Recortes de Prensa Domingo 30 Junio 2024
El Ministerio de Defensa ruso asegura haber destruido 36 drones ucranianos
Carlos Garcés. Madrid. elmundo. 30 Junio 2024
Al cumplirse 858 días de guerra en Ucrania, El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus fuerzas destruyeron 36 drones ucranianos por la noche sobre las regiones de Kursk (15), de Lipetsk (9), de Voronezh (4), de Briansk (4), de Oriol (2) y Belgorod (2) sin que causaran víctimas ni daños materiales.
Ucrania dirige sus ataques contra el territorio ruso a sitios energéticos que, a su juicio, alimentan al aparato militar ruso, así como a poblados fronterizos.
La ofensiva rusa contra la región nororiental ucraniana de Járkiv preveía crear una "zona de amortiguamiento" y proteger a la región fronteriza rusa de Belgorod.
La Unión Europea (UE) ha aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia a fin de equiparar varias de las medidas restrictivas impuestas a Rusia por su guerra contra Ucrania y para prevenir que Moscú pueda eludirlas gracias a la colaboración de Minsk.
A partir del lunes España liderará en Eslovaquia, país en el que despliega tropas por primera vez, una brigada multinacional, con base en Lest, formada por más de 1.500 militares de ocho naciones que conforman una de las misiones desplegadas por la OTAN para disuadir a Rusia de atacar a un país aliado.
Una vez tome el relevo de la República Checa este mismo domingo, España asumirá el papel de 'Nación Marco' de uno de los ocho 'Battle Group' (grupo de combate) que la Alianza Atlántica tiene en el flanco este como parte de su estrategia de refuerzo de la disuasión tras la invasión rusa de Ucrania, acordada en la cumbre de Madrid de junio de 2022.
Esta presencia militar de los aliados también contribuirá a los planes de defensa nacional de Eslovaquia, un país centroeuropeo que comparte frontera con Ucrania.
9:11
Rusia dice que cuatro bomberos resultaron heridos en el bombardeo ucraniano de Donetsk
Cuatro empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia resultaron heridos en el bombardeo ucraniano de la región de Donetsk, dijo el ministerio el domingo.
"En el distrito de Petrovsky, los bomberos del departamento (los empleados) estaban extinguiendo un incendio que se produjo después de un bombardeo (ucraniano)", dijo el ministerio en la aplicación de mensajería Telegram.
"Hubo una alerta por un nuevo ataque de artillería. El bombardeo los alcanzó mientras evacuaban". Donetsk es una de las cuatro regiones del este y sur de Ucrania que Rusia afirmó haber anexado a finales de 2022, en una medida condenada como ilegal por la mayoría de los países en la Asamblea General de la ONU. Rusia no controla totalmente ninguna de las cuatro regiones.
07.40
La UE aprueba nuevas sanciones contra Bielorrusia para equipararlas con las de Rusia
El Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los gobiernos de la UE, aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia a fin de equiparar varias de las medidas restrictivas que los Veintisiete ya imponen a Rusia por su guerra contra Ucrania, y prevenir así que Moscú pueda eludirlas gracias a la colaboración de Minsk, informa Efe
Las sanciones incluyen la prohibición de importar carbón, petróleo crudo (y cualquier otro producto mineral), oro, diamantes o helio procedentes de Bielorrusia, y también prohíben al resto de países la exportación a Minsk de bienes y tecnologías que puedan tener un uso dual (tanto militar como civil) así como productos que puedan usarse para refinar petróleo y licuar gas natural.
07.30
Rusia dice que destruyó 36 drones ucranianos
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo que sus fuerzas destruyeron 36 drones ucranianos por la noche en la zona fronteriza entre los dos países.
"Los sistemas de defensa aérea de guardia destruyeron 15 drones sobre la región de Kursk, nueve drones sobre la región de Lipetsk, cuatro drones sobre cada una de las regiones de Voronezh y Briansk y dos sobre cada una de las regiones de Oriol y Belgorod", indicó el ministerio en Telegram, según replica Afp.
El gobernador de Voronezh, Aleksandr Gusev, dijo en Telegram que la defensa aérea "destruyó varios drones ucranianos" y que "no hubo víctimas ni daños".
Ucrania ha intensificado este año sus ataques contra el territorio ruso, dirigidos a sitios energéticos que a su juicio alimentan al aparato militar ruso, así como a poblados fronterizos.
El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó en mayo una ofensiva a gran escala contra la región nororiental ucraniana de Járkov con la intención de crear una "zona de amortiguamiento" y proteger a la región fronteriza rusa de Belgorod.
Los jueces y el despotismo democrático
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. el debate.
El acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial merece ser valorado con cautela. En primer lugar, por la credibilidad que ostenta el presidente. En segundo, dada su nula propensión a la concordia y al entendimiento con la oposición en los grandes asuntos, cabe pensar que si lo ha hecho es por pura conveniencia. Es cierto que renuncia al control del Consejo, pero también lo es que controla, entre otras instituciones, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. La marcha hacia el control total de la Justicia queda más aplazada que extinguida.
No hace falta ser lector de Tocqueville, y dudo de que nadie en el Consejo de Ministros lo sea, para comprender la relevancia de la independencia del Poder judicial para salvaguardar la libertad. Cualquier tirano o aprendiz de ello lo sabe y siempre emprende un proceso para su control total. Incluía el pensador francés entre los medios principales para combatir el despotismo democrático a los jueces. Esto significa que es posible el despotismo democrático y que la democracia no excluye el camino hacia el despotismo. Y ponía el ejemplo de los Estados Unidos del siglo XIX. Ningún otro país había constituido un poder judicial tan fuerte. Y no solo mediante el Tribunal Supremo, sino también mediante la potestad conferida a todos los jueces de no aplicar una ley o disposición del Gobierno si apreciaba en ella síntomas de inconstitucionalidad. Naturalmente, no tenía la última palabra, pero era un poder extraordinario. El más modesto juez del más pequeño pueblo de la nación podía negarse a aplicar una ley de la Cámara de Representantes y del Senado, así como una disposición del Presidente. El poder judicial no solo controlaba al Gobierno sino también al Parlamento. Si el poder del pueblo no está limitado, no hay libertad. Por no hablar de Montesquieu.
Es más que dudoso que, como pretende el Gobierno, así se cumple la Constitución. Este acuerdo debería ser solo un medio para llegar a la modificación del sistema de designación de los miembros del CGPJ. La interpretación última de la Constitución corresponde al Tribunal Constitucional, pero existen límites a ella. La interpretación no puede ser arbitraria ni contradecir la letra y el espíritu de la Carta Magna. El artículo 122.3 establece: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». La voluntad política no puede abolir el Derecho. Tampoco la Gramática. El Congreso elige, cuatro, no diez. El Senado elige cuatro, no diez. Los doce restantes deben elegirlos los propios jueces. Y solo un ignorante devoto de la tiranía puede argumentar que los jueces no han sido elegidos por los ciudadanos. Se trata precisamente de eso. Para aplicar la ley no pueden depender de ningún otro poder del Estado. Ni del titular de la soberanía nacional.
Este arreglo, creo que inconstitucional como, en general, lo es el sistema actual, impide, al menos de momento, el control total de la Justicia por el Gobierno. Pero solo puede ser una estación de paso para llegar al cambio del sistema de designación y al cumplimiento de la Constitución. La democracia no consiste en elegir al déspota cada cuatro o cinco años. Menos aún, en elegirlo para siempre.
El Banco de España destapa una deuda pública oculta de 95.000 millones
Los pasivos del Estado rozan el 108% del PIB... pero las obligaciones totales rondan el 115% del PIB.
Diego Sánchez de la Cruz. libertad digital. 30 Junio 2024
La ratio de deuda pública sobre PIB se redujo en 3,9 puntos porcentuales a lo largo de 2023, pero esto no significa que la gestión presupuestaria del gobierno haya contribuido a una mejora del saldo de obligaciones del Tesoro. De hecho, un nuevo informe del Banco de España elaborado por Blanca García-Moral y María Isabel Laporta-Corbera pone de manifiesto la incidencia negativa que tiene la política de gasto del Ejecutivo en la evolución del citado ratio deuda/PIB.
