Recortes de Prensa Domingo 15 Diciembre 2024

Drones ucranianos atacan Rusia mientras Kiev enfrenta ataques aéreos masivos consecutivos
AP. Kiev. el mundo. 15 Diciembre 2024

Un niño de 9 años murió y una importante instalación petrolera ardió tras varios ataques con drones ucranianos en el sur de Rusia, informaron las autoridades el sábado, un día después de que Moscú lanzara un ataque aéreo masivo contra su vecino, que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, describió como uno de los bombardeos más intensos contra el sector energético del país desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, hace casi tres años.

El niño falleció cuando un dron impactó la casa de su familia en las afueras de Bélgorod, una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania, informó el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, el sábado por la mañana en la aplicación de mensajería Telegram. Su madre y su hermana de 7 meses fueron hospitalizadas con heridas, señaló.

El funcionario publicó fotos de lo que, afirmó, era el resultado del ataque, en las que se muestra una casa baja con grandes agujeros en el techo y el muro frontal flanqueado por montones de escombros.

En el sur de Rusia, drones ucranianos atacaron durante la noche una importante terminal petrolera en la región de Oryol, provocando un incendio, informó el sábado el Estado Mayor General de Ucrania. En fotos publicadas por ese organismo y en canales de noticias rusos de Telegram se muestra la instalación envuelta en enormes columnas de humo e iluminada por un resplandor naranja.

El gobernador de Oryol, Andrey Klychkov, confirmó el sábado que un ataque ucraniano con dron incendió un depósito de combustible. En una publicación separada de Telegram hecha más tarde ese día, dijo que el incendio había sido contenido y que no hubo víctimas.

Los ataques ucranianos ocurrieron un día después de que Rusia lanzara 93 misiles de crucero y balísticos y casi 200 drones contra su vecino, dañando aún más la infraestructura energética de Ucrania, de la cual aproximadamente la mitad ha sido destruida durante la guerra. Los apagones eléctricos son comunes y generalizados, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó el viernes a Moscú de "aterrorizar a millones de personas" con tales ataques.

Según la fuerza aérea de Ucrania, Rusia continuó sus ataques con drones el sábado, lanzando 132 de estos artefactos a través del territorio ucraniano. Cincuenta y ocho de ellos fueron derribados y otros 72 se desviaron de su curso, probablemente debido a interferencias electrónicas, según el comunicado en línea de la fuerza aérea.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que el ejército de ese país utilizó misiles de precisión de largo alcance y drones contra "instalaciones de combustible y energía de importancia crítica en Ucrania, las cuales garantizan el funcionamiento del complejo industrial militar".

El ataque se realizó en represalia por la acometida ucraniana del miércoles, en la que se utilizó el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS, suministrado por Estados Unidos, contra una base aérea rusa, dijo.

Los aliados occidentales de Kiev han proporcionado a Ucrania sistemas de defensa aérea para ayudarla a proteger infraestructura crítica, pero la intención de Rusia es abrumar las defensas aéreas con ataques combinados en los que se utilizan grandes cantidades de misiles y drones denominados "enjambres".

Rusia ha mantenido la iniciativa este año mientras su ejército avanza constantemente a través de las defensas ucranianas en el este, en una serie de ofensivas lentas pero constantes.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre cómo podría desarrollarse la guerra el próximo año. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien asume el cargo el próximo mes, prometió poner fin a la guerra y ha puesto en duda si mantendrá el vital apoyo militar estadounidense para Kiev.

Zelenski asegura que Rusia ya envía soldados norcoreanos a los asaltos en Kursk
NOELIA MARÍN. Madrid. el mundo. 15 Diciembre 2024

Cerca de cumplirse tres años desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el conflicto continúa dejando noches de terror. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha segurado esta madrugada que Rusia ya ha empezado a emplear "un número significativo" de soldados norcoreanos en sus asaltos contra el país en Kursk, donde el Ejército de Ucrania protagoniza una incursión, según Efe.

El ucraniano aseguró: "Los rusos los incluyen en unidades y los emplean en operaciones en la región". Además, Ucrania tiene información de que Rusia podría utilizar estas fuerzas también en otras partes de la línea del frente, señaló el mandatario ucraniano.

9:28

Ucrania destruye 56 drones rusos durante un ataque nocturno

Las fuerzas aéreas ucranianas han destruido 56 de los 108 drones lanzados por Rusia durante el último ataque nocturno, según ha dicho una fuente militar de Kiev este domingo.

