Recortes de Prensa Lunes 11 Noviembre 2024
Rusia bate su récord de bajas: 1.500 cada día
Moscú acelera sus avances en el área de Pokrovsk sin reparar en muertos como parte de su última gran ofensiva antes de que Trump tome posesión.
Alberto Rojas. el mundo. 11 Noviembre 2024
Lejos de bajar de intensidad, la invasión de Ucrania vive estos días sus momentos más sangrientos. Rusia se ha empeñado en pisar el acelerador y avanzar metro a metro por las zonas más defendidas del frente, plagadas de líneas de trincheras, drones espía, campos minados y sólidas fortificaciones. El resultado es que las tropas de la Z, sin estrategia más allá del rodillo de carne de cañón que lanza a diario contra el frente de Ucrania, han batido todos los récords anteriores de bajas (muertos, heridos y desaparecidos).
Según las cifras que ofrece la inteligencia británica y el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), el ratio de bajas rusas ha pasado de 1.000 al día, que alcanzaron durante el pasado febrero durante la toma de Avdivka, a 1.500 bajas actuales en su intento por tomar el área de Pokrovsk. «Las fuerzas rusas pueden obtener ganancias operacionalmente significativas si las fuerzas ucranianas no detienen las operaciones ofensivas rusas en curso, pero el ejército ruso no puede sostener tales tasas de pérdidas indefinidamente, especialmente no con ganancias tan limitadas», dicen los expertos del think tank.
Rusia ha perdido ya el equivalente a cinco divisiones de infantería (de unos 14.000 militares cada una) en un esfuerzo que les ha llevado unos 35 kilómetros al norte y que amenaza las ruinas de Pokrovsk por el oeste y las de Toresk por el este. «Es probable que las fuerzas rusas hayan acumulado una gran cantidad de equipamiento en áreas prioritarias del frente, pero la disminución de las existencias de tanques y vehículos blindados de la era soviética y las tasas actuales de producción de vehículos blindados (muy inferiores) harán que las pérdidas sean insostenibles en el largo plazo», dice el ISW.
Bombas guiadas
El uso de bombas aéreas guiadas por ambos bandos, posiblemente el artefacto más destructivo del campo de batalla actual, es una de las razones de ese recuento tan alto de bajas, aunque en el caso de Rusia, se multiplican porque el atacante suele acumular más muertos que el defensor. En la zona de Pokrovsk ese ratio, según uno de los comandantes de las fuerzas que defienden la ciudad, «es de 10 soldados rusos por un ucraniano», según reveló a este reportero el pasado mes de septiembre. Las fuerzas de Ucrania han pasado a usar drones para mantener los ataques y así preservar la vida de sus soldados.
Las fuerzas armadas de Ucrania manejan cifras parecidas a la inteligencia británica y Lloyd Austin, secretario de Defensa de EEUU, que cifra las bajas aproximadas en 36.000 al mes. Hace meses, Vladimir Putin conseguía reclutar a 30.000 voluntarios rusos a costa de pagar grandes cantidades de dinero. Pero desde hace meses, aunque ha duplicado la recompensa económica por firmar el contrato para ir a luchar a Ucrania, ya no consigue tanta mano de obra.
Por culpa del ratio actual de bajas, muy pronto se verá obligado a poner en marcha una segunda gran movilización obligatoria si Donald Trump no consigue frenar la guerra. Y ese un paso tabú para el Kremlin, que no desea sufrir el desgaste político de esa decisión y pedirá a Kim Jong-un que envíe miles de norcoreanos para evitarlo.
El hijo de Donald Trump, Donald junior, ha movido este domingo un mensaje en la red social Instagram de la republicana Sarah Palin en el que se mofa del presidente de Ucrania con el siguiente mensaje: "Te quedan 38 días para perder tu asignación", refiriéndose a la ayuda militar que recibe de Washington. Las simpatías por Putin de la familia Trump ni son un misterio ni son nuevas, pero este tipo de mensajes revelan hasta qué punto la nueva administración se siente alejada del esfuerzo de la anterior por armar a Ucrania para evitar su caída ante los invasores rusos.
El Kremlin aseguró que el presidente electo de EEUU ha dado «señales positivas» en cuanto a la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. «Las señales son positivas. Trump, durante su campaña electoral, dijo que ve todo esto [el conflicto de Ucrania] a través de acuerdos. Y que puede lograr un acuerdo que lleve a la paz», afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con medios estatales.
Mientras, los ataques de larga distancia, casi siempre con drones de origen iraníes, se han multiplicado en Ucrania. Rusia los lanza cada noche contra las principales ciudades con cadencia mortal. Kiev ha desarrollado también sus propios modelos y ha enviado a Rusia el mensaje de que ese juego pueden jugarlo los dos. Ayer un enjambre de estos aviones no tripulados surcó los cielos de Moscú y otras regiones rusas para atacar varios objetivos.
Biden entregará a Ucrania el resto de la ayuda comprometida antes de que Trump asuma el poder
El presidente saliente pedirá al Congreso y a la administración Trump que mantengan el apoyo a Ucrania pese a la oposición mostrada hasta ahora por su sucesor
Efe. Washington. el mundo. 11 Noviembre 2024
El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, entregará a Ucrania los cerca de 6.000 millones restantes de ayuda militar antes de que el próximo 20 de enero asuma el poder el nuevo mandatario, Donald Trump, quien ha sido muy crítico con la ayuda a Kiev, confirmó este domingo la Casa Blanca.
Biden garantizó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su última reunión en Washington en septiembre pasado que le entregaría toda la ayuda aprobada por el Congreso antes de finalizar su mandato, explicó el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una entrevista con la cadena CBS.
"Para el 20 de enero habremos enviado a Ucrania la cantidad total de recursos y ayuda que el Congreso nos autorizó", dijo Sullivan, el más importante asesor en política exterior de Biden.
Según Sullivan, Biden también pedirá durante los próximos 70 días tanto al nuevo Congreso como a la próxima Administración de Trump que mantengan el apoyo a Kiev dado que "alejarse de Ucrania significaría más inestabilidad en Europa".
El consejero de Seguridad Nacional defendió que, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la política del Gobierno de Biden ha sido entregar armamento a Ucrania para que esté en "una posición más fuerte" tanto en el campo de batalla como en una posible mesa de negociaciones. "Corresponde a Ucrania decidir sobre, por su propia soberanía e integridad territorial, cuándo y cómo sentarse a negociar (con Rusia)", afirmó.
Bajo el lema "Estados Unidos primero", Trump, que ya gobernó el país entre 2017 y 2021, promete un cambio hacia una política exterior más aislacionista.
El republicano ha sido muy crítico con el envío de armamento a Ucrania, ha alabado al presidente ruso, Vladímir Putin, y sostiene que es capaz de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en 24 horas, aunque no ha aclarado si estaría dispuesto a ceder territorio ucraniano a Rusia.