Así, el déficit presupuestario anotado por el organismo regulador para el conjunto de 2023 sería del 3,6% del PIB. Esta cifra incluiría 1,2 puntos de PIB de déficit primario y 2,5 puntos de PIB de pago de intereses de la deuda. Asimismo, el ajuste déficit-deuda habría añadido 1,2 puntos de PIB más al ratio alcanzado por España, que prácticamente duplica los niveles exigidos por la Eurozona, que pide limitar el peso del endeudamiento público por debajo del 60% del PIB.
Por lo tanto, lo único que contribuyó a reducir el ratio deuda/PIB fue el efecto crecimiento, es decir, el impacto del denominador (PIB) sobre el numerador (deuda). Si el presupuesto hubiese reflejado un escenario de equilibrio (ni déficit ni superávit), la deuda habría caído en 8,8 puntos del PIB, pasando del 111,6% al 102,8% del PIB. Sin embargo, el exceso de gasto por parte del gobierno ha dejado esta rúbrica en el 107,7% del PIB, es decir, 4,9 puntos más de lo que habríamos alcanzado con una buena gestión de la caja pública.
En cualquier caso, más allá de la evolución del ratio deuda/PIB, lo cierto es que la deuda acumulada por el Reino de España no ha parado de aumentar. En 2019, su incremento fue de 14.495 millones, mientras que en 2020 subió en 122.430 millones. En 2021, el incremento alcanzó los 82.347 millones, mientras que en 2022 se dio una subida de 74.666 millones. Para 2023, el repunte fue de 70.954 millones. El descuadre entre ingresos y gastos fue de 53.159 millones, mientras que el ajuste déficit-deuda añadió otros 17.795 millones al desequilibrio.
Todos los datos comentados en los párrafos anteriores se pueden consultar en el siguiente cuadro tomado del propio informe del Banco de España:
La deuda ‘oculta’
Es importante tener en cuenta, eso sí, que los niveles de endeudamiento son incluso mayores cuando se toman en consideración otras obligaciones financieras, como por ejemplo la deuda de las empresas propiedad del sector público. Cuando tomamos en consideración estas obligaciones, encontramos que la deuda total de las Administraciones alcanza el 141,5% del PIB. En números redondos, esto significaría que hay 606.898 millones de deuda "oculta" en la estadística de uso común, una cifra muy abultada que debe ser tomada en cuenta a la hora de analizar el saldo de endeudamiento del Estado.
No obstante, un análisis más completo que también ofrece el BdE consolida las operaciones que guardan entre sí las distintas capas del sector público y permite obtener un cálculo más realista. Según dicho cálculo, los pasivos consolidados del Estado serían de 1.668.440 millones de euros, un rubro equivalente al 114,1% del PIB que supera en casi 7 puntos del PIB el dato oficial de deuda (107,7% del PIB) y rebasa holgadamente el promedio observado en la UE para este mismo indicador (95,9% del PIB). Por tanto, la deuda real del sector público es 94.686 millones más alta que el dato ‘oficial’ que se deriva de la metodología PDE empleada de forma recurrente por las instituciones oficiales.
La herencia del bipartidismo
José Antonio Ávila López. diariosigloxxi. 30 Junio 2024
El bipartidismo se pelea, se insulta, se hace la cama mutuamente, se tira los trastos a la cabeza, pero siempre llegan a consensos que la mayoría ciudadanos de a pie ya no nos creemos, son falsos consensos. El bipartidismo ha logrado crear ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de su lugar de nacimiento, con una evidente desigualdad en el ejercicio de derechos o el disfrute de oportunidades.
Estos cuarenta años de Estado Autonómico nos han dejado un país dividido en diecisiete pequeños Estados, un enorme caos administrativo, lazos afectivos debilitados y un país desigual. El Estado Autonómico se ha convertido en enemigo de la rica diversidad de España : una España sin distinciones ni fronteras internas es la mejor garantía de prosperidad y bienestar para todos.
España debe ser un Estado al servicio de la unidad que fortalezca los vínculos entre españoles, favorezca la solidaridad entre personas y entre territorios, garantice el funcionamiento de la administración y vele por el bien común. Creo que también es fundamental recuperar la vitalidad de los municipios : para ello, se han de promover lugares seguros de convivencia entre vecinos, creación de empleo e iniciativas vecinales.
Una agresión constante a la empresa
Jesús Cacho. vozpopuli. 30 Junio 2024
Ni una semana sin una mala noticia para las empresas españolas. Ni una semana sin una nueva carga, una reglamentación fresca, alguna locura añadida salida del magín de un Gobierno enemigo de la actividad empresarial.
Este miércoles hemos asistido a la firma de un “acuerdo contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+ en el trabajo”, acto en el que se dieron cita Yolanda Díaz, dizque ministra de Trabajo, y los inevitables comegambas Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO.). Y la patronal. Sí, también los representantes de las patronales CEOE y Cepyme (pequeña y mediana empresa). Con un poco de vergüenza ajena. Con tanta vergüenza ajena que los líderes de ambas agrupaciones, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, enviaron en su lugar a dos figurantes para que se comieran el marrón en su nombre. Cuerva incluso ha amagado con protestar: no tiene sentido hacernos la foto en un momento -ha venido a decir- en el que nos jugamos algo tan importante para el futuro de la empresa como es la reducción de jornada laboral, asunto “en el que no se está teniendo en cuenta en absoluto a las empresas”.
No se les tiene en cuenta, no pintan nada. Una señora que no ha dado palo al agua en su vida y que, por supuesto, no ha pagado una nómina, les puentea de forma miserable, pero nuestras patronales siguen acudiendo solícitas a hacerse la foto con la doña y sus sindicatos amaestrados allí donde el Gobierno se lo pide. Pero, ¿hay algún derecho que el colectivo LGTBI+ no tenga ya reconocido en España? ¿Alguna meta que el poderoso lobby gay no haya logrado todavía? Aseguran que la firma del miércoles tiene que ver con el desarrollo reglamentario de la “Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, que obliga a las empresas a contemplar en los convenios colectivos cláusulas de igualdad de trato y no discriminación de esas personas; a impartir formación para evitar su discriminación en entrevistas de trabajo y ascensos; a incluir un protocolo para hacer frente al acoso y la violencia; a promover la “heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos” (lo que equivale a decir que dentro de nada será obligatorio tener en nómina a un cierto número de “raritos”), y a favorecer en particular la integración del colectivo trans, que por lo visto es el peor tratado. Este monumental lío normativo, a añadir a la maraña de obligaciones que ya recaen sobre la empresa, será obligatorio en las sociedades con más de 50 trabajadores, pero en el fondo terminará afectando a cualquier pyme, puesto que obligatoriamente deberá trasladarse a todos los convenios.
Y todo esto ocurre, como antes se apuntaba, cuando Yolanda Díaz acaba de poner sobre la mesa la reducción de la jornada laboral, asunto de extraordinaria importancia para un colectivo que soporta unos de los costes laborales más acusados de la OCDE y que atraviesa por una alarmante pérdida de competitividad. Si la doña impuso en enero una subida del 5% del SMI, en julio pretende implantar ese recorte de jornada y hacerlo en plan ultimátum, manu militari. Ella ya lo tiene todo negociado con sus comisiones y ugetés, y si los empresarios se niegan a firmar lo que les pongan delante, peor para ellos: se lo encontrarán en el BOE el día menos pensado. En efecto, el pasado viernes 21 de junio, las patronales recibieron un borrador del anteproyecto de ley que contempla una reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y las 37,5 horas en 2025. Menos horas de trabajo y mismo salario, que de otra forma la cosa no tendría gracia. Ello ocurre en una economía que, como asegura el economista José María Rotellar, sufre un grave problema estructural concretado en “una ausencia importante de productividad y, a partir de ésta, de competitividad; somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Y lo mismo pasa con la productividad del factor trabajo”.
