Recortes de Prensa Viernes 15 Noviembre 2024
Putin ya ha ganado la guerra (o eso piensan en la Plaza Roja)
Rocío Colomer. la razon. 15 Noviembre 2024
Escribí a una colega de Rusia tras conocer la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses (sorprendente no por la victoria en sí sino por su magnitud). «Aquí están eufóricos», me contestó. Tanto el presidente Vladimir Putin como su peón en Hungría, Viktor Orban, descorcharon botellas de champán el 6 de noviembre. La euforia de Moscú es comprensible si rebobinamos las declaraciones de Trump y su equipo durante la campaña electoral. El presidente electo prometió poner fin a la guerra en 24 horas. No dijo cómo, pero sugirió un acuerdo de «paz por territorios» que exigiría a Volodimir Zelenski la entrega permanente de franjas del Donbás a su invasor. Ucrania podría verse obligada a asumir un estatus de neutralidad durante veinte años o aceptar garantías de seguridad colectiva como la OTAN o similares, lo que dejaría al país como Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, dividida entre las potencias occidentales y el neoimperialismo ruso. Parece claro que la «pax trumpista» es música celestial para el Kremlin. De ahí la euforia descrita. Trump no es un político convencional pero entre sus virtudes sí está la transparencia de sus postulados políticos. No nos sorprenderá si llega a un acuerdo rápido con Vladimir Putin. Lo único que podría hacerle cambiar de opinión es si su futuro secretario de Estado, el senador Marco Rubio, le convence de que a Estados Unidos no le interesa un Putin envalentonado a las puertas de Varsovia. A Trump no le gustan las guerras, pero menos parecer débil.
Mientras los líderes europeos esperan lo mejor (que Trump reaccione ante la vergüenza de un pacto rápido con Moscú), deben prepararse para lo peor (el abandono de EE UU de Ucrania). Es muy posible que los aliados de la OTAN se vea obligados a elegir entre tragar con la retirada trumpista o se enfrentarse en solitario a la agresión de Putin en Ucrania.
La victoria arrolladora de Trump nos dice dos cosas: que el magnate no es un accidente de la Historia y que los estadounidenses se han cansado de ser el gendarme del mundo. Europa ha dependido durante demasiado tiempo del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Es hora de ser el adulto en la habitación. Francia, Alemania y Reino Unido son perfectamente capaces de desplegar fuerzas convencionales suficientes para disuadir al matón de Putin, cuyas limitaciones militares han quedado muy expuestas en estos dos años y medio de guerra. El ejército ruso, que presumía de ser el segundo más poderoso del mundo, fracasó estrepitosamente a la hora de arrollar a un vecino más pequeño y desarmado. Es la hora de crear una política de seguridad europea verdaderamente independiente. A ello no ayuda las limitaciones del viejo continente como potencia militar. Hay que revisar la industria de la defensa para corregir duplicidades y ser capaz de fabricar con más rapidez y a mayor escala. El cambio de mentalidad que se requiere es colosal y la falta de un liderazgo fuerte en Francia y en Alemania con Emmanuel Macron y Olaf Scholz de salida no ayuda, pero la magnitud del desafío no nos deja alternativa. El orden internacional basado en reglas creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se ha resquebrajado. Europa debe garantizarse su propia seguridad por una cuestión de pura supervivencia. Es un imperativo.
Ucrania está a solo unos meses de construir una bomba como la de Nagasaki, según un informe confidencial
Zelenski acelera los planes ante la posibilidad de que Trump corte la ayuda militar, según el diario británico The Times. El gobierno ucraniano niega que exista este plan
Lucía Gutiérrez. Madrid. la razon. 15 Noviembre 2024
Ucrania está trabajando en el desarrollo de una bomba nuclear rudimentaria, que podría estar lista en solo unos meses, para compensar una posible retirada de la ayuda militar en su guerra contra Rusia en el momento en el que Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos.
Según un documento informativo preparado para el Ministerio de Defensa ucraniano, actualmente existen ya los medios para construir rápidamente un dispositivo básico de plutonio con una tecnología similar a la bomba “Fat Man” lanzada sobre Nagasaki en 1945.
