Recortes de Prensa Jueves 31 Octubre 2024
Zelenski plantea una tregua parcial con Rusia por primera vez ante la frialdad occidental con sus demandas
Representantes de Ucrania y de Rusia ya habrían iniciado contactos para este cese de los ataques mutuos contra objetivos relacionados con la energía que daría garantías a Kiev
Marcel Gascón. la razon. 31 Octubre 2024
Ante la frialdad general hacia su ‘Plan de la Victoria’, que pide ayuda militar urgente para forzar a Rusia a negociar una paz que no implique la cesión de territorios ucranianos, el presidente Volodímir Zelenski ha planteado abiertamente por primera vez desde el comienzo de la guerra la posibilidad de negociar con Rusia una tregua parcial que rebaje la intensidad del conflicto. “Nosotros no atacamos su infraestructura energética y ellos no atacan la nuestra. ¿Podría llevar esto a un final de la fase caliente de la guerra? Yo pienso que sí”, dijo Zelenski la semana pasada en un encuentro con periodistas.
Según han publicado esta semana medios anglosajones que citan fuentes conocedoras del proceso, representantes de Ucrania y de Rusia ya habrían iniciado contactos para este cese de los ataques mutuos contra objetivos relacionados con la energía que daría garantías a Kiev de afrontar el invierno sin nuevos bombardeos a sus centrales eléctricas y pondría fin a la destrucción con drones ucranianos de refinerías rusas.
Estas conversaciones para una tregua en este capítulo serían la reanudación de un proceso que ya se habría dado este verano con la mediación de Catar, que sigue facilitando los contactos, y que descarriló, según se dijo en su momento, debido al comienzo a principios de agosto de la operación transfronteriza ucraniana en el óblast ruso de Kursk, donde Kiev controla una parte del territorio.
Garantizar la seguridad energética es uno de los diez puntos de la llamada Fórmula de Paz ucraniana, un documento compuesto por diez propuestas entre las que destaca la demanda de que Rusia se retire de todos los territorios que ocupa en Ucrania. La ‘Fórmula de Paz’ fue sometida a discusión en una primera cumbre internacional celebrada en junio en Suiza.
La cuestión de la seguridad energética (en concreto la nuclear) fue, junto a la exigencia de permitir la libertad de navegación en el mar Negro y el mar de Azov para garantizar las exportaciones alimentarias, uno de los tres puntos incluidos en el comunicado final, que fue firmado por alrededor de 80 países y organizaciones internacionales.
El tercer punto avalado por los signatarios fue el que propone la liberación de todos los prisioneros de guerra de ambos bandos y el retorno a territorio ucraniano de los adultos en cautiverio ruso y de los niños deportados o desplazados.
El llamado Plan de la Victoria presentado por Kiev pide a sus aliados que doten de inmediato al Ejército ucraniano de suficiente material militar y armamento de largo alcance para poder estabilizar el frente y empezar a atacar de manera más sistemática territorio ruso.
Según los cálculos de Kiev, de materializar sus principales socios el plan, Rusia se vería obligada a sentarse a negociar la ‘Fórmula de Paz’ en una segunda cumbre internacional que Ucrania aspira a organizar antes de final de año.
Ninguno de los aliados de Ucrania capaces de proporcionar este nivel de ayuda militar ha dado señales de estar interesadas en satisfacer estas demandas de Kiev, que de momento ha de conformarse con seguir a la defensiva en el frente mientras se abre a un compromiso puntual que no pondrá fin a las hostilidades pero ayudaría a ambas partes a sobrellevar el desgaste de dos años largos de guerra. EFE
Sánchez, la DANA y la tajada política
EDITORIAL. ESdiario. 31 Octubre 2024
Todavía se están rescatando y recontando cadáveres y aún hay decenas de desaparecidos, pero ya ha empezado a prenderse la mecha de lo que en unos días va a ser una batalla política sin cuartel a costa de la DANA y sus efectos devastadores.
La izquierda no ha tardado ni cinco minutos en sacar conclusiones de lo ocurrido: el culpable es el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Juicio sumarísimo. Primero porque suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) creada por el anterior Gobierno socialista de Ximo Puig. La realidad es que suprimió algo que en la práctica no existía y que contó siempre con el rechazo frontal de la Plataforma de Bomberos, formada por todos los sindicatos con representación en los diferentes Cuerpos de Bomberos de Castellón, Valencia y Alicante y la plataforma nacional Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP). Todos ellos la consideraban un “chiringuito” y un “capricho” innecesario que iba a generar más gasto y descoordinación.
