mentido, pero como las torturas en su AN, prefirió aprovecharlas en vez de perseguirlas legalmente. Así son las bandas de jueces y fiscales que han ocupado casi medio Gobierno Sánchez y que se vigilan mutuamente.

Lo peor, siendo todo malo, de la situación española es que tras una moción que algunos ven como un Golpe de Estado judicial, al modo de Italia en los 90, que siempre fue el modelo de Garzón para llegar al Poder, tenemos al Ministerio de Justicia y a su juez entrañable teledirigiendo una formidable operación de desprestigio de la Corona a través de Villarejo y García Castaño, cuyo informe Veritas que aconsejaba echar a Garzón de los juzgados, pero con el que luego se amigó hasta ser su padrino de boda. Por cierto, en esa boda había periodistas de investigación, vamos, de esas investigaciones que eran filtraciones de las cloacas y que servían para que Villarejo y demás tejieran sus negocios paralelos de 'protección' privada y chantaje público. La cloaca mediática ha sido parte esencial en la corrupción del Estado.

Y hete aquí que Villarejo, desde la cárcel, cuenta lo que sabíamos desde hace años sobre Campechano -por eso yo pedí aquí su abdicación: al estar bajo chantaje fue capaz de respaldar los apaños de ZP con la ETA y de firmar la Ley de Memoria Histórica- con cintas nuevas para aderezar la viejísima novedad. Y hete aquí que la entrañable ministra de Justicia va y explica que se puede sentar en el banquillo a Juan Carlos, sin mediar ni comprobación ni denuncia. Y he aquí que detienen a Castaño, alter ego de Villarejo. Y su abogado es Garzón, el entrañable de la entrañable que da cobertura política a la entrañable cloaca. Y he ahí, como última defensa, a Margarita Robles, en la Cuesta de los Olivares de las Codornices, que las perdices están muy venidas a menos.

Efectivamente, sí se puede
Pedro de Tena  Libertad Digital 16 Julio 2018

Creía don Julián Besteiro al final de la guerra incivil perdida por las izquierdas en 1939 que pensar en que media España puede destruir a la otra media sería una nueva locura que acabaría con toda posibilidad de afirmación de nuestra personalidad nacional, o mejor, con una destrucción completa de la personalidad nacional, peligro que hemos corrido y del cual hemos escapado, al parecer, poco menos que de milagro.

Pues lo siento, don Julián, porque, efectivamente, sí se puede. Fue lo que se intentó desde la proclamación de la II República; fue lo que se trató de hacer mediante una guerra incivil buscada por las izquierdas para aniquilar a los que no pensaban como ellos y es lo que ahora, muchos años después, unas izquierdas que no han aprendido nada de sus errores y que jamás han reconocido los daños causados ni pedido perdón por nada –ni siquiera por los casi mil muertos de terrorismo etarra– están perpetrando con un descaro sin limites, usando como ariete una minoría despótica apuntalada por los separatistas xenófobos, racistas e irracionalistas.

Quizá de las cosas que más me han impresionado en los últimos años es la suma facilidad con que una minoría supuestamente defensora de la democracia puede hacerse con el control del Estado y sus estructuras gracias a los propios mecanismos parlamentarios. Hemos podido comprobar cómo un partido, el PSOE, dirigido por quienes eran hasta hace bien poco una minoría dentro de su propia organización, ha logrado hacerse con el Gobierno sin que ninguno de los restantes partidos pueda impedirles que gobiernen autoritariamente hasta la llegada de las fechas electorales prefijadas, que podrían ser hasta en junio de 2020, esto es, dentro de dos años.

Mientras tanto, estamos asistiendo a un espectáculo, incluso soez y miserable, donde todo lo que se dijo antes de dar el golpe de censura se había dicho con engaño sistemático de la inmensa mayoría de los españoles, que asisten atónitos a la metamorfosis del "racista" Torras, el "Le Pen español", en un hombre de Estado, del ansiado Estado catalán, que grita desde su solapa que España es una dictadura donde hay presos políticos, donde se asiste a una especie campeonato nacional de gilipolleces (Carmen Calvo dixit, pixit, sexit), donde el dinero público es de cualquiera menos de los ciudadanos de la mayor parte de España, donde la Justicia da cada vez más miedo y pena, donde se miente sobre la educación en Cataluña, donde se traiciona la verdad sobre Machado y el separatismo, donde se vuelve a intentar ganar la guerra incivil que perdieron a pulso los que la provocaron y, por dejarlo ahí, donde se regala la televisión pública a un partido sin respeto a mayoría democrática alguna.