Trump busca blindar el Departamento de Justicia con un polémico fiel seguidor como Fiscal General
Trump busca blindar el Departamento de Justicia con un polémico fiel seguidor como Fiscal General
“Crear una bomba atómica simple, como hizo Estados Unidos en el marco del Proyecto Manhattan, no sería una tarea difícil 80 años después”, dice el documento. Sin tiempo para construir y operar las grandes instalaciones necesarias para enriquecer uranio, Ucrania en tiempos de guerra tendría que recurrir en cambio al uso de plutonio extraído de barras de combustible gastado tomadas de los reactores nucleares del país.
Ucrania aún controla nueve reactores operativos y tiene una importante experiencia nuclear a pesar de haber renunciado al tercer arsenal nuclear más grande del mundo en 1996. El informe dice textualmente: “El peso del plutonio de reactor disponible en Ucrania puede estimarse en siete toneladas… Un arsenal nuclear significativo requeriría mucho menos material… la cantidad de material es suficiente para cientos de ojivas con un rendimiento táctico de varios kilotones”.
Una bomba de este tipo tendría aproximadamente una décima parte de la potencia de Fat Man, concluyen los autores del documento.
“Eso sería suficiente para destruir una base aérea rusa entera o instalaciones militares, industriales o logísticas concentradas. El rendimiento nuclear exacto sería impredecible porque se utilizarían diferentes isótopos de plutonio”, dijo el autor del informe, Oleksii Yizhak, jefe de departamento del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, un centro de investigación gubernamental que actúa como organismo asesor de la oficina presidencial y del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania.
El plutonio tendría que ser implosionado utilizando “un diseño de explosión convencional complicado, que debe ocurrir con una alta velocidad de onda de detonación simultáneamente alrededor de toda la superficie de la esfera de plutonio”, dice el informe. La tecnología es complicada, pero está dentro de la experiencia de Ucrania, según el informe.
El mes pasado, el presidente Zelenski dijo que le había dicho a Trump que Ucrania necesitaría armas nucleares para garantizar la seguridad de su país si se le impedía unirse a la OTAN, como exigió el presidente Putin. Zelenski dijo más tarde que había querido decir que no había garantías de seguridad alternativas, y los funcionarios ucranianos han negado desde entonces que Kiev esté considerando el rearme nuclear.
El documento al que ha tenido acceso The Times, publicado por el Centro de Estudios del Ejército, la Conversión y el Desarme, un influyente grupo de expertos militares ucraniano, ha sido compartido con el viceministro de Defensa del país y se presentará el miércoles en una conferencia a la que probablemente asistirán los ministros de Defensa e Industrias Estratégicas de Ucrania.
El acuerdo, que no cuenta con el respaldo del gobierno de Kiev, establece la base jurídica bajo la cual Ucrania podría retirarse del tratado de no proliferación nuclear (TNP), cuya ratificación dependía de las garantías de seguridad dadas por los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en el memorando de Budapest de 1994. El acuerdo establecía que Ucrania entregaría su arsenal nuclear de 1.734 ojivas estratégicas a cambio de la promesa de protección.
“La violación del memorando por parte de la Federación Rusa, poseedora de armas nucleares, constituye un motivo formal para retirarse del TNP y razones morales para reconsiderar la opción no nuclear adoptada a principios de 1994”, afirma el documento.
El gobierno ucraniano lo niega
Preguntado al respecto de este plan, el Gobierno ucraniano ha vuelto a negar que tenga planes de desarrollar armas nucleares. “Ucrania está comprometida con el Tratado de No Proliferación Nuclear; no tenemos, desarrollamos o queremos adquirir armas nucleares”, ha escrito en su cuenta de X al repostear la información del Times el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji.
Tiji ha agregado que Ucrania trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y es totalmente transparente con éste, que no permite el uso de material nuclear con fines militares.
Ya no es el caso Begoña Gómez, es el caso Pedro Sánchez
OKDIARIO. 15 Noviembre 2024
El correo enviado por una asesora de Moncloa en el que solicita a una de las empresas patrocinadoras de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense que la siguiera financiando constituye una prueba flagrante de que la mujer de Pedro Sánchez se valió de un cargo público para sus negocios particulares. Es la prueba del nueve de que Begoña Gómez utilizó la estructura de la Presidencia del Gobierno para su estricto interés personal, algo que encajaría en la tipificación de los delitos por los que está imputada.
