Recortes de Prensa Lunes 8 Julio 2024

GUERRA EN UCRANIA

La cumbre de la OTAN busca en los próximos días al menos mantener el nivel de apoyo militar a Ucrania durante otro año

Los países de la OTAN podrían plantear un compromiso futuro de adhesión, que Ucrania quiere que se presente como "irreversible"

AP. Bruselas; EFE. Leópolis. el mundo. 8 Julio 2024


Los integrantes de la OTAN tienen previsto comprometerse en la semana entrante a seguir suministrando armas y municiones a Ucrania a los niveles actuales durante al menos un año más, con la esperanza de tranquilizar al país y demostrarle al presidente ruso Vladímir Putin que no van a abandonar a Ucrania.


El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos, se reunirán en Washington en una cumbre de tres días que comenzará el martes para conmemorar el 75to aniversario de la alianza militar, mientras las tropas rusas siguen aprovechando su ventaja a lo largo del frente oriental de Ucrania.


En declaraciones a periodistas el viernes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los 32 países miembros de la OTAN han gastado alrededor de 40.000 millones de euros (43.000 millones de dólares) cada año en equipo militar para Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022 y que esto debería ser "un punto de referencia mínimo" de cara al futuro.


"Espero que los aliados decidan en la cumbre mantener este nivel (de apoyo) durante el próximo año", dijo Stoltenberg. Añadió que la cantidad se repartiría entre las naciones en función de su crecimiento económico y que los mandatarios revisarán la cifra cuando vuelvan a reunirse en 2025.


La OTAN está desesperada por hacer más por Ucrania, pero le está costando trabajo encontrar nuevas vías para seguir apoyando. Los aliados de la OTAN ya proporcionan el 99% del apoyo militar que recibe. Próximamente, la alianza gestionará la entrega de equipo. No obstante, quedan dos líneas infranqueables: Ucrania no podrá ingresar a la OTAN hasta que termine la guerra y la OTAN no enviará tropas a Ucrania.


En su última cumbre, los integrantes de la OTAN acordaron acelerar el proceso de adhesión de Ucrania —aunque es poco probable que el país se adhiera en muchos años— y crear un órgano de alto nivel para consultas de emergencia. Varios países prometieron más equipamiento militar.


Un año después, quieren dar una nueva muestra de unidad y determinación, aunque la incertidumbre sobre las elecciones inquieta a muchos de los miembros más importantes de la organización. El posible regreso de Donald Trump, que minó la confianza entre los aliados cuando era presidente de Estados Unidos, preocupa especialmente.


KIEV DESEA UN COMPROMISO "IRREVERSIBLE"

Ucrania cuenta con que en la cumbre confirme la irreversibilidad de su futuro en la alianza, dijo a EFE Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento ucraniano y diputado por el partido de Zelenski, 'Servidor del Pueblo'.


"El comunicado final de la cumbre tiene que poner fin a la incertidumbre y declarar sin ambigüedades que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y que Ucrania tendrá derecho a adherirse una vez que se den las circunstancias adecuadas", subrayó.


Sus palabras se alinean con la posición de la viceprimera ministra, Olga Stefanishina, que recientemente manifestó su esperanza de que la cumbre consolide la posición de Kiev de cara a la "irreversibilidad del rumbo euroatlántico".


"Las palabras importan", dijo en junio a la agencia Interfax, advirtiendo del riesgo de mantener "ambigüedades verbales sobre la integración de Ucrania".


SE ACTIVAN LAS DEFENSAS

Múltiples explosiones por un ataque ruso en el centro de Kiev

EFE. el confidencial. 8 Julio 2024


Múltiples explosiones se escucharon hoy en el centro de la capital ucraniana al activarse las defensas antiaéreas para repeler un ataque ruso contra la ciudad, según pudo constatar EFE y confirmó la Administración Militar de la ciudad en su cuenta de Telegram, que advierte de un ataque “masivo” contra “toda Ucrania”. “¡Vecinos de Kiev! ¡Ataque con misiles! En la región se han activado las defensas aéreas. Mantengan el silencio informativo. Pedimos no grabar y no publicar en las redes el trabajo de nuestros defensores. Permanezcan en los refugios hasta el final de la alerta aérea”, puede leerse en la cuenta de Telegram de la Administración Militar de Kiev.


El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, ha anunciado el envío de profesionales sanitarios para atender a posibles víctimas en el distrito de Solomianski, en el oeste de la capital.


Sánchez y la productividad ficticia de España

JOSÉ MARÍA ROTELLAR. libertad digital. 8 Julio 2024


La economía con problemas estructurales de productividad y competitividad, agravados por la dualidad del mercado laboral y la inseguridad jurídica.


La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.


Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo -que sigue existiendo por mucho que trate de disfrazarse normativamente de forma artificial-, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.


Sin embargo, las escasas ganancias de productividad del ITR-2024 no se corresponden con una mejora real de la productividad, por dos elementos: en primer lugar, la productividad sube porque el INE estima un crecimiento de la economía mientras que se produce una importante destrucción de empleo en la EPA de dicho trimestre. Así, frente a un crecimiento del PIB de un 0,8% trimestral, como el empleo cae un 0,7%, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo crece un 0,9%. Es decir, crece la productividad, pero por mera destrucción de empleo, no por verdadera mejora de la misma.


Es más, las horas trabajadas y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, caen, que muestran el efecto de esa destrucción de empleo que hace aumentar ficticiamente la productividad.


Por eso, como en el cómputo interanual el empleo crece más que el PIB, la productividad cae, que marca la tendencia en comparación homogénea con el mismo trimestre del año anterior, que muestra que la productividad no mejora, sino que empeora, que lleva cayendo los últimos cuatro trimestres.


Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente.


Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo. Si no, la productividad sólo podrá seguir aumentando por mera destrucción de empleo, que puede que sirva como un espejismo, pero que no significará otra cosa que el deterioro del mercado laboral. Ésa es la realidad, todo lo contrario de lo que, como vemos al analizar los datos, hace el Gobierno.


"Amnistiando" a la tela de araña

PEDRO DE TENA. libertad digital. 8 Julio 2024


Hay un error deliberadamente alimentado por los gobiernos socialistas y, obtusamente asumido por no pocos lumbreras de la oposición. Lo peor de lo peor de todo el comportamiento de los gobiernos que van de Rafael Escuredo a Susana Díaz, según este pérfido bulo, es el caso ERE. Que si 900 millones, que si 680. Pero no es así.


Con esa maniobra de distracción, queda oculta la verdadera envergadura de la estrategia de la tela de araña puesta en marcha en Andalucía para acabar con la UCD —igualado con el PSOE en las elecciones de 1977 y 1979, cuando ganó las elecciones municipales aunque fuera barrido por la alianza social-comunista—, y el andalucismo de Rojas Marcos. Se trató con éxito de impedir la alternancia democrática en el futuro, algo logrado durante 36 años, dos generaciones.


Ahora, cuando este Tribunal llamado cómicamente Constitucional, se apresta a "amnistiar" de facto (o a indultar de hecho) a los condenados por el caso ERE, el revuelo causado por la fechoría de desautorizar a los jueces de instrucción, a los magistrados de la Audiencia de Sevilla y a todo un Tribunal Supremo, deja fuera de foco lo que verdaderamente fue la "tela de araña" ensayada con éxito en Andalucía y reeditada ahora, a escala nacional, por el gobierno de Pedro Sánchez.


El caso ERE no es más que un hilo de esa tela de araña tejida sistemáticamente para ocupar todo el espacio público y lo más relevante del espacio privado como método moderno –lo del asalto al Palacio de Invierno ya no es posible—, de alcanzar el poder económico, político, judicial, mediático, social, universitario, cultural, e incluso moral, acorralando a la oposición con etiquetas descalificatorias vinculadas al franquismo.


Sí, sí, los ERE han sido uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia de Europa y de España, pero no es más que una pequeña parte del hilo de las subvenciones injustificadas por los gobiernos socialistas para mantener a su clientela. Sólo colgando de ese hilo ha habido otros casos, seguramente más relevantes, como el del fraude de la formación, las ayudas a chiringuitos afines diversos y la distribución de los fondos procedentes de la Unión Europea, jamás investigadas a pesar de evidencia de irregularidades.


El último ejemplo, en pleno gobierno del PP en Andalucía, ha sido el de la alcaldesa de la localidad onubense de Cala que ha destinado 300.000 euro europeos a rehabilitar la casa del pueblo y antigua sede socialista cedida al Ayuntamiento para convertirla en un espacio para uso de asociaciones que persigan la "igualdad social". O sea, ya no es suya pero la seguirán usando sin gasto alguno.


Pero la "okupación" de Andalucía empezó por su administración, de nuevo cuño, que fue penetrada por la invasión de afines al socialismo mediante un sistema de enchufados directos, de transitorios, de interinos varios, de ampliación del empleo público mediante una red de laborales no funcionarios de carrera, la mayoría colocados fuera del sistema de oposición.


Tan fue así que fue el propio Tribunal Constitucional de entonces, ya con presidente amigo socialista, quien, tras anular la conversión de enchufados en funcionarios sin prueba alguna tras los recursos interpuestos, en 1991 aceptó regularizar las ilegalidades perpetradas de forma "excepcional". El camino para la ocupación de la administración autonómica y municipal se había abierto. Por ejemplo, en 2008, en la Diputación de Sevilla aparecieron 400 empleados más sin que nadie supiera cómo entraron y en un solo año.


Luego siguió por las adjudicaciones arbitrarias, a veces a cambio de mordidas, como fue el caso Ollero, y otros muchos recordables en ejercicios de hemeroteca. Vino después la "okupación" del sistema financiero de las Cajas de Ahorro que quedaron casi todas ellas en manos del PSOE, acontecimiento poco investigado que ha dado como resultado que de la gran caja única andaluza propagada por Chaves y su corte sólo han quedado La Caixa y Unicaja. ¿Cómo se jugó con el dinero de los impositores andaluces?


En medios de comunicación, la creación de Canal Sur fue un escándalo desde el principio por el manoseo indecente de adjudicaciones de productoras "amigas", contrataciones de afines y oposiciones desvergonzadas, al margen de todo criterio profesional y público. La CGT denunció en un documento el enchufe de 110 amiguetes del PSOE y/o sus sindicatos afines, CCOO y UGT. En otro orden, los convenios de la Junta con la SER fueron denunciados incluso por IU.


Y así se operó con las ONG amigas, con las asociaciones "amables", con las Universidades, con los Inspectores educativos, con las gerencias sanitarias… Ni que decir tiene de los escándalos perpetrados, desde el edificio Presidente al del incentivo de 10.093.472,70 euros a la empresa donde trabajaba Paula Chaves, hija de Manolo.


¿Los ERE? Sí, un caso flagrante. Pero lo que se está "amnistiando" o "indultando" desde el Tribunal Constitucional amigo de Sánchez es toda la tela de araña tejida durante 36 años de arbitrariedad y ausencia de escrúpulos. ¿Y el PP? Con tal de aparecer en el centro centrista buenista de la nada, se lo ha tragado todo sin decir ni pío, pese a los derechos pisoteados y las oportunidades negadas a millones de andaluces.


