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Los recortes de ayer al final de la página

Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011

1ª  la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.

2ª  desmantelar el tinglado autonómico.

3ª  deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política

4ª  simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios

5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media

6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros

7ª  arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad

8ª  educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida

9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz

10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

La "normalización lingüística", una anormalidad democrática. El caso gallego
Dedicado "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idomas" Manuel Jardón   
Por la normalización del español: El estado de la cuestion, una cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón

"A todos aquellos que piensan que
los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idiomas"

Recortes de Prensa Domingo 8 Noviembre 2026


«Fantasmas» ucranianos contra las antenas rusas en la trastienda de la guerra electrónica

La unidad especial de la inteligencia militar ucraniana intensifica sus operaciones contra repetidores de drones, sistemas de guerra electrónica e inhibidores de Starlink para degradar las comunicaciones y la capacidad de coordinación de las tropas rusas

Lucía Gutiérrez. la razon. 8 Noviembre 2026


La guerra entre Rusia y Ucrania no se libra únicamente en las trincheras ni en el frente aéreo. Una parte cada vez más importante de la batalla tiene lugar en el campo electromagnético, donde ambos ejércitos tratan de garantizar sus propias comunicaciones y, al mismo tiempo, interrumpir las del adversario para hacer más eficaces sus ataques o sus operaciones defensivas.


En este escenario operan los «Fantasmas» (Prymary), una unidad especial de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (DIU o GUR), que ha intensificado sus ataques contra la infraestructura electrónica y de comunicaciones de las fuerzas rusas.


Entre los objetivos enumerados figuran complejos de antenas, repetidores de redes MESH utilizados por drones, equipos de guerra electrónica e inhibidores de Starlink. El propósito de estas operaciones es degradar la infraestructura de la que dependen las unidades rusas para intercambiar información, transmitir órdenes y coordinar sus movimientos en el campo de batalla.


Uno de los objetivos preferidos de sus ataques son las antenas de comunicación rusas, que reciben de forma directa los impactos de los drones ucranianos, como se puede apreciar en la recopilación de ataques que ha subido el GUR a sus redes sociales.


Los «Fantasmas» son una de las unidades más conocidas de la inteligencia militar ucraniana por sus operaciones contra objetivos militares rusos, especialmente en territorios ocupados y en la retaguardia enemiga. Sus acciones no se limitan a los ataques contra vehículos blindados o posiciones de combate. También han difundido operaciones contra radares, sistemas de defensa antiaérea, instalaciones militares, embarcaciones y equipos de comunicaciones.


A finales de septiembre, la DIU informó de ataques contra nueve torres de comunicaciones, sistemas de guerra electrónica y reconocimiento electrónico, radares y diferentes objetivos militares y logísticos.


Uno de los elementos más relevantes de esta campaña son los repetidores de redes MESH. Se trata de sistemas de comunicación mallada en los que distintos dispositivos funcionan como nodos capaces de retransmitir información entre sí. En el ámbito militar, permiten ampliar el alcance de los enlaces entre drones, estaciones de control y otros equipos, además de facilitar el intercambio de imágenes y datos. La destrucción de estos repetidores puede dificultar la transmisión de información y reducir la capacidad de coordinación de los aparatos no tripulados, aunque sus consecuencias dependen de la existencia de rutas alternativas y de otros sistemas de comunicación.


La importancia de estos objetivos está directamente relacionada con el protagonismo que han adquirido los drones en la guerra de Ucrania. Los dos ejércitos utilizan estos aparatos para labores de reconocimiento, vigilancia y ataque, pero su eficacia depende en buena medida de la posibilidad de transmitir imágenes, recibir instrucciones y mantener conexiones estables. Las redes de comunicaciones se han convertido así en una infraestructura tan importante como los propios dispositivos. Atacar sus antenas y repetidores significa intentar debilitar una parte esencial de la cadena que conecta a los operadores con los aparatos desplegados en el frente.


Otro de los objetivos mencionados por la inteligencia ucraniana son los sistemas de guerra electrónica, conocidos por sus siglas en inglés como EW. Estos equipos permiten interferir en las comunicaciones del adversario, bloquear señales de navegación por satélite y dificultar el funcionamiento de los drones.


Especial relevancia tienen los inhibidores de Starlink, la red de internet por satélite de SpaceX que se ha convertido en una herramienta fundamental para las comunicaciones militares ucranianas. Su utilidad en el campo de batalla va mucho más allá del acceso a internet: permite mantener conectadas distintas unidades, transmitir información de reconocimiento y facilitar la coordinación de operaciones. Rusia ha desarrollado equipos específicamente concebidos para interferir en estos enlaces y dificultar su utilización por parte de las fuerzas de Kiev.


