Recortes
de Prensa Miércoles
26 Marzo
2025
Rusia
gana la partida de las negociaciones de paz: lo que esconde la tregua
energética y en el mar Negro
Andrea Polidura. el
debate. 26
Marzo 2025
La invasión rusa de Ucrania debía afrontar esta semana unas negociaciones clave que marcaran el inicio del fin de la guerra en el corazón del Viejo Continente. Sin embargo, Rusia ha vuelto a poner, sutilmente, palos en las ruedas en las conversaciones de este lunes, en Arabia Saudí, sobre un alto el fuego de 30 días en Ucrania. Una delegación de Estados Unidos y otra rusa se reunió en el lujoso hotel Ritz-Carlton de Riad durante 12 horas, con tres descansos de por medio, para terminar la maratoniana jornada sin declaración conjunta. Las esperadas conclusiones llegaron este martes a través de un comunicado de la Casa Blanca.
Una vez más, el presidente ruso, Vladimir Putin, consiguió torcer el brazo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y recibió suculentas concesiones a cambio de aceptar una tregua en el mar Negro que beneficia, en gran parte, a Rusia. A pesar de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, descartó durante su rueda de prensa diaria que se fuera a hacer público el contenido del encuentro porque, según él, se trataron de «negociaciones técnicas que profundizan mucho en detalles», Washington sí lo hizo.
La Casa Blanca, a diferencia del Kremlin, emitió dos comunicados diferentes sobre los contactos que mantuvo con Rusia y con Ucrania entre el domingo y el mismo martes. En el texto, Washington aseguró que ambas partes acordaron «garantizar una navegación segura, eliminar el uso de la fuerza y evitar el uso de buques comerciales con fines militares en el mar Negro». Aun así, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pidió a Washington «ordenar» a Ucrania respetar el acuerdo. «Necesitaremos garantías claras. Y dada la triste experiencia de acuerdos sólo con Kiev, las garantías sólo pueden ser el resultado de una orden de Washington a Zelenski y su equipo para que hagan una cosa y no otra», aseveró Lavrov en una intervención en televisión.
El acuerdo a tres bandas que se discutió en la capital saudí–una delegación ucraniana también estaba en Riad, aunque se encontró con la parte estadounidense en una habitación separada– es similar al alto el fuego marítimo que se acordó en julio de 2022 y estuvo vigente hasta julio de 2023 y permitió a Ucrania exportar casi 33 millones de toneladas de grano. Rusia, sin embargo, hizo que la tregua marítima saltara por los aires al acusar a Occidente de seguir manteniendo las sanciones a los productos rusos como los pesticidas.
En esta ocasión, Moscú ha conseguido que Washington se comprometa a levantar las restricciones contra sus productos agrícolas y fertilizantes y que además apoye el regreso de Rusia al mercado internacional. Pero no sólo, para el Kremlin las concesiones van un paso más allá y habría logrado que Estados Unidos elimine las sanciones al suministro de maquinaria a su país y a las entidades financieras rusas ligadas a las exportaciones y operaciones con el sector agrícola, conectando a sus principales bancos, de nuevo, al sistema Swift.
A pesar del desafío que supone ya de por sí una negociación de este calibre, la delegación rusa llegó a la cita de Riad con una estrategia clara: dilatar las conversaciones lo máximo posible. Según publicó el diario ruso en inglés The Moscow Times, citando a cuatro fuentes cercanas al Kremlin, la orden era ganar tiempo mientras el Ejército ruso avanza en el campo de batalla. «El tiempo está actualmente de nuestro lado, e intentaremos aprovecharlo al máximo», aseveró un diplomático ruso a The Moscow Times.
Putin, que en todo momento ha evitado oponerse directamente a la propuesta de su homólogo estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, ha insistido en la importancia de abordar los «matices» del acuerdo. Mientras se discuten esos detalles, que en realidad son exigencias maximalistas como la no integración de Kiev a la OTAN o el reconocimiento de la soberanía rusa sobre los territorios anexionadas, las tropas del Kremlin aprovechan para hacerse con el control del máximo territorio posible.
De hecho, según apunta este diario, entre las posibilidades que baraja Putin estaría hacerse con las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk o Sumy para poder intercambiarlas por otras como Jersón o Zaporiyia. Así las cosas, y a pesar de que tanto Rusia como Ucrania aceptaron una tregua de 30 días en las infraestructuras energéticas, los ataques se han recrudecido y ambas partes se acusan de violar el acuerdo. Según el comunicado hecho público por la Casa Blanca, tanto Moscú como Kiev acordaron «desarrollar medidas» para prohibir los ataques contra las instalaciones energéticas. Una tregua de la que Rusia saca rédito, ya que ha sufrido graves pérdidas económicas por los continuos ataques ucranianos contra sus refinerías.