La prueba documental no sólo complica el horizonte penal de Begoña Gómez, sino que coloca en una compleja situación al jefe del Ejecutivo, obligado a explicar si sabía que su mujer utilizaba a asesores nombrados por su Gobierno para impulsar sus actividades profesionales. Si así fuera, Pedro Sánchez también entraría peligrosamente en un escenario procesal de imprevisibles consecuencias.
Ya no estamos hablando de ética o moralidad pública, sino del Código Penal. Porque esto va mucho más allá del reproche político. Que personal al servicio de la Administración del Estado y que cobra un sueldo público se dedique a contactar con empresas privadas para impulsar el negocio privado de la mujer del presidente es mucho más que una indecencia o una inmoralidad. Ya no es Begoña Gómez, sino el mismísimo Pedro Sánchez quien está bajo sospecha. El correo enviado por una asesora del gabinete de Presidencia instando a financiar la cátedra de la mujer del jefe del Ejecutivo supone un salto cualitativo de enorme relevancia. El círculo se estrecha y el caso Begoña Gómez es ahora, más que nunca, el caso Pedro Sánchez.
El fiscal
general, contra las cuerdas y en estado de pánico
EDITORIAL.
libertad digital
15 Noviembre 2024
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vive en un estado de pánico. El mismo García Ortiz que aseguró en TVE el día en el que el Tribunal Supremo le imputó por revelación de secretos tener "material muy sensible" y que "si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra" es el que ahora pide que se anule la entrada y registro en su despacho porque la Guardia Civil se habría incautado de información que puede comprometer la seguridad del Estado. La posición del fiscal general de Sánchez era insostenible antes y es imposible ahora. Está completamente hundido. Es un cargo destruido. En su degradación ha llegado al punto de que para Sánchez es peor sostenerlo que soltar lastre.
La carrera fiscal está tan abochornada que se suceden las iniciativas para apartar del cargo a García Ortiz, apodado Alvarone. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo a un fiscal, Salvador Viada, que afirma haber visto al jefe de los fiscales "revisando" un móvil con su número dos durante el registro que la Guardia Civil realizó en su despacho el pasado 30 de octubre. La estampa es elocuente. El fiscal general manipulando o destruyendo pruebas, borrando el rastro del delito de revelación de secretos que le imputa el Tribunal Supremo en el caso del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador mientras los investigadores se incautan por orden judicial de sus dispositivos digitales.
García Ortiz es un cadáver jurídico, otro peón sacrificado por Sánchez en su asalto al Estado. La obediencia ciega ante aquella exhibición chulesca del presidente del Gobierno sobre el control de la fiscalía ha sentenciado al sucesor de Dolores Delgado, otro caso que ilustra a la perfección el sentido sanchista de la justicia y la separación de poderes. Dice la abogacía del Estado que la incautación del material del fiscal es un daño irreparable, el mayor que habría sufrido jamás la Fiscalía. Pero eso es quitarle méritos a Alvarone, el fiscal que presumía de "material sensible" en TVE el 17 de octubre, trece días antes de la entrada y registro.
Este fiscal general será recordado durante mucho tiempo por su sumisión a Sánchez. Las amenazas mafiosas vertidas nada más conocer que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo expresan hasta qué punto se está dispuesto a utilizar los resortes del Estado en contra del adversario político. La petición para que se anule la entrada y registro equivale a una confesión. La información que puede comprometer la seguridad del Estado según su defensa y cualquier otra información está mejor en manos del Tribunal Supremo que en las de García Ortiz y su número dos.
El tipo de información y el hecho de que estuviera en poder del fiscal general sugiere situaciones dramáticas para el sistema y para el presidente del Gobierno. La intervención judicial de ese material no es de carácter ilimitado, sino que se ciñe al delito de revelación de secretos por el que se investiga a García Ortiz y entre los días 8 y 14 de marzo. Son garantías más que suficientes. La fiscalía de Sánchez no ofrece ninguna a sus víctimas. La reacción del fiscal general apesta. Y que un fiscal afirme haberlo visto manipulando un móvil en una estancia de la Fiscalía mientras se registraba su despacho es prácticamente definitivo.