El Congreso estadounidense logró aprobar en abril pasado una partida de 61.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania tras varios meses de bloqueo republicano ordenado por el propio Trump.
Rusia sufre en octubre el mayor número de bajas en Ucrania, según jefe del ejército británico
AFP. ABC. 11 Noviembre 2024
Las tropas rusas sufrieron en octubre su peor mes en cuanto a bajas desde que comenzó la guerra de Ucrania hace casi tres años, afirmó este domingo el jefe de las fuerzas armadas británicas.
Según dijo a la BBC el jefe del Estado Mayor de Defensa de Reino Unido, Tony Radakin, un promedio de alrededor de 1.500 soldados rusos murieron o resultaron heridos por día en octubre.
Rusia no revela las cifras de muertos en la guerra, pero Radakin dijo que el número del mes pasado fue el mayor desde que ese país inició la invasión de su vecino en febrero de 2022. «Rusia está cerca de las 700.000 personas muertas o heridas (en la guerra de Ucrania). Es el enorme dolor y sufrimiento que esa nación está teniendo que soportar debido a la ambición de (el presidente Vladimir) Putin», añadió.
El presidente electo de Estados Unidos baraja varias propuestas para tratar de poner fin al conflicto que rompen con el enfoque de la Administración Biden
El jefe de las fuerzas armadas reconoció que Rusia estaba obteniendo ganancias territoriales, pero dijo que las bajas llegaban «a cambio de pequeñas conquistas».
Radakin señaló que el gobierno ruso está empleando más del 40 por ciento del gasto público en defensa y seguridad, lo que se traduce en una «enorme presión» para el país.
El apoyo británico a Ucrania
Reino Unido ha sido uno de los mayores aliados de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, con miles de millones de dólares en ayuda militar.
El primer ministro laborista británico, Keir Starmer, ha reiterado el apoyo «férreo» de Reino Unido a Ucrania, después de que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos generara preocupaciones sobre el compromiso futuro de los países occidentales de respaldar el esfuerzo bélico del gobierno de Volodimir Zelenski.
Radakin reiteró que Reino Unido apoyará a Ucrania «mientras sea necesario». «Ese es el mensaje que el presidente Putin tiene que asimilar, y para tranquilidad del presidente Zelenski», dijo.
Nadie manipula como el PSOE
Luis Ventoso. el debate. 11 Noviembre 2024
Sánchez, que por ley tenía que haber tomado las riendas frente a la catástrofe, puede salir indemne una vez más mientras la derecha pica con el cebo de Mazón
Reconozcámoslo: no existe en España máquina de manipular más eficaz y potente que el PSOE. Hablamos del partido que en 1934 promovió una revolución contra la II República y que ahora la mitifica. Hablamos del partido que eligió como lema «cien años de honradez» y que ha robado hasta del papel del BOE, del dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, de los fondos de los parados andaluces, del material sanitario de una mortífera pandemia... El partido que rubricó el saqueo de fondos públicos más voluminoso de nuestra historia, los ERE, y que se ha permitido además el lujo de indultarlos de facto desde un Tribunal Constitucional dominado por sus peones.
El PSOE, que se apellida 'Español' y que apoyó con armas en las calles de Barcelona la proclama independentista de Companys. El partido que asaltó el poder en 2018 encamándose con quienes habían dado un golpe de Estado separatista solo un año antes. El partido felón con España que ha indultado y amnistiado aquellos delitos solo porque su ególatra y débil líder se quedó corto de votos.
El PSOE, cuyo actual jefe tomó el poder en 2018 con solo 85 escaños invocando la regeneración democrática, pero que hoy tiene imputados a su hermano, su mujer, el hombre fuerte con el que trepó de ganchete hasta la Moncloa y su fiscal general.
Nadie manipula como el PSOE, nadie. Hoy este periódico publica un informe jurídico elaborado por Julio y Antonio Naranjo que establece sin lugar a dudas que Sánchez estaba obligado por ley a tomar el timón frente a la catástrofe de la DANA. No lo hizo. Despreció el dolor de las víctimas con su displicente «si quieren ayuda, que la pidan». Y además lanzó a su aparato y a sus medios a la cacería del presidente valenciano, mientras él se lavaba las manos. El PSOE, cuya vicepresidenta competente en materia hidrográfica estaba escaqueada en Bruselas, porque le interesaba más forrarse con su sueldazo como comisaria que el dolor de valencianos y manchegos (su secretario de Estado se encontraba de gira por Colombia y la directora de Protección Civil, en Brasil, porque en el sanchismo nos encanta el turismo a cargo del dinero de todos).
Dejemos de hacer el panoli. Dejemos de mirar al dedo (Mazón) en lugar de a la Luna (el execrable comportamiento del presidente del Gobierno).
La derecha mediática y política, que salvo Vox arrastra un inexplicable complejo de inferioridad frente a la izquierda, se apresta a hacerse el harakiri con Mazón porque llegó dos horas tarde a una reunión. ¿Se habría organizado una manifestación como la del sábado en Valencia si ese error hubiese sido de un gobierno autonómico de socialistas y nacionalistas? Por supuesto que no. Nadie manipula y mueve la calle y las redes como la izquierda.
¿Qué se estaría diciendo si el que se ha puesto de canto fuese un presidente de derechas? ¿Qué se diría si ese gobernante de derechas hubiese huido como un conejo ante una protesta vecinal dejando tirados a los Reyes? Toda España estaría reclamando la dimisión inmediata de ese mandatario (incluidos muchos medios y políticos supuestamente de derechas). Pero aquí el irresponsable, negligente y cobarde ha sido un socialista, Sánchez. ¿Qué ocurre entonces? Nada. Toda la culpa es de Mazón y su comida. No hay más tema.
Dejemos de hacer el canelo y de comprar las consignas de la izquierda. Espabile también el líder de la oposición, y en lugar de transitar medio escondido y como un alma en pena, cuente a los españoles la verdad, que Sánchez estaba obligado por ley a ponerse al frente de una catástrofe brutal, que afectaba a cinco comunidades, y que se inhibió primero y después huyó cobardemente ante un envite de los que muestran de qué pasta está hecho un gobernante.
Hay que dar la batalla contra la doble moral de la izquierda, que convierte sus cagadas en notas a pie de página y las de los demás en escándalos mayúsculos que incluso hacen caer gobiernos. Hay que dejar de enredarse una y otra vez en los guiones que escribe la factoría de propaganda de la izquierda y el separatismo. Hay que recuperar la verdad, la importancia de la letra de la ley y el valor de los hechos. Hay que combatir con todas nuestras fuerzas a una izquierda orwelliana que ha decidido que la realidad no existe si contraviene sus intereses. En resumen: hay que dejar de hacer el pánfilo ante el PSOE.
