Recortes de Prensa Jueves 10 Abril 2025

Ucrania dice que más de 150 mercenarios chinos están luchando por Rusia en Ucrania
China ha brindado un firme apoyo diplomático a Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala del país vecino en febrero de 2022
Carlos Garcés. Madrid. el mundo. 10 Abril 2025

China tiene muchos frentes abiertos en este momento. A su guerra arancelaria con los EEUU de Trump se suma ahora la guerra de Ucrania. Y es que Kiev ha reprochado al país asiático que más de 150 mercenarios chinos participan en la guerra, reclutados por Moscú en las redes sociales.

Este martes, Zelenski anunció que su ejército capturó a dos hombres chinos que combatían dentro de las fuerzas de Moscú en la región oriental de Donetsk y este miércoles ha acusado a Pekín de estar al tanto de la campaña del Kremlin para reclutar a mercenarios chinos y de no hacer nada al respecto. El presidente ucraniano ha señalado que tienen los apellidos y datos de pasaporte de 155 chinos que luchan para el ejército ruso y que creen que "pueden ser muchos más.

Desde que inició la guerra, Pekín le ha vendido al Kremlin maquinaria y microelectrónica que puede utilizar para fabricar armas, dicen funcionarios occidentales, además de proporcionar un salvavidas económico al gobierno ruso a través del comercio de energía y bienes de consumo.

9:00

Jefes de defensa de unos 30 países se reunirán en la OTAN para debatir sobre una fuerza futura Ucrania

Reino Unido y Francia convocaron una reunión de ministros de defensa de unos 30 países el jueves para avanzar en los planes de desplegar tropas en Ucrania para supervisar cualquier futuro acuerdo de paz con Rusia, informa AP.

La reunión en la sede de la OTAN, la primera entre ministros de defensa que representan a la llamada coalición de los dispuestos, se produce después de una visita a Kiev la semana pasada por parte de mandos militares británicos y franceses. Se espera que trabajen en detallar un acuerdo alcanzado en una reunión anterior entre líderes.

Como es habitual en las reuniones de la coalición, Estados Unidos no participará, pero el éxito de la operación de la coalición depende del respaldo estadounidense con potencia aérea u otra asistencia militar. Sin embargo, el gobierno de Trump no ha hecho ningún compromiso público de que lo hará.

8:11

La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia lanzó 145 drones durante un ataque nocturno

La fuerza aérea ucraniana informó el jueves que Rusia lanzó 145 drones durante su ataque nocturno, informa Reuters. La fuerza aérea derribó 85 drones y otros 49 no alcanzaron sus objetivos, probablemente debido a las contramedidas de guerra electrónica, indicó. No especificó qué sucedió con los 11 drones restantes.

7:20

Rusia derriba 48 drones ucranianos durante la noche

Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 48 drones ucranianos sobre regiones rusas durante la noche y la mañana del jueves, según informó el Ministerio de Defensa ruso, informa Reuters.

Trece drones fueron derribados en las regiones de Bryansk y Kursk, doce sobre la región de Kaluga y otros en las regiones de Belgorod, Moscú y Oriol, así como sobre Crimea, anexionada por Rusia.

La semana de la República
Carlos Dávila. okdiario. 10 Abril 2025

Porque, verán, la II República Española nació en la tarde del 12 de abril de 1931, o sea, este sábado hará 94 años. En aquella fecha una buena parte de los complotados de la oposición al Rey, esperaban ansiosos en una Casa del Pueblo socialista el resultado de las estúpidas elecciones municipales que había convocado, contra todas las luces de la razón, el último presidente de la Monarquía ya agonizante, el desdichado almirante Aznar. Allí, en la Casa del Pueblo socialista sin Julián Besteiro por cierto, algunos miembros del Comité de Dirección elegido en el Pacto de San Sebastián, agosto de 1930, permanecían atónitos, asombrados, ante los comunicados que les transmitían sus leales de la periferia, tantas eran las buenas noticias para ellos de la España urbana que uno de los más activos miembros del Comité se atrevió proclamar anticipadamente: «Las grandes capitales son nuestras». Más cautelosos, sus colegas de Revolución señalaban que una cosa era la España cultivada y otra la rural, como así fue al final. Ya pasados los años, cuando Maura presentó su libro en Madrid Así cayó Alfonso XIII, corría el año 1962, se le escuchó decir: «Realmente nos regalaron el poder». Pero añadió sugestivamente para quien quisiera oírle: «Pero sepan que cuando los socialistas llegan al Gobierno se quedan para siempre». Parece que fue hoy, ¿verdad? Maura entonces acertaba: los republicanos ganaron en efecto los grandes núcleos de población y la victoria en los pueblos de las derechas, más o menos monárquicas, no les sirvió de nada.

Así empezó la República de un modo similar a la circunstancia que en estos tiempos ha llevado a La Moncloa a Pedro Sánchez: perdiendo las elecciones, pero ganando la primogenitura del poder gracias a una coyunda social-republicana en la que sólo habitaban tres o cuatro personajes medianamente aceptables: Azaña, Indalecio Prieto, Lerroux y Maura, un tipo este caballeroso que se pasó al bando republicano no sin antes irse a despedir del Rey, en una actuación insólita que ahora resultaría francamente atrabiliaria. No cito a Manuel Azaña, tan festejado en estos momentos, porque andaba escondido desde que los integrantes de la coalición fueron detenidos en diciembre del 30 acusados de alterar el orden constitucional. Tenían preparado el asalto a las instituciones para el día 15, pero antes fueron apresados, ingresados en la Cárcel Modelo de Madrid, y allí vivieron unos en unos habitáculos que los presos comunes denominaba «celdas de pago», ya se imaginarán por qué. En este centro recibieron al encargado por don Alfonso XIII de cumplir con la última de prorrogar su régimen. En la prisión apareció el voluntarioso Sánchez Guerra, que les propuso nada menos que entrar en el Gobierno, Alcalá Zamora le respondió que «lo tenemos que pensar», pero Maura, le echó con cajas destempladas. Por entones los conservadores, liberales, nacionalistas moderados, agrarios y católicos de toda condición estaban divididos y así se presentaron a las elecciones constituyentes convocadas por el Gobierno provisional. El sistema propuesto, un mayoritario recortado con pequeños arreglos, dio la victoria a los socialistas (115 escaños) que, a la sazón sin embargo, estaban partidos en dos facciones luego irreconciliables: los «prietistas», don Indalecio, ministro de Hacienda porque, según propia aclaración. «nadie quiso ocupar esta Cartera», y los «largocaballeristas», Largo Caballero, un estucador de oficio que había sido colaborador de la Dictadura de Primo de Rivera, en calidad de consejero de Estado.

Brevemente, esta es la historia pequeña de una España, la de 1931, que, como dijo el depauperado almirante Aznar «se acostó monárquica y se levantó republicana», justo como se hacen las cosas en este país: de pronto e improvisadamente. Ahora, los elegíacos voceros que cantan las glorias de aquel desastre republicano, mantienen, gracias a los textos de los hispanistas de izquerda, Jackson, Preston… ¡qué decir de Tuñón de Lara! Que nada se había dejado al buen tuntún, que la llegada de aquella República fue un trabajo casi de orfebrería política e institucional en el que las fuerzas progresistas habían decidido liquidar un régimen claramente culpable de los años de Dictadura.