La realidad de Franco y los judíos
Jesús Villanueva Jiménez. la razon. 15 Noviembre 2024
El pasado febrero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informaba sobre la concesión de la nacionalidad a 182.613 represaliados del franquismo y sefardíes de origen español. Resulta curioso que mezcle a los judíos sefardíes con los descendientes de los exiliados del Frente Popular, derrotado en la Guerra Civil.
La presencia religiosa de los judíos en España acabó cuando fueron expulsados en 1492, aunque un tercio de ellos se quedaron convertidos al catolicismo, y otra importante parte volvieron más tarde cumpliendo las mismas condiciones. España fue la última nación en dictar unas medidas presionada por la sociedad de entonces, después de que en el siglo XIV fuesen expulsados de Francia e Inglaterra, a la vez que fueran perseguidos por los «matadores de judíos» en el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la memoria particular de algunos sólo recuerde el primer hecho. Sin embargo, en el museo Yad Vashem de Jerusalén se pueden encontrar a siete españoles entre los Justos entre las Naciones, aquellos que arriesgaron su vida para salvar judíos en el peor momento de su historia, el Holocausto. En su mayor parte son miembros del servicio diplomático español, honrados por el arriesgado esfuerzo humanitario que realizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Las noticias sobre el Holocausto no fueron conocidas en los círculos diplomáticos hasta que el oficial polaco Witold Pilecki, internado voluntariamente en el campo de Auschwitz, se fugó, después de organizar la resistencia en su interior, para trasmitir al exterior las noticias de las que había sido testigo. Su informe sería divulgado por el Gobierno en el exilio polaco en 1943, siéndole negada su veracidad por el Ejecutivo de Winston Churchill.
Sin embargo, las deportaciones de las comunidades judías y el eco del informe Pilecki alarmó a algunos diplomáticos españoles que informaron al gobierno español. El general Franco ordenó la inmediata protección a los judíos de origen español, conocidos como sefardíes, valiéndose de una ley emitida durante el régimen del general Primo de Rivera en 1924, por la cual se les consideraba ciudadanos españoles a los judíos residentes en el Protectorado de Marruecos. Aquella medida se hacía siguiendo el ejemplo del decreto Crémieux de 1870, que había concedido la ciudadanía francesa a los judíos argelinos. Una de las comunidades sefardíes más numerosas era la de Salónica, en Grecia, donde en la temprana fecha de 4 de agosto de 1943 el Consejo de Ministros presidido por Franco, autorizó la repatriación de la comunidad. Parte de ellos fueron trasladados al campo de Bergen-Belsen, de donde finalmente fueron salvados por el embajador español, Sebastián Romero Radigales, que consiguió su traslado a Marruecos.
El general Francisco Gómez-Jordana Souza que ocupó el Ministerio de Asuntos Exteriores desde septiembre de 1942 hasta su fallecimiento en agosto del año siguiente, amigo personal del general Franco, fue el que dio las directrices al personal diplomático español para efectuar todas las medidas que fuesen necesarias para salvar al máximo número de judíos, evitando en todo lo posible cualquier prueba que pudiese ser usada por los alemanes como amenaza contra España. La documentación existente entre el ministro de exteriores español y el embajador de los EEUU en España así lo prueba. Su sucesor, el empresario vasco José Félix de Lequerica, mantendrá la misma línea de actuación. El 23 de octubre de 1944 José Félix Lequerica le transmitió al embajador estadounidense que España haría todo lo posible por salvar en primer lugar a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar a los de origen español y finalmente el mayor número posible de judíos.
A partir de entonces, el personal de las legaciones de Berlín, Vichy (Francia), Sofía, Bucarest, Budapest y Atenas, realizaron todos los operativos posibles para el salvamento, desde la entrega de documentación española, ocultamiento y negociación de traslados al norte de África o España. Sebastián Romero Radigales, embajador a la legación de Atenas; Eduardo Propper de Callejón, diplomático de alto rango en la embajada española de París y después cónsul en Burdeos; José Ruíz Santaella, agregado de Agricultura de la embajada de España en Berlín; Bernardo Roland de Miotta, cónsul general de España en París; José de Rojas y Moreno, embajador de España en Bucarest (Rumanía); Julio Palencia y Tubau, ministro plenipotenciario en Sofía (Bulgaria); Miguel Ángel Muguiro, ministro plenipotenciario en Budapest (Hungría), tras su expulsión, sustituido en su labor por Ángel Sanz Briz, encargado de negocios de la legación española en Budapest en el verano de 1944. Evidentemente, todos ellos recibieron órdenes y apoyo del jefe del Estado, Francisco Franco.
