Recortes
de Prensa Lunes
31 Marzo
2025
Rusia prosigue sus ataques contra
Ucrania, mientras EE UU exige más recursos minerales
El
Ejercito ruso bombardea un hospital militar y deja dos muertos y 30
heridos en Járkiv tras lanzar un centenar de drones
Rostyslav
Averchuk. Leópolis. la razon. 31
Marzo 2025
La guerra sigue cobrando vidas ucranianas. Dos personas murieron y 30 resultaron heridas en los alrededores de Járkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, durante los ataques rusos la noche del sábado y la mañana del domingo. Un hospital militar que atendía a los heridos también fue alcanzado. El estado mayor general de Ucrania denunció lo que calificó como un «bombardeo deliberado y dirigido», un raro reconocimiento de bajas militares.
Una prueba más de que Rusia no está dispuesta a cumplir el alto el fuego en la infraestructura energética con el que se ha había comprometido con EE UU. Anteriormente, el presidente Volodimir Zelenski denunció que una instalación energética en Jersón quedó dañada por un intenso bombardeo ruso, a pesar de todos los acuerdos existentes.
Moscú niega haber atacado la infraestructura energética de Ucrania y, en cambio, acusa a Kyiv de violar el pacto parcial alcanzado al atacar instalaciones energéticas en las regiones de Kursk y Briansk. Pero el Ejército ucraniano insiste en que no está golpeando el sector energético ruso. «Solo se atacan objetivos militares del ejército invasor», subrayó.
Una fuente de la cúpula ucraniana, citada por medios locales, afirmó que Kyiv suspendió durante dos días los ataques con drones de largo alcance contra Rusia, pero los reanudó –excluyendo objetivos energéticos– tras constatar que Moscú no respetaba su parte del alto el fuego. Ucrania afirmó que su ataque previo al aeropuerto estratégico ruso de Engels destruyó 96 misiles de crucero que Rusia planeaba lanzar contra Ucrania en tres oleadas durante marzo y abril.
Zelenski había advertido previamente que las partes no acordaron un mecanismo claro para implementar el cese de ataques ni un sistema de monitoreo para supervisarlo. «Putin encuentra una u otra razón para no poner fin a la guerra. Teme las negociaciones con Ucrania», afirmó el líder ucraniano, quien pidió más presión contra Rusia. Anunció una visita a Kyiv esta semana de los líderes militares de países dispuestos a desplegar «tropas de disuasión» en Ucrania, incluidos Reino Unido y Francia.
El Gobierno ucraniano confirmó haber recibido un nuevo borrador de un acuerdo de cooperación económica de la Administración de Donald Trump. La viceprimera ministra, Yulia Sviridenko, indicó que Kyiv está definiendo su postura y la comunicará a Washington. «Trabajamos para que el acuerdo refleje nuestros intereses y se enmarque en una alianza estratégica con Estados Unido», afirmó.
Aunque Ucrania y EE UU habían esbozado un pacto general, su firma se aplazó tras un enfrentamiento público hace tres semanas entre Zelenski y Trump. Si bien las relaciones entre ambos se han recompuesto, el acuerdo sigue sin firmarse ante nuevas exigencias de Washington.
Según el borrador filtrado por el «Financial Times», las condiciones propuestas superan lo pactado el mes pasado. El trato abarcaría todos los recursos minerales, incluido el gas y el petróleo, con EE UU controlando las ganancias y su traslado inmediato fuera de Ucrania. Además, no ofrece garantías de apoyo a Kyiv y busca recuperar con creces, la ayuda previamente otorgada. Pero EE UU eliminó toda mención a las centrales eléctricas. Moscú indicó antes que no cedería la planta ocupada de Zaporiyia ni a Kyiv ni a Washington.
Un oficial ucraniano calificó el texto de «injusto», mientras otro lo comparó con un «robo». Para muchos ucranianos, confirma que EE UU ha dejado de ser un aliado fiable. Si Kyiv rechaza esta «propuesta hostil», Trump puede detener los esfuerzos de paz y culpar a Ucrania, escribe el politólogo Andreas Umland. Pese a esto, el exministro de EconomíaTimofi Milovanov cree que Kyiv luchará por términos favorables frente a las presiones del equipo del magnate. Sugiere que la filtración busca exacerbar las tensiones entre Ucrania y Rusia, lo que podría beneficiar a Moscú.
El Ministerio de Exteriores ucraniano reaccionó también a la propuesta de Vladímir Putin del miércoles, quien sugirió que la ONU asuma temporalmente el poder en Ucrania para supervisar elecciones allí. “Nuestra contraoferta es una gobernanza provisional de la ONU en Rusia, empezando por Vorkuta”, replicó el portavoz Georgi Tiji. “Parece que los locales se beneficiarían de cualquier autoridad que no sea Putin, quien derrocha miles de millones en su guerra criminal contra Ucrania”, añadió, compartiendo en X una imagen de una calle en ruinas de esa ciudad en provincia rusa.
ALTO EL FUEGO ENTRE RUSIA Y UCRANIA
Trump
dice estar «muy enfadado» y «cabreado» con Putin y le amenaza con
aranceles si no termina la guerra
Marta Torres.
okdiario. 31
Marzo 2025
Donald Trump ha reconocido estar «muy enfadado» y «cabreado» con Vladímir Putin por las declaraciones del ruso sobre el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, en las que pidió un protectorado global en sustitución del ucraniano y sugirió que no es un gobernante legítimo. Trump tiene previsto hablar con Putin la semana que viene que empieza el lunes 31 de marzo. También, Trump ha amenazado con aranceles a Rusia si no termina con la guerra y a Irán en caso de que no acceda a un nuevo acuerdo nuclear. Además, ha manifestado que los gravámenes son permanentes.
El presidente ha amenazado durante una entrevista telefónica este domingo con imponer un nuevo arancel a Rusia si es culpable de retrasar el fin «del derramamiento de sangre». «Si Rusia y yo no somos capaces de llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia -que podría no serlo-, pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a poner aranceles secundarios sobre el petróleo, sobre todo el petróleo que sale de Rusia». «Eso sería que si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos», ha explicado Trump. «Habrá un arancel del 25% sobre todo el petróleo, un arancel de 25 a 50 puntos sobre todo el petróleo», ha destacado Trump.