Además se acusa a Carlos Mazón de haber alertado tarde a la población y de haber actuado también tarde. Una acusación arriesgada que se puede volver en contra del Gobierno de Sánchez. No fue hasta pasadas las 10:30 de la noche del martes cuando Moncloa informó de la formación de un comité de crisis. A esa hora ya nada tenía remedio. Además, algún ministro, bien el de Transporte o el de Interior, deberían explicar también por qué no cortaron el tráfico en la A3 y en la A7, permitiendo así que decenas de conductores fueran derechos a las fauces de la DANA, poniendo en peligro sus vidas.
Sánchez cuenta con no dar explicaciones de sus responsabilidades en la gestión de la DANA, pero sí en exigírselas a otros. Ya lo está haciendo a través de sus terminales mediáticas de la sanchosfera. De hecho le interesa poner el foco ahí para desviar la atención de otros asuntos, varios, que le acechan: el caso Begoña y el caso Ábalos, el escándalo Errejón y el registro por la Guardia Civil del despacho fiscal general del Estado.
Todo eso, sumado a la proverbial falta de escrúpulos de nuestro presidente del Gobierno va a hacer que desde la Moncloa se dé la orden a ministros y dirigentes del PSOE de repetir una determinada consigna, la que sea, contra el PP. Estamos hartos de verlo. Veremos si hay unos días de tregua política mientras los cadáveres de los fallecidos están aún calientes o, si por el contrario, Pedro Sánchez comienza a descargar todo su fuego de inmediato.
Moncloa tiene identificados en Levante 1.000 kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su dragado
Roberto Pérez. okdiario. 31 Octubre 2024
Ni dragado de ríos ni rectificaciones de cauces, pese a que esté técnicamente constatado que suponen un riesgo máximo de causar devastadoras inundaciones. Ése es el criterio que impuso Moncloa con Pedro Sánchez en el Gobierno y Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones hidrográficas que son las encargadas de gestionar y conservar el trazado de ríos y barrancos. Esa prohibición de acometer dragados afecta de lleno a la cuenca hidrológica del Júcar, en el Levante, devastada ahora por las mortíferas inundaciones que han desbordado barrancos y ríos. Y eso pese a que el Gobierno tiene identificados al menos 1.000 kilómetros de cauces, repartidos por el Levante, con riesgo máximo de provocar inundaciones dramáticas.
Ese criterio restrictivo que impide actuar con más queda recogido en documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO y quedó reconocido oficialmente por el Gobierno en respuestas parlamentarias con las que contestó a la oposición hace año y medio, cuando –una vez más– se le pidieron explicaciones por la situación de cauces que han ido perdiendo peligrosamente su capacidad de desagüe por la acumulación de sedimentos y por la desbocada vegetación en sus márgenes.
«No pueden entenderse las actuaciones de conservación de cauces como obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural, dado que son manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza reconocidos en la legislación», escribió el Gobierno en una respuesta parlamentaria que firmó el 16 de marzo del año pasado y que contestaba a preguntas sobre la situación de los cauces de la levantina cuenca del Júcar. El Ejecutivo se escuda en la normativa europea para defender esa posición. En concreto, esgrime la Directiva Marco del Agua.
Las limitaciones impuestas no sólo afectan a la limpieza en profundidad, a la prohibición de dragados y de eliminación de vegetación en las orillas de los cauces. También frena la realización de obras de rectificación de trazados hidráulicos que corrijan cauces o que permitan levantar infraestructuras de protección.
«Mera conservación»
«De este modo, las confederaciones hidrográficas realizan actuaciones de mera conservación de los cauces públicos, corrigiendo los problemas puntuales detectados», sin más, insistió el Gobierno en esa respuesta parlamentaria. Y ello pese a que, en el mismo documento, reconocía reconocer la existencia de esos múltiples puntos de la cuenca del Júcar que suponen un riesgo máximo de inundación. Mil kilómetros, como mínimo, repartidos en una cuenca hidrológica que abarca un total de 46.000 kilómetros de cauces que, en mayor o menor medida, requieren también de acciones de conservación preventiva.
Los tramos más conflictivos están calificados como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y, en el caso de la cuenca del Júcar, suman esos mil kilómetros de riesgo extremo que están identificados por los expertos y catalogados como tales por la Administración.