Mientras que Rusia gana los pulsos diplomáticos, sin llegar a aceptar un alto el fuego total, pero acuerda treguas que suponen un respiro para su economía, redobla sus ataques contra Ucrania. Este mismo lunes y coincidiendo con el inicio de las negociaciones en Riad, un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumi dejó más de 90 heridos. Según datos del Estado Mayor de la Defensa de Ucrania, tan solo durante las primeras horas de la jornada de este martes se contabilizaron hasta 150 enfrentamientos entre soldados rusos y ucranianos, con especial intensidad en Pokrovske, un pequeño pueblo ubicado en el óblast de Dnipropetrovsk.
Los
ucranianos observan entre la impaciencia y el escepticismo las
conversaciones para acabar la guerra
Rostyslav
Averchuk. Leópolis. la razon. 26
Marzo 2025
Rusia sigue jugando con Donald Trump y retrasando incluso un alto el fuego limitado, según funcionarios y observadores ucranianos. Mientras Ucrania aceptó hace tiempo una propuesta de alto el fuego integral ofrecida por EE UU, Rusia introduce constantemente nuevas condiciones, rechazando «de facto» un alto el fuego marítimo a menos que se relajen las sanciones contra sus bancos, barcos y empresas.
Volodimir Zelenski describió en una conferencia de prensa el acuerdo de EE UU para facilitar el acceso de Rusia a los mercados globales de productos agrícolas y fertilizantes como una relajación de las sanciones. Curiosamente, según expertos, Rusia podría necesitar un alto el fuego marítimio más que Ucrania, que destruyó un tercio de la flota rusa del mar Negro y reanudó las exportaciones desde sus puertos hace tiempo.
«Si Rusia viola el alto el fuego, recurriré a Trump para pedir sanciones y armas», afirmó Zelenski antes de que se conocieran todos los detalles del acuerdo. Sugirió que Turquía podría desempeñar un papel en la supervisión del alto el fuego marítimo, mientras que países de Oriente Medio podrían vigilar el cumplimiento en relación con los ataques energéticos.
Andri Kovalenko, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, argumentó que Vladimir Putin podría detener los ataques contra civiles en un solo día si realmente quisiera la paz. Acusó a Rusia de explotar las negociaciones para ganar tiempo y acumular recursos y perpetuar la guerra.
Una encuesta publicada por el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv reveló que el 77% de los ucranianos apoyaría un alto el fuego de 30 días, aunque la mayoría duda que Rusia lo respete. Solo una pequeña fracción lo ve como un paso genuino hacia una paz en términos aceptables. Rusia ha expuesto públicamente sus demandas, que incluyen detener los esfuerzos de movilización de Ucrania, poner fin a las entregas de armas occidentales y cesar el apoyo de inteligencia a Kyiv. Para el 79% de los ucranianos, estas condiciones son completamente inaceptables.
Anton Grushetski, director del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, observó que los ucranianos están dispuestos a considerar compromisos difíciles, como posponer la liberación de ciertos territorios ocupados. Pero enfatizó que la rendición o la paz «a cualquier precio» no son opciones. El 82% de los ucranianos está preparados para seguir luchando –incluso sin ayuda militar de EE UU, pero con el respaldo de Europa– hasta lograr una paz justa.
Aunque Kyiv valora los esfuerzos de EE UU por negociar un alto el fuego limitado, solo una Ucrania más fuerte puede garantizar una paz duradera, comentó Oleksandr Merezhko, presidente del comité de asuntos exteriores del Parlamento ucraniano, a LA RAZÓN. «No se puede confiar en Putin, y cualquier negociación con él está condenada al fracaso a menos que Ucrania y sus aliados lo obliguen», advirtió Merezhko, sugiriendo que Trump podría aprender esta lección por sus propios errores.
Por ahora, los acontecimientos parecen desarrollarse según el guión de Putin, según el periodista ucraniano Vitali Portnikov. Destacó una desconexión fundamental entre los enfoques de Putin y Trump hacia las negociaciones. Trump prioriza un alto el fuego inmediato para detener el combate activo antes de iniciar conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo que podrían extenderse durante meses o incluso años.
Putin, por el contrario, busca seguir negociando el fin de la guerra mientras sus fuerzas continúan el asalto. “No quiere que nadie impida que sus tropas conquisten más territorio ni que sus drones sigan aterrorizando a Ucrania”, explicó Portnikov.
Observó también que las llamadas telefónicas de Trump han ayudado al líder ruso a salir del aislamiento internacional. La renuencia de Trump a criticar a Putin, siquiera levemente, solo hace que Moscú sea menos propenso a hacer concesiones. “Desafortunadamente, cuando Trump tropieza, el mundo y Ucrania sufren”, argumentó Portnikov, resaltando la necesidad de un liderazgo estadounidense decisivo.
El presidente Zelenski también expresó su frustración por “voces de alto nivel en Estados Unidos” que repiten la propaganda rusa, refiriéndose a las afirmaciones de Steve Witkoff, enviado de Trump en Oriente Medio, de que los referendos falsos en los territorios ocupados por Rusia demostraron que la mayoría de los ucranianos allí deseaban unirse a Rusia. Zelenski expresó su esperanza de que la credulidad de Washington hacia Rusia disminuya con el tiempo.