Sin embargo, Trump también ha reiterado que tiene «una muy buena relación» con Putin y que «la ira se disipará rápidamente… si hace lo correcto».
El ex presidente Joe Biden prohibió las importaciones de petróleo ruso poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la cantidad de petróleo ruso importado a Estados Unidos ha caído en picado, con sólo 10.000 barriles de crudo y productos petrolíferos rusos importados a Estados Unidos en 2023, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Durante la entrevista por teléfono este domingo a NBC News, Trump ha recordado que «aranceles son permanentes». Algunos de los principales importadores de productos petrolíferos rusos son China, Turquía, Brasil e India. Si Trump utiliza la misma definición de aranceles secundarios que ha utilizado con Venezuela, estos países podrían estar entre los que vean un impacto de los aranceles secundarios.
Trump ha hecho del fin de la guerra en Ucrania una de sus principales promesas en política exterior durante la campaña electoral de 2024.
Moscú rechazó previamente una tregua completa de 30 días acordada por Estados Unidos y Ucrania en Yeda el pasado 11 de marzo, a menos que incluyera condiciones que socavaran la capacidad de Ucrania para defenderse, incluido el cese total de la ayuda militar extranjera.
Después de que Estados Unidos mediara en un alto el fuego parcial en marzo, Rusia no ha hecho más que intensificar sus ataques contra Ucrania, incluido el ataque deliberado contra un hospital militar en Járkov este domingo 30 de marzo.
Trump ha planteado medidas como sanciones adicionales y aranceles a Rusia. En cambio, Trump no ha tomado hasta ahora medidas concretas para presionar a Moscú, que muestra poca intención de detenerse en el campo de batalla.
En su lugar, el presidente ha centrado en gran medida su influencia en Ucrania y Zelenski. Ya cortó una vez la ayuda militar estadounidense y el intercambio de inteligencia con la intención de presionar a Kiev para firmar diferentes versiones de un acuerdo de explotación de tierras raras de Ucrania.
Ilegalizar
a VOX: manual de instrucciones
Carlos Flores
Juberías. gaceta. 31
Marzo 2025
Que hay en marcha una «operación de Estado» para ilegalizar a VOX es una verdad del tamaño de la cruz de Cuelgamuros de la que en estos momentos pocos medios se atreven a dar cuenta, y que casi ningún dirigente político tiene la osadía de reconocer en público, pero que no por ello deja de tomar forma a cada día que pasa.
La excepción a este silencio cómplice la hallaríamos –dejando aparte alguna espontánea columna de opinión en diarios de izquierdas como InfoLibre o Público– en la reveladora salida de tono de la Ministra de Igualdad Ana Redondo cuando, con ocasión de los actos organizados por el PSOE para celebrar el nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género, se atrevió a declarar –con su tono desabrido de siempre–, que había que «sacar a VOX de las instituciones», aventurando incluso que los restantes partidos podrían ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Afirmación nunca desmentida ni tampoco reducida a la categoría de boutade que, como mínimo, invierte la carga de la prueba respecto de si en efecto está en cuestión la legalidad del tercer partido del país, y con ella la representación de sus tres millones de votantes en cámaras, diputaciones, y ayuntamientos.
Las pruebas de que este proceso está en marcha no dejan de acumularse. Hasta el extremo de que cabría sostener que –cuando menos– la fase preparatoria del proceso ha sido ya completada con éxito, mientras que la de ejecución comienza a tomar forma.
Cuando hablo de fase preparatoria me refiero a la de creación entre los españoles del clima imprescindible para que una operación de este calado pueda llevarse a cabo con éxito, de la que constituyen pasos clave la toma de control por parte del Gobierno de los medios de comunicación públicos y privados más relevantes del país; la imposición en unos y otros de discursos justificativos de una medida de este calibre –reveladora la frase de Silvia Intxaurrondo en el sentido de que «una fuerza ultra [como VOX] que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo lgtbi no debe tener voz en un medio de comunicación»–; el sometimiento de los intereses del Gobierno de las principales empresas demoscópicas y de telecomunicaciones; el amordazamiento de las redes sociales so pretexto de la lucha contra la desinformación –objetivo declarado del pomposo «Plan de Acción por la Democracia» del Gobierno Sánchez– y, en general, en la normalización de la tesis de que la extrema derecha constituye una amenaza para la democracia, para la convivencia, para los derechos fundamentales, y hasta para la supervivencia misma de la especia humana sobre la faz de la tierra, amenazada por un cambio climáticos que solo ellos niegan.
Y paralelamente, a la de creación –o, incluso más sencillo: a la de aprovechamiento– de un clima internacional propicio, a través de decisiones como la suspensión de las elecciones presidenciales rumanas y la posterior inhabilitación para cualquier nueva cita electoral del candidato favorito, el proceso abierto para la ilegalización de la AfD en Alemania, o el intento de inhabilitar políticamente a Marine Le Pen y a otros dirigentes de Reagrupamiento Nacional; los tres precedentes significativos llamados de una parte a testar la posible reacción de actores políticos de una y otra parte del Atlántico; y de otra a amortiguar el estrépito que a buen seguro causaría en todo el mundo la decisión de ilegalizar del tercer partido de España.
Pero es que también la fase de ejecución ha comenzado a operar, y desde no menos de tres frentes. Por un lado, el Gobierno Sánchez ha empezado a preparar el camino para la ilegalización de VOX iniciando el proceso de disolución de las fundaciones, y promoviendo las reformas legislativas necesarias para la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo; algo que en principio no debería inquietar a un partido que se rige por una normativa específica y que tiene una razón de ser enteramente distinta, pero que sienta de todos modos el precedente de limitar el asociacionismo en función de criterios estrictamente ideológicos, y de hacerlo apelando a un concepto multiusos como es el de la «apología del franquismo». Por otro, las Fiscalías de Delitos de Odio llevan años ya –unas con más inquina que otras, pero siempre sin éxito– allanando el camino para la ilegalización de VOX por el sencillo camino de procesar a cuantos líderes locales, regionales y sectoriales se le ponen a tiro –los diputados nacionales vuelan al parecer a demasiada altitud– con declaraciones críticas respecto del impacto que la inmigración irregular está teniendo sobre la seguridad en nuestras calles o con medidas para combatirla, preparando de este modo el terreno para concluir a no mucho tardar que si los líderes del partido están fuera de la ley, tal vez el propio partido debería estarlo también. Y finalmente, el Gobierno Sánchez se halla impulsando reformas legislativas a medida en materia de financiación de partidos, al objeto –por una parte– de ahogar económicamente a una formación como VOX, que se mantiene a partir de las pequeñas aportaciones de sus millones de simpatizantes y que a falta de bancos nacionales dispuestos a financiarle ha tenido que recurrir a entidades crediticias de fuera del país, y –por otra– de acosarla con sanciones de todo tipo que dejen pequeñas a las ya severas que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas. Añadan a todo esto un sistema judicial en claro proceso de colonización, sujeto «por abajo» a la presión de los medios y «por arriba» a los pactos a puerta cerrada entre los dos grandes partidos, y colóquenle encima la guinda de un Tribunal Constitucional copado y capado, y el diseño de la ratonera empezará a tomar sentido.
