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Los recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Viernes 20 Febrero 2026
Un ataque con
drones de Ucrania deja al menos un muerto en Sebastopol
Carlos
Garcés. Madrid. el mundo. 20 Febrero
2026
Una noche más, y a pocos deías de que se cumplan cuatro años de la guerra de Ucrania, los drones han vuelto esta madrugada a impactar en varias regiones de ambos países. En Sebastopol, un ataque con aparatos no tripulados ucraniano ha provocado al menos un muerto.
Sebastopol, que es el hogar histórico de la flota rusa del Mar Negro, ha sido blanco de numerosos ataques por parte de Ucrania a lo largo de los casi cuatro años de conflicto.
Esta semana se celebraron nuevas conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, calificadas de "difíciles" tanto por Moscú como por Kiev, y que han concluido sin avances tangibles.
9:00
La empresa estatal rusa entrega un lote de vehículos blindados al frente en Ucrania
Una filial de la empresa estatal rusa de producción industrial, Rostec, entregó un lote modernizado de vehículos blindados BREM-80 al frente ucraniano, informó este viernes la propia empresa, según recoge Efe.
"Con motivo del Día del Defensor de la Patria (23 de febrero), Uralvagonzavod, entregó un lote de vehículos de recuperación BREM-80 al Ministerio de Defensa ruso", se lee en el comunicado de la web de la empresa.
El BREM-80 es un vehículo de ingenieros o de recuperación con grúa militarizado, ya que se basa en el chasis del tanque T.80.
8:13
Las exportaciones de defensa de Ucrania en 2026 podrían alcanzar "varios miles de millones de dólares"
Ucrania podría exportar este año varios miles de millones de dólares en bienes y servicios militares tras autorizar sus primeras ventas al extranjero en tiempos de guerra, y está considerando introducir un impuesto sobre esas exportaciones, declaró un alto funcionario de defensa ucraniano, informa Reuters.
A principios de este mes, la comisión estatal encargada de las licencias relacionadas en tiempos de guerra aprobó la mayoría de las 40 solicitudes presentadas por productores del sector de defensa para exportar material y servicios, dijo Davyd Aloian, subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Kiev, en una entrevista con Reuters.
Ucrania suspendió las exportaciones de armas tras la invasión de Moscú en febrero de 2022 y ha dependido en gran medida del suministro de armas de sus socios para defenderse de las fuerzas rusas.
Al mismo tiempo, Kiev destinó recursos al desarrollo de su industria armamentística, especialmente en drones y misiles. Aprovechando su amplia experiencia en el campo de batalla, Ucrania ha experimentado en los últimos años un auge en la tecnología de defensa.
Preguntado sobre el potencial de exportación para este año, Aloian dijo: "Teniendo en cuenta los productos terminados, repuestos, componentes y servicios que pueden suministrarse, asciende a varios miles de millones de dólares".
7:30
Ucrania destaca diálogo con canciller de Bolivia como "primer paso" para retomar contactos
El diálogo telefónico sostenido este jueves entre los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y Ucrania, Andrii Sybiha, fue destacado por la representación diplomática del país europeo concurrente en la nación suramericana como un "primer paso" hacia el restablecimiento de la relación bilateral entre ambos, informa Efe.
En una conversación telemática con periodistas de Bolivia, el encargado de Negocios de Ucrania en Brasil, Oleg Vlasenko, mencionó que el diálogo entre los ministros "fue un primer paso en este largo camino de restablecimiento de contactos entre los países".
Vlasenko, cuya embajada es concurrente en Bolivia, indicó que es el primer contacto a nivel de cancilleres que se efectúa en 20 años y que ambas autoridades expresaron un "agradecimiento" mutuo por este diálogo.