Todo eso -lo saben los cantores mentirosos como Pedro Sánchez- es un enorme embuste-, unos se dejaron casi alevosamente ganar, y los otros se aprovecharon de tanta pusilanimidad. También, y para mantener la ficción de una República de todos los españoles, un quinquenio sublime, se refugian en la definición que hizo de ella su presidente Alcalá Zamora: «gubernativa y conservadora». ¡Pobre don Niceto que nunca se enteró de nada! Al mes de la entronización republicana, ardieron en Madrid no menos de veinte iglesias y no sé cuántos conventos, también se causaron muertos de una u otra facción. Desde entonces, el caos se instaló en nuestras plazas, tanto que Maura tuvo que dimitir en 1933 como ministro de la Gobernación; puso como reparo su actitud contraria a ciertos artículos de la Constitución contrarios a su fe religiosa, pero la verdad fue otra: el orden público se le fue de las manos.

La paz y la concordia duró dos días en la nueva España de los regeneradores de la política. Se redactó, es cierto, una Constitución que encerraba proclamaciones, por ejemplo a la «integridad» de España, pero los gobiernos del Frente Popular, remedo y embrión del que preside en este momento Pedro Sánchez, polarizaron la vida nacional hasta conducirla a la catástrofe civil del 36. Sánchez y sus mamporreros están levantando a Franco de su tumba para hacerle jefe y promotor de aquel drama. Dígase esto, sin embargo: Franco fue el último general (lo cuenta muy bien el periodista Botín) que se sumó al Alzamiento militar. En noviembre del año 30 algunos compañeros de filas le pidieron encabezar la rebeldía, pero él, tras consultar con Millán-Astray y el propio Emilio Mola, después el «Conductor», él se negó a hacerlo, ni siquiera cayó en la temeridad de entrenar a sus cadetes de la Academia General Militar, para una posible contienda.

El sanchismo ha cortocircuitado en las aulas, grandes y pequeñas, toda la historia manipulada de aquel tiempo. Se ha apropiado del relato y ha convertido otra vez a España en una tierra de malos, los otros, y buenos, ellos mismos. Esta crónica periodística recoge la centésima parte de lo acaecido durante el desarrollo de aquel régimen que se pretende ensalzar ahora como paradigma de todas las virtudes morales, sociales y políticas. Esta conmemoración es su semana, trágica por lo parecido a lo que ocurrió hace exactamente noventa y cuatro años. Franco es la disculpa, pero los socialistas y comunistas son, como antaño, los grandes muñidores de la hecatombe. Recuérdense las dos frases de Maura: «Nos regalaron el poder» y esta otra, real, como añadido:»… pero los socialistas cuando ocupan el poder se lo quedan para siempre». A confesión de parte… reconocimiento de un socio. Es la repetición de aquel drama que terminó con cerca de 300.000 muertos. Lo del millón se lo inventó Gironella y lo han reiterado hasta la saciedad, los socialistas y comunistas de este momento, claro que aumentando la cifra de abatidos entre los suyos. Mala idea: a lo peor, ni siquiera supieron hacer la guerra.

¿Le importaría a Feijóo dejar de salvar al sanchismo?
Pablo Molina. libertad digital. 10 Abril 2025

Con los aranceles, los expertos de Génova pretenden aislar a Abascal, aunque sea a costa de hacer el ridículo una vez más.

No importan los aprietos en que los socios del Gobierno metan al Ejecutivo, una situación que se viene repitiendo con periodicidad prácticamente semanal; el Partido Popular siempre estará ahí para echar una mano. El decreto para responder a la nueva política arancelaria de EEUU, una reforma legal que difícilmente saldría adelante sin los votos de los populares, es un ejemplo más de la manera en que el PP entiende su labor de oposición a Sánchez, el personaje más destructivo que ha padecido España en las últimas décadas, por delante incluso (quién lo diría), del propio ZP.

Los de Núñez Feijóo presumen de que el Gobierno ha introducido en este decreto anti-Trump algunas medidas propuestas por los populares, como la prórroga de la moratoria contable para las empresas rescatadas durante la pandemia y un aumento de las ayudas a las empresas afectadas por la política arancelaria de EEUU. Si el apoyo del PP al Gobierno se hubiera traducido en la adopción de medidas liberalizadoras de la economía, como solían defender los populares, Núñez Feijóo se podría apuntar el tanto de haber reconducido al PSOE en la buena dirección. La modificación de las normas contables y el aumento de los subsidios, en cambio, no parecen dos buenos ejemplos de la sana política económica, basada fundamentalmente en la rebaja de la presión fiscal para que las empresas ganen competitividad.

Pero es que, además, y como ocurre siempre que se trata de Sánchez, el Gobierno ha engañado al PP negociando por la parte de atrás con Puigdemont un reparto de los incentivos que beneficiará especialmente a Cataluña, como corresponde al trato que el sanchismo reserva a su socio de referencia.

Núñez Feijóo ha descubierto que el felón le ha tomado el pelo (otra vez) y ha respondido dando un golpe en la mesa. ¡Vaya si lo ha dado!: "Hoy no estamos más cerca de ayer en la posibilidad de apoyar el decreto ley que es un parche y no una solución", afirmó en plena rueda de prensa. ¡Sánchez, ríndete, que el gallego te tiene rodeado!

Pero no es seguro que Sánchez, hombre de recursos a la sazón, haya entrado en pánico tras escuchar al líder de la oposición, porque sus posibilidades de sacar adelante el decreto de aranceles sin la ayuda del PP son las mismas que el resto de reformas legales aprobadas durante la legislatura sin el apoyo de Núñez Feijóo. Es decir, prácticamente ninguna, lo que no le impide mantener la legislatura a flote trampeando con Puigdemont.

¿Por qué sale el PP siempre al rescate de Sánchez? Pues, naturalmente, para crujir a Vox, orillándolo en la política nacional sin recurrir al expediente soez del famoso cordón sanitario. Con los aranceles, los expertos de Génova pretenden aislar a Abascal, aunque sea a costa de hacer el ridículo una vez más. La prioridad es la prioridad.

El Supremo avala la decisión del juez Llarena y rechaza la amnistía a Puigdemont por malversación
El Tribunal considera que el delito se encuentra entre las excepciones contempladas en la propia ley, por lo que no es aplicable
Alba Carnicé. cronica global. 10 Abril 2025

El Tribunal Supremo ha respaldado, mediante un auto, la postura del juez instructor Pablo Llarena en el caso relacionado con el procés independentista y no aplicará la ley de amnistía a Carles Puigdemont en lo que respecta al delito de malversación.

Según el Tribunal, el delito de malversación se encuentra entre las excepciones contempladas en la propia ley, lo que impide su aplicación. En la resolución también se deniega la amnistía a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.

Modificación de la ley

La Sala de Apelación sostiene que la resolución del juez Llarena no va en contra de la intención del legislador.