7:38

Zelenski asegura que Rusia ya envía soldados norcoreanos a sus asaltos en Kursk

Zelenski asegura que tropas norcoreanas ya han comenzado a combatir junto a Rusia en la región de Kursk
La Razón. 15 Diciembre 2024

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que tropas norcoreanas han comenzado ya a combatir junto a las fuerzas de Rusia en la región rusa de Kursk, escenario desde hace meses de una incursión ucraniana que Moscú sigue sin repeler.

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El último balance de Rusia sobre las operaciones en Kursk no menciona el uso de estas fuerzas y se limita a anunciar la muerte de 200 militares ucranianos durante las operaciones rusas en once localidades de la región, según el Ministerio de Defensa ruso. La presencia norcoreana lleva meses bajo estudio por parte de los aliados occidentales de Ucrania.

El Departamento de Defensa de EEUU estima que hay unos 11.000 militares norcoreanos presentes en la región pero fuentes de la agencia Bloomberg multiplican por diez esta estimación. Su despliegue, entienden los aliados de Ucrania, es consecuencia del pacto de seguridad firmado en junio por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. En un discurso a la población, Zelenski ha anunciado que ya tiene en sus manos "datos preliminares sobre el uso de soldados norcoreanos, un número significativo de ellos, por parte de Rusia en sus asaltos".

El presidente ucraniano ha añadido que las fuerzas rusas están integrando a los militares ucranianos en "fuerzas combinadas" de asalto que de momento "solo están operando en Kursk" aunque "el uso podría extenderse a otras partes del frente". "Nos defenderemos, incluso de estos norcoreanos", ha prometido el presidente ucraniano, "y seguiremos actuando en coordinación con todos nuestros socios para detener esta guerra, con decisión y hacia una paz con garantías".

Aumentan las denuncias de reclutas rusos muertos en Ucrania enviados al frente contra su voluntad con contratos falsificados

Según fuentes independientes, entre 50.000 y 100.000 rusos habrían muerto en combate desde febrero de 2022, a lo que habría que sumar varios cientos de miles de heridos

Rusia tiene una gran superioridad numérica frente a Ucrania en la guerra. Pero muchos de los soldados de las tropas rusas participan en el conflicto de forma obligada, con contratos falsificados. Es más, las denuncias de reclutas rusos muertos en acción en Ucrania tras ser enviados al frente contra su voluntad han aumentado en las últimas semanas, informan hoy medios independientes rusos, informa Efe.

En todos los casos, los contratos fueron firmados por sus superiores cuando estos cumplían el servicio militar obligatorio, según el portal Bazhnie Istorii (Historias Importantes).

A menos tres reclutas de la región insular de Sajalín murieron en el frente después de denunciar que ellos nunca firmaron ningún contrato profesional con las Fuerzas Armadas, aunque recibieron 300.000 rublos (cerca de 3.000 dólares) en su cuenta bancaria.

El último de ellos, de apellido Baturin, murió cuando fue movilizado como parte de una unidad de asalto en la zona de Pokrovsk, bastión ucraniano que es el principal objetivo de la actual ofensiva rusa en el Donbás.

La madre de ese joven asegura que fue enviado al frente sin haberse recuperado aún de las heridas de metralla que sufrió en brazos y piernas, por lo que ni siquiera era capaz de sostener el fusil.

Al menos en dos de los casos, fueron sus compañeros quienes informaron a la familia sobre su deceso, señala la fuente, que cita la investigación realizada por el proyecto Okno (Ventana).

Las familias de los tres reclutas presentaron una demanda colectiva, pero el tribunal militar la rechazó y el comité de instrucción anunció el cierre de la investigación.

El peritaje judicial, según informa el medio, confirmó a una de las madres que el contrato con su hijo había sido firmado personalmente por el comandante.

El ejército ruso ha intensificado en los últimos tres meses su ofensiva en la región de Donetsk con el fin de conquistar el mayor territorio posible antes de la investidura del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque a costa de numerosas bajas, que alcanzaron incluso en algunas jornadas las 2.000 diarias, según fuentes occidentales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en 2022 que los reclutas no serían enviados en ningún caso a combatir en Ucrania, algo que sí ocurrió en los primeros meses de la contienda.

Seguidamente, Moscú apostó por la movilización parcial de reservistas, que provocó el éxodo de cientos de miles de hombres en edad militar, y también por incrementar el atractivo salarial de los contratos profesionales.