De Ceuta a Canarias, indiferencia sin fronteras

ABC. 8 Noviembre 2026


Las cifras hablan por sí solas: hasta el pasado viernes llegaron solo a la isla canaria de El Hierro más de 4.000 inmigrantes, embarcados en pateras que salen de las costas senegalesas o gambianas. En el conjunto del archipiélago, y tomando como referencia los mismos días del año pasado, se ha registrado un incremento de embarcaciones del 1.050 por ciento y un 788,43 por ciento de inmigrantes. El ministro del Interior pidió a las autoridades de Senegal, a donde viajó el pasado viernes, que aumentaran la presión sobre las mafias migratorias. A la vista está que ese control no es suficiente, porque el flujo de salidas no ha dejado de crecer, a pesar incluso del despliegue de la Guardia Civil para colaborar con el Gobierno senegalés.


La crisis migratoria en Canarias es constante, pero ahora se agudiza, con una intensidad que ha llevado al presidente regional, Fernando Clavijo, a calificar la situación como «insostenible» y anunciar que «va a empeorar». Clavijo sabe bien lo que es el desdén del Gobierno, porque ha sido víctima de la política de anuncios y promesas incumplidos. Aun así, ha dirigido una carta a Pedro Sánchez, emplazándolo a una reunión que solo tendrá lugar si el cálculo electoralista le sale positivo al candidato socialista. En otro caso, hará como con Ceuta: pasar de largo y desentenderse de una gestión que, no solo en el ámbito migratorio, ha sido sacrificada por una estrategia puramente ideológica. No es fallo, sino ausencia de gestión. De poco sirve la declaración por decreto de la emergencia social, como ha hecho el Cabildo de El Hierro, en manos socialistas, cuando el Gobierno central se dedica desde hace semanas a calcular réditos electorales en función de las crisis que le salen al paso.


Los inmigrantes que entran ilegalmente en El Hierro son trasladados en ferri a otras islas y, desde allí, en vuelos a la Península, con filtrados migratorios más laxos para identificarlos y valorar su situación. El hecho mismo de que no puedan ser devueltos sobre la marcha muestra cómo el sistema legal de acogida se anula a sí mismo en su función disuasoria. Tampoco disuade mucho que el Ministerio de Sanidad difunda un vídeo que recuerda a los inmigrantes que la atención médica en España es gratis, lo cual, además de un estímulo a la entrada ilegal, es una mentira insultante, porque esa sanidad la financian los contribuyentes. Ningún servicio público es gratis. Mensajes así son alimento para la radicalización populista.


La intervención de la UE, solicitada por Clavijo, sería un revulsivo para encauzar no solo la crisis actual, sino para afianzar la colaboración de los países africanos que son puerto de salida de las rutas a las islas. Rutas plagadas de naufragios de los que nunca se sabrá a ciencia cierta cuántas víctimas se habrán cobrado. En las próximas visitas de un ministro español del Interior a Senegal o a Gambia sería conveniente la presencia de un representante de la UE para dar la imagen fiel de que Canarias es territorio europeo y sus aguas, también europeas. Uno de esos representantes, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, el Raffaele Fitto, visitará Canarias a principios de diciembre para conocer la situación sobre el terreno. Fitto hará lo que omite el presidente Sánchez, quien selecciona cuidadosamente sus espacios públicos y los prepara como decorados para sus inanes apariciones en los lugares donde hay un drama o una tragedia.


Mientras Canarias sufre este repunte crítico de inmigración ilegal, el resto de problemas migratorios continúan vivos y enquistados, como la situación en Ceuta, ciudad que no ha recuperado la tranquilidad de su vida social previa a la invasión de los días 30 y 31 de julio, porque permanecen miles de inmigrantes ilegales ocupando espacios públicos y sin una respuesta que garantice eficazmente las devoluciones a Marruecos. Una ciudad que, según el presidente Juan Jesús Vivas, sigue sintiéndose invadida. El Gobierno nunca ha dicho la verdad sobre el asalto masivo a Ceuta, siquiera con las cifras. Un informe de la Guardia Civil remitido a la magistrada María Tardón cifra en 88.146 los inmigrantes que han regresado –porque han querido volver– a Marruecos, lo que significa que el número de asaltantes tuvo que ser superior a los 100.000. Ceuta ya ha desaparecido del discurso del Gobierno, porque electoralmente es un lastre y porque, en definitiva, la dan por perdida el 29N. Pero Ceuta sigue ahí y es la foto fija de algo más que el fracaso de Pedro Sánchez, es la síntesis de su sentido neroniano del poder: vacaciones en La Mareta mientras Ceuta colapsaba.


Los sindicatos del crimen

Juan Manuel Blanco. Vozpópuli. 8 Noviembre 2026


Jimmy Hoffa fue uno de los dirigentes sindicales más poderosos de Estados Unidos. Como líder de un pequeño sindicato de camioneros de Detroit, demostró enormes cualidades organizativas, logrando extender su sindicato por todo el país e imponer una negociación que cubría a cientos de miles de trabajadores del transporte con amplios convenios marco. Pero no todo fue fruto de sus grandes dotes. Hoffa entendió que la violencia y la intimidación eran bazas fundamentales en los conflictos laborales. Y, como no bastaban los piquetes, estableció una alianza estratégica con la mafia de Detroit y otras familias del crimen organizado. Obtenía así aliados capaces de “convencer” a empresarios, sindicatos rivales y trabajadores reacios a afiliarse. A cambio, los mafiosos controlaban una potente organización, que podía paralizar o garantizar el transporte.