"Los rusos deben demostrar que están dispuestos a poner fin a la guerra y que están dispuestos a no mentirle al mundo, a no mentirle a Trump, a no mentirle a Estados Unidos", enfatizó.
Las próximas rondas de reuniones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense sobre el fin de la guerra tendrán lugar en “un futuro próximo”, confirmó el presidente.
Un informe de las agencias de
inteligencia de EEUU explica por qué China trata de no parecer
"demasiado agresiva" pese a ser su mayor amenaza
Afp.
la razon. 26
Marzo 2025
China es la principal amenaza a los intereses globales de Estados Unidos, según un informe de inteligencia estadounidense divulgado el martes, que advierte de los progresos en las capacidades militares y cibernéticas de Pekín. "China representa la amenaza militar más generalizada y sólida a la seguridad nacional de Estados Unidos", afirma la Evaluación Anual de Amenazas elaborada por las agencias de inteligencia estadounidenses.
Sin embargo, el gigante asiático es más "prudente" que Rusia, Irán y Corea del Norte para no parecer "demasiado agresivo y disruptivo". Este informe anual reúne las informaciones de las principales agencias de inteligencia del país sobre las amenazas de seguridad que plantean tanto naciones extranjeras como organizaciones criminales.
China trata de no parecer agresiva, dice el documento, porque su estrategia global está enfocada en expandir su influencia sin provocar una confrontación abierta que pueda dañar su imagen internacional o afectar su crecimiento económico. No hay que olvidar que Pekín depende del comercio global y las inversiones extranjeras para sostener su economía y que un comportamiento hostil podría provocar sanciones más duras y afectar su acceso a mercados y tecnologías clave.
Además, China busca consolidar su poder global de manera gradual, utilizando herramientas como la diplomacia, la cooperación económica y la tecnología para fortalecer su posición sin desencadenar respuestas inmediatas de sus adversarios, en especial de EEUU. En lugar de una confrontación militar directa, China emplea tácticas de presión económica, ciberataques y desinformación (guerra híbrida) para avanzar sus intereses sin cruzar líneas rojas que justifiquen represalias abiertas.
Los autores del informe señalan que "la presión coercitiva" de China contra Taiwán y "las amplias ciberoperaciones contra objetivos estadounidenses" son indicadores de la creciente amenaza de Pekín.
El informe prevé que China continúe expandiendo "sus actividades de coerción y de influencia maliciosa subversiva" para debilitar a Estados Unidos internamente y en el plano internacional. Las autoridades chinas buscan contrarrestar lo que consideran "una campaña dirigida por Estados Unidos para socavar las relaciones globales de Pekín y derrocar" al gobernante Partido Comunista.
La directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, dijo en una audiencia ante el Senado que China es su "competidor estratégico más capaz" en base a las informaciones disponibles. "El ejército chino está desplegando capacidades avanzadas como armas hipersónicas, aviones furtivos, submarinos punteros, activos más fuertes para la guerra espacial y cibernética y un arsenal más amplio de armas nucleares", afirmó.
Además de China, el estudio analizó las amenazas presentadas por Rusia, Corea del Norte, Irán y "criminales transnacionales no estatales" como los cárteles mexicanos y los grupos islamistas. También se refiere al posible uso de armas de destrucción masiva, y se destaca la modernización del arsenal nuclear de China y Rusia, así como los programas de armas químicas y biológicas de Irán y Corea del Norte. Además, se subraya el papel de los cárteles de la droga en la crisis de los opioides en EEUU, así como en la migración ilegal y la violencia, puntos de máximo interés en la nueva administración de Donald Trump.
Si no hay elecciones es porque no hay
democracia en España
Pedro
de Tena. libertad digital. 26 Marzo 2025
Ya sé que tratamos de mirar para otro lado porque la alternativa es sombría. ¿Cómo consigues en una democracia expulsar a un gobierno malquerido sin derramamiento de sangre? Mediante unas elecciones libres, regladas y sometidas a control judicial. Pero su convocatoria no depende de la gente sino del sátrapa que la ha desnaturalizado. ¿Cómo proceder entonces?
Tres cuartas partes de los españoles, incluyendo la mitad de los votantes socialistas, desean que haya elecciones a lo largo de este año. Me atrevo a sentir que cuanto antes. Según los beneméritos paganinis de tales muestras sociológicas, ese afán se debe a la debilidad que el gobierno muestra en las Cortes, donde ha perdido ya demasiadas votaciones Y las que gana es porque vende España a los rompepatrias, una y otra vez.
Yo creo que no es así del todo. Además hay que considerar otra larga serie de factores que hacen más que necesaria la convocatoria de elecciones generales si al frente del gobierno hubiera un presidente con un deje, por pequeño que fuese, de decencia nacional y de fidelidad democrática.
Creíamos que habíamos visto de todo en la degeneración de la democracia española. Ya en sus primeros pasos la Fiscalía General se puso a las órdenes del gobierno. Lo digo en calidad de testigo porque don Leopoldo Torres, fiscal general del Estado en tiempos del primer Felipe González, nos trató de enjuiciar y condenar a cinco periodistas de El Mundo por publicar una cosita de nada sobre Juan Guerra. ¿Por orden de quién? Pues ya está.