El profesor Haim Avni, de la Universidad Hebrea, especialista en el tema, ha evaluado como cifra mínima un total de al menos cuarenta mil judíos los que fueron salvados por iniciativa española. Otros, como Chaim Lipschitz en su libro Franco, Spain, the Jews and the Holocaust, afirma que Francisco Franco salvó a más de sesenta mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador Shlomo Ben Ami, que ejerció de ministro de Asuntos Exteriores de Israel y de embajador de Israel en España, confirmó que España salvó más judíos que todas las democracias juntas.
Autores más recientes, como el estadounidense Lawrence H. Feldman sacó a la luz en su primer volumen de su obra Refugiados de Franco. Documentos de los judíos que llegaron a través de España y Portugal a la ciudad de Nueva York. 1940-1941, un listado de casi un millar de judíos europeos con su plena identificación. Pruebas irrefutables que confirman que España no se mantuvo de brazos cruzados, sino que a través de sus representantes oficiales demostró su espíritu «quijotesco», salvó el máximo de personas posibles, y miles de familias pudieron encontrar un segundo hogar al otro lado del atlántico.
Estas afirmaciones, están alejadas del rigor y la verdad histórica, bien pudiendo constituir una intromisión ilegítima en el honor de personas ya fallecidas, dando lugar, tal vez, a la comisión de delitos de injurias y calumnias.
Jesús Villanueva Jiménez.Presidente Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces
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Plan de impunidad a largo plazo
Con la toma de control total de RTVE, sólo el CGPJ ha escapado a este agujero negro en que Sánchez ha convertido el ejercicio del poder. Por contra, sigue sin haber Presupuestos
Editorial ABC. 15 Noviembre 2024
El Congreso de los Diputados acogió ayer una sucesión de acontecimientos que reflejan con precisión y nitidez cuál es la pauta que está aplicando el Gobierno y, particularmente, Pedro Sánchez, para garantizar su supervivencia política. La Cámara Baja refrendó por mayoría absoluta, no cualificada, a los candidatos propuestos por el PSOE y sus socios de gobierno y legislatura para el consejo de administración de RTVE. La irrupción masiva de la izquierda en este órgano directivo de los medios de comunicación del Estado era una prioridad tan indeclinable para el Gobierno que la primera votación tuvo lugar el miércoles pasado, cuando el Congreso canceló toda su actividad parlamentaria, menos esta, con motivo de la trágica DANA que asoló Valencia. Un acto indigno, pero revelador de una obsesiva fijación por la expansión del control político del Ejecutivo.
En el mismo día en que Sánchez y sus socios se daban el premio del consejo de administración de RTVE, la Comisión de Hacienda del Congreso suspendía por segunda vez la votación sobre el proyecto de ley que debe transponer en España una directiva europea para unificar la tributación a empresas multinacionales y nacionales de gran magnitud. Las discrepancias entre los socios de Sánchez están haciendo imposible que el Gobierno saque adelante este proyecto, que el bloque de extrema izquierda (Sumar, Podemos, ERC y Bildu) quiere aprovechar para perpetuar los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas. El PSOE, sin embargo, pactó con el PNV y con Junts eliminar el impuesto a las energéticas, lo que los demás socios de Sánchez no aceptan. Entre tanto, 2024 entra en su recta final y sigue sin haber proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por segundo año consecutivo, lo que debería de llevar a un gobernante honesto a convocar elecciones.
Esta imagen es el retrato fiel de un Gobierno que solo vive de las bolsas de oxígeno que le dosifican sus supuestos aliados de legislatura. Cuando se trata de repartir poder institucional, ninguno pone pegas a su cuota, pero cuando hay que abordar proyectos de calado, que afectan al interés general, el Gobierno es incapaz de sustituir los chantajes nacionalistas y extremistas por un acuerdo razonable con el Partido Popular. Este acuerdo con los populares es la única opción ética y políticamente aceptable, después de la disolución de las Cámaras y la llamada de los ciudadanos a las urnas, para un Gobierno instalado en la mendicidad parlamentaria, sin un proyecto serio de acción política.
