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Los recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Martes 8 Septiembre 2026
Zelensky expects to meet with Trump in late September
https://www.ukrinform.net. 8 Septiembre 2026
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said he plans to meet with U.S. President Donald Trump in September and will then work on organizing a trilateral meeting between Ukraine, the United States and Russia.
He made the statement while speaking to journalists and commenting on the results of the visit to Kyiv by U.S. negotiators, according to an Ukrinform correspondent.
"We thank the American side, first of all, for unblocking the negotiations between us – between Ukrainians and Russians. This visit is confirmation of that. Second, we had a very difficult night today, with many people injured and also fatalities. My sincere condolences to their families and loved ones. We discussed the shortages we are facing, which are being felt, including the winter package and anti-ballistic missiles," Zelensky said.
He stressed that during the massive Russian attack last night, Ukrainian defenders managed to destroy around 90% of the enemy targets. However, Ukraine still needs anti-ballistic missiles to counter the Russian threat.
Read also: Zelensky: Next trilateral meeting could be held in UAE, Switzerland or Turkey
"We are preparing our Frejya program. We very much hope that the Americans will support this program as well. Nevertheless, together with the Europeans, we will definitely achieve the desired result. Until that result is achieved, we need ballistic missile packages from the Americans. They heard in detail what we need and when we need it. I am counting on a meeting with President Trump in late September, where we will raise this issue, and, God willing, there will be a result," Zelensky said.
He added that he could not disclose all the details, but the parties are currently moving toward a trilateral meeting format.
"We discussed the timing of the next meeting in sufficient detail. We are planning to meet with the Europeans and Americans at the advisors' level in the near future. I am also planning to meet with President Trump," Zelensky said.
According to Zelensky, he hopes Trump will be able to hold the meeting in September.
After meeting with Trump, Ukraine will work on preparing negotiations in a trilateral format, Zelensky said.
"And then we will all work to prepare for and bring closer a trilateral meeting between Ukraine, Russia and the United States. If all sides agree, we also want to hold it this fall. If it happens in September, that would be great. The sooner, the better," he said.
On Sunday, September 6, the Ukrainian leader met in Kyiv with Steve Witkoff and Jared Kushner. It was their first visit to Ukraine since Donald Trump's second presidential term began.
In the early hours of September 8, Russia launched another combined attack on the capital, with damage and fires reported in at least five districts. President Volodymyr Zelensky said that despite strong results in intercepting cruise missiles, Ukraine needs additional interceptor missiles to counter ballistic attacks, and announced upcoming meetings with partners on weapons supplies.
Donald
Trump al rescate… de Vladimir Putin
Juan
Rodríguez Garat Almirante (R). el debate.
Cuatro años y medio después, la guerra de Putin continúa segando incontables vidas rusas y ucranianas y amenazando a los dos contendientes con la ruina económica y, todavía más importante en el siglo que vivimos, también demográfica.
Sé que al rusoplanismo militante no le gusta que se le dé ese nombre a la contienda, pero la mayoría de los lectores coincidirá conmigo en que, si no fuera la guerra de Putin, ya habría terminado. Nunca son los pueblos los que se empeñan en derramar sangre para conquistar nuevos territorios para sus príncipes, y el ruso no es una excepción.
Pero las cosas se ponen todavía más difíciles cuando la campaña se prolonga sin resultados tangibles y las ciudades rusas, otrora intocables, empiezan a sufrir las consecuencias de la contienda.
¿Quién va ganando la guerra? Nadie. Por eso continúa. La guerra no va de ocupar más terreno —que ahí gana Rusia— ni de matar más soldados enemigos, algo en lo que Ucrania va muy por delante. La guerra no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios y, en ese terreno, ni Putin ni Zelenski pueden todavía presumir de logro alguno.
El efecto Ormuz
No es del todo verdad que el aleteo de una mariposa pueda provocar un tornado al otro lado del mundo, pero pocos podrían haber esperado que la guerra de Irán no influyera en Ucrania. ¿Cómo lo ha hecho? Hay luces y sombras para ambos bandos pero, aunque lentamente, parece que ha sido Kiev quien ha salido más favorecido.