Creí que había visto de todo cuando el gobierno socialista le ofreció al juez Márquez, instructor del caso Guerra, un puesto en el Consejo General del Poder Judicial si se avenía a fijar fechas "razonables" que no perjudicaran electoralmente al PSOE. Yo lo testifiqué. Ya entonces eso de la independencia judicial era un cuento como la catedral de Burgos. Ponían y quitaban a su antojo y luego, al convite, se apuntó el PP.
En cuanto al Constitucional, ahí está la infame sentencia de Rumasa o el blanqueamiento "excepcional", y por una sola vez, perpetrado por un presidente socialista del Tribunal Constitucional sobre los enchufados y metidos con calzador político como empleados públicos de la Junta de Andalucía. Centenares, miles.
Tampoco habíamos visto nunca que una Caja de Ahorros, la de Jerez en este caso, hiciera desaparecer de su circuito informático y de su contabilidad los préstamos de 32 dirigentes socialistas, Manuel Chaves entre ellos. Gracias a esos dineros, el PSOE se pudo comprar una sede en Cádiz pero los obreritos y las viuditas pagaban sus cuotas mensuales religiosamente mientras estos indeseables nunca lo hicieron.
Yo, testigo directo, nunca había visto que todo un ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, mucho antes de los y sus miserables ERE´s, dejara las cuentas de las pensiones españolas en una situación tal que el nuevo gobierno del PP tuviera que pedir varios préstamos para no pasar a la Historia como el primero de España que dejó de pagar las pensiones.
O sea que sí, que habíamos visto ya muchas cosas. Demasiadas para una democracia española que pudo ser ejemplar y no lo fue porque un partido, el PSOE, jamás puso el interés nacional por encima del propio, ni antes ni después de la Guerra Civil. Luego vimos que el PP tampoco es que lo pusiera. Es más, contribuyó al desmoronamiento de la idea de España y lo sigue haciendo.
Pero yo no había visto nunca, ni en el caso de la OTAN a cuyo marrón González tuvo que vestir con el ropaje de un referéndum, que un presidente del Gobierno, sin su partido, sin su Gobierno, sin el Parlamento y sin su Rey, pudieran hacer lo que Pedro Sánchez ha hecho con el territorio del Sahara. O lo que ahora está haciendo con China.
Tampoco había visto la suspensión de las sesiones parlamentarias, los negocios corruptos de mascarillas en plena pandemia criminal para decenas de miles de españoles ni enjuagues familiares a gogó. Y por atender a lo más inmediato, no había visto nunca que alguien que censuró con éxito a un presidente por no poder presentar Presupuestos, diga ahora que por no presentarlos no pasa nada. Tampoco había visto desigualar a España sin escrúpulo alguno. Tampoco vimos a una Presidenta de las Cortes que eliminase enmiendas que deberían haberse votado. Estoy atónito.
La degeneración es de tal calibre que si no se convocan elecciones de forma inmediata es porque tenemos un Gobierno corrupto hasta la blasfemia y una oposición incapaz hasta el ridículo de forzarle a hacerlo. Concluyendo, las elecciones no se convocan porque en realidad España ha dejado de ser una democracia, incluso formalmente. Pero si esto es así, ¿qué hay que hacer cuando un Gobierno es capaz de cancelar a todo el electorado?
El Gobierno abre otra vía para disolver la Fundación Franco
El
PP se abstiene en la votación que reforma la Ley de Asociación que
asegura una fórmula alternativa para la extinción de la FNFF
Andrés
Bartolomé. la razon. 26
Marzo 2025
En su objetivo de que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sea anulada de una forma u otra, el Gobierno dio ayer otro paso para facilitar sus intenciones.
El penúltimo conato de disolución depende del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos el pasado junio para que el Protectorado de Fundaciones inste judicialmente la extinción de la fundación por las causas que recoge la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Ley de Asociación
No obstante, ante la posibilidad de que la FNFF intente transformarse en asociación para evitar su desaparición, el PSOE ha optado también por impulsar en paralelo la reforma de la Ley de Asociación.
La modificación busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
En concreto, se va a incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».
Inscripción registral
Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que este se prevé solo a efectos de publicidad.
Otra señal que apunta directamente a la Fundación Franco, que ha modificado en dos ocasiones sus estatutos, la última para dejar claro que «velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».
En este escenario, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo.
Acusan al Gobierno socialista de
querer «borrar la memoria cristiana»
El
Parlamento rumano pide por carta al embajador español resistir al
plan del Gobierno de Sánchez de desacralizar el Valle de los
Caídos
Bárbara
Saavedra. LA GACETA. 26
Marzo 2025
El Parlamento rumano ha instado al embajador español en Rumanía, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, a luchar contra la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez; que, tras la expulsión del Padre Cantera, pretende avanzar en la desacralización del Valle de los Caídos.