Lo que está sucediendo con las instituciones del Estado empieza a cobrar sentido como una estrategia de protección para el postsanchismo, más que como una dinámica de renovaciones leales en sus órganos directivos. Sólo el Consejo General del Poder Judicial ha escapado a este agujero negro en que Sánchez ha convertido el ejercicio del poder, gracias a la mediación de la UE y a la emancipación de sus vocales a la hora de elegir a Isabel Perelló como presidenta de la judicatura española. En los demás órganos arbitrales o directivos del Estado –Fiscalía General, TC, CIS, comisiones reguladoras, Banco de España y, ahora, RTVE–, Sánchez ha aplicado una política de asentamiento ideológico para sustraer esas instituciones de su normal funcionamiento y someterlas, en la actualidad, al servicio de su Gobierno, y en el futuro, a que actúen como incubadoras de oposición a un posible ejecutivo conservador o a una sucesión de investigaciones judiciales por responsabilidades legales de toda índole. Una estrategia de impunidad a largo plazo.
Vox carga contra Sánchez y Mazón por una gestión de la DANA que constata un «Estado autonómico fallido»
Daniel Martín. Valencia. el debate. 15 Noviembre 2024
Bajo la fórmula del «Yo acuso» de Émile Zola por el caso Dreyfus, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha ido señalando a todos los culpables de la gestión de la DANA, que ha dejado, al menos, 216 muertos en la provincia de Valencia. El síndico de los de Santiago Abascal en la Cámara autonómica valenciana ha afeado este viernes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su «desastrosa gestión», aunque ha sido aun más crítico con la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha resaltado su actitud «criminal». En todo caso, este desastre ha constatado, a su juicio, «la prueba de un Estado autonómico fallido, colapsado e inútil».
«Señor Mazón, usted asumió el mando al acudir al Cecopi; es evidente y es el clamor de la calle que no se ha gestionado bien», le ha espetado al jefe del Consell, quien en los últimos días ha indicado que el Plan de Emergencia no le obligaba a tomar el mando del centro desde donde se coordinaba la gestión de la DANA, cuyas reuniones lidera la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Para Llanos, no hay duda que desde el Ejecutivo autonómico «no se ha gestionado bien» y ha destacado el sentir de los valencianos, que pasa por el «desamparo, la rabia y la incomprensión por tanta incompetencia». «Su Gobierno es responsable de una desastrosa gestión» de la tragedia, ha incidido.
El síndico de Vox ha ido señalando uno a uno a los, a su juicio, máximos responsables de la caótica situación provocada por la gota fría. Tras Mazón, a colocado en la mira a Sánchez, cuya frase «si quieren ayuda, que la pidan» es «criminal» y denota «maldad». En este sentido, ha apuntado que el también secretario general del PSOE ha traicionado a los valencianos y que «ni siquiera la prisión» arreglaría el daño causado. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ha acusado de destinar «desde el minuto uno toda la ayuda a Marruecos, pero los valencianos, si quieren ayuda, que la pidan».
Según Llanos, «Vox no va a abandonar al pueblo de Valencia», a diferencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «jefa de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar», a quien ha acusado de «burlarse de los valencianos» al estar «preparándose su examencito para Bruselas», en lugar de estar al pie del cañón durante la DANA, en alusión a su prueba para ser comisaria de la Unión Europea.
También ha criticado a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «por abandonar a los vecinos a merced del pillaje y los saqueos», y al expresidente Ximo Puig, «por abandonar la limpieza de barrancos y cauces». A continuación, durante su comparecencia, Llanos ha vuelto a criticar al Consell valenciano. En concreto a dos de las consejeras más señaladas durante la crisis: la citada Pradas, que desconocía «los procedimientos de alerta» y a la titular de Innovación, Comercio e Industria, Nuria Montes, por su «falta de empatía» con las familias de las víctimas. «Señor Mazón, tiene que asumir que lo han hecho muy mal», ha añadido Llanos, quien ha cargado contra PP y PSOE por haber «arruinado» la vida «a decenas de miles de Valencianos», ha zanjado.