Precisamente el miércoles 19 de junio, la Comisión Europea publicaba su informe de primavera afirmando en el caso de España que "la productividad laboral por hora trabajada sigue estando por debajo de los niveles pre pandemia y la brecha con respecto al promedio de la UE se ha ampliado significativamente durante la última década". La Comisión aludía a cuestiones como la debilidad del capital (físico y humano), el conocimiento (know-how), las trabas regulatorias y el funcionamiento de las instituciones como responsables de esa situación. Asuntos que sin duda escapan a las entendederas de la mujer, militante de CC.OO., en cuyas manos un Sánchez solo interesado en poder ha puesto la cartera de Trabajo. Pero, ¿cuáles son los títulos por los que la ministra, una reconocida analfabeta funcional, legisla en materia laboral? ¿Quién le autoriza a poner palos en la rueda de las empresas españolas? ¿A quién representa hoy la señora Díaz, cuyo “partido” se ha disuelto cual azucarillo menos de un año después de haber sido inventado? No representa a nadie, pero no importa. Fiel al palo y tente tieso de sus maestros comunistas, Yolanda quiere multar a las empresas cuyos trabajadores no cumplan esa reducción de jornada y, además, amenaza con elevarlas hasta los 10.000 euros por empleado, y ello sin la menor referencia a la capacidad de las compañías para asumir ese recorte horario y, más importante aún, sin atender a su productividad.
Como es habitual cuando de nuevas imposiciones al colectivo empresarial se trata, las grandes siempre tendrán más fácil asumir las cargas con las que este Gobierno infame les castiga día sí y día también, al contrario de lo que ocurre con la pequeña y mediana, la parte del león del colectivo. En efecto, las pymes conforman el 99,7% del tejido empresarial español (o sólo el 1,18% de nuestras empresas cuenta con más de 50 trabajadores, según datos del ministerio de Industria). En efecto, la empresa española es un 23% menor que la europea, ocupa de media a 4,7 empleados frente a los casi 6 de la Unión. España es el tercer país de la UE con su tejido empresarial más atomizado, lo que sitúa a nuestras pymes como las menos productivas, con la única excepción de Portugal. Consecuencia añadida a ese escaso tamaño es la dificultad de acceso al crédito, la financiación a tipos interés más altos y, por tanto, la carencia de recursos para innovar e invertir en mejoras, además de para captar y retener talento.
Una característica especial de la empresa española es la enorme carga burocrática y normativa que soporta incrementada hasta el delirio en los últimos años por las Yolandas de este Gobierno de izquierda radical, asunto que se erige como el primer gran obstáculo a su crecimiento. En efecto, ningún pequeño empresario español quiere “hacerse mayor”. Superar los 50 trabajadores en plantilla supone hacer frente a cargas normativas muy superiores a las que soportan sus colegas europeos, entre ellas mantener a tres liberados sindicales dispuestos a hacer la vida imposible al patrón. La lluvia de nuevas imposiciones haría interminable el relato, aunque valga la pena citar los llamados “planes de sostenibilidad” -las obligaciones ESG (“environmental, social and governance”)- que la burocracia de Bruselas, responsable del raquítico crecimiento de las economías europeas, ha ido introduciendo como obligatorios para invertir en cualquier empresa, y que en los últimos años se han convertido en referencia de esa cosa llamada “inversión socialmente responsable”, una jerigonza a la que se han prestado las grandes, que ahora exigen (como la Administración para cualquier concurso público) a sus proveedores los dichosos planes de sostenibilidad. Ello por no hablar de los planes de igualdad, del registro salarial, del registro horario, del canal de denuncias, del protocolo de altas temperaturas, del de acoso sexual, del de desconexión digital… Además del “divertimento Trans” arriba descrito. Consecuencia de ello es que el empresario, sobre todo el pequeño, se ve obligado a perder buena parte de su tiempo tratando con abogados, más que a atender y mejorar su negocio.
Todo podría ser, a pesar de los pesares, superable, de no ser por el imparable aumento de los costes soportados por las pymes en los últimos años. Sin ánimo de ser exhaustivo, la pequeña y mediana empresa lleva 10 trimestres consecutivos soportando incrementos interanuales del coste laboral total superiores al 5% y al menos 6 años de subida constante de cotizaciones. Con uno de los tipos de cotización más altos de la UE, las bases máximas han subido cerca de un 20% en los últimos 5 años, y las mínimas más de un 50%. Por no hablar de un SMI que se ha incrementado en un 65% en los últimos años y que en algunas provincias se ha situado por encima del 80% del salario medio provincial, provocando de forma automática una tendencia salarial alcista, aumentando la conflictividad interna y elevando el sueldo de todas las categorías de la empresa, amén de afectar directamente a la negociación salarial. ¿Cómo se ha defendido el pequeño empresario ante este aluvión de costes? Pues reduciendo márgenes, no queda otra, o mejor dicho, viendo impotente cómo la abusiva intromisión de un Gobierno de extrema izquierda reduce sus márgenes hasta el punto de obligarle a cerrar el negocio en no pocos casos. Hablar de aumento de la productividad en estas condiciones no deja de ser una pura entelequia.
Ser empresario en España, sobre todo pequeño y mediano, que son precisamente los que crean la mayor parte del empleo existente, precisa de unas ciertas dotes de masoquismo y/o del espíritu servil de quien está dispuesto a lamerle las botas al Gobierno, porque espera ganar dinero aferrado a la levita de la izquierda radical que nos gobierna. Lo contrario es la alarma diaria, la incertidumbre normativa, el susto de los aumentos de costes, los cambios obligados de horario, de jornada, de condiciones laborales, la hemorragia del absentismo, la ampliación de las causas de nulidad del despido… El sobresalto nuestro de cada día. Mil asuntos acaparan la desastrosa actualidad española, pero nunca nadie escucha a este Gobierno -tampoco a la oposición, ciertamente- hablar, por ejemplo, de reducir en un punto, un solo punto, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, ese lamentable impuesto al trabajo del que nadie quiere saber nada. Todo es palo y tentetieso. Un trágala detrás de otro. Ayer mismo Jesús Martín contaba en este diario que el 85% de los españoles está satisfecho con las horas que trabaja (encuesta INE). ¿Les ha preguntado doña Yoli si quieren trabajar menos? No, padre. Está tardando, por eso, el señor Feijóo en lanzar a los españoles la solemne promesa de que si algún día llega a la Moncloa, lo primero que hará será barrer de un plumazo esta pestilente hojarasca con la que esta izquierda reaccionaria y estulta pretende ahogar a la libre empresa en España.
Indolencia
ALFONSO USSÍA. el debate. 30 Junio 2024
La población de los Estados Unidos de América supera los 334 millones de habitantes. Y entre 334 millones de habitantes, los estadounidenses, divididos entre demócratas y republicanos, sólo tienen dos pretendientes a presidirlos. Creo que, en este caso, los americanos han demostrado su indolencia. Biden o Trump. Entre 334 millones de personas, sólo pueden ser presidentes de los Estados Unidos Biden y Trump, o Trump y Biden. Trump es como un elefante paseando por una cacharrería, y Biden, un atontado. Y de ellos depende el futuro de 334 millones de mujeres y hombres entusiastas y enfrentados que en noviembre van a elegir ser presididos por un elefante con extrañas reacciones y un tontito desorientado. Lo malo es que el mundo libre, lo que entendemos por Occidente, también depende de ellos. Los Estados Unidos, nos guste o no, son el imperio. Una Roma a su manera. El presidente de los Estados Unidos es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. Y siempre se han mostrado generosos cuando se ha tratado de defender con las armas los valores, las creencias, el humanismo cristiano, y las libertades de los Estados democráticos sin comillas. En el norte de Francia hay más americanos enterrados que franceses. Si los japoneses no hubieran cometido el error traicionero de atacar Pearl Harbour, entre Hitler y Stalin se habrían repartido el mundo. Se trata de casos extremos. Israel es la frontera de Occidente con la Edad Media, frontera heroica, pero siempre apoyada por los Estados Unidos. Un error del inquilino de la Casa Blanca afecta lo mismo a un holandés, que a un alemán, que a un ucraniano y que a un español, que a un votante de Carolina del Norte, de Nevada o de California. Es el mundo todavía libre el que va a depender de Trump o Biden, y esa evidencia resulta aterradora.