Según se desprende del auto, durante el trámite parlamentario se incorporó una modificación a la ley que excluye expresamente de la amnistía los casos de malversación cometidos con fines de lucro personal o con ánimo de obtener un beneficio económico.

Los magistrados sostienen que "no contraviene la literalidad de la ley de amnistía" porque al establecer dicha excepción respecto al delito de malversación "no lo hizo con la claridad que invocan los recurrentes".

Para llegar a esta conclusión, la Sala de Apelación ha estudiado el concepto legal de "beneficio personal de carácter patrimonial", concluyendo que este abarca tanto el incremento de los activos como el no detrimiento del pasivo. "Un individuo se beneficia patrimonialmente no solo cuando su patrimonio crece, sino también cuando se evita que disminuya debido a que sus deudas son asumidas ilícitamente por fondos públicos", explican.

Tiene "base sólida"

Los jueces subrayan que, en este caso, los investigados se beneficiaron patrimonialmente al impulsar un proyecto político ilegal y trasladar los gastos a la administración autonómica, sin que la iniciativa respondiera a un interés público legítimo.

En consecuencia, defienden que la interpretación de Llarena desde el inicio "no es extravagante", sino que tiene una base sólida en la interpretación literal de la norma. Además, añaden que no es contraria a ningún valor o principio constitucional, ni contradice la orientación material de la ley, que establece una excepción particular.

La Sala de Apelación insiste en que Llarena no adoptó una interpretación extensiva ni en contra del acusado, y recalca que, al interpretar la ley, no es aplicable el principio in dubio pro reo, que establece que, en caso de existir dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado, se debe resolver a favor del acusado y no en su contra.

Según la justicia, se aplicaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, que exigen una interpretación estricta de la norma mediante los métodos de exégesis.

¡Alerta! Se trata de un cambio de régimen
José Antonio García-Albi. el debate. 10 Abril 2025

Ocurre que cuando vemos las atrocidades de países totalitarios, la dimensión de las mismas, en lugar de ponernos en guardia y prevención, lo que hace dada su gravedad es reforzar la creencia de que eso no puede ocurrir aquí; pienso en Venezuela y Cuba. Claro que si en los días del 155 en Cataluña, alguien nos dice que en no mucho tiempo en España iba a mandar un delincuente golpista mientras come mejillones en Bélgica, hubiésemos dicho que eso no puede pasar aquí.

De ese modo se produce una involuntaria deformación de la realidad. Creemos por ello, que todas las atrocidades de Sánchez las comete sólo para pasar tres añitos más en la Moncloa; no es así. Todo obedece a un proyecto de cambio de régimen pasando a uno totalitario por la vía de los hechos. Proyecto que comenzó el despreciable Zapatero junto con ETA y ERC y que él mismo resumió en la frase «España es un concepto discutido y discutible»; vamos que podría dejar de existir. El problema es de tal magnitud que es preciso desmenuzarlo para acercarse a su comprensión.

Vimos como el TC declaró ilegales dos confinamientos y un cierre del Congreso; hechos de importante gravedad. Pues asombrosamente en lugar de caer Sánchez y su gobierno cayó el Tribunal Constitucional para imponer otro. De facto, ya no tenemos un tribunal de garantías constitucionales. Tenemos otra cosa que no es independiente y que no cumple sus funciones, ya que se arroga otras como fiscalizar al Supremo o modificar sentencias o boicotear audiencias; se ve, por lo tanto, afectada la justicia. Primer cambio respecto al 78.

La organización territorial del Estado ya no es la definida en el Título VIII de la Constitución. Sobre todo cuando se terminen algunos de los proyectos en marcha, amnistía, deuda, hacienda, fronteras, tendremos dos estados libres asociados al norte y al nordeste de la península y el resto taifas tributarias de los mismos, aunque no los debiéramos financiar dadas sus liberticidas prácticas como limitar el acceso a la educación o la discriminación por idioma. Uno de ellos contará incluso con ferrocarriles propios. Otro efecto del cambio de régimen.

Queríamos vivir en una Monarquía parlamentaria. Sin embargo, los peones del autócrata como la presidenta Francisca y su vicepresidente con su caciquismo, retuercen e incumplen el reglamento del Congreso, boquean las proposiciones que vienen del Senado y permiten que las sesiones de control sean una representación de la obra «¿A dónde vas? Manzanas traigo?» permitiendo que el gobierno no responda a lo preguntado. Por no hablar del dictador que acude a esas sesiones cuando le viene bien, que lleva más de un año sin pisar el Senado y se sirve del decreto para gobernar. Vamos, que en este nuevo régimen tenemos unos inservibles muebles de lo que fue el parlamentarismo.

Lleva años este gobierno incrementando fuertemente la recaudación mediante su extractiva política fiscal. Los presupuestos generales sirven, entre otras cosas, para controlar el destino y buen uso del dinero requisado a los españoles. Si no tenemos presupuestos desde hace años, pero han ingresado más dinero, ¿Cómo sabemos a dónde ha ido a parar ese incremento de recaudación? Un presupuesto recoge los gastos, pero también los ingresos, si están prorrogados los ingresos debieran ser los del 23. Además, la Constitución obliga a presentar una propuesta de presupuestos al Congreso cada año. Pero claro, el «súper yo» de la Moncloa está por encima de la ley y del Congreso. Oye, al fin y al cabo, los camaradas Maduro y Díaz-Canel no presentan presupuestos a nadie; en este nuestro nuevo régimen tampoco.

Cuenta el profesor Hayek que en la formación de un Estado totalitario ocurre que cuando su promotor mira a su alrededor, a la economía, las empresas y ve «tan enormes agregaciones de poder no puede soportar que este poder quede enteramente bajo el dominio privado». Entonces lo que hace es quedarse con Telefónica, Indra, Aena, medios de comunicación, todas las participadas de la SEPI, controlar los mercados, etc. También es sabedor de que si Ineco y Tragsa hubieran sido privadas no habrían colocado a las 'Jéssicas'.

No sé por qué motivo este señor tiene que decidir sobre una operación corporativa privada, como lo es la del BBVA y Sabadell, que compete a sus accionistas. Pero es que también le ha colado a un PP que debiera ir al endocrino, en el famoso decreto minibús, la ampliación de la ley anti opas por la que cualquier empresa de otro país que quiera comprar otra española ha de pasar por delante de «su divinidad» para pedirle permiso. Incluso las empresas de la UE, algo contrario a las leyes de la Unión sobre la libertad de empresas.

Hay otros signos preocupantes. Su acercamiento personal a la dictadura china. La ley por la que quiere cerrar medios de comunicación o la que encargue la instrucción de los procesos judiciales a la Fiscalía en lugar de la los jueces de instrucción. Esto será un arma que le permitirá destruir a los opositores. Por último, otro signo es su actitud; actúa con una seguridad inaudita, como si supiera que algo falta por ocurrir que evitará que se le pidan responsabilidades penales. Algo tiene en la cabeza.