Son múltiples las voces que llevan años reclamando obras de limpieza en profundidad de cauces, y también que se invierta más en infraestructuras de protección para evitar inundaciones. Y no sólo en Levante sino también en otros puntos de España que llevan años viendo cómo son cada vez más frecuentes las inundaciones. Es el caso de los municipios aragoneses ribereños del Ebro, donde desde hace más de diez años los damnificados se han unido en una asociación específica para reclamar a la Administración que actúe. Es la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre), que denuncia lo que la evidencia ha constatado: que el Ebro se desborda cada vez con más facilidad porque tiene achicada su capacidad de desagüe: crecidas que antes eran técnicamente como «ordinarias» hace tiempo que provocan inundaciones con datos extraordinarios.
El Supremo manda a la Guardia Civil al despacho del fiscal general para incautar sus dispositivos
El instructor de la causa contra García Ortiz por revelación de secretos por difundir datos reservados del novio de Ayuso ha acordado el secreto de las actuaciones
Ricardo Coarasa. la razon. 31 Octubre 2024
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos por la difusión de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha enviado a la Guardia Civil a la sede de la Fiscalía General del Estado para incautarse de dispositivos electrónicos que permitan esclarecer el cruce de correos electrónicos con la Fiscalía de Madrid que culminó con la publicación de la nota que detallaba las negociaciones con la defensa del empresario para cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de reconocer el fraude fiscal que le imputa.
En la resolución en la que acuerda la medida, el magistrado autoriza "la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz" y ordena a los agentes "la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos". El magistrado ha declarado ya secreta la investigación porque "resulta necesario" hasta que "no se haya recabado toda la información documental" necesaria para esclarecer los hechos.
El instructor del alto tribunal ordena a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que permanezcan en la sede de la Fiscalía "durante las horas que resultaren precisas para la finalización" del cometido, "habilitando expresamente las horas nocturnas" con el fin de asegurar la efectividad del registro.
Hurtado autoriza "la intervención de documentación en soporte papel o informático" que tenga relación con la investigación, así como la intervención o copia "en su integridad o parcialmente" de "cualquier tipo de material o soporte informático y telemático", incluida expresamente la "telefonía móvil", que haya podido ser empleado o que pudiera servir "como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de investigación". Asimismo, faculta a la Guardia Civil a incautarse del "teléfono o teléfonos móviles del interesado", así como de otros dispositivos en su poder como "tablet, ordenador portátil u otros".
En cuanto a los servidores de correo electrónico y redes sociales del fiscal general, el Supremo autoriza el volcado de las cuentas desde el 8 de marzo pasado y la copia de sus contenidos.
Hurtado ordena al personal informático de la Fiscalía a "identificar" todas las cuentas de correo electrónico utilizadas por García Ortiz y les conmina a prestar a los agentes "toda la ayuda técnica que sea necesaria", incluyendo el acceso a cualquier terminal o servidor informático.
La operación policial ha obligado al fiscal general a suspender in extremis una comparecencia ante los medios de comunicación junto al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Julio Strassera, y la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, que se iba a celebrar a la una del mediodía en la sede de la Fiscalía General del Estado en la víspera del día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo y la dictadura.
El instructor del procedimiento ha instado también al fiscal general a designar un abogado que le defienda una vez constatado que no ha asumido ese cometido la Abogacía del Estado.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha vuelto a pedir la dimisión de García Ortiz, dado que "la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función que puedan ocasionar un perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona es una falta muy grave". En una carta remitida al fiscal general, la AF considera "incomprensible que no se haya investigado inmediatamente por la inspección fiscal" si la filtración de correos sobre la situación fiscal de González Amador "tuvo su origen en la Fiscalía" para "determinar los posibles autores".
Para la asociación que preside Cristina Dexeus, la actuación del fiscal general "denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad". Se trata, recalca, de una situación "sin precedentes" que hace que su permanencia en el cargo resulte "inadmisible en democracia". "Un Fiscal General del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo", subraya en un comunicado.
Respecto a la filtración de datos personales de González Amador, la AF ve "anómalo" que "conociendo de la existencia de filtraciones, supuestamente producidas desde Fiscalía, no hubiese actuado la inspección fiscal e incoado el correspondiente expediente en averiguación del origen de las filtraciones y del autor de las mismas".