Podrá resultarnos a muchos impresentable. Pero es evidente que esto se puede hacer, que sí se puede hacer y que incluso Felipe González, al que Sánchez acusó de traición, y que conversaba con Albert Rivera dudando que Sánchez pudiera hablar más de media hora sobre España, dice ahora que este personaje despótico, lo está haciendo bien. Bien, ¿para qué? Bien, ¿para quién? Mientras tanto, la oposición se amuerma y se debilita, ensimismada y descolocada. La nación española tiene, pues, un problema, porque los hechos han demostrado que destruir sus instituciones es bien fácil. Que sí, que se puede hacer y se está haciendo incluso desde los decretazos de una minoría.

¡Alerta roja! España en peligro por el avance separatista
“Ríe de tus lágrimas mientras las lloras” Mark Manson.
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Julio 2018

Si nos hemos estando quejando, durante años, de la abulia del señor Rajoy ante el evidente progreso de los soberanistas catalanes, su empecinamiento, su desafío desenfadado, su temeridad tolerada y sus bravatas consentidas, anunciando y repitiendo que, con este tipo de política nunca se iba a acabar con la amenaza separatista de un pueblo, el catalán, que ha hecho ( al menos una parte importante de él), de su afán independentista, un lema con el que luchar contra la pretendida y, evidentemente errónea, imposición de una forma de control y asfixia por parte del Estado español, sobre la autonomía (para algunos, nación catalana) ¿Qué deberemos hacer ahora que, un gobierno socialista nacido de una moción de censura, que ha precisado del apoyo de toda la oposición, incluidos los separatistas vascos y catalanes, se encuentra ante el gran dilema de pagar los favores recibidos a aquellos que piden que les sean devueltos y con intereses y, al propio tiempo, sabe que, si cede a las exigencias de sus acreedores políticos correrá grave peligro de poner en riesgo la unidad de la nación española?

Porque, que nadie se llame a engaño, aquí lo que se ha puesto en cuestión no es solamente una utópica independencia de la autonomía catalana que, como todos vemos, en lugar de amainar como consecuencia de la aplicación del Artº 155 de nuestra Constitución, un remedio extraordinario que pretendía acabar, de una vez, con la locura catalana; lo que ha sucedido en realidad es que, la ñoñez de los políticos del PP y del resto de partidos constitucionalistas (el PSOE fue, en realidad el verdadero culpable de que no se le diese una mayor amplitud con la incautación de todos los medios de propaganda que, entre otras lindezas, fueron los que dirigieron a los rebeldes de 1.O para que fueran evitando ser sorprendidos por las fuerzas del orden, enviadas por el Estado para intentar evitar aquel simulacro, desautorizado por el TC, de referendo que, a pesar de que los soberanistas le han pretendido dar validez para que favoreciera sus fines; no fue más que un intento deslavazado, lleno de irregularidades y carente de las más mínima fiabilidad y legalidad que, curiosamente, no parece que el Gobierno haya hecho suficiente hincapié en el hecho de que aquella consulta fue nula desde el mismo momento en que se intentó llevarla a cabo, después de haber sido considerada ilegal por el TC.

En realidad, si no se toma en serio esta cuestión, cada vez más agravada por los políticos catalanes, que están explotando a fondo la tolerancia del Gobierno y la actitud pasiva de aquellas instituciones llamadas por la Constitución para evitar el progreso de semejantes aventuras disgregadoras del Estado español y las facilidades que encuentran, inexplicablemente, en naciones extranjeras que, a propósito o inconscientemente, están dando la impresión que sus tribunales de Justicia, los encargados de ejecutar las euro-órdenes emitidas por los tribunales de la UE, parece que se han olvidado de la finalidad de que, con este procedimiento abreviado, se pretendía que se agilizaran las devoluciones de los presuntos delincuentes refugiados en los países destinatarios de ellas, con el claro objetivo de que, la mutua confianza en la legalidad de las peticiones de los tribunales de las naciones democráticas constitutivas de la comunidad europea, se evitaran los farragosos y, en ocasiones, dilatados en el tiempo, procedimientos necesarios para resolver los casos de extradición habituales.