En España, como en Francia o en Italia, sólo nos preocupa el futuro de nuestras casas. Aquí tenemos 47 millones de habitantes, sumados los invasores, y como en los Estados Unidos, con sólo dos posibles presidentes del Gobierno. En los momentos actuales, Sánchez o Feijóo. No estamos mejor que los Estados Unidos, pero de ganar uno u otro, el mundo libre seguirá igual, porque ni uno ni otro valen un pimiento, ni influyen en el equilibrio de la política internacional. Por supuesto que prefiero a Feijóo que a Sánchez, cuyo resentimiento social le ha empujado a situarse en los principios del siglo XX. Sánchez no ha ganado jamás unas elecciones, y de hacerlo, ha necesitado el apoyo de los que consideran que la existencia de España ha llegado a su fin. Feijóo tiene a su derecha a un partido nacido de la decepción. Y a su izquierda, al comunismo, el socialismo, el separatismo, el terrorismo y la imbecilidad. Pero tampoco me alivia saber que, entre 47 millones de españoles, sólo tienen probabilidades de gobernar en España Sánchez o Feijóo. O indolencia de los españoles o acatamiento sumiso ante una realidad devastadora. La Unión Europea, una imitación sin éxito de los Estados Unidos, es un caro fracaso. Todo son pactos y acuerdos de profesionales de la política que no pueden vivir ni enriquecerse de otra manera. En los Estados Unidos, la política es más infantil, menos corrupta, pero sólo alcanzan la cima de las posibilidades dos americanos. Y resulta que esos dos americanos son Biden o Trump, Trump o Biden. Y claro, el futuro de la libertad, la prosperidad y los Derechos Humanos es incierto. El mundo libre, al que pertenece España todavía, está en guerra con el Medievo teocrático. Y no nos hemos apercibido de ello. Es más, aceptamos con alegría la invasión de nuestros enemigos, que ya se han apoderado de las calles de Europa. En una situación límite, los Estados Unidos reaccionarían con su fuerza y su diplomacia a favor de sus aliados, pero tendrán que ser Trump o Biden los líderes de esa reacción.
Y no lo veo claro. Soy pesimista. Entre 335 millones de norteamericanos –estadounidenses–, no han encontrado a nadie mejor que a un desbocado y a un tonto gagá.
Y la Edad Media se dispone a aprovechar el vacío.
Lo nuestro es otra cosa.
ENTREVISTA A ROCÍO MONASTERIO
Rocío Monasterio, presidenta y portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid: «El progresismo es retroceso»
MARÍA ZABAY. okdiario. 30 Junio 2024
Rocío Monasterio, arquitecta, empresaria, presidenta y portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, está felizmente casada con Iván Espinosa de los Monteros, es madre de cuatro niños e hija de inmigrante cubano. Cree en la política que se ejecuta, no en la de comunicación, y le indignan las cuotas que colocan a las mujeres en Consejos de Administración no por el talento, sino por el único hecho de ser mujer.
Asevera que «la única brecha que existe para la mujer es la maternidad». Su propuesta: premiar al empresario que contrate a una mujer, que la mujer tenga incentivos para tener hijos y seguir trabajando y aprobar políticas que faciliten la vivienda como liberalizar el suelo de todo tipo -que sea urbanizable y que pueda tener una licencia para construir-. En este punto, alerta sobre la dificultad de esa liberalización porque «el urbanismo es el gran foco de la corrupción política».
Analizando el «progresismo», su lema y su bandera, declara que «es un atraco al que trabaja, una humillación a quien cree que tiene que llegar por sus medios a los sitios; en definitiva, un retroceso que ha atacado a la familia, que ha adoctrinado a los niños en los colegios, que ha hecho las calles cada vez más inseguras y ha conseguido que las mujeres tengamos miedo en la calle por los progres que no quieren tener fronteras».
Como gran causante de esta erosión de la sociedad, Rocío Monasterio señala al lenguaje: «Los partidos conservadores adoptan el lenguaje de los progres. Son todos progres. Todos hablan de lo mismo, todos están en la corrección política. Ya no se puede ni contar un chiste. Todos están correctos en la política de género, con la inmigración. No podemos hablar de inmigración ilegal porque nos llaman racistas. Yo lo hago y me llaman racista y xenófoba».
«Los progres de derecha e izquierda tienen tanto miedo a la crítica que continuamente nos hablan de fronteras abiertas. Es decir, la gente va a pagar impuestos para que su dinero vaya a sufragar la Sanidad y la educación al mundo entero que quiere venir a España». A este respecto, sostiene con claridad que «hacen falta fronteras; que quien llegue a España, primero llame a la puerta y, luego, nosotros preguntemos a qué viene». «El que no quiera los valores de España, que no venga a España», sentencia.
Asimismo, alerta sobre las bandas que están llegando. «Ahora mismo en Madrid todos los días tenemos algún apuñalamiento o suceso grave. Cada vez que hablamos de ello, nos llaman racistas. Esto no es un tema de color de piel; es un tema de ser un delincuente o no ser un delincuente». Señala que no se está haciendo nada para frenarlo y que se amordaza a los que lo evidencian. Apuesta por repatriar a los que han cometido delitos de este tipo, meterlos en la cárcel y endurecer el código penal.
Para ella, «España se fastidió con Zapatero. El PP lo consolidó y Sánchez avanza». Mirando al presidente Pedro Sánchez, es rotunda, «no trabaja para los españoles, trabaja para él mismo».
Denuncia que «todo el mundo se cree que tiene que tener una paguita o una subvención, y cada vez trabaja menos gente». Por otro lado, añade que «los discursos de izquierdas hacen que la gente piense que tiene que ser singular, víctima y vulnerable para recibir subvenciones porque la izquierda se inventa banderas para prometer subvenciones y que les voten». No duda: «El discurso de la izquierda sale del odio y del resentimiento; nunca de querer mejorar a los suyos. La izquierda siempre ha traído la ruina» y alerta sobre la importancia de respetar la propiedad privada y el riesgo del derecho a una vivienda del que tanto se habla hoy: «Con el derecho a la vivienda, expropiaron todo en Cuba».
Mirando al calendario de los políticos, especialmente el de los parlamentarios y al suyo propio, denuncia sus vacaciones de verano que inició la semana pasada hasta el próximo 11 de septiembre. «No tenemos ningún trabajo que hace en estos meses y vamos a cobrar 14.000 euros. Me parece vergonzoso». A estos dos meses hay que sumarles el mes de Navidad, Semana Santa y puentes. «Los españoles no tienen tres meses de vacaciones como los políticos. Yo me podría ir de vacaciones del 20 de junio al 11 de septiembre y no hacer nada», insiste.
Tampoco considera necesarios los 135 diputados de la Asamblea de Madrid. Considera que con la mitad funcionaría de sobra. «Hay que dejar de atracar a los madrileños y a los españoles porque los impuestos no van a la sanidad, la educación y los servicios sociales como deberían, sino a infinitos chiringuitos; a gente que lleva «toda la vida en su partido viviendo del dinero del contribuyente».
En cuanto a los medios de comunicación y aquella lista completa que sacó con los importes de publicidad recibidos por los medios de la Comunidad de Madrid, aclara que la prensa es fundamental, que tiene que ser libre y no depender de ningún Gobierno, por lo que «buscaría un sistema para que los medios subsistan siendo libres».
Habla también de la estafa que le parece el acuerdo de renovación del CGPJ, de Cataluña, de Begoña Gómez, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y de la importancia de la educación, pilar clave de una sociedad. «Habría que impartir una formación académica neutral para los ciudadanos que tengan un criterio propio, pero los políticos sólo se preocupan de la educación cuando ven la posibilidad de adoctrinar».
Poco más deseable que imaginar ese día en el que todos, los hunos y los otros, con colores y sin ellos, sean capaces de alcanzar ese gran pacto de Estado con el que se imparta una educación rigurosa y neutral a todos los niños y jóvenes de cada una de las (hoy) diecisiete comunidades autónomas para que, con el saber y la libertad que dan el conocimiento, sean ellos quienes saquen sus propias conclusiones y decidan. Ojalá.
Progresismo o comunismo y trabajar o devastar
Nota del Editor. 30 Junio 2024
Hay que dejar de denominar progresismo al comunismo, y hay que impedir que Sánchez I El devastador siga destruyendo España.
¿Qué pasó
con Franco? El borrado político de la historia de España
Andrés
Montero. el debate. 30
Junio 2024
Tras recorrer por enésima vez parte del territorio español, esta vez visité Madrid, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, Santander, Fuenterrabía y Pamplona. Es sorprendente como la figura de quien gobernara España por 36 años, haya sido borrado de la faz peninsular.
Hay quienes consideran que el gobierno de Francisco Franco fue perjudicial para España y hay otros que piensan lo contrario. También existen aquellos que opinan que su gestión, tuvo claros y oscuros, como todos los gobiernos. No obstante, para quienes visitamos España con frecuencia e imagino que también, para los propios españoles, resulta al menos curioso que parte de la historia reciente del Reino de España esté silenciada.
