Recortes de Prensa Domingo 16 Marzo 2025

Rubio y Lavrov tratan sobre los próximos pasos a seguir en las negociaciones de paz
Continúan los ataques nocturnos entre Ucrania y Rusia
Henar Andrés. Madrid. el mundo. 16 Marzo 2025

Horas después de la cumbre virtual de los líderes europeos convocada por el Reino Unido para tratar la guerra en Ucrania, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, han mantenido una conversación telefónica para tratar sobre los siguientes pasos a dar en busca de la paz.


El Departamento de Estado americano reveló en un comunicado que se "discutieron los próximos pasos para dar seguimiento a las recientes reuniones en Arabia Saudí y se acordó seguir trabajando para restablecer la comunicación entre Estados Unidos y Rusia".


Esta semana, el representante estadounidense se reunió con Vladimir Putin en Moscú para abordar la oferta de un alto el fuego de 30 días ya aceptada por Ucrania, pero Rusia puso sus propias condiciones para llegar a una tregua.


9:25

Rusia destruye 31 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo de que sus unidades de defensa antiaérea destruyeron un total de 31 drones ucranianos sobre territorio ruso. De ellos, 16 fueron derribados sobre la región suroccidental de Voronezh, nueve sobre el territorio de la región de Belgorod y el resto sobre las regiones de Rostov y Kursk, indicó el ministerio en la aplicación de mensajería Telegram.


En un ataque de un dron ucraniano sobre la región fronteriza rusa de Belgorod, tres personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 7 años, según informó anteriormente el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en la aplicación de mensajería Telegram.


Dos de las personas resultaron heridas después de que un avión no tripulado impactara contra su casa, provocando un incendio en el distrito de Gubkinsky de la región, mientras que la otra persona resultó herida en un ataque con un avión no tripulado contra el pueblo de Dolgoye.


9:15

Ucrania dice haber derribado 47 de los 90 drones lanzados por Rusia

La Fuerza Aérea de Ucrania informó este domingo en su parte matinal de que 47 de los 90 drones rusos lanzados la pasada noche contra el país han sido derribados, mientras que otros 33 no lograron alcanzar sus objetivos.


47 drones Shahed y de otros tipos fueron derribados sobre las regiones de Járkov, Poltava, Sumi, Cherkasi, Kiev, Yitómir, Dnipropetrovsk, Donetsk y Odesa, mientras que 33 drones réplica se perdieron in situ sin alcanzar sus objetivos, continuó el parte.


El ataque ruso causó daños en Cherníguiv, Kiev, Járkov y Odesa. En Kiev, un dron provocó un incendio en una empresa de manufactura, aunque pudo ser apagado, según anunció el jefe de la administración militar regional, Mikola Kaláshnik, en Telegram.


En Cherníguiv, otro ataque destruyó parcialmente dos pisos de un edificio de cinco plantas y dañó vehículos particulares, pero no hubo que lamentar heridos, según el Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania.


9:00

Conversación entre Rubio y Seguéi Lavrov

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, mantuvieron este sábado una conversación telefónica sobre los siguientes pasos para dar seguimiento a las recientes reuniones en Arabia Saudí sobre la guerra en Ucrania.


El Departamento de Estado de EEUU dijo -en un comunicado- que se "discutieron los próximos pasos para dar seguimiento a las recientes reuniones en Arabia Saudí y se acordó seguir trabajando para restablecer la comunicación entre Estados Unidos y Rusia".


El jueves, una delegación estadounidense encabezada por el representante estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunió en Moscú con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para abordar la oferta de un alto el fuego de 30 días con Ucrania, acordada esta semana en Arabia Saudí entre Washington y Kiev.


Putin apoyó ese día la idea de la tregua en Ucrania propuesta por EE.UU. y aceptada ya por Kiev, pero planteó cuestiones como el futuro de los soldados ucranianos que aún combaten en Kursk. Al mismo tiempo, el Kremlin advirtió este sábado que el tiempo para aceptar esa propuesta se estaba acabando.


CONFLICTO EN EUROPA DEL ESTE

Rusia anuncia la recuperación de otras dos localidades en Kursk, pero Zelenski habla de "retiradas rusas"
Europa Press. el confidencial. 16 Marzo 2025

Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de otras dos localidades en la región de Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso, que diariamente da cuenta de los supuestos avances logrados durante una contraofensiva a gran escala para tratar de expulsar a las tropas ucranianas. El Ministerio ha señalado este sábado que las fuerzas rusas han "liberado" las localidades de Zaoleshenka y Rubanschina. El jueves, informó de la toma de Sudzha, la principal ciudad que tenían bajo su poder las Fuerzas Armadas de Ucrania tras irrumpir a principios de agosto en la región de Kursk.


El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reclamó el viernes la salida de las tropas ucranianas de esta región como condición para la posible firma del alto el fuego promovido por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado este sábado que sigue en pie una oferta para que las fuerzas de Ucrania se rindan, aunque ha avisado de que "se agota el tiempo", según la agencia TASS.


Las autoridades de Ucrania, por su parte, evitan dar por perdidos sus avances de Kursk, que siempre habían considerado claves en una hipotética negociación con Moscú. También han negado que las tropas rusas hayan logrado cercar a las ucranianas con los aparentes avances de los últimos días. Trump llegó a decir el viernes que "miles de militares ucranianos están completamente rodeados por el Ejército ruso y en una posición muy mala y vulnerable", y reclamó "encarecidamente" al líder del Kremlin que les "perdonase la vida" para evitar la que sería la peor masacre "desde la Segunda Guerra Mundial".


De hecho, Zelenski ha negado que las tropas ucranianas desplegadas en Kursk estén rodeadas por las rusas y ha afirmado en cambio que "un número significativo" de efectivos rusos se han retirado en distintas direcciones por la presión de la ofensiva. "Nuestras tropas siguen conteniendo a las agrupaciones rusas y norcoreanas a la región de Kursk. No hay ningún cerco a nuestras tropas", ha señalado Zelenski, que está dispuesto a ofrecer a sus socios internacionales "información real" de lo está pasando en los distintos frentes.


126 drones ucranianos interceptados

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado desde la tarde-noche de este viernes un total de 126 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, entre ellas Bélgorod y Briansk, han informado las autoridades rusas. "Durante la noche de ayer, los sistemas de defensa aérea en servicio han interceptado y destruido 126 vehículos aéreos no tripulados ucranianos", ha comunicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado compartido en su canal de Telegram a primera de este sábado.


En concreto, 64 objetivos han sido derribados sobre el territorio de Volgogrado, 38 más en la región de Voronezh, otros 14 en terreno de Bélgorod, siete sobre la región de Briansk, dos sobre el territorio de Rostov y uno más en Kursk. Estos lanzamientos llegan después de que las fuerzas ucranianas bombardeasen la víspera dos instalaciones energéticas y un almacén de misiles, ubicados en varias regiones rusas, en un contexto de agresiones mutuas continuadas a la espera de que las partes se pongan de acuerdo sobre el alto el fuego propuesto por el Gobierno de Estados Unidos.


Desde que obtuvo el visto bueno de sus socios para golpear infraestructuras dentro de territorio ruso, Ucrania ha estado bombardeando casi semanalmente desde refinerías de petróleo, depósitos de armamento y otras instalaciones energéticas, como una de las refinerías de la Moscú que fueron golpeadas esta semana. Así las cosas, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguraba este viernes que el éxito de la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego dependerá de la "fuerte" respuesta que pueda dar a las pretensiones de Rusia, que en las horas previas se había estado planteando, antes de sumarse a esta posible tregua.


Doce heridos en ataques rusos en el centro de Ucrania

Al menos doce heridos, entre ellos un niño de dos años y otro menor de 15, han resultado heridos este viernes en ataques ejecutados por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la ciudad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, según han informado las autoridades.


El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk (centro), Sergii Lisak, región a la que pertenece la citada ciudad, ha informado de que seis de ellos fueron hospitalizados con heridas en la cabeza, moretones y cortes. Asimismo, cuatro edificios de apartamentos resultaron dañados, además de instalaciones comerciales y de las comunicaciones de la ciudad.


Precisamente este viernes, las autoridades de Rusia anunciaron nuevos avances en su contraofensiva contra las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk con la toma de la localidad de Goncharovka, un día después de hacerse con Sudzha, que era la mayor ciudad aún en manos de las fuerzas de Kiev tras su incursión en agosto de 2024. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas han sufrido 260 bajas, entre muertos y heridos, en los combates registrados durante las últimas 24 horas, lo que eleva a 67.410 bajas sufridas por Kiev desde el inicio de los combates, según el balance de Moscú, sin que Ucrania haya dado datos sobre este punto.


En su parte matinal, el Gobierno ucraniano ha informado del derribo de 130 drones rusos sobre las regiones de Járkov, Poltava, Sumi, Cherníguiv, Kiev, Cherkasi, Yitómir, Jmelnitski, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporiyia, Odesa y Mikoláyiv, en todos los puntos cardinales del país, según la fuente. Además, 38 drones réplica se perdieron in situ sin producir daños, agregó el parte.


Starmer asegura que Putin deberá sentarse "tarde o temprano" en la mesa de negociación
Carolina Serrano R. la razon. 16 Marzo 2025

Desde el inicio de los diversos intentos por negociar la paz en Ucrania, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha lanzado mensajes contundentes sobre el proceder de Europa y y el futuro de la guerra en la región. En este contexto, el bloque europeo ha sostenido diferentes cumbres y encuentros que van más allá, incluso, de los convocados por la Unión Europea.


Durante una reunión virtual de la ‘Coalición de los Voluntarios’, que reunió a 25 líderes aliados, Starmer afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no podrá evitar sentarse en la mesa de negociación "tarde o temprano" para mantener una "conversación seria" que ponga fin al conflicto. Su postura es clara: la comunidad internacional debe seguir presionando a Moscú para que detenga la agresión y acepte una paz "segura y duradera".


El líder laborista continúa pidiendo que, ante los recientes acontecimientos en el frente, los aliados de Ucrania refuercen su apoyo militar, financiero y diplomático hacia Kiev para que estos puedan seguir defendiéndose. "No podemos sentarnos y simplemente esperar a que eso pase. Debemos seguir presionando, avanzando y preparándonos para la paz", insistió Starmer, quien ha convertido a ucrania en una de sus prioridades en política exterior


Un frente unido para la paz

El encuentro virtual tuvo como eje central el fortalecimiento de la ‘Coalición de los Voluntarios’, un bloque internacional propuesto desde la última cumbre europea en Londres. La propuesta más inmediata sobre la mesa es un alto el fuego de 30 días, ya aprobado por Estados Unidos y Ucrania, que podría servir como un primer paso hacia la desescalada. Sin embargo, la negativa de Putin a cesar los ataques mantiene las tensiones al máximo.


La videoconferencia contó con la participación de figuras clave como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a líderes de la Unión Europea, la OTAN, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. También estuvo presente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien recibió una y otra vez el respaldo de Starmer que dice que "Ucrania es la parte que aboga por la paz".


Presión económica y diplomática sobre Rusia

Más allá del ámbito militar, la ‘Coalición de los Voluntarios’ también tiene como objetivo mantener la presión económica sobre Rusia. De hecho, en los últimos meses, las sanciones internacionales han golpeado sectores importantes de la economía rusa como la exportación de petróleo y gas, y el acceso a tecnología avanzada. Sin embargo, Moscú ha logrado encontrar aliados estratégicos en países como China e India, lo que le ha permitido resistir en parte los efectos de las restricciones.


Aun así, la comunidad internacional continúa explorando nuevas formas de dificultar la financiación de la maquinaria de guerra rusa. En este sentido, Starmer señaló que las sanciones debían ser reforzadas para así "cerrar cualquier resquicio que permita a Putin seguir financiando su agresión".