Vienen curvas. Ajústense los cinturones.
Resumen
franquista
Jesús Laínz. gaceta. 31
Marzo 2025
Como el Valle de los Caídos vuelve a estar de candente actualidad, echemos un breve vistazo al personaje sobre el que gira la política española de 2025.
Como militar, Francisco Franco adquirió gran prestigio tanto nacional como internacional en la Guerra del Rif, lo que le supuso la concesión de la Legión de Honor, la más importante de las condecoraciones francesas. En palabras de su enemigo Indalecio Prieto, «Franco llega a la fórmula suprema del valor».
Sin las principales ciudades e industrias, sin la flota, sin dinero, sin el gobierno, sin representación exterior, Franco ganó, siempre a la ofensiva, una Guerra Civil que parecía imposible de ganar.
A diferencia de sus enemigos, que naufragaron en luchas intestinas, Franco consiguió aunar las voluntades de quienes, en su bando, sostuvieron posiciones políticas muy distintas.
Consiguió maniobrar internacionalmente para que una España exhausta no entrara, junto a la Alemania y la Italia que le habían ayudado en la guerra española, en una guerra mundial que consideró imposible de ganar contra la tenaza anglosoviética, de potencia humana y material muy superior a la del Eje.
Con su estrategia de no beligerancia, enviando tropas voluntarias a luchar contra la Unión Soviética pero dejando clara su neutralidad entre las democracias occidentales y el Eje, indicó el camino que habría de seguir años después la OTAN.
En 1965 advirtió por escrito a Lyndon B. Johnson de que USA iba a perder la recién comenzada guerra de Vietnam.
Durante su mandato se construyó la estructura del Estado de Derecho del que hoy disfrutamos a pesar de su demolición por los sucesivos gobiernos democráticos.
Eligió para ministros y otros altos cargos a personas de gran preparación académica y experiencia profesional. La comparación con los actuales provoca sonrojo.
Los casos de corrupción, hoy casi universal, fueron muy raros durante su régimen, y las retribuciones de los gobernantes fueron muy bajas.
De vida austera, Franco no aprovechó su mando para enriquecerse. No puede presumir de lo mismo su sucesor, para grave desprestigio de su dinastía. Por no hablar de los gobernantes salidos de las urnas, que llevan medio siglo saqueando la nación a manos llenas.
En 1975 había en España 700.000 empleados públicos para un total de 35,7 millones de habitantes. Hoy, con 47,3 millones, los funcionarios ascienden a 2,6 millones: un ruinoso aumento del 271% frente a un aumento de población del 32%.
En 1975 guardaban la ley 88.000 policías y guardias civiles. Hoy hay 150.000, a los que hay que sumar 92.000 policías autonómicos y locales. En total, 242.000, el triple que con Franco.
Las cárceles de Franco alojaban en 1975 a 14.700 delincuentes; cuatro por cada diez mil habitantes. Los 50.000 actuales representan casi once, cerca del triple que durante el régimen franquista. Muchos más policías y muchos más presos que con Franco: curioso contraste entre un régimen dictatorial y uno democrático.
En 1975 había un 3,7% de paro. Hoy, un 11,2%.
Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB per cápita entre 1949 y 1974 fue del 6% anual. Entre ese año y 1999 fue tres veces menor, el 2%. Y de 1999 a 2024 fue de solamente el 0,9%. Es decir, que el PIB per cápita creció durante franquismo entre tres y seis veces más que durante el régimen democrático.
La deuda pública ascendía en 1975 al 7% del PIB. Hoy, al 102%.
La carga impositiva era mínima, limitada prácticamente a los impuestos indirectos. No se pagaba ni IRPF ni impuesto sobre el patrimonio ni IVA. Hoy la presión fiscal alcanza un asfixiante 37,3% del PIB.
El sistema sanitario público español, envidiado por muchos en todo el mundo, es obra del régimen de Franco, jefe del Estado que murió en la cama de un hospital público.
Los gobernantes franquistas, buscando la reconciliación nacional cuarenta años después de la terminación de la Guerra Civil, decidieron liquidar el régimen para traer a España la democracia. Los gobernantes izquierdistas, con la colaboración de sus socios separatistas y terroristas, hacen todo lo posible por devolver España a 1936.
Cuando Franco murió, España era un Estado fuerte, unido, eficaz, solvente, prestigioso y sin el menor riesgo de fracaso. Hoy, fragmentado en porciones hostiles entre sí, está al borde de la autodestrucción.
Obviamente, el régimen franquista también tuvo sus defectos, sus errores, sus carencias y sus injusticias, como toda obra humana. Probablemente el mayor error de Franco fuera designar como sucesor a un personaje de tan poca categoría como Juan Carlos I, a quien la jerarquía heredada le vino muy grande. Aunque probablemente no le quedara otro remedio.
Contemplado en su conjunto y con la perspectiva que nos da el medio siglo transcurrido, parecen merecidas las conmemoraciones que está organizando el benemérito gobierno de Sánchez.
Así construye Sánchez un país de
burócratas
José
Ramón Riera. el debate. 31
Marzo 2025
La Administración Pública tiene una masa salarial superior a toda la agricultura, la industria y la construcción juntas
Este artículo será un poco más técnico de lo habitual, pero prometo intentar, como siempre, explicar la economía para quienes no son economistas. Los expertos en macroeconomía no necesitan estas explicaciones porque las conocen al dedillo, y posiblemente incluso mejor que yo.