El profesor Villa García, experto en crisis y quiebras de las democracias, dice que «estas requieren, más que ningún otro régimen, mucho liderazgo. En otro caso, mueren» Hoy en España hay un único liderazgo, el de S.M. Don Felipe VI que está solo aguantando lo indecible y al que todos debemos apoyar. Por eso, el sátrapa y los suyos no le pueden ver. No me extrañaría que acabaran retándole con algún envite grande que la haga intervenir y aprovechar para desatar un ataque contra la Corona.

Para evitar que se consume el cambio de régimen con nuestra pasividad tenemos que asumir un liderazgo que no tiene que ser sólo de alguna persona, que también, se ha de actuar con un potente liderazgo ideológico, cultural, para dar la batalla de las ideas. Ideas y conceptos fuertes frente al eslogan. Y para eso y contra la dictadura socialista es necesario tomar una postura muy liberal, no de un liberalismo tímido, no; es preciso trasladar a la sociedad la necesidad de subvertir el proceso de cambio de régimen e impedir que el intento se vuelva a producir, mediante una propuesta ultraliberal o incluso libertaria. Además, hay mucho por reformar y mucho Estado por reducir para evitar nuevos riesgos. Tal y como están las cosas, tan sólo con un modelo ultraliberal garantizaremos la libertad y el futuro de nuestros jóvenes y detendremos la destrucción de nuestras clases medias.

Comencemos recuperando el concepto de que el principal objetivo y deber de una democracia es garantizar un bien más elevado que ella misma, la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario

Informe 'España en el abismo'

NEOS alerta del proceso de ruptura que encabeza Sánchez: «España no está muerta, pero agoniza»
La Fundación que preside Jaime Mayor Oreja llama a la sociedad española a despertar y movilizarse: «Esto depende de todos y cada uno de nosotros»
Natalia Cristóbal. Madrid. el debate. 10 Abril 2025

NEOS ha presentado este jueves en Madrid su informe 'España en el abismo', en el que expone con detalle cómo se ha llegado hasta la situación actual y lanza una serie de propuestas encaminadas al «rearme moral» de España para construir una alternativa frente al proyecto de «destrucción y de ruptura» con la democracia y con la nación española, el «Proceso» que gobierna en nuestro país encabezado hoy por Pedro Sánchez y su «Frente Popular». Con él busca que la sociedad tome conciencia de lo que está ocurriendo y se salga del pesimismo y haya una movilización para «una España mejor». Lo han presentado el presidente de la Fundación, Jaime Mayor Oreja, la vicepresidenta, María San Gil, y el director general, Javier Martínez-Fresneda en el Hotel Intercontinental.

Una de las razones que impulsó a NEOS a elaborar este informe es que no existía un documento que desarrollase en su conjunto cuál es la situación y en qué consiste este proceso, este proyecto de ruptura, que gobierna en España desde hace mucho tiempo pero que se ha acelerado con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018.

Jaime Mayor Oreja ha denunciado que hoy en España «se sustituye la soberanía nacional y lo que es la democracia por la hoja de ruta de un Frente Popular», que «desgobierna o malgobierna» y que, según ha explicado, es «la asociación de dos deslealtades con España»: por un lado, la impulsada por los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña, que quieren romper España, y por otro, la que ha descrito como deslealtad «sobrevenida», que ha llevado a la izquierda a convertir a ETA en su «aliado principal» en vez de su adversario.

La aceleración de este proceso de ruptura y el hecho de que los acontecimientos internacionales están «enmascarando» la gravedad de dicho proceso son las otras dos razones que han llevado a la fundación a poner hoy sobre la mesa este exhaustivo informe. «Este proceso que dura más de 20 años siempre ha sido opaco, siempre se ha escondido, desde el momento en que ETA y Zapatero pactan en 2004, pero hoy el instrumento principal para enmascarar y ocultar lo que está pasando a nivel nacional es el desorden internacional», ha subrayado Mayor Oreja, sin que esto deje de ser también muy importante.

El presidente de NEOS ha recalcado además que «no estamos ante hechos aislados», sino continuado en el tiempo, y ha incidido así en la importancia de que no se cometan errores en el diagnóstico, que se detallan en el informe. «España no está muerta, pero agoniza con la prolongación de este proceso», ha advertido. Además, ha incidido en que paralelamente se ha llevado a cabo un proyecto de «ingeniería social», dado que «no se puede destruir la nación sin un proyecto que cambie las conciencias de las personas», en todas las materias, aludiendo a la «reinvención» de nuestra historia, la «desnaturalización» del concepto de la vida, la destrucción del sentido tradicional de la familia o la ideología de género.

«Otra España es posible»

¿Y para qué este documento? En NEOS lo tienen claro: «otra España es posible», y otra España «mejor». Así lo ha afirmado María San Gil, que ha apelado a los españoles para que nos reconozcamos «en nuestra historia y en nuestras tradiciones», para que se vuelva a un «patriotismo que se arraiga en lo mejor de nuestra historia». Y ha subrayado la necesidad y la urgencia de un «rearme moral» de España. «Si queremos que esa España mejor sea posible, tenemos que tener un proyecto vigoroso, moderno», ha indicado. Con el foco en España y los fundamentos. Por ello, desde la fundación NEOS llaman a una movilización general de los ciudadanos, asociaciones y partidos políticos, del conjunto de la sociedad española. «Depende de todos y cada uno de nosotros», ha afirmado su vicepresidenta.

A preguntas de los medios, Jaime Mayor Oreja ha indicado que ha hablado personalmente con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, y que les ha hecho llegar este informe. Ha expresado en este sentido que los partidos tienen que tener claro que lo relevante en España hoy es «derrotar el proyecto de ruptura que tenemos delante». «Es mucho más importante la alternativa del conjunto que las siglas; ahora, la manera en la que ellos lo tienen que llevar a la práctica es una cuestión suya», ha añadido.

«No podemos perpetuar esto más en el tiempo. Las elecciones llegarán, pero tenemos que conseguir que los partidos de la oposición se den cuenta de que queremos una alternativa real, que no nos vale una alternancia. Queremos una alternativa que se base en un cambio de modelo de sociedad, que las leyes de ingeniería social se deroguen, que las leyes que están desvertebrando nuestro Estado también desaparezcan», ha afirmado María San Gil.

Sánchez cae en la trampa y Europa no pondrá ni un euro para su última cesión a Puigdemont: «Nace ya fracasada»
María Curiel. el debate. 10 Abril 2025

Apartir del próximo curso, el catalán podrá empezar a impartirse en las Escuelas Europeas, red de centros educativos destinados a formar a los hijos de los trabajadores de las instituciones europeas, de diplomáticos y de trabajadores de la OTAN, tal y como se ha acordado esta mañana en una reunión del Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas celebrada en Chipre.

Con esta nueva cesión al independentismo, Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y allana aún más el camino para que el catalán se convierta en lengua oficial de la Unión Europea, exigencia estrella de los independentistas en Bruselas.

Según han trasladado fuentes del PP europeo a El Debate, los Gobiernos de la Unión Europea han acordado hoy «no poner ni un euro para pagar el catalán en la red de las 13 escuelas europeas para los hijos del personal de las instituciones comunitarias, tal y como hubiese deseado el Gobierno de Pedro Sánchez».