Para los países aliados, el principal objetivo es cerrar filas y evitar que Rusia imponga sus condiciones en una eventual negociación. Starmer insistió en que "si Putin fuese en serio sobre la paz, es muy simple: debe parar sus bárbaros ataques en Ucrania y acceder a un alto el fuego". Sin embargo, los hechos muestran que el Kremlin sigue apostando por una estrategia de desgaste militar y político, alargando el conflicto en busca de una mejor posición en la mesa de negociación.


La misión europea en Ucrania pasa a «fase operativa»
Celia Maza. Londres. la razon. 16 Marzo 2025

Su estilo burocrático y lento exasperaba incluso a sus propios partidarios. Su cautela era vista por los críticos como falta de convicción. Pero la guerra en Ucrania ha convertido al «premier» Keir Starmer en un hombre de acción. Determinado a liderar la seguridad en el Viejo Continente y ser el mejor puente entre Europa y Estados Unidos quiere que los aliados de Kyiv tomen la iniciativa para garantizar una paz «justa, fuerte y duradera». De ahí que haya decidido que la misión para desplegar tropas como medida de disuasión ante Rusia pase ahora a una «fase operativa».


El «premier» ha convocado el próximo jueves a los responsables militares de alrededor de treinta países aliados para definir cómo será la operación. «El mundo necesita acciones no palabras vacías ni condiciones», recalcó ayer tras convertirse en anfitrión de una cumbre telemática donde los aliados analizaron la situación actual del conflicto tras la reticencia de Vladimir Putin a aceptar un alto el fuego inminente de 30 días.


La lista de asistentes incluyó a 26 primeros ministros y presidentes, principalmente europeos –entre ellos, Pedro Sánchez– pero también a los líderes de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El grupo ha crecido desde que Starmer presentara su plan hace dos semanas en Lancaster House. Europa ha asumido que, a partir de ahora, tendrá que valerse por sí misma en materia de defensa y seguridad sin dar por sentado el amparo de Washington, donde Donald Trump ve ahora las relaciones trasatlánticas puramente en términos comerciales. De hecho, las conversaciones militares del jueves serán la segunda ronda que probablemente se realice sin representantes de la administración estadounidense.


En cualquier caso, el «premier» tiene claro que ninguna misión de paz será exitosa si no tiene el respaldo de la Casa Blanca. El premier ha sido clave estos días para que Trump y el presidente ucraniano Vladimir Zelenski limen asperezas tras su tenso encuentro y cierren un acuerdo de alto el fuego inmediato que la administración estadounidense está ahora negociando con Moscú.


«Ucrania ha demostrado más allá de toda duda que es partidario de la paz mientras que Rusia está intentando retrasarlo», recalcó Starmer. «Hemos acordado seguir con la presión a Rusia, seguir mandado armamento a Ucrania continuar con las restricciones a la economía rusa para debilitar la posición de Putin y obligarle a sentarse a la mesa de negociaciones», añadió.


Con todo, el «premier» británico considera que, de haber pacto,las posibilidades de que Putin cumpla con su palabra son escasas o nulas. De ahí que esté dispuesto a poner «botas británicas sobre el terreno y aviones en el aire» en una misión de paz liderada por Reino Unido y Francia –las únicas dos potencias del Viejo Continente con arsenal nuclear– como medida de disuasión.


Un objetivo clave de la reunión de ayer era demostrar el impulso político y militar acumulado. No obstante, si bien el inquilino de Downing Street pidió a los aliados «compromisos concretos», no dio detalles específicos al respecto cuando fue preguntado por esta cuestión en la posterior rueda de prensa.


No todos los países que se sumen a la misión tienen que hacerlo suministrando tropas. Italia ya ha descartado el envío de tropas a Ucrania. Finlandia considera que «aún es demasiado pronto». Por su parte, los países bálticos temen que cualquier fuerza de mantenimiento de la paz pueda desviar tropas de la protección del flanco oriental de la OTAN. Mientras, Turquía y los países escandinavos, así como países no europeos como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, se consideran entre los más propensos a participar de manera activa en la operación de mantenimiento de la paz.


Los mensajes de ayer se dirigieron directamente a Rusia, que, según Starmer, “se verá obligada a negociar tarde o temprano”, debido a la presión que ejercen los aliados, que se plantean incluso incautar los activos rusos congelados. Pero la cumbre también quería mandar un mensaje a la Casa Blanca, donde se muestran aún escépticos sobre el valor de las garantías de seguridad europeas. Starmer demostró una vez más que Europa y sus aliados han escuchado las demandas de Washington para redoblar sus esfuerzos para asumir la responsabilidad de defender a Ucrania y a sí mismos. Pero su argumento de que ningún acuerdo de paz puede ser seguro y duradero sin el respaldo de Estados Unidos no ha cambiado. Preguntado sobre si Trump le había dado ya el apoyo, el premier señaló que su equipo «mantiene conversaciones diarias con Washington».


Putin dice estar de acuerdo «con la propuesta de cese de hostilidades», pero añade que esta «debe eliminar las causas subyacentes de esta crisis». No ha detallado sus condiciones, pero siempre ha querido que el país vecino sea un estado vasallo y quede fuera de la OTAN. Y aunque Trump se muestra optimista sobre el fin de la guerra, Moscú sigue jugando al despiste como evidenció ayer mandando al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, a Corea del Norte, país que ha mandado a más de 12.000 soldados para combatir junto al ejército del Kremlin en la invasión de Ucrania.


Para el presidente Zelenski, el tiempo militar avanza con lentitud, especialmente en Kursk, donde sus tropas ocupan una franja cada vez más pequeña de territorio ruso. Ucrania niega rotundamente los informes de que sus fuerzas estén rodeadas en esta región, pero es evidente que se encuentran bajo una enorme presión. Y eso es clave para su estrategia porque mantener Kursk era moneda de cambio para futuras negociaciones.


Europa, sin capacidad de disuasión ante Rusia
Jesús Alberto García Riesco. libertad digital. 16 Marzo 2025

Europa no supo o no pudo defenderse después de la Guerra Fría. Con la protección Estados Unidos, se abrazó a la doctrina de la paz eterna. Sin embargo, la amenaza rusa y la inhibición estadounidense la obligan a afrontar sola su defensa. Para poder desplegar efectivos con capacidad y disponibilidad de luchar, Europa necesita tener los medios necesarios, pero sobre todo desarrollar la conciencia de defensa, lo que —después de ochenta años de espejismo— es una tarea tan necesaria como abrumadora.


Rusia tiene alrededor de 700.000 soldados en Ucrania. Desde 2022, ha aumentado el 220 por ciento la producción de carros de combate, el 150 por ciento los vehículos blindados y artillería, y el 435 por ciento las municiones merodeadoras de largo alcance. Después de tres años de guerra, su ejército tiene una experiencia sin parangón como ningún otro europeo. El ataque ruso se puede producir en un plazo de tres a diez años, "aunque podría ser antes", señalan Alexanr Burilkov y Guntram Wolff, "si los ejercicios militares cuatrienales Zapad que tendrán lugar en Bielorrusia en 2025 demuestran la capacidad para gestionar la nueva guerra".


Si Estados Unidos abandona a Ucrania deja al país a una suerte sellada y a Europa sin capacidad de disuasión. El "problema radica", señala Anders Fogh Rasmussen, "en que la arquitectura de seguridad en la que se ha confiado durante generaciones ha desaparecido y no va a volver". El viejo continente necesita facilitadores estratégicos, armamento, munición y armas nucleares, pero, sobre todo, efectivos con capacidad de combate dispuestos a luchar.


Facilitadores estratégicos

Estados Unidos es particularmente fuerte en defensa aérea, misiles balísticos de largo alcance y comunicaciones por satélite. Sin su apoyo, "los países europeos", señala Justin Bronk, "carecen de los medios capaces de destruir las defensas aéreas enemigas o atacar objetivos lejanos". En concreto, habría serios problemas en mando y control, vigilancia satelital, misiles de largo alcance y reabastecimiento en vuelo y transporte. Mattheu Savill señala que "probablemente ningún país europeo sería capaz de llevar a cabo una operación aérea como las de Israel en Gaza y el Líbano".


Según Defense News, Europa lograría en un plazo de tres años las capacidades en comunicaciones militares por satélite, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y en cinco años las de mando y control y misiles de largo alcance, pero necesitará hasta diez años para dejar de depender de Estados Unidos.


Para evitar un rápido avance ruso en los países bálticos se requeriría una capacidad de combate superior a las fuerzas combinadas de los ejércitos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Burilkov y Wolff precisan que se necesitarían "un mínimo de 1.400 carros de combate, 2.000 vehículos de combate, 700 obuses y un millón de proyectiles de 155 mm para 90 días de combate de alta intensidad".


Los largos ciclos de adquisición actuales de armamento y munición —años en lugar de meses— no satisfacen los aumentos de la demanda propios de un entorno de seguridad difícil, por lo que se debe unificar el armamento y equipo de los veintisiete ejércitos de la Unión y comprar de forma conjunta. La industria europea de defensa sigue estando fragmentada, carece de economía de escala y necesita una mayor consolidación y especialización para crear núcleos industriales de excelencia.


Actualmente el 80 por ciento de las compras se realizan a empresas del exterior porque fabrican mejores productos y más rápidamente que sus competidores europeos. La mayor parte se realizaron en Estados Unidos, pero Israel y Corea del Sur son proveedores importantes.


Capacidad nuclear

Estados Unidos tiene un arsenal de armas nucleares desplegadas en Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía, que consiste "en cien bombas de gravedad B61 que serían lanzadas desde aviones", precisan Jonathan Masters y Will Merrow. No es probable que se repatríen a EEUU porque constituyen un valioso elemento de disuasión, pero el Reino Unido y Francia no pueden sustituirlo debido al escaso volumen de sus arsenales; tal tarea llevaría años y el costo sería enorme.


El Reino Unido dispone de cuatro submarinos nucleares con misiles balísticos de largo alcance Trident II D5 cuyo mantenimiento se realiza en Estados Unidos. Francia tiene más capacidad, sus misiles de crucero nucleares pueden lanzarse desde submarinos y desde aviones de combate Rafale, pero su doctrina nuclear reserva actualmente las armas sólo para uso nacional.


Emmanuelle Maitre precisa que "Francia no tiene ni la voluntad ni la capacidad de sustituir a Estados Unidos ni de adoptar una estrategia que requeriría un arsenal mayor". Sin embargo, es posible que la política nuclear de ambos países tenga que cambiar drásticamente. Alemania carece de armas nucleares pero su fuerza aérea dispone de aviones que pueden transportarlas.


Efectivos militares

Los ejércitos europeos de la OTAN han disminuido sustancialmente desde el final de la Guerra Fría. A pesar de contar actualmente con casi 800.000 efectivos, están lejos de poder desplegar en el Este "los 300.000 soldados profesionales necesarios", precisan Burikov y Wolff "para detener al ejército ruso".


Tal requisito sería prohibitivo: Francia y Reino Unido sólo podrían movilizar unos 20.000 soldados en 30 días y Alemania una brigada con unos pocos miles de soldados. Además, la brecha entre los efectivos necesarios y los existentes aumenta, lo que lleva al reclutamiento militar a una crisis endémica. En Francia, se esperaba que en 2022 la tasa de abandono del personal militar fuese del 25 por ciento, pero alcanzó el 32 por ciento. Las Fuerzas Armadas españolas, por su parte, precisan entre 130.000 y 140.00 soldados, pero los efectivos disponibles —apenas 117.000 en 2024— disminuyen cada año. Al no disponer de los soldados profesionales suficientes es imperativo recurrir a al servicio militar obligatorio y a la movilización.


El problema de Europa

Las sociedades europeas desconocen que la paz que vivimos es una rareza histórica, por lo que han desarrollado una debilidad cognitiva que conforma su estructura emocional. Debido a su falta de resiliencia, movilizarán improvisadamente a ciudadanos que no estarán dispuestos a combatir; sólo el 52 por ciento de los ciudadanos de Europa occidental está dispuestos a luchar por su país.