Hoy quiero mostrarles el Producto Interior Bruto (PIB) desde el punto de vista de las rentas. Hasta ahora, siempre hemos hablado del PIB desde la óptica de la demanda, es decir, cuánto hemos consumido, cuánta inversión se ha generado, cuántas exportaciones hemos realizado y cuánto nos han restado las importaciones.
También lo hemos analizado desde el punto de vista de la oferta, que no es otra cosa que el valor agregado de los principales sectores económicos, como la agricultura, la industria, la construcción y los servicios. Dentro de estos, cada uno de los subsectores ha sido definido para facilitar la comparación de datos de manera coherente.
Hoy lo examinaremos desde el punto de vista de las rentas, que mide la riqueza generada por nuestro país a través de tres grandes conceptos:
La remuneración de los asalariados, que incluye sueldos y cotizaciones sociales.
El Excedente Bruto de Explotación y Rentas Mixtas, que engloba los beneficios empresariales y las rentas de los autónomos.
Los impuestos sobre la producción menos las subvenciones, que incluyen el IVA neto (repercutido menos soportado), los impuestos especiales, los aranceles, el IBI y otros tributos, descontando las subvenciones estatales a las empresas.
A través de esta perspectiva, entenderemos por qué un gobierno intervencionista puede generar situaciones paradójicas en la economía.
Un ejemplo claro es la política de aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mediante decreto ley, sin consenso con los empresarios. En el corto plazo, esta medida genera un incremento en la renta de los asalariados y, por lo tanto, un mayor PIB. Si la solución fuera tan sencilla, bastaría con subir los salarios todos los días.
Sin embargo, existe un efecto secundario: si los salarios aumentan sin trasladar ese costo a los precios, se reduce el Excedente Bruto de Explotación (es decir, los beneficios empresariales), por lo que el crecimiento del PIB queda neutralizado. Si, en cambio, los costos laborales se trasladan a los precios, el efecto es doble: genera inflación y reduce la competitividad, lo que puede disminuir las ventas y los beneficios empresariales.
Nuestras exportaciones están estancadas y lejos del máximo alcanzado en 2022
Como resultado, hoy enfrentamos un problema cada vez más grave: nuestras exportaciones están estancadas y lejos del máximo alcanzado en 2022.
Por otro lado, algo en lo que el Gobierno no duda es que, cuantos más empleados públicos haya, más salarios se pagarán y más crecerá el PIB. Desde la llegada de Pedro Sánchez, la Administración Pública ha sumado 459.000 nuevos empleados, lo que ha elevado la masa salarial del sector público a 212.000 millones de euros. Para costear esto, se ha generado más déficit y deuda, aunque el PIB haya crecido.
Para que vean como se ha compuesto nuestro PIB Nominal desde el punto de vista de las rentas he preparado este cuadro:
Así, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB de España ha alcanzado los 1,592 billones de euros. De esta cifra:
El 48,4 % (770.480 millones de euros) proviene de la remuneración de los asalariados, incluyendo cotizaciones sociales.
El 41,8 % (665.546 millones) corresponde a beneficios empresariales y rentas de autónomos.
El 9,8 % (155.601 millones) proviene de impuestos sobre la producción menos las subvenciones.
Al analizar los sectores, encontramos datos reveladores:
Los salarios en la agricultura apenas representan el 0,5 % de la aportación al PIB.
Los salarios en la industria suman solo el 6,6 %.
En la construcción, la cifra es del 3,3 %.
En total, la remuneración del sector primario y secundario representa solo el 10,4 % del PIB, sumando 166.131 millones de euros.
Aquí surge la gran paradoja: la Administración Pública tiene una masa salarial de 212.499 millones de euros, lo que significa que, por sí sola, es más grande que toda la agricultura, la industria y la construcción juntas, superándolas en un 28 %. Este es el modelo que el Gobierno de Sánchez está construyendo para España: un país de burócratas.
¿Es esto lo que queremos para las futuras generaciones? Es difícil de justificar que, después de un cuarto de siglo de avances en digitalización, computación en la nube, acceso instantáneo a la información e inteligencia artificial, el costo de los salarios en la Administración Pública supere en un 28 % al del sector productivo del país.
Yo, Cándido
Javier
Gómez de Liaño. libertad digital. 31 Marzo 2025
"¡Amí no me juzga nadie!". Esto es lo que, según fuentes de todo crédito, Cándido Conde-Pumpido gritó cuando leyó en LIBERTAD DIGITAL, su diario de cabecera, que la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla había decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a propósito de las sentencias del Tribunal Constitucional que estimaron los recursos de los condenados en el proceso de los ERE. El fondo del asunto es que el tribunal andaluz entiende que la postura del Constitucional, al anular las condenas por prevaricación y reinterpretar el delito de malversación de caudales públicos, suplantando las funciones del Tribunal Supremo, podría incumplir las exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción política, lo que es incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Tras el preámbulo, comienza el relato.
El martes, 18 de marzo, de este mismo año, festividad de san Cirilo, obispo de Jerusalén, que sufrió tres veces el exilio por su vigorosa defensa de la fe, el gran Cándido se dirigió a sus colegas y ciñéndose la toga, la de torear la ley, la de sentenciar fechorías, la de envolver en raso y terciopelo los aprietos judiciales de amigos y políticos afines, les dijo con gesto descompuesto y voz desgarrada:
—Lo que ha hecho la Audiencia de Sevilla es intolerable. Tenemos que hacernos valer. Esos magistrados están jugando con fuego y podemos quitarles la carrera con suma facilidad. Nosotros somos intocables. No hay quien mueva nuestras sentencias.
—¿Nadie, presidente?
—Nadie. Ni dios. Menos todavía, ese tribunal europeo de chichinabo.
—¿Y la historia? De ninguna manera. Ni pensarlo.
Este artículo podría haberse titulado Yo soy el Supremo, o crónica de cómo un juez se cree el altísimo, pero si al final deseché este rótulo fue por no dar pie a que alguien me saliera con que había copiado el Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos o, cosa peor, que se comparase al excelentísimo señor don Cándido Conde-Pumpido Tourón con Gaspar Rodríguez de Francia, aquel dictador de Paraguay que era un loco monomaniaco, fanático y cruel.