La derecha y el pp.
Nota del Editor. 11 Noviembre 2024
El pp es como un agujero negro, lo que pulula a su alrededor desaparece, de su interior no sale nada.
Así que confiar que el pp haga algo positivo para España, en España y/o en Europa es lo mismo que acercarse al agujero negro a ver como desaparece (España).
Imputación de libro y descabello a las autonomías
Jorge Buxadé. gaceta. 11 Noviembre 2024
Bajo la rúbrica «Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil», el Título II de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil regula los estadios temporales del sistema: i) anticipación; ii) prevención de riesgos; iii) planificación; iv) respuesta inmediata a las emergencias; v) recuperación.
Se trata de anticipar y prever los riesgos en un territorio a la vista de las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad del mismo, las infraestructuras o la población, con la finalidad de adoptar una respuesta pronta y adecuada, que obliga en cada caso a dotar de medios apropiados que se ajusten a las necesidades de cada emergencia.
Los sujetos competentes deben planificar y prever para anticiparse en todo momento a las situaciones de emergencia, a fin de poder «informar, avisar y alertar a la población, adoptar medidas precautorias y ordenar la disposición de los medios materiales y personales adecuados para minimizar el daño». Pero el Estado de las Autonomías es la casa de «Tócame Roque», una babel de competencias, egos e intereses partidistas. Es un caos permanente, pero en la vida ordinaria los ciudadanos se han acostumbrado a sufrir ese caos. El problema es cuando llegan las emergencias. Pasó con el virus de Wuhan, está pasando con la inmigración ilegal, y ahora las inundaciones.
La Ley delimita con claridad cuáles son las emergencias de interés nacional: 1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; 2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico; y 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
El propio Sánchez reconoce en el Real Decreto-Ley 6/2024 de 5 de noviembre que el 27 de octubre la misma Agencia Estatal de Meteorología lanzó un aviso y es un hecho notorio que en día 28 de octubre ya se veían afectadas varias provincias por las fuertes lluvias y que los días 29 y 30 de octubre (los más brutales en términos de vidas humanas y materiales), estaban gravemente afectadas ya Andalucía (285 municipios); Castilla La Mancha (Albacete y Cuenca) y Valencia; con unas precipitaciones intensísimas que anunciaban graves inundaciones por desbordamiento de cauces, y amenazaban, como ha sucedido, con un número brutal e inasumible de fallecidos, desaparecidos, personas atrapadas en sus viviendas y vehículos, conductores inmovilizados en las autovías, cortes en la red de ferrocarril, interrupción de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, suministro eléctrico y telefonía, con los riesgos inherentes a una emergencia de ese calibre para la seguridad ciudadana.
Como ha recordado ayer Ricardo Chamorro, diputado nacional de VOX por Ciudad Real, en Letur (Albacete) han muerto también ya 7 personas por las riadas.
Desde el primer momento, durante el día 29 de octubre, el Gobierno de España debió proceder a declarar la emergencia de interés nacional de acuerdo con el art. 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, poniendo todos los recursos de la Nación, humanos y materiales, al servicio de las operaciones de respuesta inmediata a la emergencia; activando de igual modo la denominada situación 3 del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y tomando el control de la situación.
Primero, porque la emergencia se sabía que iba a afectar a varias Comunidades Autónomas, porque era necesaria la coordinación de diversas Administraciones, porque se exigía una aportación de recursos a nivel nacional e incluso internacional y, por supuesto, porque por sus dimensiones efectivas y previsibles la tragedia iba a requerir una dirección de carácter nacional.
Declarar la emergencia de interés nacional, y activar el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil y el de Riesgo de Inundaciones hubiera salvado vidas, no era una opción, era un deber de diligencia inexcusable y conscientemente no lo hicieron, perjudicando gravemente la capacidad de respuesta inmediata a la emergencia, y dejando desamparada a la población civil.
Si lo hubieran hecho, la Unidad Militar de Emergencias hubiera asumido desde el primer momento la dirección operativa bajo la dirección del Ministro del Interior y del Presidente del Gobierno.
Tampoco era una opción, la activación inmediata, urgente y completa de las Fuerzas Armadas por parte de la Ministra de Defensa, que ha mantenido unidades militares preparadas, a pocos kilómetros del lugar de los hechos, desactivadas durante días.
Supone una gravísima negligencia, y consciente, y una dejación de funciones, que perjudicó la eficacia y rapidez del despliegue de todas las capacidades logísticas, militares y civiles, bajo una dirección nacional, con los resultados tan dramáticos que hemos visto: muertes, lesiones, destrozos en infraestructuras, lentitud en las tareas de recuperación de cadáveres, asistencia a la población civil; comida, agua, ropa, material imprescindible; así como prevenir y combatir los saqueos y graves problemas de seguridad, orden y salud pública.
Defender España; la vida, la hacienda y la libertad de los españoles, no es una opción; salvo para esos políticos sin escrúpulos que se esconden en una cicatera y cobarde interpretación de las competencias Estado-Comunidades Autónomas. Es un nuevo fracaso del Estado autonómico, ya fallido.
Hoy (por ayer) Feijóo ha dicho que el estado autonómico ha funcionado. No se puede caer más bajo y ser menos sensible a la realidad que se ha vivido en gran parte de España. No se puede vivir más fuera de la realidad.
Las élites del bipartidismo se protegen en un abrazo insostenible mientras miles de voluntarios, españoles de a pie, la mayoría jóvenes, organizados en asociaciones, colegios, o simplemente grupos de amigos, están en la calle ayudando en uno de los mayores actos de solidaridad nacional.
El Estado de las autonomías es un cadáver político, felizmente. Sólo falta ver cómo se desploma. Cuestión de tiempo; aunque sus defensores son, ahora, como un animal herido. No cedamos y demos el descabello final. Cuanto antes nos deshagamos de él, antes la Nación volverá tener un Estado a su servicio.
Detenido el peligroso comando cepillo
Toni Cantó. gaceta. 11 Noviembre 2024
La guardia civil detuvo al peligroso comando cepillo, que se lio a escobazos con el coche de Sánchez. Acusados de cometer un atentado y de desórdenes públicos, ya pasaron a disposición judicial. Si fueran indepes se irían de rositas, pero son fascistas valencianos. Disculpen la redundancia, estamos en tierra de ultraderechistas. Manda el PP; y VOX llegó a estar en el gobierno, imagínense.
Se ha hablado mucho sobre el comando cepillo estos días. Los medios y tertulianos progres los hacían forasteros y nazis. Se confirma lo de forasteros: uno es de Albal, a cinco kilómetros de Paiporta, donde se intentó el magnicidio. Otro, de Godelleta. ¡A cuarenta kilómetros! Un mundo. No consta que pertenezcan a ningún grupo ultra. Pero, como he dicho, son valencianos y, además, no le hicieron la ola a su sanchidad. Imperdonable.