Según una reciente encuesta de Gallup, en Alemania, el 59 por ciento de entre 18 y 29 años están en contra de la reintroducción del servicio militar obligatorio. Y en el Reino Unido, un tercio de entre 18 y 40 años, no están dispuestos a servir en las fuerzas armadas, incluso si el país se enfrentase a una invasión inminente. En los países cercanos a Rusia el problema, aunque menos acuciante, persiste. El 44 por ciento de los polacos está en contra del restablecimiento del servicio militar obligatorio. En Finlandia, sin embargo, el 79 por ciento de los ciudadanos están dispuestos a defender el país.


Además, el fraccionamiento de la sociedad europea afectará al reclutamiento. Los problemas serían similares a los de Israel, en donde los dos millones de ciudadanos árabes del país están exentos del servicio militar, lo que tiene graves consecuencias. Al soportar la carga de la guerra solo el 35 por ciento de la población israelí, "la disposición a combatir en primera línea", dice Avi Jager "ha disminuido del 90% en 1990 al 66% en 2022".


Al contrario, la tradición trotskista de Rusia —el combatiente ha de asumir la muerte probable si avanza y la muerte segura si deserta— le permite lanzar tropas contra el enemigo y reemplazar sus pérdidas con facilidad. En la guerra de Ucrania reclutó 430.000 hombres en 2024 sin necesidad de recurrir a la movilización general, lo que le permitió aumentar los efectivos en 140.000 hombres. Ucrania, que asume la moral de combate occidental, no puede reemplazar las bajas y "las 200.000 deserciones sufridas desde que comenzó la guerra", precisa Military Watch Magazine, "están minando la moral de su ejército".


Ser Polonia y Finlandia

Si Estados Unidos repatría sus 100.000 soldados y sus armas nucleares de Europa, hay que asumir grandes riesgos e invertir en defensa una enorme cantidad de dinero que pagarán los ciudadanos de cada país. Burikov y Wolff dicen que "el rearme costaría anualmente unos 250.000 millones de euros, el 4 por ciento del PIB".


A corto plazo los países europeos deben de imitar a Polonia, que ya gasta el porcentaje citado. De entrada, la OTAN exige que se invierta en defensa el 2 por ciento del PIB, según lo establecido en 2014, e impondrá que se llegue al 3 por ciento antes de 2026. Para que los estados miembros puedan lograrlo, la UE facilitará medios, pero el peso del rearme dependerá del gasto nacional, por lo que a los gobiernos sólo les queda aumentar los impuestos, endeudarse, pedir prestado o detraer partidas presupuestarias de otros gastos. Dado que la carga fiscal y el endeudamiento son altos—especialmente en países como Italia y España—, la solución pasa por disminuir los gastos sociales. Pero a Europa, después de disfrutar durante 80 años de los dividendos de la paz, le resulta difícil asumir renuncias ante algo tan evidente como defenderse de un invasor potencial.


El gasto sin resiliencia social no es suficiente, por lo que la referencia a medio plazo es Finlandia. El país tiene las capacidades sociales para disuadir a Rusia: su defensa integral es un sistema riguroso que moviliza ejemplarmente a la ciudadanía frente a las situaciones que puedan socavar el funcionamiento de la sociedad.


Los países del sur —alejados de Rusia y con elevada carga fiscal y deuda pública—, pueden pensar que no es preciso realizar tan ímprobo esfuerzo, pero Rusia tiene desplegados en Libia misiles crucero Kalibr capaces de alcanzar la Península. Además, España se enfrenta a una doble amenaza desde el sur: China y Rusia controlan África y podrían utilizar las migraciones como arma de guerra y la alianza militar EEUU-Israel-Marruecos, de consolidarse, sería un serio peligro para la seguridad nacional.


Jesús Alberto García Riesco es coronel (r) del Ejército de Tierra y politólogo. Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME).


Los dos informes del Banco de España que desenmascaran al Gobierno
Esta semana, dos informes del Banco de España se le han atragantado al Gobierno.
Beatriz García. libertad digital. 16 Marzo 2025

¿Se acuerdan cuando Podemos llamó a "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España? El mismo día también le llamó "impresentable"? Ese gobernador era Pablo Hernández de Cos y el que insultaba desde la tribuna del Congreso era Rafael Mayoral, entonces, portavoz de Podemos.


Fue en el año 2021, cuando Podemos llevó a cabo ese ejercicio de matonismo con la máxima autoridad del Banco de España. La razón del enfado del partido morado fue que el organismo había revelado en un informe que la subida del SMI decretada por el Gobierno en 2019 había provocado la pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos.


Aunque Mayoral fue el más violento, el informe también enfadó sobremanera a Yolanda Díaz. Esta polémica se alargó en el tiempo provocando una lucha de informes y contrainformes sobre los efectos del SMI por parte del Gobierno con diferentes casas de análisis.


Esta semana, ya con el exministro José Luis Escrivá como gobernador, el Banco de España ha vuelto a investigar sobre los efectos del SMI en la empresas. En 2025, Yolanda Díaz ha subido este sueldo artificial en otros 50 euros.


El organismo se ha interesado en cómo se ven obligadas a protegerse las empresas ante las subidas del SMI. Los empresarios encuestados han explicado que los incrementos del SMI tienen un impacto significativo en las decisiones relacionadas con los precios, los márgenes empresariales y la contratación. Por ejemplo, más del 40% de las compañías que tenían más del 50% de sus empleados cobrando el SMI redujo las contrataciones.


Además, esta semana, el Banco de España también ha publicado sus "proyecciones trimestrales". Uno de los datos más preocupantes del documento es el dopaje que el gasto público está ejerciendo sobre el PIB.


El Banco de España se ha mostrado "sorpresa" por la contribución del gasto publico en el crecimiento del PIB del que tanto presume el Gobierno. Tanto es así, que el consumo público explicó el 39% del crecimiento de nuestra economía el pasado año. A cierre de 2024, el consumo público (4,9%) creció casi el doble que el privado (2,9%). Por tanto, estamos ante una semana donde los informes del Banco de España se le han atragantado al Gobierno.


Pinganillos en el Congreso: del absurdo al despilfarro
Editorial ABC

Una de las primeras cesiones a los que habrían de ser sus socios en el Frankenstein II, tras las elecciones de julio de 2023, fue la activación del uso total en el Congreso de las lenguas autonómicas, a cambio de que los nacionalistas e independentistas votaran a favor de la presidencia de Francina Armengol, que tras perder las elecciones autonómicas en Baleares un par de meses antes necesitaba recolocarse. No se cambió el Reglamento de la Cámara en busca de la exaltación a la riqueza lingüística de España ni tan siquiera tuvo por objeto el pluralismo idiomático que nos enriquece como nación. Se hizo simplemente por esa manera de entender la política del sanchismo que es puro mercadeo, pues apenas un año antes el PSOE votó en contra del uso de las lenguas cooficiales. El absurdo de la idea de levantar una Torre de Babel para personas que pueden comunicarse en una lengua común se convierte en despilfarro cuando se hace balance del gasto (casi cuatro millones al año) que supone.



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Los que aplauden a Putin, avanzadilla del invasor, aprobarán el gasto en Defensa porque necesitan a Sánchez
La inversión en garantizar nuestra seguridad no puede servir para emitir más deuda y pagar más cursos de diversidad
Daniel Lacalle. la razon. 16 Marzo 2025

Yolanda Díaz y el resto de los socios de ultraizquierda antisemita de Sánchez rechazan la inversión en defensa. Su negativa no es por ingenuidad o pacifismo, sino porque son los caballos de Troya del comunismo que está dispuesto a entregarse a cualquiera con tal de que desmantele el sistema occidental.


Son los que aplauden a Putin en Nicaragua, Cuba o Venezuela y que blanquean a todas las dictaduras y terroristas que busquen dinamitar la democracia capitalista.


No son pacifistas, son la avanzadilla del invasor.


La principal función del Estado es la seguridad. Probablemente es la única función real del Estado, ya que la inmensa mayoría del resto de sus responsabilidades son asumidas, pero no exclusivas, y se pueden llevar a cabo por el sector privado.


De hecho, incluso la seguridad debe ser privada en muchos casos para garantizar que no exista un monopolio que se utilice para reprimir a la sociedad civil.


Negar la importancia de la inversión en defensa es miope, contraproducente y sectario. Una de las razones por las que la Unión Europea y España están en una situación de atraso tecnológico y estratégico es por rechazar la importancia del sector de la defensa como motor de innovación, seguridad y prosperidad.


Sin embargo, invertir en defensa no es condición necesaria y suficiente para liderar. Hay que invertir en innovación, desarrollar patentes, privatizarlas y dejar que la destrucción creativa y el mercado encuentren a los líderes tecnológicos del futuro.


Campeón tecnológico

Nunca vamos a aprovechar el avance que supone la defensa sin una fiscalidad atractiva, una legislación que incentive el emprendimiento y la salida a bolsa de los proyectos, y entender que para que aparezca un campeón tecnológico tendrán que quebrar y desaparecer cientos.


El gran problema de Europa es no entender que la mejor manera de que la tecnología beneficie a la sociedad, el empleo y el crecimiento es desligarla del Estado.


Invertir en defensa es esencial, pero no es una panacea si se utiliza, como me temo que ocurrirá, para disfrazar gasto corriente y meter elementos más que cuestionables bajo el paraguas de «defensa». Prepárense para partidas millonarias en cursos de «diversidad» y «patriarcado» o similares.


Invertir en defensa no puede ser una excusa para emitir más deuda y mantener todo el resto de los gastos innecesarios. España debe hacer un ejercicio de recorte de gasto político. No es complicado cuando el Gobierno gasta 400 millones en Presidencia, 500 millones en Cohesión Territorial, 10.000 millones en Transición Ecológica, 5.000 millones en Agenda 2030 y otros 5.000 en Asuntos Económicos.


Pedro Sánchez se ha presentado como el gran impulsor de la inversión en defensa. Curioso, porque decía hace pocos años que había que eliminar el Ministerio de Defensa y bajo su mandato se ha incumplido el compromiso de alcanzar un porcentaje relevante del PIB en esta partida y además es el país que menos invierte en defensa de los comparables.


Sánchez exige que el gasto en defensa se excluya de los cálculos de deuda. Sin embargo, es una sandez porque la deuda se debe, se paga y se emite. Lo que no quiere Sánchez es poner en peligro una coalición que solo le mantiene en La Moncloa regando de dinero del contribuyente a los socios de ultraizquierda y separatistas.


Por eso tiene que hacer el juego malabar de prometer más gasto en defensa y cero recortes, una tontería que solo se creen sus votantes.


La coalición del expolio no se va a romper porque sus socios de ultraizquierda antisemita de Sumar, Podemos, ERC y Bildu rechacen el gasto militar. Harán el paripé. Rufián ya lo ha dicho: «No estamos de acuerdo con ninguna guerra. Pero la guerra está aquí. Eso conlleva que tenemos que ser responsables y hay que ir más allá de la pancarta».


Necesitan a Sánchez en La Moncloa para seguir expoliando a los contribuyentes. Lo mismo ocurrirá con el resto. Sánchez disfrazará gasto corriente como militar y ellos dejarán que pase.


Moncloa ya ha preparado la trampa a la oposición. Si el PSOE no consigue el apoyo de sus socios, pedirá que la oposición lo apruebe. Si lo apoyan, el PSOE seguirá insultándoles y prorrogará los presupuestos aumentando más los impuestos para «contentar» a una Bruselas que mira hacia otro lado con su irresponsabilidad fiscal. Si no lo apoyan, el PSOE acusará a la oposición de traición.


Eso es lo triste. No se va a aprovechar la oportunidad de invertir en una defensa potente, moderna y líder. Nuestro Ejército es un orgullo y se sostiene en condiciones precarias. Es un insulto que este país gaste millones de euros en enviar ayudas al exterior para cursos sobre diversidad y género, y el Ejército esté abandonado.