En una carta firmada por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Mihail Neamtu, se expresa la preocupación del Legislativo rumano ante lo que consideran una operación política orquestada para vaciar de sentido cristiano uno de los espacios religiosos más emblemáticos de Europa.
El documento, dirigido directamente al embajador español en Bucarest, advierte que el reciente relevo del prior Santiago Cantera —sustituido por Alfredo Maroto tras expirar su mandato— no puede interpretarse como un simple recambio administrativo. En palabras de Neamtu, se trata de una maniobra que forma parte de una «revolución cultural» impulsada por la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de «redefinir ideológicamente» el recinto, ahora renombrado oficialmente como Cuelgamuros.
«No nos dejemos engañar. Esto no es una simple gestión administrativa. Es un acto político, parte de una revolución cultural diseñada para borrar la memoria cristiana de Europa», afirma el parlamentario rumano, quien señala que los monjes benedictinos que habitan el lugar están siendo presionados para abandonar la abadía antes de que finalice 2025.
Neamtu subraya que el Valle de los Caídos representa para muchos un espacio sagrado, dedicado a la reconciliación y la memoria. La eventual retirada de la comunidad religiosa no sería solo un cambio funcional, sino una ruptura simbólica con una tradición litúrgica de décadas.
En su llamamiento, el representante del Parlamento rumano reclama a la Santa Sede y a todos los ciudadanos europeos comprometidos con la fe y la cultura cristiana que se opongan a esta tendencia que califica de «descristianización del espacio público, apenas disfrazada de progreso».
La carta concluye con una contundente defensa del carácter sacro de la basílica y la necesidad de preservar la presencia de los monjes en el lugar: «La basílica no debe ser desacralizada. Los monjes no deben ser expulsados. Y Europa no debe olvidar quién es».
Este pronunciamiento se produce en un momento de creciente controversia en España por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha reavivado debates sobre el legado histórico del franquismo, el uso simbólico de los espacios públicos y el papel de la Iglesia en la esfera institucional.
«Basta con retirar la placa de los caídos»
Un
juzgado de Palencia paraliza el derribo de la cruz de Dueñas,
aprobado por IU, PSOE y PP
Martín Calvo. gaceta.
26
Marzo 2025
La cruz de Dueñas no tendrá que ser derribada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Así lo indica el auto del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Palencia, conocido hoy, que suspende cautelarmente la decisión aprobada por la corporación en noviembre, a instancias de la Asociación de Abogados Cristianos.
Lo relevante de la decisión judicial es que apunta una vía alternativa a la retirada de las cruces instaladas en muchos municipios de España en homenaje a los caídos, al final de la Guerra Civil, porque existe la posibilidad de resignificarlas eliminando las placas con las menciones expresas al respecto, despojándolas de su significación política para mantener únicamente la religiosa. En la actualidad más de un centenar largo de cruces se han visto afectadas en España por la legislación de memoria histórica: unas han sido destruidas o retiradas, y muchas más se encuentran amenazadas de seguir igual destino.
IU, PSOE y PP
En el caso de Dueñas se da, además, la circunstancia especial de que la moción para la destrucción de la Cruz salió adelante con sólo un voto de la corporación local, el del concejal proponente de IU-Podemos, gracias a las seis abstenciones del PSOE y a las tres del PP.
El magistrado de lo contencioso de Palencia considera que la cruz «objetivamente apreciada, únicamente puede imbricarse con un sentimiento religioso que, desde luego, no puede considerarse patrimonio único de los denominados caídos». Sentimiento religioso protegido en el artículo 16 de la Constitución Española, como recuerda el auto.
En este caso concreto, además, se trata de un conjunto de dos esculturas (la Cruz y un Sagrado Corazón) que «per se nada tiene que ver con las creencias religiosas de quienes, en la confrontación beligerante, incluso en contra de su propia decisión, cayeron luchando en el llamado bando nacional porque, a buen seguro también murieron creyentes que combatían en el bando republicano«.
El magistrado remarca que «asimilar política a religión hoy no tiene cabida alguna». Y aunque subraya que la conflagración fue «tan cainita como detestable», como la historia posteriormente ha puesto en evidencia, «no puede haber objeción alguna a la permanencia de la Cruz y el Sagrado Corazón en su peana, puesto que toda creencia religiosa es personal e intransferible».
Cuestión diferente es que deba eliminarse el listado de caídos que figura en la peana, y que encabeza José Antonio Primo de Rivera, tal y como, por otra parte, acepta la asociación demandante. «Por tanto, pudiendo eliminarse el listado de los caídos (…) ninguna objeción, desde la perspectiva del artículo 16.3 de la Constitución, puede haber para que un conjunto escultórico constituido por la Cruz y el Sagrado Corazón se mantenga en la Plaza de la Paz». Máxime cuando el conjunto se encuentra situado en un lateral de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, tal y como resalta el magistrado.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
¡Viva el Pacto del Ventorro!