«Aunque en un principio el Gobierno ha vendido que costearía la enseñanza del catalán en las escuelas europeas, lo cierto es que el acuerdo de neutralidad económica impedirá que se implante en la práctica. No habrá dinero europeo para pagar a ningún profesor», señalan.

A instancia del Partido Popular, el Ministerio de Educación ya dejó claro que tampoco pagará más. «El coste del profesorado destinado a las Escuelas Europeas para el Estado español es el mismo que el salario que recibe un docente en territorio nacional, ya que no se imputa el complemento de extranjería al país de origen», recoge una respuesta escrita del Gobierno al diputado popular en el Congreso Oscar Clavell del pasado 19 de marzo, a la que ha accedido este medio. Esto significa que España no pagará los suplementos que le corresponden a los profesores desplazados a alguna de las 13 escuelas europeas y, por su parte, la Comisión se ha negado a costearlos.

«El Gobierno de Sánchez no ha dudado en mentir a sus socios asegurando que el catalán es una lengua cooficial en España, como lo son el maltés en Malta o el gaélico en Irlanda. Sin embargo, estas son lenguas oficiales en todo el territorio nacional, mientras que el catalán es una lengua cooficial solo en Cataluña, coexistiendo con otras lenguas con el mismo rango de cooficialidad en otras regiones como el euskera en el País Vasco o el gallego en Galicia», afean los populares.

Según ha manifestado la portavoz del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, «es sangrante que Sánchez, en vez de estar centrado en los problemas de la guerra comercial, haya desplegado toda su maquinaria diplomática para lograr un asunto que vende como logro al independentismo pero que en realidad es pura fachada política y que encima nace fracasado», ha apostillado.

El precio de la cesión

Tras la aprobación de esta propuesta, los alumnos de origen español podrán solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados, y el coste que esta nueva cesión genere será asumida por todos los españoles, a los que el Ejecutivo central todavía no ha rendido cuentas sobre el monto de las arcas públicas que irá destinado a esta cuestión.

La realidad es que un profesor de una Escuela Europea proveniente de España, enviado por el Ministerio, recibe un salario mensual de aproximadamente 10.000 euros netos al mes, lo que supondría 120.000 euros de las arcas españolas al año por profesor. Contando con que hay 14 escuelas europeas repartidas por todo el viejo continente, el Gobierno español gastaría de nuestros impuestos, 1.680.000 euros al año solamente en profesorado.

Según han informado fuentes europeas, existen otros gastos que afrontar y «no hay que olvidar que estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario», lo que elevaría aún más la cifra anual que el Ministerio de Educación se ha comprometido a costear.

Además, para intentar lograr su objetivo y contentar a los de Puigdemont, el Gobierno «adornó su propuesta inflando las cifras de hablantes de catalán», al asegurar que es una lengua hablada por diez millones de personas, lo que significa que han incluido, por ejemplo, a los hablantes de valenciano y a los de algunas zonas de Francia e Italia.

En muchas ocasiones con la connivencia del PP

El odio contra la cruz: cerca de 200 han sido destruidas o están en peligro por las leyes de memoria histórica
Martín Calvo. gaceta. 10 Abril 2025

35 cruces retiradas por orden municipal, la mayoría de ellas demolidas; 12 más destruidas por vandalismo anónimo, habitualmente justificado como «lucha antifascista»; y 129 cruces más en peligro por iniciativas en marcha o anunciadas para retirarlas del lugar que ocupan en plazas, ciudades o pueblos. Este panorama revela la existencia de una auténtica «cruzada contra la cruz», valga la paradoja, que se ampara en las leyes de memoria histórica para borrar su presencia del espacio público.

El argumento que se utiliza en la mayoría de los casos es que las cruces retiradas, o en peligro, fueron colocadas en los pueblos y ciudades por los vencedores de la Guerra Civil, una vez terminada la contienda, con inscripciones alusivas a los caídos del bando nacional. Se trataría, por tanto, de elementos de exaltación política. La mayoría de esas cruces, sin embargo, llevan más de 80 años conviviendo en paz con los vecinos, que en muchos casos ignoran su origen, ni su motivación inicial, convertidas en lugares de encuentro vecinal y hasta en referentes de las localidades donde se asientan. Pero de unos años para acá las leyes de memoria histórica las han «resignificado» como elementos de confrontación política y religiosa, muy a su pesar.

Este debate se ha desatado con especial virulencia en los últimos días en torno a la basílica del Valle de los Caídos, presidida por la cruz más elevada de la cristiandad, y que no pocos consideran amenazada también, pese a la promesa gubernamental de respetarla. La «resignificación política» que la izquierda ha realizado del Valle ha convertido un monumento dedicado a la reconciliación en insoportable vestigio franquista. Vestigio que ahora necesita ser resignificado bien, «del modo correcto».

El carácter artificioso, y forzado, de esa politización se pone en evidencia en el caso de Casar de Cáceres. En el pleno que aprobó el derribo de la cruz dedicada a los caídos, en el 2021, el alcalde del municipio, Florencio Rincón, admitió que los socialistas, que llevaban 42 años gobernando el municipio por entonces, nunca se habían planteado quitar la cruz. Pero se veían obligados a hacerlo a causa de un requerimiento de la Diputación Provincial, que les amenazaba incluso con la pérdida de subvenciones si no cumplían la ley de Memoria Histórica de Extremadura. La ley, y la interpretación de la ley realizada por una comisión de expertos integrada mayormente por asociaciones memorialistas y gentes de izquierdas. No por casualidad la región de Extremadura es la más activa de España en el desmantelamiento de cruces públicas. Quizás como castigo divino, otros dirán que a causa del karma, el PSOE perdió las elecciones de Casar en el año 2023.

Un reciente fallo del juzgado de lo contencioso administrativo de Palencia pone el foco en el problema: la cruz es un símbolo religioso —probablemente el más potente de todos los que se puedan concebir— que no puede circunscribirse al uso político que un bando de la contienda fratricida pudiera hacer de él. El magistrado palentino destaca que el sentimiento religioso que la cruz invoca «no puede considerarse patrimonio único de los denominados caídos» porque «a buen seguro también murieron creyentes que combatían en el bando republicano». Y remacha: «Asimilar política a religión hoy no tiene cabida alguna».

Sin embargo, los hechos parecen cuestionar tales afirmaciones. Cuando miembros no identificados del colectivo Ernai, vinculado a Bildu, derribaron la cruz de la dársena de Portu, en Baracaldo, lo hicieron en el marco político de la «lucha antifascista». ¿La razón? Este monumento de tres metros de altura fue erigido durante la dictadura para honrar a 96 asesinados del bando nacional en dos barcos que habían sido convertidos en prisiones flotantes, entre septiembre y octubre de 1936. El Ayuntamiento de Baracaldo condenó los hechos, pero, como no pudo identificarse a los autores, la destrucción quedó impune. Algo que ocurre habitualmente con las cruces vandalizadas.