Es más, no es Conde Pumpido el gran indultador de este hilo de la tela de araña, que también. Los mudos más vergonzosos, sobre la monstruosa tela de araña, fueron el PP y Ciudadanos, primero, y ahora, ya en solitario, el PP de Juan Manuel Moreno. Es y será inolvidable por los siglos de los siglos. Amén.


El contubernio de Waterloo

IVÁN VÉLEZ. gaceta. 8 Julio 2024


Apenas unos meses después de huir de la justicia española, Carles Puigdemont se instaló en un palacete de la ciudad de Waterloo. Según dijo la prensa afecta, el encargado de sufragar tan suntuosa solución habitacional (550 metros cuadrados, seis dormitorios, tres baños, sauna, cuatro plazas de garaje y jardín) fue Josep Maria Matamala que, generosamente, comenzó a pagar los 4.400 euros que costaba cada mes el retiro del político gerundense, antes de ser nombrado Senador del Reino de… España. Desde 2018, por la mansión belga han pasado sedicentes y sediciosos cortesanos encargados de mantener la ficción de una república que sufrió un baño de realidad —«¡La República no existe, idiota!»—, a manos de un mozo de escuadra que fue sancionado por no sumarse a los efectos de lo que se denominó ensoñación. A principios de abril del presente año, Puigdemont dejó Waterloo y se desplazó hasta la localidad francesa de Vallespir, cerca de la Cataluña a la que prometió volver en junio, al calor de los efectos de la amnistía redactada con los golpistas a medida de los golpistas. Sin embargo, las pocas túnicas que nos van quedando limpias, singularmente la del juez Llarena, que mantiene la orden de detención contra el ex presidente, han frenado la ambición del de Amer, siempre temeroso del maco, razón por la que ha tenido que replegarse a su residencia belga.


Frustrado su intento de regresar a Cataluña como Presidente de la Generalidad, es decir, como la más alta representación del Estado (español), en su región natal, Puigdemont ha tocado a rebato desde el corazón de la Europa que le protege, una semana después de reunirse, en delincuente sintonía, con Oriol Junqueras. Con el fin de articular una estrategia común, a Waterloo ha acudido un ERC electoralmente quebrantado, que trata de sacarle a Illa, es decir a todos los españoles, una financiación singular, es decir una financiación privilegiada y sin control alguno por el Estado, así como diversas entidades secesionistas, con el fin de abordar el retorno de los huidos y la aplicación de la Ley de Amnistía, de la que pretenden beneficiarse para seguir dañando a la nación española. A los mentados, se han sumado el ex inquilino de la prisión de Estremera, Jordi Turull, los republicanos zurdos, Marta Vilaret y Juli Fernández, representantes de la Asamblea Nacional de Cataluña, presidida por ese sopor que responde al nombre de Lluis Llach, miembros de la franquista Omnium Cultural e integrantes del lisérgico Consejo de la República. Del mismo modo que el miedo guarda la viña, el pánico a una detención paraliza a quienes siguen acusados del delito de malversación, razón por la cual, sus bravuconadas se emiten desde Bélgica, aunque serán amplificadas el próximo día 13 en la terreta que ellos perciben como república.


A dos meses de que llegue un nuevo 11 de septiembre en el que los lazis celebrarán una derrota que, en realidad, no fue, pues ni el bando vencedor ni el perdedor luchaban por una Cataluña independiente y, mucho menos, por una república, la malversación, rebatida por los periodistas y propagandistas orgánicos del PSOE con los argumentos más retorcidos, mantiene la itinerancia de la corte de Puigdemont. No hubo lucro o, en jerga gubernamental, «beneficio personal de carácter patrimonial», dicen los voceros, tratando de ocultar la evidencia del gran robo que se trató de llevar a cabo bajo la fórmula de la autodeterminación. Sí lo hubo, decimos los que somos conscientes de que la secesión es, en rigor, un enorme robo que conlleva el incremento patrimonial de la banda que lo perpetre y de sus secuaces.


No querías, Macron, frenar a Le Pen, pues ahí tienes a la extrema izquierda

Editorial. OKDIARIO. 8 Julio 2024


Hay líderes políticos que se creen tocados de una inteligencia y sagacidad que, a la hora de la verdad, no son otra cosa que una portentosa exhibición de estupidez. Es lo que le ha ocurrido a Emmanuel Macron, presidente de Francia, que se estrelló en las urnas en las elecciones europeas y disolvió el Parlamento en un movimiento que se ha vuelto en su contra y, lo que es peor, de Francia. Para frenar a la «extrema derecha», clara vencedora de la primera vuelta de las legislativas, llegó a un acuerdo con el Frente Popular que ha logrado evitar una mayoría de la formación de Marine Le Pen, pero a cambio de engordar a la extrema izquierda, cuyo máximo exponente, Jean-Luc Mélenchon, pasa por ser un comunista furibundo que le baila el agua a Putin y un declarado antisemita que culpa a Israel de haber sembrado el odio de los terroristas de Hamás. Mélenchon es partidario de elevar el gasto público a niveles insostenibles y de la intervención sin límites del Estado. Es de esos comunistas que siguen teniendo a Lenin de referente y pretenden acabar con la economía de mercado limitando al máximo la libertad empresarial.