En este aspecto el tribunal alemán, como ya hemos comentado en otras ocasiones, nos ha dado la sensación de que, ante un caso de proyección internacional, ha preferido olvidarse de su obligación de darle trámite urgente, comprobando simplemente si, en Alemania, existen delitos parecidos en el caso de posibles levantamientos populares, aunque probablemente no con las mismas denominaciones. Abogados influyentes, jueces encantados de salir en los periódicos y una dudosa actitud de los políticos germanos, parece que han contribuido a que, una resolución inoportuna, poco creíble y muy discutible de que entre dentro de sus facultades de los magistrados del tribunal alemán cuando se ha intervenido en cuestiones que les eran ajenas y correspondían por entero a los tribunales españoles. No es de su competencia ni tampoco están en condiciones de juzgar desde su localización en el extranjero, si la actitud de los separatistas catalanes, con Puigdemont a la cabeza, afectaba o no a la estabilidad de la nación española. Pregunten estos señores a su Tribunal Supremo cuando advirtió a Baviera que no les correspondía ningún tipo de consulta sobre si pertenecían a Alemania o no.

Pero ahora el señor Pedro Sánchez, que hasta este momento ha permanecido desaparecido dejando a sus ministros de deshojaran la margarita de las propuestas de incremento del gasto público sin preocuparse demasiado del coste para el país de tales dispendios; se va a ver obligado a salir a la palestra y tomar decisiones ante la evidencia, demostrada con las manifestaciones que han tenido lugar en Cataluña los pasados días, con un perfecto desprecio hacia España y la Justicia española; reclamando descaradamente la libertad de los presos que, a diferencia de lo que pretenden defender, no se trata de presos políticos que defienden una ideas, sino de presuntos delincuentes que ha violado, con su desobediencia a las leyes penales y a las resoluciones de los tribunales superiores del país, como es el caso de las del TS y del TC la normativa española, con la agravante de que, todos ellos ostentaban, en el momento de cometer la desobediencia, cargos públicos que los obligaban con mayor motivo a atenerse a sus obligaciones como tales.

El problema ya ha desbordado lo que podría ser una mera manifestación callejera para pasar a convertirse en una rebelión de masas perfectamente organizadas, evidentemente subvencionadas a la vista de los atuendos con los que unos miles de personas han reproducido el famoso lazo amarillo, rodeados de otras perfectamente uniformados con ropas negras. ¿Quién paga todos estos movimientos? y ¿quién organiza los servicios logísticos, transportes y pertrechos con los que se manifiestan en distintos lugares de Cataluña, perfectamente escogidos, este número tan alto de participantes? El señor Sánchez fue el que permitió que se retirasen los controles que revisaban los gastos de la Generalitat. ¿Va a seguir manteniendo el llamado “diálogo” con el señor Torra, que no se cansa de repetir que lo que él y los suyos quieren no son subvenciones sino insistir en el tema tabú de tratar sobre la independencia de la “nación catalana”?

Nos preguntamos si este caballero del “no es no” está realmente preparado para asumir las consecuencias de un trato especial a Cataluña cuando vengan los nacionalistas vascos a exigir su parte del pastel o los gallegos digan que ellos no van a permitir ser menos que catalanes y vascos. ¿Es consciente la señora Carmen Calvo de lo que puede suceder si, como parece que ha propuesto la señora Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, les diga a los de Bruselas que España no va a cumplir con los compromisos que asumió Rajoy, porque necesitan más endeudamiento para cumplir con sus proyectos sociales? Y es que, a diferencia de los mandatarios salidos de unas legislativas, que disponen de un cuatrienio para desarrollar sus proyectos con calma y dosificarlos según les convenga; en el caso del señor Sánchez ha de hacer de mangas capirotes debido a que se le van a echar encima dos elecciones, las de Mayo del 2019, municipales y autonómicas y las legislativas para finales del 2020, momento en el que finalizará la actual legislatura. Si durante estos primeros meses es posible que siga contando con aquellos que le apoyaron para alcanzar la presidencia del gobierno, a medida que se vayan acercando los comicios va a encontrarse con más dificultades para que sus actuales avaladores le sigan apoyando y es muy posible que los fracasos se vayan sucediendo, aún en el caso de que, desde Europa, quisieran echarle una mano aceptando que no cumpla con los compromisos de Deuda Pública o déficit, algo que estaría por ver si lo pudiera conseguir. No olvidemos que también no le ha quedado más remedio que comprometerse a incrementar el gasto en armamento si es que no quiere que el señor Trump le pase factura con alguna de las medidas con las que está poniendo firme a Europa.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, que ve como el periodo de gracia forzosamente, en este caso, más breve que el habitual de los 100 días de confianza, se le está agotando a don Pedro y, es posible, que el tiempo de “globos sonda”, de las promesas facilonas o de los cambios de cara a la galería, se le vayan agotando a medida que todo lo que han venido anunciando, en cuanto a medidas sociales, deba ponerse en práctica y, lo más peliagudo del caso, el pretendido enfriamiento de la cuestión catalana, sus promesas de entendimiento y sus pretensiones de irles entregando la parte del león, en cuanto a la financiación, a Cataluña, deban cumplirse y, todo ello, con el resto de autonomías españolas, que puedan salir perjudicadas con estos proyectos de despilfarro del gasto público, demandando un trato igual en el reparto de cromos de este gobierno que, recordémoslo, no lo han elegido los españoles, sino que ha sido fruto de un “contubernio” de las fuerzas de la izquierda y los separatistas. Conviene recordarlo.