Invertir en defensa es el seguro de nuestra tranquilidad y libertad. No lo desaprovechemos.


Así se sigue desguazando al Estado
Javier Tajadura Tejada. el confidencial. 16 Marzo 2025

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y su alineamiento con la política expansionista de Rusia, están teniendo consecuencias disruptivas en el ámbito internacional. La Unión Europea se enfrenta a una situación crítica que solo podrá afrontar con éxito si lo hace unida. Ahora bien, para ello resulta imprescindible también que los Estados miembros adopten una serie de medidas presupuestarias (incremento de la inversión en defensa) y de otra índole que requiere un amplio consenso social y político. En este escenario, en Alemania se está forjando ya su próximo gobierno de gran coalición con vistas a reforzar su legitimidad, estabilidad y eficacia y, en última instancia, a fortalecer el Estado alemán.


El contraste con la situación política que atraviesa España no puede ser más descorazonador. El Gobierno se mantiene a flote gracias al apoyo de una serie de partidos cuyo objetivo declarado en el plano interno es la destrucción del sistema constitucional y en el plano externo se alinean con Rusia y otros Estados contrarios a la democracia liberal. Entre estos apoyos al Gobierno le resulta vital el que le presta el partido separatista Junts, dirigido por el prófugo Puigdemont. Partido cuya connivencia con el régimen de Putin quedó en evidencia durante la insurrección de 2017. La alianza del PSOE con estos partidos está debilitando gravemente al Estado en un momento en que la situación requiere precisamente lo contrario.


En el contexto de una vasta operación de mutación constitucional (transformación del significado y alcance de sus cláusulas definitorias y de muchas de sus disposiciones sin una modificación expresa de las mismas) cuyo resultado final sería el establecimiento de una estructura política plurinacional y confederal que sustituiría al actual Estado Constitucional autonómico, el Gobierno se dispone a dar otro paso más en el progresivo proceso de desmantelamiento y desguace del Estado: la cesión a la Comunidad Autónoma de Cataluña de las competencias en materia de extranjería e inmigración.


Al amparo del muy desafortunado artículo 150. 2 de la Constitución ("el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación"), el PSOE y Junts han registrado una proposición de ley orgánica para que el Estado transfiera a Cataluña las competencias en materia de extranjería e inmigración. Al tratarse de una proposición y no de un proyecto de ley se elude la obligación de recabar los informes preceptivos de órganos consultivos (Consejo de Estado) que advertirían su notoria inconstitucionalidad.


La delegación de unas competencias muy relevantes políticamente a una Comunidad Autónoma no se lleva a cabo pensando en la mejora de la gestión de las políticas públicas sobre la materia y en el perfeccionamiento del funcionamiento del Estado en su conjunto, sino que es el resultado de una nueva cesión del PSOE a Junts con el único propósito de que sus siete diputados presten su respaldo al Gobierno. Es decir, la cesión competencial es una mera contraprestación, como lo fue antes la amnistía y luego el concierto fiscal solidario: las competencias de extranjería se ceden a cambio de siete votos.


Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la proposición es inconstitucional por contravenir tanto el artículo 150. 2 CE como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. La posibilidad de que el Estado transfiera competencias propias a las Comunidades Autónomas encuentra un límite material en el propio artículo 150. 2. Aunque se trate de un límite ambiguo e indeterminado en el caso que nos ocupa resulta claro. La Constitución entiende que hay materias que "por su propia naturaleza" no se pueden transferir. Entre estas resulta obligado incluir todas aquellas que afectan al núcleo duro de la soberanía del Estado como son las relativas a la defensa nacional en general y al control de las fronteras en particular. Esto quiere decir que la "inmigración y extranjería" son materias que no se pueden transferir ni a Cataluña ni a ninguna otra Comunidad Autónoma. El Tribunal Constitucional así lo advirtió expresamente en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña (2010): "sería claramente inconstitucional atribuir a una Comunidad Autónoma competencias en dicha materia (inmigración)". Esto quiere decir que, de aprobarse la proposición de ley, y ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, este debería declararla inconstitucional.


La proposición presentada reviste una extraordinaria gravedad. Por un lado, se trata de un paso más en el desmantelamiento del Estado y en el (inconstitucional) establecimiento de una estructura estatal catalana. Y por otro, es un grave atentado al principio de igualdad.


El control de las fronteras y la gestión de la inmigración son competencias que ningún Estado puede transferir. Aunque la proposición atribuya a la policía autonómica la protección de las fronteras, puertos y aeropuertos, juntamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el resultado será la disminución de los efectivos de estos últimos y el incremento de la plantilla de los Mossos. La Disposición adicional segunda prevé aumentarla hasta los 26.800 efectivos. El objetivo no meramente simbólico es que, al entrar en España, un ciudadano o un extranjero se encuentre con fuerzas de policía autonómicas como si la Comunidad Autónoma fuera un auténtico Estado. La medida se enmarca en un contexto de reforzamiento de las “estructuras de Estado” de Cataluña en el que resulta fundamental la creación de una Hacienda catalana, que también se ha acordado políticamente a pesar de su inconstitucionalidad.


Por lo que se refiere a la delegación de la ejecución de la normativa estatal en materia de inmigración, aunque se trate solo de la cesión de competencias ejecutivas esta es también inconstitucional por atentar contra el principio de igualdad. Así ocurre por ejemplo en lo relativo a la resolución de solicitudes de residencia temporal y de larga estancia. El principio de igualdad exige necesariamente que esta competencia se ejerza con criterios uniformes en todo el territorio nacional. Y para garantizar esa uniformidad, su ejecución debe corresponder inexcusablemente al poder central. No es constitucionalmente admisible que la legislación de entrada y permanencia en el país se aplique con más o menos flexibilidad en unas Comunidades que en otras. Y lo que pretende Junts es precisamente no solo evitar esa uniformidad, sino que aspira a incluir requisitos adicionales para acreditar el arraigo como es el conocimiento de la lengua catalana. Así el artículo 12.7 (escondido y al final de la proposición) dispone "como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas en la presente Ley Orgánica, el Estado delega en la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas". La Ley Orgánica de extranjería no prevé expresamente un desarrollo autonómico, pero la disposición citada apunta a una posible modificación para hacer posible que Cataluña apruebe su propia ley de extranjería.


Esto es lo que se deduce con claridad de la Exposición de Motivos. La delegación competencial se justifica una vez más en la "singularidad catalana" que se concreta en dos datos: la existencia de un alto porcentaje de población extranjera y de una lengua propia. Este segundo elemento es una vez más el crucial y decisivo en la delegación. Con esta no se persigue únicamente reemplazar al Estado en la tramitación de todo tipo de permisos y autorizaciones de residencia y trabajo, sino que se aspira a formular una política propia basada en la discriminación lingüística.


Sea de ello lo que fuere, con esta nueva quiebra del orden constitucional se erosiona gravemente el principio de igualdad y, se debilita al Estado. Debilitamiento que es la consecuencia política ineludible del "muro" que ha construido el Gobierno junto con fuerzas políticas que aspiran a destruir el Estado dejando fuera a quienes están comprometidos con su defensa. En definitiva, una cesión inconstitucional que podría y debería evitarse derribando el muro y, siguiendo el ejemplo alemán y europeo, construyendo un puente con quienes defienden la unidad del Estado y la vigencia de la Constitución.


*Javier Tajadura Tejada es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco e investigador de la Fundación Manuel Giménez Abad.


Con etarras e independentistas de encantados listos útiles
Ya estamos en un régimen de partido único
EDUARDO INDA. okdiario.

Lo de las autocracias no es algo nuevo bajo el sol, aunque lo parezca porque arrasa en el nuevo desorden mundial, los primeros que implementaron esta forma de gobierno de apariencia democrática pero fondo inequívocamente totalitario fueron los mexicanos. Concretamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que con sus diversas siglas gobernó la nación norteamericana de 1929 a 2000. Setenta añazos que se dice pronto. Fundado por Plutarco Elías Calles en 1929, se las ingenió para que la alternancia fuera una quimera durante varias generaciones con Gustavo Díaz Ordaz y mi medio paisano José López Portillo, procedía de Caparroso, como más desalmados exponentes. El primero es el responsable de la matanza de Tlatelolco de 1968, que se cobró la vida de más de 1.000 personas en la Plaza de las Tres Culturas de DF.


Mario Vargas Llosa definió la hegemonía del PRI como la «dictadura perfecta» porque ningún organismo internacional se atrevía a toser la legitimidad de una formación que vencía sistemáticamente en elecciones generales con sufragio universal. Cosa bien distinta es el modus operandi empleado para forjar esa unanimidad durante siete décadas: un pucherazo sistemático fomentado y financiado entonces por el PRI y sus satélites financieros y ahora por esos narcos que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador y decidieron renovar su apuesta con la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.


Hace cinco años, exactamente el 22 de marzo de 2020, una semana después de que Pedro Sánchez nos confinara a todos los españoles, escribí una columna premonitoria: Hacia un régimen de partido único. Los tics autocráticos ya se le adivinaban a un presidente que había llegado al poder con malas artes, acostándose con lo peor de cada casa, ETA incluida, y echando mano de la muleta de una sentencia amañada para derribar a quien le había sacado la friolera de 52 escaños de ventaja, Mariano Rajoy.


El caudillo hizo de la necesidad de confinarnos diabólica virtud. Con el Covid que él había fomentado confinándonos dos semanas más tarde de lo necesario, cerró el Parlamento y decretó dos estados de alarma declarados ilegales a posteriori por el Tribunal Constitucional. Entre medias, un general de la Guardia Civil adscrito a Moncloa, José Manuel Santiago, admitió en rueda de prensa que se dedicaban a «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno» persiguiendo desafectos en las redes sociales. Lo que el golpista Antonio Tejero intentó con pistolas el 23-F, Sánchez lo consiguió sin disparar un solo tiro hace cinco años. Le dio igual ocho que ochenta que registráramos más muertos por habitante que ningún otro país occidental, su meta era servirse de la tragedia para restringir libertades y derechos. Con un par y sin apenas contestación.


El sueño del caudillo de convertir España en una farsa democrática de partido único es una incipiente realidad a pesar de la resistencia numantina de los jueces decentes y el cada vez más escaso periodismo libre. Lo peor de todo es que el pájaro lo está consiguiendo con el menor caudal de escaños de un presidente en ejercicio: 120 frente a los 137 que se anotó el vencedor de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, los 168 de Adolfo Suárez en 1979, los 202 de Felipe González en 1982, los 183 de Aznar en 2000 o los 186 de Mariano Rajoy en 2011. Claro que para ello ha tenido que dinamitar un consenso obvio previo: el de no gobernar jamás con quienes quieren independizarse de España y, menos aún, con quienes hicieron del asesinato y la extorsión, el matonismo en definitiva, una herramienta política. Tiene bemoles que mande más este pájaro con el 35% de la Cámara Baja en su poder que Felipe González con casi el 60%.


El marido de una tetraimputada Begoña Gómez que es carne de banquillo ha metido la quinta. Es tan malo como combativo, no da un balón por perdido, al César lo que es del César. Ahora va a por los medios, con el asalto a RTVE en plena DANA valenciana y la toma del poder real en Prisa desahuciando con malos modos a Oughourlian como máximos exponentes, sin olvidar esa salvajada estalanista que constituye una Ley de Medios que contempla multas de hasta 300.000 euros para los periódicos que se porten mal y la facultad gubernativa al más puro estilo Franco de decidir quiénes son periodistas y quiénes no y qué es un medio y qué un pseudomedio. Seguro que el dictador se está revolviendo de gusto en su tumba de Mingorrubio.