Mélenchon ya ha reclamado un primer ministro de su cuerda, toda una amenaza para Macron, que tendrá que hacer encaje de bolillos para frenar a una extrema izquierda que ha sido la fuerza más votada después de que el presidente francés se haya consagrado como un perfecto melifluo, un moderadito de esos que son una bendición para la izquierda más sectaria. Macron se ha coronado como el máximo exponente de la estulticia política. Es de esos dirigentes que tienen tan alto sentido de sí mismos que no son capaces de contener su vanidad. Otro que ha venido con el clásico «yo o el caos». Pues ahí tienes, Macron. No querías a la «extrema derecha» y le has entregado Francia a la extrema izquierda. La segunda nación de la UE bajo la amenaza del comunismo más reaccionario. Eres un fenómeno, Macron.


En Francia la amenaza ahora es la extrema izquierda de Mélenchon

EDITORIAL. el mundo. 8 Julio 2024


La alta movilización del electorado francés, que ayer registró su mayor nivel de participación en décadas, ha alejado a la formación de Marine Le Pen de toda posibilidad de gobernar, tras quedar en tercer lugar según los primeros datos del recuento. Hasta hace unos días, se estimaba que pudiera alcanzar la mayoría absoluta, lo que demuestra que el escudo republicano contra la extrema derecha ha vuelto a funcionar. El órdago de Emmanuel Macron, cuya coalición ha sido la segunda más votada tras el Nuevo Frente Popular de izquierdas, ha permitido salvar los muebles al presidente, que se encontraba en una situación muy delicada tras su debacle en las europeas y en la primera vuelta de las legislativas. Con todo, Francia se asoma a un escenario ingobernable, con una grave amenaza para los principios democráticos: la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que anoche puso toda su energía en reivindicarse como vencedor y exigir el Gobierno.


El presidente de la República asumió al convocar elecciones un riesgo muy alto, para Francia y el conjunto de la UE, que ayer también respiró tras el fracaso de una opción antieuropea y cercana a los intereses de Putin como es Reagrupamiento Nacional. El polaco Donald Tusk lo resumió así: «En París, entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kiev, alivio». De modo que Macron puede presumir de haber vencido a Le Pen por tercera vez desde el centrismo. Su formación, a la que muchos daban por acabada, obtuvo un apoyo que mejora las expectativas: su partido será uno de los más importantes en la nueva Asamblea Nacional, por encima de cualquier extremo. Esta circunstancia reforzará a Macron en Europa.


La operación de «desdiabolización» de la ultraderecha que emprendió Marine Le Pen hace casi una década hizo que millones de franceses empezaran a considerarla una opción viable para liderar el país, pero los resultados de ayer enfrían significativamente sus expectativas para las presidenciales de 2027. El miedo ha tenido efecto.


Sin embargo, el camino para formar un nuevo gobierno sigue lleno de escollos. El principal de ellos es ahora el radical Mélenchon, líder del movimiento insumiso y rostro más visible del Nuevo Frente Popular, integrado también por comunistas, socialistas y verdes. Su antisemitismo, unido a sus propuestas económicas netamente populistas y a sus postulados contrarios a la OTAN, hace indeseable su participación en la gran coalición entre izquierdistas y macronistas que tendrá que gobernar Francia.


El escenario que se abre ahora es complicado, con la Asamblea Nacional dividida en tres bloques, pero no imposible. El desafío es armar un gobierno alejado de cualquier radicalismo. La amenaza de la extrema derecha se combate desde los valores del humanismo liberal europeo, no desde un extremismo de signo contrario pero igual de tóxico o más.


Francia vota el caos

Jesús Cuadrado. vozpopuli. 8 Julio 2024


Con la ayuda de Macron, las opciones moderadas naufragan y triunfa el radicalismo extremo. Las urnas arrojan un horizonte de incertidumbres en el corazón de Europa


Aliarse con un Frente Popular (NFP) controlado por el antisemita y bolivariano Jean-Luc Mélenchon para evitar el triunfo de Marine Le Pen fue otra gran idea de Emmanuel Macron, después de la disolver la Asamblea. Primero, logró que la extrema derecha del viejo Frente Nacional de Marine Le Pen lograra un avance espectacular hace una semana. Ahora, en la segunda vuelta de este domingo, el presidente ha logrado con su alianza con los insumisos que sea la extrema izquierda la que gane las elecciones. En síntesis, crecen los extremos, a izquierda y derecha, con respecto a 2022 y se desploman las candidaturas del centro político.


A partir de los datos provisionales, el frente ultraizquierdista pasaría de 131 escaños en 2022 a 195, a casi 100 de la mayoría de gobierno; el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen sube de 89 a 140; la coalición macronista cae de 245 a 135; el grupo de centroderecha Los Republicanos bajaría a 63. Con la ayuda del presidente de la República, los extremos hoy dominan Francia. Si hasta la disolución, la coalición presidencial y el centroderecha republicano sumaban una mayoría absoluta holgada de 321 diputados, para un total de 577, ahora tendrán unos escasos 200. Es Macron el que deberá explicar cuáles eran sus intenciones cuando convocó elecciones y cuando, para esta segunda vuelta, pactó con la coalición de Mélenchon. Si el “frente republicano” funcionó, fue a favor del ultraizquierdista NFP, no de las candidaturas de la mayoría presidencial.


De momento, consideradas todas las opciones de formación de gobierno, a Francia le esperan tres años de “cohabitación” con el caos. Los electores se han radicalizado y es una ingenuidad intentar explicar un cambio político tan contundente como si se tratara de un hecho atmosférico, una borrasca o un anticiclón de las Azores. Lo ocurrido en Francia este domingo no es un fenómeno nuevo en Europa. El geógrafo Andrés Rodríguez-Pose, catedrático de la London School, hace tiempo que analiza estos cambios electorales radicales, a izquierda y derecha, con su tesis de la “Geografía del descontento”, centrada en la irritación de quienes se ven como perdedores en el mundo de la nueva globalización.