Apaciguamiento
Francesc MorenoCronica Global 16 Julio 2018

Pedro Sánchez, tras afirmar el carácter xenófobo y racista de Quim Torra? y calificarlo del Le Pen de la política española, se reunía con él y compartían un bucólico paseo por los jardines de la Moncloa. Poco después, Miquel Iceta declaraba que "hay un tema importantísimo en la relación entre políticos que es el conocimiento personal. Si tú de Quim Torra solo conoces sus textos, no te lo llevarías a cenar. Ahora, cuando has conocido a Quim Torra, tienes ganas de llevarlo a cenar".

¿A qué obedece esta voluntad de blanquear al presidente de la Generalitat? ¿Qué efectos políticos tiene? ¿A quién beneficia?

La explicación oficial de la política del nuevo Gobierno hacia el independentismo se resume en la voluntad de bajar la tensión, reanudar el diálogo, volver a hacer política, recobrar la normalidad.

De momento no parece que esta política de apaciguamiento haya obtenido contrapartida alguna por parte de los independentistas. Este domingo, Josep Borrell afirmaba que "no percibo un cambio en el nuevo Govern". Quim Torra no se ha arrepentido de nada, sigue apoyando a los CDR, no ha abjurado de su admiración por el fascismo catalán del siglo pasado, no se ha comprometido a cumplir la legalidad, y ni siquiera ha renunciado a la unilateralidad.

Si no hay contrapartidas aparentes por parte de la Generalitat al olvido o banalización de la ideología supremacista y xenófoba de Quim Torra por parte de los dirigentes socialistas, habrá que concluir que Sánchez esta pagando al secesionismo parte del precio de hacerlo presidente. Entiendo otras concesiones. Que se traslade a los políticos presos, que se rebaje las peticiones de condena. Incluso podría entender un indulto de la pena de prisión si fuesen condenados y declaran su arrepentimiento y acatan la legalidad sin eufemismos.

Pero blanquear a Quim Torra me parece ir moralmente demasiado lejos con quienes, por otra parte, se llenan reiteradamente la boca de proclamas contrarias al racismo y la xenofobia. ¿Qué pasa, que los colonos, los hijos de colonos o simplemente los catalanes no nacionalistas carecemos de derechos? ¿Piensan como Torra que somos bestias con forma humana?

Las reivindicaciones de los catalanes no secesionistas han vuelto a estar ausentes de la entrevista entre Sánchez y Torra y son ignorados por Iceta, como ya lo fueron por todos los gobiernos españoles. Sólo Borrell mantiene la batalla ideológica en el frente exterior. No darla en la política interna es tener asegurado un nuevo episodio de intento de golpe más pronto que tarde.

Éric Vuillard, en su novela El orden del día, premio Goncourt 2017, recuerda las premisas de la política de apaciguamiento inglesa y francesa hacia Alemania, con una frase de Lord Halifax: "El nacionalismo y el racismo son fuerzas pujantes, pero no las considero ni contra natura ni inmorales". Entre nosotros, muchos que no se declaran secesionistas piensan como Halifax. Y creen que el apaciguamiento les hace superiores moralmente. Artífices de la paz y la reconciliación, como proclamaban los medios de su tiempo de Daladier y Chamberlain tras la conferencia de Munich. Los hechos demostraron que el apaciguamiento no sirvió de nada. Ante el fanatismo nunca sirve de nada.