Esta estrecha compenetración con el crimen organizado determinó el fulgurante ascenso de Hoffa, pero también su tremenda caída. Fue condenado a prisión y, aunque pudo salir antes de tiempo al conmutársele la pena, su suerte no duraría mucho. El 30 de julio de 1975 acudió a una cita con los “presuntos” mafiosos Tony Giacalone y Tony Provenzano para intentar limar discrepancias. Jamás se volvió a saber de él y su cuerpo nunca fue encontrado.


Aunque esta historia es muy conocida, el riesgo que las malas compañías entrañan para los sindicatos es una lección que no parece bien aprendida. Hace unas semanas, Pepe Álvarez y Unai Sordo, dos dirigentes sindicales con cualidades sensiblemente inferiores a las de Hoffa, convocaban una huelga general para favorecer electoralmente al partido gobierno, mostrando así una sospechosa dependencia de ese clan organizado que se adueñó del PSOE y pretende ahora apropiarse del Estado. Los sindicatos mayoritarios parecen haber sido atrapados por esa turbia red dedicada “presuntamente” a manipular, sobornar, chantajear o extorsionar a personas, empresas, asociaciones e instituciones, con el único fin de perpetuar a Pedro Sánchez en el poder.


Servilismo y mezquindad

El término “huelga general” conserva en el imaginario la aureola épica de tiempos pasados, cuando se usaba como punta de lanza contra regímenes dictatoriales. Pero la del 11 de noviembre carece de cualquier vestigio de épica o idealismo. Convocar huelga general para beneficiar en las urnas a quien te paga abundantemente las facturas rebasa sobradamente el umbral del servilismo, la ignominia y la mezquindad. Esta huelga no busca favorecer a los trabajadores, ni a los ciudadanos, sino mantener un statu quo privilegiado para las cúpulas y burocracias sindicales.


La huelga general es el arma más poderosa de los sindicatos; no puede invocarse con tamaña frivolidad. Debe reservarse para situaciones extremas y, en todo caso, para protestar contra las políticas de un ejecutivo, nunca a su favor. Porque, para halagar, adular o aplaudir a Sánchez ya están los programas para memos de TVE.


Una huelga general podría justificarse para protestar contra la deriva antidemocrática de este gobierno, la instrumentalización partidista de las instituciones, los ataques a la justicia, el intenso deterioro de los servicios públicos o el lamentable estado de la infraestructura ferroviaria. O, quizá, contra la decisión del gobierno de no deflactar los tramos del IRPF, que repercute tan negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. O, incluso, contra la monstruosa corrupción, que devora las arcas públicas.


Pero los dirigentes sindicales no movieron un dedo ante los verdaderos problemas de España. Eso no iba con ellos. Ahora, siguiendo las órdenes de Sánchez y sus jugosas subvenciones, se adhieren a la consigna de calentar las calles, o quemarlas, en un infame intento de amedrentar a los votantes de la oposición. Con su bajeza, codicia y ruindad, Álvarez y Sordo se convierten en cómplices de esa estrategia de degradación política e institucional que está destruyendo España.


Privilegios no ganados

Los sindicatos han venido gozando de inmensos privilegios, respetados y mantenidos por gobiernos de todos los colores. Las leyes laborales establecieron fuertes trabas a la negociación independiente en cada empresa, favoreciendo unos acuerdos mucho más extensos, de aplicación obligatoria en todo un ámbito sectorial o territorial. Y concedieron a los sindicatos la potestad de negociar esos amplios convenios, a pesar de su escasa representatividad. El poder y la influencia de los sindicatos en España no proviene del número de afiliados, ni de su implantación, sino de la facultad que la ley les confiere para decidir por inmensos colectivos de trabajadores no afiliados. Aquello que Hoffa acabó consiguiendo con tiempo, esfuerzo, ingenio y mucha coacción, a los sindicatos españoles les fue concedido gratuitamente por los políticos. Pudieron así mantener unas estructuras hipertrofiadas y unos usos absolutamente anacrónicos para las necesidades de los tiempos actuales.


Los sindicatos han manejado enormes fondos públicos, con frecuencia de forma opaca y sospechosa. Y han abusado hasta el límite de las amplias horas de representación (crédito horario) que fija la ley, acumulándolas sin decoro para crear una casta de liberados sindicales, que ya no recuerdan lo que es trabajar, pero reciben su sueldo de las empresas o la Administración. Por su indiferencia ante el sufrimiento de la gente, sus pésimas prácticas y su extremada politización, los sindicatos mayoritarios son hoy día el problema, no la solución.


Perdieron su prestigio

Bajar al fango de una campaña electoral, en lugar de tomar distancia como árbitros o espectadores, denota poca prudencia y escasa visión por parte de los dirigentes sindicales. Parecen no medir el riesgo que implica ponerse al servicio de un “presunto” facineroso, justo el error que acabó con Hoffa. La buena noticia, para ellos, es que no arriesgan su prestigio: hace tiempo que lo perdieron. La mala, que pueden estar jugándose a una carta su millonaria financiación y la lujosa vida de la que disfrutan. Quizá piensan que se enfrentan a la misma derecha acomplejada de siempre, tan vulnerable a la extorsión sindical y tan inclinada a ceder a sus exigencias. Puede que acierten, pero los desproporcionados abusos de Sánchez y la larga ristra de manipulaciones de la izquierda, han desencadenado un cabreo tan colosal en el otro lado de la cancha, que esta vez llevan muchas papeletas para salir trasquilados.