Si se analizan los estudios postelectorales de la primera vuelta, se puede constatar que los votantes más proclives a la radicalización son los franceses con menor renta y más problemas económicos, los que tienen menores niveles educativos y mayores dificultades para mejorar su estatus social. Los mapas electorales reflejan que los territorios en crisis fueron la principal fuente de votos para los lepenistas.


Rodríguez-Pose ha evidenciado con sus modelos apoyados en multitud de datos que se trata de electores víctimas de la “trampa del desarrollo”, entendida como la “incapacidad de un territorio para mantener dinamismo económico en términos de ingresos, productividad, y empleos”. Se vuelve a constatar que donde fracasan los partidos moderados triunfan los populismos que ofrecen soluciones imposibles, pero también se comprueba que sin eficientes políticas nacionales -no confundir con nacionalistas- la construcción europea no es posible. En este sentido las coincidencias anti-UE entre los insumisos y los lepenistas son esclarecedoras, como demuestra su comprensión compartida con Putin.


Para la UE, el desafío que representan los resultados de este domingo en Francia es enorme y las consecuencias son imprevisibles. La economía francesa, con un 320% sobre Pib de deuda total, no está para más inestabilidad política. Hay quienes, como el prestigioso Instituto Montaigne, están anticipando que Europa puede caer en otra crisis como la de 2008, una vuelta a primas de riesgo desbocadas que pongan en el centro del huracán a un país de la envergadura de Francia. Estos analistas advierten de un riesgo de “recesión grave” en la segunda economía de la UE. Si fuera así, es fácil adivinar cómo afectaría a España, con un 16% del total de sus exportaciones concentradas en su principal mercado, el francés, y con un nivel de deuda que le coloca en el pódium europeo.


El contraste del ejemplo británico

Las elecciones sitúan a Francia entre los países europeos sin opción de políticas de estabilidad y moderación. Se ve mejor, si se compara con las elecciones del pasado jueves en Reino Unido, donde un Partido Laborista centrado políticamente por su líder Keir Starmer logró una victoria contundente sobre el radicalizado Partido Conservador. Su éxito no habría sido posible sin la limpia previa en el laborismo de los sectores ultraizquierdistas liderados por Jeremy Corbyn, quien dirigió el partido entre 2015 y 2019 y contribuyó a los desastres que ahora soportan los británicos. Ni él, ni dirigentes como el líder del Frente Popular francés Mélenchon o el del Frente Popular español Sánchez, caben en el proyecto de Starmer. “Hemos cambiado al Partido Laborista, lo hemos devuelto al servicio”, ha proclamado.


Nada más opuesto que el caos en el que entra Francia, donde las políticas nacionales inaplazables serán imposibles. Entre ellas, las migratorias, decisivas en todos los países europeos. Como en España, donde se acusa estos días a Núñez Feijóo de imitar a Vox, cuando a quien imita es a la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, a la que también acusan de xenófoba los propagandistas incansables del sanchismo. ¿A quién imita Sánchez? Tras seis años de inmigración ilegal descontrolada, mejor callar frente la política danesa que está logrando una integración migratoria ordenada y eficiente. De paso, además, ha neutralizado políticamente al partido xenófobo Demócratas de Dinamarca.


Ante las señales de caos que llegan de Francia, adquieren más valor los proyectos nacionales centrados, como el del socialdemócrata Starmer para Reino Unido o el del conservador Donald Tusk en Polonia. Es la vía para derrotar a los extremos, también en España.


Supremo no hay más que uno y no es el Constitucional

JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO. libertad digital. 8 Julio 2024


No creo que, a estas alturas, nadie que tenga un mínimo de formación jurídica dude sobre el carácter político del Tribunal Constitucional (TC), hasta el extremo de que ésta sea la espada de Damocles que pende sobre él. Precisamente fue su primer presidente, el profesor Manuel García Pelayo, quien inauguró el debate sobre la neutralidad política del tribunal, distinguiendo dos dimensiones diferentes: la constitucional y la política. En su opinión, ambos planos tenían que estar claramente separados, una aspiración que Camilo José Cela, en su condición de exsenador, calificó de ideal lógico, pero de muy dudosa realización.


Tienen razón, por tanto, quienes sostienen que con las sentencias dictadas en relación a los recursos de amparo interpuestos por los condenados en el asunto de los ERE –empezando por la primera, referida a la exministra Magdalena Álvarez– y que supuso uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, el TC ha acreditado sobradamente su naturaleza política al incurrir en un exceso de competencias y en una flagrante desnaturalización de sus funciones, entre las que no se incluye la interpretación última de los tipos penales. Como diría el profesor Hans Faller, que fue juez del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, el TC no es una instancia política y si se convirtiese en un tribunal cuyas decisiones respondiesen a razones de conveniencia, ello significaría el fin de la jurisdicción constitucional.


Es más. El hecho de que el TC se presente de forma tan patente y grosera como capaz de hacer pedazos una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por haber vulnerado garantías jurídicas de unos ciudadanos e incluso violado el principio de legalidad penal del artículo 25 de la CE, calificando de imprevisible la interpretación que del delito de prevaricación hizo aquél, es la prueba de que en España algunas sentencias se dictan por puro voluntarismo. La decisión de los 7 miembros de TC que votaron a favor de la estimación de los recursos de amparo a los que me refiero es algo que nos debe llenar de preocupación. También y en igual dosis, de desconfianza en una institución, de la que lo único que se espera es que abandone cualquier tentación ajena a su auténtica misión que, por si alguno lo hubiera olvidado, es regular lo que resulta adecuado a la CE y lo que se opone a ella, procurando que sus interpretaciones jurídicas sean lo más técnicas posible. En supuestos como el presente, ejercer correctamente la jurisdicción constitucional implica la racionalización de sus decisiones, al ser ésta la única manera de acertar siempre en el difícil equilibrio de no lesionar la potestad jurisdiccional de los jueces y tribunales integrados en el poder judicial.