Es verdad que Zelenski se ha quedado sin sus irremplazables Patriot y, por ello, indefensa contra los misiles balísticos rusos y norcoreanos. Sin embargo, la superioridad rusa en ese terreno arroja magros resultados en el balance general de la guerra. Rusia no usa estas armas en el frente, y los bombardeos de las ciudades apenas dan más fruto que un puñado de muertos civiles cada noche. Juzgue el lector la contradicción que supone el objetivo declarado de la campaña rusa —destruir el complejo militar industrial ucraniano— y el hecho, reconocido por Moscú, de que cada día hay más drones y misiles enemigos volando sobre su territorio.
A cambio de quedarse sin Patriot —algo inevitable a medio plazo, aunque solo fuera por su precio— Kiev ha dejado de sufrir las presiones de Trump para que, hablando claro, se rinda ante su enemigo. La lógica fijación del magnate en su propia guerra le ha dado libertad a Zelenski para escalar la respuesta a Putin en lo que, a estas alturas, bien podríamos reconocer como lo que es: una campaña de bombardeo estratégico cortada según el modelo de las de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras duró la ausencia de Trump, Ucrania ha conseguido ralentizar aún más —y algunos meses revertir— el avance ruso; ha dañado la infraestructura petrolífera de su enemigo —un objetivo que no gustaba nada a Washington— y ha llevado la guerra al corazón de las ciudades rusas, si no con bombardeos directos sí con colas en las gasolineras y ataques a la distribución on line.
La decepcionante marcha de la guerra no ha pasado desapercibida para los cómplices —que no amigos— del dictador ruso. Modi, el primer ministro indio, ha vuelto a reclamar públicamente el fin de la guerra y Xi Jinping, visiblemente cansado de lo que está ocurriendo en Ucrania, parece haber admitido en círculos privados que Putin se arrepentirá de la invasión. En la era de los bulos, es imposible saber si es verdad que lo dijo… pero estoy convencido de que, siendo un líder pragmático y con ojos en la cara, al menos lo pensó.
Si la apuesta de Putin era que Europa se cansara de la guerra antes que sus propios cómplices, parece que también en ese terreno ha fracasado. Al contrario que los del rey Mohamed VI contra España —que han dejado a nuestro presidente haciendo el don Tancredo— los ataques híbridos de Moscú parecen tener el efecto contrario al buscado, el de espolear a los líderes europeos. La respuesta de Alemania al dron ruso encontrado en Leipzig, aunque tibia y limitada al entorno diplomático, ha sido suficiente para que el ínclito Lavrov, un embajador y ministro respetado en su día, la calificara de «declaración de guerra». Curiosa valoración de un hombre que defiende que la invasión de Ucrania solo es una operación especial.
El espíritu de Anchorage
Cuando solo Kim Jong-un —el inefable «Sol Brillante» de Corea del Norte— se mantiene del todo fiel al criminal dictador ruso, acude Donald Trump al rescate de su amigo en apuros. En una decisión tan incomprensible como las del presidente Sánchez con relación a Marruecos, el magnate manda a sus favoritos a Moscú —esa es la posición real de Witkoff y su yerno en la corte de Washington— a resucitar lo que los rusos han dado en llamar el «espíritu de Anchorage». Y eso, ¿qué es? Si se molesta el lector en comprobarlo, verá que tanto Putin como Trump salieron de la reunión diciendo que no habían alcanzado ningún acuerdo concreto. Sin embargo, sí parece haber flotado en el ambiente la idea de que, de alguna manera, Trump conseguiría convencer a Zelenski de que aceptara las condiciones de Moscú.
¿Cuáles son esas condiciones? Las de verdad, que Putin solo reconoce a cuentagotas de cara al exterior, las recuerdan los medios rusos estos días. La primera es la cesión formal de las cuatro regiones que Putin incluyó en la Federación Rusa con el mismo derecho con el que Trump quiere cambiar el nombre del estrecho de Ormuz. La segunda es la desnazificación, que implica el nombramiento de un Gobierno prorruso en Kiev. La tercera es la desmilitarización, que apunta a Odesa, Járkov y el propio Kiev como el siguiente bocado de Putin. Al igual que Mohamed VI, el dictador verá cada cesión como una invitación a pedir otro plato.
La buena noticia para España
Ucrania no se va a rendir, pero al lector le preocupará mucho más lo que haga España en su guerra híbrida con Marruecos. Y ahí, otra vez, como esa novia en la boda que cantaba Cecilia cuando yo era joven, aparece Trump: «Muy triste lo que está pasando en España, un país con cero control de su frontera». Nada que objetar a su ataque personal a Sánchez y a su espaldarazo a su propia política migratoria, pero ¿se ha dado cuenta usted de que las palabras de Trump incluyen, también, un rechazo a las pretensiones de Marruecos? Es nuestra frontera entre Ceuta y Marruecos, esa frontera que Rabat quiere derribar para siempre, la que Trump dice —y no seré yo quien le quite la razón— que debemos defender mejor.