Por qué Sánchez sigue y seguirá
Carlos
Martínez Gorriarán. Vozpópuli. 20 Febrero
2026
La sesión de control al Gobierno del pasado miércoles sirvió, si no para controlarlo, sí para ofrecer la imagen exacta y siniestra de la degeneración actual: Óscar Puente, responsable político y moral -si no penal- de las 47 muertes en Adamuz e incapaz de dimitir por la catástrofe, asumió la defensa de su no menos reprobado colega Marlaska, acusado de encubrir los abusos sexuales de su segundo de la Policía Nacional: “Son ustedes unos inmorales -espetó a la oposición-, nosotros sí podemos decir que ustedes sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del PP y lo puedo decir aquí y fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales”.
Sólo faltaban las pistolas para reproducir las agónicas sesiones parlamentarias de la Segunda República en ese bonito hemiciclo de mármol de colores. La gran y afortunada diferencia con 1936 es que entonces el Frente Popular creía encabezar una revolución victoriosa contra la república burguesa, mientras que las barbaridades de ahora son defensa exasperada por la supervivencia política, pues el destino del PSOE está sellado. Sin embargo, Sánchez sigue y seguirá hundiendo el país con sus secuaces hasta, por lo menos, las generales de 2027, todo lo tarde que sea posible convocarlas (y si puede, manipularlas).
Una confusión total
La pregunta ya es de pura y exasperada rutina: ¿y cómo es posible que no pase nada?, o bien, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? Lo malo es que las manifestaciones en la calle han demostrado no servir, y que las reglas del sistema actual no dan para mucha más reacción dentro de la legalidad. ¿Por qué? Ya he comentado aquí mismo otras veces las graves deficiencias de la Constitución en la separación de poderes, y la desastrosa incapacidad para un control eficiente de los abusos e incompetencia del Gobierno (y que otros repetirán sin un plan viable de reforma constitucional). Pero hay otras razones, y quizás sea útil echarles una ojeada.
La primera es la más antigua y vista: Sánchez ha descendido hasta aquí sencillamente porque la gran mayoría no creía posible semejante caída. Se ha repetido demasiado la vacua cantinela de la fortaleza de las instituciones, la perfección de la Constitución, la salud democrática del país… todo falaz. También el error de que Sánchez no dejaba de ser un político común, solo algo más perturbado, y que no resistiría las revelaciones de la prensa independiente sobre la corrupción de su entorno, su partido, sus alianzas inconfesables… una confusión fatal.
Lejos de ser un político cualquiera, desde sus primeros pasos demostró ser un narcisista maquiavélico sin escrúpulos movido únicamente por el poder personal como fin en sí. Ninguna acusación de corrupción o ineptitud será suficiente para moverle a renunciar. Al contrario, según mentiras, traiciones y escándalos se acumulan en gigantesca pirámide fecal, más motivos tiene para acumular más y más como estrategia para aferrarse a la presidencia, último burladero contra la acción de la justicia, por lo demás asfixiada mediante la intromisión administrativa de la artera reforma Bolaños, que no busca sino paralizar los juzgados.
La pasividad general
El tercer gran error fue confiar en que el PSOE se acabaría enfrentando a su nuevo dueño sin reparar en que Sánchez sintoniza a la perfección con las bases populistas radicales y dependientes del ex partido socialdemócrata, y en que los propios vicios de la organización le permitieron imponer el control absoluto del aparato por el simple expediente de elegir a los peores, los más canallas e incompetentes salvo para robar, para los puestos clave, en particular la secretaría de organización y gerencia. Ya me he referido también a la estrecha simbiosis de corrupción e incompetencia en el régimen ineptocrático. Y las críticas rutinarias de Felipe González, Jordi Sevilla, Page y compañía no resuelven el problema, lo prolongan con pobres expectativas de más que dudoso cambio interno. En resumen, los tres errores graves han sido creer en la fortaleza del sistema, en la normalidad de Sánchez y en la salud política del PSOE. Transmitidos a la opinión pública por los periodistas influyentes, las instituciones, el IBEX y durante demasiado tiempo el Partido Popular, son los responsables de la pasividad general a la espera de milagros periodísticos, judiciales y políticos.