Tras inmiscuirse torticeramente en las elecciones, es difícil imaginar los argumentos que esgrimirán para presentarse ante un gobierno de PP y Vox con el brazo extendido y la palma de la mano hacia arriba, pidiendo lo que no son derechos para los trabajadores sino financiación para mantener los privilegios de las cúpulas sindicales. Y, si finalmente no reciben el dinero, ¿pasarán la gorra y llamarán a otra huelga general para protestar porque no pueden pagar las mariscadas? Habría que ser muy lerdo para secundarla.


El abuso de los liberados

Si el próximo gobierno está realmente comprometido con las reformas que necesita España, y es mínimamente valiente y responsable, suprimirá todas las subvenciones a los sindicatos (también a la patronal) y eliminará el abuso de los liberados. Este paso facilitaría la evolución hacia un sindicalismo constructivo, al servicio de los trabajadores, con formas y contenidos muy distintos a los actuales.


Al depender exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, los nuevos sindicatos deberán aportar valor añadido, prestar a los trabajadores servicios de apoyo, asesoramiento, protección y orientación profesional en lugar de transmitir una ideología radical, completamente obsoleta para el mundo laboral actual. Sus dirigentes serían competentes profesionales, no una camarilla que vive del presupuesto y carece de capacidad de elaboración. Adoptarían una estrategia que favorezca la resolución de problemas, la innovación, la mejora de la productividad y la creación de empleo, en vez de repetir como papagayos absurdas y desgastadas consignas. Y formarían cuadros competentes, en lugar de habilitar como liberados a los más holgazanes de cada empresa.


Profesionalización, despolitización, cualificación, capacidad de reflexión, amplitud de miras y protección de todos los trabajadores, son los conceptos clave para un nuevo sindicalismo moderno y eficaz, diametralmente opuesto al que padecemos hoy. Jimmy Hoffa desapareció físicamente, pero este sindicalismo casposo debe esfumarse conceptualmente para no regresar jamás. Ahora bien, iniciar esta transformación exige, como primer paso, poner pie en pared ante el engañabobos que pretenden vendernos el 11 de noviembre. Paradójicamente, esta huelga general podría significar el fin de la permanente “juerga general” en la que viven los sindicatos.


El chollo de los sindicatos en España: 284.000 delegados sindicales y 4.200 liberados plenos
Diego Barceló Larran. libertaf digital. 8 Noviembre 2026

Si a uno le gusta el teatro, por ejemplo, se apunta a un taller para tomar clases de actuación y asiste a representaciones, entre otras cosas. Una actividad que es adicional al trabajo remunerado que se tenga; los costes que haya, lógicamente, los paga uno con su propio bolsillo.


Si a alguien le gusta la caza, ocurre algo similar: tiene que pagar para tener una licencia de armas, obtener permisos y pagar de su bolsillo el coste de las armas, municiones, traslados y demás, aunque una parte pueda recuperarse, por caso, vendiendo la carne del animal cazado.


Si, por poner otro ejemplo, a una persona le gusta la política, después de trabajar se reunirá con otros simpatizantes del partido de su preferencia y dedicará su tiempo libre a organizar acciones proselitistas. También en este caso los gastos correrán por su cuenta.


Por un extraño privilegio, a quienes les gusta la representación sindical el resto de la sociedad les paga por hacerlo. En efecto, según el tamaño de la empresa, la ley fija un determinado número de horas pagadas en las que, en lugar de trabajar, el delegado sindical se dedica a "tareas de representación". Por ejemplo, una empresa con entre 50 y 100 empleados debe tener un comité de empresa de 5 miembros, cada uno de los cuales dispone de 15 horas mensuales pagadas para "tareas de representación".


No son pocas. Sumando las horas de representación de los casi 284.000 delegados sindicales que hay en el sector privado, llegamos a un total de más de 73 millones de horas al cabo de un año. Tampoco son dos duros: si tenemos en cuenta que, de media, en los últimos cuatro trimestres el coste laboral total por hora fue de 25,8 euros, podemos estimar que aquellas horas de representación sindical tienen un coste de 1.900 millones de euros anuales. Coste directo para las empresas que, indirectamente, pagan sus clientes. Clientes que, además, con sus impuestos, pagan las horas de representación sindical de alrededor de 45.000 delegados que hay en el sector público.


Si dividimos el total de horas de representación por la jornada anual pactada efectiva (1.823 en los últimos cuatro trimestres, según datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE), encontramos que aquellos 73 y pico de millones de horas equivalen al trabajo anual de 40.300 personas. Las horas pagadas de representación sindical equivalen a que las empresas financian a 40.300 personas aunque no trabajen.