Pilar
R. Losantos. okdiario. 26
Marzo 2025
Las mentes pensantes de Moncloa han decidido llamar el pacto del Ventorro al acuerdo entre PP y Vox con la esperanza de que alguien se escandalice. Después de cinco meses hablando de que Mazón se fue a comer a la hora de comer un día en el que no tenía agenda (¡válgame Dios, semejante traición!), parece que aún no han entendido que cada nueva encuesta que se publica demuestra que el PSOE está más cerca de convertir al presidente de la Comunidad Valenciana en mártir mucho antes que en verdugo. Una obviedad que en OKDIARIO llevamos denunciando desde hace meses, lo que nos lleva a congratularnos de que la sociedad valenciana no sea tan manipulable como piensa mucha opinión publicada.
En cualquier caso, más allá del tema de la DANA, lo cierto es que PP y Vox han llegado a un acuerdo de presupuestos como llegaron en su momento a acuerdos de gobierno en toda España sin que pasara absolutamente nada. Ni las mujeres nos convertimos en vasijas humanas ni los homosexuales tuvieron que volver al armario, ni los inmigrantes legales tuvieron que volver a sus países. Como mucho, los pactos conllevaron que hubiera más libertad en los territorios bilingües y menos chiringuitos en las regiones mesetarias. Es decir, todo bien.
Hace tres años, Alfonso Fernández Mañueco configuró el primer gobierno de coalición entre ambas formaciones, con Juan García Gallardo como vicepresidente. Un perfil, digamos, poco alineado con el centro centrado. En aquella época muchos de los barones territoriales del PP trataron al salmantino como un auténtico apestado. Tanto es así que muchos de ellos no quisieron que el presidente de Castilla y León fuera a hacer campaña en sus territorios, por miedo al efecto contagio. Nadie quería hacerse una foto con Mañueco ni nadie quería que su olor a “extrema” derecha inundara los territorios aún vírgenes en los que nunca nadie jamás iba a pactar con Abascal. Spoiler 1: lo hicieron todos. Spoiler 2: lo van a volver a hacer. Spoiler 3: ¡y a nadie le importará!
Las ciertas reticencias de un sector del PP por volver a aprobar los presupuestos con Vox son un tiro en el pie para su futuro. Feijóo tendrá que ser presidente con el apoyo de Abascal y cuanto antes se naturalicen los pactos menos miedo dará llevarlos a cabo a nivel nacional, que es lo que necesariamente ocurrirá cuando Sánchez convoque las que serán sus últimas elecciones.
Los blanditos de Génova creen que lo mejor que le puede pasar al PP es alejarse de Vox, y en realidad es todo lo contrario: lo único que da miedo es lo desconocido, y cuanto antes blanqueen a su aliado natural menos activo electoral será para la izquierda la perspectiva de que pacten. ¿O acaso creen los barones que no quieren presupuestos que su negativa a aprobarlos ayuda a Feijóo? ¿Piensan que lo que ellos repudian, pero Génova va a tener que tragar, les deja en una posición privilegiada? ¿No entienden que son precisamente ellos, con sus actuales mayorías parlamentarias, los que tienen que abrir el camino para que cuando llegue la batalla final la colaboración ya esté engrasada?
El año que viene serán las próximas elecciones del calendario, que son, otra vez, las de Castilla y León. Por ahora ninguna encuesta le da mayoría absoluta al PP, y en caso de que esa tendencia se mantenga VOX volverá a pedir entrar en los gobiernos y en Valladolid tendrán que decir que sí. Y asumirán el pacto verde, la inmigración y hasta a Abascal subido a caballo si hace falta. ¿Significará eso la sumisión del PP a la extrema derecha? Si algún listo recordara que la única extrema derecha que condiciona gobiernos en España es Junts, probablemente ya sabrían la respuesta.
La vía más rápida de que Feijóo llegue a Moncloa es que a nadie le dé miedo que el PP pacte con Vox. Y para eso es necesario que antes lo hagan en el Ventorro, en Murcia, en Aragón o en la China popular, que diría el amigo Carod. A ver si es que vamos a ponernos más exquisitos con Valencia que con ETA. Estamos a un pasito de conseguirlo.
El TC o la salvaguarda de toda
inconstitucionalidad del Gobierno
EDITORIAL.
libertad
digital. 26 Marzo 2025
Es cierto que la bochornosa decisión, prácticamente asumida por el Gobierno, de no presentar por segundo año consecutivo un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y mantener en prórroga las cuentas correspondientes al ejercicio 2023, diseñadas en 2022 y aprobadas en una legislatura y por una Cámara distinta a la actual, podría y debería ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. La no presentación de los presupuestos no solo viola abiertamente el articulo 134.3 de nuestra Carta Magna, sino que atenta no menos inconstitucionalmente contra la función legislativa tanto del Congreso como también del Senado.