Los motores para cambiar
Pero todo esto no es suficiente para explicar lo que nos pasa, y puede entenderse fácilmente por la incredulidad y el rechazo emocional colectivo a creer en que se pueda caer tan bajo como está cayendo España. Hay un cuarto factor aún más paralizante, a saber, la falta de confianza en que haya verdadera alternativa para que esto mejore. Contra lo que dice el tópico, las revoluciones no se producen cuando todo va fatal -véase Cuba-, sino cuando una sociedad hastiada empieza a creer que todo irá mejor si rompe con el viejo sistema o se resiste al no querido. Un repaso a la historia de las grandes revoluciones de 1776 a 1848, o de las grandes resistencias como la española a Napoleón o la británica a los nazis, repiten una y otra vez el mismo patrón: la gente se moviliza cuando cree que tiene más que ganar que perder. Aunque se diga otra cosa, el instinto de supervivencia y el deseo de mejora son los verdaderos motores del sacrificio para cambiar.
Sin esperanza de mejora, los riesgos de enfrentarse al poder dejan de merecer la pena. Es la razón, en concreto, de que el nacionalismo se haya hecho hegemónico y expulsado al constitucionalismo en País Vasco y Cataluña: los esfuerzos -muchos heroicos- por defender la democracia han sido traicionados y decepcionados. Cuando parece que estar con el poder es el mejor modo de defenderse del abuso de poder, la gente cambia de acera, pues es más seguro estar con Txeroki que con sus víctimas.
Amasar basura para salvarse
Por eso Sánchez se afana en asfixiar la resistencia moral y paralizar la política; su última esperanza es que todo sea una montaña hedionda y asfixiante de basura, y se afana en ello con éxito. Acabará mal porque no previó ni entiende el cambio político de fondo, pero nada le impedirá dejarnos un gran basurero podrido. Y la causa última estará en no haber tenido ninguna esperanza de cambio colectivo a mejor verdaderamente digna del esfuerzo de una huelga general o algo similar capaz de echarle. Esperanzas que pueden elaborar las élites, no la gente común.
La
politización de la Administración del Estado
Rodrigo
F. Martínez. Vozpópuli. 20 Febrero
2026
Méritos o botín. Esta era la sugerente disyuntiva que abordó Lorenzo Martín-Retortillo, catedrático de Derecho Administrativo, en un ensayo publicado en el año 2000 en el que confrontaba la selección por méritos en el acceso a cargos en el sector público con los nombramientos debidos a reparto político o amiguismo. Bajo el spoils system o sistema de botín (to the victor go the spoils), tradicional en Estados Unidos hasta finales del siglo XIX, el partido vencedor en las elecciones recompensaba a sus militantes con toda clase de puestos en el escalafón administrativo. Amigos y familiares de los ganadores también podían ser beneficiarios de esta práctica.
España, por el contrario, opta por un sistema de mérito, con funcionarios neutrales y permanentes, en virtud del artículo 103 de la Constitución de 1978. En nuestra función pública, por tanto, deberían primar el mérito y la capacidad, junto con la independencia de los funcionarios. De ahí el acceso a través de oposiciones, la inamovilidad en la condición de funcionario y la pretendida profesionalización del personal directivo. No obstante, de un tiempo a esta parte, empieza a prevalecer un sistema de botín encubierto, donde lo que cuenta es el interés partidista. Esta desviación conlleva la politización de la Administración pública.
Aunque ningún partido que haya gobernado está libre de pecado, es indudable que, desde 2018, bajo la dirección del PSOE, la Administración del Estado muestra síntomas de una cada vez más descarada politización. Ya sin disimulo, el partido del Gobierno se ha abalanzado, codicioso, sobre el inmenso botín de puestos, retribuciones y privilegios que ofrece la Administración. El festín resultante será satisfactorio para quienes se dan el atracón, pero muy negativo para la sociedad en su conjunto y para la propia Administración, que está al servicio del interés general, no del partido de las cuatro siglas.