El caso es que la Guardia Civil, que no fue capaz de localizar a Puigdemont cuando se plantó en el centro de Barcelona, ha tardado la mitad de tiempo en detenerlos que en plantarse en la zona cero tras la riada. Grande, Marlaska. Lo logró una unidad antiterrorista venida a propósito de Madrid en helicóptero. Es uno de los tres equipos de élite del cuerpo especializado en sectas, grupos antisistema, movimientos racistas, xenófobos y, al parecer, ataques con escoba y paraguas. Como dijo Sánchez, estaban perfectamente organizados: llevaban botas, guantes, utensilios de limpieza, el almuerzo y se habían desplazado a Paiporta para echar un cable.
Marlaska dice que golpearon a Sánchez, pero no se han encontrado pruebas. Un bulo más que sumar al de la navajita o el del culo: el palazo a su sanchidad. No sé si habrán localizado a las señoras que golpearon al coche presidencial con su paraguas. Me extraña que se hayan ido todas de rositas. Quizá se aplique aquí algún sesgo de género, yo ya no sé. Este gobierno dejó escapar a mujeres que secuestraban a sus hijos y ponían denuncias falsas a los maridos, así que todo es posible.
El caso es que me llama la atención que, en medio de toda la inmensa cagada del sistema, las primeras detenciones sean estas: unos paisanos que arrimaban el hombro. Es curiosa la energía que pone Sánchez en perseguir al comando cepillo. Quizá piense que un atentado pueda borrar su actuación y auparle en las encuestas. Pero este tiene otra épica bien distinta. A Trump le pegan un tiro y a Sánchez le dan un escobazo. Quisiera pedir disculpas.
Además de agradecer el papel de todos los voluntarios y resaltar públicamente el esfuerzo que están haciendo las organizaciones de derechas, pregunté dónde coño estaban las juventudes podemitas. Fui injusto. He visto que las de Más Madrid, una semana después del desastre, han conseguido enviar un par de furgonetas. No es mucho comparado con los cientos de tráileres que entregaron los fachas. Pero algo es algo.
Recogen el material en su sede, por si alguien está interesado. A partir de las doce de la mañana, eso sí. Si son ustedes de madrugar, lleven sus donaciones a otra parte. Lady Paro todavía no se ha pasado por aquí. Me extraña, porque la vimos hace tiempo recogiendo un pellet en playas gallegas. Pero claro, estaba en campaña.
A Teresa Ribera, una de las máximas responsables del desastre, tampoco la hemos visto. Lo de Margarita Robles es increíble: ha conseguido que una de las instituciones más queridas por los españoles, el ejército, esté quedando como Cagancho en Almagro. Pero ante la catástrofe, eso sí, hay detalles que le reconcilian a uno con el ser humano: los sindicatos anuncian un paro de diez minutos. Impresionante. Yo me había asustado. Creí que iban a coger una pala, una escoba, y temí que se herniaran.
más de 200 personas
La mayoría de los arrestados por los saqueos en las zonas afectadas de Valencia son de origen magrebí y cuentan con antecedentes penales
Carlos Rioba. gaceta. 11 Noviembre 2024
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a más de 200 personas por saqueos en las zonas afectadas por el temporal en Valencia. Hasta el miércoles, los jueces de tres de los partidos judiciales más afectados (Torrent, Catarroja y Alzira) habían recibido sólo a 62 arrestados por cometer delitos en ese contexto de saqueos indiscriminados.
Según fuentes policiales, el perfil que predomina entre los ladrones que han aprovechado la catástrofe y el descontrol eran hombres, de 25 a 45 años, de origen magrebí en su mayoría y con antecedentes penales. Según han explicado agentes de Seguridad Ciudadana, «algunos tienen hasta una treintena de detenciones porque son profesionales de esto».
En el caso de Torrent, los individuos arrestados que han ingresado en la prisión provincial, tras la orden emitida por el juez, estaban involucrados en robos en diferentes centros comerciales, centrándose en artículos de lujo para su posterior venta. Además, uno de los detenidos fue capturado por sustraer combustible de un camión. De esta manera, el magistrado de Torrent de guardia, Fernando Simó, ha imputado a 15 personas por delitos de robo con fuerza en comercios abiertos al público, considerando que aprovecharon el caos generado por la catástrofe para actuar sin ser detectados.
Además, el perfil policial de los detenidos revela que la mayoría de estos saqueos fueron cometidos por delincuentes habituales, destacando notablemente la presencia de ciudadanos argelinos con antecedentes. Por otro lado, se identificó a otro grupo de detenidos compuesto por personas de origen rumano, quienes, bajo la apariencia de recogedores de chatarra, también participaron en los saqueos, ya sea entrando en establecimientos para robar o desmantelando vehículos abandonados en las calles.
La estatua de Franco en Melilla le recuerda como comandante en auxilio de la ciudad y se levantó en plena democracia
Andrés Bartolomé. la razon. 11 Noviembre 2024
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) insiste en la defensa de la estatua de Franco en Melilla que fue retirada el 23 de febrero de 2021 y cuya reposición es reclamada –en sendos recursos ante los tribunales– por la propia FNFF y la Plataforma Patriótica Millán Astray.
«¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!»
En sus alegaciones, la Fundación Franco responde a la pregunta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla acerca de «si el reconocimiento/homenaje o similar, tanto el establecerlo, como el dejar de hacerlo, en el presente caso con la retirada de una estatua ubicada en la vía pública, de una persona con relevancia histórica es una actuación administrativa que cuenta con un muy amplio margen de discrecionalidad jurídica y si incluso podría considerarse acto de naturaleza política no sometido al control del derecho administrativo».
Considera la Fundación Franco que «la actuación administrativa recurrida encuentra su motivación jurídica» en la conocida como Ley de Memoria Histórica (LMH), que data de 2007, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura y por imperativo, según arguyó la administración recurrida, de la propia LMH. Por tanto, no es un acto discrecional». Asimismo, «que no es un acto de naturaleza política inmune al control jurisdiccional».
Según el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Asamblea de Melilla aprobó la retirada «en un aplicación errónea que obviaba no sólo la literalidad de la Ley sino también su espíritu». Argumenta la Fundación Franco que «se ha procedido de manera perversa, caprichosa e irracional a obviar la Ley y así, interpretar y aplicar torticeramente un precepto que, en ningún caso, ampara tal acto». Porque «de un simple análisis del artículo 15 de la Ley de Memoria», afirma, «se observa que no ampara, en absoluto, la retirada de estatuas erigidas en 1978 en recuerdo de una gesta acaecida en 1921, fuera de los supuestos a que se refiere la citada ley, y menos que se utilice indebidamente los principios y finalidades a los que responde la misma, que, como norma jurídica emanada del órgano que representa al pueblo español debe ser cumplida por todos, salvo que deviniera en inconstitucional».