Esta realidad impide hacerse una idea más completa de lo que sucedió bajo ese período. Poco saben los jóvenes españoles de las causas de la guerra civil, de los miles de religiosos asesinados y de los dolores de quienes vivieron persecución y muerte.
Para muchos, especialmente para quienes han gobernado España en las últimas décadas, parece beneficioso o saludable esconder las buenas cosas que sucedieron bajo Franco y magnificar los defectos de su gobierno. Las calles han cambiado de nombre, los edificios fueron rebautizados y el Valle de los Caídos criminalizado. Como el tiempo pasa y los países van cambiando, no parece prudente que los gobiernos de turno escriban la historia a su manera y menos aún, con recursos de los contribuyentes.
Conversando con españoles en distintos pueblos de España, he aprendido que bajo el gobierno de Franco -o bajo la dictadura franquista- como quiera llamársele, también se potenció a España con mejor educación y salud, con infraestructura vial, ferroviaria y de regadío. España quedó muy dañada tras la guerra civil e imagino no fue tarea fácil retornar a la normalidad.
Lo que uno siente en España, es que hoy no hay un relato objetivo de los hechos acaecidos y que las generaciones jóvenes han sido inducidas a un único mensaje histórico. Lo que pasa en España es muy similar a lo sucedido con el gobierno liderado por Augusto Pinochet, que evitó que Chile fuera hoy parte del grupo de dictaduras como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
En Chile hasta la Carretera Austral -obra faraónica- que fue impulsada y construida bajo el gobierno militar, ya tiene otro nombre. Chile se ha llenado de calles y homenajes a Salvador Allende, un presidente marxista que destruyó la economía y fue aliado de la órbita soviética y de Fidel Castro y que además, no respetó los derechos básicos de los ciudadanos. Los chilenos pasaron hambre y la propiedad privada no fue respetada. El resultado de su gestión, fue un golpe militar promovido y presionado por la sociedad civil.
Parte de las derechas españolas, según puedo observar, ha sido cómplice de este silencio extraño, que es sectario y atenta contra una buena lectura de un extenso período de la historia de España.
La primera vez que visité la 'Madre Patria' fue en 1981 y desde entonces la he visitado muchas veces -ya perdí la cuenta de cuantas- y he recorrido profusamente sus regiones. Me da pena visitar algunas comunidades autónomas en que la bandera española brilla por su ausencia, y también lugares en donde el idioma español es menospreciado.
Cómo descendiente de españoles quisiera ver a una España más unida, menos ideologizada y más orgullosa de su historia, con sus aciertos y errores. No parece prudente ni justo que la historia de 36 años, sea escondida por unos y otros. Esas acciones «ultras» llevan a los países a conflictos mayores. Los museos y los lugares públicos no pueden ser utilizados como medios de propaganda.
Muchos españoles y lo digo con base real, pues lo he comprobado decenas de veces «in situ», no dicen en público lo que opinan en privado. Ojalá se pueda alcanzar un relato histórico más objetivo de lo que fueron esas 4 décadas -incluyendo la Guerra Civil- para que cada cual pueda sacar sus conclusiones de manera libre. El silencio es enemigo de la verdad histórica
Cuando el
turco se zampó al griego (clásico)
Rafael
del Moral. vozpopuli. 30 Junio 2024
El griego fue el inglés del Mediterráneo. Hoy conserva el mismo nombre y buena parte de su léxico, aunque se haya distanciado del de Aristóteles, y sigue vivo en Grecia y algunos enclaves más. En uno de ellos, Anatolia, resto del Imperio bizantino, ha conservado grandes parecidos con el griego clásico y es noticia entre lingüistas porque está a punto de desaparecer.
La muerte no es una excepción, sino la norma. Decenas de lenguas europeas y miles en el mundo están condenadas a desaparecer en unas cuantas generaciones abandonadas por sus propios hablantes, que ya disponen de otra más útil. A los hablantes de aranés, les sirve más el español, como a los de aragonés o asturiano. A los hablantes de catalán rosellonés les sirve más el francés, como a los de vasco en los alrededores de Biarritz. También está en grave estado el bretón de Francia, el casubio de Polonia, el romanche de Suiza y muchas más, pero no en estado tan grave como el griego de Anatolia. Por eso la universidad de Cambridge quiere embalsamarlo mediante grabaciones antes de que desaparezcan sus últimos hablantes. Servirán para quienes se propongan investigar la evolución de la lengua helénica.
La literatura y el pensamiento clásico que hoy inunda occidente se inició en el siglo VIII a. C. en Grecia. Sorprende el alto nivel literario de aquel pueblo y cuesta explicar aquella repentina inmersión en el conocimiento. La época en la que se escribe la historia, el teatro, la filosofía y la poesía clásicas finalizó en el siglo IV a. C. El pensamiento y creatividad literaria no tiene paralelo en ningún otro momento de la historia de la humanidad: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Safo, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Herodoto, Tucídides y Jenofonte, entre otros, dan prueba de ello. A la difusión de la unidad lingüística contribuyeron las campañas de Alejandro el Grande entre los años 356 y 323 a. C.
Estuvieron ligados con el griego todos los pueblos del Mediterráneo, algo parecido a lo que sucedió después con el latín, pero ese mundo cultural desapareció. Habrá que esperar muchos siglos hasta verlo de nuevo en el Renacimiento con la lengua italiana. Y siglos después con el español y luego con el francés.
El griego clásico fue muriendo lentamente en gran parte de sus dominios desplazado por la lengua de los romanos, el latín. Y si quedaba algo, que quedó, sobre todo en el imperio romano de oriente con capital en Bizancio, lo eclipsó la expansión del Islam. El griego de Bizancio se oscureció con la llegada de los otomanos, que empezaron a llamar Estambul a la ciudad inspirados también en el griego εἰς τὴν Πόλιν (eis ten polin), que significa "a la ciudad". Adoptaron la frase y la transformaron en İstanbul. Hoy el último reducto de aquella fuerza cultural está a punto de desaparecer.
Lo últimos hablantes
Con su imposible recuperación ha comenzado la carrera por salvar la extinción definitiva. Los hablantes que lo usan, descendientes de la región del Ponto, tal vez unos dos mil, prestan sus voces en grabaciones. Ha comenzado la carrera por disecar al griego póntico, único heredero directo del clásico. Se ha hablado durante miles de años en torno al Mar Negro, mientras sus locutores iban poco a poco siendo asimilados, expulsados o masacrados, según las épocas. Más de un siglo después de la fundación de la moderna República Turca, quedan los últimos hablantes, unos dos mil. Derivan su nombre del Mar Negro, llamado por los antiguos griegos Ponto-Euxino, Εὔξεινος Πόντος (mar oscuro o inhóspito). La histórica región turca del Ponto, centrada en torno a la actual ciudad de Trabzon, también toma su patronímico de este nombre histórico. La lengua de los griegos de esta región puente, que ellos mismos llaman Romeyka, no desapareció de Anatolia gracias a los hablantes musulmanes que no tuvieron que abandonar Turquía al mismo tiempo que el resto de los griegos.
El corpus de grabaciones permitirá descubrir los vínculos con el griego helenístico, su interés como puente vivo con el mundo antiguo, es decir, el comprendido entre las campañas de de Alejandro Magno y la conquista de la región por Roma, que, dicho sea de paso, no la consideró lengua extraña, sino que se apropió de ella como instrumento de conocimiento, que es lo que ha ocurrido siempre con las lenguas. La identificación del hablante con su lengua familiar y el rechazo a la que puede proporcionarle el acceso a un gran caudal cultural es una conducta reciente, yo diría que única en las regiones autonómicas de España.
El griego póntico es lengua ágrafa. Sobrevive en el habla de los ancianos de las regiones próximas a Trebisonda, actual Trabzon. Los jóvenes ya solo hablan turco. La ausencia de transmisión intergeneracional la condena a muerte.
Sirvan estas palabras de despedida al último vínculo vivo del antiguo imperio Bizantino con su lengua.