El primer síntoma de este proceso lo hallamos en la depreciación de la función pública profesional, especialmente en lo que concierne a su personal más cualificado (abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, etc.), que es el llamado a ocupar puestos directivos. Las pruebas de acceso están viendo suavizadas sus exigencias con el pretexto de modernizarlas y democratizarlas. El examen de idiomas de las oposiciones al subgrupo A1 ha sido sustituido por la aportación de certificados de idiomas, privando al tribunal de su facultad de evaluar. En varios cuerpos se reserva la superación de un ejercicio para la convocatoria siguiente con tan solo un aprobado, mientras que antaño esa ventaja implicaba haber alcanzado una nota brillante. Hasta se valora la idea de eliminar en ciertas oposiciones los exámenes orales, que han sido desde siempre la prueba de fuego en el acceso al subgrupo A1.
Desaparición de oposiciones
Hace poco la Secretaría de Estado de Función Pública pergeñó una reforma que supondría la desaparición práctica de las oposiciones y su sustitución por un modelo similar al de la ENA francesa (organismo que ya ni siquiera existe). Esto podría ser el primer paso para diseñar un coladero de fieles al partido. Seguro que no pocos hijos de cargos socialistas, educados en caras universidades privadas en el extranjero, consideran un incordio tener que medir fuerzas con jóvenes españoles de a pie cuya vocación de servicio público les impulsa a estudiar oposiciones y sacrificar años en el empeño.
La rebaja de exigencia producirá funcionarios más dóciles y mediocres, mermando la calidad de los servicios que deben prestar. La excelencia será orillada. Pero lo peor no es eso. El efecto más perjudicial de la devaluación de las oposiciones será la caída del prestigio de esos cuerpos de élite, que siempre han gozado del respeto de la sociedad española gracias a la dificultad de las pruebas que superan sus componentes. Las asociaciones de funcionarios, así como la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), han denunciado estos cambios, que tendrían consecuencias nefastas, pero el rodillo es implacable y, poco a poco, va logrando sus objetivos.
Otro ejemplo claro de politización es la multiplicación de los directores generales eximidos de la condición de funcionario. Lo que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público permite como excepción va camino de convertirse en la regla. A comienzos de 2024, había 35 directores generales fichados entre no funcionarios por alegada falta de idoneidad de los funcionarios. Una cifra histórica. El Gobierno nunca pierde la oportunidad de aplicar esa excepción, aunque la mayoría de las veces los motivos para justificarla son más bien endebles.
Constituye un desprecio
La gravedad de esta situación es máxima. Los directores generales son altos cargos que toman decisiones sobre las políticas públicas. En casi la totalidad de los supuestos excepcionados los funcionarios podrían hacer ese trabajo mejor que los de fuera, porque conocen la organización, dominan los resortes legales y administrativos y cuentan con más experiencia. Llegar a esos puestos debería ser la meta para funcionarios con muchos años de servicio a cuestas y acreditada solvencia. Decretar su no idoneidad constituye un desprecio. ¿Qué pensarían los mandos intermedios de una empresa si continua y sistemáticamente el consejo de administración fichara a paracaidistas para los puestos clave? Una cosa es que se haga de forma extraordinaria, cuando existen razones válidas. Si es constante, provoca desafección y fuga de talento.
A lo ya dicho hay que añadir la proliferación de la figura de los comisionados, de nuevo elegidos entre no funcionarios, que el Gobierno libremente selecciona para funciones político-administrativas algo imprecisas (para la reconstrucción de La Palma, para la salud mental o para la celebración de los 50 años de España en libertad). Su sueldo suele ser superior a los cien mil euros anuales. El primer comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA de 2024, un veterano del PSOE valenciano, dimitió a consecuencia de las acusaciones de haber falsificado un título universitario.