«Conviene dejar claro que no es un acto discrecional o político no susceptible de control judicial», continúa el texto, «sino de una incorrecta aplicación de la Ley». Y ello porque «ni el artículo 1 de la LMH que literalmente establece el vector temporal objeto de aplicación, ni el artículo 15.1 de la misma norma, y en el que se fundó el acuerdo de la Asamblea –sin que a nadie le quepa duda de que este segmento temporal empieza el 18 de julio de 1936 y finaliza el 20 de noviembre de 1975 (fallecimiento de Franco)–, contemplan la posibilidad de retirar la estatua del comandante Franco por encontrarse claramente fuera de su ámbito de aplicación», lo que supone «una vulneración de la Ley».
Pero añade la FNFF que «además de no encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la LMH, la maliciosa actuación de la Asamblea de Melilla obvia otro hecho fundamental, y es que la estatua se erige a propuesta de un regidor de un partido democrático (UCD) en 1978, tres años después de fallecido Franco y ya bajo los auspicios de un régimen de democracia».
Insiste la entidad en que la estatua «no se erige en exaltación personal de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, ni en homenaje al Jefe del Estado desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975, sino a un militar con empleo de comandante de Infantería, –que luego llegaría a ostentar aquella jefatura que nada tiene que ver con el objeto y motivo de la construcción de esta estatua– y que se erige en recuerdo y memoria de un hecho histórico, militar, heroico y legendario que supuso la salvación de la ciudad de Melilla y de los melillenses al evitar ser atacada e invadida por fuerzas enemigas durante la guerra de África en 1921, mucho antes del 18 de julio de 1936 y, a mayor abundamiento, ya fallecido Franco y tras las primeras elecciones democráticas».
Advierte la Fundación Franco de que la retirada «respondió a un procedimiento del todo ilegal»,en tanto que «se incumple el requisito exigido por el propio órgano que lo reclama porque en ningún momento consta ni aparece la remisión del expediente a la Consejería de Medio Ambiente, no consta el proyecto de obras, ni el expediente de contratación ni tan siquiera el segundo dictamen ordenado de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico». Pero «no extraña» que «no consten, seguramente por no existir», teniendo en cuenta que el acuerdo de la Asamblea de Melilla que ordena la retirada de la estatua es del 22 de febrero de 2021 y se efectuó al día siguiente, «con una urgencia harto sospechosa e incomprensible, no dando tiempo a realizarlos al órgano administrativo responsable de su cumplimiento». Considera la FNFF por ello que «es del todo necesaria la fiscalización del ilegal proceder de la Asamblea».
Recuerda la entidad también que aunque «la escultura no está, en sí, declarada individualmente Bien de Interés Cultural como monumento», se «ubica en el Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural mediante Real Decreto 2751/1986, de 5 de diciembre, por lo que goza de la misma protección que cualquier otro inmueble ubicado en el citado Conjunto Histórico».
En este sentido, apela al artículo 18 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, donde consta que «un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social».
Según el texto de las alegaciones, «es patente que no existe fuerza mayor, porque la fuerza mayor no solo exige que obedezca a un acontecimiento imprevisible e inevitable, sino que ha de tener su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente», y «por ello, dice el Tribunal Supremo, ha de examinarse si estamos o no ante una situación extraordinaria, inevitable e imprevisible. O si nos hallamos en presencia de una situación previsible con la suficiente antelación. Lo que hubiera permitido adoptar medidas que evitasen los daños causados».
Considera además que «mucho menos [hay] interés social porque la ciudadanía de Melilla nunca ha demostrado rechazo a esta estatua, ni ha demandado su demolición ni su retirada ni animadversión hacia esta, sino al contrario, por tenerla por lugar de interés turístico y de visita como pueden serlo el monumento a las Cuatro Culturas, el Foso de Hornabeque, el Monumento a Enrique Nieto, el Monumento a la Legión (cuya fundación, por cierto, fue idea del coronel Millán-Astray, en unión del Teniente coronel Valenzuela y del comandante Franco) el dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente u otros monumentos».
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Sánchez, responsable del horror de la DANA
editorial. el debate. 11 Noviembre 2024
El Debate demuestra documentalmente la escandalosa omisión de sus deberes en una tragedia que pudo paliarse y debió atenderse con solo él al frente
El presidente del Gobierno es el primer y máximo responsable de la gestión de una catástrofe de la dimensión de la sufrida por la Comunidad Valenciana y, en menor medida, por otras cuatro regiones. Lo es antes de que se produzca, para adoptar medidas preventivas, y lo es a continuación, para auxiliar a los afectados y atender los estragos.
No es una interpretación, como tantas otras que señalan al presidente del Gobierno o al de la Generalitat valenciana en función de meros posicionamientos políticos, sino un hecho inapelable derivado del preciso ordenamiento jurídico nacional, pisoteado por unos, ignorado por otros y enmarañado por algunos más para borrar la huella de las infinitas negligencias cometidas en este drama.
El Debate publica hoy, con documentación oficial del propio Gobierno, las pruebas de que Pedro Sánchez siempre ha estado y estará al frente de emergencias como esta, previstas e incluidas por él mismo en su hoja de ruta para preservar la Seguridad Nacional, que a su vez se asienta en una Ley sin interpretaciones alternativas, que también fija el papel, secundario aunque relevante, de otras administraciones como la encabezada por Carlos Mazón.
El presidente del Gobierno tiene el mando, no puede renunciar a él ni delegarlo y no existen leyes, reglamentos ni protocolos de superior rango a esa obligación legal, sustentada además en el más elemental sentido común: a una emergencia nacional le corresponde una respuesta nacional, con todos los recursos del Estado necesarios para atenderla que, obviamente, solo puede movilizar la máxima autoridad ejecutiva de un país.
No era necesario, como sostienen unos u otros, que el presidente valenciano elevara la alerta para activar al Estado. Ni tampoco que el presidente impulsara un Estado de Alerta o de Emergencia, como hizo con la pandemia en toda España o en exclusiva para la Comunidad de Madrid, en este caso con intenciones políticas contra Ayuso que, visto todo con perspectiva, demuestran su capacidad para suplantar supuestas competencias autonómicas que ahora consideraba falazmente intocables.
El despliegue preventivo y a continuación el socorro de las víctimas y de las zonas afectadas solo hubiera necesitado de un decreto presidencial que debió aprobarse y se ignoró, en un flagrante caso de omisión con resultados horribles, ahora tapado con la enésima campaña de la izquierda para convertir una tragedia, de la que en este caso es además responsable, en una oportunidad política contra sus rivales.