Admito que las líneas que separan ambas jurisdicciones no siempre son nítidas, pero en el caso que motiva este análisis creo que los magistrados y magistradas autores de las sentencias de mayoría han rebasado con creces las fronteras diseñadas por el legislador. Ahí está el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, redactado por la Ley 2/2007, de 24 de mayo, que se ocupa del recurso de amparo: "Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano jurisdiccional, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: […] b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional".


En un riguroso trabajo titulado Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ¿un conflicto permanente?, Juan Antonio Xiol Ríos, que fue vicepresidente del TC, tras analizar los casos en que las aperturas de la jurisdicción constitucional al proceso ordinario han sido objeto de reticencias por los tribunales ordinarios debido a una concepción intervencionista de la justicia constitucional en el orden penal, considera que una solución, inspirada en el principio de mutuo respeto, reconocimiento y diálogo, es la autorrestricción por parte de la jurisdicción constitucional y que radica, según los seguidores de la fórmula, entre los que me encuentro, en una actitud por parte del Tribunal Constitucional favorable a restringir el ejercicio de su jurisdicción respetando el papel de los tribunales del Poder Judicial como ámbito protector de los derechos fundamentales con carácter ordinario.


Frente a la postura de la mayoría de los miembros del TC, tres magistrados y una magistrada han formulado un voto particular en el que, a mi juicio de forma cabal, sostienen, entre otros particulares, que la sentencia "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley". Y añaden: "La sentencia, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el TC entró en funcionamiento al TS en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva, ocasiona un daño institucional difícilmente reparable".


Insisto en la seriedad de los argumentos del voto particular. Es más, por si de algo sirviera, que espero que sirva, me permito traer a colación la que hasta ahora ha sido la doctrina inveterada y consolidada del TC. Y así, en la sentencia 229/2003, de 18 de diciembre, se dice que "(…) la revisión de la declaración de identidad efectuada por los órganos judiciales ha de realizarse por este Tribunal respetando los límites de esta jurisdicción constitucional de amparo. Por tanto, ha de partirse de la acotación de los hechos llevada a cabo por los órganos judiciales y de la calificación jurídica de estos hechos realizada por ellos, dado que en el examen de la vulneración de los derechos fundamentales este Tribunal Constitucional no entrará a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso en el que se ocasionaron las vulneraciones que se alegan en amparo (…)".


Y en cuanto a ese alcance del control que el TC puede ejercer respecto de la interpretación y aplicación de los preceptos sancionadores efectuados por los órganos judiciales, la doctrina del propio TC declara que, aun cuando toda norma penal admite diversas interpretaciones como consecuencia natural, entre otros factores, de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo, "la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos que llevan a su conocimiento, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, sin que pueda este Tribunal sustituirlos en dichas tareas, ni determinar cuál de entre todas las interpretaciones posibles de la norma es la más correcta, ni qué política criminal concreta debe orientar esa selección" (Por todas, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 142/199, de 22 de julio, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3).


En definitiva, que el canon de enjuiciamiento constitucional es que sólo cabe hablar de vulneración del principio de legalidad penal, cuando la aplicación de la norma penal carece de razonabilidad hasta el punto que resulta imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas contrarias a los principios que inspiran el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de criterios o modelos de interpretación no aceptados por la comunidad jurídica, lo que, evidentemente, no es el caso, pues una lectura de la sentencia del TS ahora anulada por el TC pone de relieve la impecable argumentación desarrollada por nuestro más alto órgano de la jurisdicción ordinaria que, a lo largo y ancho de casi cien páginas, expone las razones que llevan al tribunal a considerar que los hechos constituyeron un delito de prevaricación.


Después de esto, tras lo ocurrido con esta nueva invasión de competencias del TS por parte del TC, se me ocurre si acaso no tenía razón Ángel Ossorio y Gallardo, autor de esa gran obra titulada El alma de la toga, cuando definió a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales como "unos señores salidos de los casinos políticos para ser jueces de jueces, de gobernantes y de legisladores", aunque para diatriba, la de Niceto Alcalá Zamora que, desde la presidencia de la 2ª República española, llegó a afirmar de aquel tribunal que "en su seno predominan las medianías y las calamidades". Supongo que uno y otro formularon sus respectivas censuras con los debidos respetos, a los que gustosamente me sumo.


En fin. Fueron los griegos quienes descubrieron cómo y de qué manera la naturaleza humana está determinada por la tragedia, esto es, por aquello, que resulta necesario e imposible al mismo tiempo. La tarea del TC es, en este sentido, lamentablemente trágica y necesariamente humana. No pretendamos, además, según algunos querrían, convertirla en divina, o sea, en suprema.



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El desfalco de los ERE y la prostitución del TC con la corrupción sanchista

Francisco Rosell. vozpopuli. 8 Julio 2024


Como remedo de una popular serie televisiva de los noventa “Los ladrones van a la oficina” sobre las andanzas de unos cacos “sui generis” que se citan en el bar “La Oficina” para rememorar viejos golpes y planear otros nuevos, no hay delincuente del partido del Gobierno o de cuadrilla afín al que “La Oficina” del Tribunal Constitucional no ampare y exonere. Con Cándido Conde-Pumpido de camarlengo de Sánchez, no se admite más Juez Supremo que aquel al que le debe presidir una Corte de Garantías que suplanta al Tribunal Supremo como máxima instancia contenciosa y altera la Carta Magna por la puerta falsa. Así, si los golpistas catalanes se autoamnistían tras comprarles Sánchez su investidura en una mayúscula simonía, ¿cómo no iban a dispensarse un favor análogo los cofrades de los ERE -epígonos del legendario bandolerismo al sur de Despeñaperros- con la avenencia de magistrados socialistas embutidos en un TC que dobla la C de Constitucional con la C de Casación)?


