Recortes de Prensa Jueves 26 Diciembre 2024

Ucrania: una guerra 'woke', pero solo en Occidente
Juan Rodríguez Garat. Almirante (R). el debate. 26 Diciembre 2024

No es nada nuevo que Rusia y Occidente veten el acceso a los medios del otro. De hecho, las actividades de radiodifusión del Izvestia han sido prohibidas por la Unión Europea hace ya algunos meses. Sin embargo, en este caso, parece que fue Rusia la que restringió temporalmente el acceso a su propia prensa doméstica

Hace algunos años, el director editorial de la BBC se dirigió a la Cámara de los Lores para tranquilizarles sobre un asunto de importancia capital: a partir de entonces, y en aras de la imparcialidad, los terraplanistas tendrían derecho a exponer sus teorías en la cadena pública británica. Desde luego, se les concedería menos tiempo de emisión que a los que defendían que la tierra es redonda… pero no porque estos últimos tuvieran la razón sino porque eran más.

Dirá el lector que tal estupidez es una de las señas de identidad de la BBC, tan woke ella –desde antes de que se inventara el término– que se siente obligada a dar voz a las minorías que dicen que está lloviendo aunque baste mirar por la ventana para comprobar que no es así. Sin embargo, soy de la opinión de que esa relativización de la verdad que va implícita en la ideología woke es un mal que va mucho más allá de las islas británicas. Para demostrarlo, basta escuchar las declaraciones a los medios de personajes como Miguel Bosé o –para qué negarlo– algunos de los militares rusoplanistas que defienden a Vladimir Putin desde tribunas españolas. ¡Ojalá fuera solo la BBC la que confunde el inalienable derecho de opinión con la barra libre para difundir hechos –que no opiniones– demostrablemente falsos!

En la España de hoy, en la que la verdad también parece haber perdido todo su valor –dejaré la política para los columnistas de El Debate, pero echo de menos aquel «¿tu verdad? No, la verdad», de Antonio Machado– no faltan los medios que, quizá para demostrar imparcialidad, se ponen al servicio de las campañas desinformativas del Kremlin sin poner de su parte una pizca del sentido crítico que se espera de quienes tienen la responsabilidad de informarnos.

Los «ataques de represalia»
Permita el lector un sencillo ejemplo. Recientemente hemos podido leer multitud de titulares que nos informaban de que Putin había bombardeado la infraestructura energética ucraniana en represalia por el empleo de misiles ATACMS en territorio ruso. Unos días más tarde, un periódico de amplia difusión nacional publicó un titular que firmaría el mismísimo Dmitri Peskov, el portavoz de Putin: «Rusia golpea Kiev con misiles hipersónicos como represalia por el atentado en Moscú contra su jefe de la fuerza nuclear».

Eso es, efectivamente, lo que el dictador del Kremlin quiere que creamos –el Komsomólskaya Pravda, el diario ruso de mayor tirada, publica hoy que el misil Oréshnik es «una nueva y formidable arma de represalia, aterradora»– y está bien que nuestros medios den fe de sus intoxicaciones. Pero rara vez se añade a las noticias el necesario contexto. El hecho es claro, el por qué es opinable, y publicar en titulares la opinión de Moscú es como encabezar la noticia de una violación con el pretexto del criminal: «Un hombre viola a una mujer porque ella le había provocado». No hace falta ser woke para que a uno le repugne un titular así.

Cuando veo los ataques a ciudades ucranianas frívolamente calificados como represalias, me pregunto si el redactor habrá tenido presente que Rusia lleva bombardeando sistemáticamente los mismos objetivos desde el primer invierno de la guerra, mucho antes de que Ucrania siquiera soñara con tener misiles ATACMS, mucho antes de la muerte de Igor Kirillov. ¿Represalia de qué? ¿No sería más justo encabezar las líneas con el hecho: «Rusia vuelve a golpear Kiev» e incluir, si se desea, la excusa de la represalia en el texto del artículo, donde puede atribuirse a quien proceda esa endeble justificación? Una justificación que, para más inri, contraviene uno de los protocolos de la Convención de Ginebra, cuyo artículo 51.6 no puede estar más claro: «Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles.»

¿Importa este matiz? Desde luego. Nadie publicaría que un violador golpeó a su víctima en la cara en represalia porque ella le había arañado el rostro. De represalia en represalia, el lector puede llegar a la conclusión de que la guerra de Ucrania es un enfrentamiento simétrico en el que ambos bandos comparten la culpa. De ahí a decir «que se arreglen entre ellos» hay un solo paso. Y ese paso es justo el que Putin desearía que diéramos.