En la práctica, lo que tenemos en el sector privado son unos 4.200 liberados sindicales plenos (gente que cobra aunque se dedique solo a la representación sindical) y decenas de miles de liberados parciales (es decir, reparten su jornada laboral entre trabajo efectivo y representación sindical).


Alguno pensará que, aunque fueran 40.300 liberados plenos, son apenas el 0,2% de los 17 millones de asalariados del sector privado. Sin embargo, cuando comparamos las normas de representación sindical con las de otros países europeos, es difícil no llegar a la conclusión de que es otro elemento que resta competitividad a nuestra economía.


Una empresa con entre 100 y 250 empleados (de las que hay unas 10.000 en España) puede no tener un comité de empresa en Alemania, Portugal (en ambos casos depende de la decisión de los empleados), Suecia y Reino Unido (el tema no está legislado en estos países). En Francia, siempre para ese tamaño de empresa, se exige un solo representante sindical; en Italia, tres; en Hungría, cinco. ¿Y en España? En España, nueve.


Para empresas de mayor tamaño, la diferencia se amplía. Por ejemplo, una compañía con 900 empleados debe tener en España un comité de empresa con 21 miembros; en Francia solo se exige un único representante sindical.


Todas las cifras que doy son estimaciones conservadoras que hice yo mismo, pues es difícil encontrar datos sobre este tema. Si hay errores, la solución es fácil: que los sindicatos publiquen datos completos sobre sus delegados, desglosando los liberados según sean plenos o parciales.


Sean mis estimaciones más o menos precisas, lo relevante es recordar que hay una casta de privilegiados en España, que no son los tecnoligarcas, ni los grandes empresarios, ni los ricos. Los tienes muy cerca: un grupo al que la ley le otorga el privilegio de cobrar sin trabajar, en una proporción muy superior a la de países de nuestro entorno, al que de una u otra forma le pagas tú.


Carrillo sigue «vivo»

Rafael Nieto. gaceta. 8 Noviembre 2026


Cada noviembre, con la llegada de los primeros fríos y las luces de las calles que preparan la Navidad, la memoria nos recuerda el genocidio de Paracuellos del Jarama, la mayor matanza por motivos ideológicos realizada en España en toda su historia. Y es un deber moral de todo español de bien (mucho más aún en el caso de periodistas, escritores o comunicadores) recordar este negrísimo episodio de nuestra Historia para que las nuevas generaciones, que sufren a nivel educativo la censura y la manipulación de los poderes públicos, sepan que España ha dado a la Cristiandad a cientos de mártires que murieron perdonando a sus verdugos pocos meses después del comienzo de la Guerra Civil, en 1936.


Más que insistir en lo que numerosos historiadores ya han constatado sin lugar a la menor duda (es decir, que hubo un genocidio perfectamente organizado por las autoridades del Frente Popular republicano para acabar con la vida de todo aquel sospechoso de «cercanía» con los entonces sublevados del Ejército Nacional), nos interesa en este 90 aniversario de la masacre profundizar en la idea de «odium fidei» que movió aquellos asesinatos, y que, si bien de otra forma (más propia del tiempo presente), sigue operando en las mentes de la izquierda tanto en España como en el resto del mundo. La obsesión cristianófoba casi como única consigna ideológica reconocible, toda vez que la baza de la «lucha obrera» hace décadas que declinó para siempre.


La Iglesia Católica es la depositaria de la verdad revelada, que es Cristo mismo. Esto lo sabemos los creyentes y se lo temen (porque lo intuyen) los ateos. La verdad tiene una fuerza de tal envergadura que ni los más poderosos defensores de la mentira pueden contener. Es como si uno quisiera detener la fuerza del mar poniendo un gran portón de hierro fundido. La verdad es imparable, inabarcable e irrefutable. Es eterna porque pertenece a Dios. Los que murieron asesinados en noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama lo sabían: por eso ninguno de ellos renegó, ni renunció a la Fe Verdadera, porque sabían que «la recompensa será grande en el Cielo» (Mateo 5:12). Y es exactamente esa dignidad hasta el final, la ausencia de miedo a la muerte, lo que sigue torturando a los adoradores de las tinieblas.


Cada uno de los mártires de Paracuellos representa la semilla del bien y de la justicia, hasta el punto de que podemos afirmar que si España es capaz de pasar página a las últimas décadas ominosas de sucesivos gobiernos criminales y corruptos, será, sin duda alguna, gracias a ellos. Toda muerte que sobreviene en estado de Gracia, y cuya sangre se entrega como ofrenda y sacrificio para la Gloria de Dios, como sucedió en el municipio madrileño, produce abundantes frutos, aunque a veces éstos se hagan esperar. Aquellos hombres y mujeres sabían por qué y para qué morían; lo resumió, con su brillantez habitual, el genial Ramiro de Maeztu, asesinado también por la barbarie roja: «¡Vosotros no sabéis por qué me matáis! ¡Yo sí sé por qué muero: para que vuestros hijos sean mejores que vosotros!»