La Ley Begoña que pretende abolir un derecho constitucional, la acción popular, y entregar la instrucción de los casos a la Fiscalía, es decir, a Sánchez, es una golfada antidemocrática de marca mayor que reduce a la condición de aprendices a los grandes campeones en materia autocrática, Erdogan y Putin. La toma del control de Indra y Telefónica por parte del Gobierno, con el Palletazo como acongojante aviso a navegantes, y el intento de extender sus tentáculos totalitarios a Caixabank en general y Criteria en particular no auguran nada bueno tampoco en un sistema de libre mercado que nos ha proporcionado el periodo de mayor prosperidad de nuestra historia. Visto lo visto, la psicopática afición de Sánchez al poder tiene otra evidente explicación: la pasta. Éstos han venido a quedarse con las instituciones, obvio, no, requeteobvio, pero también están aquí para forrarse. A trincar que son dos días. Que ya no engañan a nadie.


No nos conformábamos con 20 tazas dictatoriales y ahora el caudillo nos quiere colar de matute una muy gorda: incrementar el gasto en Defensa sin pasar por la sede de la soberanía popular. Nada que no hayan hecho antes Putin, Erdogan, Maduro o cualquiera de los autócratas del mundo-mundial. Nada nuevo bajo el sol en España toda vez que el caudillo ha disparado ya la inversión en material armamentístico en 5.000 millonazos a espaldas del Congreso de los Diputados y, por cierto, con la anuencia de esos amigos de Adolf Putin que se esconden bajo el nombre de Sumar. ¡Qué envidia nos provoca a los demócratas observar al canciller alemán in pectore, Friedrich Merz, pactar el rearme de la República Federal con los socialdemócratas del SPD y Los Verdes! Más que nada, porque allí se respetan las reglas democráticas y, en consecuencia, estas cosas se aprueban en el Parlamento.


Otra barrabasada ha sido la exclusión de Vox, que fue la tercera opción política más votada en las últimas generales, de las reuniones mantenidas por el caudillo con los mandamases o portavoces de los partidos con representación parlamentaria para transmitirles la necesidad de disparar la inversión en soldados, tanques, misiles y aviones de combate. Una cacicada que Santiago Abascal debería llevar a los tribunales. Esto de no contar con la tercera formación de este país sólo sucede en dictaduras bananeras. Como igualmente indignante resulta que practique el apartheid, en afortunada expresión de Feijóo, con Vox mientras recibe alborozado en Palacio a la vocera de ETA en la Carrera de San Jerónimo, Mertxe Aizpurua. Una malnacida que confeccionó dos portadas de Egin que figuran ya por derecho propio en la antología de la infamia:


— Ortega Lara vuelve a la cárcel—, publicada tras la liberación del funcionario de prisiones que pasó secuestrado 532 días en un zulo de 2,5 metros de largo por uno y medio de alto.

— El edil del PP apareció con dos tiros—, titular del día después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.


Sánchez no actúa solo sino en compañía de los enemigos de la España constitucional: los embajadores del chavismo y la teocracia iraní en España, Podemos; los quintacolumnistas de Hamás y Putin, esto es, Sumar; los protagonistas del 1-O, ERC y Junts; los felones de un PNV que se asemeja al PRI mexicano con sus 40 años en el poder en el País Vasco; y naturalmente ETA bajo esa marca blanca llamada Bildu que está comandada por el antiguo capo de la banda terrorista, Arnaldo Otegi. Éstos son los listos útiles que manejan el ronzal de un potro desbocado llamado Pedro Sánchez. Le perdonan la vida en Moncloa a cambio de que les regale esa balcanización de la segunda nación más antigua de Europa que representa el gran sueño húmedo de todos ellos. Es, en resumidas cuentas, un Frente Popular 3.0 en el que los objetivos estratégicos de los unos se concilian con el deseo compulsivo del otro de continuar volando en Falcon y viviendo en Palacio hasta el día en el que Satanás lo llame a su presencia. Un régimen de partido único en el que Sánchez hace y deshace a su antojo porque los demás están a lo suyo: la independencia. La dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa en referencia a México ya es una realidad a este lado del charco.


Y el gran problema de España es Carlos Mazón. Manda huevos.


11M: una herida abierta
Antonio Valderrama. gaceta.

A veintiún años del 11M y casi dieciocho de las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que cerraron para siempre el caso, mostrarse escéptico ante el relato judicial probado de aquellos hechos implica una posición política. Las sentencias fijaron una verdad: unos delincuentes menores de origen magrebí y súbita radicalización islamista, a los que unos ex-mineros asturianos les facilitaron dinamita GOMA2 ECO, hicieron estallar unas bombas en la línea de Cercanías que conecta el Corredor del Henares con Atocha en venganza por el apoyo del gobierno español a la guerra de Irak y luego, tres semanas después, se volaron por los aires en un piso de Leganés. Por estos hechos fueron detenidas ciento dieciséis personas y, juzgadas, sólo veintinueve. Once fueron absueltas y únicamente tres individuos fueron condenados por su relación directa con los atentados: Ottman El-Gnaoui, Jamal Zhougham y Emilio Suárez Trashorras. Otros seis lo fueron por vinculación o pertenencia “al grupo o grupos terroristas de carácter yihadista que habían perpetrado los atentados del 11 de marzo y 3 de abril de 2004”; cuatro más, por pertenencia a otras redes terroristas internacionales de tipo yihadista sin vinculación con los atentados y otros cinco, por delitos ajenos al 11M.


Sin embargo, el 11M sigue siendo una herida abierta, por más que ya no le importe a casi nadie. Un acercamiento riguroso a aquel terrible episodio, que alteró el curso de nuestra historia contemporánea, arroja sospechas siniestras sobre el funcionamiento de las instituciones del país en el que vivimos. Es tanto lo que no cuadra que, con la perspectiva del tiempo, resulta imposible no dudar: la serie de macroatentados fallidos que ETA encargó a principiantes, a lo largo de los meses anteriores, que dan toda la impresión de señuelos; la cinta del guardia civil Campillo con las confesiones del confidente Lavandera; el desguace inexplicable de los trenes y el rápido despojo de su mobiliario interior; la voladura inmediata de las bombas sin estallar encontradas en ellos y la increíble aparición de la mochila trashumante de Vallecas, cuyo contenido sirvió para construir todo el caso; el circo con las periciales de la supuesta metralla encontrada en ella, incompatible, según la forense a cargo de las autopsias a las víctimas, con las heridas que mostraban los cadáveres; el asunto de las tarjetas telefónicas; la rocambolesca historia del tren de Santa Eugenia, el único foco de explosión conservado, no usado para probar ninguno de los hechos ni tenido en cuenta por la sentencia; la condena a Zougam en base a testimonios que se anulaban entre sí; la ubicación oficial de las bombas, que negaba las evidencias; el papel protagonista de los periodistas en la apabullante desinformación que marcó aquel fin de semana electoral, con un papel destacado de PRISA, desde Ana Terradillos hasta la Mecca Cola de la casa de Morata de Tajuña; la absurda sucesión de acontecimientos en torno a la inmolación de los culpables en un piso de Leganés, las seis versiones distintas que dio El Gitanillodel fantástico viaje del Chino a Mina Conchita…


A partir del juicio los españoles pasaron página, pues existía un relato coherente, en apariencia, de los crímenes. Que servía, además, para apuntalar un cambio drástico del rumbo político de España. “Ya se sabe todo”, zanjó el presidente Zapatero en la Comisión de Investigación parlamentaria, meses después. Con él regresaron los socialistas al poder de modo inopinado, por mor de la convulsión social provocada por la masacre. Cándido Conde Pumpido, su nuevo Fiscal General del Estado, lo remachó después proclamando que la sentencia era “un triunfo rotundo del Estado de Derecho, que ha sabido dar al más grave atentado terrorista de nuestra historia una respuesta razonada en un tiempo razonable”. Cuestionar esa respuesta razonada se convirtió desde entonces en un acto de disidencia, pues con los cadáveres de las víctimas todavía calientes la cuestión se presentó como una insalvable dicotomía entre Al-Qaeda o ETA, los únicos autores posibles. Esta falacia se fijó ya para siempre aun cuando dar la sentencia por buena implica reconocer la existencia de innumerables fallos estructurales muy graves. Los españoles, desde luego, renunciaron a profundizar en la verdad y a exigir responsabilidades, dos premisas fundamentales para la viabilidad de cualquier sistema democrático.


Hay cosas verdaderamente lóbregas. Todo lo que rodea a la trama asturiana es sórdido a más no poder y arroja cieno puro sobre las autoridades policiales de la región. Las casas que usaron los culpables, según la sentencia, estaban marcadas por la policía, que resolvió, con una celeridad asombrosa, la pista asturiana a partir del hallazgo tan oportuno de la mochila y la Kangoo a pesar de que la “célula islamista” estaba fuera del radar de todos los servicios secretos occidentales. Pues se trataba, como subrayó muy pronto Fernando Múgica, de “trapisondistas de poca monta” que funcionaban de manera muy distinta a como lo hacían los yihadistas después del 11S, caracterizados por trabajar en “células herméticas, perfectamente impermeables” en las que “los ejecutores no tienen nada que ver con los que organizan la logística, los que proveen el material, los que lo financian, los que determinan los objetivos o los que idean los atentados”. Nada fue así con los autores oficiales del 11M, que incluso improvisaron un viaje a Asturias en medio de un temporal de nieve histórico, dos semanas antes del crimen, para adquirir doscientos kilos de dinamita de parte de un delincuente común que estaba de baja permanente por esquizofrenia.


El sistema partidocrático se adapta de perlas al ethos español porque obliga siempre a una elección binaria: o blanco o negro. Se anula, por principio, la libertad de criterio de cada individuo, pues cada una de las elecciones posibles implica unos postulados ideológicos inamovibles de los que nadie se puede desmarcar. Se presupone otra intención oculta al mero interés por la verdad. Así es como perdura la idea de que unos delincuentes comunes, controlados por la policía, organizaron, a la vista de todo el mundo, el mayor atentado terrorista de la historia europea, con el cuajo y el tiempo suficientes para, incluso, celebrarlo un par de semanas después con una barbacoa al aire libre en la casa donde en teoría montaron las bombas; justo antes de decidir volarse en un piso que, casi con seguridad, estaba también controlado por la policía.


Esa dicotomía descalificaba al que dudaba como un facha, un friki o un enemigo del gobierno socialista y, por extensión, de la democracia. La derecha podía justificar un vuelco electoral y la izquierda, proyectar una narrativa de transformación social de la que hoy, en 2025, vivimos su futuro.


EL BULO FUNDACIONAL

La preocupación por los bulos es la gran impostura de nuestro tiempo. La España teledirigida y enferma de propaganda de hoy tiene su carta de naturaleza en el 11M, apoteosis de eso que llaman desinformación. “Déjales que hablen” contaba Múgica en El Mundo, un año después, que dijo una vez Rubalcaba, “nadie en la calle sabe distinguir entre Trashorras, Zouhier, Lavandera o Zougham”. Mientras tanto ni el quién, ni el cómo, ni el por qué del 11M se han esclarecido todavía. Como el caso ya ha prescrito, probablemente no se esclarezca nunca. La verdad y las víctimas fueron sacrificadas por todos en el altar del teatrillo político porque el triunfo rotundo del Estado de Derecho no resiste un análisis riguroso ni una verificación fáctica. Las dudas, las contradicciones y las incongruencias son tales que es imposible aceptar sin más ese relato razonado de los hechos con el que, sin embargo, se ha conformado casi toda España. Estas dudas ya las expresaba el famoso, a partir de entonces, juez Gómez Bermúdez, que reconoció, antes de empezar el juicio celebrado en la Casa de Campo, que el sumario era “francamente mejorable”. Un juez, por cierto, que fue el juez central de menores de la Audiencia Nacional que decretó el internamiento de El Gitanillo tras su primera declaración; es decir, que conoció al que a la postre según la sentencia sería el elemento probatorio principal, como escribe el historiador Juan Francisco López Pérez: otra anomalía por la que hay quien cree que este hombre nunca debió presidir el tribunal.