Trump es Trump y cualquier día cambiará de idea, pero creo que hay demasiados españoles que sobrevaloran el cariño del magnate a Marruecos —a pesar de haberle dado el nombre de Trump a una autopista que tendrá más de 1.000 kilómetros— y aún más el apoyo real del Pentágono a su rearme. Para muestra baste este botón: los 25 F-16 Viper que Marruecos comprará a los EE.UU. en los próximos años, versiones es verdad que muy mejoradas de un caza de los años 70, le van a salir a Mohamed VI casi tan caros como si fueran F-35. Y sí, seguramente serán buenos aviones, pero los estadounidenses no los quieren en su propia Fuerza Aérea. Solo los fabrican para la exportación.
Rusia vuelve a atacar Kiev y deja al menos dos muertos tras expirar la tregua de 72 horas
La Razón. 8 Septiembre 2026
Al menos dos personas murieron esta madrugada y otras ocho resultaron heridas en un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev, según informó el Ayuntamiento de la capital ucraniana, en la primera gran ofensiva contra la ciudad después del cese de ataques a las respectivas capitales decretado por Rusia y Ucrania durante 72 horas con motivo de la visita a Moscú y Kiev de los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó el ataque y denunció que las fuerzas rusas lo llevaran a cabo justo después de la visita de los mediadores estadounidenses, que terminó sin acuerdos concretos para avanzar hacia la paz. "Sus misiles balísticos suenan más fuerte que sus palabras sobre diplomacia", escribió Sibiga en X, en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin. El ministro calificó el ataque de “terrorismo sin sentido” y recordó que al menos dos personas murieron en el bombardeo, recoge la agencia Efe.
Más sistemas patriot
Según el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, el ataque causó daños en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles de varios distritos de la ciudad. Rusia ha incrementado sus ataques contra Kiev en los últimos días para explotar las vulnerabilidades de la defensa aérea ucraniana. El Ejército ucraniano afronta un grave déficit de interceptores para los sistemas Patriot, los únicos capaces de responder con garantías a los misiles balísticos rusos, y también tiene dificultades para derribar los nuevos drones de motor a reacción empleados por Moscú, más difíciles de interceptar por su mayor velocidad.
Estas carencias están permitiendo a Rusia alcanzar numerosos objetivos tanto militares como civiles. Entre ellos figuran almacenes de cadenas de supermercados y de productores y distribuidores de alimentos, así como camiones de reparto, unos ataques que ya han provocado escasez de determinados productos en algunos establecimientos ucranianos y que Kiev teme que se agrave con la llegada del invierno.
Sibiga reclamó a los aliados de Ucrania que aceleren la entrega de armamento, especialmente de los misiles necesarios para interceptar los proyectiles balísticos rusos. "Todo retraso se mide en vidas”, advirtió. El ministro también pidió a los socios de Kiev que incrementen la presión sobre Moscú y puso como ejemplo las medidas adoptadas por Alemania contra las redes de influencia rusas. "La presión sobre Moscú hace avanzar la diplomacia, no la obstruye", afirmó.
La Audiencia
Nacional señala a Sánchez
Editorial.
el debate.
8 Septiembre 2026
El auto que confirma la invasión y señala a Marruecos pone sobre todo en solfa la indecente actitud del presidente socialista
La Audiencia Nacional ha decidido abrir una causa penal por la invasión de Ceuta en la que, lo más relevante, es que señala directamente a Marruecos como inductor de un delito contra la soberanía territorial de España, que es lo que fue en origen y sigue siendo, incomprensiblemente, en estos momentos.
La decisión coincide con las conclusiones provisionales de la Policía Nacional y de distintos departamentos de la Inteligencia española, todos ellos denigrados por el Gobierno que debía encabezar la denuncia pero, tristemente, se ha posicionado a favor del invasor: la sumisión de Sánchez ante Rabat no solo es intolerable, sino que además es condenable en términos institucionales y, tal vez algún día, judiciales.
Porque no tiene sentido negar lo evidente, convertirse en un humillado cómplice del agresor, alimentar las consecuencias del ataque permitiendo la ocupación infame de Ceuta y, además, descalificar, señalar o incluso acusar a los Cuerpos de Seguridad. Y eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, cuya incompetencia dolosa ya sería en sí misma motivo de dimisión.