La impenetrable defensa aérea rusa
Cambiemos de bando. Ucrania, como es lógico, también dispara. Otro titular que leemos frecuentemente es el de que el Ejército ruso ha repelido un ataque aéreo –ponga el lector el número de drones y misiles que le parezca oportuno– pero que «los restos de los aparatos derribados han provocado daños» en las instalaciones atacadas. Eso es lo que suele afirmar el Kremlin y, aunque los profesionales de la milicia podamos preguntarnos con cierta sorna cuál es entonces el alcance de las armas antiaéreas rusas, en España no tenemos censura de prensa. Publiquemos las declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa ruso, pero como lo que son: versiones de parte, normalmente muy alejadas de los hechos. Cuando se escribe: «La defensa aérea rusa intercepta más de 40 drones ucranianos sobre distintas regiones del país» –copio el texto de una conocida agencia de prensa– estamos cometiendo el mismo error que si encabezáramos un artículo asegurando que «la tierra es plana» en lugar de reseñar que «un hombre dice que la tierra es plana».

Quienes seguimos la guerra de Ucrania sabemos bien el esfuerzo que hace el Kremlin para disimular cualquier posible éxito militar ucraniano. Por cómico que pueda parecer, cuando se ha producido un impacto de misil sobre el costado de uno de sus buques de guerra, los rusos –cuestión de perspectiva– han preferido presentarlo como el derribo del misil … ¿quizá por el costado del propio buque? Una técnica defensiva novedosa en verdad. Efectivamente, el misil atacante queda destruido tras el impacto, y todos tenemos derecho a elegir nuestros mensajes propagandísticos … pero, después de casi tres años de guerra, ¿aún queda alguien que no se haya dado cuenta de que esa es su estrategia de comunicación?

Con tácticas como estas, Putin, que ha fracasado al tratar de hacer pasar como una guerra justa la invasión de Ucrania, intenta –y a menudo lo consigue– emborronar el relato de la contienda para convertir una agresión en una riña de vecinos, un forcejeo de peones en el frente –del que, si El Debate tiene a bien publicarlo, daremos cuenta en un próximo artículo– en una marcha triunfal y una fea guerra de trincheras en una limpia operación especial.

La perspectiva rusa
En todas partes cuecen habas, dirá el lector. Sin embargo, no son las mismas habas. Propaganda hay en todas las guerras y en todos los bandos, pero no existe tolerancia alguna por la discrepancia en el otro lado del frente. Allí lo woke está prohibido, pero la represión de la discrepancia va mucho más allá de algunos de los excesos que nos molestan a muchos ciudadanos occidentales. Hace unos días, publiqué en El Debate un artículo sobre la mala vida que Putin da a los rusos, basado en algunas noticias recogidas del diario Izvestia. En particular, el texto que acompaño como copia de pantalla recuerda bastante a los duros tiempos del comunismo y dice mucho sobre el estado de la Rusia actual.

La noticia del Izvestia es, desde luego, útil para advertir a los rusos de lo que puede ocurrirles si cuestionan la guerra –delito grave en la Rusia de Putin– porque hay delatores –¿será la propia «visitante Victoria» uno de ellos?– hasta en los clubes nocturnos. Por eso se habrá publicado, Pero la advertencia es sumamente embarazosa si se publica en Occidente. Alguien podría pensar —–mismo, sin ir más lejos, y quizá también la mayoría de los lectores– que el apoyo popular de que presume Putin quizá se fundamente en la posibilidad de ser detenido en una discoteca y condenado a largas penas de prisión.

Puede que sea casualidad pero, a partir de la publicación del artículo, el acceso a Izvestia desde España se cortó durante varios días. Cada vez que trataba de abrir el enlace, la pantalla de mi ordenador me devolvía un mensaje muy poco amistoso: «iz.ru no está disponible. Parece que el propietario del sitio web ha prohibido el acceso desde su red actual». El lector escéptico haría bien en preguntarse si existe una relación de causa y efecto entre el artículo y el cierre, si de verdad es posible que en la amplia red de desinformación creada por Rusia en el exterior se preste atención a lo que se publica en la prensa española. Pero de esto último sí estoy seguro porque he podido leer, reproducidos con satisfacción en los periódicos del régimen, los comentarios publicados en diversos medios de nuestro país por algún exmilitar de conocidas tendencias prorrusas.