Del mismo modo, señala que García Ortiz aboca a la institución a una "complicada" situación, puesto que "el fiscal que represente en el procedimiento al Ministerio Fiscal seguirá siendo subordinado de Álvaro García Ortiz y esa posición quebrará la imagen de imparcialidad y neutralidad". La incógnita reside -según la asociación- en "cómo será designado" ese fiscal que actuará en representación del Ministerio Público en el procedimiento contra García Ortiz, "quién será el designado", "si estará afectado por una relación de amistad, parentesco o será alguno de los que participaron en la elaboración de la nota o si pudo ser quien participó en la filtración de correos". "Es evidente que durante la tramitación de la causa sobrevolará la duda sobre las decisiones que adopte el Fiscal designado para el despacho del procedimiento penal abierto contra el fiscal general", asegura Dexeus.
"Todos los fiscales estamos incursos en causa subjetiva de abstención", recuerda la presidenta de la AF, para quien en este caso "concurre un interés cuando menos indirecto", por cuanto existe una situación de dependencia jerárquica, entendido "como aquello que proporciona una ventaja o beneficio o le evita una carga o perjuicio", entre las que refiere las decisiones sobre un "ascenso discrecional", una "suspensión" o la "imposición de sanción". Para Dexeus, "la lamentable situación que estamos atravesando va a salpicar a todos los fiscales de España".
Entre la corrupción y la farsa
José María Múgica. vozpopuli.. 31 Octubre 2024
En medio de una trágica DANA que ha asolado las provincias de Valencia y Albacete ocasionando decenas de muertos y desaparecidos, como no se recordaba en muchas décadas, reventando localidades a su paso, mientras tanto la actualidad política española no deja de sorprendernos a cada día.
En tan sólo dos semanas, el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) ha abierto una instrucción contra el Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, con registro de su despacho por la Guardia Civil inclusive. A su vez, han sido desestimadas tres querellas criminales contra el juez Peinado, que instruye la causa en que se investiga a Begoña Gómez. Ello sin perjuicio de que con anterioridad se desestimó también la petición de archivo de ese procedimiento, en el que tantas veces la portavoz del gobierno nos insistió que se trataba de fango, de un “no caso”. Y ahora, ese mismo Juzgado de Instrucción acuerda investigar a Begoña Gómez por otros dos presuntos delitos: apropiación indebida e intrusismo, que se unen a los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios privados con que se abrió esa causa penal. A su vez, el propio hermano de Sánchez está investigado por un Juzgado de Instrucción de Badajoz.
También conocemos que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno remite al Supremo una exposición razonada referida a José Luis Ábalos en que sostiene la existencia de indicios sólidos de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Lo que previsiblemente dará lugar a que el Tribunal Supremo, previo suplicatorio, abra una instrucción contra el Sr. Ábalos. Y quedan el Delcy Gate, Koldo, Aldama, Barrabés, el rescate de Air Europa, y ya se acaba perdiendo el hilo de tanto estropicio.
Proceso de descomposición
No se trata de cómo acaben cada una de esas causas judiciales. Y sí se trata de comprobar que ya el gobierno vive en una cotidiana sucesión de noticias siempre procedentes de los tribunales. Cuando se llega a este punto, cuando no se sabe las noticias que seguirán apareciendo, casi a cada día, lo que es seguro es que no cabe ya hablar de ninguna iniciativa política que sostenga el gobierno. Lo que estaba claro la noche del 23 de julio del año pasado –día de las elecciones generales–, en el sentido de que ninguna coherencia podía tener la acción de gobierno con tan inviables socios parlamentarios, realmente lo peor de cada casa, hoy ya se convierte en un despeñadero o, si se quiere, en un proceso de descomposición política. Que seguirá y seguirá, en el seno de un gobierno acuciado por las novedades judiciales. Cuando se llega a ese punto, todo se torna imposible.
Se puede aprobar un decreto para convertir RTVE en una oficina de propaganda gubernamental. Se puede intentar de todo, será inútil. Cuando los intereses y las responsabilidades de un gobierno se debaten, resolución a resolución, en los tribunales de justicia, es tarea perdida proseguir en una fuga hacia ningún sitio.
Hoy, toda España contempla cómo hay un Gobierno sometido a la actuación el poder judicial, y en algo tan evidente –insistimos, acabe como acabe en los tribunales– como es la corrupción. Lo que fue la bandera de Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018 –defendida por Ábalos– hoy ha cambiado de signo. Es un criterio de sentido común que un gobierno no puede ni moverse, a la espera de la resolución judicial de cada día.