Con todo, varios reclutas, según la prensa local, murieron en los ataques ucranianos contra las regiones fronterizas rusas, ya que los jóvenes fueron enviados a unidades que se ocupaban de la vigilancia de la frontera.

Según fuentes independientes, entre 50.000 y 100.000 rusos habrían muerto en combate desde febrero de 2022, a lo que habría que sumar varios cientos de miles de heridos, cifra que la OTAN sitúa en más de 700.000 bajas.

Sánchez y la justicia de clase
Jesús Cacho. Vozópuli. 15 Diciembre 2024

“Los firmantes del Frente Popular asociaban a buena parte de la Judicatura con la política radical-cedista y, sobre todo, le atribuían una actitud contraria al régimen republicano. De hecho, y en referencia a algunos magistrados del Tribunal Supremo, la opinión de las izquierdas era unánime: se trataba de cómplices activos de las arbitrariedades del segundo bienio. En ese contexto, la idea de que había que «republicanizar» cuanto antes la Justicia cobró un gran impulso a partir de abril, a fin de evitar que el Estado mantuviera una «infraestructura» «violentamente hostil contra la República» y se produjera una nueva «cacería de izquierdistas» gracias a una interpretación «jesuítica» de las leyes al servicio de los «enemigos irreductibles» del régimen”. El párrafo transcrito está tomado del trabajo “Los enemigos enmascarados de la República: los jueces y la `republicanización´ de la justicia en la primavera española de 1936”, obra del profesor Manuel Álvarez Tardío. Para los líderes de la izquierda republicana “el Supremo había actuado con parcialidad manifiesta tras la insurrección de octubre de 1934. Además, -denunciaban-, la Justicia había sido cómplice de la intromisión de los políticos antirrepublicanos, reforzando así el protagonismo de una generación de jueces ajenos a los valores republicanos y que debían, por tanto, ser apartados”. La posición del PSOE era aún más radical: “En los socialistas era manifiesta una clara animadversión contra una Judicatura tildada, en general, de reaccionaria. Por eso no es extraño que la cuestión judicial tuviese un hueco importante en el manifiesto electoral de la coalición de Frente Popular. Se prometía reorganizar la justicia para liberarla «de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política».

La historia se repite con casi 90 años de diferencia, y lo hace de la mano de un PSOE convertido en la quijada que mantiene a las dos Españas en pie de guerra y niega la reconciliación entre ambos bandos. Entonces se trataba de hacer realidad una “justicia republicana”; ahora se trata de transformar la Justicia independiente hija de la Constitución del 78 en una justicia sanchista que mire hacia otro lado ante las prácticas corruptas de la cúpula socialista refugiada en la Moncloa, prácticas que empiezan en el propio entorno del presidente del Gobierno. La semana ha sido pródiga en episodios que han tenido a la judicatura como protagonista, con el Gobierno embarcado en un doble frente de batalla: se trata, por un lado, de desacreditar a los jueces, a quienes se acusa de estar politizados y al servicio de la derecha, ello con la vista puesta en la gran batalla que podría desencadenarse el día no lejano en que el Supremo solicite al Congreso el correspondiente suplicatorio para poder sentar a Pedro Sánchez en el banquillo, y por otro, de hacer realidad una “Justicia del pueblo”, una Justicia popular formada por jueces salidos de los miserables planes educativos actuales, que accedan a la carrera sin necesidad de pasar por las horcas caudinas de las difíciles oposiciones -que según la izquierda solo pueden permitirse los hijos de las clases acomodadas-, por las que necesariamente han tenido que transitar jueces y fiscales actuales. Una operación de mucho más calado y a medio y largo plazo. Como en la primavera del 36, se trata de acabar con “los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política”.

Tan cerca como el 11 de noviembre pasado, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en su disposición final decimonovena nonies dispone que «1. Con el fin de acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal, el Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo (...) 2. Este proyecto de ley orgánica acomodará el régimen retributivo y de seguridad social de magistrados y magistradas suplentes y juezas y jueces sustitutos a los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo 402 de la ley Orgánica del Poder Judicial». Como es norma cuando de un Gobierno socialista se trata, toda ilegalidad o cacicada que se precie inevitablemente cuenta con la coartada de la trasposición de alguna directiva europea susceptible de enmascarar las verdaderas intenciones de Moncloa. Pero esta vez ha sido el diputado Enrique de Santiago, con la brutal sinceridad que suelen exhibir los comunistas a la hora de explicarse, quien ha desvelado las verdaderas intenciones del proyecto: “integrar a los jueces suplentes y sustitutos en la carrera judicial”.