Rusia afirma haber frustrado un complot ucraniano para matar a oficiales de alto rango y sus familias en Moscú
El teniente general Kirillov, jefe de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia, ya fue asesinado por el servicio de inteligencia ucraniano el 17 de diciembre en Moscú
Carlos Garcés. Madrid. el mundo. 26 Diciembre 2024

No hay tregua en la guerra de Ucrania pese a las fiestas o el invierno. Las fuerzas rusas están intentando irrumpir a través de las defensas de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, donde los combates son ahora mismo "muy fieros", según el Ejército de Ucrania, mientras que otras dos localidades de la región de Donetsk han sido tomadas por las tropas de Moscú.

Los rusos están asaltando Pokrovsk desde los flancos para evitar un asalto frontal, pero están sufriendo bajas significativas, dijo Viktor Tregubov, un portavoz del grupo operativo-estratégico 'Jortitsia' del Ejército ucraniano, responsable del frente del este. "En el área de Pokrovsk, solo en las últimas 24 horas nuestros defensores han detenido 60 asaltos y o operaciones ofensivas del agresor. En esta área el enemigo nos supera con mucho en efectivos", afirmó.

Entretanto, la plataforma de monitoreo del frente DeepState informó de que las tropas rusas han logrado tomar las localidades de Novoolenivka y Storozhevo, también en Donetsk, y han avanzado en las inmediaciones de Pishchane y Novovasilivka. Según DeepState, las fuerzas rusas ya habían tomado esta semana las localidades de Makarivka, Suji Yali y Zelenivka, en esa misma región.

Los analistas creen que el objetivo de la aceleración de la ofensiva rusa en el Donbás es llegar en la mejor posición negociadora a la investidura del presidente de EEUU, Donald Trump, el próximo 20 de enero, y a las futuras conversaciones entre éste y el presidente ruso, Vladímir Putin.

8:15
Biden dice que EEUU seguirá aumentando el envío de armas a Ucrania

El presidente Joe Biden dijo el miércoles que pidió al Departamento de Defensa de Estados Unidos que continúe con el aumento de las entregas de armas a Ucrania tras condenar el ataque ruso del día de Navidad contra algunas de las ciudades de Ucrania y su sistema energético, informa Reuters.

"El propósito de este escandaloso ataque fue cortar el acceso del pueblo ucraniano a la calefacción y la electricidad durante el invierno y poner en peligro la seguridad de su red", dijo Biden en un comunicado. El presidente electo republicano Donald Trump reemplazará al demócrata Biden el 20 de enero.

7:45
El ejército ucraniano dice haber derribado 20 drones lanzados por Rusia durante la noche

El ejército ucraniano dijo el jueves que derribó 20 drones de los 31 lanzados por Rusia durante la noche, informa Reuters.

De los 31 drones, 11 "imitadores" no alcanzaron sus objetivos debido a la intervención activa del ejército ucraniano, agregó.

España bate otro récord de gasto en nóminas de políticos y funcionarios: más de 172.000 millones
Uno de cada cuatro euros gastados por las Administraciones se dedica a pagar al personal. La factura total equivale al 10,5% de la deuda pública
Francisco Núñez. Vozpópuli. 26 Diciembre 2024

El gasto total en remuneraciones públicas, que reciben los funcionarios, personal laboral y los políticos (incluido el ejército de altos cargos y asesores), registrará este año un nuevo récord. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, de mantenerse la actual tendencia de crecimiento superará los 172.000 millones de euros, frente a los 163.376 registrados el año anterior. Lo que supone un aumento cercano al 6% (unos 10.000 millones más), casi el doble del aumento de la economía. Esta cifra equivale a uno de cada cuatro euros del gasto del conjunto de las Administraciones (incluida la Seguridad Social); a más del 11% del PIB y al 10,5% de la deuda pública, y supera con creces el abono de las más de 10 millones de pensiones.

Hasta el tercer trimestre, últimos datos oficiales cerrados, el gasto acumulado en sueldos públicos de la Administración Central, Autonómica y Seguridad Social era de casi 102.000 millones, a los que habría que sumar casi 24.000 millones más correspondientes a los ayuntamientos. El alza era del 6,2% (una décima más que hace un año y 2,7 puntos más que en 2022) debido “en parte”, como señala el informe de Hacienda, a que en julio se hizo efectiva la subida salarial prevista para 2024 del 2% con efectos de enero.