Por esa vía, Sánchez ha saltado de la vergüenza que deploraba en 2014 cuando andaba lejos de La Moncloa de que “un político indulte a otro” al orgullo de casta. Al revés del “procés” catalán, en el “proceso andaluz” de los ERE no ha precisado pringarse las manos al delegar esa carga en el comisariado socialista de un envilecido TC que emborrona sentencias que podrían engrosar la “Historia universal de la infamia” de Borges. Cumplido un sexenio, Sánchez certifica que no llegaba para liquidar la corrupción, sino para usufructuarla.


De paso que lo hace para sus conmilitones y sosias, se garantiza su impunidad con las corrupciones familiares y de partido con su mujer haciendo un uso privado de La Moncloa como despacho de influencias. Este tráfico de favores adquiere el punto afrentoso de ventilar en las estancias de la presidencia del Gobierno sus asuntos particulares de la Universidad Complutense. Con la catedrática que no es haciendo que sea el rector el que se desplace a la residencia monclovita. Diríase que es la Complutense la que trabaja para ella en el momio que desempeña y en el que una asistente, con nivel de directora general, le gestiona el pago de las matriculaciones de su actividad privada bajo un imperativo: “Le llamo de La Moncloa”.


En su suma y sigue, Begoña Gómez sienta cátedra donde el “enmano” de Guerra puso escuela. A la par, el “enmanísimo” de Sánchez y huido de la Hacienda española se enriquece con vara de mago, no con batuta de director de orquesta, en contraste con aquel pobre diablo de Juan Guerra que, por meterse unos duros en la escarcela, forzó la dimisión del Gobierno y del PSOE de su todopoderoso consanguíneo. A mayor corrupción, mayor impunidad por parte de quien promovió una moción de censura blandiendo una bandera contra la corrupción hecha guiñapos.


No en vano, Sánchez se solaza con un TC en el que Pumpido se conduce como Cámpora con Perón. Cuando el general le inquiría: “Camporita, che, ¿qué hora tenés?”, su ayudante respondía servil: “La que vos querés, mi general”. “¿Qué veredicto de los ERE tenemos, Pumpidín?", debió curiosear Sánchez antes de viajar a Andalucía a hacer campaña de las europeas. “La que vos queráis, presidente”, le indicaría y a Benalmádena fuese pidiendo hueco preferente para la penada de los ERE, la exministra Magdalena Álvarez, a la que utilizó para hacer un panegírico de “Begoña y Yo”, tras acudir al mitin amarraditos con la pulsera “Begoña free”.


En su degradación, el TC raya una abyección cuasi irreversible comandado por quien no sólo confiere bula al Gobierno y a sus socios, sino que arrolla a un Tribunal Supremo que, según el artículo 123 de la Ley de Leyes, “es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Sin embargo, Pumpido y la banda de los 7 lo cercenan rejuzgando aquello que compromete a quienes deben su posición. Si hace años, a propósito de un fallo sobre Isabel Preysler, el TS amenazó con denunciar al TC por prevaricación debido a su ilegítima intromisión, no se entiende que, al amputarse hoy sus atributos, se cruce de puñetas.


En vez de combatir demasías, el TC otorga carta blanca a sus protegidos con una complicidad que hiede. ¿Cómo puede ser ponente de los recursos de los asaltadores de los ERE, Inmaculada Montalbán, quien ha hecho carrera con el PSOE sureño y fue galardonada por Griñán? ¿Cómo se justifica que dos togados socialistas, el exministro Juan Carlos Campo, a la sazón exalto cargo con Chaves y Griñán, y la exdirectora general del ministro Bolaños, Laura Díez, no se inhiban? ¿Cómo el presidente del TC, quien se apartó de la causa de los ERE cuando era magistrado del Supremo, no lo hace ahora para sacar adelante la encomienda de Sánchez? Cuando se pervierten de ese modo las instituciones y se las somete a servicio de un autócrata, se está en una “democratura”, como bien significó el pensador y académico francés Pierre Rosanvallon, en El siglo del populismo.


Con los custodios de la Carta Magna asistiendo las tropelías del Gobierno, el TC da un golpe autoproclamándose Supremo del Supremo y aceptando las alegaciones desestimadas por la Audiencia de Sevilla y por el Supremo en lo que hace a la prevaricación y la malversación en la saca de los ERE. Todas esas instancias judiciales refutaron el subterfugio de que, al haber aprobado el Parlamento -el PSOE atesoraba mayoría absoluta- los Presupuestos, “imposibilita calificar como ilegales los proyectos elaborados”. El TS resolvió que la documentación que se remitió a la Cámara era “escasa y confusa”, por lo que sus diputados no podían conocer a ciencia cierta el destino de las partidas. Y tanto.


En efecto, no fue hasta el 27-XII-2010 durante las pesquisas periodísticas sobre la lonja de fechorías de Mercasevilla cuando El Mundo de Andalucía, que entonces tenía el honor de dirigir, desveló, en una infatigable labor de Sebastián Torres y Antonio Salvador, la tramoya clandestina por la que el PSOE sufragaba diez años de prejubilaciones ilegales. La punta del iceberg de un colosal tinglado para medro de quienes, cual parásitos de Los miserables de Víctor Hugo, gozaban de “la alegría de sentirse irresponsables y de que pueden devorarlo todo sin inquietud”.