Es cierto que los jueces suplentes y sustitutos, como sostiene Santiago, “tienen escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad”, pero no lo es menos que para salir de su oprobiosa situación cuentan con una vía tan conocida como trillada: el acceso a la carrera judicial previa superación de las correspondientes pruebas selectivas a través de oposición libre o mediante concurso-oposición entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia. Oposición libre en la que miles de chicos y chicas de toda condición social se dejan el alma estudiando durante años para poder acceder a la carrera judicial sin remuneración alguna y sin expectativa cierta de que se vayan a convocar el número de plazas necesarias para aliviar las estrecheces de la administración de justicia. El magistrado Sergio Oliva, titular del Juzgado de lo Social número 9 de Tenerife y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, daba días atrás en la diana en un artículo publicado en “Hay Derecho”: “Asistimos a una maniobra política de calado que rompe abruptamente las reglas del juego del acceso a la carrera judicial y privilegia injustificadamente a los jueces interinos por encima del cuerpo de opositores y de los juristas de reconocida competencia que acceden por el denominado cuarto turno. En lugar de incrementar significativamente el número de jueces de carrera, convocando las plazas necesarias por oposición, los poderes públicos optan por desnaturalizar el Poder Judicial. Un paso más en la estrategia de deslegitimar y descomponer el tercer poder del estado en la que actúan de manera concertada determinadas fuerzas políticas”.

Casi el 17% de los jueces españoles son suplentes o interinos, porcentaje que pone de manifiesto la insuficiencia de la plantilla de los de carrera. Según el informe de la Comisión Europea para la eficiencia de la justicia de 2022, España cuenta con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a los 17 de media en la UE, déficit que es parcialmente cubierto con interinos, lo cual constituye un flagrante incumplimiento de la ley española y de la propia jurisprudencia del TJUE, según el cual la interinidad debería ser una medida temporal y excepcional. El problema tiene visos de agravarse si tenemos en cuenta que en el decenio 2022-2032 se producirá la jubilación del 30% de la actual carrera judicial. ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar este masivo déficit de magistrados? Convocando unas escuálidas oposiciones a jueces y fiscales para cubrir 120 plazas al año, cuando deberían ser necesarias no menos de 310/320 anuales. Y ello con una insoportable carga de trabajo en los juzgados, situación normal si tenemos en cuenta que la litigiosidad ha aumentado en 17 puntos entre 2019 y 2023, incremento que ha escalado hasta los 24 puntos en el último año. Nada hace el Gobierno para remediar este estado de cosas: ni procura mecanismos legales que remedien o alivien este aumento de la litigiosidad, ni es capaz de dotar adecuadamente la plantilla de jueces y fiscales. El resultado es catastrófico: una brutal carga de trabajo que consigue ir agostando prematuramente el carácter vocacional de esa hermosa profesión, lo que a su vez se traduce en un aumento de las jubilaciones anticipadas. El corolario de más carga de trabajo y menos jueces son los inaceptables retrasos en la administración de justicia de los que desde hace tiempo se viene quejando la ciudadanía, y quiebra de la confianza en los tribunales por parte de esa misma ciudadanía. Como asegura Oliva, “están tratando de acabar por ahogamiento con la carrera judicial”.

Lo inaceptable, en términos de calidad democrática, es que, so capa de mejorar las condiciones profesionales de los jueces interinos, reclamación inaplazable que no cabe sino apoyar, el Gobierno pretenda convertirlos en magistrados de carrera, colando en la carrera judicial por la puerta de atrás a personas que no han aprobado las oposiciones que se han visto obligados a superar los jueces y fiscales en ejercicio. Y ello porque, por mandato constitucional, la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico está encomendado de manera exclusiva a los jueces y magistrados integrantes del Poder judicial. Acabar con estas oposiciones no es una aspiración del Ejecutivo que tenga que ver en exclusiva con la carrera judicial. El Gobierno social comunista de Marichús y Yolandas aspira a terminar de un plumazo con las oposiciones de acceso a los altos cuerpos de la Administración del Estado, todas bajo sospecha de ser reducto de burgueses, naturalmente ricos y de derechas, desde las de Abogado del Estado hasta las de TECOS (Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado), entre otras. Normal en un Gobierno que desprecia el esfuerzo, que ha devaluado hasta extremos insoportables las leyes educativas en sus distintas etapas y que aspira a consolidar una “Administración popular”, lo que equivale a decir una Administración ocupada y controlada por la izquierda, arrinconando a los funcionarios de carrera. Leído esta semana en Le Figaro: “Hoy es muy difícil imaginar el milagro de 1958 y recuperar el control de nuestro destino. Porque a diferencia de los años 50 y 60, el colapso de la Educación Nacional significa que ya no tenemos los recursos humanos para darle la vuelta al país. En los años 50 y 60, nuestro sistema educativo, uno de los más eficaces del mundo, permitió formar científicos, investigadores e ingenieros, que reconstruyeron la industria, la economía, el poder y la prosperidad de Francia. También la formación de una elite gobernante de muy alto nivel, que tenía en el corazón la grandeza de Francia y el interés general. Hoy en día, la fallida EN no produce más que mediocridad, tanto política como científicamente”. Un problema de Francia y, muy agravado, también de España.