Y con eso no llegaría, pues cabe preguntarse si su inepcia es fortuita o, por contra, está inducida por el chantaje personal que pudiera haber sufrido desde Marruecos, según todos los indicios responsable del acceso ilegal a su móvil personal y propietario de toda la información y secretos que allí pudiera guardar el líder socialista.
La mera sospecha ya es suficiente para repudiar a Sánchez, que lejos de ser el primer muro de contención de Marruecos está siendo su mejor aliado, indispensable para que el plan de anexión de Ceuta y de Melilla avance, según la razonable denuncia de Feijóo o Vivas, por el camino diseñado: nada mejor que consolidar una presencia masiva e ilegal para, poco a poco, conquistar el espacio deseado y agotar o expulsar a los sufridos ceutíes; abandonados por un Gobierno indecente pero respaldados y queridos por la inmensa mayoría de españoles.
Al auto de la juez Tardón se le añade la decisión del Tribunal Supremo de investigar si, además de no haberse evitado ni revertido el acceso masivo de al menos 80.000 marroquíes, se miró para otro lado, desoyendo los avisos que sin la menor duda trasladaron distintos servicios policiales y la inteligencia española, la mejor del mundo en la zona del Magreb: pensar que no se percataron del desplazamiento a la frontera de una masa que casi duplica el número de manifestantes que según el Gobierno hubo en Madrid el 2 de septiembre o que, una vez detectada, no se comunicó el riesgo a las autoridades; es simplemente ridículo.
Y aprovechar la indispensable discreción de todos ellos, que no pueden expresarse en público por la naturaleza de su función, para ponerles en duda y esquivar la galopante negligencia propia, es indigno y más definitorio de un traidor asustado que de un político presentable.
Que en este tiempo también haya acosado al Rey, despreciado a los ceutíes, denigrado a su presidente y presentado los residuales episodios violentos en un estigma de toda Ceuta y de media España retrata la catadura moral, política y humana de un presidente nefando, sin empatía y seguramente asustado por las consecuencias de todo ello. De Mohamed VI cabría esperar cualquier afrenta. Del presidente del Gobierno de España, no. Y aquí hay demasiadas sombras, errores, silencios y complicidades como para no respaldar cuantas acciones judiciales y políticas puedan emprenderse para enjuiciar a esta calamidad sin pozo.
Los diez días que dejó morir el Gobierno de Pedro Sánchez
Eduardo Luna. okdiario. 8 Septiembre 2026
Diez días. Ese era el plazo. No lo dice la oposición, ni un editorial, ni un tuit: lo dice el artículo 2 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de abril de aquel año y en vigor con plenitud de efectos desde 2012. Un tratado internacional que obliga a España y obliga a Marruecos. Diez días desde la entrada irregular para cursar la solicitud de readmisión.
La avalancha sobre Ceuta se produjo los días 30 y 31 de julio. Hagan la cuenta: el plazo expiró el 9 de agosto. Sin prórroga posible. Sin recurso. Sin excusa.
Ese es el resumen de la gestión migratoria del sanchismo y no admite matices: teníamos un tratado que nos daba diez días para devolver a decenas de miles de personas que habían entrado ilegalmente en territorio español y el Gobierno dejó que el reloj corriera. Ahora, un mes y medio después, hay unas diez mil personas en una ciudad de 84.000 habitantes y el Ejecutivo se dedica a explicarnos que las cosas «hay que hacerlas conforme a la ley». Claro que sí. Es exactamente lo que no hicieron cuando la ley estaba de su parte y el cronómetro corría.
El 18 de agosto, el portavoz de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, dijo desde Bruselas que la expectativa es que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados». Preguntado por los menores, respondió que la cuestión está cubierta por el Derecho de la Unión.
Seamos serios, porque aquí muchos se han apresurado. Una declaración de un portavoz en una rueda de prensa no es fuente del Derecho de la Unión. No crea títulos habilitantes, no deroga la Ley de Extranjería y no dispensa a España de cumplir la doctrina de su Tribunal Supremo. Quien esté leyendo aquello como una autorización jurídica se equivoca y el error se lo van a facturar los tribunales.