Ahora bien, que nadie se llame a engaño. Desde el primer día que llegó al Gobierno, Pedro Sánchez tuvo la acertada convicción de que su permanencia en el poder no podría evitar, sino que tendría que radicar en la violación de nuestra Ley de leyes, pues ese era el precio que le iban a imponer las formaciones golpistas y proetarras que le auparon a la Moncloa. De ahí, la tan siniestra como lúcida determinación de Sánchez de controlar el Tribunal Constitucional, único órgano que determina qué es o no acorde con nuestra Carta Magna. Logrado ese objetivo con la llegada a la presidencia de Conde-Pumpido y la mayoría de magistrados socialistas, el supuesto Órgano de Garantías constitucionales de los ciudadanos pasó a convertirse descaradamente, como dijimos hace tiempo, en un tribunal de garantías del gobierno. Y lo mismo le sirve a Sánchez para avalar las inconstitucionales concesiones a los separatistas —Ley de amnistía, la salida encubierta de Cataluña del régimen fiscal común, la cesión a la Generalidad catalana del control fronterizo, etc— como para avalar su decisión de no presentar por segundo año consecutivo un proyecto de presupuestos por falta de apoyos parlamentarios. Y es que, con un Tribunal Constitucional tan descaradamente convertido en correa de transmisión del gobierno como el que preside Conde-Pumpido, que nadie dude que la mayoría de sus magistrados, llegado el caso, haría suyas las tergiversaciones, inexactitudes o simples mentiras con las que el gobierno avala su decisión de no presentar los presupuestos.
Quien dude de que el Tribunal Constitucional, presidido por Conde-Pumpido y con mayoría de magistrados de no menos probada obediencia socialista, fuese capaz de llegar a tal grado de degradación que se fije en el servil papel que ha desempeñado en favor de la impunidad de los máximos responsables políticos —Chaves y Griñán— de la mayor malversación de fondos públicos perpetrada en nuestro país como es el caso de los ERE. Tras sus condenas ratificadas por el Tribunal Supremo, el Gobierno no quiso asumir el coste electoral de concederles el indulto ni de promulgar una nueva y no menos inconstitucional "ley de amnistía" que favoreciera, en este caso, a sus propios dirigentes corruptos. Y es que no hacia falta con un Tribunal Constitucional dispuesto a convertirse en un órgano jurisdiccional que usurpa las funciones al Tribunal Supremo y que es capaz de conceder a los condenados —como así hizo— un indulto encubierto con la peregrina excusa de que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo no habían respetado en sus sentencias condenatorias sus derechos a la igualdad ante la ley.
Así las cosas, que nadie se sorprenda ahora, por muy antijurídico y bochornoso que sea el espectáculo, que Conde-Pumpido, plantease este lunes a los magistrados de la Sala Primera la posibilidad de impedir que los jueces españoles puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando se muestren en desacuerdo con un fallo adoptado por la corte de garantías. Es público y notorio, sin embargo, que el TJUE no pone ninguna limitación a los jueces nacionales para elevar cuestiones prejudiciales en cualquiera de las fases del procedimiento judicial, aunque previamente se hayan pronunciado las correspondientes cortes constitucionales europeas. Es más, la doctrina consolidada europea establece la primacía del Derecho de la Unión frente al de los estados miembros existiendo múltiples sentencias que rectifican los criterios de las distintas cortes de garantías constitucionales.
Y es que el paso dado la semana pasada por la Audiencia de Sevilla, que durante meses ha estudiado la posibilidad de llevar la extralimitación del TC en el caso de los ERE a Europa, se suma a la multitud de críticas por parte del Tribunal Supremo, donde en privado acusan a su presidente de actuar con "absoluta impunidad"
Lo que es evidente es que "Sánchez 2027" está dispuesto a agotar la legislatura, aunque sea sin presupuestos, sin apoyos parlamentarios y sin respeto a nuestra Ley de leyes. Y no será el "tribunal" que preside Conde Pumpido el que se lo impida.
Tres horas de acalorada
discusión
Conde-Pumpido dinamita el TC
con la maniobra para prohibir a los jueces españoles cuestionar sus
sentencias ante Europa
El presidente de la Corte de Garantías ha abierto una «grieta estructural» al plantear su intención de impedir a los tribunales ordinarios que se dirijan al TJUE
María Jamardo. Madrid. el debate. 26 Marzo 2025
Los magistrados del Constitucional desayunaban este martes con un acalorado debate de más de tres horas, que retrasaba el comienzo del Pleno ordinario, al hilo del conflicto planteado por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, entre la obligación de cumplimiento de las sentencias dictadas por el TC y la posibilidad que los tribunales españoles tienen de elevar cuestiones prejudiciales contra las mismas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un falso dilema que ha dinamitado el seno de la Corte y que, en realidad, responde a la maniobra con la que el titular del órgano de Garantías aspira a «neutralizar la providencia» de la Audiencia Provincial de Sevilla que cuestiona la aplicación del fallo dictado por el TC en la macrocausa de los ERE de Andalucía y por el que resultaron anuladas o rebajadas las condenas impuestas en el Supremo a los políticos socialistas responsables de la trama.