Hablemos ahora de los gabinetes ministeriales, que son la intersección más notoria entre partido y Administración. Los gabinetes llevan a cabo funciones de asesoramiento y en ellos hay puestos de personal funcionario y otros de personal eventual, que son los asesores externos de confianza del ministro. Estos últimos son nombrados a placer, sin sujeción a criterios de mérito. No hace falta ser muy avispado para concluir que los seleccionados serán militantes del partido y correligionarios del ministro. En algún caso la relación con un determinado político es una tradición familiar. Para que nos hagamos una idea, Koldo García fue parte del gabinete de Ábalos cuando este era ministro de Transportes; Francisco Salazar era asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ese es el nivel.
Al asalto de los consejos
El gabinete acaba siendo un nido de apparátchiki ansiosos de hacer carrera al calor de lo público, desde una perspectiva self serving. Con suerte, en el momento de su cese habrán hecho contactos o demostrado suficiente fidelidad como para saltar a la siguiente liana. Mientras tanto, disfrutan de jugosas retribuciones (un director de gabinete del ministro percibe una retribución de más de cien mil euros anuales), a veces complementadas con sillones en consejos de administración de empresas públicas (Koldo era consejero de Renfe Mercancías). Eso significa cobrar por asistir al consejo, poco más. Y vayan días y vengan ollas, que paga el contribuyente. Invitamos a los lectores a preguntar a los ministerios cuántos de estos asesores eventuales están presentes en consejos de administración.
¿Qué hacen los gabinetes? Poca cosa de auténtica utilidad para el ciudadano. Que nadie espere El ala oeste de la Casa Blanca. Sus integrantes redactan discursos, piden informes a otras áreas del departamento y preparan la agenda del ministro. Un ministro muy vocinglero confesó que usaba el suyo para confeccionar listas de los improperios que le dedicaban en las redes sociales. Un esforzado director de gabinete mantenía tantas reuniones con empresarios y personajes de lustre que, cuando tuvo que testificar ante un juez, declaró que ya no recuerda nada. Cosas que pasan. Unos cuantos ministros/as tienen la sana costumbre de —casi siempre— pasar la mitad de la semana en su tierra natal, según se puede comprobar en sus agendas públicas. Presumimos que una de las principales actividades de los gabinetes consistirá en buscar con denuedo inauguraciones, conferencias y eventos varios a lo largo y ancho de la geografía española a los que acoplar a sus respectivos patrones, de modo que no más tarde que el jueves puedan escapar de Madrid, esa ciudad donde no se ve el horizonte, como dijo Yolanda Díaz, pero que tan espléndidamente mantiene a toda esta tropa.
Obediencia ciega
El gabinete es, además, correa de transmisión de órdenes políticas. Muchas de estas órdenes serán legítimas, legales y pertinentes, normales en la lógica de la burocracia administrativa: los responsables políticos deciden y los funcionarios ejecutan. Otras veces… no tanto. Y cuando es así, cuando se cruzan líneas rojas o las órdenes responden a cuestiones pura y simplemente partidistas o electoralistas, ¿pueden oponerse los funcionarios? ¿Es posible decir que no? En el nivel más alto, el de los altos cargos, resulta muy difícil, si bien hay honrosas excepciones. Tristemente parece que muchos altos cargos han interiorizado que su primer deber es la obediencia ciega hacia la dirección política: en vez de poner límites allí donde sea necesario, buscarán la forma de cumplir las órdenes revistiéndolas de una apariencia de legalidad. Y es así como se va pervirtiendo la organización.
Las razones que explican esta conducta son dos. Los altos cargos que son funcionarios pueden ser removidos si no hacen caso y nadie quiere perder su puesto. El nivel de coraje funcionarial está bajo mínimos últimamente. La moralidad y el pundonor son antiguallas en esta Administración que hace "cosas chulísimas". Por otro lado, son puestos ocupados, en general, por funcionarios con carnet del partido gobernante, al que posiblemente son leales en grado sumo. El interés general, la profesionalidad o el mérito no son más que trampantojos que ocultan la verdadera regla de oro, que es obedecer al partido… y esperar con ello mejores y más suculentas recompensas futuras.