Pero el hecho político es demoledor y el Gobierno no puede escurrirlo. Bruselas —la misma Bruselas que este Gobierno invoca como coartada cada vez que le conviene— tuvo que salir a recordarle a España, en público, que a los que entran ilegalmente se les retorna. Que el Ejecutivo más europeísta de la historia, según él mismo, necesite que un portavoz de la Comisión le explique en qué consiste el control de fronteras exteriores es una humillación institucional que debería avergonzar a alguien en La Moncloa. No lo hará.
Y ahora el dato que nadie está contando y que es el que verdaderamente retrata a este Gobierno.
Desde el 12 de junio de 2026 es plenamente aplicable el Reglamento (UE) 2024/1359, que aborda las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo. Está pensado, literalmente, para lo que ha ocurrido en Ceuta: llegadas masivas que impiden el funcionamiento del sistema de acogida y de retorno de un Estado miembro «incluso a nivel local o regional». Y contempla además la figura de la instrumentalización, cuando un tercer Estado fomenta o facilita el desplazamiento de personas hacia las fronteras exteriores para desestabilizar a un Estado miembro. Suena familiar, ¿verdad?
Su activación permitiría excepciones en los plazos de registro, en el procedimiento fronterizo de asilo y en el procedimiento fronterizo de retorno, además de poner en marcha el mecanismo europeo de solidaridad. Es decir, exactamente los instrumentos que el Gobierno dice no tener.
¿Y quién puede activarlo? Solo el Estado miembro. El artículo 2 exige una solicitud motivada. La llave la tiene España. La tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Y sigue en el bolsillo. El 31 de agosto fue CSIF —no el PP, no Vox: un sindicato de funcionarios— quien tuvo que exigir públicamente que el Ejecutivo pidiera esa activación, después de constatar que los refuerzos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo eran insuficientes y que los servicios públicos de Ceuta trabajan al límite.
No es que no se pueda. Es que no se ha querido.
Sobre los menores conviene hablar con precisión, porque es donde el debate se envenena y donde el Gobierno ha encontrado su refugio favorito.
No, no se puede devolver a los menores en bloque. Lo dijo el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de enero de 2024, precisamente sobre las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos de agosto de 2021: fueron ilegales porque se hicieron por la vía de hecho, sin el procedimiento del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y añadió algo importante: la Administración no puede invocar circunstancias excepcionales para saltarse garantías que afectan a derechos fundamentales.
Pero, atención, porque aquí está la trampa. Que no se pueda devolver a los menores en bloque no significa que no se pueda repatriar a ningún menor. El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería y los artículos 167 a 171 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024 regulan un procedimiento completo: informe sobre circunstancias familiares, audiencia del menor, informe de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y acreditación de que en destino hay reagrupación familiar o servicios de protección que asumen por escrito la responsabilidad. Existe. Está vigente. Es perfectamente ejecutable.
¿Saben cuántos menores se repatriaron en 2024 por esa vía? Ocho. De 16.041 inscritos en el Registro. Ocho.
Eso no es garantismo. Eso es abandono administrativo disfrazado de sensibilidad. Porque el interés superior del menor —que es un principio jurídico serio, recogido en el artículo 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales y en la Convención sobre los Derechos del Niño— no consiste en dejar a más de 1.500 chavales en una ciudad cuyo sistema de protección dispone de 29 plazas. Eso no protege a nadie. Es el peor de los mundos: ni se repatria a quien tiene familia y protección esperándole al otro lado, ni se acoge dignamente a quien no la tiene.
El Gobierno usa a los menores como escudo para no hablar de los adultos, y usa a los adultos para no hablar de los menores. Y mientras tanto no tramita ni unos ni otros.
Hay una última pieza que completa el cuadro. España fue el único Estado miembro que se opuso a los centros de retorno en terceros países del nuevo Reglamento europeo de retorno, aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de junio con 418 votos a favor. Sánchez quiso la foto de la excepción moral europea. Seis semanas después, Ceuta.
Se puede estar en desacuerdo con el rumbo migratorio de la Unión —yo mismo tengo reservas serias sobre la externalización del retorno y sobre los agujeros de tutela judicial que abre—. Lo que no se puede es hacer campaña contra los instrumentos comunes, negarse a activar los que sí se comparten, dejar caducar los tratados bilaterales propios y después presentar el desastre como una fatalidad del destino.
No fue una fatalidad. Fue una decisión. O, peor, fue la ausencia de cualquier decisión durante diez días.
Todo lo demás —los comunicados, las comparecencias, las apelaciones al Estado de derecho de quienes lo descubren siempre cuando ya han incumplido el plazo— es literatura.