Sánchez debió anticiparse a los estragos poniendo en marcha, con la ingente información recibida, una respuesta activa que minimizara los daños, con medidas tan sencillas como instar a los ciudadanos a quedarse en sus casas, cerrar el tráfico por carretera o incluso evacuar los pueblos potencialmente más afectados.
Tuvo suficientes alertas de que algo grave iba a pasar, tenía a su alcance remedios paliativos y disponía de la herramienta jurídica para hacerlo todo con la urgencia requerida. Y, desde luego, disponía de la autoridad legal para, a renglón seguido, acudir al rescate de los afectados con todos los recursos del Estado y el apoyo, en el papel que él decidiera, del resto de administraciones.
Que el Gobierno no activara sus facultades para atender una emergencia de «interés nacional», perfectamente descrita en el ordenamiento jurídico español, es la prueba de su negligencia dolosa, y no un argumento para señalar a la Generalitat valenciana: es intolerable que la falta de reacción a la que estaba obligado se transforme en una exoneración por el burdo procedimiento de ubicar en el espacio autonómico lo que siempre estuvo en el ámbito nacional: Sánchez no tenía derecho a mirar para otro lado. Y, sin embargo, lo hizo.
Puede y debe discutirse sobre la eficacia de Carlos Mazón y de su Gobierno, superado por las circunstancias, lastrado por sus errores y presa, además, de una campaña feroz de sus detractores políticos y de los altavoces mediáticos al servicio habitual de Sánchez.
Pero su eventual incompetencia es opinable y en todo caso secundaria al lado de la desaparición de un Gobierno que, simplemente, era, es y será responsable de todo y no podía ausentarse.
Las responsabilidades morales y operativas de Mazón, mal atendidas, merecen sin duda una reprobación cuya dimensión exacta decidirán los valencianos en las urnas en el momento oportuno. Pero las legales de Sánchez, y de su Gobierno, son concretas, irrebatibles e irrenunciables.
Él abandonó a su suerte a miles de ciudadanos en cinco regiones, ignoró la Ley que le obligaba a actuar antes y después, renunció arteramente a un mando que tenía, omitió la figura institucional que diseñaba la forma de proceder ante la tragedia y coordinaba al Estado en todos sus niveles e incumplió una Ley inequívoca por encima de la cual no existe nada de rango superior que la pueda marginar.
Y, además de ese cúmulo de insensateces, lanzó una burda, pero exitosa campaña, en la línea manipuladora del Prestige, el 11-M o el accidente del Alvia; para esconder su extrema negligencia y acusar a un rival, cuya torpeza y desconocimiento de sus verdaderas atribuciones y de las del presidente, le ha hecho parecer culpable, cuando solo él mismo lo es.
Las víctimas se merecen la verdad. Y el conjunto de los españoles también, sin cálculos políticos inaceptables, en favor de unos u otros, cuando el escenario es de devastación, tantas vidas se han perdido o han quedado dañadas y solo la decencia ha de modular la acción política, la respuesta institucional y las opiniones públicas. Sánchez es culpable, y por el honor de los afectados y la prevención futura, hay que decirlo, sostenerlo y ponerle el precio que su infinita desidia reclama.
España: apagada o fuera de cobertura
Iván Vélez. gaceta. 11 Noviembre 2024
Más de dos semanas después de que la DANA arrasara la periferia de la ciudad de Valencia, los principales administradores del Estado autonómico, que se han reafirmado en su credo, pugnan por lanzar sobre el adversario las culpas de una pésima gestión que ha dejado centenares de muertos y enormes daños materiales. «El Estado autonómico ha funcionado», sostuvo recientemente quien fue barón antes de candidato a la presidencia desde las filas del partido alternante.
Mientras tanto, desde la empresa radicada en Ferraz se han movido los hilos, con la habilidad característica, para que la prensa subvencionada desplace el foco de la responsabilidad a ese Mazón desde cuyo celular nos sigue llegando el familiar, «el teléfono al que llama, está apagado o fuera de cobertura». Ese, al menos, ha sido el punto de confluencia, pero también de controversia, entre el PSOE y el PP.
Está en juego el relato, es decir, el poder. Y en este juego, el PSOE es un consumado tahúr, máxime si quien lo preside es esa amoralidad que vimos semi desmayada por las calles de Valencia. La Audiencia Nacional ya busca a los autores de ese intento de magnicidio, sólo comparable al sufrido por Julio César o a Kennedy. A los puñales y el rifle, se une ahora el palo de una escoba como arma homicida.
Ajenas a la limpieza y atención a los damnificados por la catástrofe, pues de eso se ha ocupado, según el aparato de propagada gubernamental, la chavalada ultraderechista y un conjunto de empresarios sin escrúpulos que, con sus donaciones, sólo buscan publicidad, las huestes sanchistas, las de carnet y los facciosos que sostienen al Presidente del Gobierno y al tinglado que cuelga de él, han estado ocupadas en lanzar un contragolpe callejero en el que las escobas no han servido para barrer, sino para sostener pancartas contra Mazón. Entre las entidades convocantes, esa Acció Cultural, a la que Ximo Puig regó convenientemente, antes de dejar la presidencia valenciana. Favor con favor se paga.
La manifestación del sábado por la noche, con su previsible fin violento, buscaba culpar de todo al ilocalizable Mazón, que se encontraba trabajando en lo que Sánchez ya resolvió recientemente: el control de los medios de comunicación, en su caso el de RTVE. Por ello, era preciso censurar las voces que se alzaban contra un hombre, Sánchez, cuyo desempeño no es explicable, en exclusiva, por causas psicológicas. Que el madrileño es un apasionante caso de estudio, está fuera de toda duda. Que su mantenimiento en el poder es una inmejorable ocasión para los que le apoyan, también.
El Estado autonómico que está en camino de convertirse en Estado confederal, necesita cuidar a Sánchez y desplazar la culpa hacia el partido de la gestión. Sólo así se entiende que a Valencia acudieran plataformas pancatalanistas, las mismas que, en su día, llevadas por su fobia a la Nación española, bloquearon un Plan Hidrológico Nacional que Rajoy ni siquiera se atrevió a mentar.
Sólo así se entiende que amplios sectores de la sociedad española, que dicen hablar en nombre del pueblo, el mismo que el régimen del 78 quiere cuartear, envenenados por su sectarismo y por intereses espurios, se nieguen a admitir la responsabilidad del Gobierno. Caiga o no Mazón, el sanchismo, es decir, el PSOE y sus socios, comienzan a recuperarse de los únicos daños que les importan, aquellos que erosionen su estructura. La convicción de que al Gobierno central, es decir, a Sánchez, Marlaska y Ribera, correspondía asumir la coordinación ante el desastre, se diluye en las telepantallas, dependientes de los dividendos de la España multinivel.