La DANA y los ‘Països Catalans’
Sergio Fidalgo. okdiario. 15 Noviembre 2024
La grave catástrofe natural que ha sufrido Valencia ha sido aprovechada, desde el primer momento y cuando el agua seguía anegando las poblaciones de esta comunidad autónoma, por el pancatalanismo que quiere convertir estas tierras en una colonia de los fantasmagóricos Països Catalans. No voy a defender al presidente Carlos Mazón, serán sus conciudadanos los que valoren, con el tiempo, tanto su gestión en los primeros momentos de la crisis como durante la reconstrucción. Lo que sí quiero denunciar es que el separatismo catalán se ha hinchado a llamarle «asesino», no por su labor para prevenir y combatir los efectos de la DANA, sino porque es el principal obstáculo para esta anexión territorial de Valencia por parte de Cataluña.
En la España sanchista que cede una y otra vez ante el separatismo catalán, parecía que Valencia ya no podría librarse del anexionismo separatista. Compromís estaba trabajando activamente para que lo que ellos llaman el País Valencià formara parte de sus anhelados Països Catalans, con la complicidad activa de Ximo Puig y su PSPV – Partit Socialista del País Valencià -. Pero su desastrosa gestión al frente de la Generalitat valenciana motivó que en mayo de 2023 PP y VOX desalojaran del poder a los sucursalistas del separatismo catalán.
Y Carlos Mazón, desde que tomó posesión, se dedicó a combatir la idea de que la Comunidad Valenciana formaba parte de dichos Països Catalans. Defendió la dignidad de una comunidad autónoma que es leal a España, y combatió a los que quieren romper la unidad nacional para crear una República Catalana que sería una cárcel para millones de catalanes y valencianos que se sienten españoles.
De ahí que el sábado, en la violenta manifestación que se celebró en Valencia, la ANC de Lluís Llach y otros grupos separatistas catalanes se unieran a sus aliados de Compromís para, con la excusa de los muertos casados por la DANA, pedir la cabeza de Mazón.
Dejemos claro que tengo el máximo respeto por los valencianos que, de buena fe, se manifestaron para mostrar su dolor, y que no siento más que desprecio por los que usaron este dolor para sus objetivos políticos. Nunca pensé que podrían caer tan bajo Compromís, Sumar y los múltiples grupos separatistas que intentaron evitar los gritos contra Sánchez en dicha manifestación. Pero lo hicieron. Son la prueba de que siempre se puede empeorar. Y seguro que en las próximas semanas lo seguiremos comprobando.
Muchos de los que cogieron un autocar para ir a Valencia a llamar «asesino» a Mazón ni se plantearon coger una pala para ayudar a los afectados. Y es que los Països Catalans no se construyen desde la solidaridad, sino desde el resentimiento y el odio a España.
¿Qué hay separatistas entre los voluntarios que se han arremangado para ayudar a los afectados? Claro. Como los hay del PP, de Revuelta, de Vox, de Nuevas Generaciones, de Estudiants pel Canvi, de S’ha Acabat! y de muchas entidades de la sociedad civil. No se trata de descalificar a los secesionistas de base por su ideología. Pero sus partidos, sus entidades y sus medios de comunicación han manipulado las desastrosas consecuencias provocadas por la DANA y por la imprevisión de unos y de otros para intentar eliminar políticamente a una figura que les resulta muy molesta, la de Carlos Mazón.
Los mismos comunicadores separatistas que apoyaron y justificaron todos los desmanes de los gobiernos secesionistas catalanes durante el procés, ahora se han vuelto puristas y, antes que tengamos claro qué pasó en Valencia y quién tiene responsabilidad de qué, se han volcado en intentar eliminar políticamente al presidente valenciano porque les molesta en su particular búsqueda de la anexión futura de Valencia.
Son los mismos que se callan cuando la Generalitat de Cataluña se niega a subvencionar a entidades cívicas catalanas que no son de su cuerda, pero que convierten en titulares cuando Mazón recorta las ayudas públicas a las entidades pancatalanistas valencianas. Es destacar cuando tres docenas de docentes valencianos protestan contra una decisión de la Consejería autonómica de Educación y callarse cuando hay centenares de padres catalanes que luchan para que sus hijos reciban docencia en castellano. Es el doble rasero continuo. A Mazón le han de juzgar los valencianos por su gestión al frente de la Generalitat, no porque combata, con toda la razón del mundo, la idea separatista de que Valencia solo puede ser una colonia de Barcelona.
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