Ninguno de los miembros del tribunal enmendó un sumario que iba a llevar, inevitablemente, a “conclusiones incompletas y erróneas” en la sentencia. El propio juez instructor, Juan del Olmo, admitía en el auto de confirmación con el que finiquitaba su trabajo (que ocupó casi mil quinientos folios, de los cuales sólo el cuarenta por ciento, aproximadamente, trataban puramente de la investigación y, de estos, una cantidad mínima aludían directamente al trabajo directo sobre los presuntos autores de los atentados y los escenarios de los mismos) que “la propia investigación no ha conseguido una respuesta a cuestiones tales como el número exacto de personas que intervinieron en el traslado y colocación de los artefactos explosivos en los trenes (…), la específica forma de su distribución en todos los casos (…), los concretos medios de transporte utilizados para el traslado de los autores materiales y de los artefactos explosivos hasta las estaciones de tren”.


La escasez, por tanto, de pruebas directas se agravó con las enigmáticas circunstancias en torno a los elementos probatorios decisivos. Es necesario subrayar que no fueron expresadas por ningún periodista o medio conspiranoico sino en sede judicial y por algunos de los investigadores. Declaraciones que, como recuerda el propio Juan Francisco López Pérez en el capítulo que abre el libro 11-M, la historia oficial. Cómo un conjunto de despropósitos se convirtió en verdad, editado por la Asociación 11-M: Verdad y Justicia, se realizaron sin la presencia de ninguna de las partes debido a un secreto de sumario prolongado, en este caso, inusualmente en el tiempo y que fue particularmente estricto. Tanto como para que el juez instructor se desentendiera de “la medida de lo correcto en el principio de proporcionalidad que el Tribunal Supremo estableció como doctrina sobre los caracteres del sumario”.


Estas declaraciones no son ninguna tontería si se atiende a quienes las hicieron: por ejemplo, el inspector jefe Miguel Ángel Álvarez, de la Policía Nacional, que era el responsable de la cadena de custodia de las bolsas con las pertenencias de los pasajeros del tren que explotó en El Pozo, entre las que apareció la mochila una vez fueron trasladados desde IFEMA a la comisaría de Puente de Vallecas, en un itinerario por todo Madrid que el propio tribunal calificó de extravagante. Miguel Ángel Álvarez no pudo garantizar esta cadena de custodia “por el descontrol al que estuvieron sometidos los objetos durante las cuatro horas que estuvieron en el recinto ferial”, según sus palabras. También está el testimonio de los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid, grupo especializado en la lucha contra ETA, y del inspector jefe de la policía científica de la comisaría de Alcalá de Henares. Quienes inspeccionaron in situ la Kangoo, por fuera, incluidos los bajos, y por dentro, con la ayuda de un perro de la unidad canina, sin advertir una voluminosa bolsa sin cerrar que contenía detonadores y restos de GOMA2, unos tres gramos, que aparecieron luego, cuando, sin que tampoco se pueda asegurar la cadena de custodia de la prueba, la furgoneta fue conducida a un hangar de la policía y permaneció durante una hora sin que nadie la controlara. Esta bolsa fue la que posteriormente dirigió a los investigadores hacia Mina Conchita y la llamada trama asturiana. Se da la circunstancia de que, en aquellos tiempos, era práctica habitual en los atentados de ETA el colocar bombas bajo los asientos delanteros de los coches de sus víctimas, práctica que difícilmente pudieron pasar por alto unos agentes de la Policía Nacional especializados en antiterrorismo.


De los “hechos probados” en los que se fundamenta la verdad oficial de los atentados hay muchas cosas así, asunciones por parte del tribunal de circunstancias contradichas por datos o testimonios incongruentes entre sí. Es tal el cúmulo de indicios incontrastables o directamente falsos que fueron ahormados a la fuerza por el tribunal de la Audiencia Nacional que resulta asombrosa la manera en que todo un país lo aceptó sin más. El tribunal cabalgó muchas más de las contradicciones que puede soportar cualquier empeño serio por aclarar un crimen de semejante magnitud. Por ejemplo, en cuanto a la destrucción de los trenes, Carlos Sánchez de Roda publicó un tuit en X el día 10 de febrero de este año en el que, como hace habitualmente a través de su cuenta, denunció que “el coche 190M de RENFE-Cercanías explotado el 11M en Santa Eugenia e inmediatamente desguazado según RENFE y la sentencia” salió ese mismo día, a las 12:43, de Villalba, con destino Chamartín.


Carlos Sánchez de Roda es un ingeniero que tiene varios libros escritos sobre el tema y que utiliza su tiempo libre y sus redes sociales para investigar y denunciar los increíbles agujeros negros con que fue cerrado este caso. Hay algunos más, ciudadanos que a título particular y sin ninguna adscripción partidista se han dedicado durante estas dos décadas a escarbar y a recabar datos e informaciones con las que contrastar la versión judicial de los atentados. Muchos de ellos se agruparon en su día bajo el nombre de Peones negros. Es gente que ha envejecido entre atestados policiales e informes periciales que ya no interesan a nadie pues los españoles, que auparon al poder al PSOE aquel fin de semana fatídico de marzo de 2004 al grito de queremos saber la verdad se conformaron, al final, con lo que le contaron. Los Peones negros son tratados, poco más o menos, que como frikis que sirvieron al primer PP de Rajoy para hacer oposición cuando, sin ir más lejos, entre ellos se cuentan los únicos ciudadanos que a título personal se han tomado la molestia de analizar con rigor el sumario y la sentencia.


BIBLIOGRAFÍA EN EL OSTRACISMO

Hay una bibliografía no muy extensa pero concienzuda sobre todos estos agujeros negros del 11M, expresión que acuñó el periodista Fernando Múgica cuando, en plena instrucción del caso, se dedicó, en una serie de exhaustivos reportajes para El Mundo, a poner en tela de juicio la información que se iba conociendo. Múgica habló con “ex-ministros, policías de información, guardias civiles de base, mandos, oficiales de inteligencia, expertos en explosivos y en terrorismo, psicólogos y analistas, agentes secretos nacionales y extranjeros, diplomáticos, sociólogos, historiadores y personajes del mundo del hampa” que, como reconoció en uno de aquellos reportajes, “coincidían, absolutamente todos, en que la versión oficial de lo sucedido era una pura patraña”. Entre él y Luis del Pino, entonces un outsider, en Libertad Digital, repasaron, una por una, todas aquellas zonas grises de la investigación, de la instrucción y de la sentencia, en uno de los últimos ejercicios de periodismo puro que se han hecho en este país.


“En toda investigación periodística”, escribió Múgica sobre las declaraciones de El Gitanillo, “los datos se van entretejiendo a base de paciencia y de separar la verdad de la mentira en centenares de conversaciones con personajes de toda condición. Es casi un milagro encontrar la declaración de una persona que pueda, por sí sola, desvelar uno de los capítulos más enrevesados de los agujeros negros del 11M”. Pero los relatos de El Gitanillo que llevaron al talego por miles de años a Emilio Suárez Trashorras no estuvieron respaldados por las verificaciones realizadas durante la instrucción y el juicio, como recuerda Lucía Velasco Fernández en su prolijo artículo El extraño viaje, publicado como uno de los capítulos de 11-M, la historia oficial. No obstante, el tribunal los dio por buenos. De milagros así está repleto el caso.


En la mochila de Vallecas también se hallaron tarjetas telefónicas liberadas que, por pura deducción de los investigadores (ya que la desaparición de todo lo que había en los trenes explotados hacía aquello inverificable) resultaron necesarias para la activación de las bombas. Fueron vendidas, en teoría, por Zougham, pero liberadas en un establecimiento propiedad de un policía nacional de origen sirio, Mausili Kalaji, un personaje de novela negra ambientada en la Guerra Fría. Aun dando por ciertos los razonamientos que condujeron a la verdad judicial, habría que tragarse auténticas ruedas de molino para no cuestionar, como ciudadanos, la actuación de jueces, magistrados, policías y, en último término, políticos, que como decía Múgica sintieron vértigo a enfrentarse con la verdad.


En Nos habíamos amado tanto, película del director italiano Mario Monicelli, el personaje que interpreta Vittorio Gassman dice con amarga melancolía que “nuestra generación se ha portado vergonzosamente”. Yo empecé a estudiar periodismo, en una universidad pública, el mismo año del juicio del 11M. En ninguna de las clases a las que asistí durante cinco años se trató de ninguna manera ni el caso ni su cobertura mediática. Sobre la más tremenda convulsión de la España democrática moderna cayó, en todos los órdenes de la vida, una capa de silencio y de olvido que, como dijo una vez Gabriel Moris, que allí perdió un hijo, es lo peor de todo: que a los españoles, en realidad, les de igual que la explicación acerca de unas bombas que causaron la muerte de doscientas personas en la principal estación ferroviaria del país, a tres días de unas elecciones generales, esté basada en una serie de indicios dudosos en torno a los que se ha hilado una verdad que enmascara lóbregas sospechas que afectan a las principales instituciones del Estado.


Por ejemplo, tres meses después del 11M, el nuevo Consejo de Ministros ascendió a general a Pedro Laguna, el jefe de la Guardia Civil en Asturias en el tiempo en que, según la sentencia, allí se robaban y vendían toneladas de dinamita que en teoría debía monitorizar la Benemérita y que fueron el arma del crimen. Laguna estaba al mando cuando un confidente de la Comandancia de Gijón le contó a uno de sus agentes que Trashorras y Toro buscaban ya en 2001 a quienes supieran cómo activar bombas con teléfonos móviles. También fue el que supuestamente metió en un cajón el informe de la UCO que, en febrero de 2004, alertaba de los extraños movimientos de esos mismos individuos, que no eran precisamente desconocidos puesto que estuvieron involucrados en un par de operaciones contra el intercambio de droga por explosivos y, como es sabido, gozaban de una especial protección en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.


Durante estos veinte años he visto cómo, a la vez que el español medio vivía cada vez peor, su entorno social se degeneraba al tiempo que se comprometía a los jóvenes en causas como el feminismo, la memoria histórica o el climatismo, cruzadas ideológicas y sentimentales que han dirigido políticamente al país mientras la economía se desplomaba y la corrupción lo tomaba todo por asalto. No me parece casual que el 11M fuera cerrado pronto y para siempre, pues al fin y al cabo era la clave de bóveda de todo un cambio de paradigma.


La sentencia coincidió con el tardozapaterismo, que enterró la preocupación social sobre los atentados bajo un sedimento de Estatut, crisis económica y memoria histórica. Con los atentados de Atocha se fraguó la actual España oficial: la SER y El País consagraron un relato interesado de los hechos y dirigieron al ostracismo a los conspiranoicos. Con el 11M muchos periodistas se convirtieron en propagandistas del neorrégimen que los socialistas levantaron bajo el principio de exclusión de todo aquel situado fuera del término progresista. Se prefiguró un patrón calcado casi al pie de la letra al que se siguió de manera generalizada ya durante la pandemia. Los que tenían dudas razonables y querían saber más sobre las causas de algo tan grave como, en aquel caso, el asesinato de doscientas personas en el centro de Madrid, fueron colocados al margen del cauce normalizado de la conversación pública.


El abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M en el juicio, José María de Pablo, publicó un libro en 2009, La cuarta trama, en el que describe una cantidad estupefaciente de contradicciones, mentiras, falsedades, manipulaciones e incógnitas por despejar en todo el proceso a los supuestos responsables, en el que él participó. Señala un nivel de negligencia dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de las magistraturas, institutos y ministerios fiscales, directamente incompatible con la decencia y por supuesto, con la democracia. De Pablo argumenta, en base a declaraciones de policías, confidentes, artificieros, peritos científicos, oficiales de la Guardia Civil, informes del CNI y multitud de pruebas documentales adjuntas al sumario de la causa, que ninguna de las sentencias aclaran quién o quiénes idearon, organizaron y planificaron los atentados terroristas de Atocha. Además, expone demasiados indicios que obligan a pensar que los condenados, los famosos El Chino, El Tunecino y sus teóricos compinches, los a priori inmolados en Leganés, no pueden ser más que, en todo caso, colaboradores necesarios y cabezas de turco de alguien cuya identidad, veintiún años después, se desconoce.