Aquel hallazgo atestiguaba que la corrupción de la Junta no era una anomalía del régimen andaluz, sino el sistema mismo. Chaves y Griñán -su consejero de Hacienda, y sucesor- habían maquinado un dispositivo que esquivaba la fiscalización de los subsidios a través de un “fondo de reptiles” que institucionalizó “la arbitrariedad y la discrecionalidad -concluyó la juez instructora, Mercedes Alaya, tirando de la hebra periodística- en la concesión de ayudas públicas para permitir un uso abusivo” y poder regalarlas fraudulentamente “a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, próximo a cargos de la Junta y del PSOE”. El expolio superó, según sentencia, los 679 millones sin contar otros escamoteos al erario aún pendientes de la Justicia.


Aunque, como ha reiterado el TS en contra de la amnistía a los golpistas catalanes, “el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”, la acción malversadora de los ERE para “disponer de los fondos propios -sentencia 749/2022 del TS- como si fueran propios, en contra de la ley, al margen de todo procedimiento y sorteando cualquier medida de control”, cimentó casi 40 años de hegemonía socialista en Andalucía y propicio ocupar La Moncloa más tiempo que ningún otro partido, amén de agenciar dinero “para asar una vaca” a una legión de intrusos del puño y la rosa.


Confundiendo generosidad con estupidez y tratando de hacerse perdonar no se sabe bien qué, el PP se mete goles en meta propia y menosprecia a sus votantes a los que olvida en cuanto se cierran las urnas

Al igual que los separatistas no pretendían el perdón del Estado, sino que éste les pidiera perdón, los reos de los ERE procuraban otro tanto para que se les restituyese su impunidad. Pero no sólo ellos, sino también Sánchez, con quien tantos lances televisivos sostuve al respecto cuando era meritorio socialista. Para eternizarse en La Moncloa, busca limpiar al PSOE andaluz de la mancha de los ERE y restablecer este silo electoral. Aunque cueste borrar su huella indeleble, una propaganda bien hecha obra prodigios.


Por eso, cuando hasta el rabo todo es toro, pasma que un conformista PP amortiguara el escándalo de los ERE en cuanto alcanzó de carambola el Palacio de San Telmo y que Moreno Bonilla pidiera incluso que Griñán no ingresara en prisión por una enfermedad que no fue óbice para que lo hicieran otros. Todo ello tras hacer campaña fotografiándose ante del burdel de las francachelas socialistas con los fondos malversados. Para más inri, el alcalde del PP de Sevilla, José Luis Sanz, tributará este julio en “la velá” de Triana un homenaje a una hija de los ERE, la expresidenta Susana Díaz, un par de semanas después de votar el PSOE una moción de censura contra él. Confundiendo generosidad con estupidez y tratando de hacerse perdonar no se sabe bien qué, el PP se mete goles en meta propia y menosprecia a sus votantes a los que olvida en cuanto se cierran las urnas. ¿Qué será lo próximo del PP designar hijos predilectos a Chaves y Griñán admitiendo tácitamente ser esos impostores que les echa en cara estos días la manga de manilargos de los ERE socialistas?


Los cortabolsas de los ERE pronto reclamarán ser resarcidos junto a los dueños del prostíbulo “Don Ángelo” venido abajo cuando la juez Alaya cortó el grifo con el que aquellos próvidos puteros proveían la caja de aquel antro sevillano. Si Rafa Latorre coligió con el “procés” que advendría la fecha en la que habrá que jurar que aquello sucedió, no transcurrirá mucho tampoco para que esto acaezca con los ERE dada la campaña de desinformación socialista -propagada a toda plana por medios adictos a esos fondos reservados- que presentará a los salteadores del erario como benefactores públicos actualizando para esta trapacería la leyenda romántica de los bandoleros generosos.


Rehabilitada por el TC la inmunidad socialista, se repite aquel episodio de impunidad absoluta por el que hubo que reintegrar el maletín de una coima de una gran constructora al conseguidor socialista de una obra de la Junta tras ser pillado “in fraganti” en un control de carretera tras una escucha policial. Como pilón probático que conmuta mangancias, el TC semeja asumir como doctrina la pauta del pícaro Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo con Chaves y Griñán, en el manejo del “fondo de reptiles”. Entre trago y trago de gin-tonic en el bullicioso pub hispalense que era su despacho ambulante, se jactaba de aplicar el testicular método del “pormisco, por mis cojones”, según refería sin ambages a los peticionarios de bicocas que no se publicaban en parte alguna. Lo que no cabía imaginar es que la estafa de los ERE derivara en la estafa de un TC por los “pormisco” de su presidente para absolver a los randas que van a su “Oficina”.


Ante tal oprobio, el cubo invertido que simula ser la sede del TC parece contener los deshechos de un maltrecho Estado de Derecho merced a quien enloda la toga como siendo Fiscal General con Zapatero. Si en su acre voto particular de julio de 2011 contra quienes apoyaron la inconstitucionalidad del confinamiento por el Covid de marzo de 2020, ya se vanaglorió de no ser un “jurista de salón”, sus sentencias de encaje abonan el plan de degeneración de Sánchez para dotarse de patente de corso y amordazar a los medios críticos cuya extinción codicia mientras municiona a los “tabloides digitales” adictos a sus bulos para salvar a los Kirchner de La Moncloa. Empero, como en el proverbio, los necios seguirán mirando el dedo que Sánchez quiere segar, en vez de mirar sabiamente a la luna (de corrupción) que apunta.


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