En esas estamos. En el intento desesperado de Pedro Sánchez por escapar de la acción de la Justicia mediante el expeditivo método de someterla y desnaturalizarla. Procedimientos típicos de cualquier dictadura que se precie. De nuevo el precedente de la II República, en la que socialistas y comunistas pretendieron echar al cubo del fascismo a toda la judicatura sin excepción, para sustituirla por esa “justicia de clase” acuñada por Karl Liebknecht a primeros del siglo pasado. Para el Frente Popular, la edad de jubilación de los jueces se convirtió en caballo de batalla fundamental, en tanto que procedimiento cómodo y eficaz para retirar a los magistrados más antiguos de las AP y del Supremo, gente supuestamente con mayor vinculación con el ideario monárquico. Las Cortes del 16 de junio del 36 terminaron aprobando una ley que creaba un “Tribunal especial para exigir la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”. Un tribunal para amedrentar a los jueces. “Queremos una justicia republicana”, había declarado Azaña. Queremos una justicia sanchista, vuelve a repetir ahora el PSOE. A esa labor se ha entregado de hoz y coz Sánchez cuando dice que “el PP juega con las cartas marcadas” ante las iniciativas judiciales motivadas por las denuncias de corrupción de su mujer y de su hermano. Está preparando el terreno para la rebelión de la mayoría que le sostiene en el Congreso contra un eventual suplicatorio del Supremo. El tipo está dispuesto incluso a ir a la guerra. Sánchez quiere su amnistía, pretende la amnistía de su propia corrupción. Y no está solo. Al fin y al cabo, muchos de los millones de españoles que aún le votan aceptarían encantados la idea de que Sánchez y su entorno debieran poder robar a calzón quitado, sin miedo a los tribunales de justicia.

Pues hablaremos de Franco
Carmen Álvarez Vela. gaceta. 15 Diciembre 2024

Muchas veces pienso cuál es el mayor daño que Zapatero, Rajoy y Sánchez —los considero la misma línea temporal y argumental—, han hecho a España. Descuento, por supuesto, la corrupción, que ha sido y será muchísima. Es más, aunque no lo creamos, nunca se llega a conocer toda la porquería que habita debajo de las moquetas de los despachos. Pienso en el día que se levanten las alfombras de las instituciones vascas y me pongo a estornudar que no hay antihistamínico en este mundo capaz de aliviarme. Me veo en urgencias pinchándome urbason. Cualquier lugar pequeño donde un mismo partido haya gobernado mucho tiempo es nido de ácaros como elefantes.

Yo hablo de males irreparables. De esas leyes concebidas para cumplir con el deseo de Alfonso Guerra —ahora, El Güeno— de que no reconozca a España ni la madre que la parió. De los asaltos a las instituciones, los indultos, la amnistías y todos los horrores incontables. Arfonzo, se ha cumplido, enhorabuena. Pero yo siempre he creído que la peor, la más letal, la más profunda en su capacidad de destruir la sociedad española desde sus cimientos ha sido la ley de memoria histórica, democrática o lo que sea eso.

No hay nada más doloroso que la guerra fratricida. No existe en el mundo nada que saque lo peor del hombre que una guerra civil, aquella que llevó a delatar al vecino porque le tenías envidia, porque te quitó una novia o por un antiguo contencioso por una finca. Cualquier juego con este asunto demuestra un nivel de miseria moral difícil de encontrar entre personas normales. Si nuestros abuelos estuvieran vivos, cogerían a más de uno por las solapas, empezando por el siniestro Sánchez, y le dirían algo así como «qué cojones estás haciendo, gilipollas, asómate a esa fosa». Politicuchos de medio pelo utilizando el peor de los dramas, el mayor de los dolores para confrontar de nuevo a los españoles y ganar elecciones.