En el llamado «Katyn español«, se produjo otro de los hechos clave que explican la naturaleza de la Transición: el máximo responsable político de la matanza, Santiago Carrillo, fue uno de los «artífices irremplazables» del advenimiento y consolidación de la democracia con la aceptación de la monarquía por parte de la izquierda. El entonces hombre de Stalin en Madrid, que aparece citado en todos los archivos oficiales como el cabecilla indiscutible de la masacre de unos seis mil inocentes, vino con peluca y traje caro a co-dirigir el futuro político de España cuando los ecos de sus víctimas ya no resonaban en la conciencia colectiva. Cuando el paso del tiempo ahogó en el silencio el sufrimiento de cientos de familias que vieron cómo Carrillo les dejaba sin lo que más querían.


Carrillo, al revés que los responsables del III Reich en Nüremberg, nunca pagó en vida por su vileza y maldad concretadas en las zanjas de Paracuellos. Muy al contrario, hasta sus más encarnizados rivales políticos le honraron con aplausos y parabienes por su «reconversión» en demócrata, al calor de la nómina fácil (pagada por todos) y el coche oficial. Sus herederos políticos, encubiertos en siglas de moda, comparten con el histórico líder comunista ideas, principios y métodos. Si pudieran, harían lo mismo que hizo él hace 90 años, no tengan ninguna duda. Nos queda un doble consuelo: que «no pasaron» entonces y no pasarán ahora. Y que el Cielo está sembrado de santos españoles «gracias» a sus enemigos; gracias a la misma anti-España, cruel y rencorosa, que nunca ha aceptado la naturaleza católica de nuestra patria.


******************* Sección "bilingüe" ***********************


Nos invade un país musulmán y Sánchez se niega a ir a un funeral católico
Federico Jiménez Losantos. libertaf digital. 8 Noviembre 2026


Marruecos invadió España por Ceuta, hace tres meses, con la complacencia de Sánchez, que la había vendido como el Sahara al Sultán. Su problema es que Ceuta no se ha dejado, España entera la respalda y las mujeres caballas se han convertido en el símbolo del rechazo a una cultura en la que las personas de sexo femenino están obligadas a taparse como símbolo del pecado, para no excitar al género masculino, que serían una especie de bonobos violadores. Y las feministas a sueldo del Gobierno social-comunista, en Can Armengol, burlándose del Cara al Sol, mientras apoyan a los violadores de Hamás y como si en Irán no lapidasen a las adúlteras. Si los prebostes sociatas son diputeros, hay que ver cómo está el otro género.


Marruecos sigue controlando la invasión

Por los datos que ahora se tienen, el enemigo metió en dos días a 100.000 invasores en una ciudad de 80.000 habitantes, rebaño siempre arreado por los esbirros del sultán, y cuyo remanente, unos 15.000 delincuentes, sigue siendo controlado en sus tendajos por la policía de Rabat. No sólo está grabada, y en poder de la juez Tardón, la presencia de oficiales marroquíes plenamente identificados dirigiendo la invasión, sino que también cunden los testimonios de que los campamentos de delincuentes están igualmente controlados por policías marroquíes, ya que, como allí el delito es ley, y el Gobierno de Sánchez ha retirado policías, guardias civiles y militares, ellos deben encargarse de que la invasión continúe, sin demasiado escándalo.


El verdadero escándalo es que el Gobierno del traidor Sánchez, al que en Valencia llaman "¡Asesino!" con mucho más motivo que el 11-M al PP, ha tomado la decisión de respaldar la invasión musulmana negándose a participar en el funeral de las víctimas de Urda, de las que es responsable, porque, dice la Moncloa, "es un funeral católico". Él no va, pero manda a un par de ministras, candidatas del PSOE por la zona, la Tolón-Tolón y la Rodríguez, para las que el funeral será una tortura, una bofetada divinal.


Satánchez teme que le llamen "asesino" o le hagan un exorcismo

Es difícil saber a qué tiene más miedo Satánchez, el Drácula del Progreso: a que le llamen "¡asesino!" o a que un especialista en exorcismos saque la cruz y se ponga a echar espumarajos por la boca, apestando a la Séptica. Pero este ser cableado y reducido a tendones, este chuleta envejecido, esta síntesis de todo lo abyecto que ha producido la izquierda en España desde hace dos siglos, se ha olvidado del guion que esgrimía cuando el funeral masónico, que él llamó laico, presumiendo de que su Gobierno no se identificaba con ninguna religión.


Porque con el Islam, vaya si se identifica, con los musulmanes no deja de multiplicar gestos de acercamiento. Lo de Sánchez con Marruecos, país musulmán, cuyo jefe del Estado es a la vez líder religioso, con el título de Comendador de los Creyentes, recuerda aquel día en las Cortes, cuando le dio el más sentido pésame al partido de la ETA por un terrorista que se había ahorcado en la cárcel. Así blindaba su alianza, que ha llevado a Bildu a apoyar a Óscar Muerte. Claro que, si no condenan, todo lo contrario, cientos de asesinatos, miles de heridos y doscientos mil vascos expulsados de su tierra, ¿qué pueden importarles 115 muertos más, muchos españoles?