Frenar la deriva del independentismo
EDITORIAL El Mundo 16 Julio 2018

La decisión de la Corte de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont y la evidente debilidad del Gobierno han envalentonado al independentismo, siempre proclive a encender la mecha de la calle para seguir alimentando sus quimeras. La manifestación del sábado en Barcelona, alentada por las entidades sociales soberanistas, contó con el respaldo del presidente de la Generalitat. Quim Torra exigió la liberación de los políticos presos y la "vuelta de los exiliados". Incluso se sumó a la ocupación de la cárcel Modelo de Barcelona, organizada por los comités de defensa de la república (CDR) para mostrar su aliento a la facción más extremista del separatismo.

El Gobierno está obligado a poner freno a esta deriva. Porque la tensión promovida por los secesionistas no solo estriba en una retórica inflamante, sino que se traduce en un acoso cada vez más intenso a la Justicia y la Corona -en una estrategia que cuenta con la complicidad de Podemos- y en un incremento de la presión social, tal como muestran los abucheos a Inés Arrimadas en Canet. Borrell exhortó ayer, durante un acto de Sociedad Civil Catalana, a no reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo. Eso pasa también por que el Gobierno abandone el apaciguamiento y la política de cesiones.

El velado plan islamista para colonizar los partidos políticos españoles y joder la marrana todavía más
Desde el partido radical marroquí Justicia y Caridad, prohibida por Mohamed VI, y otros como el tunecino An Nahda, dan instrucciones a sus jóvenes seguidores en España para que se infiltren en cualquier formación..... con el objetivo de desarrollar con el tiempo formaciones musulmanas propias, y poder así concurrir finalmente a unas elecciones
JMR. Periodista Digital 16 Julio 2018

[El objetivo común del separatismo, la izquierda radical y el islamismo: destruir España]

La información es harto preocupante, y debería obligar a mirar de frente y combatir con firmeza la actitud de algunos partidos de la órbita podemita que comulgan con lo que nos ocupa, y que bajan sin rubor a los infiernos del radicalismo musulmán encendiendo en las redes sociales el debate sobre la 'necesidad' de "transformar la sociedad por medio de la formación islámica de los individuos". (El adorado musulmán de Podemos azotando a su novia francesa por salir de fiesta: "¡Por el Corán!").

Es el caso por ejemplo de una estudiante de Ciencias Sociales, integrante del grupo de jóvenes de Catalunya en Comú, que ha difundido esta idea, la misma que desde Marruecos y Túnez propagan peligrosos partidos políticos que quieren que sus seguidores más jóvenes se infiltren en los españoles, sea cual sea su ideología, como forma de prepararse para desarrollar en un periodo de tiempo cercano formaciones musulmanas que concurran a las elecciones. Se trata en fin, de colonizar la política y ocupar cargos públicos desde donde sembrar su cizaña. (Este acojonante vídeo desvela el verdadero rostro de los pacíficos musulmanes que viven en Europa).

El campo ya está abonado. Baste ver sin ir más lejos la simpatía de Pablo Iglesias por la teocracia iraní, o el dinero público que gasta a manos llenas Ada Colau para bendecir el Ramadán, entre otros despropósitos. (El ataque de la chuleta musulmana a una estudiante española por ir en 'shorts': "¡Deberías llevar velo!").

En el escrito de Ángeles Escrivá en 'El mundo' de este domingo 15 de julio de 2018, se afirma citando fuentes de las Fuerzas de Seguridad, que el llamamiento va dirigido a jóvenes musulmanes españoles, preferiblemente universitarios, cuya formación pueda sustentar una participación política activa y un futuro liderazgo.

Las instrucciones parten del partido tunecino An Nahda (El Renacimiento) y de los marroquíes Justicia y Desarrollo (PJD) y Justicia y Caridad (PJC). Este ultimo está prohibido por Mohamed VI por su radicalidad, pero es la formación con mayor respaldo en Marruecos, y en España tiene estructura en todas las provincias.

Poco importa ahora que un plan semejante fracasara hace unos años con la creación del PRUNE (Partido del Renacimiento y de la Unión de España), una formación musulmana surgida en 2010 en Granada que se presentó en las municipales de 2011 en varias ciudades. Su fundador fue el escritor Mostafa Bakkach El Aamrani, ya fallecido, que entonces era vicepresidente de la Feeri. Los tiempos han cambiado, y en nuestro país residen dos millones de musulmanes.
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