Sigue la narración.
—Escuchadnos con atención, juececillos andaluces. No despreciéis nunca a este tribunal de tribunales. Desobedecernos será para vosotros la peste; todas las enfermedades posibles caerán sobre vuestras cabezas; nuestra corte de incondicionales suplicará al cielo que las siete plagas asolen ese tribunal de rebeldes.
El juez don Cándido siempre se creyó un sumo hacedor del bien, con olvido de que un juez es un mortal en medio de los demás mortales para hacer una justicia a medida de los mortales. Cuando un juez se siente depositario de los intereses de quienes mandan, la justicia chirría en sus goznes. Por ejemplo, si un juez piensa que el favor y la gracia le dispensa de la obligación de investigar los delitos y castigar a sus responsables, semejante personaje debe ser cesado fulminantemente, sin formación de causa.
Y es que, a decir verdad, cuesta mucho creer que quien se tiene por jurista de reconocido prestigio sea capaz de sostener que las sentencias del Tribunal Constitucional español son irrefutables dogmas de fe, pese a ser España un Estado de la Unión Europea. Tan es así que sólo desde la ignorancia del rábula, puede desconocerse el principio de primacía del Derecho de la Unión que significa, lisa y llanamente, que el ordenamiento jurídico comunitario impera sobre cualquier otro de un Estado miembro. O es que don Cándido no sabe que sus sentencias pueden ser revisadas y a menudo lo son, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este artículo iba a titularse La fantasía de un pavo real, pero resulta que el director de este periódico me ha quitado la idea porque dice que se parece mucho a uno que hace años Pedro J. Ramírez dedicó a otro juez, mejor, "superjuez", de nombre Baltasar, al que llamó "bicho pintoresco, extravagante, de alas desplegadas en un inmenso abanico".
No obstante, pensándolo bien, la resistencia de don Cándido a que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el fraude de los ERE sea juzgada por el TJUE, es propia de una persona poco ducha en Derecho de la Unión. Bastaría conocer la figura de la pirámide normativa de Kelsen, saberse la legislación europea sobre la materia –artículos 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 2 y 19 del Tratado de la Unión, entre otros– y estar al día de la jurisprudencia del propio TJUE –sirvan, por todas, las sentencias de 5 de junio de 2023 (C-204/2021) y 26 de septiembre 2024 (C-722/2022)– para asumir, de un lado, que la supremacía del Derecho de la Unión no obliga a los jueces nacionales a respetar las decisiones de un Tribunal Constitucional cuando son contrarias a aquél y, de otro, que si un tribunal considera que una norma o una resolución judicial nacional se opone a ese Derecho, puede, e incluso debe, dirigirse al TJUE para que éste se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma o sentencia cuestionada, que es lo que, con mesura y tino, ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla.
Pues bien, si esto es así de incuestionable, entonces, ¿a qué responde el empecinamiento de don Cándido? ¿Por qué su terquedad en ser el más supremo de los jueces supremos? La contestación no es fácil. Hay quienes sostienen que siempre fue un juez hinchado de soberbia. Otros apuntan a que el mal proviene de cuando, allá por 1974, en su primer destino de juez en Puebla de Sanabria, provincia de Zamora, soñó que el Espíritu Santo se le aparecía en forma de paloma buchona y le prometió llegar a lo más alto de la carrera a cambio del compromiso de olvidarse de la virtud de impartir recta e imparcial justicia y, en su lugar, prestar torcidos y doblegados servicios.
San Cirilo, el obispo, el del 18 de marzo, decía que un juez enviado del cielo no puede pecar, pero esto era una ingenuidad del santo, tan aficionado él a jugar con las palabras. Todos los jueces pecan, unos más que otros. Los hay que lo hacen venialmente y otros mortalmente.
–Un momento, que siempre ha habido clases. Los jueces que usamos togas confeccionadas con la túnica del todopoderoso nunca pecamos porque es inconcebible que, en nuestra infinita grandeza, podamos ofender al cielo. Creer que yo puedo pecar es pecado de estulticia de quien así piense.
–¿Algo más, don Cándido?
–Sí. Que mi conciencia está limpia. Yo soy el mejor magistrado que ha parido el escalafón. Incluso soy más bueno que justo y nada importa que no se me reconozca porque lo que prevalece es mi conciencia.
El magistrado don Cándido no puede decir esto. Ni a los jueces de Sevilla, ni a sus compañeros del Tribunal Constitucional que le siguen la corriente, pues significa reconocer que él hace con la ley lo que le sale por las cinco espitas del cuerpo. Nunca hay que parapetarse en la conciencia sino vaciar la verdad por la boca. Una confesión debe hacerse en toda regla y no entre dientes; también con los pies desnudos sobre la tarima del estrado.
Este artículo podía haber tenido por título Oyendo al príncipe de las mareas o el deshonor de ciertas señorías, pero al final renuncié a él para que no se pareciera al de un corto cinematográfico que recientemente ha obtenido el primer premio en un festival doméstico de arte y ensayo, aparte de que el editor del texto me dijo que al ser tan largo podía deslucir el contenido.
El narrador vuelve al hilo de su historieta para, como primera entrega, concluirla. Después de darle vueltas y más vueltas a la situación y estudiar sesudos dictámenes de expertos en la materia, al parecer don Cándido no está dispuesto a dar su brazo a torcer y pretende justificar su enroque con unos informes de complacencia que le harían un par de escribanos de cámara.
Para mí que el señor Conde-Pumpido debería aceptar que aquellas sentencias de los ERE representaron la impunidad de delitos muy graves, algo que supuso el incumplimiento de la obligación de España con la Unión Europea de castigar todo tipo de fraude que afecte a sus intereses financieros y combatir la corrupción. Por tanto, sería saludable que se callase para no desmerecer aún más. Al mismo tiempo evitaría que el órgano que preside siga en la carrera del desprestigio. No se olvide que cuando un tribunal vive en el descrédito durante mucho tiempo, después es enormemente difícil recuperar la reputación perdida.
–Don Cándido, ¿quién dijo aquello de que la gloria no es sino el rumor del viento en los oídos?
–¿Shakespeare?
–No.
–¿Cela?