Ayer, Satánchez recurrió al Papa para pedir el voto para el PRESOE. Se ve que como León XIV llegó vivo no le dio tanto asco como acudir al funeral por los muertos de Urda. Los escribas no le han informado de que en el funeral de Urda, al que no asistió, porque, según dijo, no era oficial, se leyó un mensaje del Papa a las familias que habían sufrido la pérdida de sus seres queridos, por la rapacidad e incompetencia del Gobierno Sánchez. Si tanto caso le hace al jefe de los católicos en la Tierra, ¿cómo no acude a un funeral cuyo guion ha escrito la Iglesia Católica desde hace 2.000 años?


A Pili Juerga, o Pilarín Halal, hay que negarle el jamón

Pero es que además este tío felicita el Ramadán. Y en su Gobierno, la ministra de Educación, Cultura y Gramática Parda, a la que tras su estadía con Ábalos y sus putas en el Parador de Teruel, cabe llamar Pili Juerga, ha prohibido el cerdo en los menús escolares de Ceuta y Melilla, obedeciendo a la exigencia islamista en un estado aconfesional y no laico, como dicen. Podría haber hecho, como sugirieron las autoridades ceutíes y melillenses, un menú mixto, halal para los moros, y con jamón para cristianos y demás, pero había que demostrar sumisión ante el islamismo, en línea con toda la izquierda mundial, y la tía prohibió el cerdo, como si Ceuta fuera Rabat.


La prohibición baturra del cerdo para halagar a Marruecos fue el aperitivo del festín del Sultán invadiendo Ceuta. Por eso espero que en estas Navidades, a las que los anticristianos como Satánchez llaman "solsticio de invierno", en cualquier restaurante al que acuda Pili Halal, que acudirá, le nieguen el jamón, las magras con tomate y todos los ricos productos del de la Vista Baja, que debería ser el PSOE, pero es el cerdo. Menuda diferencia.


La democracia española está en crisis

Jesús Rul. Vozpópuli. 8 Noviembre 2026


Los españoles tenemos elecciones generales el 29-N (29.11.2026) para elegir el poder legislativo (diputados y senadores que forman las Cortes Generales). La cámara de diputados electa (Congreso de los Diputados) elegirá el poder ejecutivo por mayoría de votos. Ambos poderes ejercerán sus funciones en un periodo ordinario de cuatro años. Que los ciudadanos elijan representantes y gobernantes es propio de las democracias liberales, pero también hay votaciones en las autocracias electorales, pero están trucadas, condicionadas desde el poder, desde la compra de voluntades, la manipulación del censo, hasta la eliminación de candidatos opositores como en Rusia.


Las democracias liberales de alto nivel o plenas son pocas. Sólo hay 25 democracias plenas en el mundo frente a 60 regímenes autoritarios. El resto son regímenes híbridos con elecciones irregulares y corrupción judicial. Encabezan el ranking de democracias plenas Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia y Finlandia, según el Índice de Democracia del The Economist Intelligence Unit (EIU), donde vive menos del 13% de la población mundial. Se fundan en culturas sociales con la verdad por bandera que respetan el Estado de Derecho, la separación de poderes, la justicia independiente y el valor supremo de las libertades civiles (propiedad privada, prensa libre, reunión y manifestación…). Las elecciones son competitivas y limpias, generan representantes legislativos y ejecutivos que rinden cuentas y responden con dimisiones en casos de corrupción.


España, en el ranking de las democracias plenas, está en situación crítica: en 2025 ocupó el puesto número 21, con 8,1 puntos, pero en 2021 bajó a un 7,94. Por debajo del 8 están los países con “democracia deficiente o defectuosa”, pura fachada democrática donde los 5 estándares clave de democracia plena están degradados: limpieza del proceso electoral y pluralismo; gobierno sin corrupción, transparencia y rendición de cuentas; participación política abierta sin muros ni exclusiones; cultura democrática de libertades civiles, de consenso social y respaldo ciudadano mayoritario a los valores demoliberales; independencia judicial efectiva.


La situación crítica de España se ha agravado durante 2026. Serias deficiencias institucionales limitan su calidad y plena funcionalidad, acreditados por estas 5 evidencias:


El intervencionismo político vulnera el normal funcionamiento de la justicia. Dos casos graves lo ejemplifican: i) el Tribunal Constitucional, órgano político, interfiere la independencia del sistema jurisdiccional, cuestionando sentencias del Tribunal Supremo en casos de corrupción socialista (ERE. Expedientes de Regulación de Empleo) y en el visto bueno a la Amnistía a golpistas, precio pagado por Sánchez a Junts para ser presidente (esta figura no consta en la Constitución por decisión del poder constituyente), ii) la magistrada Biedma, instructora del caso del hermano de Sánchez, sufrió hostigamiento por las “cloacas del PSOE” (caso Leire Diez), trama criminal de obtención de información, tráfico de influencias y sabotaje judicial para “destruir el procedimiento judicial” contra David Sánchez.


La gobernanza está saturada de corrupción. Afecta tanto al partido como al gobierno, algunos con sentencia (caso David Sánchez, Ábalos y Koldo) muchos otros en proceso: Begoña Gómez, mascarillas, Cerdán, cloacas, financiación ilegal, desvío de fondos. Escándalos frecuentes, mentiras y falta de transparencia.