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La división favorece al PSOE y al separatismo
EDITORIAL. el debate. 30 Junio 2024
El sondeo de El Debate consolida una amplia victoria del PP pero refleja el riesgo de no ser suficiente
El PP ganaría hoy unas Elecciones Generales con una amplísima victoria, un porcentaje cercano al 35 por ciento y un número de escaños de hasta 150: un resultado abrumador, objetivamente, en un escenario de proliferación de siglas que solo es determinante, en realidad, por el aprovechamiento espurio que el PSOE de Pedro Sánchez hace de la aritmética parlamentaria.
Consistente, en síntesis, en comprarse los apoyos que no le dan las urnas con las más insólitas concesiones, casi todo ellas incompatibles con lo que cabe esperar de un presidente del Gobierno.
Es esa codicia del líder socialista la que convierte a partidos menores, con aspiraciones antisistema e inconstitucionales, en elementos decisivos sin serlo. Y lo que potencia aspiraciones y consolida concesiones que, además de ser contrarias a la ley, suponen una agresión a la abrumadora mayoría de españoles, rehenes involuntarios de un proyecto destructivo avalado por las necesidades de un PSOE dañino.
Porque los 150 diputados del PP, que no llegan a la mayoría absoluta, deberían ser suficientes en un entorno donde los socialistas se aplicaran lo que el propio Sánchez negocia y asume en Europa o incluso acuerda en España con los populares en asuntos clave como la renovación del Poder Judicial. Pero quiebra, por su ambición irresponsable, cuando se trata de investir a un presidente y conformar un Gobierno.
La certeza de que repetirá la fórmula suicida hoy en vigor, con una alianza bochornosa con el populismo y el separatismo a la vez, cohesionada en exclusiva por la delirante idea de que cada parte logrará sus objetivos aunque todos sean incompatibles con un proyecto común positivo para España; es la mayor amenaza para un cambio sensato en la orientación y prioridades del país.
Porque, al no contar con el sentido común que cabría esperar de un partido de Estado, algo que el PSOE ya no es, el gran resultado del PP reflejado por el sondeo de Target Point para El Debate podría ser insuficiente: ni sumando a VOX, con un pacto natural por mucho que lo estigmatice la izquierda y lo ensombrezca la agria competición preelectoral que libran ambos partidos, darían fácilmente los números.
Incluso con la participación de esa incógnita que es «Se acabó la fiesta», el personalísimo proyecto de Alvise Pérez sustentado en una suerte de populismo de derechas nacido de la rabia, no está garantizado que el bloque opuesto al gallinero gobernante consiguiera relevarlo.
La fractura del voto en el espectro liberal y conservador beneficia involuntariamente a la izquierda radical y al independentismo: aunque no sea ésa la intención, es la consecuencia.
Lo que unido a la falta de escrúpulos de Sánchez, capaz de aliarse con los enemigos declarados del país que gobierna para alimentar, además, sus objetivos más perversos, amenaza las opciones de un cambio que es urgente.
Solo los votantes pueden evitar eso, concentrando el voto en las opciones que por sí solas o en compañía están en condiciones de lograrlo: Madrid, Galicia o Andalucía son buenos ejemplos de la estabilidad política que deriva de amplísimas victorias del PP. Castilla y León, Murcia o la Comunidad Valenciana, de cómo llegar a esa meta con acuerdos razonables entre los populares y VOX.
Pero esa foto puede anularse en el conjunto de España si, en unas Elecciones Generales, acaban en la papelera de determinadas circunscripciones miles de votos que no se traducen en escaños para sus receptores y facilitan que el PSOE, Junts o ERC se asignen diputados que no se asignarían de haberse concentrado el voto en torno a un único partido.
Allí se daría la paradoja, ya vista el pasado 23 de julio, de que los votantes más encorajinados con el socialismo, el comunísimo o el nacionalismo ceden diputados sin querer a los partidos que representan esas perniciosas ideas y facilitan, a continuación, que se pongan de acuerdo para conservar y repartirse el poder, a cualquier precio.
Ante esa evidencia, cabe esperar y pedir al PP y a VOX que hagan una inteligente lectura y encuentren las fórmulas adecuadas para no potenciar aquello que quieren relevar: su preocupación por España, que sin duda comparten, no puede subordinarse a sus intereses personales.
Porque sería lamentable que un PSOE instalado en la derrota, pese a mantener un 30% de apoyo por el estrepitoso hundimiento de su muleta populista, se llame Sumar o Podemos, volviera a salir indemne de las urnas y siguiera gobernando con un separatismo al alza y con nuevos chantajes destructivos sobre la mesa que Sánchez, sin duda, asumirá.
Cara de ¡¡¡
Nota del Editor . 30 Junio 2024
Quienes han apoyado y apoyan al pp han tenido que hacerce una cirugía estética en la cara para corregir la que les había quedado después de lo suceddido, visto, y a sufrir aún más.
«Caso ERE»: del «gran fraude» al desmontaje judicial
La cobertura del TC a los condenados sustenta el retorno del PSOE a la teoría inicial de «los cuatro golfos» como responsables de la trama
MIGUEL GONZÁLEZ QUILES. Sevilla. la razon. 30 Junio 2024
Los crímenes prescriben antes que las heridas. En los últimos tiempos se ha pasado de hablar de un intento de golpe de Estado –el Procés– a conceder una amnistía y de condenar el «caso más grave de corrupción de la democracia» –«caso ERE»– al desmontaje judicial de la causa. «El crédito jamás delinque», siempre ha sostenido el ex presidente José Antonio Griñán, autor también de otra máxima en torno al caso: «Hubo un gran fraude pero no hubo un gran plan», algo que la Justicia tumbó con resoluciones de 20 jueces y la salvedad de dos votos particulares... hasta ahora. El Constitucional estudiará los recursos de Griñán y Chaves el 16 de julio. El día 2 se estudia el de los condenados en prisión. El camino abierto tras aceptarse el recurso de la ex consejera andaluza Magdalena Álvarez es el del «lifting» judicial.
Las sentencias han reconocido hasta ahora un total de 62 millones recogidos en sentencias judiciales y otros 134 pendientes en las piezas judiciales activadas. «El caso ERE es y seguirá siendo el caso de corrupción más grande de España. Todo lo demás es desinformación», subraya Juanma Moreno. El Constitucional quedó dividido en dos. Los cuatro magistrados que se han opuesto a anular la condena de Magdalena Álvarez señalaron que la decisión de la mayoría progresista de la corte de garantías causa un daño institucional difícilmente reparable: «Esto equivale a consagrar un ámbito de impunidad que sí nos parece contrario a la Constitución». Se trata de la primera vez que se cuestiona el delito de prevaricación en el «caso ERE». Las dudas siempre giraron en torno a la malversación. Ni el voto particular del Supremo puso en duda la existencia de la prevaricación en la concesión de ayudas sociolaborales mediante un sistema «ad hoc» al margen del procedimiento administrativo legalmente establecido. En contra de lo que señaló Griñán a la salida del Supremo, la Justicia hasta ahora ha entendido que los ERE no sólo fueron «un gran fraude» sino también «un gran plan». Puede que no existiera el «club de los ERE», en definición del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, pero el Supremo, en contra de los que dijo el ex presidente andaluz, también corroboró que en tanto se creo un sistema para eludir los controles sí hubo también «un gran plan». «El IFA era una caja pagadora a la que Viera y Fernández –como consejeros de Empleo– le succionaron el alma», se dijo en el juicio. Griñán pudo parar el fraude «en cualquier momento» y «sin necesidad de informes», se relató en la Audiencia. Hubo más de una decena de avisos del interventor.
Juan Carlos Alférez, uno de los principales abogados defensores de los ERE, señala que «la tesis principal que hemos mantenido las defensas desde el inicio del caso en el 2011 ha sido finalmente acogida por el orden constitucional, decretando que el orden penal se extralimitó al sancionar conductas que la ley penal no contempla y con ello se quebró el 25.1 C.E.». «La tesis siempre fue simple, el modo de gestión de programa presupuestario, gustara más o gustara menos, tenía cobertura por norma con rango de ley, estas transferencias de financiación se crearon por ley con una finalidad determinada y ello fue así porque el legislador lo quiso», añadió. «Por ello, los actos pre-legislativos que condujeron a la creación de la ley que a su vez dotó a un programan presupuestario de una finalidad y un modo de gestión determinado, nunca pueden ser sancionados por el orden penal porque dichos actos, finalmente se convirtieron en ley», explica el abogado socio de Constitución 23, Estudio de Litigación. «La respuesta del orden constitucional es la visión que los abogados defensores siempre imprimimos a nuestra defensa de modo transversal, la imposibilidad de la ilegalidad de la propia ley», señala el letrado.