Es decir, Conde-Pumpido, quien ha llegado a confesar que lo ocurrido le quita el sueño, «no está dispuesto a admitir» que ningún juez ponga en entredicho el resultado de sus resoluciones y, por ello, ha activado «a la mayoría de siete magistrados del bloque izquierdista»: para evitar que queden sin efecto los asuntos más sangrantes para el Gobierno, tanto los resueltos hasta la fecha, como el de los socialistas andaluces; como, incluso, aquellos otros eventuales y futuros que pueden resultar sensibles para el Gobierno como la polémica Ley de Amnistía.
La iniciativa ha sido exclusiva del titular de la Corte, quien se arrancaba con la idea en solitario, este pasado lunes, en la primera sesión del Pleno del TC, ante los magistrados de las dos Salas que componen el cónclave. Los cinco miembros del bloque profesional del órgano no daban crédito a la barbaridad que se les estaba planteando. Dos horas de disertación de Conde-Pumpido para defender, con el respaldo del resto de miembros del bloque izquierdista que, de un modo u otro cerraron filas, hay una forma de evitar que los jueces españoles puedan elevar las resoluciones constitucionales ante el TJUE.
Y es que, si bien la doctrina consolidada en Europa sobre la materia no admite discusión, no es menos cierto que la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la aplicación del fallo del Constitucional a la ejecución de sentencia pendiente para los condenados, no ha convencido a los siete magistrados que componen la mayoría. De ahí que estén dispuestos a buscar el modo de obstaculizar que las preguntas diseñadas por los integrantes del órgano provincial lleguen a la Justicia comunitaria que, en definitiva, debería ser la que se pronuncie «sobre la admisión del caso, la procedencia de las cuestiones recogidas en el mismo o su competencia para resolver esas dudas».
Lo contrario es un «despropósito» que ha abierto una «grieta estructural» en el seno de la Corte donde los servicios jurídicos se preparan para una batalla de informes de parte, y otros discrepantes, sobre lo que supondría en Europa que un tribunal español bloquee a otro en su decisión de dirigirse a Europa para resolver sus dudas sobre la aplicación de una sentencia «que puede ser contraria al Derecho comunitario».
Modificar la «doctrina» del TJUE en este sentido no sólo sería un nuevo «descrédito» para España ante la UE sino que, además, dejaría la puerta abierta de par en par para que el nuevo criterio de Conde-Pumpido se utilizase con el futuro y eventual auto, anunciado en su momento por el Supremo, con el que la Sala Segunda de lo Penal cuestionará, una vez agotada la vía interna, la posibilidad de amnistiar el delito de malversación de los separatistas catalanes del procés, sin violentar al hacerlo los intereses económicos comunitarios.
Cabe recordar que la primacía del ordenamiento de la UE ya fue declarada, en 1964, por el propio TJUE, corrigiendo a la Corte Costituzionale italiana en un enfrentamiento planteado por la Corte de Milán que, después de dictado el fallo de la primera, se dirigió al órgano jurisdiccional europeo para que determinase si la interpretación de los Tratados de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) debían ser de aplicación sobre cualquier ley interna posterior a los mismos, como así fue.
VOX, único partido que se ha
opuesto
El PP no rechaza la reforma del
Gobierno para disolver a asociaciones que disienten de la «verdad
oficial» en materia histórica
Bárbara Saavedra.
gaceta. 26
Marzo 2025
El PP se ha abstenido en la votación de la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que no compren la Ley de Memoria Democrática impuesta por el Gobierno. La modificación legal ha sido aprobada este martes en la Comisión Constitucional del Congreso gracias al respaldo del bloque de investidura: Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y el propio grupo socialista. VOX, por su parte, se ha opuesto con rotundidad.
El texto, que comenzó su tramitación en octubre del año pasado, tiene previsto llegar al Pleno del Congreso en la segunda semana de abril. Como se trata de una ley orgánica, su aprobación requerirá el voto favorable de al menos 176 diputados antes de pasar al Senado. Esto obliga al PSOE a mantener cohesionada su mayoría parlamentaria si quiere sacar adelante la medida.
El objetivo principal de la reforma es adaptar la actual legislación sobre asociaciones a lo que establece la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. En concreto, se introducirá una disposición que contempla como causa de disolución de una asociación la realización de actos de «apología del franquismo» o el «ensalzamiento del golpe militar de 1936 o del régimen dictatorial posterior», es decir, que al reivindicar alguna medida tomada durante el pasado régimen se podría incurrir en un delito.
A diferencia del caso de las fundaciones —como la Fundación Francisco Franco— que dependen del Ministerio de Cultura y están siendo examinadas por esa vía desde junio pasado, la reforma se centra exclusivamente en las asociaciones. El PSOE ha querido cubrir cualquier vacío legal ante la posibilidad de que ciertas entidades intenten reconvertirse en asociaciones para esquivar su disolución.
Durante el debate en comisión, uno de los aspectos más controvertidos fue la inclusión de una enmienda transaccional que introduce la posibilidad de disolución no solo por vía civil, sino también penal. En virtud de esta modificación, el Ministerio Fiscal podrá promover la disolución por la vía judicial cuando se incurra en delitos que ellos consideren que atentan contra los derechos fundamentales, especialmente bajo la figura de asociación ilícita, en casos de incitación al odio o a la violencia.
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