La misma organización, Ernai, asumió a finales de 2021 la autoría de la destrucción de la cruz del Monte Burunza, un símbolo de diez metros de altura que coronaba el monte de la localidad desde 1939. Su destrucción causó dolor entre una parte de los vecinos de este barrio que veían la cruz como seña de identidad. La mayoría desconocía el significado político del símbolo. Es más, un informe del Archivo Municipal de Andoain señalaba que antes de la erección del monumento por encargo de Falange ya existía otra cruz en la zona que gozaba de gran devoción popular.

«Hay una cristianofobia de fondo», asegura Polonia Castellanos, la presidente de la Federación Española de Abogados Cristianos (FEAC), organización que ha intervenido en no menos de medio centenar de casos en la última década para detener este furor destructor de símbolos religiosos. A su juicio es reveladora la confluencia de ataques contra los cristianos, como si se les quisiera encerrar en el armario de las creencias particulares. La eliminación del sentimiento de ofensa a los sentimientos religiosos es uno de ellos, pero también lo es «la criminalización de los católicos con los casos de pederastia, pese a que los cometidos en la Iglesia son una mínima parte del problema», opina Polonia Castellanos. «Contra la Iglesia Católica todo vale».

Una prueba clara de que el rechazo a la cruz va más allá de su uso político por el franquismo lo encuentra la abogada en el caso del monumento a Juan Pablo II en el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, que también incluía una cruz. Allí no mediaba contaminación franquista alguna —se erigió como conmemoración de la visita del Papa en 1989— pero, pese a ello, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo decidió retirarlo alegando el mal estado de la instalación. Nadie se planteó arreglarlo. Y las placas que lo sustituyeron terminaron desapareciendo años después. «Los ataques contra las cruces y los cristianos se hacen por odio, por desviar la atención y por dinero, porque la destrucción de las cruces se encarga a amiguetes y afiliados«, opina Castellanos. Y añade un argumento más: «Quieren cambiar la Historia».

Hay varios ejemplos que apuntan en esa dirección. El primero, que muchas intervenciones de memoria histórica buscan ocultar episodios ominosos protagonizados por el bando republicano. Esa razón es la que parece subyacer en la inclusión en la Guía de Vestigios de Badajoz de una placa urbana del casco de Talarrubias con la denominación ‘Calle Virgen de la Cabeza’. La razón por la que se considera vestigio franquista es que el nombre puede estar relacionado con el asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza por parte de tropas republicanas durante la Guerra Civil. El asedio, que duró nueve meses, se dirigió contra un grupo de unos 200 guardias civiles y cerca de un millar de civiles particulares en el citado santuario de Andújar. Esta es la explicación que la propia guía ofrece, de la que sólo cabe deducir que el pecado de la placa es recordar, indirectamente, un episodio cruento republicano no especialmente honroso. Y algo similar puede decirse de la Cruz de Baracaldo, que también recordaba un episodio de abuso del bando republicano.

Polonia Castellanos cree que las leyes de memoria histórica imponen una visión desequilibrada según la cual honrar a los caídos de un bando es exaltación y sesgo político, mientras que honrar a los del otro es lo natural y lo justo. «En Dueñas y en Vall de Uxó justo enfrente de las cruces hay placas que recuerdan a las víctimas republicanas y nadie se plantea quitarlas».

El sesgo anticristiano se percibe también en la selección de algunos de los supuestos «restos franquistas» incluidos en las Guías institucionales. En el caso de la Guía de Badajoz se da el curioso caso de que en su ficha 192 se incluya una imagen de Cristo Crucificado colocada en 1985, en un terreno privado en Almendralejo, difícilmente vinculable a las autoridades franquistas. Su presunto pecado es su inscripción: «Por todos los que perdieron sus vidas en las guerras de España». El cristo, instalado ya con la democracia asentada, está adosado a la pared exterior del ábside de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Su nombre, Cristo de la Paz, revela que no son necesarios dos para iniciar una guerra si uno quiere.

Normalmente las medidas más drásticas van dirigidas contra cruces instaladas en el espacio público, pero el ejemplo anterior muestra que las autoridades no paran en barras para intervenir incluso dentro de edificios religiosos o en espacios privados.

Otra modalidad de ataque es la que elude la mención a las leyes de memoria histórica y prefiere apoyarse en argumentos «técnicos». Es el caso de la última victoria judicial de Abogados Cristianos, que ha visto como se suspendía cautelarmente el derribo de la cruz de Bezas, en la sierra de Albarracín (Teruel). En este caso la decisión había sido adoptada por una corporación popular apelando al peligro «medioambiental» y para la seguridad ciudadana que suponía la existencia de un desconchón parcial en la estructura; peligro señalado por un gobierno regional también popular. Sin embargo, ese mismo daño lleva acompañando a la cruz desde hace cuatro décadas sin causar ningún problema, tal y como alegó la asociación de juristas. Y, en todo caso, puede repararse: «La instalación de un pararrayos adecuado y la reparación de los daños existentes podrían ser alternativas menos lesivas», argumentó Abogados Cristianos.

En el municipio valenciano de Benifayó, en 2022, la excusa fue la remodelación de la plaza en la que estaba instalada la cruz. La alcaldesa, por si había duda del componente fóbico de la decisión, ordenó el derribo a golpes de pala excavadora. Otro ejemplo más, en Barrado el PSOE perdió las elecciones en 2023 y ante la expectativa de que la retirada de la cruz pudiera suspenderse, un tractor la derribó sin ninguna autorización.

Los criterios que permiten desvincular el símbolo religioso de su utilización política han cambiado a lo largo del tiempo. Un caso muy expresivo es el de la Cruz del Llanito de la Descalza, en Aguilar de la Frontera (Córdoba). Al comienzo de la democracia, el Ayuntamiento cambió la lápida original, que sólo hacía referencia a los «caídos en la cruzada de liberación nacional», por otra que homenajeaba a todas las víctimas: «En memoria de los caídos en la Guerra Civil española». Entonces pareció suficiente.

Sin embargo, esta segunda placa fue también retirada y en 2021 la alcaldesa ordenó la demolición y destrucción de la cruz. En este caso no se apeló a la Ley de Memoria Histórica sino a la existencia de filtraciones de agua y a que la cruz tapaba la vista del monasterio. Este es uno de los casos, sin embargo, en los que la historia termina bien, porque la acción judicial del colectivo Abogados Cristianos permitió recuperar la presencia de la cruz, con una nueva de hierro, en el mismo espacio público original.

No es el único caso en el que una cruz retirada es posteriormente repuesta. La cruz de Bechí, en Castellón, fue retirada por orden municipal apelando a razones de seguridad, por el mal estado del símbolo. En este caso el Ayuntamiento no la destruyó, sino que la desplazó hasta una de las paredes del mausoleo municipal donde descansan los clérigos fallecidos. El tribunal detectó un defecto de forma y la cruz ha tenido que ser recolocada en su ubicación original a la entrada de la ermita del Calvari. La rectificación es el resultado de cinco años de batalla judicial por parte de Abogados Cristianos, que recurrió la decisión en los tribunales en 2019.

El escaso aprecio social que en no pocas ocasiones se manifiesta hacia las cruces que se van a retirar es signo, sin duda, de una indudable pérdida de sensibilidad religiosa. El carácter sagrado que este símbolo podía tener hace unas décadas parece haberse diluido notablemente. Hace no tantos años, la imagen de una cruz derribada por una excavadora hubiera herido la mirada de casi todo el mundo. Hoy, en cambio, cada vez más personas lo contemplan con desapego y sin excesivo escándalo.