Las sentencias hasta ahora sostenían otra tesis. Los ERE en Andalucía se convirtieron en «el verdadero negocio», con 680 millones sin control bajo un «fondo de reptiles» que acabaron en prejubilados, intrusos y favores. Como la gota malaya, fue la corrupción constante que rebosa el vaso. Durante más de una década, en el seno de la Junta se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social». Se trató de una corrupción que impregnó tanto al que daba –comprando voluntades de paso– como al que recibía –«las criaturitas», en definición del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero– siendo los mayores beneficiarios económicos los intermediarios. El «conseguidor» Lanzas, según las diferentes instancias judiciales, se llevaba una mordida del 5% por cada ERE en que intervenía y pudo cobrar más de 13 millones. Bajo un colchón, se hallaron más de 80.000 euros, en billetes de 100 y 500. La Sala II del Supremo, con dos votos a favor y tres en contra, falló que los hechos ya juzgados en la Audiencia eran constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ratificó las penas con la única rebaja al ex director de Trabajo Juan Márquez. El caso pasó por tres instancias judiciales –instrucción, juicio oral y el recurso de casación en el Supremo– y las tres coincidieron, como dijo Griñán, en que «hubo un gran fraude». Y corroboraron lo que negaba el ex presidente: también «hubo un gran plan» que, aunque por parte de los responsables políticos, en su mayoría, no consistió en meter la mano en la caja, sí sirvió para distraer fondos públicos de su fin original. Todo comenzó un 23 de febrero de 1999 en una empresa de chorizos en crisis, Cárnicas Molina, y con elecciones a la vista. Parte del dinero de los parados fue a parar a intrusos entre los que llegaron a estar el chófer o la suegra del alto cargo que «asaba la manteca», Guerrero, quien perduró una década en el cargo. Casi todo en los ERE estaba fuera de medida y si no había documentación se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. Se barruntaba en los corrillos políticos desde la amnistía: «Si Puigdemont se ha presentado a unas elecciones, cómo se va a permitir la mácula de Chaves y Griñán». Los ERE, de nuevo, como el relato de la teoría inicial de «los cuatro golfos» y base para una próxima campaña electoral.
Una partida que condicionó elecciones
La instrucción de los ERE pudo influir en los resultados electorales de forma explícita pero, de manera implícita, el desarrollo de la trama influyó durante décadas. Chaves tiró del «fondo de reptiles» a un mes de los comicios de 2004. Aunque en el juicio desgranó que como presidente no conocía los detalles, el caso de los ex trabajadores de la extinta empresa de detergentes Bilore de Lucena (Córdoba) sirvió de ejemplo de cómo la partida 35L fue usada para apaciguar la conflictividad laboral. El ex presidente Griñán aseguró en su declaración que se enteró de las ayudas al estallar el escándalo, pero admitió que los pagos eran «en algunos casos censurables». «La Intervención siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales», dijo. El ex presidente apuntó de lleno a la Consejería de Empleo, hablando de «una mala ejecución del gasto».
Cataluña
Jorge, el niño «acorralado» por hablar castellano: «la profesora me decía que si no hablaba en catalán, no me podía responder»
Yolanda Canales. Barcelona. el debate. 30 Junio 2024
Jorge acaba de terminar segundo de ESO en el instituto Isabel de Villena de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Pero está deseando poder cambiar de centro, ante los problemas que ha tenido con una de sus profesoras, que lo ha señalado o lo ha ignorado porque él hablaba en castellano. La situación llegó a tal punto, que la familia ha presentado una denuncia ante la Alta Inspección, pero también han optado por la vía administrativa, por acoso.
El propio Jorge ha explicado a El Debate que los problemas empezaron el curso pasado, en primero de la ESO, cuando esta profesora daba ciencias. «Estábamos dando en ese momento las células y tenía que hacer unas maquetas. Antes de empezar el proyecto pregunté cómo tenían que ser las maquetas, pero lo hice en castellano. Y me ignoró. Se lo pregunté otra vez, y me dijo: como no hablas en catalán, no te puedo responder», dice Jorge.
El niño pone más ejemplos del trato que le dispensaba esta docente. Más recientemente, le dijo: «te apruebo porque no tengo otro remedio, porque has aprobado todos los exámenes», pero ponía en duda la actitud de Jorge. Tania, su madre, apunta: «el problema de actitud es porque le respondía en castellano o porque él se iba de clase, pero porque ella le invitaba a irse. Pero ella, si le hablaba en catalán, le respondía perfectamente, no había más problemas». También explica que la profesora se burlaba de su hijo porque «no pronunciaba perfectamente el nombre, y ella siempre le decía Jordi. Fíjate a qué nivel llegaba. Y otras veces le decía: anda, vete por ahí».
Y si en clase, alguien tiraba una bola de papel a Jorge, y él la devolvía, «era a mí a quien castigaba, y al otro no le decía nada. Y me echaba durante toda la clase. Si eso pasaba a las 00 a y 59 me decía que entrara», explica Jorge, que deja muy claro que se sentía «acorralado». Y se pregunta: «¿No me puedo expresar en castellano? ¿Me están diciendo que la lengua que he aprendido, me están obligando a olvidarla?».
Y entre los alumnos, dice que se ha encontrado de todo, desde los que le decían que tenía que hablar en catalán en clase, que «por qué no cambiaba», a los que le apoyaban, pero «luego ellos hablaban catalán para no meterse en problemas». En cualquier caso, Jorge está deseando cambiar de colegio para «no tener que soportar a esa profesora» y espera que la justicia haga «algo», porque «no es normal tener a una profe que no te deja hablar el castellano, que también es oficial como el catalán».
Situación insostenible y un «sinvivir»
Jorge tiene las ideas claras, como su madre, Tania, que asegura que ya vieron «un cambio radical» en primero de la ESO. El problema es que la profesora, cuando se dirigía a ella en castellano, le respondía con un «no t’entenc (No te entiendo)», repetidamente. «No le contestaba y mi hijo se quedaba siempre con la duda y sin poder participar en clase. Y si no le gustaba, le invitaba a que se fuera de clase, lo que él hizo en alguna ocasión. Y así pasaron semanas y meses», explica Tania.
La situación llegó a ser tan «insostenible», que mantuvieron varias reuniones con la tutora y la jefa de estudios. «Eran reuniones tensas, y se enfadaban», dice Tania, que, viendo que no mejoraba el ambiente, solicitó una entrevista con la directora. Así consiguió que se relajara la situación los últimos meses del curso, pero «este año, en física y química, el problema ha sido igual o peor», apunta, y ante la pasividad de la dirección «y viendo que la situación es insostenible, he decidido denunciar y actuar para que esto cese, y a todos los niveles. Un alumno tiene que poder expresarse en castellano o en catalán cuando quiera, excepto, lógicamente, en las asignaturas de lengua».
Tania deja claro que Jorge lo pasa mal, pero los padres, también: «es un sinvivir. Cada semana teníamos una llamada de teléfono por cualquier cosa, e-mails por cualquier cosa, notas por cualquier cosa... ¿De qué curso estamos hablando? Es un curso de ESO, no de primaria. Era un acoso. Llamaba la tutora normalmente. Yo trabajo por la noche, y, por la mañana, podía tener tres o cuatro llamadas perdidas. Si no contestaba, tenía correo; y si no, nota escrita. Me decían que si Jorge había hecho esto, que si había hecho lo otro, y que creían que era una falta leve, grave o lo que sea. Es ansiedad lo que crea todo esto».
Tania explica que lo que quieren es «defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, y que se puedan expresar en su lengua materna, que el castellano no quede reducido solo a una clase». Y lamenta que se quiera eliminar esta lengua «y dejarlo al nivel de una lengua extranjera, como el inglés, el francés o el alemán, con dos o tres horas a la semana».
También denuncia el «adoctrinamiento en las aulas» y el hecho de que los profesores sigan sin titubear «unas indicaciones muy claras de la Generalitat, del Departamento de Educación, y seguir unas líneas, y no se separan de ahí». Pero no solo se conforman con el aula, sino que, dice Tania, «están obligando a los alumnos a expresarse en catalán, en los pasillos, en el comedor o en el patio, entre los compañeros. Y son muy, muy, pesados».