El último libro de Carlos Sánchez de Roda, Los misterios del 11-M, analiza las más grandes incongruencias en la investigación de estos crímenes. La primera, la del desguace de los trenes: que no fue tal puesto que, como él ha ido siguiendo a lo largo de los años, todavía circulan por la red de Cercanías algunos de los vagones que según la sentencia, fueron desguazados. Toma como referencia documentos y material del propio sumario como, por ejemplo, un informe pericial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil encargado por el juez instructor en 2005. Allí quedaba claro que “el estudio de los efectos devastadores de las explosiones en las personas y el mobiliario de los vagones es determinante para establecer la cantidad y el tipo de explosivo utilizado”, lo que a su vez aclararía las cosas con respecto a los autores. Sin embargo, los trenes fueron limpiados por dentro entre el mismo 11 y 12 de marzo, en la misma estación de Atocha, y los mismos vagones fueron convertidos luego en chatarra a partir del día 15, sin que en el sumario de la causa conste información alguna sobre quién autorizó aquella destrucción de pruebas y sin que nadie haya explicado nunca qué pasó con los restos del interior del tren que explotó junto a la calle Téllez, el único del que se tiene constancia gráfica de su limpieza y referencias de que el material extraído acabó en un depósito de la Policía Científica.


El mismo Gómez Bermúdez aseguró más tarde que “si los vagones no hubiesen sido desguazados, seguramente se habrían sabido muchas más cosas sobre la autoría de los atentados”. Pero se aceptó, con completa naturalidad, la ausencia de fotografías y de vídeos de todo este material, que hubieran permitido obtener abundantes pruebas periciales. No fue hasta cinco años después cuando el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, a instancias de una querella de la Asociación de Víctimas del 11M contra el jefe de los TEDAX, inquirió directamente a la Audiencia Nacional, encargada de la instrucción del 11M, por el origen de la orden de desguace de los trenes. No se obtuvo respuesta.


Todo lo que descubre cualquiera que se acerque a estos libros escritos al margen del mainstream y fruto del escrutinio de todo lo que es verificable del 11M, resulta desasosegante. Del embrollo policial y judicial nos queda claro que hubo un sórdido abanico de personajes secundarios que fueron obviados deliberadamente. Estos personajes, a menudo, pertenecían al hampa de Madrid o de Asturias y con una frecuencia alarmante eran confidentes de la policía. Por La cuarta trama y los reportajes de Múgica y Del Pino desfilan chivatos y soplones directamente controlados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI y responsables, en teoría, del robo y tráfico de la GOMA2-ECO con la que se cometieron los atentados, dinamita sobre la que hay infinidad de dudas, por otro lado.


A uno de estos personajes, el que debió hacer saltar la libre antes que nadie, Francisco Javier Lavandera, por aquel entonces portero de un puticlub de Gijón por donde paraban mucho Toro y Trashorras, le escribió un libro Fernando Múgica, A tumba abierta. Lavandera denunció siete veces, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que Toro le ofrecía ser un intermediario entre ellos y ETA en un supuesto intercambio de droga por dinamita. Según él, la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron amenazas e intentos de asesinato, a él y a su familia. Lo cierto es que en diciembre de aquel año de 2004, mientras Lavandera estaba escondido como testigo protegido de la instrucción del 11M, su mujer apareció muerta en una playa de Gijón, oficialmente suicidada.


LAS DUDAS Y UN DEBER MORAL

De todo hay varias versiones, a menudo incompatibles entre sí. A los inmolados en Leganés no se les hizo autopsia y la historia de sus supuestas llamadas de despedida es tan de poltergeist como lo acaecido con la maxipericial de las ínfimas reliquias de los trenes que se llevaron a cabo durante el juicio y que Antonio Iglesias, uno de los peritos de la acusación, describe en su libro Titadyn. Baste con decir que se fue la luz una noche y al día siguiente todas las pruebas amanecieron conveniente e inexplicablemente contaminadas. El modus operandi, en Leganés, de terroristas y de geos fue, siendo cándidos, extrañísimo. Como dice Carlos Sánchez de Roda, “la introducción en la comisaría de Puente de Vallecas de una falsa bomba, carente de cadena de custodia, que nadie había visto antes en ningún tren y que aportó todos los elementos de la sentencia” es, por sí misma, lo suficientemente grave como para dudar de todo lo demás. Por esa sentencia hay quien está condenado a cuarenta mil años de cárcel, como es el caso de Jamal Zougham, cuyo delito probado es haber sido reconocido más de un año después por varios testigos que afirmaron haberlo visto simultáneamente en varios lugares distintos, saliendo y entrando de los trenes con el don de la ubicuidad. “Si los trenes”, dice De Roda, “con todo su contenido, se hubieran volatilizado un segundo después de las explosiones, la sentencia, con sus hechos probados, habría sido exactamente la misma, pues nada salido de los trenes condujo a ninguna de sus conclusiones”.


Como muestra de todos estos despropósitos asimilados como verdad está el caso del único foco de explosión conservado milagrosamente durante casi diez años. En la sentencia se concluye que las bombas fueron colocadas en la parte superior de los vagones. Carlos Sánchez de Roda encontró, en un cobertizo de una nave industrial abandonada por una empresa auxiliar de RENFE en liquidación tras la crisis de 2008, un material donde se puede ver uno de los cráteres ocasionados por las bombas en el piso del vagón afectado. Nunca fue tenido en cuenta para probar los hechos y a la denuncia pública del abandono de semejantes pruebas del 11M le siguió un efímero interés de la Fiscalía General del Estado finiquitado poco después con una nota de prensa que, para De Roda, ilustran la combinación de negligencia y falsedad que rodean todo este asunto. “Según la nota de prensa del 6 de junio de 2012, la Fiscalía de Madrid afirmaba que el tren de Santa Eugenia no fue devuelto a RENFE, su legítimo propietario, para que hiciera lo que quisiera con él, sino que seguía existiendo una relación entre RENFE y el Juzgado de Instrucción, al que RENFE tenía puntualmente informado de todo lo que hacía. Y si RENFE informaba de lo que hacía con ese tren, habrá que suponer que haría lo mismo con los otros. Es decir, que los desguaces también se hacían con puntual conocimiento del juez. Por muy absurdo que parezca, al parecer el juez estaba informado de lo que se hacía con los trenes, pero cuando se pidió hacer una inspección ocular de los mismos, hubo que telefonear a RENFE y preguntar dónde estaban”. Al final de su libro, De Roda dice que es un deber moral de todos los que dudan, el ayudar a difundir estas dudas. Sirva este artículo para ese inútil, ya, empeño.


Congreso de los Diputados

El Congreso gasta 1,6 millones en adaptar 8 salas a la traducción simultánea de las lenguas cooficiales
Segundo Sanz. okdiario. 16 Marzo 2025

El Congreso de los Diputados que preside la socialista Francina Armengol ha destinado 1,6 millones de euros a la contratación de un servicio de obras para renovar hasta 8 salas de la Cámara Baja a fin de facilitar la traducción simultánea de las sesiones en las comisiones parlamentarias tras la polémica reforma de la imposición de las lenguas cooficiales.


En concreto, el expediente -consultado por OKDIARIO- lleva por título «Suministro e instalación del sistema de conferencias de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y del equipamiento de interpretación remota y subtitulado en cinco salas del Congreso de los Diputados». La empresa adjudicataria ha sido Telesonic SA por un importe de 1.633.500 euros, impuestos incluidos. También concurrieron otras dos empresas.


A la hora de justificar la ejecución de dicho contrato por la vía de urgencia, la Mesa de la Cámara -controlada por PSOE y Sumar- indica que se ha optado por el «procedimiento acelerado debido a la necesidad de atender, a la mayor brevedad posible, lo dispuesto en el artículo 60.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tras la reforma aprobada en septiembre de 2023», justo en el arranque de la legislatura. La imposición de las lenguas cooficiales en el Congreso formó parte del acuerdo de investidura sellado por el PSOE de Pedro Sánchez con Junts y ERC. Y Armengol sigue contentando a estos socios separatistas y a sus aliados nacionalistas.


En el caso de la Sala Constitucional, por ejemplo, los pliegos de contratación señalan que el nuevo «sistema de conferencias» contempla, entre otras características, la «integración de audio, vídeo, votaciones, identificación de delegados y traducción simultánea», además de estar «provisto de la última tecnología, al objeto de evitar su obsolescencia en un plazo de tiempo mínimo de 10 años».


Así, esta reforma abarca las salas Constitucional, Cánovas, Sagasta, Prim, Ernest Lluch, Pérez Llorca, Herrero y Rodríguez de Miñón y Fraga Iribarne. Y el plazo máximo de ejecución contemplado en los pliegos es de 6 meses desde la entrada en vigor del contrato, que fue formalizado el pasado 13 de noviembre.


Asimismo, los pliegos dicen que «la instalación se ejecutará en las salas de forma sucesiva, estableciendo en la primera fase la instalación de los equipos del sistema de interpretación remota y subtitulado en cinco salas de Comisión». En este momento, la sala Constitucional ya ha sido renovada, y los operarios se encuentran trabajando en la sala Sagasta.


El pliego de cláusulas administrativas remarca que «la necesidad que se pretende satisfacer mediante el presente contrato es dotar y, en su caso, renovar los sistemas audiovisuales, que comprenden los de audio, vídeo y debate o conferencia así como facilitar los medios materiales para la interpretación simultánea remota de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y el suministro e instalación del equipamiento para posibilitar la interpretación simultánea remota y el subtitulado en cinco salas de Comisión (Prim, Ernest Lluch, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca y Fraga Iribarne)».


«Ello resulta esencial -prosigue el documento- para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados que establece que los Diputados tendrán el derecho de intervenir en las sesiones de las Comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas», subraya el texto.


Además, la empresa adjudicataria ha sido emplazada a impartir un plan de formación presencial a los técnicos de audiovisuales del Congreso sobre «todos los elementos esenciales para la correcta conducción y mantenimiento de las instalaciones».


Protesta de ex diputados a Armengol

En septiembre de 2023, cuando se acometió la polémica reforma del Reglamento para dicha imposición lingüística, más de medio centenar de ex ministros y ex diputados de distintos partidos, que pisaron en su día todas estas salas sin problema alguno de comunicación, dirigieron un escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para expresar su «rechazo» al uso «contrario a la Constitución» de las lenguas cooficiales en el Parlamento.


«Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», defendieron los firmantes del documento, que formaron parte de la Cámara representando las siglas de PP, PSOE, PP, UCD, CDS, y UPyD. Todos ellos calificaron la medida como «trágala inaceptable» por parte de la Presidencia del Congreso, y lamentaron que la relación entre iguales quedase supeditada «al uso de pinganillos».


Por parte del PSOE, mismo partido que el de Armengol y Pedro Sánchez, el escrito de denuncia contó con el apoyo de nombres relevantes como los de los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo. De igual modo, se unieron a la protesta los ex ministros José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela y Virgilio Zapatero. Además, la secundaron otros veteranos como Nicolás Redondo, Francisco Vázquez o Joaquín Leguina. También firmaron, junto a ellos, el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, y Tomás Gómez, ex senador y ex líder del PSOE de Madrid.