Diez días. Del 30 de julio al 9 de agosto. El 4 de agosto, el presidente del Gobierno estaba en La Mareta. El plazo no se agotó: se dejó morir, en Lanzarote, sin que nadie lo firmara.
Eduardo Luna es abogado penalista.
El otoño más
demoledor contra corrupción sanchista
EDITORIAL.
libertad digital.
8 Septiembre 2026
La reactivación de los seis casos que afectan a Pedro Sánchez y su entorno acorrala a una banda que ha parasitado al Estado sin escrúpulos y con sensación de impunidad.
Sánchez encara varios frentes judiciales que acorralan la corrupción del PSOE. El prólogo de corruptelas del Gobierno lo encontramos en dos condenas que demuestran la putrefacción que sufre el sanchismo: la del hermanísimo, el presunto músico David Sánchez; y las de José Luis Ábalos y Koldo García. En una sentencia entendimos cómo funciona la cadena de favores para ejercer el nepotismo familiar en la Diputación de Badajoz. En la otra, los viles negocios de José Luis Ábalos y Koldo García en el caso de las mascarillas; el primero está condenado a 24 años de prisión y, el segundo, a 19.
La Justicia acorrala a la banda del Peugeot y se estrecha el cerco con cada investigación y, más aún, con cada condena. Por más que el presidente diga que no recuerda nada o que no había visto nada, la realidad, material y jurídica, dibuja un trazo que día a día se vuelve más firme. Y a partir de ahora, comienza la fase más dura del calvario sanchista.
Son seis casos o tramas de los que no conviene perderse. A saber, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero; el caso Begoña Gómez; la trama Koldo; el caso Hidrocarburos; el caso Air Europa; y la trama de las cloacas del PSOE. En varios de los anteriores está en liza también la financiación ilegal del PSOE y en todas aparece la mano negra del sanchismo. Empecemos.
Este martes, su esposa, Begoña Gómez, está citada, junto con su asesora en La Moncloa, para la celebración de la audiencia preliminar previa al juicio oral. El magistrado Juan Carlos Peinado confirmó que enviará a juicio oral a Gómez y a su asesora por tráfico de influencias y malversación. Según la información que hemos publicado en Libertad Digital, parece que el juicio podría celebrarse en la primavera de 2027, antes de las elecciones generales. Sabemos por experiencia que Sánchez hará todo lo posible por defenderse como un gato panza arriba en la causa que afecta directamente al colchón de Moncloa.
A partir de aquí, y desde que las máquinas en los juzgados han vuelto al trabajo, también sabremos más cosas sobre Zapatero. Por ejemplo, Julio Martínez Sola se ha ratificado en su comparecencia en que Plus Ultra pagó un 1% del valor del rescate a Zapatero. "Yo pagaba ante la duda", ha afirmado. Todo parece apuntar a que, en efecto, Zapatero sí que usó su influencia para que la aerolínea venezolana se beneficiara de un rescate absolutamente ilegal. Además, no le han servido sus maniobras para anular la causa, ya que el juez Calama concluyó que el volcado de su teléfono se realizó conforme a derecho y no vulneró la intimidad del amigo de la dictadura chavista.
Por su parte, la trama Koldo alberga varias ramificaciones que habrán de seguir investigándose en la Audiencia Nacional, y que involucran al propio Koldo, a Ábalos y a Santos Cerdán, que sucedió a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE. El juez Ismael Moreno mantiene abierta la causa por la compra de material sanitario durante la pandemia, la rama del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, y los pagos al PSOE, que podrían acabar con la imputación del partido por supuesta financiación ilegal.
Tampoco hay que olvidar, por las implicaciones que tiene dentro del Estado que lo hacen, probablemente, el más grave de todos estos gravísimos casos, las cloacas del Partido Socialista Obrero Español. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y el letrado Ismael Oliver, vinculados a las presuntas actividades ilegales de Leire Díez y las cloacas socialistas, tendrán que declarar ante el juez Pedraz esta misma semana. Sumemos a todo ello el caso Air Europa, por la adjudicación del rescate; y la de Hidrocarburos, por la supuesta celeridad en las concesiones de la licencia a Villafuel.
La envergadura es tal, que parece que unas y otras causas pueden eclipsarse, pero la conclusión es sencilla: el entorno de Pedro Sánchez y él mismo están henchidos de corrupción.