El Gobierno gasta 350.000 euros en alardear de las bondades de la Agenda 2030 en catalán y en vasco
Rafael Molina. OkDiario. 11 Noviembre 2024
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé gastar más de 350.000 euros en alardear de las bondades de la Agenda 2030 en las lenguas cooficiales, es decir, en catalán, vasco, gallego y valenciano, además de en inglés. El Ejecutivo traducirá a esas lenguas los trabajos y los informes que produce la Dirección General de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, de Sumar.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a principios de esta semana la licitación de un contrato de la subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales. El objeto de esta contratación es la «traducción al idioma inglés y viceversa y a distintas lenguas cooficiales del estado (euskera, catalán, gallego y valenciano) de trabajos e informes de la Dirección General de Agenda 2030».
Tal y como refleja la memoria justificativa de este contrato, el Gobierno pretende contratar un «servicio de traducción» para «la difusión y el conocimiento de la implementación de la Agenda 2030». Esos textos se pasarán de la lengua originaria, es decir, el español, «al idioma inglés y resto de lenguas cooficiales del estado –euskera, catalán, gallego y valenciano-«, indica el escrito.
El Ministerio de Pablo Bustinduy tiene el objetivo de contratar un servicio para «el conocimiento por parte de la ciudadanía, de la implementación de la Agenda 2030 y de la contribución de España a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030».
La licitación persigue la «traducción de la producción documental de la Dirección General de Agenda 2030». Esta institución posee las competencias para «el diseño, elaboración y evaluación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por España de la Agenda 2030 y, en concreto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030».
Más concretamente, concierne a esa Dirección General el impulso y elaboración de los «informes sobre la implementación de las políticas palanca». También se encarga de «la difusión de los avances y retos pendientes en materia de cumplimiento de la Agenda 2030».
El trabajo, como se indica en el pliego de condiciones técnicas, se desarrollará, en principio, a lo largo de 2025. Sin embargo, el propio contrato prevé una prórroga por tres años más, es decir, hasta 2029. El gasto total, incluyendo esas posibles ampliaciones, se eleva hasta los 354.750,10 euros, según el pliego de cláusulas administrativas del contrato.
Se prevé que el coste por traducir cada palabra será de 11 céntimos cada una. Y contabilizan que tendrán que pasar al inglés 444.444 palabras, mientras que tendrán que traducir 54.166 a cada una de las lenguas cooficiales (vasco, catalán, gallego y valenciano). Por tanto, en total se presupuesta la traducción de 661.110 palabras.
Contra las fake news sobre la Agenda 2030
No es el primer gasto del Gobierno destinado a asegurar que su mensaje sobre esta materia cale entre los españoles. El Ejecutivo destinó 1,2 millones de euros a la campaña Una Agenda 2030 para toda la ciudadanía, entre cuyos objetivos estaba combatir la «desinformación» sobre estas políticas que, según sostiene el Ejecutivo, es empleada por «políticos» de la oposición. La cartera de Bustinduy adjudicó en verano un contrato para el servicio de creatividad de una campaña de publicidad incluida en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional que Presidencia elaboró para 2024.
Concretamente, se trata de un «servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de publicidad institucional dirigida a generar un consenso social positivo sobre la Agenda 2030 que permita despolitizar y contrarrestar la información y mensajes no veraces sobre la misma que existen en la actualidad entre la opinión pública española», tal y como rezaban los pliegos del expediente consultado por OKDIARIO. Para ello, se contrató, por 87.668,41 euros, impuestos incluidos, a la empresa Onda Mediaplan SL. Un segundo contrato alude a la inserción de la publicidad en televisión, radio, prensa, revistas, Internet y exteriores y se tramitará más adelante. El coste de este último servicio se elevará hasta los 1,2 millones de euros, tal y como indica el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del Ejecutivo para 2024
Entrevista a Iván Teruel, profesor de secundaria en Gerona
«Nos encontramos con una generación que no maneja el registro culto del español con cierta solvencia»
Este profesor de instituto también considera que hay un déficit importante de comprensión lectora
Yolanda Canales. Barcelona. el debate. 11 Noviembre 2024
Iván Teruel es profesor de Lengua y Literatura española en un instituto de Gerona. También pertenece a la plataforma Docentes Libres. Ha explicado a El Debate cómo ve la situación educativa en Cataluña y cómo influye la inmersión lingüística solo en catalán, hasta el punto de que hay una generación entera, dice, que no está aprendiendo el español como debiera. Y no tiene acceso al registro culto.
— Los resultados educativos en Cataluña no son buenos. Sin embargo, hay expertos que apuntan a que no hay que fijarse solo en eso, porque también hay indicadores que no son tan malos, en Cataluña en particular, pero en la educación española en general. ¿Está de acuerdo?
— Siento discrepar un poco, porque todo lo que ha ido saliendo de informes Pisa, PIL o de evaluaciones diagnósticas en primaria, al menos en Cataluña, no parecen apuntar hacia ahí. Al contrario, parece que estamos a la cola de resultados de España y de Europa.
— ¿Entonces no hay un mensaje para el optimismo? Es lo que aseguran esos expertos, que se está instalado en el derrotismo, desde el punto de vista educativo.
— Los resultados están ahí. La visión que tengo de la enseñanza tiene que ver también con la experiencia cotidiana, con la experiencia profesional, con la deriva que muchos profesores venimos denunciando durante los últimos años. Yo no sé si se trata de una visión derrotista. Nosotros creemos que es realista.
Es decir, la educación no funciona todo lo bien que debiera funcionar y creemos que tiene que ver con el modelo educativo, con determinados mensajes, con determinada concepción de la educación, con determinadas nuevas tendencias pedagógicas, que creemos que han ido en perjuicio de la educación.
Eso sin menoscabo de considerar que hay otras circunstancias, como las socioeconómicas, que también influyen en los resultados globales. No es lo mismo, no pueden ser iguales los resultados de una región donde hay mucha inmigración, muchos alumnos que provienen de otras culturas, de países con otras lenguas, que una región donde no haya ese porcentaje de inmigración. Y el modelo educativo, tiene que contemplar también esas particularidades.
— Bueno, en cualquier caso, ya lo comentabas antes, si miramos los informes Pisa o PIL, al menos Cataluña sale mal parada. De hecho, está a la cola en prácticamente todos los aspectos que se estudian, entre ellos, la comprensión lectora.
— Sí, yo que soy profesor de Lengua y Literatura es algo que he comentado con otros profesores, no solo de lengua española, sino también de lengua catalana. Parece que hay un problema generalizado con la comprensión lectora de textos relativamente sencillos, en niveles ya un poco avanzados, como un tercero o cuarto de ESO. Parece que los alumnos tienen cada vez más dificultades para entender el sentido global de un texto. Esto puede tener que ver no solo con el hecho de que no leen demasiado habitualmente, no tienen el hábito lector, sino también con el diseño, por ejemplo, de las pruebas competenciales.