De momento, la familia ha presentado la denuncia ante la Alta Inspección, por el tema lingüístico, pero tienen también «abierta» la vía administrativa por acoso. En cualquier caso, espera que Jorge se vaya del colegio: «la preinscripción la hicimos fuera de plazo, rápido, porque no estaba previsto que se cambiara de colegio. Si no, no imaginamos otro año ahí». Y si tienen que permanecer en el centro, espera que «se relajen», porque, en caso contrario, «llegaría hasta el final y por todas las vías posibles». «Es que estamos hablando de menores. Jorge es solo un niño», recuerda Tania.
Los niños, la munición para perpetuar el legado etarra
Emular un disparo a una persona disfrazada de guardia civil, ¿puede ser delito?
Este año, esta celebración ha estado marcada por un vídeo que se ha hecho viral en las redes, donde aparece un niño con una pistola falsa que apunta a un cabezudo de la Guardia Civil, el cual simula su huida del municipio con una maleta.
C. S. Macías. la razon. 30 Junio 2024
Es habitual que la izquierda abertzale trate de integrar a los niños en la doctrina de la causa proetarra. Son usados como la munición para la supervivencia de su legado, el que les permite en nombre del chantaje reclamar impunidad, pisar las moquetas institucionales, dictar leyes sin arrepentimiento ni condena y perpetuar, de generación en generación, el odio.
Primero fue el adoctrinamiento en las ikastolas, años y años de enseñanza al servicio abertzale. En otros casos, su lugar de adoctrinamiento han sido los juicios etarras a los que acudían junto a sus familiares para ver cómo juzgaban a sus padres miembros de la banda terrorista implicados en un asesinato. Ocurrió en el juicio de Capbreton donde los hijos del etarra Ibon Goieskoetxea, juzgado por participar en el asesinato de dos guardias civiles, asistieron como oyentes. Acudieron todos los días excepto cuando en el juicio se expuso la prueba balística sobre cómo fueron asesinados Raúl Centeno y Fernando Trapero. También la hija de Arnaldo Otegi, participó junto a la hija del exsecretario general del PSE, Jesús Eguiguren, reclamando que «los que trabajan por la paz salgan de la cárcel».
Los payasos proetarras Pirritx, Porrotx y Marimotots han hecho bailar a los niños la canción de las «llaves» un tema que reclama la libertad de los presos etarras.
Los ayuntamientos impulsaron concursos de dibujo infantil para festejar el cumpleaños de un etarra mientras éstos pintaban su libertad y hasta las marionetas han portado la bandera del mapa del fin de la dispersión. Los niños han estado en la primera fila de las «korrikas» –carrera popular– por los presos o han gritado contra concejales vascos o guardias civiles.
El pasado 22 de junio, en Oñate (Vizcaya) la manifestación fue el acto principal dentro de la dinámica «Fan hemendik» –Fuera de aquí– con la que el bastión abertzale pidió la expulsión de la Guardia Civil del municipio. La cartelería de actos ya anunciaba una lista de eventos, organizados por el Gaztetxe del municipio, para doblegar a los guardias civiles.
La imagen de un niño de menos de diez años, portando una escopeta simulando disparar a la cabeza de un cabezudo que escenificaba ser un guardia civilbuscaba amedrentar. En la pancarta de los vecinos se podía leer: «¡Qué! ¿Todavía aquí?». Los posters de convocatoria anunciaban la marcha con dicho cabezudo caricaturizando a un guardia civil con el brazo en alto. Previo a ello, el 6 de junio organizaron la sesión de «pintadas de un mural» o el 11 de junio, charlas sobre «tortura en Euskal Herria» en la casa de la cultura municipal de Oñate. El 20 de junio fue el día de los pintxos y concierto en el Gaztetxe para culminar con dicha manifestación el 22. Todo contó con la complicidad del Ayuntamiento de Oñate y los cachorros de Otegi fueron los impulsores de estas actividades. Y es que Sortu apoyaba el acto ya que sus juventudes (Ernai) lo promocionaron a través de sus redes sociales, además de que son estos jóvenes proetarras los que participan activamente en el día a día del Gaztetxe.
Imagen de un cabezudo que emula al un guardia civil con el brazo en alto.Imagen de un cabezudo que emula al un guardia civil con el brazo en alto.Redes
Los niños son el vehículo para avanzar en la euskaldunización y poder utilizarla como arma ideológica. Tratan de «resetear cerebros», muchos de ellos en el entorno familiar ya que el ejemplo es el mayor maestro.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, lleva años denunciando que le preocupa que «las nuevas generaciones en el País Vasco y Navarra estén creciendo con una presencia asfixiante de ETA en las calles en forma de pintadas, pancartas o manifestaciones para exigir la excarcelación de los terroristas». "El culto a ETA está lejos de desaparecer". Por su parte, la AVT ha impulsado un «escape room» antiterrorista para concienciar a los más pequeños.
Oñate sería como el Etxarri Aranaz o Alsasua vasco. «Es un pueblo muy fanatizado, donde la gente está muy radicalizada». «Es un fracaso que un crio, en 2024, coja un rifle y simule disparar contra un guardia civil», apuntan miembros de la Ertzaintza contra quienes también han aparecido pintadas en contra de su presencia.
El intento de expulsar a los guardias civiles se lleva celebrando desde hace años. En 2018 organizaron un escrache en la puerta del cuartel y en 2016 les dejaron ollas a presión que simulaban las bombas utilizadas por ETA para atentar contra los agentes y sus familias.
Apuntar con una pistola de juguete a un disfraz de guardia civil, ¿es considerado una gamberrada, una simple cosa de niños o es consecuencia del adoctrinamiento o la educación que reciben?
¿Gamberrada o delito?
Según explica José Carlos Velasco, socio de Fúster-Fabra abogados, con los hechos ocurridos en Oñate se podría hablar de un tipo penal como el recogido en el artículo 578 que dice que «el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses». Sin embargo, el tipo penal no es aplicable a los menores o niños como el de la imagen, «pero sí a sus progenitores o a sus tutores responsables que estén a su cargo según el artículo 3 de la Ley Orgánica de responsabilidad del menor».
Velasco destaca que el simple hecho de utilizar a niños o a menores para cometer actos delictivos o acciones contra la integridad moral (como el acoso) o física (como el simular un disparo a un agente de la autoridad) implica que los tutores o mayores de edad sean responsables de estos hechos delictivos. «Estas circunstancias, son trascendentales debido a que el ciclo formativo de estos niños apenas ha comenzado. En esta etapa temprana, sus ideas no están solidificadas del todo y, por lo tanto, educarlos en un entorno de odio o desprecio hacia un sector específico de la sociedad, puede moldear sus pensamientos de manera negativa. Su inocencia e inexperiencia mental, que son propias de la infancia se ven pervertidas cuando se les inculca una visión distorsionada y llena de rencor hacia los demás». Además, advierte de que «la juventud que crece en estos territorios recibe, día tras día, información sesgada y parcializada de adultos cuya opinión y prejuicios se imponen sobre el derecho a una educación objetiva y equilibrada de los niños». Por ello, «es necesario que se tomen medidas para proteger el derecho de los niños a una educación justa y equilibrada, y para responsabilizar a aquellos que, con el fin de imponer sus propias ideologías, ponen en peligro el desarrollo y bienestar de las futuras generaciones». «La utilización de menores para perpetuar discursos de odio y cometer actos delictivos es una práctica deplorable que debe ser condenada», resume el experto penalista de Fúster-Fabra abogados.
El profesor en la Universidad del País Vasco y coordinador de «Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco», José Antonio Pérez, ve «terrible» la escena de Oñate . «Me imagino que se ha orquestado». Sin embargo, asegura que no existe una generalización de este tipo de cosas en las aulas hoy. «Hay una difusión de ideas culturales más favorables al nacionalismo pero no tanto al nacionalismo violento». «La radicalización que veo en las aulas, con chavales de 18 -20 años, se produce más por esa escisión vivida en el mundo abertzale, con un sector marxista-leninista, sin tanta relación con el pasado que desplegó ETA que lo dan como por amortizado; es más una radicalización de carácter extremista, el colonialismo...». Por lo que considera que la educación y la responsabilidad de estas acciones está más en el entorno familiar o en la calle.
Existe el riesgo de que una generación sin memoria vuelva a repetir uno de los capítulos terribles de la historia.
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