¿Qué pretende Sánchez con los más de 100 actos previstos sobre Franco para el año que viene? ¿Hacer justicia a alguien? No, hombre, no. En el annus horribilis judicial que le espera, en el que él, su mujer y su entorno inmediato puede ir a la cárcel, se va a montar un parque temático franquista tras el que esconderse y parapetarse del trabajo que vayan a hacer los jueces. Que descuiden en Ferraz que ya les hago yo el argumentario en dos líneas: «La judicatura fachosférica nos ataca y nos montan un lawfare de esos de manual porque nosotros le decimos la verdad al pueblo sobre Franco y ellos son franquistas no, lo siguiente». Todo esto dicho por Marisú Montero queda mucho más contundente. Aplausos e indignación entre el público. «Y si usted no piensa así es que es usted un franquista también». Puede sonarle muy burdo, pero esto entre mucha gente funciona así. Maniqueísmo puro y duro.

Ya lo dijo el otro día Diana Morant, recién bajada del Mayflower a juzgar por su vestimenta, que estamos los que nos llamamos del bando vencedor —se ha debido quedar en el Plymouth de 1621— y los del bando demócrata que son ellos, la pureza. El PSOE jamás, jamás, ha soportado que exista una oposición. Recuerden, amigos míos, que el rottweiler ya se lo sacó Felipe González —tan añorado por Feijóo, el 99,99999999999% del PP y la llamada prensa de centroderecha— a Aznar en unas elecciones. Hablaba antes de Guerra, pues estos dos, Felipe y Alfonso han votado a este PSOE hasta las últimas elecciones. La manía del centro derecha, o lo que sea ello, de exaltar a quien los desprecia como deporte nacional —o estatal, si prefieren—.

De lo que se trata, y va a peor, es de llevarnos al límite. Nuestros padres y abuelos, los normales, nos enseñaron que la guerra fue un horror y un espanto y que se debía olvidar. Una cosa es conocerla desde un punto de vista histórico, en plena libertad, y otra es guardar viejos rencores y que los tataranietos —ojo, que ya hablamos de tataranietos— mediatizados por una enseñanza sectaria, mentirosa y televisada vayan a vengar a sus tatarabuelos. ¿Estamos locos o qué? ¿Nadie les va a decir que se están sirviendo de ellos para que un patán sinvergüenza con su mujer y una trama interminable se vaya de rositas tras destrozar un país? Pues tendremos que decirlo nosotros.

Yo abogo por que cada uno piense lo que le dé la gana sobre Franco, que lea lo que quiera, que no haya censura, que haya debate de todo tipo, ¿qué tipo de democracia dicta el pensamiento de cada persona? ¿Pero qué broma es esta? Y si quieren que hablemos de Franco porque han declarado el año 2025 su año, pues hablaremos de Franco, y de la malhadada II República, y de las matanzas de religiosos, porque o hablamos todos en busca de la verdad o cerramos el chiringuito, pero esto de que unos nos callamos y ellos establecen la dictadura de pensamiento a estas alturas, pues miren, no.

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Barroco autonómico
Hughes. gaceta. 15 Diciembre 2024

Con la mayor normalidad, se reunió en Santander la Conferencia de Presidentes, «máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas», justo después del histórico desastre de cooperación de la DANA.

Pero allí acudieron, a la llamada de Pedro Sánchez, todos los presidentes, los 17+2, que llegaban al santanderino Palacio de la Magdalena como concursantes a un reality.

La Conferencia llevaba sin reunirse desde 2022 y esto ya se le hacía mucho a los del PP, que la reclamaban. ¿Cómo lo expresarían los chicos de Bendodo…? «Allí pudieron lucir musculatura institucional».

Mientras esta cumbre se celebraba, en Suiza se reunían para negociar PSOE y Junts, a quienes Moreno Bonilla, por si alguna duda había, validaba como legítimos interlocutores para «tener relaciones institucionales».

¿Son las cumbres suizas algo «institucional»? Podrían llegar a serlo…

Porque la Conferencia de presidentes, por ejemplo, no está en la Constitución; fue creada en 2004 para «normalizar el diálogo». Eran tiempos de Zapatero y su retórica se hacía institución, carne de BOE.