Eso coincide con el estallido deplorable del asunto Errejón, una mezcla de farsa e hipocresía. Descubrimos que Sumar/Restar conocía ya una denuncia en verano de 2023. Daba igual, el caso era no seguir a la denunciante, sino al Sr. Errejón, al cabo de los meses nombrado portavoz de Sumar. Y aquí, mientras tanto, no dimite nadie, no se asumen responsabilidades.
Hoy, todo estalla –da igual Sumar o Más Madrid–, sin ningún viso de solución. No sabemos qué pasará en los juzgados –donde siempre hay que mantener la presunción de inocencia– aunque sí sabemos la carta enloquecida del propio Errejón.
Así no se va a ningún sitio, es el Gobierno –o el desgobierno– quien tiene un problema atrozmente insoluble. ¿Qué va a decir la próxima vez que aparezca una información de la UCO? No, realmente un gobierno pillado entre la corrupción y la farsa e hipocresía es un gobierno perdido.
Un Gobierno que no ha comprendido la lección de la dignidad, que obliga a marcharse a la vista de la inagotable sucesión de escándalos. Que no ha comprendido dimisiones que están en la historia, véase la del canciller socialdemócrata alemán Willy Brandt en 1974, cuando se descubrió que un directo colaborador suyo, Günter Guillaume, era espía de Stasi al servicio de la Alemania Oriental. Ningún delito, para nada, había cometido Willy Brandt; era una mera cuestión de dignidad política lo que le condujo a la dimisión irrevocable.
Podrá decir el Sr. Sánchez que tiene intención de gobernar todavía los próximos tres años de legislatura, que incluso tiene previsto presentarse a las elecciones de 2027. Tales palabras se dicen casi en tono de amenaza –aquí estoy, aquí aguanto–. No será verdad. Cuando el gobierno vive en su propio fangal, la página se acaba cerrando inevitablemente. No se puede qué ya gobernar –siquiera desgobernar– ante una catarata de escándalos que se reproducen prácticamente a diario.
La vileza sanchista en el Congreso de los Diputados
Agapito Maestre. libertad digital. 31 Octubre 2024
Lo sucedido en el Congreso de los Diputados el día de ayer no fue el el mayor acto de hipocresía de la política española. Es algo más grave. Su nombre es vileza. La vileza invade la "obra" de Sánchez por cualquier grieta de su inteligencia. ¿Inteligencia? Sí, Sánchez es inteligente, diestro y eficaz para producir todo tipo de males. Es capaz de seleccionar a los tipos más perversos para destrozar todas las instituciones de este pobre régimen político. Pobre y, a veces, ridículo seguirá siendo esta decadente democracia, mientras los fulanos del PP y VOX no saquen a la ciudadanía, incluidos sus votantes, a la calle para detener esta máquina de represión que es el sanchismo. El régimen político de Sánchez, mitad comunista y la otra mitad separatista, es inteligente, sin duda alguna, a la hora de comprar voluntades y poner en puestos de relevancia a sujetos sin escrúpulos morales y profesionales para llevarse por delante todo lo que haga falta.
El sanchismo elige con precisión cuasi geométrica a gente que se somete sin capacidad de crítica alguna al 1, como le llaman al jefe del sanchismo algunos de sus colaboradores. Ayer en el Congreso de los Diputados tuvimos la oportunidad de ver el rostro terrible de un ser tan vil como el sujeto que la seleccionó para ser presidenta de la principal Asamblea política de España. Vil es toda aquella persona que acompaña con la maldad su falta de valor, con servilismo su carencia de espina dorsal y con ingratitud su alma purulenta conformada por mentiras y miserias de la peor condición humana. Ayer el sanchismo demostró, una vez más, que no es nada más que una máquina para destrozar lo poco que queda de dignidad democrática: interrumpen la sesión plenaria, suspenden parcialmente el pleno, salvo para votar un decreto que le da todo el poder a Sánchez en RTVE. ¡Sinvergüenzas!