Castigos y purgas
No nos extraña, así las cosas, que Koldo García hiciera y deshiciera a su antojo en el Ministerio de Transportes, donde era temido. O que la Abogacía del Estado interpusiera una insólita querella contra el juez Peinado simplemente por haberse negado a que Pedro Sánchez declarara por escrito en la investigación que afecta a su esposa (la querella fue inadmitida por el TSJM en un duro auto). O que los incidentes en el parador de Teruel fueran prestamente silenciados. O que un fugado pudiera pasearse por Barcelona sin que nadie le detuviera. ¿No existen allí la Policía Nacional o la Guardia Civil? Y no dejemos pasar el memorable exabrupto de Ángel Víctor Torres cuando se enteró de que una funcionaria autonómica ponía reparos a la adquisición de mascarillas: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".
El siguiente escalón lo ocupan los subdirectores generales, que conforman el personal directivo. Hemos dicho que en la Administración española rige el sistema de méritos. Los puestos de libre designación, que no hay que confundir con los puestos de confianza política, son cubiertos por técnicos y deberían quedar al margen de caprichos o rencillas políticas, estando sometidos únicamente a una evaluación basada en el desempeño profesional.
Lo cierto es que en la práctica están muy expuestos a presiones, castigos informales y purgas, pues siempre hay un subterfugio para cesar al indeseable y colocar a alguien del partido. Dada la escasez de protección, es fácil "levantar para el aire" a un subdirector general por motivos políticos. Sus superiores, los altos cargos, eludirán su responsabilidad como Poncio Pilato, limitándose a ejecutar al inocente. La penalización para el subdirector cesado no termina en la pérdida de su puesto. Puede ser vedado para otros trabajos y oportunidades, aparte de enfrentarse a una fuerte caída de ingresos si se le manda a un puesto de nivel 28, dos niveles por debajo del 30 que tenía como subdirector. Por culpa de estas dinámicas, el ministro, su gabinete y otros cargos políticos tienen la capacidad de patrimonializar el ministerio.
Los síntomas que acabamos de describir son reveladores de una grave enfermedad de politización que no debería ser indiferente a la opinión pública. No solo afecta a los funcionarios, sino que acarrea deterioro del Estado de Derecho, pérdida de garantías para los ciudadanos, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y un personal directivo más pendiente de los designios del partido que del interés general. Es necesario que funcionarios y no funcionarios tomen conciencia de ello. A todos nos corresponde una tarea. A los ciudadanos, comprender el problema y exigir remedios. A los funcionarios, defender sus derechos y no dejarse amedrentar. Y a los próximos partidos que obtengan el poder, adoptar medidas reales y efectivas que restauren una Administración plenamente profesional.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La
Guardia Civil, maltratada en Cataluña
Sergio
Fidalgo. okdiario. 20 Febrero
2026
Hace unos días los sindicatos de los Mossos d’Esquadra consiguieron que Salvador Illa les aumentara el sueldo en unos 4.000 euros brutos al año, mejorara los complementos y la jubilación y les redujera unas cien horas de servicio al año. Así la brecha entre lo que cobran los policías autonómicos y la Policía Nacional y la Guardia Civil se incrementó aún más, a cerca de mil euros brutos mensuales por agente. Nada nuevo, porque forma parte de la política de cesiones al separatismo, que ha mimado a su gran ‘estructura de Estado’, el cuerpo armado que en el 2017 permitió que la Generalitat diera un golpe de Estado con la apariencia de ‘referéndum’.
Y que desde que Pedro Sánchez decidió que su supervivencia política dependía del apoyo del separatismo catalán, la política territorial del Gobierno central se ha basado en una lógica simple: ceder para seguir. Ceder competencias, ceder relato, ceder instituciones. El mantra ha sido el de siempre: desinflamar, normalizar, integrar. Pero lo que se ha hecho, en la práctica, ha sido legitimar el discurso secesionista y aceptar su hoja de ruta por etapas.