Además, en marzo de este año se ha abonado también el incremento complementario del 0,5% sobre las retribuciones vigentes a finales de 2023 con efectos desde enero de ese año. En esa fecha, el alza del gasto en el Estado era del 4,5% mientras que en las CCAA llegaba al 6,7%. Algunas regiones superaban con creces ese porcentaje medio: en La Rioja alcanzaba el 10,7%, mientras que en Navarra llegaba al 9,7%; en Cataluña, al 8,5%; en Murcia, al 8,3%; en Extremadura, al 8%; y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana subía un 7,8%. Por su parte, en Castilla La Mancha se acercaba al 7,5% y en Canarias y Baleares este coste crecía por encima del 7%.

En términos de PIB regional, Extremadura gastaba ya en este periodo en sueldos públicos el 8,2% de su economía mientras que Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Cantabria, Canarias y Andalucía superaban el 6%. Según estos datos, una decena de las regiones emplean ya la mitad de sus presupuestos en abonar remuneraciones.

Pese a las recomendaciones de Bruselas de reducir el gasto estructural (las cuentas públicas acumulan más de 18 ejercicios consecutivos en situación de déficit a pesar de la constante subida de los impuestos), no ha cesado de crecer esta inmensa ‘bola de nieve’ en que se han convertido los salarios públicos, que se comen una sustancial parte de la recaudación. En concreto, absorben una tajada importante de las dos principales figuras tributarias ya que esos 173.000 millones de masa salarial, que incluye a salarios y cotizaciones a cargo del empleador, equivalen a la totalidad de los ingresos por IRPF y una parte sustancial del IVA.

En todo caso, esa cifra es superior (supera los 200.000 millones) si se le suma las nóminas del personal público de las empresas y entidades que tienen presupuesto propio y no limitativo como sucede en este caso. Desde la pandemia, el gasto en empleados públicos de las Administraciones ha crecido un 26% (en 35.000 millones más); un 33% (en 42.000 millones más) desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa; un 58% desde que comenzó la gran crisis en 2007 (en 63.000 millones más) y la subida es del 116% (en 92.000 millones más) desde que en 2002 comenzó el proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Desde 1999, último año en que hay series estadísticas, prácticamente se multiplicado por tres cuando la inflación sólo ha crecido un 78%.

Por administraciones, el Estado (Administración Central) va a superar a finales de año los 30.000 millones en gasto de personal por primera vez mientras que las autonómicas, que en 2023 alcanzaron el umbral psicológico de los 100.000 millones, se acercarán a los 108.000 millones y los ayuntamientos, que el año pasado llegaron ya a los 30.000 millones, alcanzarán los 32.000 millones. Mientras, la Seguridad Social se situará en la frontera de los 2.400 millones.

La escalada del empleo público
Este imparable incremento de la masa salarial pública se debe sobre todo al aumento de las plantillas sin planificación alguna, en particular en las autonomías, y también al deslizamiento salarial que ocasiona la fuerte estabilidad laboral existente con el abono de complementos por antigüedad (trienios y quinquenios) de los que ya no disponen los asalariados del sector privado. A ello hay que añadir las remuneraciones que se abonan fuera de mercado en la actualidad y que se sitúan por encima del 50% de los salarios del sector privado, según la información del INE.

Convertidos en agencias de colocación de los ‘suyos’ (siguen aumentado los escándalos incluso de oposiciones amañadas y de exámenes que han sido filtrados previamente), ningún partido se ha atrevido a realizar ajuste alguno, reforma o reasignación de efectivos a pesar de la importante inversión en nuevas tecnologías y la implantación de las Administraciones on line, las citas previas y telefónicas o la Inteligencia Artificial.

Según la estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre de este año había más de 3,5 millones de empleados públicos (incluye a casi 200.000 de las empresas) con un crecimiento de casi el 1% respecto al año anterior (unos 32.000 más); del 12% (373.000 más), desde que Sánchez preside el Gobierno; del 18,4% (frente al 2,9% de aumento de la ocupación en el sector privado) desde que comenzó la gran recesión a finales de 2007 y el alza se aproxima al 40% desde que en 2002 comenzaron las transferencias a las autonomías.

Diferencias por administraciones
Por tipo de Administración, el ‘gran boom’ de personal se ha producido en las autonomías y también en menor medida en los ayuntamientos. Las regiones disponen de casi 2,1 millones de empleados aunque en el último ejercicio se ha producido una leve reducción en 48.000. Esta minoración no ha evitado, sin embargo, que su masa salarial se haya disparado en 2024 hasta un 6,7%.

En todo caso, el número de nóminas desde la crisis de 2007 ha aumentado un 30% (en 472.400 personas más) y desde 2002 el incremento es del 114% (1,1 millones de contrataciones más). Los ayuntamientos, por su parte, ya han superado la cifra de los 700.000 empleos tras las elecciones del año pasado. Su crecimiento no cesa: es de 2.800 en el último ejercicio (1%); del 7% (48.000 más) desde 2007 y, por ejemplo, del 36% (unos 200.000 empleados más) que hace una veintena de años.