Desde entonces, 27 reuniones ha habido, muchas extraordinarias en el COVID, donde la «gobernanza» dicen que triunfó.

El PP no solo acude pimpante y baronil sino que exige más reuniones y además pide que lleven más trabajo, mas papeles, más chicha de gestión, ¿o es que los nuevos tecnócratas como Mazón y Bonilla pueden estar seis horas sin un excel que echarse a la boca?

Lo que sí se echaron fue ensaladilla de langostinos y albóndigas de centollo, ágape que, según ha trascendido, alguno consideró «escaso».

Este órgano, puro barroquismo autonómico, cumbre del Estado compuesto, presenta una particularidad que viene recogida en su reglamento de funcionamiento: «Los acuerdos se adoptarán por consenso». Ni por mayoría simple, ni por unanimidad: por consenso. Es el órgano que expresamente lo ha incorporado como forma de toma de decisiones. Por eso, aunque sea posconstitucional y pueda entenderse como un avance confederal, está imbuido del Espíritu de la Santa Transición al incorporar como modus operandi el consenso y la puerta cerrada.

La conferencia es un órgano naturalmente confederal. Por eso sirve para discutir la financiación singular (el filete) y la condonación de la deuda autonómica (la guarnición). Los medios peperizados se quedaron con la doliente Ayuso dando la mano al terrible Pedro Sánchez, pero la foto es ver al Rey rodeado de presidentes, banderas (17+2+1) y el abigarramiento folclórico de una Conferencia Iberoamericana; todo con un algo austrohúngaro, pero austrohúngaro de Berlanga.

En su reciente viaje a Italia, el Rey llamó a «no repetir el pasado ni como caricatura». ¿Se lo aplicará? En Santander parecía un rey Habsburgo en una grotesca monarquía hispánica, parodia ozoriniana de un imperio contractivo.

La concesión de Sánchez al separatismo para hablar catalán en el Congreso obliga a despojar la noble Sala Constitucional
Joan Guirado. Vozpópuli. 15 Diciembre 2024

La presidencia del Congreso de los Diputados aprovecha habitualmente el periodo vacacional para acometer distintas reformas en la sede de la soberanía nacional. Una de las más llamativas de las que se están realizando durante esta Navidad, en la primera planta de la ampliación I, es la de la Sala Constitucional.

A lo largo de los últimos días se ha despojado por completo una de las salas más importantes, en la que se reúne la diputación permanente o se realizan recepciones a delegaciones extranjeras, para adaptar las cabinas de audio a una de las concesiones de Pedro Sánchez a sus socios separatistas para lograr la investidura de Francina Armengol.

Esta pasada semana, los servicios de mantenimiento de la Cámara, empezaron a vaciar la Sala Constitucional. Se trata de un trabajo manual, delicado, que hay que hacer con un gran cuidado. Pues tanto el mobiliario que utilizan los diputados para hacer su trabajo, como la decoración, tanto desde las alfombras hasta el retrato del pintor Hernán Cortés-Moreno que preside el salón, así como el resto de obras, son de gran valor a preservar.

El miércoles el espacio presentaba una imagen chocante, poco habitual de ver, que pudieron captar las cámaras de 'Vozpópuli'. La sala completamente vacía a la espera del inicio de la reforma.

La Sala Constitucional es una de las salas más importantes en el día a día del Congreso de los Diputados. Situada en la primera planta de la ampliación I, con conexión directa a con el palacio, mediante un puente que cruza el patio, está presidida por un políptico de los siete ponentes o "padres" de la Constitución, obra del pintor Hernán Cortés-Moreno. Los retratos, que también han sido retirados y almacenados durante la reforma, presiden la mesa principal de la Sala.

Fuentes de la Cámara, consultadas por este periódico, señalaron que el desmontaje de la Sala Constitucional se debe a una reforma del cableado para adaptar las cabinas de audio. En concreto, según han añadido otras fuentes, el motivo de estas obras históricas, en una sala que ha conservado siempre su aspecto original, se debe a la necesidad de adaptarse a la traducción simultánea del español a los idiomas cooficiales del Estado. Sánchez concedió la posibilidad de usar el catalán, el gallego o el euskera a sus socios minoritarios a cambio de su apoyo a Francina Armengol como presidenta del parlamento.