En esa hoja de ruta, la Guardia Civil es un obstáculo simbólico. Representa la presencia del Estado, la continuidad histórica de España, la legalidad constitucional. Por eso resulta sus agentes son tan atractivos como pieza de sacrificio en la negociación permanente en el Congreso con ERC y Junts para que Sánchez aguante unos días más en Moncloa. Estos partidos recuerdan cómo la actuación decidida de los agentes de la Guardia Civil, junto a los de la Policía Nacional, fueron claves para desmontar el golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Y quieren a la Benemérita fuera de Cataluña para cuando llegue el ho tornarem a fer, que es lema que los secesionistas usan para dejar claro a todos los españoles que lo van a volver a intentar. Y quieren, para asegurar la jugada, que el Estado sea en Cataluña lo más débil posible. Por no decir inexistente.
De ahí el vaciamiento progresivo de competencias de la Guardia Civil en Cataluña. No se trata de una gran reforma de golpe, sino de un goteo constante, discreto, presentado siempre como técnico, como administrativo, como lógico. La vigilancia del medio natural, que durante décadas ha sido una de las especialidades más reconocidas del cuerpo, se ha visto relegada en favor de los Mossos d’Esquadra. El Seprona, referencia internacional en protección ambiental, ha sido arrinconado. Y se comienza a pagar el precio: algunos estamos convencidos que el brote de peste porcina que ha afectado a Cataluña en el primer trimestre de 2026 tiene algo que ver con el debilitamiento y desmontaje del Seprona en Cataluña.
La política de Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil en Cataluña no es fruto del azar ni de la incompetencia. Es una decisión consciente, un cálculo político que es la forma de decirle al separatismo que «estamos dispuestos a tocar incluso las instituciones del Estado si nos dais vuestros votos». La Guardia Civil en Cataluña trabaja, en muchos casos, en condiciones que rozan lo indigno para una democracia avanzada. Vehículos envejecidos, falta de personal, turnos imposibles, material obsoleto. Mientras los Mossos d’Esquadra amplían plantillas, renuevan equipamiento y reciben apoyo institucional, la Guardia Civil sufre una especie de economía de guerra presupuestaria. El mensaje implícito que lanza Grande-Marlaska es devastador: sois prescindibles. O, peor aún, sois incómodos.
Para muchos guardias civiles, Cataluña es hoy un destino poco deseable. No por los catalanes, sino por el contexto político. El coste de la vida es alto, los incentivos son bajos, el reconocimiento institucional es escaso. El resultado es una falta de vocaciones para destinos catalanes, una dificultad para cubrir plazas y una pérdida de experiencia acumulada. Mientras la Guardia Civil va menguando en Cataluña, el Estado se empequeñece. Y el separatismo ve como, poco a poco, su objetivo de ser una ‘República de facto’ se va consiguiendo.
Vamos a ver: el Gobierno de Pedro Sánchez va a abrir un proceso de regularización masiva de inmigrantes en el que básicamente no hay requisito alguno, salvo que los solicitantes debían estar en España el 31 de diciembre pasado y llevar cinco meses en nuestro país, valiendo como prueba hasta un recibo de la luz o un ticket de compra. Por lo demás, una declaración responsable de no contar con antecedentes penales y, ancha en Castilla, vía libre para ser ‘legalizados’. Pero, por su parte, el Gobierno socialista de Salvador Illa acaba de presentar una enmienda para que el conocimiento del catalán sea requisito obligatorio para los inmigrantes regularizados, al incluir una condición a través de la cual la Generalitat de Cataluña propone que los inmigrantes que resulten beneficiarios de este proceso tengan un plazo de hasta un año desde que obtienen la residencia para haber iniciado sus estudios de catalán. O sea, que Sánchez no exige a los inmigrantes saber o estudiar español, pero Illa sí que va a exigirles saber o estudiar catalán.