España

El gasto en política lingüística, subvenciones y altos cargos engorda en 17.000 millones la deuda de Cataluña
Fernando García-Romanillos. Vozpópuli. 16 Marzo 2025

La Fundació Universitària Balmes, propietaria de la Universitat Central de Catalunya, en Vic, tiene una subvención de 24,38 millones de euros, cinco o veinte veces superior a las ayudas para las fundaciones universitarias de La Laguna (5,9 m.), de Valladolid (2,8 millones), de Salamanca (810.899 €), o de la Complutense de Madrid (969.362 €). Así mismo siete de las doce entidades con mayores subvenciones de España se encuentran en Cataluña. Son datos que no aparecen en las explicaciones sobre la deuda de 17.000 millones perdonada a la Generalitat, consecuencia de un gasto que incluye las retribuciones para 389 altos cargos y 227 altos directivos o los cientos de millones para la política lingüística que ahora se cierne sobre los inmigrantes.


La impopular condonación de tan elevada deuda a costa del resto de los españoles se detecta en la forma en la que fue comunicada. El Govern de Salvador Illa la despachó en dos líneas y media del penúltimo párrafo de una larga nota de prensa. El ministerio de Mª Jesús Montero le dedicó cuatro de las 86 líneas de un extenso comunicado. Además, al publicitar su acuerdo ambas partes omitieron que 15 días antes el BOE publicó un decreto-ley autorizando al Instituto Catalán de Finanzas a un endeudamiento de hasta 4.000 millones de euros, más otras operaciones de deuda y avales a organismos de la Generalitat por importe de 111 millones.


Junto a aquellos disimulos el presidente de la Generalitat ha exhibido más gastos singulares que engordan la deuda, precisamente en materia lingüística. Una semana antes de firmarse el perdón fiscal, el Govern acordó un desembolso extra de 8 millones de euros para enseñanza del catalán a adultos. Una semana después de aquella rúbrica, el Molt Honorable President decidió subir a 800.000 € la ayuda a una red de escuelas en lengua catalana situada en territorio francés.


La literatura del sanchismo y del independentismo en torno a este privilegio fiscal no analiza el gasto de los gobiernos separatistas y ahora socialnacionalista de Cataluña, ni la naturaleza de los ingresos. Los firmantes del acuerdo de condonación, fruto del pacto de Sánchez con Junqueras, saben cómo es la gestión que ha desembocado en el endeudamiento ahora repartido entre el resto de comunidades autónomas. Conocen, por ejemplo, la información de la Intervención General del Estado sobre el reparto de subvenciones y ayudas públicas por toda España. Con datos de 2023, los últimos publicados, en esa relación las entidades beneficiarias de Cataluña destacan por las siguientes posiciones:


-7 de las 12 subvencionadas con más de 20 millones de euros anuales.

-el 38 % de las que reciben más de 10 millones.

-el 25% de las 150 entidades con subvención superior a 5 millones.

-los 37,5 millones para la tecnológica Eurecat o los 34,5 m. para la energética

EREC superan en un 60% las ayudas a entidades similares del resto de España.


Quienes comulgan con la denominada singularidad fiscal también conocen el listado de entes del Servicio Público Institucional, donde Cataluña figura en primer lugar con 973 de dichos entes, seguida a distancia por Andalucía, con 782, y Madrid con 446. Buena parte de esos organismos del sector público de la Generalitat, el mayor de todas las comunidades autónomas, dispone de los directivos mejor pagados del país en el área pública, exactamente 227 individuos con un sueldo anual medio de 80.000 €.


De igual manera la Generalitat presidida por Illa encabeza el ranking de altos cargos políticos por su cantidad, 389, y por sus retribuciones, situadas en una media de 90.000 euros al año. Entre ellos se encuentran los 18 `embajadores´ repartidos por cuatro continentes o los titulares de numerosas Direcciones Generales como la de `Cuidados, organización del tiempo e Igualdad en los trabajos´, la de `Medios de comunicación´, la de `Servicios digitales y experiencia ciudadana´, etcétera.


En el informe El gasto de la ‘construcción nacional’, Impulso Ciudadano estimaba en 2021 en más de 1.000 millones de euros la factura anual de las políticas del nacionalismo excluyente en la administración autonómica. Aquel documento citaba un estudio de Francesc Trillas, destacado economista del grupo del PSC Federalistes d’Esquerres, hoy secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos del Govern, con ejemplos de gastos superfluos, inútiles, propagandísticos o ideologizados de la Generalitat, que situaba en 1.100 millones a lo largo de la legislatura. Se trata de dos grandes cantidades calculadas en 2021 que, sin obedecer a los mismos análisis, son referencias sobre el crecimiento de la deuda contraída por los gobiernos de Cataluña.


Los gastos ideologizados a los que se refería Trillas no contemplaban los del fomento del catalán. Al no haber presupuestos para 2025, el Departament de Política Lingüística creado por Salvador Illa dispone, al menos, de los 111 millones de ese capítulo en 2024. A eso hay que sumar una parte considerable de los 500 millones de euros de Cultura, y de otros departamentos, adjudicados por diferentes circuitos al fomento de la lengua cooficial. El cuadro junto a estas líneas recoge una parte de las subvenciones y demás ayudas oficiales para incentivar el uso de la lengua catalana.


La rapidez con la que Puigdemont ha proclamado que los inmigrantes deberán aprender catalán para legalizar su residencia y la prontitud con la que Sánchez ha `comprado´ esa exigencia, muestran la función de la lengua como arma política dotada de potentes recursos. Dos días después de que el presidente del Gobierno aceptara el requisito lingüístico, Victòria Alsina, dirigente de Junts per Catalunya que ha negociado con el PSOE la cesión de competencias, tras afirmar que cualquier “persona o empresa que llegue a Cataluña”, tiene “más oportunidades, más ascensor social y mayor integración si aprende catalán”, desvelaba el objetivo final que esconde el pacto en declaraciones a elnacional.cat:


“¿Eso también se tendría que aplicar a los funcionarios de todo el Estado, ya sean maquinistas de Renfe, inspectores de hacienda o jueces?”, le pregunta el periodista. “Evidentemente”, responde sin matices la persona que ha redactado con el PSOE el acuerdo sobre inmigración.


El inmigrante que se asienta en tierra catalana recibe una lluvia de consejos, reglas y advertencias para aprender una lengua que no es imprescindible en sus relaciones sociales y laborales. De eso se ocupan diez organismos vinculados al Departament de Política Lingüística, desde el Consorci per a la Normalització Lingüística al Consell Social de la Llengua Catalana, el Institut d’Estudis Catalans, el Ramon Llul, etcétera, desplegando todos un sinfín de subvenciones e iniciativas, incluido un diccionario terminológico LGTB, con ocho campañas permanentes de incentivación lingüística y ocho líneas de actuación para imponerlo en las empresas. Si ese mismo ciudadano llegado de fuera de Cataluña es finalmente obligado a aprender la lengua de Pompeu Fabra, habrá de pagar unas tasas de 25,50 a 262,67 €, según el curso donde se matricule, para obtener el certificado correspondiente.


Hablamos Español sopesa impugnar la consulta de la lengua en las aulas valencianas por la presión nacionalista
Marian Moncho Borja. el debate. 16 Marzo 2025

La asociación Hablamos Español ha denunciado diversas irregularidades en la consulta sobre la lengua base en la Comunidad Valenciana, impulsada por la Consejería de Educación, y se plantea impugnarla tras recabar numerosas quejas de familias afectadas.


Según la organización, que defiende los derechos lingüísticos de los hispanohablantes y aboga por una política basada en la libre elección de lengua, la consulta ha estado marcada por la falta de información y presiones previas al proceso de votación. Denuncian que se presentaron casos de adoctrinamiento dirigidos a influir en las familias para que optaran por la enseñanza en valenciano, lo cual fue comunicado a la Consejería mediante certificado digital.


Un ejemplo de esta manipulación a la que tuvo acceso este periódico fue en el IES Vicent Sos Baynat de Castellón de la Plana, donde la secretaría del centro envió un mensaje a las familias afirmando que elegir el español como lengua base podría afectar la continuidad del programa de libros gratuitos Xarxa Llibres. La Consejería de Educación ha desmentido esta afirmación, aclarando que el banco de libros está garantizado para todas las opciones lingüísticas.


Otro ejemplo de ello, denunciado por Escuela de Todos, fue la manipulación que se vivió en el municipio de Alacuás, donde el Ayuntamiento colgó una pancarta en la puerta del colegio Mare de Déu de l'Olivar II instando a votar a favor del valenciano. La pancarta decía: «Me gusta la escuela que tenemos. Por eso, escoge valenciano». Este acto fue interpretado por esta asociación como un intento de influir en la consulta mediante el uso de espacios públicos para promover una opción lingüística concreta.


Además, Hablamos Español señala que muchas familias participaron con información sesgada y otras no pudieron votar por problemas administrativos, sin haber recibido hasta el momento respuesta a sus quejas. «La Consejería se negó a utilizar los recursos a su alcance para informar correctamente a las familias», aseguran. Señalan que en muchas escuelas se promovieron mensajes engañosos para que los padres optaran por el valenciano, como el miedo a la separación de los niños de sus amigos.


«Varias familias nos han comunicado que en el curso 4º C del CEIP Camp de Turia de Bétera, esta semana la profesora les ha dicho que si sus padres no votan valenciano los separarán de sus amigos. Hemos hablado con las familias. Varios niños han llegado a casa preocupados. En el mismo colegio, en 4º A, la directora, en sustitución de una profesora, ha hecho votar a los niños en clase valenciano o castellano. Varios niños han dicho al llegar a casa que solo cuatro se atrevieron a votar por el español, aunque la mayoría los niños lo tienen como lengua materna. Lo hicieron así por la presión», apuntó Hablamos Español en la denuncia que presentó a escasos días del inicio de la votación.


Las cifras las dio a conocer el pasado jueves 6 de marzo el consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, en rueda de prensa. Las familias que han ejercido su derecho a voto han optado por la lengua valenciana con un 50,53 %, frente a un 49,47 % que han elegido el español. Por provincias, Castellón ha mostrado una clara preferencia por el valenciano, con un 70,50 % de los votos frente al 29,50 % que optó por el español. En Alicante, en cambio, la tendencia ha sido opuesta, con un 65,89 % de apoyos al castellano y un 34,11 % al valenciano. Valencia, por su parte, ha reflejado un resultado más equilibrado, aunque con una ligera inclinación hacia el valenciano, que obtuvo el 57,84 % de los votos, mientras que el español alcanzó el 42,16 %.


La organización también critica el elevado porcentaje de abstención, que alcanzó el 42 %, y considera que la Consejería ha tratado de minimizar este dato comparándolo con la participación en las elecciones de los consejos escolares.


Otro punto de controversia es la interpretación de la abstención. Según Hablamos Español, los votos de aquellas familias que no participaron han sido asignados directamente a los centros educativos, desvirtuando así los resultados. La asociación también expresa su preocupación respecto al uso político de esta consulta, considerando que los resultados podrían ser utilizados por sectores nacionalistas para reforzar futuras imposiciones lingüísticas.


En cuanto al contenido de la ley, Hablamos Español sostiene que la normativa no garantiza la libertad de elección de lengua, sino que impone porcentajes lingüísticos y delega en los centros la elección de las asignaturas impartidas en cada idioma, con escasas mejoras en la situación de los hispanohablantes.


Ante este panorama, la asociación ha solicitado a la Consejería que, durante la votación prevista en mayo para los alumnos de cuarto de ESO, se permita también participar a las familias que no pudieron hacerlo en la primera ronda, en un intento de corregir la falta de representatividad de la consulta.


Hablamos Español subraya que, en los países con cooficialidad lingüística, se garantiza la libertad de elección de lengua para las minorías, y reivindica que los derechos lingüísticos de los hispanohablantes deben ser respetados en igualdad de condiciones. La asociación mantiene que el debate no debe convertirse en una confrontación entre lenguas, sino centrarse en el respeto a los derechos individuales de los hablantes de ambas lenguas oficiales.


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