Vulneración de derechos y libertades civiles. La propiedad privada de inmuebles de ciudadanos españoles es suspendida a la práctica por ocupaciones e inquiocupaciones consentidas y protegidas desde el poder. Los derechos ciudadanos de los ceutíes sufren el menoscabo por la invasión de una multitud de jóvenes marroquíes, instigada/consentida por Marruecos, que pululan por sus calles durante meses con la anuencia del gobierno.

Debilitamiento de la cultura política con alta desafección ciudadana, pérdida de confianza en las instituciones, inseguridad y polarización extrema hasta el sectarismo y la violencia.


Seria amenaza a la integridad del censo electoral por la aplicación fraudulenta de la ley de memoria democrática. Sólo el 0,5% de los expedientes del censo revisados cumple los requisitos originales de la Ley de Memoria democrática del exilio político. Crea dudas razonables sobre el incremento irregular del padrón exterior. Por ello, el Tribunal Supremo exige a los afectados que acrediten individualmente la condición de exiliado político de sus antepasados para tener el derecho a voto en estas elecciones.


Pozo de degradación

Con estos datos España se precipita al estatus de democracia deficiente del que es difícil salir porque el pozo de degradación no tiene fondo como estamos viendo. Sólo un gobierno sólido y con arrestos puede remontar la degradación, previa auditoria en tres ámbitos clave: institucionales y políticos, socioeconómicos y educativo-culturales. No será fácil por el clima político exacerbado. No obstante, pese a la inercia degradante, la meta hacia la democracia plena es posible, pero exige atacar las fallas estructurales que corroen las instituciones, explotadas por el sanchismo en su beneficio.


Apunto 3 ejes estructurales con potencial sinérgico. Ejes que son el semillero de políticas concretas, ajustadas a las cambiantes situaciones políticas:


1. Institucionales y políticos:


-Separación de poderes. Requiere reforma constitucional por el art. 167 (depende mayorías cualificadas).


-Independencia judicial efectiva. Reformas legales en base a informes de la Comisión de Venecia.


-Crear la sala constitucional del Supremo y la supresión del Tribunal constitucional político. También requiere reforma constitucional por el art. 167.


-Código penal: delitos de alta traición, sedición, penalizar la malversación, sanciones económicas e inhabilitación para cargo público por incumplimientos constitucionales, derechos fundamentales y legales.


-Eliminar o minimizar corporaciones públicas de información. Son correas de transmisión de intereses del poder: maquinarias de manipulación y control social. La información en democracia se funda en competencia, profesionalidad y responsabilidad.


2. Socioeconómicas:


-Seguridad jurídica y unidad del mercado. Simplificación y desregulación burocrática.


-Liberalización, industrialización y competitividad, favorables a la inversión productiva, el empleo y el desarrollo sostenido.


-Estado de bienestar básico y sostenible: salud, educación, pensiones, familia y juventud.


3. Educativo-culturales:


-El español, lengua oficial, común y vehicular en toda España. Lengua de rotulación, megafonía, educación aprendizaje. Las lenguas cooficiales con el español, vehiculares en un marco bilingüe equilibrado.


-Reforma del sistema educativo según criterios de excelencia, calidad educativa y empleabilidad. Políticas de personal docente que enfaticen la competencia, directiva y docente, y la evaluación del desempeño.


-Fomento de la cultura común española que nutre la memoria colectiva y el sentido de pertenencia a la nación.


Dramas en las vías

Esta precampaña electoral, polarizada y agresiva, ha sido alterada por otra catástrofe ferroviaria en Urda (Toledo) el 28.10.2026 con 69 muertos, por ahora, y múltiples heridos. Aun atormenta a la conciencia sana la anterior tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) el 18.01.2026, con 46 muertos y 152 heridos sin una explicación solvente, sin que nadie haya asumido responsabilidades. Revive el dolor y frustración de los afectados.


El deterioro criminal de la Alta velocidad ferroviaria: trenes a 200 km/h circulando por las vías sin control, con sistemas disfuncionales (fallos sistémicos), caos en el centro de control ferroviario en Atocha, acumulación de incidentes en las vías, déficits graves de inversión y mantenimiento de la red, ministros y altos cargos prepotentes, corruptos e irresponsables (descargan en los operarios la responsabilidad), manipulación de contratos ferroviarios con sobrecostes, altos cargos ferroviarios (ADIF y Renfe) de perfil político en detrimento de la capacidad técnica, manipulación informativa en medios públicos y subvencionados para confundir a la opinión pública.


Es una lúgubre y funesta alegoría de la desvencijada España (floja, desunida, desencajada y deteriorada). En 9 meses dos catástrofes ferroviarias con 115 muertos y muchos heridos. No son accidentes fortuitos. Eran evitables con una gestión prudente, eficiente y responsable. El gobierno PSOE al frente del Estado no es confiable: su acción/omisión es responsable con efectos criminales. Las responsabilidades políticas y penales, al más alto nivel, son exigibles. Los españoles tienen en su voto la alternancia democrática el 29N.


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