Mientras, la Administración Central acumula 533.700 efectivos, 20.000 más por ejemplo que al inicio de la gran crisis y 7.000 más que hace 22 años cuando comenzó el traspaso de competencias y de personal a las autonomías.

Un modelo económico empobrecedor
Jesús Rul. Vozpópuli. 26 Diciembre 2024

El crecimiento del PIB en los tres últimos años no es por la creación de riqueza, como acredita el estancamiento del PIB per cápita y el indicador de la Renta Personal Disponible (RPD) con bajos salarios y costes altos, especialmente el coste de la vida y vivienda. Efectos: la clase media se empobrece, crece el porcentaje de población con riesgo de pobreza, el número de personas en situación de carencias materiales severas aumenta (ha pasado del 7,7 % en 2022 al 9% en 2023. INE).

El Producto Interior Bruto (PIB) crece por motivos ajenos al crecimiento económico real en los sectores económicos básicos: agropecuario, industria, construcción, servicios…con una tendencia: crece el sector servicios (de 63,5% al 68,53%) y decrece la industria (de 26,29% al 20,24% (STATISTA, 2024) y un rasgo dominante: escaso valor añadido con baja productividad y competitividad que aleja la inversión productiva. El dato del PIB crece, pero de forma anómala que resta prosperidad socioeconómica por dos motivos:

— Por el incremento del gasto público en sueldos, pensiones, ayudas y subvenciones. Es el crecimiento por pagos públicos, pero a cuenta del déficit y el consiguiente aumento de la deuda pública. Desde 2018 con los gobiernos de Sánchez se ha incrementado en 375.000 ME. A finales de 2024 la deuda pública real, global y de las autonomías, es superior a 1,82 billones (34.634 € por habitante). La proyección estimada del coste en intereses de la deuda es de 44.000 ME en 2026, un 25,7 % más que en 2023.

El PIB ha subido por el aumento del empleo, el turismo y el gasto público, entre otros motivos por el derivado de la inmigración que asciende a 8,8 millones de personas (18,1% de la población total española (FUNCAS-2024). En los últimos 20 años ha crecido 9,4 puntos (2002: 7,7%; 2023: 17,1%) con esta distribución porcentual por procedencia: hispanoamericanos (55,8%), otros europeos (22,3%), marroquíes (18,4%), chinos (3,4%). Dado que cobran sueldos, ayudas etc... hacen subir el PIB, pero este indicador económico ajeno al crecimiento de la economía en términos reales induce a errores interpretativos y a utilizaciones políticas como hace el gobierno: “somos el país de la UE con mayor crecimiento del PIB”.

— Este triunfalismo cede ante los hechos: la relación entre el PIB y la inflación no deja lugar a duda: en realidad, el PIB durante el año 2024 ha bajado si restamos la inflación que, pese a su reducción desde 2022, se ha mantenido en cotas superiores al 2,7 de media a falta del dato de diciembre.

Queda en evidencia con el indicador de la Renta Personal Disponible (RPD) o renta real que disponen los individuos de un país, esto es, su poder adquisitivo para distribuir entre el consumo, la inversión y el ahorro

Un indicador más descriptivo es la Renta per cápita o crecimiento con relación a la población de un país. En el caso español, su evolución comparada con las principales economías de la UE ha crecido menos según datos de EUROSTAT: sólo se ha incrementado en 320 € entre 2018 y 2023 con 25.210 €, por debajo de la media de la zona euro (30.690 €).

De hecho, este “crecimiento” del PIB es decrecimiento real de la riqueza nacional. Queda en evidencia con el indicador de la Renta Personal Disponible (RPD) o renta real que disponen los individuos de un país, esto es, su poder adquisitivo para distribuir entre el consumo, la inversión y el ahorro. Este indicador evidencia la caída de los ingresos reales per cápita de los hogares españoles por la subida de los precios del consumo, incrementando en más del 30% el coste de la vida. Es muy significativa la reducción de la capacidad de inversión en vivienda entre jóvenes por el desajuste entre el alza de los precios y la precarización laboral, agravada por la carencia de políticas efectivas de vivienda social.

En general, la evolución de la RPD desde 2019 evidencia un crecimiento raquítico que afecta especialmente a las rentas bajas y medias, con una tendencia al ahorro para atender a las deudas y por la incertidumbre.