–Tampoco. Éste fue el que escribió que algún juez debería llevar una lucecita en mitad del entrecejo para avisar del peligro.
Nota de alcance, a modo de epílogo. Me confirman que don Cándido está muy tocado con la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, que se pasa las noches en vela y que vive en un sinvivir. Sobre todo ante la probable réplica del Tribunal Supremo en el supuesto de que se estime el recurso de amparo del prófugo Puigdemont contra la no aplicación de la Ley de Amnistía. A lo mejor es que ya adivina que va de perdedor.
Segunda nota de alcance. En círculos judiciales se rumorea que don Cándido ha pensado irse de España si fracasa en el empeño. Incluso en algunos programas de debate, tertulianos bien conocedores del mundo de los tribunales han llegado a sostener que lo hará si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina corneándole en la femoral. A mí me parece que abandonar tu país no es pecado si crees que la huida es un punto de contrición con el que puedes salvar el alma. A los vencidos no hay que desahuciarlos, basta con ponerlos en el camino del exilio.
El
Gobierno está a un sólo paso de desbaratar el Valle de los Caídos
con el visto bueno de la Iglesia
El gobierno
convocará esta semana un concurso para encontrar "un proyecto
de gran impacto" que "permita hacer que esa resignificación
sea potente".
Nuria Richart. libertad digital.
31
Marzo 2025
El conjunto monumental del Valle de los Caídos, en idioma ‘rojo’ Cuelgamuros, está a un Real Decreto Ley, uno, de mutar a "aquelarre arquitectónico", así lo califica Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que ha estado en la sección No te equiwokes del programa La Trinchera.
El gobierno quiere culminar este 2025, en el que celebra que Francisco Franco haya muerto solo hace 50 años con el cierre casi total de la Basílica, de más de 260 metros la dejará en unos 30-40, el amaestramiento de la congregación benedictina que habita el lugar y la destrucción, suponemos que mediante cartón piedra superpuesto, del verdadero monumento.
Para conseguir esa "otra percepción", ya sea con nuevas instalaciones, videomapping o video-escena, ha ofrecido 30 millones de euros. Se convocará en los próximos días un concurso internacional del que saldrá un proyecto "inclusivo" y "multidisciplinar" que, según Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, acabará con algo "anclado en la arquitectura totalitaria". Busca Sánchez algo a la altura de sus impulsos psicopáticos con la Cruz más grande de la cristiandad: "Un proyecto de gran impacto que nos permita hacer que esa resignificación sea potente". Una cerilla, visto lo visto, sería más barato. Acusan al lugar de "haber permanecido anclado en el tiempo", un gobierno obsesionado con el 36.
A la vuelta del verano
Hace unos días fue cesado el prior Santiago Cabrera, que ha denunciado el atropello y acoso al que ha sido sometida su comunidad religiosa desde que a Sánchez se le metió entre ceja y ceja desenterrar a Franco y montar un numerito con el féretro por los aires. Félix Bolaños, el ministro de nuestra Memoria, sobre la salida de Cantera ha dicho era fundamental para "avanzar en este proceso de transformación del Valle". Al parecer, el nuevo prior, Alfredo Maroto, en su primera misa deseó que "Cuelgamuros sea un monumento a la reconciliación y un Valle de Paz".
Ya se ha publicado que las 10 "mejores" propuestas recibirán 60.500 euros y la ganadora unos 120.000 a cuenta de la ejecución. La elección final puede llegar en septiembre de este año. Dicha asociación "espera cualquier cosa" del resultado, incluso auguran proyecciones de "la Pasionaria" en vez de los actuales tapices históricos para amenizar la entrada a misa.
La iglesia española "acompañante" del gobierno
Desde febrero hay reuniones, sesiones de doma, del gobierno de España con el Vaticano con "acompañamiento" de la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid, que se ha ofendido porque han salido a la luz estas citas con el "demonio", dice Linares.
Su asociación ha publicado una carta muy crítica con la iglesia española y con el Papa Francisco:
Lamentablemente ustedes han perdido toda credibilidad. Los antecedentes les delatan. Las cesiones hechas hasta ahora denotan su vergonzante claudicación y su falta de convicción.
El Papa Francisco, bajo cuyo pontificado se ha producido el mayor cisma y apostasía de los últimos tiempos, y la politización de la Iglesia con su simpatía declarada por los regímenes de izquierdas, harán que la jerarquía eclesiástica siga cediendo hasta la indignidad.
El gobierno tiene más fe en sus ideas que ustedes en las suyas. ¿Aún no saben que esto no es un asunto político, sino una cuestión de odio? ¿Siguen dispuestos a negociar bajo estas circunstancias? Los predecesores de este gobierno que asesinaron en España a trece obispos, siete mil religiosos e innumerables laicos a causa de su fe no hace muchos años, pretenden ahora reescribir toda la historia y dinamitar todo recuerdo de sus fechorías precisamente en la propia basílica del Valle de los Caídos para más inri.
La iglesia tiene la obligación de velar por los restos de todos los enterrados y especialmente de los beatos y de los mártires que allí reposan. En la tumba de Shakespeare, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, figura la siguiente inscripción: "Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos". El Valle de los Caídos es una gloria para los católicos y la Iglesia. Nos pertenece a todos y la jerarquía eclesiástica no puede disponer de esta magnífica basílica a su antojo ni utilizarla como moneda de cambio. Este recinto sagrado no puede ser compartido con fines diabólicos.
Y ahora sólo hay una opción para paralizar los planes del gobierno , nos cuenta Linares: que la Comunidad de Madrid incoara el expediente de declaración BIC, Bien de Interés Cultural, del conjunto monumental. De momento ha manifestado que otorgará esta protección a la Cruz y a la Escolanía.
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El
desguace del Estado por las cesiones de Sánchez al
independentismo
Ramiro
Fernández-Chillón. el debate.
31
Marzo 2025
Pedro
Sánchez se pliega constantemente a sus socios separatistas –que
configuran el conocido como Gobierno ‘Frankenstein’– para sacar
adelante votaciones en el Congreso y con el objetivo de poder
continuar en la Moncloa. De esta manera, desde que llegó al
Ejecutivo en junio de 2018, el líder del PSOE ya ha materializado
una suerte de desguace del Estado que cada mes se amplía aún
más.