Hay que ser basura para que en medio de la tragedia provocada por la DANA y, cómo no decirlo, por la demolición de seis presas del río Turia en los últimos seis años, se votara una norma para que el sanchismo siga haciendo de RTVE un cortijo para seguir miserabilizando intelectual y moralmente a los españoles. He ahí el mayor ejemplo de vileza humana en la grieta del Congreso de los Diputados. El sanchismo es una maquinaria represiva implacable. No para jamás. Ni siquiera en situaciones de catástrofe nacional se detiene. Más de setenta muertos y muchas personas desaparecidas no son suficientes para que la jefa del sanchismo en el Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol, haga de su conducta un modelo universal de vileza política. Los peones del sanchismo jamás defraudan. La presidenta del Congreso de los Diputados ha vuelto a demostrar con exagerada solvencia que es capaz de cualquier vileza.
Constitución, inane
Enrique Sánchez de León. ABC. 31 Octubre 2024
A los ya clásicos problemas suscitados por el embrollo del ínclito Título VIII de nuestra Constitución (CE-78), se le ha añadido otro, mucho más grave y delicado: el intento de dominio, o de influencia irresistible, por parte del poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Lo más llamativo de ello, por inédito y atrevido, es que el Gobierno, es decir, el partido dominante, pueda imponer criterios parciales y normas de acción a órganos judiciales y, sobre todo, al TC.
Parece imposible admitir, en pura lógica jurídica, que en una pretendida sociedad democrática puedan trastocarse los principios que inspiran su máximo ordenamiento, con métodos que, si bien puedan ser legales, son productos ilegítimos de una interpretación torticera del espíritu de la Constitución.
Sin embargo, la cuestión está planteada con tal magnitud que habría que reconocer que no la remediaría una intervención meramente ambulatoria, sino una cirugía a fondo, y por lo tanto complicada, de aquélla. A tal velocidad ha corrido el sanchismo, como derivación perversa del socialismo científico, que a las modificaciones constitucionales más ciertas o convenidas socialmente se les han añadido otras que solo hace pocos años no se detectaban en un horizonte cercano.
La conclusión es obvia: si por influencia sectaria o interesada de uno solo de los partidos dominantes se puede intervenir 'legalmente', mediatizar, o simplemente influir en la aplicación de nuestra Constitución, sus instituciones representativas devienen inútiles e inservibles. Si se reconoce que un partido político puede eliminar, prescindir, o interpretar en una sola dirección el 'tronco constitucional' o el 'espíritu' de la norma máxima, se ha malogrado el texto consensuado que pretendía una sociedad democrática. Sencillamente, aquélla se hace inane, y ésta imposible.
Ante esta nueva situación, nada sibilina y simulada como antes, muchos españoles, ajenos al PSOE, no se explican cómo los de su 'secta' le siguen aceptando y votando. Lo explica muy bien Jorge Volpi cuando dice que «ellos creen que es la verdad, tan verdad que si el político de su corriente miente, no importa, porque hay detrás una verdad esencial». Ya no es necesaria la moral ni norma alguna y ha aparecido «un hombre enfadado sin remisión». La catedrática de Ética Adela Cortina se escandaliza y dice al efecto: «Si la mentira no importa, peligra la democracia».
No es radicalismo si en este momento el sabio y viejo refranero español viene a decirnos: a grandes males, grandes remedios. En consecuencia, la reforma del poder judicial no necesita consejos morales, ni retoques de buena fe, ni enmiendas de estilo. Cualquier acuerdo serio y con rigor tendría que considerar que el Consejo General del Poder Judicial, y cualquier otro órgano electivo, tiene que someterse a un muy estricto sistema de incompatibilidades, para antes, durante y después de su ejercicio en él. Desde luego, habría que hacer desaparecer al TC (ese 7 a 5 predecible), sustituyendo su función de órgano político por una estricta consideración jurídica del mismo, e instituirlo como una sala especial del Tribunal Supremo. Y, además, habría que repasar los poderes del Jefe del Estado, atribuyéndole en exclusiva funciones que hoy sólo puede realizar con el visto bueno o a propuesta del jefe de Gobierno.
El momento y la metodología de la consiguiente reforma supone un arcano dependiente de impredecibles avatares políticos. Sólo se haría posible por un previo pacto de Estado entre las dos grandes representaciones de las machadianas dos Españas. Hoy parece imposible. Y los políticos 'prudentes' y los expertos 'inhibidos' eluden o aplazan la cuestión, aconsejando dejar las cosas como están. Inane. Una propuesta lógica supone reconstruir una mentalidad reformista, que se sienta sumida en un proyecto prospectivo, gradual, que pueda implantarse sin trauma transcendente, en una sociedad más aquietada que la actual, y que no renuncie a vivir sin democracia. Habría que ponerse a ello, por quien le corresponda.
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