Septiembre desatará una descomunal tormenta judicial contra Pedro Sánchez. Se trata de una colección de tramas que demuestran cómo tras ocho años al frente del Gobierno de España, una banda ha parasitado y sometido instituciones de todo tipo para su propio beneficio, sin escrúpulos y con una evidente sensación de impunidad.
Por fortuna, la torpeza de los delincuentes, la colaboración de algunos investigados y, sobre todo, el trabajo de la Policía, la Guardia Civil y los jueces han cartografiado al detalle toda la inmundicia de este mal político al que llamamos sanchismo. Deben responder y debemos saber hasta dónde alcanza la laminación del Estado. Y, por supuesto, condenar a los culpables, a todos, sin excepción alguna.
Duro revés para Moncloa
¡Nuevo garrotazo a Sánchez! El Supremo suspende de manera cautelar la ‘ley de nietos’
Manuel Trujillo. periodista digital. 8 Septiembre 2026
El Tribunal Supremo ha asestado este martes un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez al adoptar medidas cautelares que paralizan de forma provisional las altas automáticas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la llamada ‘ley de nietos’. La decisión llega tras las vistas celebradas el lunes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y supone un serio contratiempo para la estrategia de ampliación del censo exterior impulsada por el Ejecutivo.
La Sala ha atendido las peticiones formuladas por Iustitia Europa, Vox y otras organizaciones, que denunciaban irregularidades en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y, especialmente, de la instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente. Los recurrentes sostenían que esa instrucción amplió el alcance de la norma más allá de lo aprobado por el Parlamento y generó un crecimiento masivo y poco trazable del censo de residentes en el extranjero.
En su auto, el alto tribunal ordena la suspensión cautelar de las incorporaciones al CERA vinculadas a expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de esa interpretación, mientras se resuelve el fondo del asunto. También exige la identificación separada de esas altas, la conservación íntegra de la documentación y una revisión prioritaria para garantizar la trazabilidad. La medida no anula las nacionalidades ya concedidas, pero sí frena sus efectos electorales inmediatos.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron con contundencia durante la vista, alegando que suspender las altas vulneraría el derecho fundamental al voto de los nuevos españoles. El Supremo, sin embargo, ha priorizado la protección de la pureza del censo electoral ante las dudas sobre la legalidad del procedimiento y el riesgo de distorsión en futuros comicios.
Este nuevo revés judicial se suma a la serie de contratiempos que el Gobierno de Sánchez acumula en los tribunales. La ‘ley de nietos’, presentada en su día como una medida de reparación histórica a los descendientes de exiliados, se ha convertido en el centro de una dura batalla política y jurídica. La oposición y varias asociaciones llevan meses alertando de una posible “ingeniería electoral” que podría alterar el censo de cara a las elecciones de 2027.
Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que la decisión cautelar refleja la “relevancia y alcance” de las cuestiones planteadas y abre la puerta a un control más estricto de las altas producidas desde 2022.
El auto del Supremo supone, en la práctica, un freno temporal a una de las operaciones más controvertidas del sanchismo en materia de nacionalidad y censo electoral.
El País Vasco se hunde en el informe PISA: «Parece que han decidido suicidarse académicamente»
Tal y como ha apreciado Jorge Sainz en declaraciones a El Debate, el caso del País Vasco exige una explicación propia
Maria Curiel. El Debate. 8 Septiembre 2026
el País Vasco ha encarnado uno de los mayores batacazos del informe PISA, análisis que mide el nivel educativo de los países de la OCDE. En Ciencias, es la cuarta peor comunidad autónoma de España, con 459 puntos, en competencia lectora, la tercera peor, con 419 puntos y en Matemáticas con 460 puntos.
Tal y como ha apreciado Jorge Sainz en declaraciones a El Debate, el caso del País Vasco exige una explicación propia: «419 en lectura, 32 puntos por debajo de la media española y por detrás de todas las comunidades autónomas. En 2022 marcaba 466. Supone un desplome de 47 puntos en un solo ciclo, y ocurre en el sistema educativo con mayor gasto por alumno de España», señala. Por su parte, Gregorio Luri señala que «parece que el País Vasco ha decidido suicidarse académicamente de forma colectiva».
«Todavía desconocemos dónde está el suelo», valora Ricardo Arana, profesor y exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco, en conversación con este medio. «Ya nos llevamos un varapalo en los resultados de PISA 2022 y este resultado es mucho, mucho peor. No se puede esconder en la bajada generalizada que ha habido en buena parte de Europa, porque estos son números realmente graves. Estamos ante una situación excepcional», lamenta este experto.