Desempleo juvenil
Además de la incertidumbre política, la incertidumbre laboral con una tasa de paro superior al 11%; el más alto de la UE y de la OCDE. Es alto, pero además está infraestimado según Fedea. La cifra de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social esconde a más de 700.000 ciudadanos en una situación laboral de “fijos discontinuos” que se contabiliza sin trabajar y cobrando subsidios. Todo ello, lleva a revisar a la baja el número de afiliados reales a la Seguridad Social. Es engañoso equiparar la producción vinculada a un puesto de trabajo efectivo con el no trabajo a cargo del gasto público. Esta situación afecta más a jóvenes con el agravante de que la tasa de paro de este segmento de la población laboral es superior al 27,4% (Eurostat) siendo la más alta de la UE.

La concepción instrumental de la educación, subordinada a fines políticos del constructivismo social y su plasmación en el constructivismo educativo, esto es, anteponer la ideología al conocimiento, y el igualitarismo (Pedagogía progresista) al desarrollo personal (Pedagogía científica)

El sector joven de la población española es el más perjudicado por las rigideces de la estructura productiva española, con los elevados datos de paro juvenil citados que impide su inserción laboral en el mercado de trabajo. También por la dificultad de independencia personal para construir un proyecto vital autónomo que requiere un techo: adquisición o alquiler de una vivienda habida cuenta de los salarios reales. Pero además gravita sobre los jóvenes un tercer perjuicio, especialmente limitador: un sistema educativo peor que mediocre en términos generales, con altas tasas de abandono prematuro de los estudios básicos (13,6%, Encuesta de Población Activa, 2023); escasa relación entre formación superior y empleo (somos el segundo país de la UE con mayor porcentaje de titulados universitarios desempleados); la producción científica ha aumentado un 30,5% entre 2016 y 2020 respecto a igual periodo anterior, aunque con bajo impacto de transferencia de resultados. Es alarmante la sangría de jóvenes cualificados que marchan de España buscando mejores condiciones profesionales y laborales: en 2021, salieron de España 19.622 jóvenes con formación superior (INE), y el estudio del Círculo de Formación indica que 8 de cada 10 jóvenes universitarios trabajarían fuera de España, por la escasez de puestos cualificados.

No es que los jóvenes españoles sean mediocres o peores en comparación con otros, es que el sistema educativo, implantado en los últimos 40 años a través de cinco leyes socialistas -LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOE (2006), LOMLOE (2020)- han determinado un modelo educativo refractario a la excelencia, es decir, castra el potencial de los alumnos. Dos notas lo caracterizan: la concepción instrumental de la educación, subordinada a fines políticos del constructivismo social y su plasmación en el constructivismo educativo, esto es, anteponer la ideología al conocimiento, y el igualitarismo (Pedagogía progresista) al desarrollo personal (Pedagogía científica). Dicho de otra manera: antepone el relativismo cultural, con la construcción de identidades ideológicas, al aprendizaje de conocimientos sistemáticos para el desarrollo personal a través de la disciplina del aprendizaje.

Está objetivamente acreditado a través de: a) pruebas de medición internacionales de competencias básicas en alumnos de 2º de ESO (Oced-Pisa) en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, b) de rendimiento lingüístico en lectura (PIRLS) en alumnos de 4º de Educación Primaria, y c) de conocimientos matemáticos y científicos en alumnos de 4º de Educación Primaria y 2º de ESO (TIMSS). En todas estas pruebas en las distintas ediciones habidas obtenemos resultados generales en la zona intermedia con puntajes normalmente inferiores a la media. Se exceptúan algunas pocas regiones españolas.

Este modelo socioeconómico socialcomunista es estructuralmente deficitario, pese al engañoso crecimiento del PIB. Nos empobrece pues lleva aparejado un decrecimiento de recursos para servicios básicos: educación, sanidad, infraestructuras, etc. El Estado de Bienestar queda afectado y a la baja. Pero lo más grave es la cultura social normalizada que nos acostumbra a la mediocridad, a la reducción de las oportunidades, a la dependencia de los subsidios, a vivir con falsedad, corrupción e incertidumbre, tergiversadas y edulcoradas con la propaganda del poder y sus terminales mediáticas.