El desigual reparto de menas
El 18 de marzo el
Gobierno anunció un pacto con Junts para modificar la Ley de
Extranjería y decidir el reparto de alrededor de 4.400 menores
inmigrantes extranjeros no acompañados (menas) que se encuentran en
las Islas Canarias. La formación presidida por el prófugo de la
Justicia Carles Puigdemont consiguió que Cataluña tan solo vaya a
hospedar poco más de una veintena de estos inmigrantes, mientras que
la región que lidera Isabel Díaz Ayuso recibirá 800, aunque los
números no son definitivos ya que el Decreto-Ley que aprobó el
Consejo de Ministros concede a las comunidades autónomas un plazo
que concluye el 31 de marzo para que informen sobre su capacidad de
recepción.
Según cálculos provisionales confirmados a Ep por fuentes gubernamentales, las regiones que más menas tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y la Comunidad Valenciana (478). A su vez, Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos menores acojan debido al «esfuerzo previo» que han realizado.
Por su parte, los cómputos actuales determinan que Galicia deberá recibir a 326 menores inmigrantes; Castilla y León a 309; Castilla-La Mancha a 291; Murcia a 190; Aragón a 186; Cantabria a 170; Extremadura a 169; Navarra a 164; La Rioja a 154 y Asturias a 151.
La quita de deuda a Cataluña
En febrero el Ejecutivo anunció un acuerdo con ERC para perdonar a Cataluña más de 17.000 millones de su deuda; medida que Sánchez se comprometió a otorgar a los de Oriol Junqueras en noviembre de 2023 para que el partido independentista de izquierdas apoyara su investidura.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno supone una quita general a todas las regiones que se encuentran dentro del régimen general. Cataluña, con 88.917 millones de euros, es la comunidad autónoma más endeudada, seguida de la Comunidad Valenciana (59.498 millones), Andalucía (39.843 millones) y Madrid (36.915 millones). No obstante, la mayoría de la deuda que tienen las tres primeras es con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –una línea de crédito puesta en marcha por el Ejecutivo central en 2012– mientras que más del 55 % de la deuda de la comunidad que encabeza Ayuso se encuentra en valores representativos de deuda; esto eso, obligaciones, bonos y otros valores su rendimiento en función de índices.
Así las cosas, la propuesta de la ministra de Hacienda es que se quiten a las comunidades un total de 83.000 millones de euros: de los que 18.791 millones corresponden a Andalucía, 17.104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana, 8.644 millones a Madrid, 4.927 millones a Castilla-La Mancha, 4.010 millones a Galicia, 3.643 a Castilla y León, 3.318 millones a Murcia, 3.259 millones a Canarias, 2.124 millones a Aragón, 1.741 millones a Baleares, 1.718 millones a Extremadura, 1.508 millones a Asturias, 809 millones a Cantabria y 448 millones a La Rioja.
Además, el verano del año pasado el PSOE estipuló otorgar un cupo catalán para que Salvador Illa fuese elegido presidente catalán. En clave económica, el acuerdo suscrito entre los socialistas y ERC para la investidura de Illa afirma que «la hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».
Sánchez traspasa a Cataluña las becas educativas
El miércoles 26 de marzo El Debate publicó en exclusiva que el Gobierno tiene la intención de conceder a Cataluña las becas educativas, según un proyecto de Decreto al que ha tenido acceso este periódico. La norma especifica que «se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cataluña» la «regulación, convocatoria y gestión de las becas y ayudas al estudio», la «designación de los órganos y de las comisiones de selección y sus normas de funcionamiento», y el «control, verificación e inspección del sistema de becas en su ámbito competencial».
Además, se le otorga al Ejecutivo de Salvador Illa la capacidad de decidir todos los requisitos para poder optar a las ayudas al estudio, lo que implica que pueda exigir un nivel mínimo de catalán.
Competencias de inmigración y fronteras
Este mes el PSOE y Junts también han acordado transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, lo que permitirá a la Generalidad realizar expulsiones y gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A pesar de que diferentes miembros del Gobierno habían afirmado con rotundidad y en varias ocasiones que las fronteras son una competencia exclusiva del Estado, el pacto –registrado como una proposición de ley en el Congreso– establece que los Mossos d’Esquadra colaborarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de la seguridad en los puertos y aeropuertos de España.
«Con esta Ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español», señala el documento suscrito por los socialistas y los de Puigdemont.
Amnistía y mediador a cambio de los votos de Junts
Pocos días antes de que Sánchez fuera reelegido presidente del Gobierno –en noviembre de 2023– Junts y el PSOE llegaron a un acuerdo que contemplaba la aprobación de una ley de amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Tras extensas negociaciones, la norma fue aprobada el 30 de mayo del año pasado en el Congreso con 177 votos a favor, aunque ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Además, para obtener el apoyo del partido presidido por el huido de la Justicia española, Sánchez aceptó negociar con un mediador internacional «para dotar al proceso de certidumbre». Esta figura ha implicado que los socialistas se desplacen en diversas ocasiones hasta Suiza para reunirse con la cúpula de Junts, bajo el control del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.
Comisiones de investigación y puertos y aeropuertos a Cataluña
La comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) –que permitió la comparecencia de un terrorista en la Cámara Baja en febrero–, junto con la comisión sobre la denominada Operación Cataluña, y una tercera acerca del espionaje a independentistas mediante el programa Pegasus, fueron acordadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023, a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.
En dichos pactos, Sánchez cedió al separatismo y modificó el Reglamento de la Cámara para permitir el uso del catalán, el vascuence y el gallego en el Congreso, además de comprometerse a que estos idiomas sean reconocidos como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.
Igualmente, a finales de 2024, Illa anunció, presionado por los partidos separatistas, que los Mossos d'Esquadra asumirán las competencias de puertos y aeropuertos a través de una Junta de Seguridad en el Parlamento autonómico. El líder del Gobierno regional justificó esta medida como una forma de dar «continuidad al trabajo» realizado por su predecesor, Pere Aragonès, quien dejó este acuerdo «solo pendiente de ratificación».
Acercamiento de los presos al País Vasco
En 2021, tres años después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, el Gobierno delegó la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo, al mismo tiempo, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de la región. Cuando el líder del PSOE accedió al Ejecutivo había 261 miembros de ETA en prisión, de los cuales solo tres se encontraban en centros penitenciarios vascos. Actualmente todos están en cárceles de esta comunidad autónoma o de Navarra, con la excepción de 12 reclusos.