Pero no en todas partes es así. En Callosa de Segura, los vecinos vivieron apasionadamente la batalla en defensa de su cruz e incluso llegaron a hacer turnos día y noche para evitar que las máquinas pudieran derribarla. Su batalla terminó en derrota, pero ni aun así se rindieron. Sustituyeron la cruz destruida por otra de madera, que el Ayuntamiento volvió a retirar. Como respuesta, una vecina proyectó sobre el lugar, desde su casa, una silueta de la cruz, pero el ayuntamiento la obligó a renunciar y la multó por «contaminación luminosa!. Este es uno de esos casos en los que el derribo no resultó indiferente. Y, además, ahora se abre la vía para una posible restitución, que ha sido reclamada a la Consejería de Cultura de Valencia por la Diputación de Alicante, con una mayoría de votos del PP y de VOX.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el Catálogo de Vestigios Franquistas de esa comunidad descalifica la inclusión de cruces que hubieran sido previamente resignificadas o que carecieran de inscripción. Esta doctrina abre la puerta a pedir la restitución de las cruces derribadas en Callosa de Segura, en Alicante, pero también la Cruz de Ribalta y la Cruz de Vall de Uxó, ambas en Castellón.

Esta última, que fue derribada en 2018, carecía desde el año 1979 de cualquier inscripción que pudiera vincularla al régimen franquista, por lo que Abogados Cristianos ha pedido la nulidad de la actuación y que la cruz se reponga. En el caso de la Cruz de Ribalta existe una resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón, de junio del año pasado, que anula la retirada del símbolo por tratarse de una cruz «desnuda, carente de inscripción alguna que permita considerarla como uno de los elementos de exaltación de la dictadora». Este fallo ha sido recurrido por dos asociaciones de memoria histórica por lo que todavía no tiene carácter definitivo.

Episodios como el de Dueñas —cuyo ayuntamiento aprobó la propuesta de derribo con un solo voto el de IU, gracias a la abstención de los tres concejales del PP— evidencian la existencia de posiciones contradictorias dentro del Partido Popular. En algunos casos, ha ayudado a frenar derribos, o los ha evitado. Pero en no pocos los ha permitido, o propiciado. «El PP cada vez tiene una posición más activa a favor del derribo de cruces, lo que es sorprendente porque todavía tienen en sus estatutos la defensa del humanismo cristiano», opina la presidenta de FEAC.

Un ejemplo más: el caso de la cruz del Parque de Ribalta, en Castellón. Retirada por la izquierda (se conserva en una parroquia), la nueva corporación del PP se ha negado a recolocarla alegando que la decisión judicial que anula su retirada no es firme. Abogados Cristianos se ofreció a correr con todos los gastos de la restitución, por si un fallo posterior pudiera mantener la decisión inicial, para que la restitución provisional no produjera quebranto a las arcas municipales. Pero ni aun así.

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¡Qué pactos de Estado!
Agapito Maestre. libertad digital. 10 Abril 2025

La pretensión de Feijóo de firmar pactos de Estado con Sánchez han contribuido poderosamente a mantener a los socialistas en el poder.

Desde hace ocho años, los socialistas y los comunistas están desgobernando España con la ayuda de los separatistas. En esta legislatura, este apoyo no sólo es decisivo sino que también es determinante de todas las acciones del Gobierno; más aún, se diría que Sánchez ha mimetizado de modo exacto el programa separatista de destrucción del Estado de la Constitución del 78. Nada ha hecho Sánchez ni nada hará sin el consentimiento del prófugo de la justicia, Puigdemont. Los siete diputados de Junts han sido, son y seguirán siendo determinantes de esta locura de destrucción del Estado español, una vez que han sido minados los fundamentos de la Nación; naturalmente, la irresponsabilidad no es, en primer lugar, imputable a los separatistas sino a Pedro Sánchez y, por supuesto, a la inmundicia e indignidad de los ciento y pico diputados socialistas que tragan con la destrucción del Estado-Nación que lleva a cabo con delectación el jefe de los socialistas.

Todo esto es muy sabido, pero qué ha hecho el PP, el partido más grande de la Oposición, para detener este proceso de destrucción de España. Aparte de ejercer una oposición débil y, a veces, cobarde a la hora de movilizar a sus bases, y aparte de los guiños que algunos dirigentes del PP han hecho a los separatistas, es menester reconocer que la pretensión de Feijóo de firmar pactos de Estado con Sánchez han contribuido poderosamente a mantener a los socialistas en el poder. Sí, sí, la simple pretensión de los del PP de acordar con Sánchez, de formar una gran coalición, ha contribuido a darle estabilidad al gobierno, o sea, el PP ha legitimado, en términos políticos, al gobierno con menos "legitimidad" de la Unión Europea. ¿Cómo explicar este acontecimiento dramático para el desarrollo del régimen democráticos? la explicación de este tragedia política tiene que mirar o bien a la inteligencia política de Sánchez o bien a la torpeza negociadora de Feijóo… Es posible. Yo tiendo a pensar que la mera pretensión, la intención política, de Feijóo de firmar algo con quien no quiere pactar nada con él es el origen del actual mal de España.

El último ejemplo de esta tragedia es de libro. Triste cosa es el silencio de la historia en lo que más interesa a los españoles. De las importantes razones del PP, de los argumentos posibles del señor Feijóo para entregarse, en la Unión Europea, a los socialistas y en España al gobierno de Pedro Sánchez, su adversario político, nada serio sabemos, aunque es tradición admitir que el partido de Feijóo quiere contribuir a la gobernabilidad de España y al bien de Europa. Feijóo firma, o pretende firmar pactos de Estado, reitero, con aquél que está destruyendo el Estado español. El asunto es curioso. Paradójico y, por supuesto, incomprensible para la ciudadanía. La reciente jugada de Sánchez con Feijóo muestra que el PP o es un partido de panolis o algo peor, aunque al final parece que han rectificado. Sí, mientras se allanaban los del PP con el gobierno firmando un acuerdo para ayudar con 14.100 millones de euros a los contribuyentes españoles para afrontar las consecuencias derivadas de las medidas arancelarias del gobierno de los EE.UU., oímos las voces de los separatistas de Junts diciendo que el 25 por ciento de esa inversión irá a Cataluña, en una suerte de cupo especial, es decir, un remedo de la financiación singular que en secreto había pactado el Gobierno con Puigdemont en su busca desesperada de comprar por enésima vez los 7 escaños del partido del separatista prófugo en Waterloo. Sánchez compra, sí, con el dinero de todos los contribuyentes su permanencia en el poder. Y a costa del resto de las Comunidades Autónomas, que tendrán que repartirse el 75 por ciento restante. Una vez más, Sánchez ha dejado al PP fuera de juego con su amago de negociar medidas de Estado. Elemental y obvio es que Feijóo haya dicho, finalmente, no.