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Cataluña
2024: el año en que el nacionalismo catalán perdió en las urnas pero impuso su programa
El anuncio de relevantes concesiones como el cupo catalán o el traspaso total de la inmigración han tenido lugar con el separatismo fuera de la Generalitat
Óscar Benítez. Vozpópuli. 26 Diciembre 2024

Tras la pasada victoria del PSC en los comicios catalanes del 12 de mayo, el sintagma más repetido en la prensa este 2024 ha sido el de "cambio de ciclo". Después catorce años de gobiernos secesionistas que llevaron a Cataluña al borde del abismo durante el 'procés' —el escritor Javier Cercas ha recordado que durante aquellos días se respiraba en la comunidad un "clima prebélico"—, el triunfo de un partido no alineado con la secesión fue recibido con alivio por parte de la sociedad y del poder económico catalán —y también en el resto de España—. Sin embargo, a punto de finalizar el año, abundan las voces constitucionalistas que creen que, en verdad, no se ha "pasado página". Y se ha convertido ya en tópico recurrir a la sentencia de 'El Gatopardo' para describir la coyuntura catalana: "Cambiarlo todo para que nada cambie".

Y es que, pese a que la amenaza unilateral ha quedado en suspenso, las políticas nacionalistas no solo no han dejado de aplicarse, sino que se han afianzado. La llamada "financiación singular", una de las concesiones del Gobierno socialista a Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Illa, ha acaparado gran parte del debate público desde el pasado verano, cuando Sánchez anunció su voluntad de ponerla en marcha. El modelo —una antigua aspiración del nacionalismo, que siempre había visto con envidia el concierto vasco— restringe la solidaridad con el resto de España y supone, según expertos como Ángel de la Fuente, una "confederación por la puerta de atrás" —dado que permite a Cataluña recaudar todos sus impuestos—. Con todo, Illa anunció el lunes pasado que la legislatura seguirá orbitando en 2025 sobre esta discutida reforma.

De la misma manera, el PSC ha llevado este año la ofensiva en favor del monolingüismo en catalán más lejos de lo que lo hicieron en el pasado los propios partidos nacionalistas. Solo dos días después de tomar posesión del cargo, Illa anunció la creación de la 'conselleria' de Política Lingüística —departamento inédito hasta el momento— y que se ha encargado de extender durante estos meses el veto al castellano en los patios y extraescolares, en la Sanidad —con posibles sanciones al personal médico— y en los comercios, donde está previsto enviar a profesores 'in situ' para que enseñen catalán a los tenderos. Y aunque la 'consellera' de Educación, Esther Niubó, se reunió recientemente con las entidades probilingüismo, que habían sido ninguneadas por los anteriores ejecutivos, reveló que seguirá desoyendo a la Justicia respecto al 25% de castellano.

Traspasos de envegadura
Otras reclamaciones históricas del nacionalismo catalán han sido arrancadas por éste directamente al Ejecutivo de Sánchez, cuya consabida debilidad parlamentaria le hace depender —en ocasiones, de manera agónica— de los votos secesionistas. Una de las más importantes ha sido la transferencia de Cercanías a la Generalitat, pactada por el PSOE y ERC a finales de 2023 pero cuyo calendario de ejecución se ha establecido este año y para la cual el Estado entregará al Govern 1.520 millones de euros hasta 2026. Pero siendo esta transferencia relevante, tal vez aún lo sea más por sus implicaciones identitarias la arañada por Junts a los socialistas el pasado enero: la gestión integral de la inmigración. Ésta, cuya negociación se encuentra "muy avanzada" según Puigdemont, resulta capital para la "construcción nacional" pues condicionará los derechos de los inmigrantes a su conocimiento de catalán.

El 2024 ha supuesto, además, el año en el que los líderes del 'procés', Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pese a su desgaste, han vistos sus liderazgos refrendados en sus respectivos congresos en octubre y noviembre. Y a pesar de que la malversación ha impedido que se beneficien de la amnistía, Sánchez ha anunciado esta semana que les aplicará la "amnistía política" reuniéndose con ambos en cuanto sea posible. Finalmente, en este curso político también hemos asistido al auge del nacionalismo ultra representado por Aliança Catalana —cuyos escaños crecerán de los dos actuales a seis o siete según el 'CIS catalán'—, pero también al de la oposición constitucionalista liderada por el 'popular' Alejandro Fernández, que ocupa 15 escaños en el Parlament —el mejor resultado de la formación en más de una década—.

Economía
La losa de la deuda catalana: afronta vencimientos por 40.000 millones en cinco años
La mayor parte corresponde al dinero prestado por el Estado a través del FLA
Vozpópuli 26 Diciembre 2024

La Generalitat de Cataluña afronta en los próximos cinco años vencimientos de deuda por un importe de 40.418 millones de euros, en gran parte atribuibles al dinero prestado a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así se desprende de una presentación a inversores elaborada por la Generalitat en la que se hace balance de la situación financiera de la administración catalana.