Y eso que fue el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien, preguntado sobre el acuerdo entre socialistas y Junts para el traspaso de las competencias migratorias en Cataluña, dijo que no contenía «ninguna referencia a ningún requisito», negando taxativamente que el catalán pudiera ser una condición. «Es un debate inexistente con el simple hecho de leer la proposición de ley». Pues va a ser que no, ministro. Que sí hay requisitos. La enmienda planteada desde Cataluña propone que, en el momento de la primera renovación del permiso de residencia, se valore el aprendizaje del catalán como un «criterio positivo de integración». Y lo justifica con el argumento de que no se trata de «imponer barreras», sino de «estimular» el aprendizaje del catalán como «herramienta de inclusión». La regularización masiva de inmigrantes, además de un coladero, va a ser todo un culebrón. Tiempo al tiempo.
Illa
dobla el pulso al PSOE: impone el catalán a los inmigrantes después
de que el Gobierno lo rechazara
Nacho Atanes.
okdiario. 20 Febrero
2026
La enmienda presentada este jueves por el Gobierno del socialista Salvador Illa para que el conocimiento del catalán sea requisito obligatorio para los inmigrantes regularizados incluye una condición, en el mismo texto, a través de la cual la Generalitat propone que los inmigrantes que resulten beneficiarios de este proceso tengan un plazo de hasta un año desde que obtienen la residencia para haber iniciado sus estudios de catalán.
De esta manera, Illa impone el catalán a los inmigrantes como requisito y lleva la contraria al Gobierno de España, comandado por su partido, el PSOE, toda vez que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo hace meses que el acuerdo entre socialistas y Junts para el traspaso de las competencias migratorias en Cataluña no contenía «ninguna referencia a ningún requisito».
En particular, Bolaños negó que el catalán pudiera ser condición tras la transferencia. «Es un debate inexistente con el simple hecho de leer la proposición de ley», afirmó el ministro socialista, que se encuentra con que Illa ahora propone que sea condición el aprendizaje del catalán para la regularización.
Si bien aún queda concretar cómo se acreditará este aprendizaje del catalán, el objetivo declarado por la Generalitat es reforzar la integración lingüística como «un elemento de cohesión social». Por tanto, se derogaría el permiso a los inmigrantes que, transcurrido un año, no demuestren su conocimiento del catalán con un curso acreditativo.
La iniciativa se articula bajo la premisa del conocimiento del catalán como requisito en la regularización de inmigrantes en territorio catalán y se articula a través de una enmienda presentada por el Gobierno de Illa al Proyecto de Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha promovido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en acuerdo con Podemos, con el objetivo de legalizar a quienes residen en España sin documentación.
La enmienda plantea desde Cataluña que, en el momento de la primera renovación del permiso de residencia, se valore el aprendizaje del catalán como un «criterio positivo de integración», dentro de un proyecto de real decreto de regularización extraordinaria diseñado para beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular en España, con unos 500.000 inmigrantes potencialmente afectados en todo el país y alrededor de 150.000 sólo en Cataluña.
En la actualidad, el 90% de los permisos de residencia se tramitan a través de la figura del arraigo, vía por la que el solicitante presenta en algunos casos un informe de inserción social. En Cataluña, esto exige el curso básico de catalán, pero por el momento no es vinculante. La propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería convertirá la cuestión en vinculante, acercando la aspiración del Gobierno de Illa y de Junts de que sea directamente la Generalitat quien apruebe o deniegue estos expedientes.
Los argumentos de Illa
El Departamento de Política Lingüística de la Generalitat asegura que la iniciativa busca favorecer la «integración cultural y social» de las personas que se instalan en Cataluña, partiendo de la idea de que el conocimiento de la lengua local facilita la participación activa en la vida comunitaria y en el mercado laboral.
El consejero responsable de la política lingüística ha subrayado que el objetivo no es «imponer barreras», sino «estimular» el aprendizaje del catalán como «herramienta de inclusión». Asimismo, se ha comprometido a ampliar la oferta de cursos y formación lingüística para asegurar que quienes lo necesiten puedan acceder fácilmente a clases, especialmente en niveles básicos.