El pasado verano, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, transfirió a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos, una medida que los sindicatos de la Guardia Civil han calificado como un «desmembramiento» del Instituto Armado.
Asimismo, en este contexto también se enmarca la aprobación, en la pasada legislatura, de la denominada ley de Memoria Democrática, una normativa con la que el Gobierno, dando un paso más allá de la ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha intentado reescribir parte de la historia de España en colaboración con los de Arnaldo Otegi.
La Alcaldía de Pamplona a Bildu y la expulsión de la Guardia Civil de Navarra
El PSOE respaldó en Pamplona –después del ‘sí’ de Bildu a Sánchez para que siguiera en la Moncloa– la moción de censura que presentó la formación que encabeza Arnaldo Otegi para arrebatar la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro (UPN,) solo seis meses después de que Cristina Ibarrola asumiera el cargo.
Tras la entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu –formación que el Gobierno califica como «partido democrático progresista»–, el pasado mes de diciembre el BOE publicó la transferencia de las competencias de Tráfico a la región foral, lo que supuso la eliminación de la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de dicha región.
La normativa establece en su preámbulo que el objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral».
Los pagos al PNV: Palacete en París y selección vasca de pelota
El Consejo de Ministros sacó adelante a principios de este año un nuevo decreto-ley ómnibus –que el PP renombró como «minibús»– que, entre otros aspectos, incluye la cesión por parte del Gobierno al PNV de un palacete en París, un inmueble valorado en aproximadamente 15 millones de euros.
Por otro lado, en 2022, el Gobierno de Sánchez cedió nuevamente ante el PNV al permitir la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y surf. El 28 de diciembre pasado, la Federación Internacional de Pelota Vasca ratificó la incorporación de la Federación Vasca como miembro, con derecho a participar en competiciones oficiales. Esto abre la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento internacional entre España y una de sus comunidades autónomas.
Cataluña
El
'Gran Hermano' del catalán: se disparan la delaciones e inspecciones
a comercios
La Generalitat duplica los controles
lingüísticos mientras entidades como Tot República publican
listados de comercios "infractores"
Óscar Benítez.
Vozpópuli. 31
Marzo 2025
En una inauguración reciente, Salvador Illa sentenció en su discurso que su "gobierno es el gobierno de todos y para todos". Un cliché de la retórica política que, sin embargo, tras la conocida insistencia del separatismo en que Cataluña es un "sol poble", ha resultado liberador para una parte significativa de los catalanes. Con todo, las políticas lingüísticas del Ejecutivo socialista no parecen atender a ese designio. Y es que, pese a que más del 50% de los catalanes tiene como lengua materna el castellano y éste es oficial junto al catalán en la comunidad, la Generalitat está intensificando la exclusión del español en distintos ámbitos como la Educación y la Sanidad, pero señaladamente en los comercios.
Esta misma semana, una respuesta parlamentaria a Esquerra Republicana ha permitido conocer que el Govern de Illa no solo no ha reducido las inspecciones lingüísticas en las tiendas catalanas, sino que las ha duplicado. Y si en 2023 hubo1.022 controles, en 2024 se realizaron 2.269, derivándose de estos últimos 207 sanciones. Los datos, recopilados por la Agencia Catalana de Consumo, también revelan que, en 30 de los casos, los negocios sancionados por emplear el castellano en su rotulación recurrieron a la Justicia. No obstante, la mitad de los recursos fueron desestimados, con lo que la mayor parte estos comerciantes han abonado o deberán abonar multas que pueden ascender hasta 10.000 euros —y que al año pasado sumaron un total de 380.000 euros—.
Cabe recordar que, según lo que establece el Código de Consumo catalán, las tiendas deben rotular y tener todas u información al menos en catalán, so pena afrontar las mencionadas multas. Y aunque el Tribunal Constitucional rechazó en 2018 la norma por entender que no se podía imponer el uso de una lengua entre particulares, el Govern ha seguido aplicándola. Y piensa seguir haciéndolo. Según explicó el 'conseller' Miquel Sàmper, el Ejecutivo mantendrá la fiscalización de los establecimientos comerciales, "como ha hecho en los últimos años", para garantizar los "derechos lingüísticos" de los consumidores.
La Unión Europea investigará las multas
Unos derechos que, aplicados de este modo, solo conciernen a los catalanes catalanohablantes, según suele criticar el constitucionalismo. A esta crítica se ha sumado ahora la Unión Europea, que la semana pasada, tras una instancia del PP, aprobó investigar estas multas en Cataluña por una posible "discriminación" lingüística.
Por lo demás, no hay que olvidar que estas sanciones se producen, como reconoció el Ejecutivo, tras delaciones de ciudadanos particulares. En los últimos tiempos, estas denuncias han ido a más, auspiciadas por entidades ultra como Plataforma per la Llengua o, incluso, por ayuntamientos que colocan buzones ciudadanos a tal efecto —es el caso de Manresa o Sant Cugat—. Asimismo, personalidades de la esfera nacionalista suelen alentar en redes sociales denuncias o escraches contra estos establecimientos. Sin ir más lejos, la semana pasada el 'exconseller' de Interior Miquel Buch cargó públicamente contra un restaurante por no atenderle en catalán —lo que sus dueños niega—. Dos días más tarde, radicales empapelaron la entrada del local para denunciar su "catalanofobia".
Llamativamente, el mismo día que Buch efectuó su denuncia, el hostigamiento a estos comercios subió un nuevo peldaño. Una entidad de nuevo cuño llamada Tot República —que integra entre otras a entidades como el Consell de la Republica, Òmnium Cultural y la ANC— publicó en su web un listado de 143 comercios de Vilafranca del Penedés que —asegura el colectivo— incumplen la ley de Política Lingüística de la Generalitat. Así, con el título de "El mapa de la vergüenza", incluyen los nombres y fotografías de las tiendas "infractoras", que en muchos casos alternan carteles en castellano y catalán. Bilingüismo que no es tolerable para el colectivo, que señala en la web la "falta vergonzante de inspecciones y sanciones" por parte de la Administración.
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