Pero el problema no es este acuerdo sobre los aranceles, sino ¿cómo explicar que el PP siga obsesionado con firmar pactos de Estado con la persona que lo está destruyendo? Inexplicable, sí. Solo cabe el silencio.

El Supremo acepta a Hazte Oír como acusación popular en la causa contra el fiscal general
Hurtado abrió causa penal contra el fiscal general el pasado 16 de octubre y la asociación solicitó su personación el 15 de enero
Vozpópuli. 10 Abril 202

El Tribunal Supremo ha aceptado la personación de Hazte Oír como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, la quinta en este procedimiento. La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima el recurso de la asociación contra el auto del magistrado Ángel Hurtado que había denegado su personación.

Hurtado abrió causa penal contra el fiscal general el pasado 16 de octubre y la asociación solicitó su personación el 15 de enero, si bien el instructor lo denegó al considerar que ya se habían personado asociaciones suficientes y que la entrada de nuevas acusaciones nada aportará, pudiendo afectar a la agilidad del procedimiento.

Pero Hazte Oír recurrió a la Sala, que ahora le da la razón porque considera que "no se trata de acreditar perjuicio directo", pero "sí una cierta conexión, o relación de sus fines, con el interés general seguido en el procedimiento".

Y "dada la amplitud con que la jurisprudencia constitucional atiende a posibilitar el ejercicio de la acción penal", dicha conexión lo justifica con uno de sus fines estatuarios, como es "el fortalecimiento institucional y democrático, mediante el impulso de iniciativas orientadas a la participación ciudadana en la vida pública, la promoción del bien común y la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos".

Todo ello, añade, porque lo que se investiga es un delito contra la Administración pública. Hazte Oír se suma así al resto de acusaciones populares personadas en la causa: la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el autodenominado sindicato Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Descartan acudir al TC o a Europa

En este sentido, aclaran que la interpretación no vulnera el principio de legalidad ni el de previsibilidad, ya que simplemente aclara el contenido de la ley y la interpretación realizada en la resolución impugnada se ajusta a los criterios tradicionales sobre los conceptos de patrimonio, beneficio y malversación.

Ahora, el expresidente de la Generalitat ya puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No obstante, los magistrados rechazan remitir la cuestión al TC o al Tribunal de Justicia de la UE.

La fiscal, a favor de estimar los recursos

Fue en julio pasado cuando el juez encargado del procés rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación a Puigdemont, Comín y Puig. Las defensas apelaron esa decisión, pero el magistrado mantuvo su postura en septiembre, dos meses después. Posteriormente, presentaron un nuevo recurso, el cual fue defendido en una audiencia pública el 10 de julio.

En aquella vista, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se mostró a favor de que se estimaran dichos recursos al considerar que el instructor del procés se "inventa" que los encausados experimentaran un enriquecimiento personal al cargar al erario público la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Turull: "La Toga Nostra sigue imperturbable"

Minutos después de conocerse la noticia ya han aflorado las primeras reacciones. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al Supremo de seguir "con su guión de persecución prevaricadora" contra Puigdemont y el conjunto del independentismo.

"La 'Toga Nostra' sigue imperturbable con su guión de persecución prevaricadora contra Puigdemont y el independentismo en general. Pero no nos pararán en nuestro compromiso activo con la independencia de Cataluña y la denuncia de estos justicieros", ha asegurado Turull al respecto en un mensaje en X.

Cataluña

Illa cuela en una norma de vestimenta de los Mossos la imposición de «dirigirse al ciudadano en catalán»
Rafael Molina. okdiario. 10 Abril 2025

El Govern de la Generalitat de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa, ha colado la obligación de que los Mossos d’Esquadra se dirijan a los ciudadanos en catalán dentro de una normativa para modificar los uniformes de los agentes. «Las personas miembros de la PG-ME [Policía de la Generalitat – Mossos de Esquadra] deben dirigirse a la ciudadanía en catalán», exigía el responsable de política lingüística del Ejecutivo autonómico.

Se trata de un proyecto de decreto del Gobierno catalán que está en fase de audiencia e información pública. Es decir, que se está redactando y a la vez se pregunta a los ciudadanos sobre su opinión de la normativa. Esta medida persigue renovar la «imagen institucional, los uniformes, las acreditaciones y las distinciones» de la policía autonómica.

La Generalitat consideraba importante unificarlo todo en una sola norma porque hasta ahora había «confluido un conjunto de decretos que regulan diferentes aspectos relacionados».

En español, sólo «si lo pide»

Sin embargo, el Departamento de Política Lingüística formuló una serie de iniciativas para modificar el proyecto de decreto. Entre ellas, había una petición sobre la lengua que debían utilizar los agentes: «Las personas miembros de la PG-ME deben dirigirse a la ciudadanía en catalán».

Los miembros de los Mossos sólo podrían utilizar el español «si lo pide» el ciudadano. Las observaciones estaban firmadas por Joan Santanach, secretario general de Política Lingüística.

En la memoria de valoración posterior, en la que se da cuenta de las solicitudes de otros departamentos, se añade este artículo a la norma. Concretamente, el Gobierno catalán consideraba «incorporada, en esencia, la propuesta formulada, creando un nuevo artículo 32 que regula la lengua de trabajo». Este documento aparece firmado por Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos. Éste ocupó el cargo de major de los Mossos d’Esquadra durante el procés independentista y fue investigado y resultó absuelto en la Audiencia Nacional al no apreciarse delito de sedición ni de desobediencia.

Finalmente, el artículo quedó redactado en el proyecto de decreto con la siguiente formulación: «La lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía de los miembros de la PG-ME [Policía de la Generalitat – Mossos de Esquadra] es el catalán».

Un millón de euros en nueva imagen

«La entrada en vigor del decreto comportará un gasto aproximado de un millón de euros por razón de la implantación de la nueva imagen corporativa», declara la Generalitat en la memoria de evaluación del impacto de las medidas. El escrito refleja que el gasto podría haber sido mayor, ya que «el volumen más relevante de este posible gasto económico, deriva de la adquisición de los nuevos uniformes» pero ésto ya «se llevó a cabo en 2022».

La autonomía fundamenta el cambio en que «han evolucionado los estándares estéticos, así como la percepción y la exigencia ciudadana respecto a los servicios policiales». A ojos de la Generalitat, «la imagen de los agentes debe transmitir confianza y seguridad a la ciudadanía». Además, el Gobierno autonómico considera que «la atención policial debe estar de acuerdo con el valor de la ejemplaridad».

En ese mismo sentido, apela a la necesidad de determinar «directrices comunes» para aportar «homogeneidad, neutralidad e imparcialidad» para realizar un «correcto ejercicio de las tareas asignadas». Todo ello, según la Generalitat de Illa, se traslada a través del «uniforme, el aspecto físico de los agentes, el comportamiento, los procedimientos policiales y la comunicación». Ya que esto «conforma la imagen que institucionalmente representan» los Mossos.

En definitiva, el «objetivo fundamental» es «regular en una única norma» las pautas de imagen «tanto corporativa como personal» del cuerpo. Entre los elementos regulados están «el uniforme, los elementos de identificación y acreditación, los reconocimientos, así como las normas de comportamiento».

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