El vaciamiento de la Sala Constitucional no deja de tener también un simbolismo en el que han reparado fuentes parlamentarias de la oposición: “en un momento de vaciamiento constitucional, de retorcimiento de las leyes y las mayorías, o cuando se dice que es constitucional algo como la amnistía, que ayer no lo era, y cuando la malversación de caudales públicos deja de serlo según quien la cometa, como ha dicho el TC con el caso ERE en favor de Chaves o Griñán, no deja de ser llamativo ver a la sala más relevante del Congreso vacía también. Es un simbolismo casi siniestro.”

El constitucionalismo crece y amenaza el discurso separatista catalán en la universidad
La Justicia condena a los secesionistas que atacaron a S'ha Acabat al tiempo que el colectivo se presenta a las elecciones del claustro de la UPF
Óscar Benítez. Vozpópuli. 15 Diciembre 2024

El profesor y filósofo Francisco Caja afirmó en una ocasión que "hasta el último club de ajedrez está intervenido políticamente en Cataluña" por el nacionalismo. Lógicamente, una institución tan relevante como la Universidad no iba a permanecer ajena al contagio que denunciaba Caja. Y es sabido que la Justicia ha puesto en solfa a las instituciones universitarias catalanas en más de una ocasión por su adhesión al separatismo. Sin ir más lejos, los tribunales obligaron a la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado octubre a tapar un gran mural independentista que presidía su plaza central. Y tanto la Universidad de Barcelona como la Politécnica fueron llamadas a capítulo por los jueces por "vulnerar la neutralidad ideológica" durante el 'procés'.

En este clima, la asociación juvenil S'ha Acabat-Jóvenes por la defensa de la Constitución supone un islote en la institución. Formada en 2018 como una escisión de las juventudes de Sociedad Civil Catalana, la entidad se ha hecho popular desde entonces sobre todo por el hostigamiento al que el separatismo radical la ha sometido, increpando a sus miembros e impidiendo —a menudo, con violencia— sus actos en la Universidad.

El último episodio de estas características tuvo lugar durante la feria de asociaciones del pasado octubre, cuando un centenar de radicales secesionistas les lanzó botes de humo y de pintura al grito de "Fuera fascistas de la Universidad". Antes, durante la pegada de carteles del 9-J, los extremistas agredieron físicamente al vicepresidente del colectivo, Hugo Escarpa, al que desgarraron la ropa y ocasionaron magulladuras en diferentes partes del cuerpo.

El incidente más reciente fue condenado por el PP catalán y entidades constitucionalistas, pero omitió hacerlo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y ello a pesar de que, tras los hechos, S'ha Acabat solicitó a la 'consellera' de Universidades, Núria Montserrat, una reunión para abordar el acoso que sufren sus miembros en el campus. Una reclamación que no fue atendida. Por su parte, el rectorado universitario tampoco se pronunció al respecto. Y es que, como ha denunciado el colectivo juvenil, estos suelen ignorar estos escraches o, a lo sumo, realizar condenas genéricas de la violencia, equiparando a los agresores con las víctimas.

Espaldarazo de la Justicia

Pero el equilibrio de poder podría estar empezando a cambiar. Esta semana, la asociación ha recibido un espaldarazo de la Justicia, que ha condenado por "coacciones" a cuatro de los activistas secesionistas que atacaron y expulsaron a sus miembros en la Pompeu Fabra en febrero de 2023. El fallo recuerda que los agresores mostraron una "actitud hostil" a los jóvenes del colectivo, desmantelando su tenderete y forzándoles a salir de lugar por un "pasillo humano" mientras les propinaban patadas y les gritaban "fascistas". Una conducta que, según la jueza, no se encuentra amparada por la "libertad de expresión", tal como alegaron los ultras. En consecuencia, ha impuesto a cada uno de los agresores una sanción de 2.160 euros.

Y otra grieta abierta en el monopolio secesionista de la Universidad lo representa que S'ha Acabat se presenta por primera vez a las elecciones del Claustro universitario de Derecho de la UPF. De la mano de sus candidatos Elio Oliva y Manuel Mesa, el colectivo, defiende en su programa necesidades alejadas de la política como una "remuneración digna" para los estudiantes en prácticas o establecer "convenios con las mejores universidades" del extranjero. Pero también asumen compromisos vinculados al ideario constitucionalista. Entre ellos, conseguir un "biligüismo real" en el centro, garantizando el derecho de profesores y alumnos a usar tanto castellano como catalán; o acabar con su "sectarismo" ideológico, evitando el adoctrinamiento en las clases o retirando la simbología partidista de sus instalaciones.

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