— ¿Y eso?
— Porque está organizado en torno a preguntas de respuesta multi-opción. Y muchas veces lo único que piden es la localización de la información, con lo que el alumno puede acertar muchas preguntas yendo al párrafo concreto donde se consigna esa información. Pero aun acertando todas esas respuestas, no tienen una visión de conjunto del texto y no lo entienden globalmente. Por eso digo que el diseño de las pruebas también puede influir. Y después tenemos una situación particular en Cataluña del modelo lingüístico.
— ¿Cómo influye?
— Los estudios que se han ido publicando últimamente hablan de que los alumnos que son hispanohablantes, no solo los que vienen de Latinoamérica o los que vienen de otras partes de España, sino los catalanes que tienen el castellano como lengua materna, tienen una dificultad añadida a la hora de comprender textos en catalán. Y recordemos que, en las pruebas PIL y las pruebas Pisa, la comprensión lectora se hace en catalán.
— Ya se comentaba ahora. En Cataluña está el problema de la inmersión. No sé si la compartirás o no la afirmación, pero se dice que hay una generación entera de niños que no están aprendiendo castellano, o al menos no lo están aprendiendo como debieran, no del todo bien.
— La sensación es esa, al menos que no están aprendiendo en su registro culto o formal. Evidentemente, yo tengo la sensación de que, entre el alumnado, la lengua de uso entre ellos, fuera del contexto académico, fuera de la clase, es el castellano mayoritariamente. Pero sí que es cierto que nos encontramos con una generación que no maneja el registro culto con cierta solvencia. Me encuentro, cuando hacemos comprensiones lectoras en clase, con que los alumnos no conocen el significado de palabras que parecen de uso común, como por ejemplo me pasó hace unas semanas con la palabra transeúnte.
— ¿No entendían esa palabra?
— Los alumnos no sabían qué significaba la palabra transeúnte. En cambio, yo les pregunté si sabían cuál era la el significado de la palabra vianant, lo que sería el equivalente en catalán a viandante, a transeúnte en castellano. Y sí que la tenían muy clara. Por eso quiero decir que los alumnos están cada vez menos familiarizados con el registro culto.
Claro que escuchan el castellano en la calle, en los medios de comunicación, en internet, pero hay un registro concreto al que solo tienen acceso en las clases de castellano y se dedican muy pocas horas. Y es que, con la nueva reforma de la LOMLOE, por ejemplo, en primero y tercero de ESO se quitaron horas. Pasaron de 3 obligatorias a 2. Algunos centros pueden compensar con horas que se llaman de libre disposición, pero lo cierto es que con esta ley se reducen horas de lengua. Vamos, que las medidas que se van tomando y las nuevas leyes no favorecen en absoluto a la mejora de la comprensión lectora.
— A la Generalitat no le gusta hablar de porcentajes, al menos en la educación obligatoria, en la Universidad es otra cosa, cuando se habla de enseñanza de lenguas. ¿Pero qué porcentaje de enseñanza en español se consideraría buena para que no quede relegada prácticamente al nivel de una lengua extranjera?
— Yo he ido variando la opinión sobre este tema controvertido. Pero creo que lo más justo sería un 50 % de las asignaturas que no son de lengua, es decir, que el 50 % se impartieran en castellano y el otro 50 % en catalán. Sería lo más justo porque refleja de manera más fiel la realidad sociolingüística de la región. Y eso permitiría también a los alumnos estar en contacto con el registro estándar culto del castellano en más asignaturas, lo que iría en beneficio de, por ejemplo, la incorporación de cierto vocabulario, de determinadas estructuras lingüísticas, etcétera.
— Más allá de esta cuestión, hemos conocido cifras que dan qué pensar. Según la Fundación Bofill, 13.000 alumnos abandonan la Formación Profesional y el Bachillerato cada año en Cataluña. Y tienen más posibilidades de dejarlo los alumnos precisamente con un nivel bajo de competencias básicas
— Es que es un problema de base. Parece la consecuencia lógica de un sistema que, como he dicho antes, se ha ido devaluando, y en el que el nivel de exigencia sigue bajando. Hay una especie de promoción automática encubierta. Es decir, aquello que se instaló a mediados de los años 90, con la implantación de la LOGSE, que hablaba de la promoción automática, es decir, que los alumnos no podían repetir, pues ahora estamos en esa línea.
No es que esté recogido legalmente, pero hay subterfugios legales que vienen a decir que la repetición es una medida excepcional. De ahí que se puedan dar situaciones estrambóticas, como que, en las evaluaciones finales, pasen de curso alumnos que tienen 7 u 8 asignaturas suspendidas, mientras que se quiere hacer repetir a alumnos que tienen 3 o 4, porque el argumento es que a unos no les va a aprovechar y a otros sí. Pero eso es muy difícil de defender.
— También se quejan algunos profesores de falta de disciplina, que no se ve al profesor como una autoridad
— Tengo la sensación, al menos en el centro en el que yo estoy, que la disciplina es cada vez más laxa. En nuestro centro, por ejemplo, desapareció la sala de expulsados. Ahora, ante un acto de indisciplina, se ponen puntos negativos, que, al final, pueden acarrear expulsión a casa o tener que ir a hacer alguna tarea por la tarde al instituto. Pero también se nos dice que la expulsión de clase, tiene que ser una medida excepcional, y tiene que ser consecuencia de un comportamiento muy grave.
¿Qué ocurre? Eso crea determinadas dinámicas en clase. Los alumnos que sí que están interesados también se desmotivan más, porque ven que no se puede avanzar, porque cuesta mucho impartir materia, al dedicar una parte importante de tiempo de la clase a intentar recuperar el orden. Y se hace muy complicado.
— Luego está la administración, que tampoco ayuda. Ahora la Generalitat quiere cambiar el sistema de matriculación para la FP de grado medio, por ejemplo, porque se hacía tan tarde que hay alumnos que a mediados de septiembre no tenían plaza asignada. Y, al final, algunos estudiantes acaban dejando los estudios.
— Parece ser que se quiere diversificar la oferta y simplificar el procedimiento de acceso de matriculación a la Formación Profesional, a los ciclos, porque era un poco laberíntico. Pero vamos, no deja de ser una muestra más del proceso de burocratización delirante del que se encuentra la administración y que los profesores lo venimos denunciando desde hace bastantes años. Y esta situación, resta eficiencia y eficacia, no solo desde un punto de vista pedagógico, sino desde un punto de vista administrativo.
Es que la consejera de Educación, Esther Niubó, llegó a reconocer que había alumnos que no se habían podido matricular porque no entendían bien las directrices de la matrícula. Ahí tenemos un problema, cuando la administración, en vez de facilitar la vida a los usuarios, a los ciudadanos, lo que hace es complicarla.
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