Respecto a las razones, Arana sostiene que «en parte de nuestras autoridades no hay una aceptación de lo que está pasando ni del verdadero alcance del problema. Hay un intento de evitarlo, de no considerarlo, de entender que ese problema no existe».
Aunque expresa que el impacto de las tecnologías está siendo negativo en todos los territorios, aprecia que «eso no explica, sobre todo, la situación del País Vasco. En el País Vasco hay algo más». «No podemos compararnos únicamente con el retroceso de España o con el de otros países europeos o de la OCDE. Hay algo que agrava muchísimo más la situación y es evidente que la inmersión generalizada del alumnado en la lengua minoritaria va en contra del aprendizaje en otras áreas. Incluso creo que dificulta hasta la correcta expresión fuera de esa lengua», denuncia.
Señala, además, que desde el Gobierno vasco «siempre han minusvalorado el problema desde el principio. La historia nuestra es esa. Desde el informe PISA 2016, lo que se hizo fue obviarlo: 'No existe el problema'». Además, apunta que el Ejecutivo regional pone parches a los problemas reales de la educación vasca, que antaño fue una de las mejores de España: «Lo que se plantean son parches: 'Bueno, sí, haremos algún plan de mejora lectora'. Pero nuestra situación ya no es la de una simple necesidad de un plan de refuerzo o de mejora. No. Es que nosotros estamos en una situación en la que hemos perdido, en lectura, los niveles correspondientes a varios cursos durante los últimos diez años», asevera.
El nacionalismo falsea sus datos en PISA para ocultar las lacras de sus políticas educativas
Cataluña ha quedado excluida del informe mientras que el País Vasco ha presentado una muestra que supone un tercio del número de alumnos que solía presentar a PISA
Maria Curiel. El Debate. 8 Septiembre 2026
Cataluña y el País Vasco han falseado los datos del informe PISA para ocultar el agujero educativo en el que el nacionalismo les ha metido. En primer lugar, Cataluña se ha quedado fuera de las comparaciones territoriales del informe PISA 2025 debido a un supuesto error en la selección de la muestra de alumnos que realizaron las pruebas, que ha provocado que los resultados de la comunidad no sean considerados representativos por la OCDE.
El problema se produjo porque durante las pruebas realizadas en 2025 se excluyó de la evaluación a un porcentaje de alumnos muy superior al permitido por las reglas de PISA. En concreto, la tasa de exclusión alcanzó el 23,2 por ciento, frente al máximo del 5 por ciento establecido para garantizar que la muestra sea representativa.
La situación afecta a 51 centros educativos catalanes seleccionados para participar en las pruebas. De los 2.545 alumnos inicialmente incluidos en la muestra, 591 fueron excluidos, según los datos publicados sobre la incidencia. Como consecuencia, la OCDE ha determinado que Cataluña no puede disponer de un resultado PISA 2025 comparable con el de otras comunidades autónomas, otros países ni con sus propias puntuaciones de ediciones anteriores.
Sin embargo, los datos aparecen en el informe, aunque no sean representativos. Sorprende, después del batacazo de 2022, año en el que Cataluña encarnó la mayor caída del informe PISA, que los datos de este año coloquen a esta comunidad como una de las mejores de España en todas las competencias.
En primer lugar, en Ciencias, Cataluña se colocaría la primera del ranking español, con 502 puntos, primera en competencia lectora, con 473 puntos y segunda en Matemáticas con 474 puntos.
En la misma línea ha actuado el País Vasco, aunque en su caso no ha sido excluida de la prueba PISA. Según ha explicado a El Debate Ricardo Arana, profesor y exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco, la comunidad liderada por Pradales también ha disminuido la muestra de alumnos que presentan a la OCDE.
«Nosotros siempre hemos trabajado con una muestra muy amplia para que sea lo más representativa posible de toda España. En algunos casos, no solamente en términos porcentuales, sino también en números absolutos. Para que nos hagamos una idea, la muestra de ese año, que finalmente se ha conocido después de mucho tiempo, fue de 54 centros, aproximadamente un tercio de la muestra de los anteriores», revela.
Explica, además, que la consejera de Educación se ha justificado alegando que la muestra sigue siendo representativa. Sin embargo, Arana cree que «algunas variables no van a poder analizarse al detalle con una muestra tan pequeña», lo que servirá al Gobierno del País Vasco para «justificar las lacras» de su sistema educativo.
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