En concreto, la Generalitat afronta vencimientos de deuda por 7.864 millones en 2025, por 7.792 millones en 2026, por 8.106 millones en 2027, por 8.792 millones en 2028 y por 7.864 millones en 2029. En el caso de 2025, por ejemplo, el FLA supone 7.331 millones de los 7.864 millones que se deben amortizar, otros 421 corresponden a préstamos extranjeros y 113 millones a préstamos nacionales.

Se trata de la mayor curva de vencimientos que afronta en los próximos años Cataluña, ya que en 2030 baja el importe y se situará en los 6.563 millones. En los años posteriores continuará descendiendo por debajo de los 5.000 millones -4.873 millones en el año 2033- y de los 4.000 millones - vencen un total de 3.671 millones en el año 2034-.

Quita parcial del FLA
En este contexto, la quita parcial del FLA que, en la última Conferencia de Presidentes, el Gobierno prometió abordar en enero con las comunidades cobra especial importancia para autonomías como Cataluña, ya que actualmente la Generalitat tiene una deuda de 88.952 millones, y de esta cantidad 75.813 millones corresponden a los mecanismos de liquidez -el FLA principalmente-, lo que supone un 85,2 % del total.

En el momento que Cataluña consiga restar el 20 % del FLA -en torno a unos 16.000 millones, tal como acordó ERC con el PSOE en noviembre de 2023-, ello reducirá el volumen del pasivo de la Generalitat y, en consecuencia, también se recortarán sus costes financieros. En teoría, la deuda vinculada al FLA pasaría a ser entonces de algo menos de 60.000 millones y la total de unos 73.000 millones, siempre de acuerdo a los últimos datos de deuda de la Generalitat, que son los correspondientes a junio de 2024.

La consellera de Economía, Alícia Romero, que ha celebrado el anuncio sobre el FLA hecho en la Conferencia de Presidentes de Santander, ha asegurado recientemente que en los próximos años la Generalitat podría ahorrar unos 1.500 millones de euros en intereses y unos 250 millones ya el año que viene gracias a esta condonación parcial.

El origen del fondo
En 2011, y en un contexto de crisis de la deuda soberana de la zona del euro, el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell pidió la creación de unos 'hispabonos', una especie de deuda de las comunidades autónomas con el respaldo del Estado, ante las dificultades de las autonomías para emitir deuda en aquella coyuntura. Finalmente, el Gobierno del PP acabó creando en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos de provisión de liquidez, como el plan de pago a proveedores.

Cataluña se adhirió desde un primer momento a estos mecanismos para hacer frente a la delicada situación de sus finanzas, y las comunidades adheridas al FLA firmaron ejercicio tras ejercicio préstamos a diez años con el Estado para cubrir el déficit generado durante los años de la crisis y para poder atender así los servicios sociales básicos. Esos préstamos se concedieron con los dos primeros años de carencia, pero pasado ese período las comunidades tenían que empezar a amortizar capital, y esa situación ha provocado que con los años la factura del FLA haya crecido ejercicio tras ejercicio como una bola de nieve.

Así pues, año tras año, la Generalitat y otras comunidades han recurrido a los préstamos del FLA para cubrir sus necesidades de liquidez, ya que, o bien tenían cerrada la financiación en los mercados financieros o bien resultaba mucho más cara que la habilitada por el FLA.

Acceso a los mercados
En los últimos años, la Generalitat ha barajado la posibilidad de volver a los mercados financieros con una emisión de deuda -la última opción que se barajó fue la emisión de un bono verde-, aprovechando que su calificación ('rating') ha mejorado, pero esa emisión nunca ha acabado de llegar, en parte porque acudir al FLA también resulta menos costoso que emitir deuda. La Generalitat pidió prestados inicialmente el año pasado 8.642 millones, aunque luego ha ampliado la solicitud hasta los 11.405 millones, para cubrir el exceso de déficit de 2023.

El dinero prestado por el FLA durante este año tuvo un interés medio del 3,159 %, según consta en la presentación a inversores de la Generalitat. La previsión para 2025 es que la Generalitat pida prestados al FLA 8.481 millones de euros, de los que 8.048 millones servirán para cubrir vencimientos de deuda, principalmente del propio FLA, y 308 millones para cubrir el déficit del 0,1 % autorizado para 2025.

En los últimos años, la Generalitat ha tratado de diversificar sus fuentes de provisión de liquidez más allá del FLA, y por ello ha firmado varios préstamos a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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